Gobierno de Canarias

Comunidad Autónoma de Canarias

Boletín Oficial de Canarias

Estás en:

BOC Nº 018. Jueves 25 de enero de 2024 - 407

ATENCION. La versión HTML de este documento no es oficial. Para obtener una versión oficial, debe descargar el archivo en formato PDF.

V. Anuncios - Otros anuncios - Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad

407 Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana.- Anuncio de 14 de enero de 2024, por el que se hace pública la modificación de los Estatutos del Colegio de Abogados de Las Palmas.

75 páginas. Formato de archivo en PDF/Adobe Acrobat. Tamaño: 479.94 Kb.
BOC-A-2024-018-407. Firma electrónica - Descargar

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 del Decreto 277/1990, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Colegios Profesionales de Canarias, se procede a la publicación de la modificación de los Estatutos del Colegio de Abogados de Las Palmas, inscrito en el Registro de Colegios Profesionales de Canarias con fecha 12 de diciembre de 2023, en los términos del anexo.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de enero de 2024.- La Directora General de Transparencia y Participación Ciudadana, Carmen Delia Alberto Gómez.

ANEXO

ESTATUTOS DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LAS PALMAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

Este Estatuto es la norma que rige el Colegio de forma autónoma, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación sectorial, tanto la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, de ámbito estatal, como la Ley 10/1990, de 23 de mayo, de Colegios Profesionales de la Comunidad de Canarias, así como el Reglamento de Colegios Profesionales de Canarias, aprobado por Decreto 277/1990, de 27 de diciembre.

Sustituye al Estatuto del Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas, aprobado por Resolución de 28 de julio de 2016, y se adapta al nuevo Estatuto General de la Abogacía Española, mediante el Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo. Esta norma contiene una disposición final tercera por la que resulta obligatoria para todos los colegios españoles la adaptación de sus estatutos a su texto. Ante esta necesaria adaptación, se opta ahora por un nuevo texto, y no por una reforma parcial, a fin de que el Estatuto resultante tenga una adecuada sistemática y una redacción homogénea, y recoja adecuadamente los trascendentes cambios normativos y sociales acaecidos desde que se aprobara el Estatuto de 2016.

En cuanto corporación de derecho público, esos cambios remarcan la vocación de servicio a la ciudadanía y a la Justicia del Colegio y su permanente salvaguarda del derecho fundamental de defensa y asistencia letrada, asumiendo el compromiso con el reconocimiento y defensa de los derechos humanos proclamado por el nuevo Estatuto General, así como inspirando la actividad colegial en los valores de la Abogacía y en el principio de igualdad. Así, el presente Estatuto cumple con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. En este sentido, al acometer la reforma, se han tenido en cuenta las recomendaciones, en materia de igualdad, del Consejo General de la Abogacía Española.

Este nuevo Estatuto responde asimismo a una mayor exigencia de responsabilidad social corporativa y de transparencia, plasmada en diferentes leyes: la propia Ley 2/1974, de Colegios Profesionales, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Respecto a la actividad de la Abogacía, el Estatuto sigue, además de lo dispuesto en el nuevo Estatuto General, los mandatos legales sobre ejercicio de la profesión, entre los que cabe mencionar la Ley 15/2021, de 23 de octubre, por la que se modifica la Ley 34/2006, de 30 de octubre, y la modificación de la Ley 10/1990, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales y la modificación de la Ley 10/1990, de 23 de mayo, de Colegios Profesionales.

Además, respecto al Estatuto aprobado en 2016 se regulan las sociedades profesionales, conforme establece la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales, y se tiene en cuenta la mediación y arbitraje, como métodos alternativos para la resolución de conflictos, de acuerdo con la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles y con la Ley 15/2003, de 8 de abril, de la Mediación Familiar de la Comunidad de Canarias, modificada por la Ley 3/2005, de 23 de junio.

Además, nuestra Corporación ha de ser más eficiente y ágil a la hora de servir a la Abogacía y a la ciudadanía, de modo que la transformación digital sirva de base a los procedimientos colegiales, en especial, a través de su portal electrónico, mediante la Ventanilla Única.

II

La adaptación al Estatuto General se lleva a cabo conforme al principio de autonomía estatutaria, recogiendo las singularidades de nuestro Colegio y respetando su tradición.

El Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas se fundó el 14 de abril de 1766, gracias a la iniciativa y tesón de D. Miguel de la Torre González y Sardina, quien, al ingresar en el Colegio de Abogados de Madrid, comprendió la necesidad de que Canarias contase con uno similar. Logró D. Miguel de la Torre que once abogados canarios le otorgasen poderes especiales para solicitar del rey Carlos III un Colegio de Abogados “a imitación de los que se hallaban en la Corte y Reales Chancillerías”. De esta forma, el 14 de abril de 1766 se aprobó la fundación del Ilustre Colegio de Abogados de Canarias por Decreto del Supremo Consejo de Castilla, con las mismas prerrogativas y beneficios que vienen establecidos por el Colegio de Madrid. La primera Junta General se celebró el 9 de diciembre de 1763, si bien no fue hasta el año 1766 cuando se consiguió la Cédula de su creación, instante desde el que este Ilustre Colegio ha venido desarrollando como corporación profesional, en defensa de la Abogacía canaria, del recto ejercicio de la profesión y de la sociedad canaria, manteniendo el prestigio que la profesión y la institución han merecido siempre, lo que le ha valido muy diversas y meritorias menciones honoríficas.

El Colegio asume y respeta las costumbres y tradiciones acuñadas durante todos los años de su existencia, como el Patronazgo de la Santísima Virgen del Pino, participando anualmente en su festividad, así como la celebración de San Juan Nepomuceno, sin que ello, junto con otras tradiciones que también se mantienen, signifique adscripción religiosa o ideológica del Colegio. Forma parte también de su historia y tradición la Academia Canaria de Jurisprudencia y Legislación y la Escuela de Práctica Jurídica, junto con el Aula de formación.

III

Muchos de los artículos de este nuevo Estatuto permanecen, con respecto al texto anteriormente vigente, sobre todo aquellos que han sido objeto de recientes reformas, pero se mejora la redacción evitando reiteraciones, refundiendo preceptos y suprimiendo aquellos que contravienen el Estatuto General, resultando un total de ciento diez artículos. Se mantiene la misma estructura del Estatuto de 2016, pero ahora pasa a tener catorce títulos y se actualiza su denominación.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

TÍTULO II. FINES Y FUNCIONES DEL COLEGIO.

TÍTULO III. COLEGIACIÓN Y EJERCICIO DE LA PROFESIÓN.

TÍTULO IV. ABOGADOS Y ABOGADAS PERTENECIENTES A OTRO ESTADO MIEMBRO DE LA UNIÓN EUROPEA O A ESTADOS DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO.

TÍTULO V. ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA Y TURNO DE OFICIO.

TÍTULO VI. HONORARIOS PROFESIONALES.

TÍTULO VII. DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA.

TÍTULO VIII. DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.

TÍTULO IX. ACADEMIA CANARIA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN.

TÍTULO X. AULA DE FORMACIÓN Y ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA.

TÍTULO XI. DEL CONSEJO CANARIO DE COLEGIOS DE ABOGADOS.

TÍTULO XII. DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ACTOS Y SU IMPUGNACIÓN.

TÍTULO XIII. DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL COLEGIO.

TÍTULO XIV. FUSIÓN, ABSORCIÓN, SEGREGACIÓN Y DISOLUCIÓN.

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Naturaleza jurídica y denominación.

El Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas es una corporación de derecho público, con personalidad jurídica propia e independiente y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, amparada por la Constitución, las normas básicas de la Ley Estatal de Colegios Profesionales y por la Ley de Consejos y Colegios Profesionales de Canarias, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que se rige por la citada normativa legal y demás de aplicación, por su propio Estatuto y por los reglamentos de régimen interno aprobados y que en su caso apruebe, así como por los Estatutos del Consejo Canario de Colegios de Abogados y por el Estatuto General de la Abogacía Española.

Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos, fomentando los principios de participación, asociación y libertad de expresión de sus miembros, entre otros.

Se entenderá que el uso del acrónimo ICALPA se referirá al de la denominación de Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas.

Artículo 2.- Ámbito territorial.

La competencia del ICALPA son las Islas de Gran Canaria y Fuerteventura.

El ICALPA tiene su sede en Las Palmas de Gran Canaria, en la Plaza de San Agustín n.º 3, con delegación en la localidad de Puerto del Rosario, sin perjuicio de las demás delegaciones que determine la Junta de Gobierno para el mejor cumplimiento de sus fines y mayor eficacia de sus funciones. Las personas que se designen como delegadas ostentarán la representación del ICALPA, con las facultades y competencias que en cada momento señale la Junta de Gobierno.

Artículo 3.- Tratamiento, emblemas y patrocinio.

El Colegio tendrá el tradicional tratamiento de Ilustre y conservará sus emblemas, usos históricos y tradiciones con pleno respeto a la ley.

Se considera heredero de la trayectoria secular de la Corporación desde su fundación hasta el presente, asumiendo el respeto por las costumbres y tradiciones acuñadas durante su dilatada existencia, tales como el patrocinio de San Juan Nepomuceno y el Patronazgo de la Santísima Virgen del Pino, sin que tales advocaciones o patrocinios signifiquen adscripción religiosa o ideológica del Colegio.

TÍTULO II

FINES Y FUNCIONES DEL COLEGIO

Artículo 4.- Fines del Colegio.

Los fines del ICALPA son los señalados, con carácter general, en el Estatuto General de la Abogacía Española y en el del Consejo Canario de Colegios de Abogados y en particular los siguientes:

a) La ordenación del ejercicio de la profesión y su representación exclusiva.

b) La defensa de los derechos e intereses profesionales y asistenciales de sus miembros.

c) La intervención en el proceso de acceso a la profesión.

d) La formación profesional permanente y especializada de sus miembros.

e) El control deontológico y la aplicación del régimen disciplinario, en garantía de la sociedad, los derechos de los ciudadanos y de los profesionales.

f) La protección de los intereses de los consumidores y usuarios y de los clientes de los servicios de los profesionales de la Abogacía.

g) La colaboración en el funcionamiento, promoción y mejora de la Administración de Justicia.

h) La defensa del Estado social, democrático y de derecho proclamado en la Constitución y la promoción y defensa de los Derechos Humanos.

i) La contribución a la garantía del derecho constitucional de defensa y acceso a la justicia mediante la organización y prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita.

Artículo 5.- Funciones del Colegio.

Corresponde al ICALPA, para el cumplimiento de sus fines, el ejercicio de las funciones que, con carácter general, se indican en el Estatuto General de la Abogacía Española y en particular los siguientes:

a) Ostentar la representación y defensa de la Abogacía ante la Administración, instituciones, tribunales, entidades y particulares, con legitimación para ser parte en cuantos litigios y causas afecten a los derechos e intereses profesionales.

b) Elaborar su Estatuto particular y sus modificaciones, sometiéndolos a la aprobación de la Administración competente, previo informe del Consejo Canario de Colegios de Abogados; redactar y aprobar sus propios Reglamentos de régimen interno, sin perjuicio de su control de legalidad por la Administración competente, y demás acuerdos para el desarrollo de sus competencias.

c) Colaborar con el Poder Judicial y los demás poderes públicos mediante la realización de estudios, emisión de informes, elaboración de estadísticas y otras actividades relacionadas con sus fines, cuando le sean solicitadas o lo acuerde por propia iniciativa.

d) Informar sobre todos los proyectos normas del Gobierno Canario que se refieran o afecten al Colegio y al ejercicio de la Abogacía.

e) Organizar y gestionar los servicios de asistencia jurídica gratuita y cuantos otros de asistencia y orientación jurídica puedan estatutariamente crearse, especialmente en beneficio de los sectores sociales más desfavorecidos o necesitados de protección.

f) Participar en materias propias de la profesión en los órganos consultivos de la Administración, así como en los organismos o asociaciones interprofesionales.

g) Asegurar la representación de la Abogacía en los consejos sociales y patronatos universitarios, en los términos establecidos en las normas que los regulen.

h) Participar en la elaboración de los planes de estudios universitarios; crear, mantener y proponer al Consejo General de la Abogacía Española o, en su caso, al Consejo Canario de Colegios de Abogados, la homologación de escuelas de práctica jurídica o centros de formación jurídica y otros medios para facilitar el acceso a la Abogacía de los nuevos titulados y organizar cursos para la formación continua y perfeccionamiento y especialización profesional. Establecer medidas relacionadas con el desempeño de la tutoría de aspirantes a la Abogacía que sean necesarias para garantizar la realización de las prácticas establecidas en los cursos de formación para profesionales de la Abogacía, disponiendo medidas de apoyo a los profesionales de la Abogacía tutores para facilitar el desempeño de su misión.

i) Ordenar la actividad profesional de los colegiados y colegiadas, velando por la formación, la deontología y la dignidad profesionales y por el respeto debido a los derechos de los particulares, así como ejercer la potestad disciplinaria en el orden profesional y colegial.

j) Organizar y promover actividades y servicios comunes de interés para los colegiados y colegiadas, de carácter profesional, formativo, cultural, asistencial, de previsión y otros análogos, incluido el aseguramiento colectivo de la responsabilidad civil profesional cuando legalmente se establezca.

k) Impulsar la adecuada utilización por parte de los colegiados y colegiadas de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el ejercicio profesional y en sus relaciones corporativas.

l) Adoptar las medidas conducentes a evitar y perseguir el intrusismo profesional, así como impedir la competencia desleal entre las personas colegiadas.

m) Intervenir, previa solicitud, en vías de conciliación, mediación o arbitraje en las cuestiones que, por motivos profesionales, se susciten entre las personas colegiadas, o entre estos y sus clientes. Especialmente, le corresponde resolverlas discrepancias que puedan surgir en relación con la actuación profesional de los colegiados y colegiadas y la percepción de sus honorarios, mediante laudo al que previamente se sometan de modo expreso las partes interesadas.

n) Ejercer funciones de arbitraje en los asuntos que les sean sometidos, así como promover y participar en instituciones de arbitraje y mediación de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.

o) Atender las solicitudes de información sobre las personas colegiadas del ICALPA y sobre las sanciones firmes a ellos impuestas, así como las peticiones de inspección o investigación que les formule cualquier autoridad competente de un estado miembro de la Unión Europea en los términos previstos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en particular, en lo que se refiere a que las solicitudes de información y de realización de controles, inspecciones e investigaciones estén debidamente motivadas y que la información obtenida se emplee únicamente para la finalidad para la que se solicitó.

p) Informar en los procedimientos judiciales o administrativos en que se discutan honorarios profesionales, en los términos previstos en la legislación aplicable.

q) Cuantas funciones redunden en beneficio de la profesión, de la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados y colegiadas y cuales quiera otras establecidas en el Estatuto General o que vengan dispuestas por la legislación estatal o autonómica.

r) Colaborar con las Administraciones públicas canarias en el ejercicio de sus competencias y en la promoción y mejora de la Administración de Justicia, así como, promoción, difusión y desarrollo de la mediación como método alternativo y complementario de resolución de todo tipo de controversias.

Artículo 6.- De la acción social del Colegio.

1. El Colegio tendrá especialmente en cuenta su responsabilidad para con la sociedad en que se integra. Por ello podrá promover, organizar y ejecutar programas de acción social en beneficio de los sectores más desfavorecidos, así como para la promoción y difusión de los derechos humanos y los derechos fundamentales, los valores democráticos de convivencia y la cooperación internacional.

2. Sin perjuicio de las competencias derivadas de la legislación sobre asistencia jurídica en materia de servicios de orientación jurídica, el Colegio podrá organizar y prestar servicios gratuitos, con o sin financiación externa pública o privada, dedicados a asesorar a quienes no tengan acceso a otros servicios de asesoramiento gratuitos y se encuentren en situaciones de necesidad, desventaja o riesgo de exclusión social.

TÍTULO III

COLEGIACIÓN Y EJERCICIO DE LA PROFESIÓN

CAPÍTULO I

COLEGIACIÓN

Artículo 7.- Obligatoriedad de colegiación.

1. La colegiación es obligatoria para el ejercicio de la Abogacía en los términos previstos legalmente.

2. La colegiación en el ICALPA habilita para ejercer la Abogacía en todo el territorio nacional.

Artículo 8.- Requisitos de colegiación.

1. A la persona que solicite incorporarse al ICALPA como ejerciente se le exigirá los siguientes requisitos:

a) Ser mayor de edad y tener nacionalidad española o de algún estado miembro de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de terceros países, sin perjuicio de lo dispuesto en tratados o convenios internacionales y del cumplimiento de los requisitos recogidos en la normativa sobre extranjería respecto del derecho de los extranjeros para establecerse y acceder al ejercicio profesional en España.

b) Poseer el título oficial que habilite para el ejercicio de la profesión de la Abogacía, salvo las excepciones establecidas en normas con rango de ley.

c) Acreditar el conocimiento de la lengua castellana por cualquier medio válido en derecho, salvo cuando resulte de modo fehaciente del cumplimiento del requisito anterior.

d) Satisfacer la cuota de ingreso, que no podrá superar los costes asociados a la tramitación de la inscripción y facilitar una cuenta bancaria en la que se domiciliará la referida cuota y las demás que tenga establecidas el Colegio.

e) Carecer de antecedentes penales por delitos que lleven aparejada la imposición de penas graves o la inhabilitación para el ejercicio de la Abogacía.

f) No haber sido condenada por intrusismo en el ejercicio de la Abogacía en los tres años anteriores mediante resolución firme, salvo que se hubiesen cancelado los antecedentes penales derivados de esta condena.

g) No haber sido sancionado disciplinariamente con la expulsión de un Colegio de la Abogacía o, en caso de haber sufrido tal sanción, haber sido rehabilitada, lo que se acreditará por medio de certificado expedido por el Consejo General de la Abogacía Española.

h) No estar incurso en causa de incapacidad, incompatibilidad o prohibición para el ejercicio de la Abogacía, lo que se acreditará por medio de certificado expedido por el Consejo General de la Abogacía Española.

i) Formalizar el alta en el Régimen de Seguridad Social que corresponda o, en su caso, el ingreso en una mutualidad de previsión social alternativa al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, de conformidad con la legislación vigente.

j) Designar una dirección postal y una electrónica a efectos de comunicaciones y notificaciones.

k) Contratar seguro de responsabilidad civil cuyo objeto será cubrir las responsabilidades en que puedan incurrir el abogado por razón de su ejercicio profesional. No obstante, el seguro no se exigirá a los profesionales que actúen exclusivamente al servicio de una administración pública o cuando la actividad profesional se ejerza exclusivamente a cuenta de otro que ya tenga asegurada la cobertura por los riesgos que comprenda el ejercicio de la profesión.

2. Para la incorporación en el ICALPA como no ejerciente, se tienen que reunir los requisitos establecidos en las letras a), b), c), d), e), f) y g) del apartado anterior. Asimismo, deberá acreditar no estar incurso en causa de incapacidad o prohibición para el ejercicio de la Abogacía en la forma prevista en el apartado h). Si constase su incorporación a varios Colegios como no ejerciente, se aplicará lo previsto en el Estatuto General de la Abogacía Española.

3. En los casos en los que la solicitud de colegiación proceda de persona que haya ejercido previamente en otro estado miembro de la Unión Europea, se procederá de acuerdo con el artículo 77 del Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior (Reglamento IMI), así como al Real Decreto 1129/2021, de 21 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 581/2017. El ICALPA informará de las circunstancias que puedan afectar a la capacidad para el ejercicio de la Abogacía en los términos del referido artículo 77.

4. Se denegarán las solicitudes de incorporación y reincorporación siempre que quienes las formulen no cumplan con los requisitos establecidos en este artículo.

5. Si la persona interesada en reincorporarse tuviera pendiente el cumplimiento de una sanción de suspensión en el ejercicio profesional, deberá cumplirla una vez se haya reincorporado.

Artículo 9.- Procedimiento de colegiación.

1. La persona interesada en colegiarse deberá formular una solicitud dirigida a la Junta de Gobierno a la que acompañará los documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 8 de este Estatuto.

2. La Junta de Gobierno resolverá las solicitudes de incorporación y reincorporación que se presenten, las cuales serán aprobadas, suspendidas o denegadas, previas las diligencias e informes procedentes, mediante resolución motivada. Contra la resolución denegatoria de la solicitud de colegiación o reincorporación procederá recurso de reposición ante la propia Junta de Gobierno, que deberá ser interpuesto en el plazo de un mes, debiendo ser resuelto en igual periodo. Contra el acuerdo definitivo podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejo Canario de Colegios de Abogados, conforme se prevé en el presente Estatuto.

3. La resolución de denegación de incorporación o reincorporación como ejerciente adoptada por el ICALPA impedirá la incorporación a otro Colegio cuando se trate de causa insubsanable o que no haya sido debidamente subsanada. A estos efectos, el ICALPA comunicará al Consejo General de la Abogacía Española las resoluciones denegatorias de incorporación o reincorporación, para su traslado a todos los Colegios de la Abogacía.

4. La Junta de Gobierno deberá resolver los procedimientos de incorporación y reincorporación en el plazo máximo de tres meses desde que se formulase la solicitud, transcurridos los cuales la solicitud deberá entenderse estimada por silencio administrativo.

5. La tramitación de las solicitudes de incorporación y reincorporación será suspendida cuando no reúnan los requisitos establecidos en el presente Estatuto. En tal caso y una vez realizadas las oportunas verificaciones, se requerirá a la persona interesada para que, en un plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistida de su solicitud, previa resolución motivada.

Artículo 10.- Ámbito de competencia territorial del ICALPA y colegiación única.

1. En las actuaciones profesionales que se realicen en el ámbito territorial del ICALPA, el profesional de la Abogacía y las sociedades profesionales debidamente inscritas que se dediquen al ejercicio de la Abogacía, estarán sujetos a las normas de actuación, deontología y régimen disciplinario del Colegio, el cual protegerá su libertad e independencia conforme a la Ley.

2. El profesional de la Abogacía colegiado o colegiada en el ICALPA y las sociedades profesionales, debidamente inscritas en él, podrán prestar sus servicios profesionales libremente, con igualdad de facultades y deberes en todo el territorio del Estado, en el resto de los estados miembros de la Unión Europea y en los demás países, con arreglo a las normas, tratados o convenios internacionales aplicables. Asimismo, los profesionales de la Abogacía de otros países podrán hacerlo en España y, en consecuencia, en el ámbito territorial del ICALPA, conforme a la normativa vigente.

3. Los profesionales de la Abogacía incorporados a otro Colegio podrán ejercer en el ámbito territorial del ICALPA, sin que este les exija habilitación alguna, ni el pago de contraprestaciones económicas distintas de aquellas que también se exijan a los propios colegiados y colegiadas por la prestación de servicios de que sean beneficiarios y que no se encuentren cubiertos por la cuota colegial.

CAPÍTULO II

MIEMBROS DEL COLEGIO

Artículo 11.- Miembros del Colegio.

1. Tendrán la consideración de miembros del ICALPA quienes, como ejercientes o no ejercientes, ya figuren incorporados o se incorporen en lo sucesivo, para lo cual deberán cumplir los requisitos previstos en el artículo 8 del presente Estatuto.

2. Las personas colegiadas ejercientes son las que se dedican profesionalmente al ejercicio de la Abogacía. Pueden ser residentes o no residentes según tengan, o no, su despacho único o principal en el ámbito territorial del Colegio. En caso de traslado, deberán comunicar los eventuales cambios de domicilio a estos efectos. Las personas colegiadas no ejercientes, son las que no se dedican al ejercicio profesional de la Abogacía, careciendo del derecho a denominarse abogadas o abogados. Las personas colegiadas inscritas son las que, de conformidad con la legislación vigente, pueden ejercer en España con el título de su país de origen.

3. No podrá limitarse en el ICALPA el número de sus componentes ni cerrarse temporal o definitivamente la admisión de nuevos colegiados o colegiadas que reúnan las condiciones señaladas en el presente Estatuto o normas que lo desarrollen.

Artículo 12.- Tarjeta de identidad e insignias.

Los colegiados y colegiadas identificarán su personalidad y su condición de ejercientes o no ejercientes, mediante un carné, tarjeta de identidad, o acreditación electrónica que se ajustará al modelo que en cada caso acuerde la Junta de Gobierno. También podrán usar una insignia de solapa, según modelo igualmente aprobado por la Junta de Gobierno, así como hacer uso del Escudo Colegial del ICALPA en la Toga.

Artículo 13.- Colegiados y colegiadas de honor.

Podrán ser Colegiados o Colegiadas de Honor del ICALPA aquellas personas que reciban este nombramiento de la Junta General, a propuesta de la Junta de Gobierno y en atención a los méritos y servicios relevantes prestados a favor de la Abogacía en general o del Colegio. La Junta de Gobierno podrá reconocer con la Medalla del Colegio de Abogados de Las Palmas a aquellos de sus miembros que por sus méritos y servicios en la Profesión sean merecedoras de la misma.

CAPÍTULO III

PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE COLEGIADO O COLEGIADA

Artículo 14.- Pérdida de la condición de colegiado o colegiada.

1. La condición de colegiado o colegiada se perderá:

a) Por fallecimiento.

b) Por baja voluntaria.

c) Por sanción de expulsión del Colegio acordada por resolución firme en expediente disciplinario.

d) Por condena firme que lleve consigo la pena principal o accesoria de inhabilitación para el ejercicio de la profesión.

e) Por falta de pago de doce mensualidades de la cuota obligatoria, a cuyo pago viniera obligado u obligada.

2. La pérdida de la condición de colegiado o colegiada será reconocida, en caso de fallecimiento, o acordada en resolución motivada para el resto de supuestos por la Junta de Gobierno del ICALPA y, una vez firme, será inmediatamente comunicada al Consejo Canario de Colegios de Abogados y al Consejo General de la Abogacía Española.

3. En el caso del párrafo e) del apartado primero, los colegiados y colegiadas podrán rehabilitar sus derechos pagando lo adeudado y sus intereses al tipo legal incrementado en dos puntos, que se computará desde la fecha de la primera reclamación.

4. La Junta de Gobierno acordará el pase a situación de no ejerciente de aquellos colegiados o colegiadas en quienes concurra alguna de las circunstancias determinantes de incapacidad o incompatibilidad para el ejercicio, mientras aquella subsista, sin perjuicio de que, si a ello hubiere lugar, resuelva lo que proceda en vía disciplinaria.

5. La rehabilitación del abogado o abogada expulsado se llevará a cabo en los términos previstos en el Estatuto General de la Abogacía Española.

CAPÍTULO IV

DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN

Sección 1.ª

Del juramento o promesa y de la justificación de condición
de profesional de la Abogacía

Artículo 15.- Juramento o Promesa.

1. Antes de iniciar su ejercicio profesional, de conformidad con la legislación vigente, los Profesionales de la Abogacía prestarán juramento o promesa de acatar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico y de cumplir las normas deontológicas de la profesión, con libertad e independencia, buena fe, lealtad al cliente, respeto a la parte contraria y guardando el secreto profesional.

2. El juramento o promesa será prestado solemnemente ante la Junta de Gobierno del ICALPA, o ante el miembro de la misma en quien esta delegue.

3. La Junta de Gobierno podrá autorizar que el juramento o promesa se formalice inicialmente por escrito, con compromiso de su posterior ratificación pública.

En todo caso, se deberá dejar constancia en el expediente personal del colegiado o colegiada de la prestación de dicho juramento o promesa.

La falta de prestación del juramento o promesa el día y hora que al efecto se señale hará, salvo causa grave justificada, que quede en suspenso la anterior autorización hasta que efectivamente se cumpla este requisito, por quienes a ello vengan obligados.

Artículo 16.- Justificación de su condición.

1. El ICALPA comunicará al Consejo General de la Abogacía Española la lista de sus profesionales de la Abogacía, con expresión de las altas y bajas producidas.

El Colegio garantizará que en esa lista consten los datos profesionales, tales como nombre y apellidos, número de colegiación, títulos oficiales, domicilio profesional y situación de habilitación profesional, número de teléfono y dirección de correo electrónico.

2. El secretario o secretaria del Colegio remitirá anualmente, preferentemente por vía electrónica, la lista de los profesionales de la Abogacía incorporados al Colegio a todos los Juzgados y Tribunales de su territorio, así como a los Centros Penitenciarios y de Detención y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. La lista se actualizará periódicamente con las altas y bajas. El envío de esta lista podrá sustituirse por un acceso directo a la página web en la que figuren los datos debidamente actualizados. El hecho de figurar en tal lista servirá de comprobante para el ejercicio de su profesión por parte de los profesionales de la Abogacía.

3. El secretario o secretaria del Colegio podrá comprobar que los profesionales de la Abogacía que intervengan en las actuaciones judiciales figuran incorporados como ejercientes en este Colegio o en otro de España.

4. Los profesionales de la Abogacía deberán consignar en todas las actuaciones su número de colegiado.

Sección 2.ª

Incapacidad, prohibiciones, incompatibilidades y restricciones especiales

Artículo 17.- Causas determinantes de la incapacidad.

1. Son causas determinantes de incapacidad para el ejercicio de la Abogacía:

a) Los impedimentos que, por su naturaleza o intensidad, no permitan el cumplimiento de la misión de defensa de los intereses ajenos que a los abogados y abogadas se encomienda.

b) La inhabilitación o suspensión expresa para el ejercicio de la Abogacía en virtud de resolución judicial firme.

c) Las sanciones disciplinarias firmes que lleven consigo la suspensión del ejercicio profesional o la expulsión de cualquier Colegio de la Abogacía, que tendrá eficacia en todo el territorio nacional.

2. La incapacidad, por cualquiera de las causas anteriores, supondrá el pase automático del colegiado o colegiada a la condición de no ejerciente y desaparecerá cuando cese la causa que la hubiera motivado que, en el caso de la sanción de expulsión, incluirá la rehabilitación prevista en el Estatuto General de la Abogacía Española.

3. En el caso de sanción disciplinaria de expulsión impuesta por cualquier otro Colegio de la Abogacía, la incapacidad no desaparecerá en tanto no medie rehabilitación del profesional de la Abogacía en los términos previstos en el Estatuto General de la Abogacía Española.

Artículo 18.- Prohibiciones.

Los abogados y abogadas tienen las siguientes prohibiciones, cuya infracción se sancionará disciplinariamente:

a) Ejercer la Abogacía estando incursos en causa de incompatibilidad, inhabilitación o suspensión, así como prestar su firma a quienes, por cualquier causa, no puedan ejercer la profesión.

b) Compartir locales o servicios con profesionales incompatibles, si ello afectare a la salvaguarda del secreto profesional.

c) Mantener vínculos asociativos de carácter profesional que impidan el correcto ejercicio de la Abogacía, atendiendo a este respecto a lo previsto en el presente Estatuto.

Artículo 19.- Incompatibilidades.

1. El ejercicio de la Abogacía será absolutamente incompatible con:

a) El desempeño, en cualquier concepto, de cargos, funciones o empleos al servicio del Poder Judicial, de las Administración estatal, autonómica o local y de las Entidades del Sector Público cuya normativa reguladora así lo imponga.

b) La actividad de auditoría de cuentas en los términos legalmente previstos.

c) Cualesquiera otras actividades que se declaren incompatibles por una norma con rango de ley.

2. Los profesionales de la Abogacía no podrán mantener vínculos asociativos de carácter profesional con las personas afectadas por las incompatibilidades mencionadas en el apartado anterior, cuando así lo disponga la ley.

Artículo 20.- Efectos.

1. El profesional de la Abogacía que incurra en alguna de las causas de incompatibilidad establecidas en el artículo anterior deberá de inmediato cesar en el ejercicio de una de las dos actividades incompatibles; en el caso de hacerlo en la de la Abogacía, deberá formalizar su baja como ejerciente en el plazo máximo de quince días, mediante comunicación dirigida a la Junta de Gobierno del ICALPA. Si no lo hiciera, la Junta podrá suspenderle cautelarmente en el ejercicio de la profesión, pasando automáticamente a la condición de no ejerciente y acordando al tiempo incoar el correspondiente expediente disciplinario.

2. La infracción de dicho deber de cesar en la situación de incompatibilidad, así como su ejercicio con infracción de las incompatibilidades establecidas en el artículo anterior, directamente o por persona interpuesta, constituirá infracción muy grave, sin perjuicio de las demás responsabilidades que correspondan.

CAPÍTULO V

DEBERES, OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS PROFESIONALES
DE LA ABOGACÍA

Sección 1.ª

Con carácter general

Artículo 21.- Deberes del profesional de la Abogacía.

1. Son deberes fundamentales los siguientes:

a) Cumplir con las normas deontológicas profesionales.

b) Cooperar asesorando, conciliando y defendiendo en derecho los intereses que le sean confiados, como partícipes en la función pública de la Administración de Justicia. En ningún caso la tutela de tales intereses puede justificar la desviación del fin supremo de justicia a que la Abogacía se halla vinculada.

c) Asesorar y defender a quienes deseen ejercer sus derechos ante cualquier jurisdicción o Administración y no cuenten con profesional de la Abogacía que les defienda o asesore, con la obligación de abonar sus honorarios.

d) Realizar las intervenciones profesionales que se establezcan por ley, en garantía de la defensa de los derechos y libertades y en cumplimiento de la función social de la Abogacía.

e) Cumplir con la defensa jurídica, obligación tanto para la Abogacía como para sus profesionales, ajustándose a las normas deontológicas.

f) El profesional de la Abogacía tiene el derecho y el deber de prestar los servicios obligatorios de asistencia letrada y defensa gratuitas, en los términos y en los supuestos previstos en las leyes y en este Estatuto.

2. Los integrantes del Colegio deberán relacionarse con este por medios electrónicos, conforme a lo previsto en las leyes de procedimiento administrativo, el Estatuto General de la Abogacía y el presente Estatuto. Dicha previsión afecta igualmente a otros profesionales de la Abogacía que se relacionen o hayan de relacionarse con el Colegio por cualquier causa.

A estos efectos deberán utilizar los medios electrónicos, aplicaciones o sistemas que haya establecido el Colegio, quien respetará las garantías y requisitos previstos para el procedimiento de que se trate. La Junta de Gobierno podrá adoptar los acuerdos que estime oportunos para una adecuada regulación del uso de medios electrónicos a efectos de notificaciones.

Las notificaciones electrónicas del Colegio se podrán realizar de una de las dos formas siguientes:

a) Mediante remisión de correo electrónico a la dirección electrónica de quien se trate. A estos efectos, el integrante del Colegio deberá comunicar y mantener actualizada una dirección de correo electrónica, a través de la cual se puedan efectuar las notificaciones oportunas. Dicha obligación deberá cumplimentarse en plazo máximo de un mes desde la aprobación del presente Estatuto o en su caso desde la adquisición de la condición de integrante de este Colegio.

b) La misma previsión afecta a cualquier otro profesional de la Abogacía, a estos efectos.

c) Mediante puesta a disposición de la notificación de que se trate, en la sede electrónica del Colegio. En este caso, el Colegio pondrá la notificación a disposición del colegiado para que proceda a su recepción y conocimiento del contenido en plazo máximo de diez días a contar desde la puesta a disposición. De este modo, constando la correcta remisión del acto de comunicación por dichos medios técnicos, de no acceder el destinatario a su contenido en el plazo indicado, se entenderá que la notificación le ha sido efectuada legalmente desplegando plenamente sus efectos.

d) En los casos en que el sistema de puesta a disposición de la notificación en sede electrónica del Colegio lo permita, se remitirá, además, al destinatario un aviso a su dirección electrónica colegial. No obstante, la imposibilidad o ausencia de tal aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida cuando consten todos los datos precisos antes indicados.

e) Las notificaciones serán válidas siempre que se pueda tener constancia de los siguientes datos:

• Su envío o puesta a disposición, ya sea por medios electrónicos o por medios no electrónicos.

• La recepción o y acceso por el interesado o, en los casos de falta de acceso a la notificación, el transcurso de diez días sin aceptarla.

• Las fechas y horas tanto de remisión o puesta a disposición como de la aceptación por parte del interesado o transcurso del plazo indicado sin acceder a la misma.

• La identidad personal o electrónica del remitente y del destinatario.

f) En los casos de puesta a disposición en sede electrónica, se acreditarán los anteriores extremos mediante certificación de trazabilidad o equivalente, expedida por el Consejo General de la Abogacía Española. Igualmente tendrá la misma consideración la certificación que, de acuerdo a con los registros obrantes en el servidor de correo, emita el propio Colegio de Abogados, en el caso de remisión directa de correo electrónico.

En los casos de notificación por medio no electrónico, se acreditará con el correspondiente acuse de recibo. Si el destinatario rechazase, expresa o tácitamente, recibir la notificación se tendrá por efectuada válidamente la misma y se seguirá con los demás trámites.

g) Se podrá efectuar la notificación por medios no electrónicos en los siguientes supuestos:

• Cuando la notificación se realice con ocasión de la presencia física de la persona destinataria y esta solicite o acepte su recepción en ese momento.

• Cuando el Colegio considere procedente practicar la notificación por entrega personal al interesado o mediante correo postal.

• Cuando el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión a formato electrónico.

3. Son obligaciones colegiales las siguientes:

a) Cumplir las normas estatutarias y deontológicas, así como los acuerdos adoptados por los órganos corporativos.

b) Estar al corriente en el pago de sus cuotas colegiales ordinarias y extraordinarias.

c) Estar al corriente en el pago de las cuotas de previsión social, sea cual sea el régimen al que esté adscrito.

d) Denunciar ante Colegio todo acto de intrusismo o ejercicio ilegal que llegue a su conocimiento, ya sea por falta de colegiación, por suspensión o inhabilitación del denunciado o denunciada, o por estar incurso en supuestos de incompatibilidad o prohibición.

e) Comunicar al Colegio su domicilio, el de su despacho profesional principal y sus eventuales cambios.

f) Mantener despacho profesional abierto, propio, ajeno o de empresa, en el territorio del ICALPA al que esté incorporado como ejerciente en los términos que establece el Estatuto General de la Abogacía Española.

Artículo 22.- Derechos corporativos.

Son derechos de las personas colegiadas:

a) Participar en la gestión corporativa y, por tanto, ejercer los derechos de petición, de voto y de acceso a los cargos directivos, en la forma que establezcan las normas legales o estatutarias.

b) El voto de los abogados y abogadas tendrá, en todo caso, doble valor que el de los colegiados y colegiadas no ejerciente.

c) Recabar y obtener del Colegio, del Consejo Canario de Colegios de Abogados y todos los órganos corporativos, el amparo de su dignidad, independencia y lícita libertad de actuación profesional, así como de su derecho a conciliar la vida familiar con la actuación profesional.

d) Ser informados de los acuerdos adoptados por los órganos colegiales que les afecten. En todo caso, el presente Estatuto, las normas aprobadas por sus órganos y los acuerdos de interés general deberán figurar, debidamente actualizados, en la página web del Colegio y en las dependencias colegiales a disposición de quien lo solicite.

e) Formular moción de censura contra los miembros de la Junta de Gobierno, en los términos regulados en el presente Estatuto.

f) Aquellos otros que les confieren el presente Estatuto, los del Consejo Canario de Colegios de Abogados y cualesquiera otras disposiciones de carácter general.

Artículo 23.- Sometimiento a normas y decisiones del ICALPA y demás órganos rectores de la Abogacía.

Las personas colegiadas del ICALPA quedan sometidos al Estatuto General de la Abogacía Española, al Estatuto del Consejo Canario de Colegios de Abogados y al presente Estatuto, así como a los acuerdos emanados de la Junta General y de la Junta de Gobierno del ICALPA, y en general de los órganos rectores de la Abogacía.

Artículo 24.- Despacho profesional.

Los abogados y abogadas de este Colegio deberán mantener despacho profesional abierto, propio, ajeno o de empresa, en el lugar donde habitualmente ejerzan la profesión, dentro del ámbito territorial de competencia del ICALPA. Se exceptúan de estos deberes de residencia y de mantenimiento de despacho abierto a los profesionales de la Abogacía procedentes de otros Colegios, respecto de los cuales se entenderá cumplido este requisito por el hecho de mantener su residencia y despacho profesional en el Colegio de origen en el que más habitualmente ejerzan la profesión.

Todos los profesionales de la Abogacía tienen la obligación de comunicar al Colegio su domicilio, el de su despacho profesional principal y sus eventuales cambios.

Las notificaciones efectuadas en el domicilio profesional que conste en el Colegio tendrán plena validez, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda derivarse por no haber comunicado su eventual traslado.

Artículo 25.- Secreto profesional.

1. De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial, las normas deontológicas y el Estatuto General de la Abogacía Española, la confianza y confidencialidad en las relaciones con clientes imponen al profesional de la Abogacía, el deber y el derecho de guardar secreto de todos los hechos comunicaciones, datos, informaciones, documentos y propuestas que, como profesional de la Abogacía, haya conocido, emitido o recibido en cualquiera de las modalidades de su ejercicio profesional, no pudiendo ser obligado a declarar sobre ellos, sin perjuicio de lo previsto en cada caso por la legislación aplicable.

2. El ámbito del secreto profesional es el que se establece en el Estatuto General de la Abogacía Española.

3. El Decano o Decana del ICALPA o profesional de la Abogacía en quien delegue asistirá, a petición del interesado o interesada, a la práctica de los registros en despachos profesionales en el ámbito territorial del ICALPA, y a cuantas diligencias de revisión de los documentos, soportes informáticos o archivos intervenidos en aquel se practiquen, velando por la salvaguarda del secreto profesional y especialmente, porque el registro así como el resto de las actuaciones, a las que también asistirán, se limiten exclusivamente a la investigación del ilícito por razón del cual fueron acordados.

Artículo 26.- Libertad e independencia.

El profesional de la Abogacía, en cumplimiento de su misión, y como garantía de efectividad del derecho fundamental de defensa, actuará con toda libertad e independencia, sin otras limitaciones que las impuestas por la ley o por las normas de deontología profesional.

Artículo 27.- Ejercicio de su función.

La defensa jurídica es un deber y un derecho que a los abogados y abogadas se les confía. En consecuencia, podrán reclamar tanto de las Administraciones públicas como del Colegio, del Consejo Canario de Colegios de Abogados, del Consejo General de la Abogacía Española y de los particulares, todas las medidas de ayuda en el ejercicio de su función que les sean legalmente debidas. En el ámbito de su competencia, el ICALPA velará y garantizará la eficacia y correcto ejercicio del derecho de defensa, removiendo los obstáculos que dificulten la intervención libre e independiente del profesional de la Abogacía. En consecuencia, amparará al profesional de la Abogacía cuando sea inquietado, perturbado o presionado en el ejercicio de su función, asegurando que se guíe exclusivamente por criterios técnicos y profesionales para la mejor defensa de su cliente y en garantía de su derecho constitucional de defensa y de la realización de la justicia.

Artículo 28.- Publicidad.

1. Los abogados y abogadas pertenecientes al ICALPA podrán realizar libremente publicidad de sus servicios, siempre que respeten en todo caso la independencia, libertad, dignidad e integridad como principios esenciales y valores superiores de la profesión, así como el secreto profesional. El profesional de la Abogacía publicitará sus servicios con pleno respeto a la legislación sobre publicidad, defensa de la competencia y competencia desleal, así como al Estatuto General de la Abogacía Española y a los códigos deontológicos que resulten aplicables.

2. Se considerará contraria a las normas deontológicas de la Abogacía la publicidad que suponga:

a) Revelar directa o indirectamente hechos, datos o situaciones amparados por el secreto profesional.

b) Incitar genérica o concretamente al pleito o conflicto.

c) Ofertar sus servicios profesionales, por sí o mediante terceros, a víctimas directas o indirectas de catástrofes, calamidades públicas u otros sucesos que hubieran producido un número elevado de víctimas, sean o no delito, y a sus herederos o herederas y causahabientes, en momentos o circunstancias que condicionen la elección libre de abogado o abogada y, en ningún caso, hasta transcurridos 45 días desde el hecho, en los mismos términos que se establezcan en la Ley. Tampoco podrá dirigirse, por sí o mediante terceros, a quienes lo sean de accidentes o infortunios recientes, o a sus herederos o herederas o causahabientes, que carezcan de la plena y serena libertad de elección. Estas prohibiciones quedarán sin efecto en el caso de que la prestación de estos servicios profesionales haya sido solicitada expresamente por la víctima.

d) Prometer la obtención de resultados que no dependan exclusivamente de la actividad del abogado o abogada.

e) Hacer referencia directa o indirecta a clientes del propio abogado o abogada, sin su autorización, salvo lo previsto en el artículo 33.8 de este Estatuto.

f) Utilizar los emblemas o símbolos colegiales y aquellos otros que por su similitud pudieran generar confusión, a excepción de aquellos que se creen para distinguir la condición profesional y se encuentren autorizados por la Junta de Gobierno.

g) Mencionar actividades realizadas por el abogado o abogada que sean incompatibles con el ejercicio de la Abogacía.

3. Las menciones que a la especialización en determinadas materias incluyan los profesionales de la Abogacía en su publicidad deberán responder a la posesión de títulos académicos o profesionales específicos sobre las materias de que se trate, a la superación de cursos formativos de especialización profesional oficialmente homologados o a una práctica profesional que las avalen.

Artículo 29.- Sustitución en la actuación.

1. Los abogados y abogadas tienen plena libertad de aceptar o rechazar la dirección del asunto, así como de renunciar al mismo en cualquier fase del procedimiento, siempre que no se produzca indefensión al cliente.

2. Quienes hayan de encargarse de la dirección profesional de un asunto encomendado a otro compañero o compañera, deberán comunicárselo en alguna forma que acredite la recepción o, al menos, el intento de haberla procurado, dando cuenta de haber recibido el encargo del cliente.

3. La comunicación se hará inmediatamente después de aceptar el encargo y antes de iniciar cualquier actuación. Se deberá acusar recibo de la comunicación a la mayor brevedad poniendo a disposición del peticionario o peticionaria la información y documentación relativas al asunto que obre en su poder, así como proporcionarle los datos e informaciones que le sean necesarios.

4. Quien asuma la nueva dirección letrada deberá informar al cliente, en su caso, del derecho de quien le haya precedido en la dirección del asunto, de cobrar sus honorarios y de la obligación de aquel de abonarlos, sin perjuicio de una eventual discrepancia.

5. El nuevo profesional de la Abogacía queda obligado a respetar y preservar el secreto profesional sobre la documentación recibida, con especial atención a la confidencialidad de las comunicaciones entre compañeros y compañeras.

6. Si la sustitución entre profesionales tiene lugar en el marco de un expediente judicial electrónico, se estará a lo establecido en la legislación vigente al respecto.

Sección 2.ª

En relación con los Tribunales

Artículo 30.- Normas para actuar ante los Tribunales.

1. En su intervención ante los órganos jurisdiccionales, el profesional de la Abogacía deberá atenerse en su conducta a la buena fe, prudencia y lealtad. La forma de su intervención deberá guardar el debido respeto a dichos órganos y a los profesionales de la Abogacía defensores de las demás partes.

2. Los profesionales de la Abogacía tendrán derecho a intervenir ante los juzgados y tribunales de cualquier jurisdicción sentados en el estrado, al mismo nivel en que se halle instalado el órgano jurisdiccional ante el que actúen y vistiendo toga, adecuando su indumentaria a la dignidad de su función.

3. En todo caso, se atenderá a las indicaciones que, en el ejercicio de la policía de estrados, puedan adoptarse por el órgano judicial.

4. El profesional de la Abogacía actuante podrá ser auxiliado o sustituido en cualquier diligencia judicial por uno o varios compañeros en ejercicio, pudiendo intervenir dos o más profesionales de la Abogacía en las vistas siempre que esa intervención conjunta presente justificación suficiente a criterio del órgano judicial. Para la sustitución bastará la declaración del profesional de la Abogacía sustituto bajo su propia responsabilidad.

5. Los profesionales de la Abogacía que se hallen procesados o imputados y se defiendan así mismos o colaboren con su defensor usarán toga y, en este caso, ocuparán el sitio de los profesionales de la Abogacía.

6. Los profesionales de la Abogacía esperarán un tiempo prudencial sobre la hora señalada por los órganos judiciales para las actuaciones en que deban intervenir, transcurrido el cual, sin causa justificada, formularán la pertinente queja ante el mismo órgano. Asimismo, deberán denunciar el retraso ante la Junta de Gobierno del ICALPA para que pueda adoptarlas actuaciones pertinentes. El Colegio establecerá protocolos de actuación para que ante la reiteración de retrasos injustificados se presente la correspondiente denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial.

Artículo 31.- Independencia y libertad de actuación y derecho a la consideración profesional.

1. En su actuación ante los juzgados y tribunales los profesionales de la Abogacía son libres e independientes, gozarán de los derechos inherentes a la dignidad de su función y podrán solicitar ser amparados en su libertad de expresión y defensa, en los términos previstos en las normas aplicables.

2. Si el abogado o abogada actuante considerase que la autoridad, tribunal o juzgado coarta la independencia y libertad necesarias para cumplir sus deberes profesionales, o que no se le guardase la consideración debida a su profesión, podrá hacerlo constar así ante el propio juzgado o tribunal bajo la fe del Letrado o Letrada de la Administración de Justicia y dar cuenta a la Junta de Gobierno. Dicha Junta, si estimare fundada la queja, adoptará las medidas oportunas para amparar la libertad, independencia y prestigio profesionales.

3. El ICALPA notificará los amparos concedidos a la Administración, jueces o tribunales de quienes se estime que hayan coartado la libertad o independencia de los profesionales de la Abogacía y denunciará dichas conductas, cuando proceda, ante el Consejo General del Poder Judicial y las instituciones pertinentes. Asimismo, el ICALPA promoverá fórmulas para ser oído ante la Sala de Gobierno de sus respectivos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Canarias en los expedientes gubernativos seguidos contra cualquier profesional de la Abogacía y sus recursos.

Artículo 32.- Necesidad de identificación.

Los abogados y abogadas colegiados en el ICALPA deberán consignar en todas sus actuaciones su adscripción a este Colegio y su número de colegiación. Les acreditará el carné profesional expedido por el Colegio, o cualquier otro documento colegial justificativo de la inscripción como ejercientes.

Sección 3.ª

En relación con las partes

Artículo 33.- Respecto a su propio cliente.

1. Son obligaciones del abogado o de la abogada para con la parte que defienda, además de las que se deriven de sus relaciones contractuales fundadas en la recíproca confianza, el cumplimiento de la misión de asesoramiento o defensa que le sea encomendada con la máxima diligencia, procurando de modo prioritario la satisfacción de los intereses de su cliente.

2. El profesional de la Abogacía realizará, con plena libertad e independencia y bajo su responsabilidad, las actividades profesionales que le imponga la defensa del asunto que le haya sido encomendado, ateniéndose a las exigencias técnicas y deontológicas adecuadas a la tutela jurídica del asunto.

3. En todo caso, el abogado o la abogada deberá identificarse ante la persona a la que asesore o defienda, incluso cuando lo hiciere por cuenta de un tercero. El profesional de la Abogacía debe facilitar al cliente su nombre, número de identificación fiscal, Colegio al que pertenece y número de colegiado o colegiada, domicilio profesional y medio para ponerse en comunicación con él o con su despacho, incluyendo la vía electrónica. Si el cliente lo solicita, el profesional de la Abogacía pondrá a su disposición la información complementaria en la forma prevista en el Estatuto General de la Abogacía Española. Cuando se trate de una sociedad profesional o despacho colectivo, deberá informar al cliente de su denominación, forma, datos de registro, régimen jurídico, código de identificación fiscal, dirección o sede desde la que se presten los servicios y medios de contacto, incluyendo la vía electrónica. Cuando los servicios requeridos exijan la participación de diferentes profesionales de la Abogacía de una misma sociedad u organización, el cliente tendrá derecho a conocer la identidad de todos ellos, el Colegio al que pertenecen y, si se tratara de sociedades profesionales, si son o no socios, así como el profesional de la Abogacía que asuma la dirección del asunto.

4. El profesional de la Abogacía podrá renunciar a la defensa procesal que le haya sido confiada en cualquier fase del procedimiento, siempre que no se cause indefensión al cliente, estando obligado a despachar los trámites procesales urgentes. El profesional de la Abogacía podrá cesar en su intervención profesional cuando surjan discrepancias con su cliente y deberá hacerlo cuando concurran circunstancias que afecten a su independencia y libertad en la defensa o al deber de secreto profesional. El profesional de la Abogacía comunicará su renuncia por escrito dirigido al cliente y, en su caso, al órgano judicial o administrativo ante el que hubiere comparecido y deberá proporcionar al compañero que se haga cargo del asunto y que se lo requiera todos los datos e informaciones que sean necesarios para la adecuada defensa del cliente.

5. El profesional de la Abogacía tiene la obligación de informar a su cliente sobre la viabilidad del asunto que se le confía, procurará disuadirle de promover conflictos o ejercitar acciones judiciales sin fundamento y le aconsejará, en su caso, sobre las vías alternativas para la mejor satisfacción de sus intereses.

Asimismo, le informará sobre los honorarios y costes de su actuación, mediante la presentación de la hoja de encargo o medio equivalente. También le hará saber las consecuencias que puede tener una condena en costas y su cuantía aproximada.

El profesional de la Abogacía deberá informar a su cliente acerca del estado del asunto en que esté interviniendo y sobre las incidencias y resoluciones relevantes que se produzcan. En los procedimientos administrativos y judiciales, si el cliente lo requiere, le proporcionará copia de los diferentes escritos que se presenten o reciban, de las resoluciones judiciales o administrativas que le sean notificadas y de las grabaciones de actuaciones que se hayan producido.

6. El abogado o la abogada tiene obligación de no defender intereses en conflicto con aquellos cuyo asesoramiento o defensa le haya sido encomendada o con los suyos propios.

7. Los profesionales de la Abogacía pondrán a disposición de sus clientes un número de teléfono, una dirección de correo electrónico o una dirección postal a fin de que puedan dirigirles sus reclamaciones o peticiones de información sobre el servicio prestado.

8. Los profesionales de la Abogacía, que participen en un procedimiento de contratación pública, podrán incluir en su historial profesional referencias a los clientes para los que han prestado servicios en los términos previstos en el Estatuto General de la Abogacía Española.

9. El abogado/a tiene derecho a solicitar documentación del cliente y obligación de no retenerla, conservando copia.

Artículo 34.- Respecto a la parte contraria.

1. Cuando le conste que cuenta con asistencia letrada, el profesional de la Abogacía no podrá entrar en contacto directo con la parte contraria y solo se podrá relacionar con ella a través de su profesional de la Abogacía, salvo que este lo autorice expresamente.

2. Si la parte contraria no estuviese asistida por profesional de la Abogacía, el interviniente deberá evitar toda clase de abuso, con abstención u omisión de cualquier acto que determine una lesión injusta. En todo caso, le recomendará que designe profesional de la Abogacía.

3. En todo caso, se deberá mantener un trato considerado y cortés con la parte contraria.

Sección 4.ª

Formas de ejercicio profesional

Artículo 35.- Ejercicio individual.

1. El ejercicio individual de la Abogacía podrá desarrollarse por cuenta propia como titular de un despacho. El profesional de la Abogacía responderá profesionalmente frente a su cliente de las actuaciones que realicen los profesionales de la Abogacía que, en su caso, estuvieran integrados en su despacho, sin perjuicio de su facultad de repetir frente a estos. No obstante, todos los profesionales de la Abogacía actuantes quedan sometidos a los deberes deontológicos y asumirán su propia responsabilidad.

2. Los honorarios a cargo del cliente se devengarán a favor del titular del despacho, aun en el caso de que las actuaciones fueren realizadas por otros profesionales de la Abogacía por delegación o sustitución. A su vez, dicho titular responderá personalmente de los honorarios debidos a los profesionales de la Abogacía a los que encargue o en los que delegue actuaciones, aun en el caso de que el cliente dejase de abonárselos, salvo pacto escrito en contrario.

3. No se perderá la condición de profesional de la Abogacía titular de un despacho individual:

a) Cuando el profesional de la Abogacía se limite a compartir locales, instalaciones, servicios u otros medios con otros profesionales de la Abogacía, manteniendo la independencia de sus bufetes y sin identificación conjunta ante los clientes.

b) Cuando el profesional de la Abogacía concierte acuerdos de colaboración para determinados asuntos o clases de asuntos con otros profesionales de la Abogacía o despachos colectivos, nacionales o extranjeros, cualquiera que sea su forma.

4. Colaboración profesional.

a) El ejercicio de la Abogacía por cuenta propia en régimen de colaboración profesional deberá pactarse por escrito, fijando las condiciones, duración, alcance y régimen económico de la colaboración.

b) El profesional de la Abogacía colaborador, que actuará con plena independencia y libertad, deberá conocer la identidad del cliente, respecto de quien deberá cumplir todos sus deberes deontológicos.

c) El colaborador deberá hacer constar, en su caso, que actúa por sustitución o delegación del despacho con el que colabore.

5. Régimen laboral.

La Abogacía podrá ejercerse por cuenta ajena en régimen de relación laboral especial o común. La relación laboral de carácter especial de los profesionales de la Abogacía que prestan servicios en despachos de profesionales de la Abogacía, individuales o colectivos, se rige por la normativa reguladora de dicha relación laboral de carácter especial.

6. El abogado y abogada de empresa.

La Abogacía también podrá ejercerse por cuenta ajena como profesional de la Abogacía de empresa en régimen de relación laboral común, mediante contrato de trabajo formalizado por escrito y en el que habrán de respetarse la libertad, independencia y secreto profesional básicos para el ejercicio de la profesión y expresarse si dicho ejercicio fuese en régimen de exclusividad.

7. El ICALPA podrá exigir la presentación de los contratos de colaboración y de trabajo a fin de verificar si se ajustan a lo establecido en este Estatuto. En las actuaciones que realice el colaborador en régimen especial o en régimen de derecho laboral, por sustitución o por delegación del despacho con que colabore, deberá hacer constar en nombre y por cuenta de quien actúa.

8. La prestación por parte de un profesional de la Abogacía de asesoramiento jurídico en línea o a través de Internet constituye una forma de ejercicio de la profesión regulada y sometida al Estatuto General de la Abogacía Española y al resto del ordenamiento jurídico.

Artículo 36.- Ejercicio colectivo.

1. Los abogados y abogadas podrán ejercer la Abogacía colectivamente, mediante su agrupación bajo cualquiera de las formas lícitas en derecho, incluidas las sociedades profesionales, de acuerdo con lo dispuesto en la ley, en el Estatuto General de la Abogacía Española y en este Estatuto.

2. La agrupación habrá de tener como objeto exclusivo el ejercicio profesional de la Abogacía y estar integrada exclusivamente por abogados o abogadas en ejercicio, sin limitación de número.

3. La actuación profesional de quienes integren el despacho colectivo estará sometida a la disciplina colegial, respondiendo personalmente el abogado o la abogada que la haya efectuado. No obstante, se extenderá a todos los miembros del despacho colectivo el deber de secreto profesional, las incompatibilidades que afecten a cualquiera de sus integrantes y las situaciones de prohibición de actuar en defensa de intereses contrapuestos con los patrocinados por cualquiera de ellos.

4. En las intervenciones profesionales que realicen, en las hojas de encargo que suscriban y en las minutas que emitan, los profesionales de la Abogacía deberán dejar constancia de su condición de abogados o abogadas agrupados en un despacho colectivo. Los honorarios corresponderán al colectivo sin perjuicio del régimen interno de distribución que hayan convenido. No obstante, las actuaciones correspondientes a la asistencia jurídica gratuita tendrán carácter personal, aun cuando podrá abonarse la retribución a nombre del despacho colectivo, que deberá emitir la correspondiente factura o documento que la sustituya.

5. La responsabilidad civil que pudiese corresponder al despacho colectivo se exigirá conforme al régimen jurídico general que corresponda a la forma de agrupación utilizada. Además, sin perjuicio de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales, todos los profesionales de la Abogacía que hayan intervenido en un asunto responderán civilmente frente a sus clientes con carácter personal, solidario e ilimitado.

6. Para la mejor salvaguarda del secreto profesional y de las relaciones de compañerismo, las normas reguladoras del despacho colectivo podrán someter a arbitraje colegial las discrepancias que pudieran surgir entre sus miembros a causa del funcionamiento, separación o liquidación de dicho despacho.

7. La Junta de Gobierno podrá acordar la creación de un registro voluntario de despachos colectivos y el uso de distintivos que permitan la identificación de los despachos inscritos.

Artículo 37.- Colaboración multiprofesional.

1. Los profesionales de la Abogacía podrán asociarse en régimen de colaboración multiprofesional con otros profesionales liberales no incompatibles, utilizando cualquier forma lícita en derecho, incluidas las sociedades mercantiles, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que la agrupación tenga por objeto la prestación de servicios conjuntos, entre los que deberán incluirse necesariamente servicios jurídicos específicos que se complementen con los de las otras profesiones.

b) Que la actividad a que se vaya a desempeñar no afecte al correcto ejercicio de la Abogacía.

c) Que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 42 del Estatuto General de la Abogacía, en lo que afecte al ejercicio de la profesión, salvo su apartado primero.

2. Los profesionales de la Abogacía deberán separarse cuando cualquiera de sus integrantes incumpla las normas sobre prohibiciones, incompatibilidades o deontología propias de la Abogacía, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, fueran procedentes.

Artículo 38.- Sociedades profesionales.

1. Las sociedades profesionales que se constituyan para el ejercicio de la Abogacía se regirán por lo dispuesto en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales o legislación que la sustituya, por sus normas de desarrollo, por la normativa autonómica que, en su caso, sea aplicable, por el Estatuto General de la Abogacía Española y por el presente Estatuto. La Junta de Gobierno podrá acordar protocolos o normas complementarias que desarrollen las previsiones de este Estatuto.

2. Asimismo, se regirán por las mismas normas las sociedades profesionales que tengan por objeto el ejercicio profesional de varias actividades profesionales, cuando una de ellas sea la Abogacía.

3. El Colegio mantendrá un Registro de Sociedades Profesionales en el que se inscribirán obligatoriamente las siguientes sociedades profesionales, a los efectos de su incorporación al Colegio y de que este pueda ejercer sobre las mismas las competencias que le otorga el ordenamiento jurídico sobre las y los profesionales colegiados:

a) Las sociedades profesionales de abogados y abogadas, sean o no multidisciplinares, que tengan el domicilio social dentro del ámbito territorial del Colegio.

b) Las sucursales domiciliadas dentro de la demarcación territorial del Colegio de sociedades profesionales de abogados y abogadas, sean o no multidisciplinares, que tengan por objeto el ejercicio de la actividad profesional propia de la Abogacía y que tengan el domicilio social fuera del ámbito territorial del Colegio.

4. En la inscripción se harán constar las menciones exigidas, en su caso, por la normativa vigente para la inscripción de la forma societaria de que se trate y, al menos, los siguientes extremos:

a) Denominación o razón social y domicilio de la sociedad.

b) Fecha y reseña identificativa de la escritura pública de constitución y notaría autorizante; identificación de los otorgantes, expresando si son o no socios profesionales; y duración de la sociedad si se hubiera constituido por tiempo determinado.

c) La actividad o actividades profesionales que constituyan el objeto social.

d) Identificación tanto de los socios o socias profesionales, dejando constancia del número de colegiación y Colegio Profesional de pertenencia, como de los socios o socias no profesionales.

e) Identificación de las personas que se encarguen de la administración y representación, expresando si son o no socias profesionales.

5. Cualquier cambio de personas socias y administradoras y cualquier modificación del contrato social serán igualmente objeto de inscripción en el Registro de Sociedades Profesionales.

6. El Colegio ejercerá sobre las sociedades profesionales inscritas las mismas competencias que le atribuye el ordenamiento jurídico sobre abogados o abogadas ejercientes, en especial por lo que se refiere a la deontología profesional y al ejercicio de la potestad sancionadora. La falta de inscripción en el Registro de Sociedades Profesionales no será óbice para la acreditación de la existencia de sociedad profesional por cualquier otro medio admitido en derecho y la sujeción de la misma a las obligaciones colegiales correspondientes, particularmente a las deontológicas.

7. Las sociedades profesionales podrán prever en sus estatutos o acordar en un momento posterior que las controversias que surjan entre las personas socias, entre estas y las administradoras y entre cualquiera de ellas y la sociedad, incluidas las relativas al funcionamiento, separación, exclusión y determinación de la cuota de liquidación, se sometan a arbitraje colegial.

Artículo 39.- Asientos registrales de sociedades profesionales del ICALPA.

1. En el registro de sociedades profesionales del ICALPA se abrirá una hoja para cada entidad, en la que se inscribirán los datos que especifique en cada momento la legislación reguladora de las sociedades profesionales. El ICALPA especificará el contenido de dichas hojas, atendiendo a las previsiones legales aplicables, así como a las disposiciones que, en su caso, contemplen los protocolos o normas complementarias por la Junta de Gobierno del ICALPA.

2. Todos los actos inscribibles deberán comunicarse y presentarse a inscripción dentro del plazo de un mes a contar desde su adopción. Cuando consten en escritura pública deberá presentarse copia autorizada al solicitar la inscripción.

3. La inscripción o su denegación deberá efectuarse por el encargado del Registro en el plazo de dos meses desde su presentación. El silencio operará con carácter positivo, debiendo procederse en ese caso a practicar la inscripción.

4. Sin perjuicio de otras formas de publicidad que prevea la legislación sobre sociedades profesionales, la publicidad de los datos inscritos se realizará por certificación del contenido de la hoja o de sus asientos o por simple nota informativa o copia. Se fomentará la utilización de medios informáticos.

5. Todas las inscripciones que se practiquen devengarán el pago de los derechos que determine la Junta de Gobierno del ICALPA en función del coste del servicio.

TÍTULO IV

ABOGADOS PERTENECIENTES A OTRO ESTADO MIEMBRO DE LA UNIÓN EUROPEA O A ESTADOS DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

Artículo 40.- Libre prestación de servicios.

Los profesionales de la Abogacía establecidos con carácter permanente en un estado miembro de la Unión Europea podrán desarrollar libremente en España en régimen de prestación ocasional las actividades propias de la Abogacía, en las condiciones que se regulan en la normativa vigente.

Artículo 41.- Ejercicio de la Abogacía por personas de otros Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.

1. Las personas colegiadas de otros Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo que deseen ejercer su actividad profesional en España, de forma permanente y con su título profesional de origen, tendrán la denominación de “Abogado inscrito” o “Abogada inscrita”, y podrán incorporarse al ICALPA bajo las limitaciones previstas en la normativa relativa al ejercicio en España de la profesión de abogado o abogada con título profesional obtenido en otro estado miembro de la Unión Europea.

2. El “Abogado inscrito” o “Abogada inscrita” podrá ejercer la profesión según las modalidades de ejercicio previstas con carácter general en el presente Estatuto y en el Estatuto General de la Abogacía Española.

Artículo 42.- Concierto con profesional de la Abogacía Española.

1. Los profesionales de la Abogacía visitantes y los “profesionales de la Abogacía inscritos” deberán actuar concertadamente con un profesional de la Abogacía colegiado o colegiada en España en los términos previstos en las normativas aplicables.

2. El concierto deberá ser comunicado en cada caso al Colegio de Abogados ante cuyo Decanato se haya presentado la persona ejerciente o visitante o donde la persona ejerciente “inscrita” figure registrada, mediante escrito firmado por ambos profesionales. Asimismo, la existencia del concierto deberá hacerse constar en todas las actuaciones profesionales a que afecte.

3. El concierto obliga al ejerciente colegiado o colegiada a acompañar y asistir al Abogado o Abogada “inscrita” o visitante en las actuaciones profesionales.

TÍTULO V

ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA Y TURNO DE OFICIO

Artículo 43.- Organización y control.

1. Corresponde al Consejo Canario de Colegios de Abogados y a la Junta de Gobierno del ICALPA la regulación y organización de los servicios de asistencia letrada y de defensa y representación gratuitas, garantizando en todo caso su continuidad atendiendo a los principios de eficiencia y funcionalidad, de distribución objetiva y equitativa de los distintos turnos y medios y, cuando el censo de los profesionales lo permita, de especialización por materias y órganos jurisdiccionales.

La Junta de Gobierno del ICALPA establecerá las normas para su reparto entre los profesionales de la Abogacía que lo soliciten, así como los requisitos que deban cumplir aquellos que deban o quieran prestarlo, conforme al vigente Reglamento del Turno de Oficio que el ICALPA tenga en vigor en cada momento.

2. Los profesionales de la Abogacía desempeñarán las funciones a que se refiere el párrafo precedente con la libertad e independencia profesionales que les son propias y conforme a las normas éticas y deontológicas que rigen la profesión, sin perjuicio de las limitaciones de la normativa que regula el derecho de asistencia jurídica gratuita.

Corresponde a los abogados y abogadas el asesoramiento jurídico y defensa de oficio de las personas que tengan derecho a la asistencia jurídica gratuita, conforme a la legislación vigente y en los demás casos legalmente previstos.

3. Asimismo, corresponde a los profesionales de la Abogacía en los términos que exprese la legislación vigente, la asistencia a la persona detenida, presa o investigada que no lo hubiera designado, para cualquier diligencia policial que no sea consecuencia de un procedimiento penal en curso o en su primera comparecencia ante un órgano jurisdiccional, o cuando esta se lleve a cabo por medio de auxilio judicial y la persona detenida, presa o investigada no hubiere designado en el lugar donde se preste. Igualmente, será de aplicación dicha asistencia letrada a la persona reclamada y detenida como consecuencia de una orden de detención europea que no hubiere designado profesional de la Abogacía. No será necesario que la persona detenida, presa o investigada acredite previamente carecer de recursos, sin perjuicio de que, si no se le reconoce con posterioridad el derecho a la asistencia jurídica gratuita, deba abonar al abogado o abogada los honorarios devengados por su intervención. La invocación del derecho de autodefensa no impedirá la asistencia de abogado o abogada para atender los asesoramientos que al respecto se le soliciten y asumir la defensa si se le pidiere.

4. Corresponde a los profesionales de la Abogacía la defensa gratuita en el procedimiento judicial, cuando su intervención sea legalmente preceptiva o cuando, no siéndolo, sede alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que su intervención sea expresamente requerida por el juzgado o tribunal mediante auto motivado para garantizar la igualdad de las partes en el proceso.

b) Que, tratándose de delitos leves, la persona frente a la que se dirige el proceso penal haya ejercitado su derecho a estar asistido de profesional de la Abogacía y así se acuerde por el juzgado o tribunal, en atención a la entidad de la infracción de que se trate y las circunstancias personales del solicitante de asistencia jurídica.

5. El funcionamiento del Turno de Oficio será organizado por la Junta de Gobierno del ICALPA, procediendo a la designación del abogado o abogada que haya de asumir cada asunto, al control de su desempeño, a la exigencia de las responsabilidades disciplinarias a que hubiere lugar y al establecimiento de las normas y requisitos a que haya de atenerse la prestación de los servicios correspondientes, todo ello conforme a la legislación vigente. Los profesionales de la Abogacía desarrollarán las referidas funciones en el ámbito territorial de adscripción que corresponda en cada caso, de conformidad con las previsiones contenidas en las normas reguladoras de la asistencia jurídica gratuita y por el Reglamento del Turno de Oficio del ICALPA que se encuentre en vigor en cada momento.

6. La Administración pública abonará la remuneración de los servicios que se presten en cumplimiento de lo establecido en este capítulo y podrá efectuar el seguimiento y control periódico del funcionamiento del servicio y de la aplicación de los fondos públicos a él destinados, en la forma legalmente establecida.

Artículo 44.- Resolución de conflictos.

Corresponde al Consejo Canario de Colegios de Abogados la resolución de conflictos de competencia respecto a la tramitación de solicitudes de asistencia jurídica gratuita en caso de conflicto con otro Colegio de la Comunidad de Canarias. Corresponderá al Consejo General de la Abogacía Española en caso de conflicto con un Colegio que no pertenezca a la Comunidad de Canarias.

Artículo 45.- Requisitos generales.

Con carácter general, los profesionales de la Abogacía adscritos a los turnos de oficio o de defensa al detenido deberán reunir en todo momento las siguientes condiciones, sin perjuicio de cumplir los demás requisitos y trámites que acuerde la Junta de Gobierno del ICALPA y por el Reglamento del Turno de Oficio del ICALPA que se encuentre en vigor en cada momento:

1. Estar incorporados como ejercientes en este Colegio, al tiempo de tener que comenzar y seguir sus actuaciones.

2. Haber cumplido íntegramente la sanción que hubiere podido imponérsele en expediente disciplinario, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo II del Título VII de este Estatuto.

3. Tener cumplidas sus obligaciones económicas respecto al ICALPA y a la mutualidad de previsión social o, en su caso, al régimen que corresponda de la Seguridad Social de acuerdo con la legislación vigente y, en general, estar al corriente en todo momento en sus obligaciones de contribuir al levantamiento de las cargas corporativas.

La Junta de Gobierno podrá excluir de los turnos a quienes, por su prestación de servicios a la función pública o empresarial, estén sujetos al cumplimiento de un horario que les imposibilite u obstaculice gravemente el buen cumplimiento de las obligaciones inherentes al funcionamiento del turno de oficio o del turno de asistencia al detenido, cuya atención ha de cuidarse en todo momento con el máximo celo y diligencia.

TÍTULO VI

HONORARIOS PROFESIONALES

Artículo 46.- Derecho a su percepción.

1. El profesional de la Abogacía tiene derecho a una compensación económica adecuada por los servicios prestados, así como al reintegro de los gastos que se le hayan causado. La cuantía de los honorarios será libremente convenida entre el cliente y el abogado o abogada, con respeto a las normas deontológicas y las de competencia desleal.

2. Dicha compensación económica podrá asumir la forma de retribución fija, periódica o por horas. Respecto a las costas recobradas de terceros se estará a lo que libremente acuerden las partes.

Artículo 47.- Encargo profesional y obligación de emitir factura.

1. Antes de iniciar su actuación, el profesional de la Abogacía proporcionará a su cliente información sobre los honorarios y coste de su actuación, mediante la presentación de hoja de encargo o medio equivalente. El ICALPA promoverá y facilitará el uso de modelos de hojas de encargo.

2. El profesional de la Abogacía o la sociedad profesional deberán entregar factura al cliente. Esta factura tendrá que cumplir todos los requisitos legales y deberá expresar detalladamente los diferentes conceptos de los honorarios y la relación de gastos. En la medida de lo posible, se fomentará la utilización de la factura electrónica.

Artículo 48.- Criterios orientativos a efectos de tasación de costas y jura de cuentas.

El ICALPA podrá elaborar criterios orientativos de honorarios a los exclusivos efectos de tasación de costas y de la jura de cuentas de los profesionales de la Abogacía, así como informar y dictaminar sobre honorarios profesionales, pudiendo incluso emitir informes periciales, en los términos que establezca la Ley. Los citados criterios serán igualmente válidos para el cálculo de honorarios que correspondan a los efectos de tasación de costas en asistencia jurídica gratuita.

TÍTULO VII

DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA

CAPÍTULO I

RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA

Artículo 49.- Principios generales.

1. Los profesionales de la Abogacía y las sociedades profesionales en que participen o presten servicio están sujetos a responsabilidad disciplinaria.

2. Las facultades disciplinarias de la autoridad judicial sobre los profesionales de la Abogacía se ajustarán a lo dispuesto en las leyes procesales. Las sanciones o correcciones disciplinarias que impongan los tribunales al profesional de la Abogacía se harán constar en su expediente personal.

3. Las sanciones disciplinarias corporativas se harán constar en el expediente personal del colegiado o colegiada o en el particular de la sociedad profesional.

Artículo 50.- Competencia.

La Junta de Gobierno es competente para el ejercicio de la potestad disciplinaria, sobre los profesionales de la Abogacía y las sociedades profesionales que estén incorporados e inscritas, respectivamente, en cualquier colegio de España por infracciones disciplinarias descritas como tales en los artículos 53 a 55 de este Estatuto, que hayan sido cometidas en el ámbito territorial propio del ICALPA.

Artículo 51.- De la Comisión de Deontología.

La Junta de Gobierno designará de entre los colegiados y colegiadas ejercientes del ICALPA a los miembros de la Comisión de Deontología, órgano colegial competente, por delegación de aquella que este precepto estatutario le confiere, que tendrá encomendada a las siguientes funciones:

• Apertura y tramitación de expedientes de queja y disciplinarios Archivo de ambos tipos de expedientes.

• Designación de entre quienes la componen del instructor o instructora y el secretario o secretaria de cada expediente.

• Suspensión del expediente disciplinario. Propuesta de medidas cautelares.

• Propuesta de resolución por faltas muy graves, graves y leves.

No podrá formar parte de la Comisión Deontológica ningún miembro de la Junta de Gobierno.

CAPÍTULO II

INFRACCIONES Y SANCIONES DE LOS PROFESIONALES DE LA ABOGACÍA

Artículo 52.- Infracciones y sanciones.

Las infracciones que puedan llevar aparejada sanción disciplinaria se clasifican en muy graves, graves y leves.

Las sanciones que podrán imponerse a los profesionales de la Abogacía son las siguientes:

a) Apercibimiento por escrito.

b) Multa.

c) Suspensión del ejercicio de la Abogacía.

d) Expulsión del Colegio.

e) En las actuaciones desarrolladas en la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita, la exclusión del profesional de la Abogacía de dichos servicios.

Las sanciones que podrán imponerse a los profesionales de la Abogacía que sean tutores de prácticas externas de los cursos o másteres de acceso a la profesión son las siguientes:

a) Reprensión privada.

b) Apercibimiento verbal.

c) Apercibimiento por escrito.

d) Multa.

e) Pérdida de los reconocimientos, incentivos o ventajas obtenidos por el desempeño de su cargo de tutor.

f) Inhabilitación para ejercer la tutoría en cualquier curso o máster de acceso.

La imposición de cualquier sanción guardará la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada. A tal fin se considerará, en todo caso, la existencia de reincidencia y reiteración, teniendo especialmente en cuenta la naturaleza y entidad de los perjuicios causados a terceros o a la profesión.

Artículo 53.- Infracciones muy graves.

Son infracciones muy graves de los profesionales de la Abogacía:

a) La condena en sentencia firme por delitos dolosos, en cualquier grado de participación, como consecuencia del ejercicio de la profesión.

b) La condena en sentencia firme a penas graves conforme al artículo 33.2 del Código Penal.

c) El ejercicio de la profesión en vulneración de resoluciones administrativas o judiciales firmes de inhabilitación o prohibición del ejercicio profesional.

d) La colaboración o el encubrimiento del intrusismo profesional.

e) El ejercicio de la profesión estando incurso en causa de incompatibilidad.

f) La vulneración del deber de secreto profesional cuando la concreta infracción no esté tipificada de forma específica.

g) La renuncia o el abandono de la defensa que le haya sido confiada cuando se cause indefensión al cliente.

h) La negativa injustificada a realizar las intervenciones profesionales que se establezcan por ley.

i) La defensa de intereses contrapuestos con los del propio profesional de la Abogacía o con los del despacho del que formara parte o con el que colabore.

j) La indebida percepción de honorarios, derechos o beneficios económicos por los servicios derivados de la Ley 1/1996, de 10 de enero, o norma que la pudiera sustituir.

k) La retención o apropiación de cantidades correspondientes al cliente y recibidas por cualquier concepto.

l) La apropiación o retención de documentos o archivos relativos a clientes del despacho en el que haya estado integrado previamente, salvo autorización expresa del cliente.

m) El quebrantamiento de las sanciones impuestas.

n) La publicidad de servicios profesionales cuando con arreglo a lo dispuesto en el Estatuto General de la Abogacía Española los hechos revistan el carácter de infracción muy grave.

o) En las actuaciones desarrolladas en la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita tendrán la consideración de infracciones muy graves:

1) Solicitar o percibir del justiciable honorarios o derechos que no correspondan que este abone, de acuerdo con la legislación de justicia gratuita.

2) La falsedad en la justificación de asuntos relativos al Turno de Oficio y/o guardias.

3) Delegar el encargo de los asuntos asignados por Turno de Oficio y/o asistencia al detenido, de manera reiterada, a otro letrado o letrada no adscrito al turno de oficio.

4) Los actos y omisiones que constituyen una ofensa grave a la dignidad de la profesión o a las reglas deontológicas, así como realizar actos que impidan o alteren gravemente el funcionamiento normal del servicio.

Artículo 54.- Infracciones graves.

Son infracciones graves de los profesionales de la Abogacía:

a) La vulneración de los deberes deontológicos en los casos siguientes:

1) La infracción de los deberes de confidencialidad y de las prohibiciones que protegen las comunicaciones entre profesionales en los términos establecidos en el Estatuto General de la Abogacía Española.

2) El incumplimiento de los compromisos formalizados entre compañeros, verbalmente o por escrito, en el ejercicio de sus funciones profesionales.

3) La falta de respeto debido o la realización de alusiones personales de menosprecio o descrédito, en el ejercicio de la profesión, a otro profesional de la Abogacía o a su cliente.

4) La inducción injustificada al cliente a no abonar los honorarios devengados por un compañero o compañera en caso de sustitución o cambio de profesional de la Abogacía.

5) La retención de documentación de un cliente contra sus expresas instrucciones.

6) La falta de remisión de la documentación correspondiente al profesional de la Abogacía que le sustituya en la llevanza de un asunto.

7) La citación de un profesional de la Abogacía como testigo de hechos relacionados con su actuación profesional.

b) La publicidad de servicios profesionales con incumplimiento de los requisitos sobre publicidad determinados en el Estatuto General de la Abogacía Española, salvo lo previsto en el artículo 53.n) de este Estatuto.

c) El incumplimiento de los deberes de identificación e información que se recogen en el Estatuto General de la Abogacía Española.

d) El incumplimiento de las obligaciones en materia de reclamaciones recogidas en el Estatuto General de la Abogacía Española.

e) La falta de respeto debido a quienes intervengan en la Administración de Justicia.

f) La falta de pago de las cuotas colegiales, sin perjuicio de la baja en el Colegio por dicho motivo.

g) La falta de respeto debido o la incomparecencia injustificada a las citaciones efectuadas, bajo apercibimiento, por los miembros de la Junta de Gobierno en el ejercicio de sus funciones.

h) La falta de cumplimiento de sus funciones como miembros de Junta de Gobierno que impida o dificulte su correcto funcionamiento.

i) La condena penal firme por la comisión de delitos leves dolosos como consecuencia del ejercicio de la profesión.

j) La defensa de intereses en conflicto con los de otros clientes del profesional de la Abogacía o despacho del que formara parte o con el que colaborase, en vulneración de lo establecido en el Estatuto General de la Abogacía Española sobre el conflicto de intereses.

k) El incumplimiento injustificado del encargo contenido en la designación realizada por el Colegio en materia de asistencia jurídica gratuita.

l) El incumplimiento de la obligación de comunicar la sustitución en la dirección profesional de un asunto al compañero o compañera sustituido, en forma que permita la constancia de la recepción, acreditando haber recibido el encargo del cliente.

m) La relación o comunicación con la parte contraria cuando le conste que está representada o asistida por otro profesional de la Abogacía, salvo su autorización expresa.

n) El abuso de la circunstancia de ser el único profesional de la Abogacía interviniente causando una lesión injusta.

o) La incomparecencia injustificada a cualquier diligencia judicial, siempre que cause un perjuicio a los intereses cuya defensa le hubiera sido confiada.

p) El pago, cobro, exigencia o aceptación de comisiones u otro tipo de compensación de otro profesional de la Abogacía o de cualquier persona, infringiendo las normas legales sobre competencia o las reguladoras de la deontología profesional.

q) La negativa o el retraso injustificado a rendir cuentas del encargo profesional o a hacer la correspondiente liquidación de honorarios y gastos que le sea exigida por el cliente.

r) La compensación de honorarios con fondos del cliente que no hayan sido recibidos como provisión, sin su consentimiento.

s) La falsa atribución de un encargo profesional.

t) La embriaguez o consumo de drogas cuando afecten al ejercicio de la profesión.

u) La falta de contratación de seguro o garantía cuando la obligación de contar con dicho régimen de garantía para cubrir las responsabilidades por razón del ejercicio profesional así esté prevista por ley.

v) Los demás actos u omisiones que constituyan ofensa grave a la dignidad de la profesión y a las reglas que la gobiernan, conforme a lo establecido en los presente Estatuto y en el Estatuto General de la Abogacía Española.

w) En las actuaciones desarrolladas en la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita tendrán la consideración de infracciones graves:

1) No realizar la asistencia requerida durante la guardia, sin justificación.

2) No estar localizable o disponible durante todo el día de la guardia, sin causa justificada.

3) No realizar, sin causa justificada, las actuaciones dimanantes de la guardia cuando no se hallen comprendidas en el apartado xi. de esta letra w).

4) La delegación reiterada y/o sistemática de la designación asignada a otro letrado sin causa justificada y sin comunicación aceptada por el Colegio.

5) La delegación de la guardia o asistencia asignada a otro letrado sin causa justificada ni comunicación aceptada por el Colegio.

6) No comunicar al Colegio el cobro de honorarios tanto en el caso de condena en costas a la otra parte como en el caso de pago por su cliente al no serle concedido el beneficio de justicia gratuita, cuando el letrado o la letrada previamente haya percibido dichos honorarios de la Autoridad competente.

7) Realizar asistencias en los centros de detención o dependencias judiciales en días que no le correspondan, sin la autorización del Colegio o sin causa justificada.

8) La falta de colaboración con el Colegio en el trámite de auditoría, cuando sea requerido para la misma.

9) La ocultación al Colegio de estar incurso en causa de incompatibilidad para estar adscrito al turno de oficio o asistencia letrada.

10) La desatención de los requerimientos colegiales para tratar temas relacionados con las designaciones realizadas por turno de oficio, así como la negativa a recoger notificaciones relativas a ese particular, o dificultar o impedir la comunicación del Colegio con el Letrado.

11) No asistir a la vista, juicio o actuación preceptiva, de no mediar justa causa, siempre que cause un perjuicio a los intereses cuya defensa le hubiere sido confiada.

12) No cumplir los términos y plazos legales en la tramitación de los asuntos encomendados.

13) No presentar la solicitud de asistencia jurídica gratuita si con ello se ha causado un perjuicio al justiciable.

Artículo 55.- Infracciones leves.

Son infracciones leves de los profesionales de la Abogacía:

a) Ofender levemente en cualquier comunicación privada oral o escrita al profesional de la Abogacía de la parte contraria, siempre que no haya trascendido la ofensa.

b) Comprometer en sus comunicaciones y manifestaciones con el profesional de la Abogacía de la parte contraria al propio cliente con comentarios o manifestaciones que puedan causarle desprestigio.

c) Impugnar reiterada e injustificadamente los honorarios de otros profesionales de la Abogacía.

d) No atender con la debida diligencia las visitas, comunicaciones escritas o telefónicas de otros profesionales de la Abogacía.

e) No comunicar oportunamente al Colegio el cambio de domicilio profesional o cualquier otra circunstancia personal que afecte a su relación con aquel.

f) No consignar en el primer escrito o actuación su identificación, el Colegio al que estuviese incorporado y el número de colegiado o colegiada.

g) No atender con la diligencia debida los asuntos derivados del Turno de Oficio, cuando el incumplimiento no constituya infracción grave o muy grave.

h) En las actuaciones desarrolladas en la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita tendrán la consideración de infracciones leves:

1) No comunicar al ICALPA el cambio de domicilio profesional, números de teléfono o cualquier dato o circunstancia relevante que suponga una distorsión en el funcionamiento del servicio.

2) No estar localizable para la prestación de alguna asistencia durante el día de guardia, sin causa justificada.

3) Acudir con retraso, sin previo aviso o justificación, a realizar las actuaciones dimanantes de la guardia.

4) Renunciar o rechazar injustificadamente la guardia o asistencia designada.

5) No atender con la diligencia debida los asuntos derivados del Turno de Oficio, cuando el incumplimiento no constituya infracción grave o muy grave.

6) El retraso superior a tres meses, respecto del plazo establecido en el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de presentación en el ICALPA, de la solicitud de asistencia jurídica gratuita, siempre que con ello no se haya causado perjuicio al justiciable.

Artículo 56.- Sanciones.

1. Por la comisión de infracciones muy graves, atendiendo a criterios de proporcionalidad, podrá imponerse la expulsión del Colegio o la suspensión del ejercicio de la Abogacía por plazo superior a un año sin exceder de dos años.

2. Por la comisión de infracciones graves podrá imponerse la sanción de suspensión del ejercicio de la Abogacía por un plazo superior a quince días sin exceder de un año o multa pecuniaria por importe de entre 1.001 y 10.000 euros.

3. Por la comisión de infracciones leves podrá imponerse la sanción de apercibimiento por escrito, o suspensión del ejercicio de la Abogacía por un plazo no superior a quince días, o multa pecuniaria por importe de hasta 1.000 euros.

4. Las sanciones que se impongan por infracciones graves o muy graves relacionadas con actuaciones desarrolladas en la prestación de los servicios del Turno de Oficio, llevarán aparejada, en todo caso, la exclusión del abogado o abogada de dichos servicios, por un plazo de seis meses e inferior a un año, si la infracción fuera grave, y de un año y de un día a dos años si la infracción fuera muy grave. En los supuestos de infracciones leves, podrá imponerse la exclusión del abogado o abogada de dichos servicios por un plazo no superior a seis meses. Incoado un expediente disciplinario como consecuencia de una denuncia formulada por un usuario de los servicios de asistencia jurídica gratuita, y cuando la gravedad del hecho denunciado lo aconseje, podrá acordarse la separación cautelar, por plazo máximo de seis meses, del servicio del abogado o abogada presuntamente responsable, hasta que el expediente disciplinario se resuelva.

CAPÍTULO III

INFRACCIONES Y SANCIONES CORRESPONDIENTES A LAS SOCIEDADES PROFESIONALES

Artículo 57.- Remisión.

Las infracciones y sanciones de las sociedades profesionales serán las determinadas como tales por el Estatuto General de la Abogacía Española.

CAPÍTULO IV

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Artículo 58.- Procedimiento.

Las sanciones disciplinarias solo podrán imponerse en virtud de procedimiento instruido al efecto en el que se garanticen al interesado los derechos a ser notificado de los hechos que se le imputan, formular alegaciones y utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico que resulten procedentes.

El procedimiento se iniciará de oficio, por acuerdo de la Comisión de Deontología, el cual se adoptará por propia iniciativa, a instancias de la Junta de Gobierno o por denuncia.

Con anterioridad al acuerdo de iniciación, la Comisión de Deontología podrá abrir un periodo de información previa con el fin de determinar si procede o no iniciar un procedimiento sancionador. En el caso en que se acuerde su inicio, se deberá nombrar un instructor o instructora.

Artículo 59.- Procedimiento para la sanción de infracciones leves.

Las infracciones leves se sancionarán por la Junta de Gobierno mediante expediente limitado a la audiencia o descargo de la persona inculpada.

No será necesaria la apertura de expediente de información previa o disciplinario, sin perjuicio de que puedan finalizarse con sanción por falta leve, aunque sí será necesario que se haya concedido a la persona inculpada un plazo de al menos diez días para realizar las alegaciones que considere oportunas para su descargo, una vez se le haya comunicado la imputación.

En todo caso será instructor o instructora del expediente el miembro de la Comisión de Deontología que esta designe, que deberá proponer la sanción que se considere procedente.

La Junta de Gobierno, sin más trámite, adoptará la resolución de archivo o imposición de sanción.

Artículo 60.- Procedimiento para la sanción de infracciones muy graves y graves.

Las infracciones muy graves y graves se sancionarán por la Junta de Gobierno, previa la apertura del expediente disciplinario, tramitado conforme a lo dispuesto en este Estatuto y estándose, en lo no previsto, a lo dispuesto en el Estatuto General de la Abogacía Española y en las normas de procedimiento sancionador contenidas en la legislación administrativa básica.

No podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penalmente, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento. Cuando se esté tramitando un proceso penal por los mismos hechos, o por otros cuya separación de los sancionables con arreglo a este Estatuto sea racionalmente imposible, el procedimiento habrá de ser suspendido en su tramitación. La reanudación del procedimiento disciplinario quedará demorada hasta que recaiga resolución judicial firme que ponga fin al proceso penal.

Si, iniciado el procedimiento, el instructor o instructora apreciare que la conducta presuntamente infractora pudiera ser constitutiva de un ilícito penal, lo comunicará inmediatamente a la Junta de Gobierno para que esta, en su caso, decida sobre una eventual comunicación a la Fiscalía. El instructor o instructora propondrá a la Comisión Deontológica, mientras tanto, la suspensión del procedimiento.

La resolución que se dicte en el expediente disciplinario deberá respetar la relación de hechos contenida en la resolución penal que tenga el carácter de firme.

Artículo 61.- Medidas de carácter provisional.

La Junta de Gobierno podrá adoptar, mediante acuerdo motivado, las medidas de carácter provisional que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, el buen fin del procedimiento y evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción.

Las medidas de carácter provisional podrán consistir en la suspensión en el ejercicio profesional de la persona afectada.

Se ajustarán a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los objetivos que se pretendan garantizar en cada caso concreto, y se mantendrán en los supuestos de suspensión del expediente disciplinario.

La resolución que acuerde las medidas de carácter provisional deberá ser notificada a la persona colegiada afectada y será recurrible conforme a lo previsto en este Estatuto.

Artículo 62.- Tramitación y resolución.

1. Tramitación del procedimiento, notificaciones y prórrogas de plazos.

El procedimiento disciplinario se impulsará de oficio en todos sus trámites, siendo en todo caso de obligado cumplimiento los principios de la potestad sancionadora contenidos en las leyes administrativas comunes. La tramitación y las notificaciones se ajustarán a lo establecido en el presente Estatuto.

Los plazos establecidos en esta regulación estatutaria del procedimiento disciplinario serán prorrogables, salvo disposición expresa en contrario, a propuesta razonada de la persona que instruya el expediente, aprobada por la Comisión de Deontología. Aprobación que deberá efectuarse en todo caso antes de su vencimiento. El acuerdo sobre la prórroga, que se notificará a la persona colegiada afectada, no será recurrible, sin perjuicio de lo que pueda alegarse por los interesados o interesadas para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento y en la eventual impugnación de tales actos en los ulteriores recursos que, en su caso, se interpongan contra la misma.

2. Derechos de las personas colegiadas en el procedimiento disciplinario.

Las personas colegiadas respecto de quienes se sigan procedimientos disciplinarios tendrán los siguientes derechos:

a) A la presunción de inocencia.

b) A ser notificadas de los hechos que se les imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer, así como de la identidad de la persona instructora, del órgano competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia.

c) A abstenerse de declarar en el procedimiento seguido en su contra, formular alegaciones y utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico que resulten procedentes.

d) A los demás derechos reconocidos por las leyes administrativas comunes.

3. Iniciación del procedimiento.

El procedimiento se iniciará de oficio por acuerdo de la Comisión de Deontología, el cual se adoptará por propia iniciativa, a instancias de la Junta de Gobierno o por denuncia. La denuncia deberá expresar:

a) La identidad de la persona que la presenta y, de formularse mediante representante, acreditarse debidamente la representación con la que se actúa.

b) El relato de los hechos que pudieran resultar constitutivos de infracción y la fecha de su comisión

c) La identificación de las personas presuntamente responsables.

Presentada la denuncia, podrá requerirse a la persona denunciante, por plazo de diez días, para que complete, aclare o aporte la documentación o antecedentes que sean necesarios para determinar su admisión a trámite y señale domicilio a efectos de notificaciones. El requerimiento contendrá la advertencia de que, expirado el plazo sin haberse atendido, podrá decretarse su archivo.

La mera presentación de la denuncia no otorga a la persona denunciante la consideración de interesada. No obstante, se le comunicarán los acuerdos y resoluciones que pongan fin definitivamente al procedimiento disciplinario.

Si los hechos afectasen a un miembro de la Junta de Gobierno, del Consejo Canario de Colegios de Abogados o del Consejo General de la Abogacía Española, la iniciación del procedimiento dará origen exclusivamente a la remisión del expediente al Consejo General de la Abogacía o al Consejo Canario de Colegios de Abogados, siendo de la exclusiva competencia de tales Consejos la apertura de expediente disciplinario, la instrucción de la información previa o el archivo de las actuaciones sin más trámite.

4. Actuaciones previas al Expediente Disciplinario e Información previa.

La Comisión de Deontología podrá dictar resolución motivada de archivo de las actuaciones o iniciar el procedimiento abriendo un expediente de queja o de información previa con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de proceder a la apertura de expediente disciplinario.

La apertura de información previa se notificará al afectado o afectada con la advertencia de que las alegaciones y descargos que efectúe podrán servir para la adopción de acuerdo de imposición de una sanción por infracción leve.

La notificación al afectado o afectada del acuerdo de incoación de información previa interrumpe el plazo de prescripción de la falta, reanudándose el cómputo del plazo si en los tres meses siguientes no se incoa expediente disciplinario.

El acuerdo de apertura de información previa no es susceptible de recurso alguno.

Concluido el trámite, el órgano competente adoptará acuerdo de archivo, de imposición de una sanción por infracción leve o de apertura de expediente disciplinario. El acuerdo se notificará a la persona afectada.

5. Apertura de expediente disciplinario.

La apertura del expediente disciplinario será acordada por la Comisión de Deontología que designará, de entre sus miembros, a la persona instructora y al secretario o secretaria del expediente.

La Comisión de Deontología solo podrá sustituir a la persona instructora o al secretario o secretaria de un expediente disciplinario que hubiese aceptado el cargo, en los supuestos de fallecimiento, renuncia y resolución favorable a la abstención o recusación. La apertura del expediente disciplinario, incluyendo el nombramiento de la persona instructora y de secretario o secretaria, se notificará a la persona expedientada.

La aceptación de la excusa de tales nombramientos y de la renuncia a los cargos una vez aceptados, así como la apreciación de las causas de abstención y recusación, será competencia exclusiva de la Comisión de Deontología. El derecho de recusación podrá ejercitarse desde el momento en que el interesado o la interesada tenga conocimiento de la identidad de la persona instructora y del secretario o secretaria designados, pudiendo promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación del procedimiento. Serán de aplicación en materia de abstención y recusación de la persona instructora y del secretario o secretaria del expediente las normas contenidas en las leyes administrativas comunes.

La persona instructora, bajo la fe del secretario o secretaria, ordenará la práctica de cuantas diligencias sean adecuadas para la determinación y comprobación de los hechos y de cuantas pruebas puedan conducir a su esclarecimiento y a la determinación de las responsabilidades susceptibles de sanción.

Cesarán como integrantes de la Comisión Deontológica aquellos colegiados y colegiadas que formalicen su candidatura a cualquier cargo de los de la Junta de Gobierno, con efectos desde el día inmediato siguiente al de la presentación de aquella siendo sustituidos en las responsabilidades de instructor y secretario por quienes designe la Comisión Deontológica.

6. Pliego de cargos.

La persona instructora formulará el pliego de cargos, que se notificará al expedientado junto con el acuerdo de apertura del expediente disciplinario.

El pliego de cargos deberá redactarse de modo claro y preciso, comprenderá los hechos imputados al inculpado o a la inculpada en párrafos separados y numerados por cada uno de ellos y expresará la infracción presuntamente cometida y las sanciones que se le pudieran imponer, con cita concreta de los preceptos aplicables de este Estatuto o del Estatuto General de la Abogacía Española aplicables, incluyendo igualmente la identidad de la persona instructora y del órgano competente para imponer la sanción.

El Pliego de cargos deberá contener la indicación de la posibilidad de la persona expedientada de reconocer voluntariamente su responsabilidad, en cuyo caso se podrá resolver el procedimiento, imponiendo la sanción que corresponda en su grado mínimo.

7. Contestación al pliego de cargos.

El pliego de cargos se notificará a la persona inculpada, concediéndole un plazo improrrogable de diez días, a los efectos de que pueda contestarlo con las alegaciones que considere pertinentes y aportando los documentos que considere de interés. La persona inculpada podrá proponer en su contestación al pliego de cargos, la práctica de cualquier medio de prueba admisible en Derecho que crea necesario y acompañar los documentos que considere convenientes.

8. Periodo de prueba.

La persona instructora dispondrá de un plazo de 30 días para la práctica de las pruebas que estime pertinentes para la determinación de hechos y posibles responsabilidades. Asimismo, cuando lo considere necesario, el Instructor, a petición de los interesados, podrá decidir la apertura de un periodo extraordinario de prueba por un plazo no superior a diez días.

Tal práctica podrá incluir pruebas no propuestas por los afectados o afectadas. El mencionado plazo se computará desde que se conteste el pliego de cargos o transcurra el plazo establecido para ello sin hacerlo. La persona instructora, en resolución que habrá de ser siempre motivada, podrá denegar la admisión y práctica de las pruebas que considere improcedentes, porque por su relación con los hechos no puedan alterar la resolución final a favor del presunto o presunta responsable. Tal resolución será recurrible cuando determine la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzca indefensión, debiendo manifestarse la oposición en los demás casos mediante la oportuna alegación por el afectado o la afectada para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento y en la impugnación de tales actos en el recurso que, en su caso se interponga contra la misma. Para la práctica de las pruebas que haya de efectuar la propia persona instructora, se notificará a la persona inculpada el lugar, fecha y hora, a fin de que pueda intervenir.

9. Propuesta de resolución.

La persona instructora, dentro de los veinte días siguientes a la expiración del periodo de proposición y práctica de la prueba, formulará y notificará la propuesta de resolución, en la que fijará con precisión los hechos, efectuará la calificación jurídica de los mismos a los efectos de determinar la infracción o infracciones que considere cometidas y señalará las posibles responsabilidades a cuantas personas figuren como inculpadas, así como la propuesta de sanción a imponer.

10. Alegaciones de la persona inculpada.

La propuesta de resolución se notificará a la persona inculpada para que, en el plazo improrrogable de diez días, con vista del expediente, pueda alegar ante la persona instructora cuanto considere conveniente en su defensa.

11. Elevación del expediente a la Junta de Gobierno.

La persona instructora, oído el inculpado o la inculpada o transcurrido el plazo sin alegación alguna, remitirá en el plazo de quince días hábiles desde su terminación, la propuesta de resolución junto con el expediente completo a la Junta de Gobierno, órgano competente para resolver.

12. Resolución del expediente.

La resolución que ponga fin al procedimiento disciplinario habrá de ser acordada en el plazo máximo de treinta días desde la recepción de la propuesta de la persona instructora, tendrá que ser motivada, resolverá todas las cuestiones planteadas en el expediente y no podrá aceptar hechos distintos de los que sirvieron de base al pliego de cargos y a la propuesta de resolución, sin perjuicio de su distinta valoración jurídica.

No obstante, cuando el órgano competente para resolver considere que la calificación de la infracción reviste mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución, se notificará a la persona expedientada para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes, concediéndosele un plazo de diez días, y quedando suspendido durante este periodo el plazo máximo para resolver y notificar la resolución.

La resolución deberá adoptarse y notificarse en el plazo de treinta días desde la recepción de la propuesta. En todo caso los acuerdos de suspensión por más de seis meses o expulsión deberán ser tomados por la Junta de Gobierno mediante votación secreta y con la conformidad de las dos terceras partes de sus componentes. A esta sesión estarán obligados a asistir todos los componentes de la Junta de Gobierno de modo que el que sin causa justificada no concurriese cesará como miembro de la Junta de Gobierno y no podrá presentarse como candidato o candidata en la elección mediante la que se cubra su vacante.

La resolución se notificará a la persona expedientada y, en su caso, a la denunciante conforme a lo dispuesto en el artículo 102.2 de este Estatuto.

Artículo 63.- Recursos.

1. Actos recurribles

Los interesados e interesadas podrán interponer recurso de alzada contra los siguientes actos:

a) Las resoluciones de las personas instructoras por las que se deniegue la admisión y práctica de las pruebas que consideren improcedentes.

b) Las resoluciones de la Junta de Gobierno por las que se imponga sanción y las que acuerden medidas de carácter provisional.

c) Los actos de la Comisión de Deontología y de la Junta de Gobierno que contengan cualquier otra decisión dentro del procedimiento que, aunque tenga el carácter de acto de trámite, determinen la imposibilidad de continuarlo o produzcan indefensión.

No será recurrible el acuerdo de apertura del expediente disciplinario así como los actos de mero trámite, sin perjuicio de las alegaciones que pudiera realizar el colegiado o colegiada interesado y su eventual reproducción en el recurso que se formulare contra las resoluciones citadas.

2. Régimen de los recursos.

El recurso de alzada podrá interponerse por los interesados o interesadas mediante escrito a presentar ante la Junta de Gobierno del Colegio o ante el Consejo Canario de Colegios de Abogados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103 de este Estatuto.

La resolución del recurso de alzada pone fin a la vía administrativa, siendo inmediatamente ejecutiva y susceptible de recurso contencioso-administrativo.

Artículo 64.- Ejecución de las sanciones.

Las sanciones disciplinarias serán ejecutivas una vez sean firmes en vía administrativa.

Artículo 65.- Caducidad del procedimiento.

Si no hubiese recaído resolución transcurrido seis meses desde la iniciación del expediente disciplinario, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables al interesado, se producirá la caducidad del procedimiento sancionador.

La declaración de caducidad de oficio o a instancia de la propia persona interesada no impedirá la incoación de un nuevo expediente disciplinario en el supuesto de que la falta cometida no hubiera prescrito.

Artículo 66.- Extinción de la responsabilidad disciplinaria.

1. La responsabilidad disciplinaria de los colegiados y colegiadas se extingue por el cumplimiento de la sanción, el fallecimiento, la prescripción de la infracción y la prescripción de la sanción. En el supuesto en que la sanción impuesta fuera la de expulsión del ICALPA deberá estarse a lo que establece el Estatuto General de la Abogacía Española en materia de rehabilitación.

2. La baja en el Colegio no extingue la responsabilidad disciplinaria contraída durante el periodo de alta, sino que se concluirá el procedimiento disciplinario y se acordará la sanción que corresponda. En el supuesto en que la sanción no pueda hacerse efectiva, quedará en suspenso para ser cumplida si la persona sancionada causase nuevamente alta en el Colegio o en cualquiera de los Colegios de España.

Artículo 67.- Prescripción de las infracciones.

1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses.

2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento de la persona interesada, del procedimiento sancionador.

En todo caso se reanudará el cómputo del plazo de prescripción si el procedimiento permaneciere paralizado durante más de un mes por causa no imputable al colegiado o colegiada.

Artículo 68.- Prescripción de las sanciones.

1. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres años; las impuestas por infracciones graves, a los dos años; y las impuestas por infracciones leves, a los seis meses.

2. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contar desde el día siguiente a aquel en que puedan ser ejecutadas. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento de la persona interesada, del procedimiento de ejecución, volviendo a trascurrir el plazo si aquel está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor o infractora.

3. El plazo de prescripción de la sanción, cuando la persona sancionada quebrante su cumplimiento, comenzará a contar desde la fecha del quebrantamiento.

TÍTULO VIII

DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

CAPÍTULO I

LA JUNTA DE GOBIERNO

Sección 1.ª

Composición y funciones

Artículo 69.- Composición de la Junta de Gobierno.

1. El gobierno del ICALPA estará presidido por los principios de democracia, autonomía y transparencia. Asimismo, deberá procurar la incorporación de medidas que promuevan la igualdad efectiva de hombres y mujeres en la provisión de los órganos colegiales.

2. El Colegio estará regido por una Junta de Gobierno que estará constituida por doce miembros: un Decano o Decana, un Vicedecano o Vicedecana, un tesorero o tesorera, un secretario o secretaria, un bibliotecario o bibliotecaria, y siete diputados o diputadas. Los diputados o diputadas actuarán como vocales de la Junta, desempeñando las funciones que esta Junta acuerde y las que el presente Estatuto y las leyes les encomienden. Sus cargos estarán numerados a fin de sustituir por orden numérico creciente al Decano o Decana en caso de enfermedad, ausencia o vacante, siempre que no pueda hacerlo el Vicedecano o Vicedecana. Cuando por cualquier motivo quede vacante, definitiva o temporalmente, el cargo de Vicedecano o Vicedecana, secretario o secretaria, bibliotecario o bibliotecaria o el cargo de tesorero o tesorera, serán sustituidos por diputados y diputadas por orden numérico decreciente.

Artículo 70.- Funciones de los miembros de la Junta de Gobierno.

1. Decano o Decana. Corresponderá al Decano o Decana la representación institucional y oficial del Colegio en todas las relaciones del mismo con los poderes públicos, entidades, corporaciones y personalidades de cualquier orden; ejercerá las funciones de vigilancia y corrección que el Estatuto reservan a su autoridad; presidirá las Juntas de Gobierno y las Juntas Generales y todas las Comisiones y Comités especiales a los que asista, dirigiendo las discusiones con voto de calidad en caso de empate. El Decano o Decana, ostentará el cargo de la presidencia nata de la Real Academia Canaria de Jurisprudencia y Legislación, del Aula de Práctica Jurídica, así como de todas las Secciones o Comisiones creadas o que se creen en el seno de este Colegio. El Decano o Decana propondrá los profesionales de la Abogacía que deban formar parte de los tribunales de oposición y concursos, entre los que reúnan las circunstancias necesarias al efecto. Además de todas estas atenciones, se esforzará principalmente en mantener con todos los compañeros y compañeras una relación asidua de protección y consejo, fomentando la cooperación, la competencia leal y la tutela del derecho de defensa frente a cualquier injerencia, limitación o restricción ilegítima.

2. Vicedecano o Vicedecana. Llevará a cabo todas aquellas funciones que le confiera el Decano o Decana, asumiéndolas en caso de ausencia, enfermedad, abstención, recusación o vacante.

3. Secretario o secretaria. Le corresponden las funciones siguientes:

a) Redactar y dirigir los oficios de citación para todos los actos del Colegio, según las instrucciones que reciba del Decano o Decana, con la anticipación debida.

b) Redactar las Actas de las Juntas Generales y las que celebre la Junta de Gobierno.

c) Llevar los libros necesarios para el mejor y más ordenado servicio, debiendo existir obligatoriamente aquel en el que se anoten las correcciones que se impongan a los colegiados y colegiadas, así como el Libro registro de títulos, de árbitros, de letrados asesores de entidades mercantiles y de despachos colectivos o multiprofesionales.

d) Recibir y dar cuenta al Decano o Decana de todas las solicitudes y comunicaciones que se remitan al Colegio.

e) Expedir con el visto bueno del Decano o Decana las certificaciones que se soliciten por las personas interesadas.

f) Organizar y dirigir las oficinas y ostentar la jefatura de personal, y proponer la contratación y cese de los miembros de la plantilla del Colegio.

g) Llevar un registro en el que, por orden alfabético de los apellidos, se consigne el historial de los profesionales de la Abogacía dentro del Colegio.

h) Revisar cada año las listas de los profesionales de la Abogacía del Colegio, expresando su antigüedad y domicilio.

i) Tener a su cargo el archivo y sello del Colegio.

4. Tesorero o tesorera. Le corresponden las funciones siguientes:

a) Materializar la recaudación y custodiar los fondos del Colegio.

b) Realizar los cobros y pagos derivados del presupuesto de ingresos y gastos anual y cuantos, en general, acuerde la Junta de Gobierno o procedan de acuerdos firmes adoptados por la Junta General.

c) Informar periódicamente a la Junta de Gobierno de la cuenta de ingresos y gastos y marcha del presupuesto; y formalizar anualmente las cuentas del ejercicio económico vencido.

d) Redactar y proponer el presupuesto de ingresos y gastos anuales que la Junta de Gobierno haya de presentar a la aprobación de la Junta General.

e) Ingresar y retirar fondos de las cuentas bancarias con su sola firma o con las demás que acuerde la Junta de Gobierno.

f) Llevar inventario minucioso de los bienes del Colegio, de los que será administrador o administradora.

g) Controlar la contabilidad y verificar la caja.

h) Cobrar los intereses y rentas del capital del Colegio.

5. Bibliotecario o bibliotecaria. Le corresponden las funciones siguientes:

a) Dirigir y cuidar la biblioteca y los fondos bibliográficos y documentales depositados en ella.

b) Formar, llevar y actualizar periódicamente el catálogo de las obras y publicaciones existentes en la biblioteca.

c) Proponer a la Junta de Gobierno la adquisición de colecciones, libros o revistas que fueran procedentes a los fines corporativos.

6. Diputados y Diputadas. Llevarán a cabo los servicios que el Decano o Decana o la Junta de Gobierno les encomiende, y las sustituciones que les competan. Desempeñarán a título meramente enunciativo, las siguientes funciones que, por acuerdo de Junta de Gobierno, se asignarán a quienes en cada caso se estime más convenientes para su mejor desarrollo y eficacia:

a) Ejercer la inspección de cuanto afecte al intrusismo, en todas sus formas, e investigar si ejerce indebidamente la profesión, aquella persona en quien no concurran los requisitos legales.

b) Atender a las relaciones con los tribunales, en cuantas incidencias se deriven del ejercicio de la profesión por los y las profesionales de la Abogacía del Colegio, vigilando especialmente que se respeten cuantos derechos les correspondan y cumplan los deberes que la defensa y las normas estatutarias les imponen, sobre todo cuando tengan encomendados los servicios relativos al Turno de Oficio y asistencia jurídica gratuita.

c) Cuidar de las relaciones del Colegio y de sus colegiados y colegiadas, con las mutualidades de previsión social de la Abogacía y de las funciones de la labor asistencial que desarrolle el Colegio.

d) Organizar, vigilar y controlar el servicio de Turno de Oficio y de asistencia jurídica gratuita.

Artículo 71.- Tratamiento e insignias.

El ICALPA tendrá el tratamiento de Ilustre y el Decano o la Decana de Excelentísimo Señor o Excelentísima Señora. Tanto dichos tratamientos como la denominación honorífica de Decano o Decana se ostentarán con carácter vitalicio.

El Decano o Decana y los miembros de la Junta de Gobierno usarán en los actos oficiales, como distintivo de su personalidad, las medallas con cordón, colgadas al cuello, que tradicionalmente ya se vienen utilizando, así como togas con el escudo del Colegio, pudiendo igualmente utilizar una medalla de solapa. Las medallas con cordón, se utilizarán únicamente mientras se pertenezca a la Junta de Gobierno, pudiendo usarse las de solapa, en todo momento, incluso después de cesar en el cargo.

Artículo 72.- Atribuciones de la Junta.

Son atribuciones de la Junta de Gobierno todas aquellas necesarias para el cumplimiento de los fines y funciones del Colegio, salvo las reservadas a la competencia exclusiva de la Junta General, y especialmente:

A) En relación con el ejercicio profesional y con los colegiados y colegiadas.

1. Someter a referéndum por sufragio secreto, asuntos concretos de interés colegial.

2. Resolver sobre la admisión de quienes soliciten incorporarse al Colegio pudiendo delegar esta facultad en el Decano o Decana en casos de urgencia, debiendo ser ratificada por la Junta de Gobierno.

3. Velar porque los colegiados y colegiadas observen buena conducta con relación a los tribunales, a sus compañeros y compañeras, a sus clientes, y en el desempeño de su función desplieguen la necesaria diligencia y competencia profesional.

4. Impedir el ejercicio de la profesión a quienes lo hagan en forma y bajo condiciones contrarias al orden legal establecido.

5. Perseguir a quienes infrinjan lo regulado en el número anterior, así como a las personas, naturales o jurídicas, que faciliten dicho irregular ejercicio profesional, ejercitando frente a estas cuantas acciones jurisdiccionales fuesen necesarias o convenientes.

6. Ejercitar las acciones y actuaciones oportunas para impedir y perseguir el intrusismo, así como el ejercicio de la profesión por quienes la ejerciesen en forma y bajo condiciones contrarias a las legalmente establecidas, sin excluir a las personas, naturales o jurídicas, que faciliten el ejercicio profesional irregular.

7. Establecer las cuotas de incorporación, que no podrán superar en ningún caso los costes asociados a la tramitación de la inscripción, las ordinarias y los derechos que deban satisfacer los colegiados y colegiadas para el sostenimiento de las cargas y servicios colegiales.

8. Proponer a la Junta General, si lo estima necesario, la imposición de cuotas extraordinarias a sus colegiados y colegiadas.

9. Recaudar el importe de las cuotas y de los otros recursos establecidos para el sostenimiento de las cargas del ICALPA, del Consejo Canario de Colegios de Abogados y del Consejo General de la Abogacía Española.

10. Informar a requerimiento de los juzgados y tribunales, a los efectos de tasaciones de costas y jura de cuentas a la hora de emitir los informes previstos en la Ley.

11. Convocar elecciones para proveer los cargos de la Junta de Gobierno, disponiendo lo necesario para su elección, conforme a las normas legales y estatutarias.

12. Convocar Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias, señalando el orden del día para cada una.

13. Ejercer la potestad disciplinaria.

14. Proponer los Reglamentos de régimen interno que juzgue convenientes, que precisarán la aprobación de la Junta General para su vigencia.

15. Crear Delegaciones y nombrar a sus delegados, Comisiones, Agrupaciones y Secciones de colegiados y colegiadas que fueren necesarias para el estudio y desarrollo de las materias que puedan interesar a los fines de la Corporación y a la defensa y promoción de la Abogacía.

16. Decidir la constitución, suspensión o disolución de las Agrupaciones y Secciones de profesionales de la Abogacía que puedan constituirse en el seno del Colegio, así como sus estatutos.

17. Velar porque en el ejercicio profesional se observen las condiciones de dignidad y prestigio que corresponden al abogado y abogada, así como propiciar la armonía y colaboración entre los colegiados y colegiadas, impidiendo la competencia desleal conforme a la legislación vigente.

18. Informar a los colegiados y colegiadas con prontitud de cuantas cuestiones puedan afectarles, ya sean de índole corporativa, colegial, profesional o cultural, de las que la Junta de Gobierno tenga noticias en el ejercicio de su función o en el de alguno de sus miembros o representantes de ellos.

19. Regular, en los términos legalmente establecidos, el funcionamiento y la designación para prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita y turno de oficio.

20. Aprobar normas de desarrollo para la aplicación y cumplimiento del presente Estatuto.

21. Adoptar los acuerdos para la contratación de los empleados y empleadas necesarios que se requiera para la buena marcha de la corporación.

22. Elaborar una Memoria Anual que contenga al menos la información siguiente:

a) Informe anual de gestión económica, incluyendo los gastos de personal suficientemente desglosados y especificando las retribuciones de todo tipo, dietas y reembolso de los gastos percibidos por el conjunto de los miembros de la Junta de Gobierno en razón de su cargo.

b) Importe de las cuotas aplicables a los conceptos y servicios de todo tipo prestados por el Colegio, así como las normas para su cálculo y aplicación.

c) Información agregada y estadística relativa a los procedimientos informativos y sancionadores en fase de instrucción o que hayan alcanzado firmeza, con indicación de la infracción a la que se refieren, de su tramitación y de la sanción impuesta en su caso, con pleno respeto de la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.

d) Información agregada y estadística relativa a las quejas y reclamaciones presentadas por los consumidores o usuarios, de su tramitación y, en su caso, de los motivos de estimación o desestimación de la queja o reclamación, con pleno respeto de la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.

e) Los cambios en el contenido de sus Códigos deontológicos y la vía para el acceso a su contenido íntegro.

f) Las normas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de intereses en que se encuentren los miembros de las Juntas de Gobierno.

La Memoria Anual deberá hacerse pública a través de la página web en el primer semestre del año siguiente.

23. Todas las demás que no estén expresamente atribuidas a la Junta General en el presente Estatuto y cuantas otras se establezcan en el Estatuto General de la Abogacía Española.

B) En relación con los Tribunales de justicia.

1. Fomentar y estrechar las relaciones de respetuosa cordialidad entre el Colegio, sus colegiados y colegiadas y la Magistratura y Fiscalía.

2. Velar por que en las sedes de juzgados y tribunales se ubiquen dependencias dignas y suficientes para su utilización por los profesionales de la Abogacía en el desarrollo de sus funciones.

C) En relación con los organismos oficiales:

1. Defender, cuando lo estime procedente y justo, a los colegiados y colegiadas en el desempeño de las funciones de la profesión o con ocasión de las mismas.

2. Promover ante las autoridades competentes cuanto se considere beneficioso para el interés común y para la recta y pronta administración de justicia.

3. Ejercitar los derechos y acciones que correspondan al Colegio y, en particular, contra quienes entorpezcan el buen funcionamiento de la Administración de Justicia o la libertad e independencia del ejercicio profesional.

D) En relación con los recursos económicos del Colegio.

1. Recaudar, distribuir, y administrar los fondos del Colegio, tanto generales como atribuidos o procedentes de las diversas agrupaciones y secciones incardinadas en el mismo.

2. Informar, controlar y cuidar del buen uso de los recursos del Colegio. A través de la Comisión Económica del ICALPA se revisa el cumplimiento del presupuesto de ingresos y gastos, con acceso a toda la documentación que a tal efecto se necesite, elevando sus propuestas y recomendaciones a la Junta de Gobierno al respecto del cumplimiento del presupuesto. Se encarga de que la contratación del Colegio se realice sujeta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre las personas candidatas, y de asegurar, en conexión con el objetivo de control del gasto, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta más ventajosa. A tal efecto la Junta de Gobierno realizará una propuesta de contratación encargándose la Comisión económica de la redacción de los pliegos de contratación y elevando sus conclusiones a la Junta de Gobierno para la aprobación de la más ventajosa. La Comisión Económica estará compuesta por un máximo de cinco miembros de la Junta de Gobierno, y la integrarán el tesorero o tesorera y cuatro diputados o diputadas designados por la Junta de Gobierno del ICALPA.

3. Redactar los presupuestos y rendir cuentas anuales. Para su redacción y distribución de las partidas que lo integren, se tendrá en cuenta la procedencia de los ingresos, en cuanto por su origen, deban ser aplicados, a fines específicos especialmente de tipo asistencial.

4. Acordar la inversión e inmuebles, con los límites que señala el presente Estatuto.

5. Proponer a la Junta General, la inversión o disposición del patrimonio colegial, cualquiera que sea el origen de los mismos.

Artículo 73.- Facultades especiales.

1. La Junta de Gobierno queda facultada para emitir consultas y dictámenes, así como para emitir arbitrajes y laudos corporativos, dentro de los términos autorizados por el Estatuto General de la Abogacía Española.

2. Los arbitrajes en materia de derecho privado se ajustarán a la Ley, previo su sometimiento al mismo por las partes.

3. Los laudos corporativos se tramitarán de acuerdo con las normas que en cada caso señale la Junta de Gobierno, quien podrá designar uno o varios ponentes que tramiten los mismos, resolviendo en todo caso previa audiencia por escrito a las partes y a la vista de los antecedentes que las mismas le suministren. Será necesario el sometimiento expreso de las partes al laudo corporativo.

4. La Junta de Gobierno determinará a quién corresponde abonar los honorarios que se devenguen por la emisión de los arbitrajes y laudos corporativos, viniendo obligadas las partes a satisfacerlos de acuerdo con dicha decisión, ingresándose en los fondos colegiales. Las presentes facultades podrán ser delegadas al Tribunal Arbitral del ICALPA, del modo que se acuerde por la Junta de Gobierno.

Artículo 74.- Reuniones de Junta.

La Junta de Gobierno se reunirá, ordinariamente, una vez al mes previa convocatoria del Decano o Decana.

Se deberá convocar reunión de Junta de Gobierno cuando lo solicite, al menos, una cuarta parte de sus integrantes.

La convocatoria se formulará por escrito, con al menos tres días de antelación e irá acompañada del orden del día correspondiente. Fuera de este no podrán tratarse otros asuntos, salvo aquellos que se consideren de urgencia por el Decanato. La reunión de Junta quedará válidamente constituida cuando concurra la mayoría de sus miembros.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos favorables de los asistentes, teniendo el Decano o Decana voto de calidad, salvo cuando se requiera un quórum especial. No obstante lo anterior, la Junta de Gobierno quedará válidamente constituida, aún sin convocatoria previa, cuando se hallen reunidos todos sus miembros y así se acuerde por unanimidad.

La Junta de Gobierno se podrá reunir mediante videoconferencia o cualquier otro sistema que no implique la presencia física de sus miembros. En estos casos, será necesario garantizar la identificación de los asistentes a la reunión, la continuidad de la comunicación, la posibilidad de intervenir en las deliberaciones y la emisión del voto. En las reuniones virtuales se considerarán miembros asistentes a las personas que hayan participado en la videoconferencia.

Artículo 75.- Comisiones, secciones y agrupaciones.

1. Corresponde a la Junta de Gobierno aprobar la constitución, suspensión o disolución de las agrupaciones de profesionales de la Abogacía que puedan constituirse en el seno del Colegio, así como sus Estatutos.

2. Las agrupaciones y secciones de profesionales de la Abogacía que se constituyan estarán subordinadas a la Junta de Gobierno y actuarán de acuerdo con la misma, a la que corresponderá autorizar sus Estatutos y sus modificaciones.

3. La presidencia nata de todas las Comisiones, Secciones o Agrupaciones existentes, o que se creen, corresponderá al Decano o Decana, quien podrá delegar en el miembro de la Junta de Gobierno que libremente designe, o en el respectivo presidente o presidenta de la Comisión, Sección o Agrupación. La presidencia de la Sección o Agrupación no empeña la representación del Colegio que ostenta el Decano o Decana.

4. Las actuaciones y comunicaciones de las Comisiones, Secciones o Agrupaciones destinadas a tener trascendencia fuera del Colegio, se darán a conocer a la Junta de Gobierno para que decida sobre su pertinencia, y habrán de ser identificadas como de tal procedencia, sin atribuirse a la Corporación.

5. La agrupación de profesionales de la Abogacía Joven será objeto de especial atención por la Junta de Gobierno.

6. La Junta de Gobierno, por propia iniciativa o a petición del 5% de colegiados y colegiadas, podrá crear cuantas Secciones y Agrupaciones de colegiados y colegiadas que estime necesarias o convenientes para la Corporación y cuantas redunden en la mejor defensa, ayuda y promoción de la Abogacía o de las diferentes problemáticas a asumir o defender. Estas agrupaciones posibilitarán el contacto entre profesionales de la Abogacía con dedicación preferente a materias concretas y el recíproco intercambio de información técnico-jurídica sobre la especialidad de que se trate.

Artículo 76.- Capacidad para formar parte de la Junta.

1. No podrán formar parte de las Juntas de Gobierno:

a) Los colegiados y colegiadas que hayan sido condenados por sentencia firme, que lleve aparejada la inhabilitación o suspensión para cargos públicos o el ejercicio de la profesión, en tanto estas subsistan.

b) Los colegiados y colegiadas a quienes se haya impuesto sanción disciplinaria por resolución administrativa firme en cualquier Colegio de la Abogacía, mientras no haya sido rehabilitado.

c) Los colegiados y colegiadas que sean miembros de órganos rectores de otro Colegio Profesional.

d) En el caso de sanciones disciplinarias impuestas por tribunal, juzgados u órganos que no sean Colegios de la Abogacía cuyas sanciones consten en su expediente personal, la Junta de Gobierno, mediante decisión motivada, decidirá si constituyen o no impedimento para el acceso a los cargos directivos.

e) Los colegiados y colegiadas que no se encuentren al corriente en el pago de las cuotas corporativas.

2. Quienes se hallaren en alguna de las situaciones a que se refieren los apartados anteriores, cesarán de inmediato como miembro de la Junta.

Sección 2.ª

Elección de cargos

Artículo 77.- Forma de proveerse.

1. Los cargos de la Junta de Gobierno se proveerán por elección mediante votación directa y secreta de todas las personas colegiadas, ejercientes y no ejercientes.

2. El mandato de los miembros de la Junta de Gobierno es de cinco años.

No se podrá desempeñar el cargo de Decano durante más de dos mandatos consecutivos.

No se podrá pertenecer a la Junta de Gobierno en cargos de diputado o diputada más de dos mandatos consecutivos, sin perjuicio de poder optar al cargo de Decano.

Ningún colegiado podrá presentarse como candidato a más de un cargo en las mismas elecciones.

En caso de empate, se entenderá elegido el que más votos hubiera obtenido entre los colegiados ejercientes, de persistir aquel, el candidato de mayor tiempo de ejercicio en el propio Colegio; y si aún se mantuviera el empate, el de más edad.

3. La renovación de los cargos de la Junta Gobierno se verificará por mitad, cada dos o tres años según el turno establecido por la Junta de Gobierno.

a) En los supuestos de cese de los siguientes componentes de la Junta de Gobierno, se producirá su sustitución automática, por el tiempo restante del mandato de cada cargo, sin necesidad de proceso electoral al efecto:

(1) En caso de cese del Decano o Decana, le sustituirá automáticamente el Vicedecano.

(2) En caso de cese del Vicedecano, le sustituirá automáticamente el Tesorero.

(3) En caso de cese del secretario, le sustituirá automáticamente el Diputado 1.º.

(4) En caso de cese del Tesorero, le sustituirá automáticamente el Diputado 2.º.

(5) En caso de cese del Bibliotecario le sustituirá automáticamente el Diputado 3.º.

b) La sustitución automática supone el inmediato acceso al cargo del sustituto en el puesto del sustituido sin necesidad de acto de toma de posesión.

4. Ningún colegiado o colegiada podrá presentarse como candidato a más de un cargo de los que integren la Junta de Gobierno.

5. Los representantes de cada candidatura podrán solicitar dentro de los dos días siguientes a su proclamación, una copia del censo electoral, en soporte apto para su tratamiento informático que podrá ser utilizado exclusivamente para los fines electorales y durante el periodo de campaña con respeto a la normativa de protección de datos personales.

Artículo 78.- Requisitos para optar a la elección.

1. El Decano o Decana y los demás miembros de la Junta de Gobierno serán colegiados o colegiadas ejercientes en el ICALPA.

2. Para ser elegido Decano o Decana y Vicedecano o Vicedecana, se requerirán diez años, como mínimo, de colegiación como ejerciente en el ICALPA. Para ser elegido secretario o secretaria, se requerirán, como mínimo cinco años de colegiación como ejerciente en el ICALPA. Para el resto de los diputados o diputadas se requerirán, como mínimo dos años de colegiación como ejerciente en el ICALPA.

3. Los años de antigüedad tienen que ser inmediatamente anteriores a la fecha de proclamación como personas candidatas.

4. Serán elegibles como Decano o Decana o miembros de la Junta de Gobierno los colegiados y colegiadas ejercientes y residentes en su respectivo ámbito territorial, 76 del presente Estatuto.

Artículo 79.- Celebración.

La elección para la renovación de la Junta de Gobierno tendrá lugar en los meses de octubre, noviembre y diciembre del año que corresponda, mediante convocatoria de Junta General Extraordinaria con un único punto de orden del día, y la toma de posesión deberá realizarse en el plazo máximo de cuarenta y cinco días hábiles desde la elección, el día que a tal efecto determine la Junta de Gobierno.

Si quien ya formase parte de la Junta pretendiera ser elegido o elegida para otro cargo de la misma, antes de que transcurriese el plazo para el que fue elegido o elegida, cesará previamente en el que esté desempeñando, y ese cargo presentará la facultad de proveerse por elección en la misma Junta General para la que se convoquen elecciones, desempeñando el cargo quien resultare elegido por el tiempo que le faltare cumplir al anterior.

Para que la Junta de Gobierno pueda convocar la elección junto con los demás cargos del turno ordinario de ese año, el aspirante a la elección para otro cargo, ya perteneciente a la Junta, deberá comunicar su cese a la misma, antes del día 31 de julio del año en que corresponda efectuarse elecciones, a fin de posibilitar el cumplimiento de los plazos electorales.

Artículo 80.- Vacantes.

Cuando por cualquier causa la totalidad de los cargos de la Junta de Gobierno queden vacantes, el Consejo Canario de Colegios de Abogados designará una Junta Provisional de entre los colegiados y colegiadas ejercientes con más de veinticinco años de ejercicio, que convocará en el plazo de treinta días elecciones para la provisión de los cargos vacantes. Estas elecciones deberán celebrarse dentro de los cuarenta y cinco días siguientes, contados a partir de la convocatoria. Si quedasen vacantes la mitad o más de los cargos de la Junta de Gobierno, el Consejo Canario de Colegios de Abogados las completará en forma también provisional, actuándose para su provisión definitiva en la forma antes consignada. En el caso previsto en el párrafo primero de este artículo, la mitad de los elegidos, que se concretarán por sorteo, ostentarán el mandato por un periodo de dos años, efectuándose la renovación de la otra mitad y las sucesivas del modo que previene con carácter general esta sección.

Artículo 81.- De la convocatoria y desarrollo de las elecciones.

1. Deberán convocarse elecciones a Decano y miembros de la junta de gobierno, en los siguientes casos:

a) Cuando expire el mandato para el que fueron elegidos.

b) Cuando se apruebe una moción de censura contra el Decano o contra la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno.

c) Cuando, por cualquier causa, quede vacante la mayoría de los cargos de la Junta de Gobierno.

2. Las elecciones serán convocadas por la junta de Gobierno con una antelación mínima de treinta días naturales al día de su celebración. La renovación de cargos se verificará por mitad, de acuerdo con el turno de rotación que fije la Junta de Gobierno. La convocatoria se comunicará a todos los colegiados mediante publicación en el tablón de anuncios del Colegio, en su página web y correo electrónico.

Junto a la convocatoria de elecciones, la Junta de Gobierno procederá a constituir la Comisión Electoral.

3. Cuando un miembro de la Junta de Gobierno presente su candidatura para un nuevo mandato o para un nuevo cargo, quedará en suspenso respecto al ejercicio de sus funciones hasta la proclamación de los candidatos electos.

4. Dentro de los 15 días naturales siguientes a la convocatoria de elecciones podrán los colegiados/as que cumplan los requisitos de elegibilidad presentarse como candidatos/as a un solo puesto de los que hayan de proveerse en la Junta de Gobierno, mediante escrito dirigido a la Comisión Electoral, firmado por el o los candidatos.

A la presentación del candidato a un solo puesto o la candidatura conjunta deberá acompañar aval prestado por cincuenta colegiados ejercientes que figuren en el censo electoral no sean candidatos, mediante expresión del nombre, apellidos, número de colegiado, número de DNI y su firma.

Los candidatos podrán presentase en candidaturas conjuntas con otros colegiados que opten a otros cargos de la Junta de Gobierno, comprendiendo como máximo estas candidaturas conjuntas un candidato para cada uno de dichos cargos y no pudiendo figurar ningún colegiado en más de una candidatura.

Las candidaturas conjuntas deberán respetar el principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres, de forma que, en el conjunto de la candidatura, las personas de cada sexo ni superen el 60 por 100 ni sean menos del 40 por 100.

5. Dentro de los dos días siguientes, al periodo anterior, la Comisión Electoral efectuará la proclamación de candidatos y candidaturas. Los candidatos y candidaturas proclamados se publicarán en el tablón de anuncios y en la página web del Colegio.

No se proclamarán aquellos candidatos o candidaturas que no reúnan los requisitos exigidos. En el caso de candidaturas conjuntas, cuando únicamente alguno o algunos de los candidatos que comprenda incumplieren los requisitos de elegibilidad, se proclamaran aquellas sin tales candidatos y figurando en blanco los cargos a que aquellos aspiraban.

6. Las reclamaciones que se presenten contra el proceso electoral o cualquiera de sus actos serán resueltas y notificadas por la Comisión Electoral en el plazo de los tres días naturales siguientes a su fecha de entrada en el Colegio. Este plazo podrá ampliarse hasta dos días naturales por causas justificadas que se expresarán en la resolución.

Las reclamaciones no suspenderán el proceso electoral. No obstante, la Comisión Electoral, cuando concurran circunstancias extraordinarias, de forma excepcional, podrá suspender dicho proceso electoral previa resolución expresa debidamente motivada. Transcurrido el plazo de tres días, o en su caso, el de cinco, sin resolver y notificar la queja o reclamación, se tendrá la misma por desestimada a los efectos previstos en el apartado siguiente.

7. La resolución, por la Comisión Electoral, de las reclamaciones contra el proceso electoral o cualquiera de sus actos, será recurrible ante el Consejo Canario de Colegios de Abogados, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa.

8. La jornada electoral tendrá una duración mínima de seis horas y máxima de ocho horas, y su horario de inicio y terminación deberá fijarse en la Convocatoria.

Artículo 82.- De la Comisión Electoral.

1. La Comisión Electoral estará integrada por cinco colegiados ejercientes y residentes en el ámbito territorial del Colegio, con una antigüedad de colegiación en el mismo superior a diez años.

Los miembros de la Comisión Electoral serán nombrados, con sus correspondientes suplentes, por acuerdo del Consejo Canario de Colegios de Abogados a solicitud de la Junta de Gobierno y con carácter previo a la convocatoria de elecciones. El nombramiento permanecerá vigente hasta la finalización del proceso electoral para el que se designe cada Comisión Electoral.

No podrán ser miembros de la Comisión Electoral los miembros de la Junta de Gobierno que haya convocado las elecciones, ni los colegiados que se presenten como candidatos a las elecciones convocadas. En el caso de que cualquiera de los miembros de la Comisión Electoral se presentase posteriormente como candidato a las elecciones, en el momento en que se presente su candidatura se producirá su cese como miembro de dicha Comisión.

Será presidente de la Comisión Electoral el miembro de colegiación más antigua, y secretario el miembro de menor antigüedad. En caso de igualdad entre varios, se designarán por sorteo.

2. La Comisión Electoral velará por el mantenimiento de un proceso electoral limpio y democrático, basado en los principios de igualdad de trato, corrección y decoro, así como en la observancia de las normas electorales vigentes en cada momento.

La Comisión Electoral garantizará el respeto a la normativa electoral aplicable.

3. La Comisión Electoral tendrá las siguientes funciones:

a) Supervisar el proceso electoral.

b) Publicar el censo electoral.

c) Proclamar candidatos y candidaturas, excluyendo aquellas en que concurran circunstancias de inelegibilidad.

d) Nombrar presidentes y vocales de las mesas electorales, así como sus suplentes.

e) Informar sobre el procedimiento para votar por correo.

f) Interpretar y resolver las dudas que puedan plantearse en la aplicación de las normas electorales.

g) Velar para que el desarrollo del proceso electoral y todos sus actos se ajusten a la normativa electoral y a los principios de publicidad, transparencia y democracia.

h) Proclamar, a la finalización del escrutinio, los resultados electorales producidos y los cargos electos.

i) Resolver las reclamaciones que puedan presentarse durante el proceso electoral.

Artículo 83.- Voto presencial.

El voto es personal e indelegable. El voto se emitirá el mismo día de las elecciones, previa acreditación de su identidad por el colegiado/a elector/a ante la mesa electoral que corresponda a través de su carnet de colegiado/a, DNI, pasaporte o tarjeta de residencia.

Artículo 84.- Voto por correo y voto telemático.

1. Las personas colegiadas que quieran ejercer el voto por correo deberán solicitarlo individualmente en comparecencia personal en las oficinas de la Sede Colegial o de las Delegaciones, hasta el decimoquinto día anterior a la fecha de la votación. El colegiado o colegiada deberá acreditar su identidad mediante exhibición del DNI o del carné colegial. El Colegio registrará la petición de voto y tomará nota en el censo para que el día de las elecciones no se ejerza el derecho de voto personalmente.

2. La Junta de Gobierno podrá habilitar, a través de la ventanilla electrónica regulada en este Estatuto, un sistema telemático de solicitud del voto por correo, de modo que, obligatoria y exclusivamente, la comparecencia personal se realice electrónicamente.

3. También, los colegiados y colegiadas que por una imposibilidad física debidamente acreditada no puedan comparecer personalmente podrán otorgar poderes a otro colegiado o colegiada para este trámite. En todo caso, la firma del colegiado o colegiada en el sobre exterior prevista en el apartado siguiente será insustituible.

4. En el Colegio se entregará a la persona solicitante del voto por correo un sobre blanco y un sobre exterior, en el que se hará constar en el anverso la palabra “ELECCIONES” y en el reverso su nombre y apellidos, dirección, número de colegiado o colegiada y su firma, y la siguiente inscripción: “contiene papeletas para la elección de la Junta de Gobierno del ICALPA”.

5. La papeleta de votación deberá introducirse doblada en el sobre blanco que se cerrará y se introducirá a su vez junto con la fotocopia del Documento Nacional de Identidad en el sobre exterior, que se remitirá por correo certificado a la sede del ICALPA.

6. Los votos por correo deberán dirigirse al secretario o secretaria de la Comisión Electoral que se hará cargo de su custodia hasta el momento del inicio de las elecciones, en que hará entrega de los mismos a la mesa electoral, que los introducirá en la urna designada a tal efecto.

7. Se admitirán los votos por correo que se reciban en la sede electoral hasta el momento del cierre de la votación.

8. Una vez finalizadas las elecciones, se procederá en primer lugar a la apertura de la urna con los votos por correspondencia, procediendo a comprobar que los datos y firma del elector o electora que constan en el sobre exterior coinciden con la firma del Documento Nacional de Identidad que preceptivamente habrá adjuntado, en cuyo caso se introducirá la papeleta de nuevo en la urna, con su sobre.

9. Será declarado nulo todo voto por correo que no cumpla estrictamente la normativa prevista en este Estatuto.

10. Los colegiados y colegiadas que soliciten votar por correo no podrán votar personalmente.

11. Se levantará acta y lista de los sobres recibidos y sus votantes.

12. La Junta de Gobierno puede establecer que la votación también pueda realizarse por vía telemática, que tiene que permitir acreditar la identidad y la condición de persona colegiada del emisor o emisora, la condición de ejerciente o no ejerciente, y la inalterabilidad del contenido del mensaje. Igualmente, deberá garantizar el carácter personal, indelegable, libre y secreto del sufragio activo emitido telemáticamente.

Artículo 85.- Del colegio electoral y las mesas electorales.

Existirá un único colegio electoral.

En el acuerdo de convocatoria de elecciones, la Junta de Gobierno determinará el número de mesas electorales que se estimen necesarias para facilitar el ejercicio del derecho de voto, atendiendo a los medios personales, materiales y tecnológicos disponibles.

La Comisión Electoral nombrará, mediante sorteo público previamente anunciado, un presidente, un vocal y un secretario por cada mesa electoral, así como los suplentes necesarios. Los elegidos deberán ser electores y no podrán ser candidatos.

Los candidatos y candidaturas podrán designar un interventor por cada mesa o grupos de mesas electorales.

Artículo 86.- Escrutinio y proclamación.

Finalizada la votación se procederá al escrutinio, leyéndose en voz alta todas las papeletas.

Deberán ser declarados nulos totalmente aquellos votos que contengan expresiones ajenas al estricto contenido de la votación o que contengan tachaduras o raspaduras, y nulos parcialmente en cuanto al cargo a que afecte, las que indiquen más de un candidato para un mismo cargo, o nombre de personas que no concurran a la elección. Podrá, no obstante, tacharse el nombre de un candidato e indicar de forma manuscrita el de otro que opte al mismo cargo.

Aquellas papeletas que se hallen solo parcialmente rellenadas en cuanto al número de candidatos, pero que reúnan los requisitos exigidos para su validez, lo serán para los cargos y personas correctamente expresados.

Finalizada la votación y el escrutinio, la Comisión Electoral proclamará a los candidatos elegidos, que tomarán posesión ante la Junta de Gobierno, previo juramento o promesa de cumplir lealmente el cargo respectivo y guardar secreto de las deliberaciones de la Junta de Gobierno, dentro de la primera Junta General Ordinaria del año natural siguiente.

Constituida la nueva junta de Gobierno, se comunicará tal circunstancia al Consejo General de la Abogacía y al Consejo Canario de Colegios de Abogados, con indicación de su composición y de haberse cumplido los requisitos legales.

El resultado de la elección será impugnable ante el Consejo Canario de Colegios de Abogados o, en su defecto, ante el Consejo General de la Abogacía Española, de acuerdo con lo establecido en estos Estatutos. La interposición del recurso no suspenderá la proclamación y toma de posesión de los elegidos.

Sección 3.ª

Ceses

Artículo 87.- Cese.

Los miembros de la Junta de Gobierno del ICALPA cesarán por las causas siguientes:

a) Incumplimiento sobrevenido de los requisitos estatutarios para desempeñar el cargo.

b) Por expiración del término o plazo para el que fueron elegidos o designados, cese que no será efectivo hasta que tome posesión de dicho cargo quien lo sustituya.

c) Renuncia de la persona interesada.

d) Falta de asistencia injustificada a tres sesiones consecutivas o cinco alternas en el término de un año, previo acuerdo de la propia Junta, o a alguna de las previstas en el párrafo tercero, del número 12 del artículo 62 del presente Estatuto.

e) Aprobación de moción de censura, según lo regulado en el siguiente Capítulo.

f) Fallecimiento.

CAPÍTULO II

DE LAS JUNTAS GENERALES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS

Sección 1.ª

Normas generales

Artículo 88.- La Junta General.

1. La Junta General es el órgano supremo de la voluntad colegial en los asuntos propios de su competencia, con arreglo a las disposiciones de este Estatuto y sin más limitaciones que las legalmente establecidas. Y sus acuerdos válidamente adoptados, son obligatorios incluso para las personas disidentes o ausentes, sin perjuicio del derecho de impugnación que pueda corresponderles.

2. Todos los colegiados y colegiadas podrán asistir con voz y voto, salvo las excepciones que en el presente Estatuto se determinan, a las Juntas Generales ordinarias y extraordinarias que se celebren.

Artículo 89.- Competencia de la Junta General.

Son funciones de la Junta:

a) La aprobación y modificación del Estatuto de este Colegio y de los reglamentos de régimen interior para el desarrollo de los mismos.

b) La aprobación del balance y de la liquidación presupuestaria de cada ejercicio, así como de los presupuestos anuales de ingresos y gastos.

c) La aprobación o censura de la gestión de la Junta de Gobierno o de cualquiera de sus miembros.

d) La fusión, segregación y disolución del Colegio, salvo en aquellos supuestos en que lo imponga directamente la ley.

e) La adquisición, enajenación, gravamen y demás actos jurídicos de disposición sobre bienes inmuebles de la Corporación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 109 de presente Estatuto.

f) Aquellos asuntos que le someta la Junta de Gobierno.

Artículo 90.- Convocatoria.

1. Las Juntas Generales deberán convocarse con una antelación mínima de quince días hábiles, salvo los casos de urgencia en los que, a juicio de la Junta de Gobierno, deba reducirse el plazo. La convocatoria se insertará en el tablón de anuncios de la Sede del Colegio y en de las Delegaciones, y en la página web del ICALPA, con señalamiento del orden del día.

2. Sin perjuicio de lo anterior, se citará también a los colegiados y colegiadas por comunicación electrónica a través de cualquiera de las direcciones de correo electrónico que consten en la base de datos colegiales.

3. En la Secretaría del Colegio, durante el horario de apertura de las oficinas colegiales, estarán a disposición de los colegiados y colegiadas los antecedentes de los asuntos a deliberar en la Junta convocada.

Artículo 91.- Celebración.

Las Juntas Generales se celebrarán el día y hora señalados, cualquiera que sea el número de colegiados y colegiadas concurrentes a ellas, salvo en los casos en que se exija un quórum de asistentes determinado. Presidirá la Junta el Decano o Decana o la quien haga sus veces. Todos los asuntos que hayan de ser sometidos a Junta General, serán objeto de discusión en ella, y cuando quien la presidiera considere suficientemente debatido el tema, hecho resumen por el mismo de las distintas posiciones acordadas, concederá tres turnos a favor y tres en contra, pudiendo el presidente o presidenta ampliar, previo acuerdo de la Junta de Gobierno en ese acto, el número de turnos, cuando la importancia del asunto lo exigiera. Los que hubieren consumido un turno podrán rectificar una vez. El presidente o presidenta podrá conceder la palabra para contestar alusiones. Terminada la discusión, el asunto será sometido a votación.

Artículo 92.- Acuerdos.

Los acuerdos se tomarán por aclamación o por mayoría de votos emitidos, salvo en los casos en que se exija un quórum especial. En ningún caso será delegable el voto. Las votaciones serán ordinarias a mano alzada, o nominales. Solo serán nominales cuando lo determine la presidencia o cuando lo soliciten al menos el diez por ciento de los colegiados y colegiadas asistentes. También podrán adoptarse los acuerdos por votación secreta, mediante papeletas en sobres, que así lo aseguren, cuando lo solicite un diez por ciento de los colegiados y colegiadas asistentes.

Artículo 93.- Primera Junta General.

1. Durante el primer trimestre del año se celebrará la primera Junta General Ordinaria de cada año, que necesariamente al menos tratará del siguiente orden del día:

a) Informe por el Decano o Decana de su gestión y de la Junta de Gobierno con reseña de los acontecimientos más importantes que durante el año hayan tenido lugar, con relación al Colegio.

b) Lectura, discusión y votación de la cuenta general de gastos e ingresos del año anterior.

c) Lectura, discusión y votación de los asuntos que se consignen en la convocatoria.

d) Proposiciones.

e) Ruegos y preguntas.

2. Tras la publicación de la convocatoria de celebración de la Junta General Ordinaria del primer trimestre, los colegiados y colegiadas podrán presentar las proposiciones que deseen someter a la deliberación y acuerdo de la Junta General, que serán necesariamente incluidas por la Junta, texto de la proposición y número de peticionarios, si están suscritas por un número no inferior al cinco por ciento del total censo debiendo estar directamente relacionadas con los asuntos a tratar en el orden del día.

En un plazo de cinco días tras la presentación de las proposiciones la Junta de Gobierno comprobará los mencionados requisitos y en caso de admitirlas las comunicará a todos los colegiados y colegiadas.

3. En el supuesto de que con sesenta días de antelación a la celebración de la Junta General se presente alguna proposición suscrita por más del cinco por ciento del censo colegial, la Junta de Gobierno la comunicará por circular a todas las personas colegiadas para que quienes deseen suscribirla, puedan hacerlo hasta treinta días antes de la celebración de la Junta General. Si dentro de ese plazo queda suscrita por un número de colegiados no inferior al cinco por ciento total del censo, cumpliéndose así lo preceptuado el apartado anterior, se incluirá necesariamente en el Orden del día, en la forma y como dispone el apartado anterior.

4. Independientemente de lo antes expuesto, la Junta de Gobierno podrá incluir en igual Sección, cualquier otra proposición que se le presente con la antelación suficiente, y cualquiera que fuere el número de proponentes, si previamente acordase la Junta de Gobierno hacerla suya.

5. Las cuentas del Colegio podrán ser examinadas en el periodo que medie entre la convocatoria y cuarenta y ocho horas antes de la señalada para la celebración de la primera Asamblea Ordinaria.

Artículo 94.- Segunda Junta General.

La segunda Junta General Ordinaria se celebrará en el último trimestre del año, que necesariamente al menos tratará del siguiente orden del día:

a) Lectura y aprobación del presupuesto formado por la Junta de Gobierno para el ejercicio siguiente.

b) Lectura, discusión y votación de los asuntos que se consignen en la convocatoria.

c) Ruegos y preguntas.

Sección 2.ª

Juntas generales extraordinarias

Artículo 95.- Capacidad para solicitarlas.

Tendrá la consideración de Junta General Extraordinaria aquella que se celebre en cualquier momento diferente a los antes referidos, y podrá tratar cualquier asunto atribuido a la competencia de la Junta General. La Junta General Extraordinaria se celebrará a iniciativa del Decano o Decana, de la Junta de Gobierno o a solicitud del diez por ciento de los colegiados y colegiadas con expresión de los asuntos concretos que hayan de tratarse en ellas.

Si lo que se pretendiese fuere un voto de censura contra la Junta o alguno de sus miembros, la petición deberá ser suscrita al menos por el diez por ciento de los abogados y abogadas ejercientes, incorporados al menos con tres meses de antelación, expresando con claridad las razones en que se funde. La Junta habrá de celebrarse en el plazo de treinta días hábiles contados desde el acuerdo del Decano o Decana o de la Junta de Gobierno, en el primer caso, o después de la presentación de la solicitud, en el segundo, y nunca podrán ser tratados en la misma más asuntos que los expresados en la convocatoria. Sólo por resolución motivada y en el caso de que la proposición sea ajena a los fines atribuidos a la Corporación podrá denegarse la celebración de la Junta extraordinaria, sin perjuicio de los recursos que pudieran corresponder a los peticionarios.

Artículo 96.- Quórum especial.

Con carácter general, quedará constituida la Junta, cualquiera que sea el número de asistentes, y los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos emitidos, salvo las excepciones que seguidamente se señalan:

1. Para la modificación estatutaria se exigirá un quórum de asistencia del veinticinco por ciento como mínimo de colegiados y colegiadas ejercientes. Y si no se reúne este quórum, se celebrará nueva Junta Extraordinaria, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la primera convocatoria, que podrá adoptar acuerdos por mayoría simple y sin exigencia de quórum especial de asistencia. En la convocatoria de Junta se anunciará la hora y fecha de la segunda, para el supuesto de que no se reuniese quórum en la primera.

2. Si la Junta General Extraordinaria tuviere por objeto la moción de censura, requerirá un quórum de asistencia como mínimo del veinticinco por ciento del censo de colegiados y colegiadas, y, para que prospere, se exigir el voto favorable directo y personal de dos terceras partes de los asistentes.

TÍTULO IX

DE LA ACADEMIA CANARIA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN

Artículo 97.- Ratificación de su existencia.

La Academia Canaria de Jurisprudencia y Legislación se creó dentro del ICALPA, en la época del Decano D. Antonio López Botas, y se encuentra tradicionalmente vinculada al mismo.

Artículo 98.- Régimen jurídico.

Se regirá por sus propios estatutos y tendrá la naturaleza jurídica de una Sección de este Colegio, que la creó y mantiene.

TÍTULO X

AULA DE FORMACIÓN Y ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA DEL ICALPA

Artículo 99.- Carácter y funcionamiento.

El Aula de Formación y Escuela de Práctica jurídica del ICALPA se integra en la estructura colegial, dependiente directamente de la Junta de Gobierno, que teniendo por objetivo la formación deontológica y práctica para el ejercicio profesional, facilita al abogado y abogada en sus inicios profesionales las herramientas y recursos prácticos necesarios para su capacitación en habilidades destrezas, actitudes y conocimientos imprescindibles tanto para el inicio en el ejercicio profesional, como para la posterior formación continua, específica y especializada bajo los principios de eficacia, responsabilidad, seguridad y respeto a las normas deontológicas.

TÍTULO XI

CONSEJO CANARIO DE COLEGIOS DE ABOGADOS DE LA COMUNIDAD
DE CANARIAS

Artículo 100.- Integración.

El ICALPA está integrado en el Consejo Canario de Colegios de Abogados sin que ello suponga merma de su competencia y personalidad propia e independiente.

TÍTULO XII

DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ACTOS Y SU IMPUGNACIÓN

CAPÍTULO I

TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES

Artículo 101.- Régimen jurídico.

1. Información y documentación: las personas colegiadas interesadas en un expediente tendrán los derechos de información y documentación recogidos en el presente Estatuto, y supletoriamente en la legislación reguladora del procedimiento administrativo común. Al presentar cualquier escrito o documento podrán las personas colegiadas interesadas acompañarlo de una copia para que el Colegio, previo cotejo de aquellos, la devuelva haciendo constar el sello y la fecha de la presentación. Las personas colegiadas interesadas podrán pedir el desglose y devolución de los documentos que presenten, lo que acordará la Junta dejando nota o testimonio, según proceda.

2. Actuación por representante: las personas colegiadas podrán actuar por medio de representante, que igualmente deberá ser colegiada, debiendo acreditar su mandato mediante documento público o poder apud acta, entendiéndose con esta las actuaciones que practique el Colegio si fuera el caso.

3. Términos y plazos: los plazos se computarán de conformidad con la legislación reguladora del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.

4. Recepción y registro de documentos: el Colegio llevará un único registro general en el que se anotará asiento de todo recurso, escrito o comunicación de las personas colegiadas.

CAPÍTULO II

EJECUTORIEDAD DE LOS ACUERDOS Y SU CONSTATACIÓN EN ACTAS

Artículo 102.- Ejecutoriedad, presunción de validez y notificación.

1. Los actos dictados por los órganos colegiales sujetos al derecho administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa o recaigan en materia disciplinaria. La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación. La interposición del recurso de alzada no suspenderá la ejecución del acto impugnado, salvo en los supuestos previstos en el presente Estatuto, así como en la legislación reguladora del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.

2. Los acuerdos que deban ser notificados personalmente a las personas colegiadas, lo serán en el domicilio profesional que tengan comunicado al Colegio. La notificación se adecuará a lo previsto en la legislación reguladora del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, pudiendo realizarse por el personal empleado del Colegio. Si no se pudiese efectuar la notificación de esta forma, se entenderá perfeccionada a los quince días de su exposición en el tablón de anuncios del propio Colegio, que se realizará en la forma prevista por la citada legislación básica. Asimismo, las personas colegiadas podrán recibir, si así lo desean, las notificaciones a través de la ventanilla única, tal y como se prevé en el artículo 71.2.c) del Estatuto General de la Abogacía Española.

Artículo 103.- Libros de actas.

Las Actas de las Juntas Generales y de las Juntas de Gobierno se transcribirán, separadamente, en dos libros que a tal efecto y con carácter obligatorio se llevarán en el Colegio. Serán firmadas por el Decano o Decana y por el secretario o secretaria, o por quienes hubieran desempeñado sus funciones en la Junta de que se trate.

Las Actas de las Juntas Generales podrán ser aprobadas por la misma Junta en la propia sesión y, en su defecto, dentro del plazo de quince días por el Decano y dos interventores elegidos por la Junta a ese solo efecto.

CAPÍTULO III

RÉGIMEN JURÍDICO

Artículo 104.- Régimen jurídico y ventanilla única.

1. Normativa aplicable.

El Colegio, como Corporación de Derecho Público, está sujeto al derecho administrativo en cuanto ejerza potestades públicas. Este ejercicio se regirá por su normativa estatutaria específica y supletoriamente por la legislación reguladora del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.

Los demás actos y acuerdos que adopten los órganos colegiales estarán sometidos al presente Estatuto y al derecho privado y podrán ser objeto de impugnación, reclamación o exigencia de las responsabilidades que de su propia naturaleza puedan derivarse, ante la jurisdicción que corresponda por razón de la materia.

Notificación de actos y resoluciones de los órganos colegiales.

La notificación de actos y resoluciones de los órganos colegiales se llevará a cabo conforme a las siguientes reglas:

a) Deberán notificarse los actos y resoluciones que afecten a derechos e intereses de las personas que ostenten la condición de interesadas.

b) Los acuerdos que afecten a una pluralidad de personas colegiadas y las convocatorias a Juntas generales serán objeto de comunicación conforme a lo establecido en el presente Estatuto.

c) Toda notificación de un acto o resolución sujeto al derecho administrativo deberá contener su texto íntegro, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que las personas interesadas puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.

d) Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto o resolución, omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el apartado anterior, surtirán efecto a partir de la fecha en que la persona interesada realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance del acto o resolución objeto de la notificación, o interponga cualquier recurso que proceda.

e) Sin perjuicio de lo establecido en el apartado “d” anterior, y a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga, cuanto menos, el texto íntegro del acto o resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado.

f) A efectos de notificaciones se considerará domicilio profesional de las personas colegiadas ejercientes, así como domicilio de residencia de las personas colegiadas no ejercientes el que figure en los archivos de la corporación. En el caso de terceras personas interesadas se considerará domicilio el que estas indiquen a tales efectos.

El Colegio utilizará preferentemente los medios electrónicos en sus comunicaciones y notificaciones, sin perjuicio del derecho de las personas colegiadas a utilizar otros medios.

El Colegio, en el ejercicio de sus funciones públicas, podrá practicar notificaciones a las personas colegiadas ejercientes en la dirección de correo electrónico designada por estos a tales efectos y por cualquier otro medio telemático habilitado por el Colegio, siempre que permitan tener constancia de la recepción por la persona interesada y acrediten la inalterabilidad del contenido de la comunicación.

Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido.

En ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las notificaciones en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico y las que contengan medios de pago.

Con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por la persona interesada o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario o destinataria de la misma. La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.

Si las notificaciones realizadas por cualquiera de los medios indicados resultaren infructuosas, será válida la realizada mediante la inserción del acto notificado en el tablón de anuncios del ICALPA por plazo de quince días.

g) La Junta de Gobierno podrá establecer las medidas necesarias y dictar las normas oportunas para que las notificaciones reguladas en el presente artículo se efectúen telemáticamente, por medio de la comparecencia en la ventanilla regulada en el apartado 2 de este artículo, o por cualquier otro procedimiento telemático disponible conforme al estado de la tecnología, pudiendo incluso disponer que tales medios de notificación lo sean con carácter exclusivo y obligatorio para todas las personas que consten incorporadas al Colegio como ejercientes, y debiendo dar publicidad detallada acerca de los procedimientos que establezca a tal efecto. Asimismo, la Junta de Gobierno podrá disponer que la presentación de escritos dirigidos a los órganos colegiales se lleve a cabo, con carácter exclusivo y obligatorio para todas las personas que consten incorporadas al Colegio como ejercientes, telemáticamente, a través de la citada ventanilla.

2. Ventanilla única.

El Colegio habilitará a través de su portal electrónico, una ventanilla única a fin de que puedan realizase todos los trámites necesarios para la colegiación, ejercicio de la profesión y baja en el Colegio, a través de un único punto, por vía electrónica y a distancia. En todo caso permitirá, sin sobrecoste:

a) Obtener toda la información y formularios necesarios para el acceso a la actividad profesional y su ejercicio.

b) Presentar toda la documentación y solicitudes necesarias, incluyendo la de la colegiación.

c) Conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que la persona colegiada tenga consideración de interesada y, en su caso, recibir la correspondiente notificación de los actos de trámite preceptivos, y de las resoluciones de los órganos colegiales, incluida la notificación de los expedientes disciplinarios.

d) Convocar a las personas colegiadas a las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias y poner en su conocimiento la actividad pública y privada del Colegio.

e) Publicar la situación de habilitación profesional de las personas colegiadas, incluyendo la información relativa a las sanciones disciplinarias no canceladas.

Asimismo, a través de la ventanilla única, para la mejor defensa de los derechos de las personas consumidoras y usuarias, el Colegio ofrecerá la siguiente información gratuita:

a) El acceso al registro de personas colegiadas, que estará permanentemente actualizado y en el que constarán, al menos, los siguientes datos: nombre y apellidos, número de colegiación, títulos oficiales de los que estén en posesión, domicilio profesional y situación de habilitación profesional.

b) El acceso al registro de sociedades profesionales, que tendrá el contenido descrito en el artículo 8 de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales.

c) Las vías de reclamación y los recursos que podrán interponerse en caso de conflicto entre la persona consumidora y/o usuaria y una persona colegiada o el Colegio.

d) Los datos de las asociaciones u organizaciones de personas consumidoras y usuarias a las que las personas destinatarias de los servicios profesionales pueden dirigirse para obtener asistencia.

e) El contenido de los códigos deontológicos.

3. Memoria Anual.

El Colegio está sujeto al principio de transparencia en su gestión y elaborará una Memoria Anual de acuerdo con lo dispuesto en la Ley y en el Estatuto General de la Abogacía Española que se hará pública a través de la página web en el primer semestre de cada año.

4. Servicio de atención a los miembros del ICALPA y a las personas consumidoras y usuarias.

El Colegio atenderá las quejas o reclamaciones presentadas por las personas colegiadas. El servicio de atención a las personas consumidoras y/ o usuarias y a las aquellas que utilicen los servicios de la Abogacía, se gestionará mediante la OACC (Oficina de Atención al Colegiado o Colegiada y al Ciudadano o Ciudadana), que tramitará y resolverá cuantas quejas y reclamaciones referidas a la actividad colegial o de las personas colegiadas se presenten por cualquier persona usuaria que contrate servicios profesionales de la Abogacía en el ámbito territorial del Colegio, así como por asociaciones y organizaciones de personas consumidoras y usuarias en su representación o en defensa de sus intereses.

Una vez registrada la queja o reclamación, la OACC designará una persona instructora, que recabará informe del departamento correspondiente, en el término de un mes y llevará a cabo cuantos actos de instrucción considere necesarios, dando seguidamente audiencia a la persona interesada por término de diez días. Concluido este periodo, la persona instructora emitirá propuesta de resolución a la Junta de Gobierno.

La resolución que adopte la Junta revestirá alguna de las siguientes formas:

a) Informando sobre el sistema extrajudicial de resolución de conflictos.

b) Acordando remitir el expediente al departamento de Deontología para que este determine si deben derivarse responsabilidades disciplinarias.

c) Archivando el expediente.

d) Adoptando cualquier otra decisión que corresponda.

La resolución será remitida a la persona interesada a través de la OACC.

Las quejas y reclamaciones podrán presentarse por vía electrónica y a distancia a través de la ventanilla única.

CAPÍTULO IV

RECURSOS

Artículo 105.- Contra acuerdos de la Junta de Gobierno.

1. Los acuerdos emanados de la Junta de Gobierno que estén sujetos al derecho administrativo, serán recurribles en alzada ante el Consejo Canario de Colegios de Abogados, dentro del plazo de un mes, contado a partir del siguiente a aquel en que se hubiera adoptado o, en su caso, notificado, a los colegiados y colegiadas o personas a quienes afecte.

2. El recurso podrá interponerse ante el Consejo Canario de Colegios de Abogados o ante la Junta de Gobierno del ICALPA, que lo elevará, con sus antecedentes e informe que proceda, al Consejo Canario, dentro de los diez días siguientes a la fecha de presentación.

3. La interposición del recurso de alzada ante el Consejo Canario de Colegios de Abogados no suspende la ejecutividad de los acuerdos, salvo en los casos previstos en la legislación reguladora del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.

4. Las personas interesadas que formulen recurso de alzada, podrán solicitar del Consejo Canario de Colegios de Abogados la suspensión de la ejecutividad de los acuerdos impugnados, que podrá acordarse de concurrir los supuestos previstos en la legislación reguladora del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.

Artículo 106.- Contra acuerdos de la Junta General.

Los acuerdos de las Juntas Generales serán recurribles por la Junta de Gobierno, o por cualquier persona colegiada a quien afecte personalmente, ante el Consejo Canario de Colegios de Abogados en el plazo de un mes desde su adopción.

Si la Junta de Gobierno entendiese que dicho acuerdo es gravemente perjudicial para los intereses del Colegio o contrario al ordenamiento jurídico podrá al tiempo de formular el recurso previsto en el párrafo anterior, suspender inmediatamente la ejecución de aquel.

CAPÍTULO V

NULIDAD DE ACTOS

Artículo 107.- Nulidad de pleno derecho.

Se consideran nulos de pleno derecho los actos de los órganos colegiales en los casos establecidos en la legislación reguladora del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.

TÍTULO XIII

DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL COLEGIO

CAPÍTULO I

DE LOS RECURSOS ORDINARIOS

Artículo 108.- Recursos ordinarios.

Constituyen los recursos ordinarios del ICALPA:

1. Los rendimientos de cualquier naturaleza que produzcan los bienes o derechos que integran el patrimonio del Colegio.

2. Las cuotas de incorporación al Colegio que libremente determine la Junta de Gobierno.

3. Los derechos por los informes, dictámenes o resoluciones, que evacue la Junta de Gobierno en las regulaciones de honorarios tanto judiciales como extrajudiciales, en la cuantía que establezca la Junta de Gobierno.

4. Los derechos por los dictámenes, resoluciones o arbitrajes que se sometan a la Junta de Gobierno, los cuales se fijarán discrecionalmente conforme a las normas generales de honorarios vigentes en cada momento.

5. El importe de las cuotas ordinarias o extraordinarias a abonar por los colegiados y colegiadas, que se fijarán por la Junta de Gobierno. Las cuotas ordinarias se actualizarán conforme al Índice de Precios de Consumo o índice similar que determine la Junta de Gobierno, con la finalidad de adecuarse al coste efectivo de los servicios colegiales que se prestan.

6. Los derechos por expedición de certificaciones, visados, registro, envío o inscripción de documento, así como la prestación de cualquier otro servicio o entrega de bienes.

7. Las rentas procedentes de la inversión de los remanentes de ejercicios anteriores, si los hubiere.

8. Los ingresos por la promoción entre los colegiados y colegiadas de servicios y actividades desarrolladas por terceros.

9. Los ingresos procedentes de la prestación de servicios en la forma y cuantía que la Junta establezca reglamentariamente.

10. Las multas pecuniarias abonadas en virtud de resolución disciplinaria firme, que se destinarán preferentemente a fines asistenciales.

11. Cualquier otro concepto que legalmente proceda. Las rentas o ingresos que por su origen o procedencia deban ser asignadas a fines específicos, se aplicarán al cumplimiento de los mismos.

CAPÍTULO II

DE LOS RECURSOS EXTRAORDINARIOS

Artículo 109.- Recursos extraordinarios.

Constituirán los recursos extraordinarios del ICALPA:

1. Las subvenciones o donativos que se concedan al Colegio por el Estado o corporaciones oficiales, entidades o particulares.

2. Los bienes que por cualquier título pasen a formar parte del patrimonio del Colegio.

3. Las cantidades que por cualquier concepto corresponda percibir al Colegio cuando administre, en cumplimiento de algún encargo temporal o perpetuo, cultural o benéfico, determinados bienes o rentas.

4. Cualquier otro que legalmente proceda.

CAPÍTULO III

DE LA CUSTODIA, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Artículo 110.- Administración.

El patrimonio del Colegio será administrado por la Junta de Gobierno y ejercitará las funciones de ordenador de pagos que serán ejecutadas por el tesorero o tesorera.

Artículo 111.- Reglas generales.

El capital del Colegio se invertirá preferentemente en valores, de máxima garantía, salvo que la Junta de Gobierno acuerde su inversión en inmuebles o en otros bienes. La Junta de Gobierno precisará acuerdo de la Junta General para aquellas inversiones que superen el quince por ciento del activo del Colegio, excluido el inmovilizado, y cuando cuyo porcentaje supere a su vez el quince por ciento de los ingresos presupuestados del ejercicio. Los valores se depositarán en la entidad que la Junta de Gobierno acuerde y los resguardos del depósito se custodiarán en la caja del Colegio, bajo la personal e inmediata responsabilidad del tesorero o tesorera.

TÍTULO XIV

FUSIÓN, ABSORCIÓN, SEGREGACIÓN Y DISOLUCIÓN

Artículo 112.- Fusión, absorción, segregación y disolución.

1. La segregación o, en su caso, fusión o absorción requerirá acuerdo adoptado en Junta General Extraordinaria expresamente convocada al efecto, a la que deberá concurrir un número de colegiados y colegiadas no inferior al quince por ciento de los colegiados y colegiadas. Para su aprobación se deberá obtener el voto favorable de la mitad más uno de los presentes, cumpliendo el resto de requisitos establecidos, en su caso, en la norma Canaria de Colegios Profesionales o en normas de su desarrollo.

2. El ICALPA solo podrá disolverse cuando así lo imponga directamente la Ley, o mediante acuerdo adoptado en Junta General Extraordinaria, expresamente convocada al efecto, a la que deberá concurrir un número de colegiados y colegiadas no inferior al ochenta por ciento, y se apruebe por la mitad más uno de los presentes, cumpliendo los restantes requisitos legales.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

El presente Estatuto se aplicará a los procedimientos que se inicien a partir de su entrada en vigor.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA

Habida cuenta que con la entrada en vigor de los presentes estatutos se modifica la configuración de la Junta de Gobierno en cuanto al número de miembros que la componen, se establece el siguiente sistema para su progresiva reducción hasta alcanzar el número de doce miembros establecido en el artículo 69.

Renovándose la Junta por mitades, en las primeras elecciones que se celebren se elegirán seis miembros en lugar de ocho, por lo que hasta el momento de celebrarse las segundas elecciones, la Junta estará compuesta por catorce miembros. Llegado el momento de renovar la segunda mitad de la Junta tras la entrada en vigor de los estatutos, se elegirán los seis miembros restantes, quedando ya configurada definitivamente con doce miembros la Junta de Gobierno.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.

El presente Estatuto, una vez aprobado por la Junta General, será comunicado al Consejo General de la Abogacía, al Consejo Canario de Colegios de Abogados y a la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias que corresponda para su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de la Comunidad de Canarias, y se publicarán en el Diario Oficial de Canarias, momento a partir del cual entrarán en vigor.

El Estatuto, una vez publicado, será comunicado al Consejo General de la Abogacía Española.

Segunda.

En lo no previsto expresamente en este Estatuto se estará a lo dispuesto en los Estatutos del Consejo Canario de Colegios de Abogados y en el Estatuto General de la Abogacía Española, cuyas normas se aplicarán en caso de duda o contradicción, y con sujeción siempre a la legislación en vigor.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Una vez publicado en el Diario Oficial de Canarias el presente Estatuto, quedará expresamente derogado el anterior Estatuto, con sus modificaciones posteriores.

© Gobierno de Canarias