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BOC Nº 040. Viernes 23 de febrero de 2024 - 781

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III. Otras Resoluciones - Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias

781 ORDEN de 29 de diciembre de 2023, de encargo a la Fundación Canaria de Juventud IDEO, como medio propio personificado y servicio técnico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, para la realización de determinadas actividades esenciales en el ámbito de la ejecución de medidas judiciales conforme a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, que prorroga y modifica la Orden de 27 de diciembre de 2022.

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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Orden de la Consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud n.º 967/2020, de 28 diciembre, se encargó a la Fundación Canaria de Juventud IDEO (en adelante IDEO), como medio propio personificado y servicio técnico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, la realización de determinadas actividades esenciales en el ámbito de la ejecución de medidas judiciales conforme a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (LORPM), desde el 1 de enero de 2021 hasta el 30 de junio de 2021.

Segundo.- Mediante Orden de la Consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud n.º 564/2021, de 29 de junio, se prorrogó desde el 1 de julio de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 y modificó el encargo a IDEO, como medio propio personificado y servicio técnico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, de la realización de determinadas actividades esenciales en el ámbito de la ejecución de medidas judiciales conforme a la Ley Orgánica 5/2000.

Tercero.- Mediante Orden de la Consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud n.º 1050/2021, de 22 de noviembre, se llevó a cabo una segunda modificación del encargo a IDEO conferido mediante Orden n.º 967, de 28 de diciembre de 2020.

Cuarto.- Mediante Orden de la Consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud n.º 1276/2021, de 29 de diciembre, se prorroga y modifica el encargo a IDEO, extendiendo su vigencia desde el 1 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2022.

Quinto.- Mediante Orden de la Consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud n.º 65/2022, de 20 de enero, se rectifica error material detectado en la Orden n.º 1276/2021, de 29 de diciembre.

Sexto.- Mediante Orden de la Consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud n.º 280/2022, de 28 de marzo, se prorroga el encargo a IDEO, extendiendo su vigencia desde el 1 de abril de 2022 al 30 de septiembre de 2022.

Séptimo.- Mediante Orden de la Consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud n.º 1283/2022, de 27 de septiembre, se prorroga y modifica el encargo a IDEO, extendiendo su vigencia desde el 1 de octubre de 2022 al 31 de diciembre de 2022.

Octavo.- Mediante Orden n.º 1751/2022, de 27 diciembre, se prorroga y modifica el encargo a IDEO, extendiendo su vigencia desde el 1 de enero de 2023 a 31 de diciembre de 2023.

Noveno.- El encargo y sus sucesivas modificaciones se traducen en la implementación en el sistema de justicia penal juvenil canario de 725 plazas para la ejecución de las medidas judiciales encargadas conforme a la siguiente distribución:

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Así mismo se incluyen, como servicio complementario, 2 subprogramas transversales para los menores que cumplen medida judicial, con un total de 162 plazas, de las cuales 150 corresponden al subprograma de intervención familiar y 12 con el subprograma de preparación para la vida adulta independiente.

Además, y también de forma transversal a todos los subprogramas, se implementa una línea de actuación “orientación e inserción laboral”, sin financiación específica, dirigida al establecimiento de itinerarios de orientación, formación e inserción en el mercado de trabajo partiendo de la base de que alcanzada la edad legal para ello, la actividad laboral retribuida es uno de los principales factores de protección contra la reincidencia delictiva.

Décimo.- Con fecha 29 de noviembre de 2023, la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias expone la necesidad de encargar a IDEO para el año 2024 la ejecución de las medidas expuestas en el punto noveno anterior, en las mismas condiciones recogidas en la Orden n.º 967/20, de 28 de diciembre, y sucesivas Órdenes de prórroga y modificación, pero modificando el régimen económico del mismo.

Decimoprimero.- IDEO realizará las actividades técnicas y materiales descritas en este encargo, conforme a la definición establecida en el artículo 7 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (en adelante, LORPM), respecto de las medidas judiciales de internamiento en régimen cerrado, semiabierto y abierto, así como internamiento terapéutico en cualquiera de sus regímenes, permanencia fin de semana en centro o en domicilio, libertad vigilada en sus distintas modalidades, prestaciones en beneficio de la comunidad, realización de tareas socioeducativas, tratamiento ambulatorio y convivencia en grupo educativo.

Decimosegundo.- En la ejecución del presente encargo a medio propio personificado existen operaciones de tratamiento de datos personales, en los términos establecidos en el marco normativo en materia de protección de datos.

Decimotercero.- Los datos personales objeto de operaciones de tratamiento a los fines de la ejecución del presente encargo a medio propio personificado están registrados por el Responsable del tratamiento mediante Resolución n.º LRS2018MM01642, de 9 de agosto de 2018.

Decimocuarto.- Consta en el expediente declaración responsable en la que se indica la ubicación geográfica de los servidores de los que se servirá para la recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión del tratamiento de datos personales correspondientes, suscrita por D Juan Francisco Domínguez Suárez, con DNI n.º *****673**, actuando en calidad de director-gerente de la entidad mercantil Fundación Canaria de Juventud IDEO, con NIF n.º G35657048.

Decimoquinto.- Mediante Orden de la Consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud n.º 1560/2023, de 29 de diciembre, se aprueban las tarifas aplicables a la realización de determinadas actividades esenciales en el ámbito de la ejecución de medidas judiciales conforme a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, por la Fundación Canaria de Juventud IDEO, como medio propio personificado y servicio técnico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y de las entidades vinculadas o dependientes de la misma.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 45 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, atribuye a las Administraciones Públicas de las Comunidades Autónomas la competencia administrativa para la ejecución de ciertas medidas judiciales penales impuestas por los juzgados de menores, correspondiéndole el establecimiento, dirección y supervisión de los recursos, programas y servicios a través de los cuales se dé ejecución a tales medidas judiciales.

De otra parte, el artículo 147 del Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, atribuye a nuestra Comunidad Autónoma competencia exclusiva en materia de menores infractores sin perjuicio de la legislación civil y penal.

Segundo.- En el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, en virtud de las competencias que le otorga el artículo 29.1, letra k), de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, así como de conformidad con lo previsto en el artículo 12 del Decreto 41/2023, de 14 de julio, del Presidente, por el que se determinan las competencias de la Presidencia y Vicepresidencia, así como el número, denominación, competencias y orden de precedencias de las Consejerías (BOC n.º 138, de 15.7.2023), asume las competencias de ejecución de medidas judiciales penales impuestas a personas menores de edad.

Tercero.- El artículo 31 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, establece que las entidades pertenecientes al sector público pueden cooperar entre sí, sin que el resultado de dicha cooperación pueda calificarse de contractual, mediante sistemas de cooperación vertical consistentes en el uso de medios propios personificados a través del oportuno encargo.

Cuarto.- IDEO es una Fundación titularidad de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias que tiene la consideración de medio propio personificado.

Quinto.- En este encargo a medio propio personificado existen operaciones de tratamiento de datos personales, por lo que procede realizar un encargo de tratamiento de datos personales al medio propio personificado, en los términos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), en relación con la disposición adicional vigésima quinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD).

Sexto.- Mediante Decreto 431/2023, de 11 de diciembre (BOC n.º 242, de 12.12.2023), se delega en la persona titular de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias la competencia prevista en el artículo 26 de la Ley 7/2022, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2023, para autorizar los gastos de cuantía superior a dos millones (2.000.000) de euros, así como sus modificaciones en el ámbito de ese Departamento y del Instituto Canario de Igualdad para lo que resta del ejercicio 2023.

En virtud de lo anteriormente expuesto, a propuesta del Viceconsejero de Bienestar Social,

RESUELVO:

Primero.- Autorizar, por delegación del Gobierno de Canarias, mediante Decreto 431/2023 (BOC de 12.12.2023), la realización del gasto derivado del expediente de encargo a la Fundación Canaria de Juventud IDEO la prestación del servicio técnico de ejecución de medidas judiciales impuestas a personas menores de edad por los juzgados de menores conforme a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, por un importe de diecinueve millones seiscientos ochenta mil ochocientos treinta euros con cuarenta y un céntimos (19.680.830,41 euros).

Segundo.- Encargar a la Fundación Canaria de Juventud IDEO la prestación del servicio técnico de ejecución de medidas judiciales impuestas a personas menores de edad por los juzgados de menores conforme a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, en los términos que figuran en el anexo de esta Orden.

Tercero.- El importe máximo del servicio técnico del presente encargo para su periodo inicial de vigencia es de diecinueve millones seiscientos ochenta mil ochocientos treinta euros con cuarenta y un céntimos (19.680.830,41 euros) que se abonará a la Fundación Canaria de Juventud IDEO por parte de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, estando condicionada su efectividad a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el Presupuesto de Gastos en la aplicación presupuestaria 2317.231K.2292000 “Ejecución de medidas judiciales menores infractores” del ejercicio 2024.

Cuarto.- Requerir a IDEO, en su condición de Encargado del tratamiento de datos personales, para que, en el plazo de diez días hábiles, contados a partir de la notificación de esta Orden, aporte una declaración responsable en la que señale:

- Que el personal adscrito, bajo su autoridad, a la ejecución del encargo, ha suscrito los correspondientes compromisos de confidencialidad. Indicando además en la declaración la identidad de esas personas, sus funciones y el lugar de desarrollo de las mismas.

- Que ha impartido o se propone impartir, al citado personal, formación en protección de datos, realizando en la declaración una breve descripción de la misma.

- Si le es o no exigible la obligación de contar con su propio registro de actividades de tratamiento efectuadas en su calidad de Encargado del tratamiento, regulado en el artículo 30.2 RGPD, en relación con el artículo 31 LOPD. En caso afirmativo, adjuntará copia del referido registro. En caso negativo, justificará la existencia de alguno de los supuestos excepcionales del artículo 30.5 RGPD.

Quinto.- La presente Orden surtirá efecto a partir del 1 de enero de 2024 y hasta el 30 de septiembre de 2024, ambos inclusive.

Sin perjuicio de los efectos derivados de la notificación, la presente Orden será objeto de publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

En caso de proceder la prórroga del plazo de vigencia inicial de este encargo, deberá dictarse y notificarse Orden por la persona titular de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, dentro del citado plazo de vigencia inicial.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de diciembre de 2023.

LA CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL,
IGUALDAD, JUVENTUD, INFANCIA Y FAMILIAS,
María Candelaria Delgado Toledo.

ANEXO

ENCARGO A LA FUNDACIÓN CANARIA DE JUVENTUD IDEO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES IMPUESTAS A PERSONAS MENORES DE EDAD EN EL MARCO DE LA LEY ORGÁNICA 5/2000, DE 12 DE ENERO, REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES, QUE PRORROGA Y MODIFICA LA ORDEN 1751/2022 DE 27 DE DICIEMBRE.

ÍNDICE

PARTE I

PRESCRIPCIONES GENERALES

Primera.- Objeto.

Segunda.- Medidas judiciales cuya ejecución se encarga.

Tercera.- Actuaciones de carácter técnico y actuaciones materiales a desarrollar por IDEO.

Cuarta.- Programa de actuación en justicia penal juvenil.

Quinta.- Obligaciones de IDEO en la ejecución del encargo.

Sexta.- Obligaciones de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, en el marco del encargo.

Séptima.- Expediente personal de menores.

Octava.- Protección de datos de carácter personal y sigilo profesional.

Novena.- Inspección.

Décima.- Cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección a la infancia.

PARTE II

RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES

Undécima.- Medios para la ejecución del encargo.

Duodécima.- Recursos y plazas.

Décima tercera.- Estructura organizativa.

PARTE III

RÉGIMEN ECONÓMICO Y PATRIMONIAL

Décima cuarta.- Cobertura presupuestaria.

Décima quinta.- Régimen económico.

Décima sexta.- Forma de abono.

Décima séptima.- Justificación e imputación de gastos y supuestos de reintegro.

Décima octava.- Patrimonio.

Décima novena.- Gastos de infraestructuras, dotaciones, sistemas y servicios de los recursos residenciales y no residenciales.

PARTE IV

RECURSOS HUMANOS

Vigésima.- Obligaciones de IDEO en su condición de empleadora y régimen de personal.

Vigésima primera.- Equipos técnicos.

Vigésima segunda.- Formación del personal.

PARTE V

EJECUCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL ENCARGO

Vigésima tercera.- Comisión Técnica de Seguimiento.

Vigésima cuarta.- Vigencia.

Vigésima quinta.- Régimen de penalizaciones.

Vigésima sexta.- Resolución del encargo.

Vigésima séptima.- Régimen jurídico del encargo.

ANEXO I

ENCARGO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

PARTE I

PRESCRIPCIONES GENERALES

Primera.- Objeto del encargo.

A través del presente encargo la Fundación Canaria de Juventud IDEO (en adelante IDEO), como medio propio personificado y servicio técnico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y a través de sus propios medios humanos, técnicos y materiales, prestará un servicio técnico de ejecución de las medidas judiciales descritas en la prescripción siguiente mediante la realización de las actividades de carácter técnico y material detalladas en la prescripción tercera.

Segunda.- Medidas judiciales cuya ejecución se encarga.

IDEO realizará las actividades técnicas y materiales descritas en este encargo respecto de las medidas judiciales que, conforme a la definición establecida en el artículo 7 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (en adelante, LORPM), de las medidas que se relacionan a continuación:

a) Internamiento en régimen cerrado, semiabierto y abierto.

b) Internamiento terapéutico en cualquiera de sus regímenes.

c) Permanencia fin de semana en centro o en domicilio.

d) Libertad vigilada.

e) Prestaciones en beneficio de la comunidad.

f) Realización de tareas socioeducativas.

g) Tratamiento ambulatorio.

Tercera.- Actuaciones de carácter técnico y actuaciones materiales a desarrollar por IDEO.

El servicio técnico encargado consistirá en la realización de las actuaciones técnicas y materiales que se describen en la presente prescripción.

1. Actuaciones de carácter técnico.

Las actuaciones de carácter técnico a realizar por IDEO en el marco del presente encargo son las siguientes:

a) Apertura, gestión y custodia del expediente de ejecución de medidas judiciales.

b) Cumplir con los Protocolos de Actuación establecidos por la Entidad Pública en los expedientes de ejecución de medidas judiciales.

c) Incorporar en el diseño de sus programas de intervención educativa y terapéutica, así como en todas las actividades que desarrolle con menores y jóvenes y sus familias, el enfoque de género y la diversidad sexual.

2. Actuaciones de carácter material.

Las actuaciones de carácter material a realizar por IDEO en el marco del presente encargo son las siguientes:

a) Intervenir con las personas menores en las distintas áreas establecidas en su programa individualizado de ejecución de medida (PIEM), en los términos en que judicialmente haya sido aprobado y bajo las directrices que en su caso haya establecido Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias (en adelante, Entidad Pública) en el ejercicio de su función de dirección técnica, llevando a cabo para ello las actividades de intervención individual y grupal que se hayan descrito en el correspondiente PIEM y ajustándose a los programas o líneas de intervención específicas que hayan sido recogidas en dicho documento.

b) En las medidas privativas de libertad, la activación, mantenimiento, revisión y anulación de los protocolos especiales de seguimiento y el régimen de salidas. Asimismo, el ejercicio de la potestad disciplinaria sobre las personas menores residentes, las solicitudes de acompañamiento policial, y en general cuantas funciones atribuya la normativa vigente a los Responsables-Coordinadores de los CIEM.

3. Potestades de la Entidad Pública en materia de dirección y ordenación de actividades.

No obstante, lo previsto en los apartados 1 y 2 de esta prescripción, la Entidad Pública podrá desarrollar el contenido de las actuaciones técnicas y materiales, así como establecer aquellas que sean necesarias para la correcta ejecución de las medidas judiciales siempre y cuando el desarrollo de estas no comporte a IDEO incurrir en un mayor coste económico que el previsto en el presente encargo.

4. Ejercicio de autoridad y potestades.

En ningún caso, la realización de actuaciones técnicas y materiales por parte de IDEO en el marco del presente encargo podrá suponer el ejercicio de autoridad ni de potestades administrativas que en todo caso le corresponde ejercer a la Entidad Pública.

5. Supervisión, control e inspección de actividades.

La realización de las actuaciones técnicas y materiales por parte de IDEO se someterá de forma permanente a la supervisión, control e inspección de la Entidad Pública que, en el ejercicio de sus competencias y funciones, establecerá los procedimientos a seguir por parte de IDEO para la ejecución de las medidas judiciales encargadas.

Cuarta.- Programa de actuación en justicia juvenil.

1. La ejecución de las medidas judiciales encargadas se desarrollará en el marco de un programa de intervención con menores infractores bajo la denominación de “Programa de Justicia Juvenil IDEO”.

2. Dicho Programa deberá ser objeto de aprobación, mediante Resolución de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias, con carácter previo a la firma del presente acuerdo.

Quinta.- Obligaciones esenciales de IDEO en la ejecución del encargo.

1. En el ámbito del presente encargo, IDEO asume las siguientes obligaciones:

a) Realizar las actividades técnicas y materiales descritas en la prescripción tercera en los términos y condiciones previstas en este encargo y en las Resoluciones que en el ejercicio de sus potestades de ordenación dicte la Entidad Pública.

b) Ejecutar los contenidos del Programa de Justicia Juvenil en los términos en que resulte aprobado por Resolución de la Entidad Pública.

c) Gestionar los recursos establecidos en la prescripción sexta conforme a las normas de organización y funcionamiento que sean aplicables a cada uno de ellos y en las condiciones de calidad en la prestación de servicios establecidas.

d) Cumplir de manera leal y diligente las instrucciones jurídicas, técnicas y administrativas, que le sean dictadas por la Entidad Pública, en particular, los Protocolos de Actuación para la ejecución de medidas judiciales.

e) Ejecutar las medidas judiciales integrando al entorno familiar de las personas menores. A estos efectos, se distinguirá entre una intervención familiar ordinaria y una especializada.

La intervención ordinaria comprenderá las actuaciones de apoyo y orientación a las Familias con el propósito de favorecer cambios, facilitar pautas educativas, potenciar y valorar las capacidades y recursos propios de las Familias y su implantación en el proceso educativo de la persona menor y si fuera necesario, su derivación hacia otros recursos especializados. Esta intervención será llevada a cabo por los equipos técnicos de los recursos residenciales o no residenciales donde se cumplan las medidas judiciales.

Cuando concurran circunstancias específicas debidamente justificadas que precisen un mayor nivel de intervención en el ámbito familiar, la persona menor o joven y su familia serán derivados al subprograma transversal de intervención familiar.

f) IDEO deberá garantizar la inserción, la orientación y en su caso el acompañamiento, de las personas menores y jóvenes en las redes de servicios públicos que en atención a sus circunstancias personales, familiares y sociales sean procedentes, y en particular, las relativas a la protección de menores, la educación obligatoria, la atención sanitaria, los servicios sociales, la intervención psicológica y/o psiquiátrica y el consumo de sustancias tóxicas.

IDEO velará especialmente por la atención, de ser necesaria, en materia de discapacidad y dependencia.

g) IDEO deberá promover, en atención a las circunstancias personales, familiares, sociales y económicas de las personas menores y jóvenes, cuando tengan la edad laboral para ello, la orientación, la formación y la inserción en el mercado de trabajo, como elemento clave para propiciar una transición hacia la vida adulta independiente.

h) IDEO deberá informar a la Entidad Pública, en todo momento y de la forma más inmediata posible, de las incidencias que se produzcan en la ejecución de las medidas judiciales, así como en los recursos establecidos, conforme a los protocolos de información establecidos por la Entidad Pública, en aspectos tales como las evasiones de centros de internamiento, quebrantamientos de medida, protocolos de seguimiento específicos de menores residentes, asistencia sanitaria urgente y hospitalaria, altercados, permisos de salida, entre otros.

i) En los recursos residenciales, IDEO deberá sufragar los gastos de las personas menores y jóvenes residentes de manutención, aseo y vestimenta. Asimismo, deberá facilitar los desplazamientos y el acceso de menores y jóvenes a aquellas actividades incluidas en su programa de ejecución de medida.

j) IDEO auxiliará económicamente a las personas menores y jóvenes que por razón de su acreditada situación de escasez de recursos económicos se vean impedidos de poder llevar a cabo actuaciones esenciales en la ejecución de su medida judicial, en aspectos tales como a título de ejemplo, tasas por la expedición de documentos oficiales, fotografías, transporte, entre otros, y en su caso, orientará, ayudará y acompañará al o a la menor o joven a los servicios sociales municipales, insulares o autonómicos que correspondan cuando pudiera tener derecho a algún tipo de prestación pública.

En los Centros de Medio Abierto, IDEO proporcionará manutención a quienes en cumplimiento de su medida judicial y participando por tanto de las actividades programadas deban permanecer en el centro desde las 13 horas o antes y hasta las 16 horas o después.

k) En el plazo de tres meses posteriores a cada año de vigencia del presente encargo, IDEO deberá presentar ante la Entidad Pública una Memoria sobre la ejecución del mismo. Dicha memoria deberá contener como mínimo los siguientes contenidos:

1. Datos generales del Programa: titularidad, ubicación geográfica, ámbito de actuación, horario de apertura, recursos materiales, recursos humanos, plan de formación anual, ...

2. Personas atendidas: características (sexo, edad, nacionalidad, procedencia geográfica, perfil socioeconómico, discapacidad, salud mental).

3. Análisis de incidencias.

4. Análisis del histórico de las personas menores en el sistema de justicia juvenil.

5. Evolución del usuario al finalizar la medida, cambio de medida, sentido del informe final.

6. Análisis tipología de delitos.

7. Características de las medidas ejecutadas: tipo de medida, duración, simultaneidad.

8. Ejecución de actividades y programas del centro.

9. Recursos y entidades colaboradoras.

10. Plan de formación anual.

11. Conclusiones por áreas.

12. Propuestas de mejora.

l) Abstenerse de realizar comunicaciones oficiales a los juzgados de menores y Fiscalía de Menores en el marco del presente encargo salvo aquellas que hayan sido previamente autorizadas por la Entidad Pública o que se circunscriban al ámbito estricto de la ejecución de una medida judicial concreta y les corresponda realizar conforme al protocolo de ejecución de medida judicial que se haya establecido.

m) Cumplir con la normativa e instrucciones aprobadas por el Gobierno de Canarias en materia de ejecución de servicios externos que se concierten en el ámbito del sector público autonómico y en particular en el marco del acuerdo del Consejo de Gobierno de 12 de septiembre de 2013, y sus posteriores modificaciones o los que sustituyan a este, respecto de su apartado 3.2 relativo a la designación y funciones de interlocutores por parte de la entidad contratada y la Entidad Pública cuya redacción se da por transcrita en el presente encargo.

n) En el caso de que respecto del ejercicio 2023, las cuentas, informes o auditorías pongan de manifiesto una situación de desequilibrio patrimonial, económico o financiero de IDEO, y con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que la Fundación asume en el marco de este encargo, deberá elaborar y aprobar en el seno de su Patronato, dando cuenta de ello a la Entidad Pública, un Plan de Viabilidad Económica que se proyecte por cada anualidad de vigencia de este encargo, y a través del cual se garantice la suficiencia de los recursos económicos, técnicos y humanos de los que dispone IDEO.

La inviabilidad que en su caso pueda ponerse de manifiesto a través de los correspondientes informes de auditoría será causa de resolución del presente encargo conforme a lo previsto en la prescripción vigésima sexta.

En caso de ser aplicable lo previsto en este apartado, IDEO deberá someter su actividad económico-financiera, incluida la derivada de este encargo, a una entidad externa con capacidad legal para la realización de auditorías independientes.

ñ) Suscribir un seguro específico de responsabilidad civil que responda de los daños que puedan sufrir las personas y/o sus bienes (los propios menores, el personal de la Entidad Colaboradora y terceras personas) por cualquier incidencia o circunstancia derivada de la gestión de las medidas judiciales convenidas, como consecuencia del funcionamiento del servicio.

Las pólizas de seguro que suscriban harán referencia a los centros de internamiento, los centros de medio abierto y los grupos de convivencia educativa, así como incluirán también todas las actividades que desarrolladas en sus instalaciones o fuera de ellas se realicen en ejecución de las medidas judiciales, referidas en cuanto al ámbito subjetivo de protección tanto a los/as menores y jóvenes, en su caso sus familiares, como respecto del personal de IDEO y de terceras personas que por razón de sus funciones, trabajos o servicios se encuentren en las referidas dependencias.

Las pólizas de seguro deberán tener un periodo de vigencia al menos coincidente con el periodo de vigencia de este encargo.

IDEO deberá entregar copia compulsada de las pólizas de seguro de responsabilidad civil suscritas a la Entidad Pública en los quince días siguientes al inicio de la prestación del servicio.

Asimismo, deberá presentar copia compulsada del documento que acredite el pago de las primas con la periodicidad que se establezcan en las pólizas de seguro.

o) Respecto del personal que preste sus servicios en el ámbito del Programa de Justicia Juvenil, IDEO dará cumplimiento de las obligaciones establecidas en la prescripción vigésima de este encargo.

p) Asumir los gastos de mantenimiento de los servicios a que se refiere la prescripción décima octava de este encargo.

q) Colaborar activamente con la Entidad Pública y el resto de Entidades Colaboradoras, así como participar de los mecanismos de coordinación que se establezcan, para garantizar una adecuada transición de las y las personas menores entre los distintos recursos, así como, especialmente, cuando una persona menor esté cumpliendo otras medidas judiciales en otras entidades colaboradoras.

r) Informar semanalmente a la Entidad Pública del estado de ocupación de las plazas puestas a disposición en el marco de este encargo, en los términos que la Entidad Pública disponga. Asimismo, cumplimentar la información que se requiera en la aplicación informática puesta a disposición por parte de la Entidad Pública en los términos que esta disponga.

2. Estas obligaciones serán asumidas por IDEO con independencia de otras obligaciones
y compromisos recogidos en el presente encargo.

Sexta.- Obligaciones de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias.

Además del ejercicio de las potestades administrativas y funciones que en todo caso le corresponde ejercer a la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, conforme a la legislación vigente y el presente encargo, a través de la Entidad Pública, se obliga a:

1. Transmitir a la Entidad Colaboradora toda la información y documentación de la que disponga respecto a la situación judicial, personal, familiar, educativa y social de las personas menores de edad y jóvenes que se le deriven para el cumplimiento de una medida judicial y que sea necesaria para su correcta ejecución.

2. Controlar, supervisar e inspeccionar, así como establecer las directrices que le corresponden en el ejercicio de las competencias legal y reglamentariamente establecidas.

3. Comunicar a la Entidad Colaboradora la identidad del personal de la unidad administrativa competente en materia de justicia penal juvenil que por razón de sus cometidos vaya a intervenir en la ejecución de las medidas judiciales.

4. Retribuir a IDEO por la prestación de los servicios encargados conforme al régimen económico previsto en el presente encargo.

Séptima.- Expediente personal de menores.

1. IDEO deberá abrir un expediente único por cada menor o joven que se derive para la ejecución de una o varias medidas judiciales.

Este expediente recibirá la denominación de Expediente Único de Ejecución.

2. Corresponde a IDEO la apertura, gestión, depósito, custodia, cierre y entrega del expediente único de ejecución, debiendo cumplir en todo momento con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

3. El Expediente Único de Ejecución deberá ser digital, sin perjuicio de aquellos documentos que por exigencia legal o reglamentaria deban conservarse en soporte papel y sean originales.

4. A través del canal que establezca la Entidad Pública, finalizada la ejecución de la medida judicial o de las medidas judiciales impuestas a una misma persona, IDEO deberá remitir el expediente digital, y en su caso la documentación original en soporte papel a la Entidad Pública, sin que en ningún caso la entidad colaboradora pueda conservar copia del expediente.

5. En el momento de la finalización de la vigencia de este encargo, IDEO deberá remitir a la Entidad Pública los expedientes de ejecución que tenga abiertos y aquellos que ya concluidos no hubiesen sido remitidos aún.

En estos expedientes deberá obrar un informe extraordinario de seguimiento que contenga la información de la ejecución de la medida al tiempo en que concluye la intervención de IDEO.

Octava.- Protección de datos de carácter personal y sigilo profesional.

1. En la ejecución del encargo deberá respetarse y aplicarse en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (RGPD), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y demás normativa aplicable en cada momento en materia de protección de datos personales.

2. Dado que la ejecución del encargo implica el tratamiento de datos personales, IDEO tendrá la condición de Encargado del tratamiento de los datos personales que vaya a tratar por cuenta de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias, Responsable del tratamiento, en los términos establecidos en el encargo de tratamiento que figura en el Anexo I al presente encargo.

IDEO, como Encargado del tratamiento, deberá cumplir en todo momento con sus obligaciones en materia de protección de datos personales, tanto las que deriven de la legislación vigente, como las establecidas en el anexo a la presente Orden, así como lo dispuesto en las resoluciones o instrucciones que, en su caso, dicte por escrito el Responsable del tratamiento.

3. IDEO se compromete, entre otros aspectos, a preservar la confidencialidad de
los datos personales objeto de tratamiento. Estos datos solo podrán ser utilizados a fin de realizar las actuaciones necesarias señaladas en el presente encargo a medio propio personificado.

Todo el personal de IDEO, adscrito o no a la ejecución del presente encargo a medio propio personificado, que por razón de sus cometidos o por cualquier otra circunstancia, deba tener o tenga acceso a cualquier dato personal a los que se refiere el presente apartado, tiene el deber de guardar sigilo personal y profesional al respecto aun cuando dejase de prestar servicios para IDEO.

Novena.- Inspección.

IDEO, en el marco del presente encargo, se sujeta al Protocolo General de Actuación de la Inspección del Servicio de Justicia Juvenil en vigor, de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias, así como a las Instrucciones de Servicio que en desarrollo de la citada Resolución se dicten.

Décima.- Cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección a la infancia.

Quienes trabajen en los recursos, programas y servicios convenidos, con independencia del grado de trato con menores y jóvenes, deberán cumplir lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección a la infancia y, en particular, lo referente a la inexistencia de antecedentes penales.

La Entidad Colaboradora deberá velar por el cumplimiento de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, así como de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, dentro de su ámbito de actuación y en relación al personal a su servicio.

En este sentido y en particular, se deberá garantizar la intervención de profesionales cualificados o expertos. En caso necesario, estos profesionales han de contar con la formación suficiente para determinar las necesidades específicas de los menores con discapacidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.5.b) de la referida LO 1/1996.

Asimismo, se deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.5 de la citada LO 1/1996 y en los artículos 57 y siguientes de la LO 8/2021, que establecen que no podrán adscribirse a este proyecto (encargo) profesionales que hayan sido condenados por sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual. El personal al servicio de la Entidad Colaboradora deberá acreditar el cumplimiento de este requisito conforme a lo establecido legal y/o reglamentariamente, tanto al inicio de la relación laboral como en cualquier momento posterior.

Para acreditar esta circunstancia la Entidad Colaboradora aportará a esta Dirección General la certificación negativa de estos antecedentes penales. A tales efectos, se estará a lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre (BOE n.º 312, de 30.12.2015), por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales.

PARTE II

RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES

Undécima.- Medios para la ejecución del encargo.

1. IDEO llevará a cabo la realización de las actividades técnicas y materiales encargadas a través de sus propios medios materiales, técnicos y humanos, sin perjuicio de lo previsto en la prescripción décima octava respecto al régimen patrimonial.

2. No obstante lo anterior, teniendo en cuenta que la ejecución de medidas judiciales comprende la prestación de ciertos servicios para los que IDEO precisa la colaboración de empresas particulares, se autoriza la contratación por parte de IDEO con terceros de servicios complementarios para la correcta ejecución de las medidas judiciales sin que en ningún caso el conjunto de los contratos suscritos supere el 40% del importe total del presente encargo.

3. La contratación por parte de IDEO de servicios prestados por empresas particulares requerirá la previa autorización de la Entidad Pública. Dicha autorización podrá conferirse de manera genérica cuando se identifiquen por parte de IDEO los servicios susceptibles de contratación externa, así como de forma condicionada al cumplimiento del límite establecido en el apartado anterior.

4. En particular, y dada la naturaleza de los siguientes servicios, IDEO podrá contratar con empresas particulares la prestación de servicios de atención sanitaria, de restauración y de actividades complementarias para la ejecución de medidas judiciales que por su especialidad o la necesidad de disponer de medios materiales o humanos especializados sea más adecuado contar con terceras entidades especializadas, tales como talleres, actividades de ocio y tiempo libre, intervenciones específicas, entre otras.

5. Las contrataciones que realice IDEO con terceros, en el marco de la ejecución del presente encargo, deberán someterse a la legislación básica del Estado en materia de contratación del sector público, en los términos que sea procedente para la contratación de las entidades integrantes del sector público y en función de la cuantía de los contratos que vaya a celebrar.

En todo caso, la contratación con terceros supondrá la obligación por parte de IDEO de llevar a cabo las actuaciones previas necesarias para la preparación del contrato tales como la redacción del pliego de condiciones técnicas y administrativas o el anuncio de licitación.

Además, la convocatoria de los procedimientos de licitación y los procedimientos de adjudicación de los contratos, el control y seguimiento de los trabajos que se contraten, especialmente en cuanto al cumplimiento de los plazos contractuales.

Asimismo, IDEO deberá cumplir en tiempo y forma con el abono del precio de los contratos suscritos y velar por la correcta ejecución, en tiempo y forma, de los trabajos encargados.

La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias será en todo momento y en todo caso ajena absolutamente a las relaciones contractuales suscritas por IDEO en aplicación de la presente prescripción.

6. En el caso de que la actividad contratada exija para su normal funcionamiento el conocimiento de datos personales de las personas menores, IDEO deberá hacer cumplir los requisitos y exigencias recogidos en el presente encargo a la Entidad subcontratada y al personal a su servicio, debiendo dar cuenta de ello a la Entidad Pública.

Duodécima.- Recursos y plazas.

1. Plazas ofertadas.

El presente encargo conlleva la implementación en el sistema de justicia penal juvenil canario de 725 plazas para la ejecución de las medidas judiciales encargadas conforme a la prescripción 2.ª, conforme a la siguiente distribución:

Ver anexo en la página 5995 del documento Descargar

La Entidad Pública no tiene la obligación de derivar a la Entidad Colaboradora un número de menores y jóvenes igual al de plazas ofertadas en ningún momento de la vigencia de este encargo.

El número de plazas establecido podrá aumentarse o disminuirse a propuesta de la Entidad Pública, previa audiencia a IDEO, siendo que toda modificación mediante adenda del régimen de plazas dará lugar, si procede, a la modificación del régimen económico y al régimen de personal previsto en este encargo.

En caso de que fuese necesario, como consecuencia de un mayor número de medidas judiciales impuestas por los juzgados de menores, IDEO admitirá, sin coste económico adicional para la Entidad Pública, un máximo de treinta y seis (36) plazas adicionales en medidas judiciales no privativas de libertad no residenciales.

2. Recursos para la ejecución de medidas judiciales privativas de libertad.

En el ámbito del subprograma de intervención en contextos privativos de libertad se comprenderá la ejecución de las medidas judiciales privativas de libertad de Internamiento en régimen cerrado, semiabierto y abierto, Internamiento terapéutico en cualquiera de sus regímenes y Permanencia fin de semana en centro, para lo cual IDEO gestionará los siguientes Centros de Internamiento Educativo para menores infractores (CIEM) titularidad de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias:

- CIEM Valle Tabares. Isla de Tenerife. Municipio San Cristóbal de La Laguna.

- CIEM La Montañeta. Isla de Gran Canaria. Municipio Las Palmas de Gran Canaria.

- Unidad de Convivencia Educativa adscrita a La Montañeta (UCE 8). Isla de Gran Canaria. Municipio Las Palmas de Gran Canaria.

Corresponderá a la Entidad Pública determinar los regímenes privativos de libertad que se implementarán en cada CIEM atendiendo a las características residenciales, técnicas y de seguridad de cada centro.

IDEO gestionará los centros de internamiento, dotándolos de los medios humanos y técnicos necesarios para albergar, con carácter general, un total de 185 plazas residenciales, asignando un máximo de 100 plazas al CIEM Valle Tabares y un máximo de 85 plazas al CIEM La Montañeta, de las que 15 plazas corresponden con la UCE 8, adscrita al CIEM La Montañeta.

En todo caso, corresponde a la Entidad Pública, en el ejercicio de sus potestades administrativas, la designación del CIEM en el que haya de cumplirse una medida judicial privativa de libertad, de forma que podrá designar libremente cualquier de los dos centros en función de la ocupación efectiva de los mismos en cada momento y en atención al principio de máxima proximidad al entorno social de la persona menor.

3. Recursos para la ejecución de medidas judiciales no privativas de libertad residenciales.

En el ámbito del subprograma de intervención en contextos no privativos de libertad de carácter residencial se dará ejecución a la medida judicial de convivencia en grupo educativo para lo cual IDEO gestionará seis (6) grupos de convivencia educativa (GCE), ubicados en las islas de Tenerife y Gran Canaria, que ofertarán un total de sesenta (60) plazas en el conjunto del territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias.

4. Recursos para la ejecución de medidas judiciales no privativas de libertad no residenciales.

En el ámbito del subprograma de intervención en contextos no privativos de libertad de carácter no residencial, se dará ejecución al resto de las medidas judiciales encargadas no incluidas en los apartados anteriores de esta prescripción.

IDEO establecerá, gestionará y mantendrá operativo un Centro de Medio Abierto (CMA) en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma. Para la ejecución de las medidas judiciales de este subprograma en las islas de El Hierro y de La Gomera, IDEO articulará las medidas de personal, organizativas y de medios técnicos que permitan desde el CMA que en cada caso corresponda su cobertura.

Los CMA deberán ofertar en su conjunto un total de 480 plazas, distribuidas de la siguiente forma:

ISLA PLAZAS

Gran Canaria 150

Tenerife 180

Lanzarote 60

Fuerteventura 60

La Palma 30

La Entidad Pública, previa audiencia a IDEO, podrá llevar a cabo una redistribución del conjunto de plazas ofertadas para atender situaciones sobrevenidas derivadas de la efectiva imposición de medidas judiciales, alterando por tanto el número de plazas asignadas a cada isla, siempre y cuando en su conjunto no se altere el número total de plazas.

5. Apertura o cambio de ubicación de centros.

La apertura o el cambio de ubicación física de los Centros puestos a disposición en el presente encargo requerirá la autorización previa de la Entidad Pública.

6. Ocupación de las plazas.

1. Cuando un mismo o una misma menor o joven deba cumplir más de una medida judicial de forma simultánea o sucesiva en el tiempo, cada medida judicial computará como plaza ocupada. Esta regla se extenderá a la medida de tratamiento ambulatorio de carácter complementario (como regla de conducta, contenido, apoyo, …).

Como condición para que se cumpla la regla anterior, la entidad garantizará que cada medida tendrá asignado un técnico de ejecución de medida diferente.

2. En medio abierto no residencial, cada plaza se entenderá ocupada desde el día en que se produzca la derivación, entendiéndose por tal el día que se remita por parte de la Entidad Pública la ficha de derivación con la documentación técnica de la persona menor, hasta el día (inclusive) de finalización de la medida judicial por cualquier causa, salvo en la medida de permanencia fin de semana en centro o domicilio, en la que se entenderá ocupada una plaza tres días por cada fin de semana de cumplimiento.

3. En medidas de internamiento o medio abierto residencial, cada plaza se entenderá ocupada desde el día en que se produzca el alta en el centro hasta el día (inclusive) de finalización de la medida judicial por cualquier causa.

4. La Entidad Pública se reserva expresamente la potestad de dictar instrucciones relativas a los periodos en que no deba considerarse efectivamente ocupada una plaza, siempre y cuando dichos periodos superen los siete días naturales seguidos y lo sean por causa no imputable a la Entidad Pública.

7. Intervención familiar.

El subprograma transversal de Intervención Familiar (PIF) dará soporte y apoyo a la ejecución de medidas judiciales con la finalidad de incorporar a los procesos de reinserción social y reeducación de las personas menores infractoras, a su entorno familiar inmediato, y se articulará un protocolo de derivación que priorice las necesidades reales de intervención.

El subprograma PIF deberá tener capacidad de respuesta en el ámbito de los subprogramas anteriores, con independencia de la isla de cumplimiento, y con una capacidad máxima de ciento cincuenta (150) plazas.

Los profesionales que lleven a cabo la intervención familiar estarán integrados en los equipos técnicos del subprograma de medio abierto no residencial.

8. Orientación e inserción laboral.

El subprograma transversal de Orientación e Inserción laboral (POIL) se implementará de forma transversal en todos los recursos de ejecución de medidas judiciales, con una línea de actuación dirigida al establecimiento de itinerarios de orientación, formación e inserción en el mercado de trabajo partiendo de la base de que alcanzada la edad legal para ello, la actividad laboral retribuida es uno de los principales factores de protección contra la reincidencia delictiva.

El subprograma POIL deberá tener capacidad de respuesta en el ámbito de los subprogramas anteriores, con independencia de la isla de cumplimiento.

Las y los profesionales que lleven a cabo la orientación e inserción laboral están integrados en el programa transversal.

9. Preparación para la vida adulta independiente.

A través del subprograma transversal de preparación para la vida adulta independiente, se abordarán los procesos de emancipación respecto de aquellos jóvenes que, en atención a sus circunstancias personales, familiares, sociales y económicas precisen de orientación, apoyo y acompañamiento en su transición hacia la vida adulta independiente.

Para la articulación de este subprograma IDEO gestionará dos recursos residenciales ubicados uno de ellos en la isla de Gran Canaria y otro en la isla de Tenerife, con una capacidad de alojamiento máxima de doce (12) plazas, seis (6) en cada uno de los recursos.

No obstante, la Entidad Pública, previa su evaluación, mediante Resolución, podrá acordar la transformación total o parcial de este subprograma, destinando su régimen de financiación a otras fórmulas no residenciales de orientación, apoyo y acompañamiento de las personas beneficiarias.

Décima tercera.- Estructura organizativa.

1. Para la implementación del Programa de Justicia Penal Juvenil, IDEO contará con la siguiente estructura de coordinación:

Coordinación General: Coordinador/a Autonómico/a de Justicia Penal Juvenil.

Centros de Internamiento Educativo para menores infractores: Responsable-Coordinador/a por cada centro y Adjunto-Responsable de Coordinación.

Grupos de Convivencia Educativa: Responsable-Coordinador/a hasta tres grupos de convivencia y/o recursos residenciales de emancipación.

Centros de Medio Abierto y Programa de Intervención Familiar: Responsable-Coordinador/a del Programa de Medio Abierto e Intervención Familiar en cada una de las provincias.

Programa de Orientación e Inserción Laboral: Coordinador/a del POIL, ámbito regional.

2. La estructura organizativa de los recursos residenciales y no residenciales, así como de los programas transversales será la que resulte de la normativa legal y reglamentaria aplicable y de lo que dicte la Entidad Pública en el ejercicio de sus potestades de organización.

3. El establecimiento por parte de IDEO de mandos directivos adscritos a la ejecución del encargo que excedan de lo previsto en los apartados anteriores, requerirá en todo caso, con carácter previo, de la conformidad previa de la Entidad Pública, a efectos únicamente de si podrán ser imputados como gasto del presente encargo.

4. El personal para el desarrollo de las medidas será el siguiente:

a) Programa de internamiento:

Dirección:

2 Directores/as.

2 Subdirectores/as.

Equipo Técnico:

8 Juristas.

12 Psicólogos/as.

9 Profesionales del Trabajo Social.

19 Tutores/as.

1 Técnico/a Drogodependencias.

1 Arquitecto/a técnico/a.

24 Coordinadores/as educativos, equipo técnico, seguridad, servicios generales, ingeniero técnico, …

Equipo de intervención directa:

15 Coordinadores/as de turno.

81 Educadores/as.

1 Educador/a social.

6 Maestros/as de taller.

105 Monitores/as.

Mantenimiento:

1 Encargado/a de mantenimiento.

9 Oficiales de mantenimiento.

Otros:

4 Conductores/as.

6 Telefonistas.

12 Administrativos/as.

8 Limpiadores/as.

3 Lavanderos/as.

b) Unidad de Convivencia Educativa (UCE) 8:

1 Psicóloga/a.

1 Trabajador/a social.

1 Tutor/a.

4 Educadores/as.

10 Monitores/as.

1 Administrativo/a.

c) Programa de medio abierto residencial:

4 Responsables coordinadores/as.

4 psicólogos/as.

6 Tutores/as.

24 Educadores/as.

30 Monitores/as.

2 Técnicos/as de mantenimiento.

d) Programa de medio abierto no residencial:

2 Responsables coordinadores/as.

12 Psicólogos/as.

3 Trabajadores/as sociales.

19 Técnicos/as de medio abierto.

3 Educadores/as.

5 Administrativos/as.

d) PIF:

1 Coordinador/a educativo/a.

3 Psicólogos/as.

4 Trabajadores/as Sociales.

1 Educador/a.

e) Programa de preparación para la vida adulta independiente (pisos de emancipación):

10 Monitores/as.

f) Personal transversal:

1 Coordinador/a de justicia juvenil.

2 Orientadores/as laborales.

1 Coordinador/a programas.

PARTE III

RÉGIMEN ECONÓMICO Y PATRIMONIAL

Décima cuarta.- Cobertura presupuestaria.

El coste del presente encargo se imputará al Estado de Gastos del Presupuesto de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, en la aplicación presupuestaria 23.17.231K.2292000 “Ejecución de medidas judiciales menores infractores” denominada “Ejecución de Medidas Judiciales Menores Infractores”.

Décima quinta.- Régimen económico.

1. Coste máximo del encargo.

El coste del presente encargo durante su periodo de vigencia asciende a la cantidad máxima de diecinueve millones seiscientos ochenta mil ochocientos treinta euros con cuarenta y un céntimos (19.680.830,41 euros).

2. Estructura del régimen económico.

El régimen económico del presente encargo tiene por finalidad retribuir a IDEO respecto la ejecución del mismo, atendiendo a los siguientes conceptos:

- Gastos de personal.

- Gastos corrientes.

3. Gastos de personal.

Para el tiempo total de vigencia del presente encargo, la Administración retribuirá a IDEO con los importes más abajo consignados.

Dichos importes tienen por finalidad retribuir los gastos de personal en que incurrirá IDEO por la apertura, gestión y mantenimiento de los recursos y subprogramas encargados.

Ver anexo en la página 6001 del documento Descargar

4. Gastos corrientes.

Para la totalidad del periodo de vigencia del presente encargo, la Administración retribuirá a IDEO con los importes más abajo consignados.

Dichos importes tienen por finalidad retribuir los gastos corrientes en que incurrirá IDEO por la apertura, gestión y mantenimiento de los recursos y subprogramas encargados.

Ver anexo en la página 6002 del documento Descargar

5. Redistribución de importes por necesidades sobrevenidas de la ejecución del encargo.

IDEO podrá imputar a lo largo de la vigencia del presente encargo, a cada tipo de gasto previsto en el apartado 2, como máximo, los importes consignados en los apartados 3 y 4 con sujeción, en su caso, a los costes diarios y totales.

Cuando como consecuencia de la dinámica de la ejecución de las actividades encargadas se ponga de manifiesto la necesidad de atribuir a un determinado tipo de gasto un mayor importe que el consignado en esta prescripción y se hubieren producido economías en otro tipo de gastos, IDEO deberá comunicar tal extremo a la Entidad Pública, motivando la situación, y podrá solicitar una modificación en los importes asignados, siempre y cuando ello no comporte un coste superior al importe total del encargo ni dicha modificación implique una reducción o aumento superior al 20% del importe total asignado a cada tipo de gasto. En los casos en que dicha modificación presupuestaria fuere superior a dicho porcentaje procederá la modificación del presente encargo.

Décima sexta.- Forma de abono.

1. Abono de gastos de personal y gastos corrientes.

El abono de los gastos de personal y gastos corrientes incluidos en los apartados 3 y 4 de la prescripción décima cuarta de este encargo, que asciende a la cantidad total de diecinueve millones seiscientos ochenta mil ochocientos treinta euros con cuarenta y un céntimos (19.680.830,41 euros), se llevará a cabo de forma fraccionada y anticipada, previa presentación de la correspondiente factura, en los siguientes términos:

Ver anexo en la página 6003 del documento Descargar

Estos importes trimestrales se corresponden con el siguiente detalle:

Ver anexo en la página 6003 del documento Descargar

El encargo prevé que, si bien se establece un máximo mensual de gastos corrientes, la cantidad mensual imputable a cada mes podrá superarse cuando se diese un mayor gasto en algún o algunos de los recursos, siempre y cuando la suma total anual no supere el máximo recogido para el periodo de vigencia de este encargo.

2. Memorias de gastos.

Antes del 15 de abril, del 15 de julio, del 15 de octubre de 2024, IDEO deberá presentar una Memoria Trimestral de Gastos que justifique la efectiva aplicación de los importes abonados conforme al apartado primero de esta prescripción, diferenciados por los distintos conceptos.

3. Supuestos de aumento del coste del encargo.

En los casos en que la ejecución del presente encargo pudiera comportar a IDEO un coste económico superior al establecido como consecuencia, única y exclusivamente de la obligación de garantizar las ratios profesionales establecidas, la asunción de obligaciones legales en materia retributiva o como consecuencia de un exceso de ocupación conforme a la prescripción duodécima.1, y tal circunstancia pusiera en riesgo la continuidad en la ejecución del encargo, deberá ponerlo de manifiesto, lo antes posible, a la Entidad Pública mediante informe justificativo.

Previo análisis de las circunstancias concurrentes y siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria y se cumplan los requisitos de estabilidad presupuestaria, la Entidad Pública, a fin de garantizar la prestación de los servicios encargados, podrá promover la modificación del régimen económico de este encargo.

En los casos en que, por razones de urgente necesidad, fuese preciso con carácter previo a tramitar y abonar cualquier aportación económica extraordinaria, proceder a la sustitución de personal ausente que derive única y exclusivamente de hechos o circunstancias fortuitas, se comunicará a la Entidad Pública, a los efectos de su autorización.

Décima séptima.- Justificación e imputación de gastos y supuestos de reintegro.

1. Obligación de rendición de cuentas.

IDEO tiene la obligación de rendir cuenta de los ingresos y de los gastos imputables a este encargo y de conservar durante los plazos legalmente establecidos la documentación acreditativa de tales ingresos y gastos, a disposición de la Entidad Pública.

2. Cuenta final.

IDEO deberá presentar ante la Entidad Pública, antes del 15 de noviembre de 2024, una relación de ingresos obtenidos y de gastos imputados en el marco de este encargo, bajo la denominación de “Cuenta Final”.

Esta Cuenta Final será presentada en original y suscrito por el representante legal de IDEO y contendrá expresamente una declaración responsable de ser fiel reflejo de los ingresos y gastos en que se ha incurrido y de disponer de los documentos acreditativos de los mismos.

Esta Cuenta Final podrá servir, en su caso, para la revisión del régimen económico recogido en este encargo.

En particular, la Cuenta Final se estructurará en los tres siguientes capítulos:
1) Personal, 2) Gasto Corriente y 3) Ejecución de Medidas Judiciales.

En el capítulo 1 Gastos de Personal se diferenciarán al menos las partidas de retribuciones brutas, los gastos sociales, las indemnizaciones por razón del servicio y las ayudas sociales.

En el capítulo 2 Gastos Corrientes se diferenciarán al menos las partidas de arrendamientos de inmuebles, arrendamientos financieros de bienes muebles, suministros de servicios generales, adquisición de mobiliario, seguros obligatorios derivados de este encargo y otros legalmente exigidos.

En el capítulo 3 Ejecución de Medidas Judiciales se diferenciarán al menos las partidas de gasto educativo para la adquisición de material didáctico, gastos derivados de la implementación de talleres, y en general, actividades colectivas e individuales para la ejecución de medidas judiciales, ayudas económicas a menores, incentivos económicos por evolución favorable, gastos derivados de actividades de ocio y tiempo libre, adquisición de equipamientos informáticos para uso de las personas menores, bibliografía de consulta y de entretenimiento.

En el estado de ingresos de la cuenta final se reflejarán la cantidad anticipada por la Entidad Pública y los demás ingresos que en su caso hubiese percibido con destino en la ejecución de medidas judiciales.

En el estado de gastos se consignarán los gastos por cada uno de los subprogramas reflejando de forma detallada tanto los gastos de personal como cualquier otro tipo de gastos, pudiendo la entidad solicitar información o documentación complementaria respecto a los gastos imputados.

3. Reintegro.

Según se establece en el artículo 32 de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales, cuando en el ejercicio del control financiero o de auditoría pública, la Intervención General de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias detectase el abono a la entidad encargada de cantidades que excedan de los gastos, directos e indirectos, del encargo realizado, o no se hubiera cumplido con el objeto del encargo, esta emitirá un informe dirigido al órgano que realizó el encargo para que proceda al inicio del oportuno expediente de reintegro o manifieste la discrepancia con su incoación.

El procedimiento de reintegro se regirá por las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común generales contenidas en el Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de Derecho Público, siéndoles aplicables las normas sobre recaudación contenidas en la legislación tributaria.

4. Declaración de gasto no imputable.

La Entidad Pública se reserva la potestad de declarar gastos no imputables al encargo cuando de las labores de inspección, control y comprobación se deduzca que no se corresponden con gastos derivados del mismo, así como podrá declarar que las compensaciones económicas no han sido aplicadas en tiempo y forma a los gastos incurridos.

La declaración se efectuará mediante Resolución de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias.

La Resolución que en su caso se dicte establecerá expresamente los efectos jurídicos y económicos, que, conforme a este encargo, procedan en cada caso.

5. Gastos para aprovisionar indemnizaciones de personal.

En los casos en que IDEO hubiere percibido ingresos con cargo a este encargo con la finalidad de aprovisionar eventuales indemnizaciones por extinción de contratos laborales, deberán ser devueltos o compensados en la fase de liquidación de este encargo cuando IDEO no se haya visto obligada a satisfacer tales indemnizaciones como consecuencia de la subrogación del personal o por cualquier otra causa.

Tampoco podrán imputarse como gasto de este encargo las indemnizaciones por extinción de contrato o por cualquier otra decisión unilateral de IDEO que no derive de una orden directa de la Entidad Pública.

Décima octava.- Patrimonio.

1. Reserva de propiedad.

La Entidad Pública se reserva del derecho de propiedad plena respecto a los bienes, inmuebles y muebles, incluidos los bienes de equipo, que hayan sido adquiridos por la propia Entidad Pública o por IDEO imputando los gastos de adquisición a este encargo, debiendo esta ponerlos a disposición de la Entidad Pública, en fase de liquidación del encargo, libre de cargas y gravámenes, sin perjuicio del posible acuerdo de compensación que pudiere alcanzarse entre lo adeudado a IDEO y el valor venial de los citados bienes.

Asimismo, IDEO deberá entregar a la Entidad Pública el material fungible y educativo no consumido al tiempo de liquidación del encargo que hubiere adquirido con cargo a este, sin perjuicio del posible acuerdo de compensación que pudiere alcanzarse entre lo adeudado a IDEO y el valor venial de los citados bienes.

En aquellos casos en que los bienes hubieren sido adquiridos mediante cualquier fórmula que contenga una opción de compra e IDEO no fuera a ejercer dicha opción, deberá comunicarlo con al menos un mes de antelación al vencimiento del plazo establecido para ejercer dicho derecho de opción, a efectos de que la Entidad Pública pueda acordar su ejercicio o no.

2. Inventario de bienes.

IDEO viene obligada, en el plazo de 2 meses a contar desde el inicio de la vigencia de este encargo, a entregar ante la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias, un Inventario Inicial de Bienes, clasificados según tipología y título de posesión, y señalando en cada uno de ellos si los mismos son propiedad aportada por IDEO o han sido adquiridos con cargo a este encargo.

Antes del 30 de noviembre de 2024, IDEO deberá entregar ante la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias, un Inventario Final de Bienes, clasificados según tipología y título de posesión, y señalando en cada uno de ellos si los mismos son propiedad aportada por IDEO o han sido adquiridos con cargo a este encargo, debiendo a su vez consignar los bienes que han causado bajo y el motivo respecto del Inventario inicial.

Décima novena.- Gastos de infraestructuras, dotaciones, sistemas y servicios de los recursos residenciales y no residenciales.

1. A la Consejería de Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias le corresponde en el marco del presente encargo, con cargo a sus propios presupuestos de gastos, por sí misma y directamente con los terceros prestadores, asumir los gastos derivados de las siguientes actuaciones:

a) Obras.

Obras de construcción, reforma, rehabilitación, ampliación, mantenimiento y conservación de los inmuebles destinados a recursos residenciales titularidad de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

En el caso de grupos de convivencia educativa o de emancipación de titularidad privada, en régimen de arrendamiento por parte de IDEO, le corresponderá únicamente asumir los gastos de obras de mantenimiento y conservación.

b) Mobiliario, bienes de equipo enseres.

Dotar a los recursos residenciales del mobiliario, bienes de equipo y enseres y reponerlos cuando resulten destruidos o inutilizados como consecuencia de actos protagonizados por menores y jóvenes residentes o bien como consecuencia de fuerza mayor.

Asimismo, le corresponderá sustituir el mobiliario, bienes de equipo y enseres por otros nuevos cuando sea consecuencia de las necesidades derivadas de renovación de los centros residenciales o para la correcta implementación de mejoras en los proyectos educativos y terapéuticos de intervención.

c) Seguridad privada en los centros de internamiento.

Los gastos derivados de la contratación de servicios de seguridad privada.

El presente encargo deberá ser modificado en la prescripción que procedan, incluido el régimen económico y de personal, para el caso en que la Entidad Pública acuerde implementar un sistema de seguridad interior en los centros de internamiento distinto al de seguridad privada.

d) Sistemas de seguridad y vigilancia en centros de internamiento.

En los centros de internamiento, los gastos de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de seguridad y vigilancia. Quedan excluidos los gastos correctivos como consecuencia de la negligente actuación del personal de IDEO o de las empresas de seguridad contratadas, contra quienes en su caso se derivarán o repetirán los gastos que se produzcan.

Asimismo, los gastos derivados de la ampliación o modificación de los sistemas y/o dispositivos ya existentes cuando se deriven de razones justificadas de seguridad.

2. A IDEO le corresponde asumir los siguientes gastos:

a) Reponer el mobiliario y los equipos, incluidos los enseres, que se vean deteriorados como consecuencia de su obsolescencia o por una actuación negligente del personal de IDEO en los recursos residenciales y no residenciales establecidos, salvo que la reposición tenga su justificación en la letra b) del apartado anterior.

b) El gasto corriente derivado de la apertura, mantenimiento y explotación de los recursos residenciales y no residenciales, salvo los contenidos en la letra d) del apartado anterior. En particular, corresponde a IDEO los gastos de instalación y suministro de gas, electricidad, agua, ascensores, depuración, telefonía, datos, entre otros.

PARTE IV

RECURSOS HUMANOS

Vigésima.- Obligaciones de IDEO en su condición de empleadora y régimen de personal.

1. Condición de IDEO como empleadora exclusiva.

IDEO conforme a lo establecido en la prescripción séptima deberá cumplir las obligaciones que como empleadora le corresponde respecto del personal a su servicio para la ejecución de este encargo en los siguientes términos.

IDEO, en el marco del presente encargo, y a todos los efectos, ostentará la condición de empresario o empleador respecto del personal a su cargo, debiendo ejercer de modo real, efectivo y permanente el poder de dirección que el ordenamiento jurídico atribuye al empleador respecto de sus trabajadores y trabajadoras.

En concreto, IDEO asume las obligaciones del empleador en cuanto a la negociación y pago de las retribuciones, el reconocimiento de sus derechos laborales, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, la gestión de las sustituciones, así como el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales y la imposición de sanciones disciplinarias que fueran procedentes.

Igualmente, IDEO asume como empleadora, el cumplimiento de todas sus obligaciones en materia de protección social, sea cual fuere el régimen legal de aplicación, y en particular, sus obligaciones relativas a la afiliación, alta e ingreso de las cotizaciones pertinentes.

2. Dependencia del personal.

El personal que preste sus servicios para IDEO dependerá exclusivamente de esta, la cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su condición de empleadora del mismo, siendo la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias ajena a las relaciones laborales que por tal motivo se generen.

A tal fin, el personal de IDEO en el momento de firmar el correspondiente contrato de trabajo, deberá suscribir un documento por el que manifieste haber sido informado del contenido de este apartado.

Dicho documento que deberá ser igualmente suscrito por el/la representante legal de IDEO será enviado a la Entidad Pública.

Este documento informativo deberá ser remitido a la Entidad Pública en los quince días hábiles siguientes a la incorporación del trabajador o de la trabajadora.

3. Personal de IDEO con funciones de coordinación o responsabilidad de programas y recursos.

Quienes asuman funciones de coordinación en el Programa de Justicia Penal Juvenil y, por tal motivo, deban relacionarse directamente con los responsables de la Entidad Pública deberán suscribir un documento a través del cual se les informe que las comunicaciones, reuniones e instrucciones en su caso proporcionadas por la Entidad Pública lo son exclusivamente en el ejercicio de sus funciones de supervisión, control e inspección sin que en ningún caso suponga la asunción por parte de los responsables de la Entidad Pública de funciones propias de un empleador.

4. Incumplimiento por parte de IDEO de sus obligaciones como empleadora exclusiva.

Si como consecuencia del incumplimiento por parte de IDEO de sus obligaciones que como empleadora asume en el marco del presente encargo, así como respecto de la normativa en materia de orden social, la Entidad Pública resultase sancionada o condenada judicialmente, IDEO se obliga a indemnizar a la Administración Pública por los daños y perjuicios que deriven de aquel incumplimiento y de la actuación del personal. De dicha responsabilidad responderá en primer término los derechos económicos que en el marco de este encargo se hubiesen liquidado y estuvieren pendientes de pago o en su caso mediante la figura del reintegro.

5. Límites a la actuación del personal de IDEO.

IDEO velará en todo momento porque el personal cumpla con las funciones que se le atribuyan en el marco de la ejecución de medidas judiciales, supeditadas a la dirección técnica ejercida por la Entidad Pública.

En su consecuencia, dicho personal no podrá ir más allá del estricto cumplimiento de sus funciones y en ningún caso podrá irrogarse aquellas que le corresponde al personal al servicio de la Entidad Pública.

6. Subrogación de personal.

Siendo la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias totalmente ajena a las relaciones jurídico-laborales que mantiene IDEO con el personal adscrito al presente encargo, en el momento de finalizar la vigencia de este, no se producirá una subrogación empresarial de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en los términos del artículo 44 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre).

7. Selección de personal.

La selección de personal por parte de IDEO para la ejecución de este encargo deberá respetar la normativa que como Fundación perteneciente al sector público autonómico le sea de aplicación.

La Entidad Pública se reserva la potestad de realizar actuaciones de comprobación y verificación del cumplimiento de los requisitos de los procesos de selección y del personal seleccionado sin que en ningún caso dichas actuaciones puedan suponer la intervención en los procesos de selección.

8. Información en materia de personal.

IDEO deberá comunicar a la Entidad Pública un listado nominal del personal a su servicio adscrito a la ejecución del presente encargo, debiendo contener dicha comunicación la identidad (nombre y apellidos), el documento oficial de identidad, el número de filiación al sistema de protección social que corresponda, la titulación académica, el puesto que desempeña y las funciones atribuidas.

Para cumplir con las obligaciones de información previstas en este encargo en materia de personal, IDEO deberá cumplir las obligaciones de información y autorización en materia de protección de datos de carácter personal.

Vigésima primera.- Equipos técnicos.

1. Los distintos subprogramas en los que se articula la ejecución de medidas judiciales deberán disponer en todo momento de profesionales que cumplan con los requisitos de titulación académica, formación y/o experiencia previa establecidos en la normativa de aplicación.

2. Asimismo, IDEO deberá adscribir a la ejecución de las medidas judiciales un número suficiente y constante de profesionales para dar cumplimiento a las ratios técnicas de número de menores o de medidas por cada técnico encargado de la ejecución.

3. Será de aplicación lo recogido en la Resolución de la Directora General de Protección a la Infancia y las Familias n.º 139/2020, de 12 de febrero, por la que se establecen los perfiles profesionales y las ratio técnicas para la ejecución de medidas judiciales no privativas de libertad y la estructura de personal técnico de los Grupos de Convivencia Educativa, o normativa que la sustituya o desarrolle.

Para las medidas de medio abierto reguladas en dicha Resolución, la ratio del Técnico o Técnica de Ejecución de Medida estará comprendida entre 15 y 20 menores, y la del Psicólogo/a entre 12 y 15 menores, salvo casos excepcionales previamente autorizados por la Entidad Pública.

4. Las ratios técnicas deberán respetarse en los periodos de ausencia del personal de IDEO, en situaciones tales como excedencias, vacaciones, incapacidades laborales transitorias, entre otras, debiendo articular IDEO las medidas de organización de recursos humanos pertinentes.

5. Para la medida de permanencia de fin de semana en domicilio, IDEO asignará un técnico de ejecución que, de simultanear sus funciones con el seguimiento de otras medidas judiciales, no podrá en ningún caso afectar a las ratios consignadas en la presente prescripción ni superar la jornada laboral semanal aplicable a IDEO.

6. IDEO deberá comunicar a la Entidad Pública las vacaciones u otros periodos de ausencia justificada superiores a una semana de los técnicos de ejecución, así como la identificación y datos de contacto de quienes los sustituyan.

7. En caso de nueva contratación, deberá acreditarse por IDEO que los servicios para los cuales se contrata este nuevo personal no pueden ser ejecutados con el personal fijo de la plantilla y todo ello deberá ser comunicado a la Entidad Pública.

8. Las comunicaciones que respecto de su personal realice IDEO a la Entidad Pública conforme a esta prescripción, se entenderán en todo caso efectuado, previo cumplimiento por parte de IDEO de la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.

9. Las ratios en medio abierto podrán ser inferiores a las establecidas en aras a propiciar el mantenimiento de los equipos técnicos amparados por el presente encargo. En cualquier caso, durante el tiempo de vigencia se hará un seguimiento de las mismas.

En el caso de producirse una baja de un Técnico o Técnica de Ejecución de Medida o de un o una profesional de la psicología, no se procederá a su sustitución cuando la ratio media de cada uno de estos/as profesionales esté por debajo del mínimo establecido, procediéndose a repartir los casos entre el resto del personal, siempre que haya más de un trabajador o trabajadora y que la media resultante en el reparto no sea superior a la ratio máxima establecida.

10. En todo lo que no esté expresamente previsto en materia de personal en el presente encargo, y en cuanto resulte aplicable, por analogía, se estará a lo dispuesto en el Acuerdo de Gobierno de 12 de septiembre de 2013, por el que se dictan instrucciones para la correcta ejecución de los servicios externos que se contraten en el ámbito del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 183, de 23.9.2013).

Vigésima segunda.- Formación del personal.

1. La obligación de formación continua del personal que asume IDEO en este encargo deberá articularse a través de un Plan Anual de Formación.

El Plan Anual de Formación deberá aprobarse por IDEO y comunicarse a la Entidad Pública antes del 1 de marzo de cada año de vigencia del presente encargo.

El contenido mínimo de dicho plan deberá ser el siguiente:

1. Justificación del plan de formación: necesidades formativas.

2. Relación de acciones formativas propuestas que contengan:

• Nombre de la actividad.

• Contenidos generales.

• Número de horas.

• Modalidad.

• Entidad que imparte.

• Profesores previstos.

• Presupuesto inicial.

• Número de alumnos.

• Perfil de los alumnos.

2. El plan podrá modificarse de forma justificada a instancia tanto de IDEO como de la Entidad Pública.

La Entidad Pública podrá proponer la formación conjunta del personal de distintas entidades colaboradoras.

Dentro de la memoria anual deberá contemplarse un apartado en el que se analice y valore la ejecución del plan.

PARTE V

EJECUCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL ENCARGO

Vigésima tercera.- Comisión de Seguimiento.

1. Ambas partes acuerdan constituir una Comisión de Seguimiento con la finalidad de llevar a cabo una evaluación técnica y económica de la ejecución del encargo, para elaborar propuestas de mejora y modificación a las partes firmantes que adapten el contenido del encargo al devenir de las necesidades del sistema de justicia penal juvenil en Canarias, así como para articular los poderes de dirección y supervisión de la Entidad Pública.

2. La Comisión de Seguimiento estará compuesta por:

• La Jefatura de Servicio de Justicia Juvenil, que ejercerá la presidencia.

• La Jefatura de Sección de Planificación y Control de Calidad, que ejercerá la secretaría.

• La persona que ejerza la Dirección Territorial de la Entidad.

• La persona que ejerza la Coordinación del Servicio de Justicia Juvenil.

3. Podrá asistir a las sesiones de la Comisión, en calidad de invitados o invitadas, personal al servicio de la Entidad Pública y/o de la Entidad Colaboradora, que por razón de los asuntos a tratar se estime procedente.

4. Con carácter ordinario, la Comisión se reunirá cada seis meses y de forma extraordinaria a petición cada una de las partes.

5. Esta Comisión no constituye un órgano administrativo y por ende carece de competencias de carácter resolutorio sobre el presente encargo.

Vigésima cuarta.- Vigencia.

El presente encargo tendrá una vigencia desde el día 1 de enero hasta el día 30 de septiembre de 2024, ambos inclusive, comprendiendo un total de doscientos setenta y cuatro (274) días naturales.

Si ambas partes lo acuerdan expresamente, podrá prorrogarse la vigencia, mediante la firma de la correspondiente adenda de prórroga, por el periodo que se acuerde, siempre y cuando la duración máxima de este encargo, con sus prórrogas incluidas, no supere los cuatro años, y siempre y cuando las prórrogas se formalicen antes del vencimiento del plazo objeto de prórroga.

Vigésima quinta.- Régimen de penalizaciones.

1. Los incumplimientos en los que pueda incurrir IDEO respecto de las obligaciones que asumen en este encargo darán lugar, si procede, al régimen de penalizaciones previsto en esta prescripción, sin perjuicio de las demás responsabilidades que legalmente procedan en cada caso.

2. En los casos en que la Entidad Pública considere que puede haber un incumplimiento del encargo por parte de IDEO, se solicitará informe a la Jefatura de Servicio de Justicia Juvenil, y se convocará a la Comisión Técnica de Seguimiento a los efectos de que emita su propio informe.

3. La Entidad Pública formulará propuesta de resolución, previo trámite de audiencia a IDEO por un plazo de quince días hábiles, que de forma motivada exponga los incumplimientos en que se hubiere incurrido y al que se acompañará la documentación acreditativa que corresponda.

4. La propuesta de Resolución se elevará a la persona titular de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias y contendrá la propuesta de penalizaciones a imponer.

5. Las penalizaciones susceptibles de ser impuestas a IDEO por incumplimiento del encargo consistirán en detraer hasta un cincuenta por ciento (50%) la cantidad que tiene derecho a percibir en concepto de ejecución de este encargo por cada mes en que se haya incurrido en incumplimiento, teniendo en cuenta que el porcentaje a aplicar debe representar una cantidad al menos igual al enriquecimiento injusto en que haya podido incurrir IDEO por incumplimiento de sus obligaciones.

En los casos en que como consecuencia de los incumplimientos declarados y la aplicación de estos criterios de cálculo de la penalización a imponer resultase una cantidad superior al 50% de los derechos de crédito de IDEO, procederá declarar la extinción del presente encargo conforme la prescripción siguiente.

6. Son causas de penalización:

a) El incumplimiento de las obligaciones de IDEO recogidas en la prescripción 5.ª del presente encargo.

b) El incumplimiento reiterado de las resoluciones e instrucciones que dicte la Entidad Pública.

c) El incumplimiento de las demás obligaciones que se recogen en el resto de prescripciones del mismo, entre las que cabe destacar las comunicaciones que debe realizar la entidad colaboradora en materia de personal, así como de seguimiento de las medidas judiciales de las personas menores.

Vigésima sexta.- Resolución del encargo.

1. Cuando concurra alguna de las causas previstas en este apartado, así como las que legalmente sean procedentes, mediante Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de justicia juvenil, se acordará la resolución del presente encargo, previo el trámite de audiencia a IDEO.

2. Determinará la resolución del presente encargo:

a) La finalización de cualquiera de los plazos de vigencia, iniciales o posteriores, que se establezcan.

b) La inviabilidad económica de IDEO, puesta de manifiesto a través de los correspondientes informes de auditoría, que haga inviable la prestación de los servicios encargados.

c) El incumplimiento grave de las obligaciones de IDEO que conforme a la prescripción anterior determinen por razón del importe de la penalización a imponer, la resolución.

d) El acuerdo adoptado por el órgano competente de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias de modificación del modo de gestión del sistema canario de justicia juvenil, o bien, cuando ello derive de la normativa estatal o autonómica de aplicación.

3. En el procedimiento que se instruya a efectos de resolver el presente encargo, se determinarán las obligaciones económicas y no económicas que tanto la entidad que encarga como la entidad encargada hayan asumido y estén pendientes de total cumplimiento.

Al efecto, en el trámite de audiencia que se conceda a IDEO se incluirá un informe de liquidación.

Vigésima séptima.- Régimen jurídico del encargo.

1. En todo lo no previsto en el presente encargo, será de aplicación la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, y su normativa reglamentaria de desarrollo, así como de forma supletoria a la legislación en materia de atención integral de menores.

2. En cuanto al régimen jurídico administrativo, queda sujeto este encargo a la legislación reguladora de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, así como en particular a las normas que regulen los encargos de gestión a medios propios y servicios técnicos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

3. IDEO, como Fundación perteneciente al sector público autonómico, deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el apartado cuarto del Acuerdo de Gobierno de 24 de abril de 2014 que a continuación se transcribe:

“Cuarto.- Todas las sociedades mercantiles públicas y fundaciones del sector público autonómico, así como sus órganos de administración velarán para facturar los encargos o no aceptar subvenciones o aportaciones para el fomento de actividades, sin que se acredite que no se pone en riesgo su sostenibilidad financiera. A estos efectos, las entidades deberán previamente realizar un análisis de su repercusión en relación con el resultado del ejercicio y posteriores, así como en relación con su incidencia en la corriente de cobros y pagos, en la posición de la tesorería de la entidad y en los plazos de pagos a los proveedores comerciales.”

ANEXO I

ENCARGO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Primero.- Objeto del encargo.

Es objeto del presente encargo de tratamiento, el tratamiento de datos personales por IDEO, que tendrá la condición de Encargado del tratamiento realizado por cuenta del responsable la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias, derivado de la ejecución de las actuaciones objeto del encargo a medio propio personificado de referencia.

El Encargado del tratamiento, así como el personal que actúe bajo su autoridad y tenga acceso a datos personales en el marco de la ejecución del encargo a medio propio personificado, deberá tratar los mismos conforme a lo dispuesto en la normativa comunitaria y estatal aplicable en la materia y en el presente encargo de tratamiento.

Segundo.- Finalidad.

Este tratamiento de datos personales tiene por finalidad la adecuada ejecución de las actuaciones objeto del encargo, sin que pueda tratar los datos personales para una finalidad distinta.

Si el Encargado del tratamiento destinase los datos a otra finalidad, los comunicara o los utilizara incumpliendo la normativa vigente y/o lo previsto en el presente encargo, será considerado también como Responsable del tratamiento, respondiendo personalmente de las infracciones en que hubiera incurrido.

Tercero.- Duración.

Este encargo de tratamiento tendrá la misma duración que el encargo a medio propio personificado.

Cuarto.- Destino de los datos al término de la duración del encargo.

Al finalizar el encargo, el Encargado del tratamiento, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, debe devolver al Responsable los datos personales, tanto los que fueron automatizados como los que no. La devolución debe comportar el borrado total de los datos personales, tanto los que fueran tratados de forma automatizada, borrándolos de los equipos utilizados para ello, como los que fueron tratados de forma no automatizada, destruyendo diligentemente las copias en soporte papel, en su caso.

El Encargado del tratamiento podrá conservar una copia de los datos personales, los cuales debe mantener bloqueados, para atender posibles responsabilidades administrativas o jurisdiccionales, por el plazo legalmente establecido para ello. Finalizado este, deberá proceder a la destrucción y supresión de tales datos personales.

Quinto.- Tipología de datos personales.

Los datos personales susceptibles de tratamiento por el Encargado son:

Datos de carácter identificativo: DNI, nombre y apellidos, sexo, lugar de nacimiento, estado civil, dirección, teléfono, correo electrónico, firma, firma electrónica y cualquier otro sistema de firma y de identificación admitido por las Administraciones Públicas.

Datos de circunstancias sociales.

Datos económicos, financieros y de seguros.

Datos académicos y profesionales.

Datos expediente sanitario.

Grado de discapacidad.

Antecedentes de justicia juvenil.

Infracciones administrativas.

Datos específicos de los expedientes de los distintos procedimientos administrativos gestionados con el sistema de información.

Sexto.- Personas afectadas.

Los colectivos de las personas físicas afectadas cuyos datos pueden ser tratados son:

Menores, así como, en su caso, de los representantes legales de las personas menores y adultas de referencia de las y los jóvenes y su unidad familiar.

Séptimo.- Personas autorizadas para el tratamiento de los datos personales.

El Encargado del tratamiento garantizará que los datos personales se traten únicamente por el personal que, dentro de aquel adscrito a la ejecución del contrato, haya autorizado y declarado para este cometido.

Si se produjeran bajas, sustituciones o incorporaciones respecto al personal declarado, el Encargado deberá entregar al Responsable, en el plazo máximo de siete (7) días naturales, una nueva declaración responsable comunicando esta circunstancia, así como la identificación, funciones y lugar de trabajo de las personas trabajadoras a quienes afecte, y señalando, en el caso de incorporaciones, que las nuevas personas trabajadoras han suscrito un compromiso de confidencialidad.

Tanto el Encargado como el personal que trate los datos están sujetos a un deber de confidencialidad, que permanecerá incluso tras la finalización del encargo.

El Encargado deberá informar convenientemente a su personal de las medidas de seguridad que han de adoptar para la protección de los datos, y les garantizará la formación necesaria en la materia.

Octavo.- Tratamiento de datos personales en el territorio de la Unión Europea.

Los sistemas de información y comunicaciones para la recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión de los tratamientos de datos personales deben ubicarse y prestarse dentro del territorio de la Unión Europea.

Estos datos no podrán ser objeto de transferencia a un tercer país u organización internacional, con excepción de los que hayan sido objeto de una decisión de adecuación de la Comisión Europea o cuando así lo exija el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Reino de España.

Noveno.- Ejercicio de derechos en materia de protección de datos.

En el supuesto de que una persona afectada ejerza sus derechos (acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de datos, oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas), el Encargado debe remitir la documentación, a través del Registro Oficial correspondiente, al Responsable, en un plazo máximo de dos (2) días hábiles.

El Responsable podrá requerir al Encargado para que, en un plazo máximo de dos días hábiles, aporte la documentación adicional para contestar dicha solicitud.

Décimo.- Deber de cooperación del Encargado del tratamiento.

El Encargado del tratamiento debe:

• Facilitar el acceso a los datos personales y a las operaciones de tratamiento del Delegado de Protección de Datos designado por el Responsable.

• Cooperar con la autoridad de control.

• Colaborar con el Responsable a solicitud de este.

• Poner a su disposición cuanta información o documentación le sea requerida para dar cumplimiento al marco normativo en materia de protección de datos.

• Comunicar de forma inmediata si advierte que una instrucción es susceptible de infringir dicho marco normativo.

Undécimo.- Medidas de seguridad del tratamiento de datos personales.

El Encargado debe aplicar las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar que las operaciones de tratamiento de datos personales se realicen en un nivel de seguridad adecuado. Como mínimo habrán de contemplar:

- La seudonimización (es decir, el tratamiento de datos personales de forma que no puedan atribuirse a una persona afectada sin utilizar información adicional), y el cifrado de datos personales (esto es, la conversión de los datos personales en ilegibles).

- La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.

- La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico (esto es, que debe impedirse el acceso a los datos personales a personas no autorizadas, para ello deberán adoptarse medidas tales como establecer perfiles individuales de acceso al personal autorizado con derechos de administración, establecer contraseñas robustas y seguras en el uso de equipos informáticos usados para el procesamiento y almacenamiento de los datos personales, así como el uso de cortafuegos y cualquier otra medida de seguridad contra ataques cibernéticos. Además, debe llevar a cabo la actualización adecuada de los equipos informáticos, disponer de sistemas antivirus que inhiba malware entre otros, sistemas de detección de intrusiones de red; realizar copias de seguridad periódicamente que se almacenarán en lugar distinto a aquel en el que se encuentre la información en origen, a los fines de que en caso de pérdida, puedan recuperarse los datos personales, proceder al almacenamiento seguro tanto de los automatizados como los no automatizados, y en el caso de que fueran destruidos, asegurar que esta sea absoluta, utilizando los medios pertinentes para ello).

- El proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento (es decir, las medidas técnicas adoptadas deben ser revisadas de forma periódica, lo cual incluye los análisis periódicos de seguridad de los equipos informáticos y sus servidores).

Son aplicables:

- Respecto al tratamiento no automatizado de los datos, las medidas de seguridad previstas en Capítulo IV del Título VIII del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

- Respecto al tratamiento automatizado de los datos, las medidas de seguridad del Anexo II del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

- Si el Encargado se encontrara autorizado, en su caso, para la utilización de los recursos informáticos, telefónicos o redes de comunicación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, resultaría además de aplicación el Acuerdo del Gobierno de Canarias de 25 de junio de 2018, que aprueba las instrucciones que conforman la normativa de seguridad en el uso de los recursos informáticos, telefónicos y de redes de comunicación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 127, de 3.7.2018).

Duodécimo.- Notificación de violaciones de seguridad de los datos personales.

El Encargado del tratamiento notificará al Responsable del tratamiento, de manera fehaciente, cada violación de seguridad de los datos personales, con carácter inmediato y, de ser posible, en un plazo de 48 horas desde que tenga constancia.

La notificación debe comprender, como mínimo, la descripción de:

- La naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales; el número aproximado de personas afectadas, cuando sea posible; y las categorías y el número aproximado de registros de datos personales afectados.

Esto es que debe impedirse el acceso a los datos personales a personas no autorizadas, para ello deberán adoptarse medidas tales como establecer perfiles individuales de acceso al personal autorizado con derechos de administración, establecer contraseñas robustas y seguras en el uso de equipos informáticos usados para el procesamiento y almacenamiento de los datos personales, así como el uso de cortafuegos y cualquier otra medida de seguridad contra ataques cibernéticos.

Además, debe llevar a cabo la actualización adecuada de los equipos informáticos, disponer de sistemas antivirus que inhiba malware entre otros, sistemas de detección de intrusiones de red; realizar copias de seguridad periódicamente que se almacenará en lugar distinto a aquel en el que se encuentre la información en origen, a los fines de que en caso de pérdida, puedan recuperarse los datos personales, proceder al almacenamiento seguro tanto de los automatizados como los no automatizados, y en el caso de que fueran destruidos, asegurar que esta sea absoluta, utilizando los medios pertinentes para ello.

- Las posibles consecuencias de la vulneración de la seguridad de los datos personales.

- Las medidas correctivas adoptadas para poner remedio a la violación de seguridad, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos.

Decimotercero.- Subencargados del tratamiento.

El Encargado debe contar con la autorización expresa y por escrito del Responsable para acudir a la subcontratación, así como para incorporar o sustituir a los subcontratistas (Subencargados del tratamiento).

Son requisitos imprescindibles para otorgar dicha autorización, además de los establecidos en la normativa aplicable por razón de la materia, los siguientes:

- Que el tratamiento de datos personales por parte del Subencargado se ajuste a la legalidad vigente y a las instrucciones que dicte el Responsable del tratamiento.

- Que el Encargado del tratamiento y el Subencargado formalicen un contrato u otro acto jurídico de encargo de tratamiento de datos en los términos previstos en el presente anexo, que será puesto a disposición del Responsable del tratamiento.

Corresponde al Encargado del tratamiento inicial formular dicho contrato o acto jurídico, de tal forma que el Subencargado del tratamiento quede sujeto a las mismas condiciones que él, en lo referente al adecuado tratamiento de los datos personales.

En el caso de incumplimiento por parte del Subencargado, el Encargado del tratamiento inicial seguirá siendo plenamente responsable del cumplimiento de las obligaciones correspondientes ante el Responsable del tratamiento.

Decimocuarto.- Modificaciones del presente anexo.

Si, como consecuencia de la ejecución del encargo, y siempre que se respetase la normativa aplicable, resultara necesario modificar el presente anexo, el Encargado lo requerirá razonadamente, especificando los cambios que solicita. En caso de que el Responsable manifestara su conformidad, las partes firmantes de este encargo emitirán, mediante la correspondiente adenda de modificación, un anexo actualizado que recoja fielmente el detalle del tratamiento.

El Responsable del tratamiento también puede instar por propia iniciativa la modificación del presente anexo, mediante adenda suscrita por las partes, previa audiencia al Encargado del tratamiento.

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