Gobierno de Canarias

Comunidad Autónoma de Canarias

Boletín Oficial de Canarias

Estás en:

BOC Nº 231. Jueves 23 de noviembre de 2023 - 3774

ATENCION. La versión HTML de este documento no es oficial. Para obtener una versión oficial, debe descargar el archivo en formato PDF.

III. Otras Resoluciones - Consejería de Turismo y Empleo

3774 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 15 de noviembre de 2023, de la Presidenta, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan subvenciones para el ejercicio 2023, en régimen de concurrencia no competitiva, destinadas a la financiación de proyectos de empleo-formación a desarrollar por centros y entidades de formación en colaboración con las empresas de La Palma, dentro del Plan Integral de Empleo de la isla de La Palma, para hacer frente a las consecuencias de la erupción volcánica en la isla, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional octogésima sexta de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.

66 páginas. Formato de archivo en PDF/Adobe Acrobat. Tamaño: 808 Kb.
BOC-A-2023-231-3774. Firma electrónica - Descargar

Examinada la iniciativa de la Dirección del Servicio Canario de Empleo (en adelante SCE), para la aprobación de bases reguladoras y convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de proyectos de empleo y formación y teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1.º El pasado 19 de septiembre de 2021, a las 15:12 horas, se inició la erupción volcánica
en la zona de Cumbre Vieja, en el término municipal de El Paso, isla de La Palma. Ese mismo día fue activado el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil (PLEGEM) en fase de Alerta y Seguimiento Permanente. Asimismo, fue activada la Situación de Emergencia Nivel 2 y el semáforo volcánico en nivel rojo, correspondientes al Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico de la Comunidad Autónoma de Canarias (PEVOLCA).

La gravedad de los daños materiales provocó la reacción inmediata de las distintas administraciones, aprobándose distintos paquetes de medidas encaminados a paliar los daños más inmediatos ocasionados por la erupción del volcán.

Si bien, después de más de tres meses de actividad estromboliana, se dio por finalizada la erupción del volcán el 25 de diciembre de 2021, una vez transcurrido el tiempo, continúan los trabajos de monitorización del volcán mientras las lavas se enfrían y continúa la desgasificación de la zona afectada y se continúa con la reconstrucción.

La gravedad de los daños materiales producidos, así como la incidencia en la actividad económica, ha provocado un gran desastre en la isla, que ha afectado en su gran mayoría a sus habitantes, que han perdido sus casas, cultivos y trabajos a causa de la erupción volcánica.

Ante dicha situación, la declaración excepcional de zona afectada por emergencia o de zona catastrófica es una realidad que ha obligado tanto al Gobierno de España como al de la Comunidad Autónoma de Canarias a adoptar medidas inmediatas para la recuperación económica de la isla.

2.º El Consejo de Ministros, celebrado el 28 de septiembre de 2021, declaró la isla de La Palma zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil (ZAEPC, la antigua Zona Catastrófica) por la erupción del volcán habilitando así a todos los Departamentos ministeriales para determinar las ayudas necesarias para recuperar todos los daños provocados por el volcán, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, y permitiendo el acceso a ayudas del fondo de solidaridad de la Unión Europea (FSUE) para la reconstrucción. Esta declaración abre la fase de recuperación de la catástrofe a medio y largo plazo, una recuperación que se dará por finalizada hasta que todas las personas afectadas hayan recuperado la normalidad.

3.º Por su parte, la Comunidad Autónoma de Canarias aprobó el Decreto ley 12/2021, de 30 de septiembre, por el que se adoptan medidas tributarias, organizativas y de gestión como consecuencia de la erupción volcánica en la isla de La Palma, mediante el que se adoptaban medidas tributarias extraordinarias con un triple fin: por un lado, ayudar a evitar las posibles dificultades de liquidez de los contribuyentes palmeros, en detrimento de la recaudación tributaria de la Agencia Tributaria Canaria, por otro lado, facilitar a los afectados la adquisición de nuevos bienes inmuebles, con diversos beneficios fiscales, y, por último, ajustar la tributación efectiva de determinados empresarios a los días sin erupción volcánica.

4.º El 6 de octubre se publicó el Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma, en el que se establece que el Plan Extraordinario de Formación y Empleo para la isla de
La Palma, previsto en el apartado tercero.1 del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 28 de septiembre de 2021, se financiará con un crédito por importe de 63 millones de euros.

La finalidad del citado Plan es, por una parte, implementar un conjunto de medidas de acción rápida para paliar los daños cuya reparación exija una mayor urgencia, y, por otra, articular una serie de medidas de futuro para diseñar una estrategia estructural que se active una vez el volcán cese su actividad, con el objetivo de recuperar la situación previa a la erupción.

5.º El 28 de octubre de 2021 se aprobó el Decreto ley 14/2021, de 28 de octubre, por el que se regula el marco general para la tramitación de los procedimientos de concesión de ayudas con carácter de emergencia destinadas a paliar las necesidades derivadas de la situación de emergencia producida por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma.

6.º Que, con el fin de instrumentar las medidas establecidas en dicho Plan Integral de Empleo de la isla de La Palma, se firmó el 3 de marzo de 2023 un convenio entre el entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la Comunidad Autónoma de Canarias, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

7.º Que la disposición adicional octogésima sexta de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, establece que, durante el año 2023, el Servicio Público de Empleo Estatal aportará la cantidad de 30 millones de euros para la financiación de un Plan Integral de Empleo de la isla de La Palma, para la realización de medidas de empleo y formación para hacer frente a las consecuencias de la erupción volcánica en dicha isla. Esta aportación financiera tiene el carácter de subvención nominativa, habida cuenta de su consignación en el estado de gastos del presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal.

Las medidas concretas a desarrollar y el periodo de ejecución del Plan, que podrá extenderse durante 2024, así como la aportación en 2023 citada para el Plan Integral de Empleo de la isla de La Palma, se instrumentarán mediante un convenio a celebrar entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la Comunidad Autónoma de Canarias.

Dicho convenio se suscribe con fecha 3 de marzo de 2023 y es objeto del mismo instrumentar la subvención destinada al Plan Integral de Empleo de la isla de La Palma, para la realización de medidas de empleo y formación para hacer frente a las consecuencias de la erupción volcánica en dicha isla establecida en la disposición adicional octogésima sexta de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, y determinar las medidas concretas a desarrollar y el periodo de ejecución de dicho Plan.

Dentro de los compromisos de la Comunidad Autónoma de Canarias, establecidos en la cláusula cuarta del citado Convenio, se aprueba el Plan Integral de Empleo de la isla de La Palma en sesión ordinaria del Consejo General de Empleo celebrada el 6 de marzo de 2023, con las medidas, las cuales se destinarán a los fondos del Servicio Público Estatal en línea con los objetivos recogidos en la cláusula segunda del citado Convenio.

A través de esta medida extraordinaria se da respuesta a las dificultades económicas y sociales generadas por la erupción volcánica iniciada en La Palma el 19 de septiembre
de 2021.

8.º Según establece la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, en su ámbito territorial, corresponde a las Comunidades Autónomas, de conformidad con sus Estatutos de Autonomía, el desarrollo de la política de empleo, el fomento del empleo y la ejecución de la legislación laboral y de los programas y medidas que les hayan sido transferidos, así como de los programas comunes que se establezcan, conjuntamente con el desarrollo y diseño de los programas propios adaptados a las características territoriales, dentro del marco del Sistema Nacional de Empleo.

9.º Integran el Sistema Nacional de Empleo todas las estructuras administrativas, recursos materiales y humanos, estrategias, planes, programas e información dirigidos a implementar políticas de empleo, ya sean de titularidad estatal o autonómica. Está conformado por la Agencia Española de Empleo y por los servicios públicos de empleo de las Comunidades Autónomas.

10.º El Real Decreto 818/2021, de 28 de marzo, por el que se regulan los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo, dentro de los Programas del Eje 2 “formación”, los Programas mixtos de empleo-formación y dentro de este último: unos programas de empleo-formación regulados en los artículos 36 y ss. dirigidos a la mejora de la ocupabilidad de las personas que determinen los servicios públicos de empleo como destinatarias de los mismos, según lo previsto en el artículo 3.1 del mismo Real Decreto.

Este Programa prevé que las personas participantes en el mismo la realizarán un periodo de práctica profesional mediante la suscripción de un contrato de trabajo con la entidad beneficiaria del programa u otras entidades que participen en él, así como formación profesional para el empleo en competencias transversales con incidencia en el empleo o de certificados de profesionalidad, según sus niveles de cualificación

11.º El propio Real Decreto 818/2021, de 28 de marzo, establece el supuesto que el programa se gestione mediante la concesión de subvenciones, como es el caso, unos conceptos y cuantías de referencia que se recogen en el artículo 39; y establece que podrán ser beneficiarios de las subvenciones los previstos en el artículo 20 del mismo Real Decreto. Ateniendo a lo establecido en dicho artículo pueden ser beneficiarios, entre otros, las entidades que puedan determinar los servicios públicos de empleo. En este caso, las presentes bases reguladoras establecen qué entidades pueden ser beneficiarias de las subvenciones.

12.º El SCE es un organismo autónomo creado por la Ley 12/2003, de 4 de abril, en virtud del artículo 33 de la derogada Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias, por el que se atribuye a la Comunidad Autónoma de Canarias la ejecución de la legislación laboral; actual artículo 139.1.a) de la vigente Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, que atribuye a la Comunidad Autónoma, en el marco de la legislación del Estado, las competencias ejecutivas en materia de empleo y relaciones laborales que incluyen “Las políticas activas de empleo, que comprenderán la formación de los demandantes de empleo y de los trabajadores en activo, así como la gestión de las subvenciones correspondientes; la intermediación laboral y el fomento del empleo”.

En su artículo 3, la citada Ley atribuye al SCE la realización de actividades de fomento del empleo y la formación para el empleo en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias.

13.º El texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, tras la modificación operada por Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, establece las modalidades de contrato de trabajo vigentes. Y en su artículo 11.2 regula el contrato para la formación en alternancia.

14.º El apartado 1.d) del artículo 8 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, incluye a la formación en alternancia con el empleo como una de las modalidades de formación profesional para el empleo dirigidas a dar respuesta inmediata a las distintas necesidades individuales y del sistema productivo.

15.º El apartado 1 del artículo 30 del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, define la formación en alternancia como aquella que tiene por objeto contribuir al impulso de una formación que responda a las necesidades del mercado laboral mediante un proceso mixto, de empleo y formación, que permita a las personas trabajadoras compatibilizar el aprendizaje formal con la práctica profesional en el puesto de trabajo.

16.º Las presentes bases reguladoras y convocatoria tienen por objeto financiar actuaciones para la mejora de la empleabilidad de las personas desempleadas en la isla de La Palma a través de Programas públicos mixtos de empleo-formación regulados en los artículos 36 y ss., bajo el epígrafe “otros programas públicos de empleo-formación del Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, por el que se regulan los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo, donde la formación se desarrollará de forma exclusiva en centro formativo, que se compatibilizará y alternará con la actividad laboral que se lleva a cabo en una empresa mediante la modalidad de contrato de trabajo que resulte más acorde con la actividad laboral a realizar y, en su caso, con la finalidad del tipo de programa a ejecutar que establezca la respectiva norma de desarrollo o bases reguladoras del programa, de acuerdo con la normativa laboral vigente.

17.º Según datos de OBECAN de marzo de 2023, el mayor porcentaje de paro registrado en desempleados en La Palma afecta a aquellas personas desempleadas con nivel académico equivalente a enseñanza primaria obligatoria, seguido de aquellos que poseen la enseñanza secundaria obligatoria.

A los citados antecedentes, les son de aplicación las siguientes

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- La tramitación de las presentes bases reguladoras y convocatoria de subvenciones se realizará al amparo de lo dispuesto en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias (en adelante, Decreto 36/2009, de 31 de marzo), así como sus posteriores modificaciones introducidas por Decreto 5/2015, de 30 de enero, y Decreto 151/2022, de 23 de junio, y la regulación contenida en los preceptos de carácter básico de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. En concreto, es de aplicación a la presente propuesta de Resolución lo previsto en el Capítulo II del citado Decreto 36/2009, al tratarse de un procedimiento en concurrencia no competitiva.

Segunda.- Los artículos 3 y 9 del citado Decreto 36/2009, de 31 de marzo, determinan que los titulares de los Departamentos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma serán competentes para conceder subvenciones, así como para aprobar las oportunas bases reguladoras de la concesión. La aprobación de las presentes bases reguladoras y convocatoria corresponde a la Presidencia del SCE, de acuerdo con el artículo 7.1.g) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo.

Tercera.- La presente Resolución se tramita de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.5.a) del Decreto 36/2009, de 31 de marzo. La especificidad de las subvenciones que se convocan, con el fin de mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas y ayudar a la recuperación económica y social de la isla, a través de una aportación de carácter extraordinario para la reestructuración de la isla, justifican la acumulación de las bases reguladoras y convocatoria en un mismo acto administrativo.

Cuarta.- La disposición adicional octogésima sexta de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, establece que, durante el año 2023, el Servicio Público de Empleo Estatal aportará la cantidad de 30 millones de euros para la financiación de un Plan Integral de Empleo de la isla de La Palma, para la realización de medidas de empleo y formación para hacer frente a las consecuencias de la erupción volcánica en dicha isla. Esta aportación financiera tiene el carácter de subvención nominativa, habida cuenta de su consignación en el estado de gastos del presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal.

En todo caso, la adopción de estas medidas se inspirará en los principios de economía, celeridad, eficacia y solidaridad, así como en los de cooperación y coordinación entre Administraciones públicas. A estos fines, deberán impulsarse aquellos mecanismos de colaboración que en cada caso contribuyan a la mayor operatividad de las medidas previstas.

Quinta.- Con fecha 6 de marzo de 2023, el Consejo General de Empleo ha aprobado el desarrollo del Plan Integral de Empleo de la isla de La Palma 2023, que contempla entre otras medidas la realización de planes extraordinarios de empleo para la recuperación y rehabilitación de entornos afectados, la formación para la cualificación y recualificación en sectores productivos o emergentes así como recualificación en sectores de mantenimiento de la actividad económica, los planes mixtos de empleo y/o formación para sectores vinculados con la transición ecológica, economía verde, economía azul, economía circular, nuevas tecnologías o sectores de desarrollo económico y/o industrial en La Palma, las actuaciones de orientación laboral para el empleo tanto al empresariado como a las personas trabajadoras mediante acciones y medidas de información, acompañamiento, orientación y asesoramiento, las ayudas económicas para los autónomos, micro pymes y empresas de economía social, así como cualquier otra actuación en materia de formación, empleo y apoyo al tejido empresarial y personas en ERTE o ERE, que en función de la emergencia social y económica en la isla de La Palma requieran de una respuesta en el ámbito del Convenio suscrito con fecha 3 de marzo de 2023 entre el Servicio Público de Empleo Estatal y el Servicio Canario de Empleo para el desarrollo de un Plan Integral de Empleo de la isla de La Palma, para la realización de medidas de empleo y formación para hacer frente a las consecuencias de la erupción volcánica en la isla.

Sexta.- Esta iniciativa de subvenciones está incluida en el Plan Estratégico de Subvenciones del Servicio Canario de Empleo para el periodo 2021-2024, aprobado mediante Orden de la extinta Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo de fecha 21 de diciembre de 2020 (BOC n.º 269, de 30.12.2020), cuya última modificación es mediante Orden de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo n.º 59/2023, de fecha 28 de marzo de 2023 (BOC n.º 71, de 12.4.2023), cumpliéndose con ello los requerimientos establecidos en el artículo 9 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Séptima.- Existe consignación adecuada y suficiente en los Presupuestos Generales del Servicio Canario de Empleo para dar cobertura presupuestaria a las presenten subvenciones, con cargo a la aplicación presupuestaria: 2023 5001 241H 470.02.00 Línea de actuación 500G0046 Plan Integral de Empleo de la isla de La Palma, Fondo: 40V5001.

En virtud de lo anterior, vistos los informes de la Dirección General de Asuntos Europeos, de la Secretaría General Técnica y el de la Intervención General, y en uso de las competencias que tengo legalmente atribuidas,

RESUELVO:

Primero.- Aprobar las bases reguladoras.

Aprobar las bases reguladoras por las que se regirá la convocatoria de concesión de subvenciones destinadas a la financiación de los proyectos de empleo-formación en el marco del Plan Integral de Empleo de La Palma, en régimen de concurrencia no competitiva, en los términos que figuran en el Anexo A de la presente Resolución.

Segundo.- Aprobar la convocatoria.

Convocar las subvenciones para el presente ejercicio económico destinadas a la financiación de subvenciones destinadas de proyectos de empleo-formación en el marco del Plan Integral de Empleo de La Palma, en régimen concurrencia no competitiva, que figuran en el Anexo B de la presente Resolución.

Tercero.- Aprobación del gasto.

Aprobar la realización de un gasto para el ejercicio 2023 de un millón quinientos mil (1.500.000) euros para la convocatoria destinada a la financiación de proyectos de empleo-formación en el marco del Plan Integral de Empleo de La Palma, para el año 2023, con cargo al crédito consignado en el presupuesto de gasto del SCE en la partida 2023 5001 241H 470.02.00 Línea de actuación 500G0046 Plan Integral de Empleo de la isla de La Palma, Fondo: 40V5001; el importe del crédito presupuestario disponible puede incrementarse como consecuencia de una generación, una ampliación o una incorporación de crédito, de conformidad con lo establecido en el artículo 14.4 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo. En este supuesto, el órgano concedente publicará la declaración de créditos disponibles y la distribución definitiva, con carácter previo a la resolución de concesión en los mismos medios que la convocatoria, sin que tal publicidad implique la apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes ni el inicio de nuevo cómputo de plazo para resolver.

Cuarto.- Interpretación y medidas para el desarrollo y aplicación de las bases reguladoras.

Se faculta a la Dirección del SCE para adoptar cuantas medidas sean necesarias para la interpretación, aplicación y ejecución de lo dispuesto en esta Resolución,

Quinto.- Producción de efectos.

Con independencia de su publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, la presente Resolución producirá sus efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, que por turno corresponda, o, potestativamente, recurso de reposición ante la Presidencia del SCE, en el plazo de un mes, computados en los términos citados, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de noviembre de 2023.- La Presidenta, Jéssica del Carmen de León Verdugo.

ANEXO A

BASES REGULADORAS POR LAS QUE SE REGIRÁ LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA NO COMPETITIVA, DESTINADAS
A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE EMPLEO-FORMACIÓN A DESARROLLAR
POR CENTROS Y ENTIDADES DE FORMACIÓN EN COLABORACIÓN CON
EMPRESAS DE LA PALMA, DENTRO DEL PLAN INTEGRAL DE EMPLEO DE LA ISLA DE LA PALMA, PARA HACER FRENTE A LAS CONSECUENCIAS DE LA ERUPCIÓN VOLCÁNICA EN LA ISLA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTOGÉSIMA SEXTA DE LA LEY 31/2022, DE 23 DE DICIEMBRE, DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2023.

Base primera.- Objeto y finalidad de las subvenciones.

El objeto de las subvenciones es financiar la ejecución en la isla de La Palma proyectos de formación en alternancia con el empleo a desarrollar por centros y entidades de formación en colaboración con empresas con el fin de mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas de los municipios afectados por la actividad eruptiva y ayudar a la recuperación económica y social de la isla.

Base segunda.- Régimen jurídico.

El procedimiento para la tramitación de estas subvenciones se rige, en lo establecido en estas bases, por la siguiente normativa:

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

• Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, y posteriores modificaciones introducidas por Decreto 5/2015, de 30 de enero, y Decreto 151/2022, de 23 de junio.

• Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma.

• Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo.

• Decreto ley 12/2021, de 30 de septiembre, por la que se adopta medidas tributarias, organizativas y de gestión como consecuencia de la erupción volcánica en la isla de La Palma.

• Decreto 48/2009, de 28 de abril, por el que se establecen en la Administración Pública de la Comunidad Autonómica de Canarias medidas ante la crisis económica y de simplificación administrativa.

• Ley 12/2003, de 4 de abril, del SCE.

• Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

• Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, excepto su disposición adicional octava por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, que ha sido derogada expresamente por la disposición derogatoria única de Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo.

• Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral. En todo aquello que no se opongan a lo establecido en la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo.

• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

• Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

• Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

• Los artículos 15 a 18 del Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo, hasta la entrada en funcionamiento efectivo de la Agencia Española de Empleo.

• Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.

• Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, por el que se regulan los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo.

• Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo.

• Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se regula el contrato para la formación y el aprendizaje (actualmente contrato para la formación en alternancia) y se establecen las bases de la formación profesional dual, y Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por la que se regulan los aspectos formativos del contrato para la formación y el aprendizaje (actualmente contrato para la formación en alternancia) en desarrollo del Real Decreto 1529/2012; en todo aquello que no se oponga a lo establecido en el artículo 11.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, después de la redacción dada al mismo por el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.

• Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, en relación con la oferta formativa de las administraciones competentes y su financiación, y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación.

• Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los Certificados de Profesionalidad, Reales Decretos por los que se establecen certificados profesionales dictados en su aplicación y Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 34/2008.

• Decreto 122/2011, de 17 de mayo, por el que se crea el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de la Comunidad Autónoma de Canarias y se regulan los procedimientos para la inscripción y/o acreditación de las entidades y centros de formación.

• Real Decreto 62/2022, de 25 de enero, de flexibilización de los requisitos exigibles para impartir ofertas de formación profesional conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad, así como de la oferta de formación profesional en centros del sistema educativo y de formación profesional para el empleo.

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante Ley 39/2015).

• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante LRJSP).

• Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y respecto a las actividades de tratamiento de datos personales.

• Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Base tercera.- Definición.

3.1. Los Proyectos mixtos de empleo-formación regulados en estas bases reguladoras son los que corresponden al ámbito de competencia del Ministerio de Trabajo y Economía Social en Formación Profesional para el Empleo del ámbito laboral, sin perjuicio de las competencias en esta misma materia del Ministerio de Educación y Formación Profesional y se encuentran regulados en los artículos 36 y ss. del Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, ya citado, bajo la denominación de “Otros programas públicos de empleo-formación”.

3.2. Los proyectos mixtos de empleo-formación se configuran como un política activa de empleo, consistente en un conjunto de acciones formativas mixtas, de formación y empleo, que tienen por objeto la cualificación profesional en el puesto de trabajo, con el objetivo de mejorar la ocupabilidad de las personas desempleadas y facilitar su inserción laboral.

3.3. Con esta finalidad, se ofrecerá a las personas participantes la realización de un periodo de práctica profesional mediante la suscripción de un contrato de trabajo con la entidad beneficiaria del programa u otras entidades que participen en él, así como formación profesional para el empleo en competencias transversales con incidencia en el empleo o de certificados profesionales, según sus niveles de cualificación.

Base cuarta.- Personas destinatarias.

1. Podrán ser personas destinatarias de estos proyectos las personas, residentes en la isla de La Palma, que se encuentren desempleadas, entendiéndose como tales, a los efectos de las presentes bases reguladoras, las personas inscritas como demandantes de empleo y/o servicios en situación laboral de no ocupadas registradas en el SCE.

2. Además de lo previsto en el apartado anterior deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Cumplir los requisitos requeridos para el acceso a la formación que se vaya a desarrollar, con especial atención en el caso de impartición de un certificado de profesionalidad.

b) Y cumplir con los requisitos que en su caso se exijan para la modalidad contractual que se utilice.

c) Tener las condiciones de adecuación al puesto de trabajo.

3. Para la preselección o selección de las personas participantes en los proyectos, se tendrán en cuenta los colectivos prioritarios establecidos en el artículo 50 de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, así como el criterio de adecuación al puesto de trabajo que desarrollará en el marco del proyecto de empleo-formación.

Base quinta.- Entidades beneficiarias y requisitos.

5.1. Podrán desarrollar los proyectos en el marco de las presentes bases reguladoras, y ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en la mismas, las siguientes entidades:

5.1.1. Las entidades y centros de formación con instalaciones en la isla de La Palma que se encuentren inscritas y/o acreditadas en el registro de Entidades de Formación Profesional para el Empleo de Canarias para impartir la correspondiente formación, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, para la impartición de los certificados profesionales que se impartan, las especialidades del Catálogo de especialidades del SEPE; y, en su caso, se encuentren autorizados para la impartición de la formación relacionada con las ocupaciones a desarrollar durante el periodo de trabajo efectivo que se incluya en el proyecto, en el caso de tratarse de itinerarios formativos deberán reunir los requisitos para poder impartir toda la formación de la que consta el itinerario.

5.1.2. No obstante lo anterior, las empresas con las que las entidades y centros de formación a que se refiere el párrafo anterior establezcan acuerdos para desarrollar la parte de trabajo efectivo mediante la suscripción del correspondiente contrato para la formación en alternancia deberán disponer de la capacidad técnica y de gestión suficiente para poder acoger a personas en esta modalidad de contrato de trabajo. La empresa pondrá en conocimiento de la representación legal de las personas trabajadoras los acuerdos de cooperación educativa o formativa que contemplen la contratación formativa, incluyendo la información relativa a los planes o programas formativos individuales, así como a los requisitos y las condiciones en las que se desarrollará la actividad de tutorización (artículo 11.5 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores). Se deberán tener en cuenta los convenios colectivos aplicables que puedan incluir regulación en materia de este tipo de contratos a la formación.

5.2. Las entidades solicitantes de los proyectos deberán estar dadas de alta a terceros en el Sistema Económico Financiero de la Comunidad Autónoma de Canarias.

5.3. No podrán acceder a las subvenciones reguladas en esta Resolución, entidades solicitantes que incurran en alguna de las prohibiciones reguladas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones.

5.4. En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado cuarto del Acuerdo de Gobierno de 24 de abril de 2014, de medidas preventivas de detección temprana y procedimientos: “todas las sociedades mercantiles públicas y fundaciones del sector público autonómico, así como sus órganos de administración velarán para facturar las encomiendas o no aceptar subvenciones o aportaciones para el fomento de actividades, sin que se acredite que no se pone en riesgo su sostenibilidad financiera. A estos efectos, las entidades deberán previamente realizar un análisis de su repercusión en relación con el resultado del ejercicio y posteriores, así como en relación con su incidencia en la corriente de cobros y pagos, en la posición de la tesorería de la entidad y en los plazos de pagos a los proveedores comerciales”.

5.5. Los requisitos señalados en los apartados anteriores deberán cumplirse en el momento de presentar la solicitud.

5.6. Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá a la entidad beneficiaria para que la subsane en el plazo de 10 días, con la advertencia de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistida de su solicitud previa resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15.4 del citado Decreto 36/2009, de 31 de marzo.

Base sexta.- Contenido y desarrollo de los proyectos.

6.1. Los proyectos incluirán un Plan Formativo que deberá reflejar preferentemente el itinerario completo de un certificado de profesionalidad, aunque podrá incluir itinerarios con módulos correspondientes a varios certificados profesionales y/o incluir formación del Catálogo de Especialidades Formativas del Sistema Nacional de Empleo, así como formación relacionada con la ocupación a desarrollar si se justifica por la entidad beneficiaria la necesidad de impartición de esa formación por responder a una demanda del sector económico correspondiente de la isla de La Palma.

6.1.1. El Plan Formativo deberá responder preferentemente a las necesidades de los sectores previstos en el Plan Integral de Empleo de la isla de La Palma y estar dirigido prioritariamente a formar en las ocupaciones previstas en el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura, al que se alude en el artículo 65.1 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y que contiene aquellas ocupaciones en las que los Servicios Públicos de Empleo han encontrado dificultad para gestionar las ofertas de empleo que los empleadores les presentan cuando quieren cubrir puestos de trabajo vacantes.

6.1.2. Cuando la formación prevista en el mismo esté dirigida a la obtención de un certificado profesional completo, su duración será la prevista para este, sin que pueda excederse la duración máxima del proyecto.

6.1.3. Cuando la formación sea formación en competencias transversales, su duración será de un máximo de 150 horas, salvo que el programa formativo de la correspondiente especialidad formativa requiera una duración mayor para su impartición y esta sea compatible con la duración del contrato de trabajo suscrito, sin que en ningún caso pueda excederse el límite de duración del proyecto.

6.1.4. En el caso de que la actividad formativa contemple, además de la formación en especialidades del Catálogo de Especialidades Formativas del Sistema Nacional de Empleo y/o en competencias transversales, la impartición de algún módulo formativo de un certificado de profesionalidad, la duración máxima indicada se añadirá a la prevista para el correspondiente módulo.

6.1.5. Dadas las características de los proyectos previstos en estas bases, la formación a impartir será en la modalidad presencial, en instalaciones acreditadas y/o inscritas en el Servicio Canario de Empleo.

6.2. Cuando se proponga formación de certificados de profesionalidad, o módulos de los mismos, deberá cumplir los requisitos establecidos en el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados profesionales y en los Reales Decretos que regulen los correspondientes certificados profesionales y la Orden ESS/1897/2013, por la que se desarrolla el citado Real Decreto.

6.3. En el caso de que la formación prevista en el Proyecto requiera autorización para ser impartida, la entidad solicitante deberá contar con la misma en el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

6.4. Asimismo, deberá incluir como anexo los convenios de cooperación suscritos con las empresas con las que las personas participantes suscribirán el contrato de trabajo para la formación en alternancia, según el modelo que figura como Anexo IV de la convocatoria, donde conste como mínimo lo siguiente:

• Denominación, NIF y razón social de la entidad o centro o entidad de impartición de formación.

• Denominación, NIF y razón social de la empresa.

• Compromiso de participación en el desarrollo del proyecto a través de la suscripción del correspondiente contrato de trabajo para la formación en alternancia.

• Las necesidades de las empresas que motivan el contenido de la formación a impartir.

• Categoría profesional en la que se contratará a la persona participante en el Proyecto.

• Dirección del centro o centros de trabajo de la empresa, donde se desarrollará el trabajo efectivo.

• Número de participantes a contratar.

• Fecha prevista de suscripción del contrato y su duración. Esta podrá variarse por causas sobrevenidas.

Estos convenios de cooperación podrán ser sustituidos, en el momento de la solicitud, por una declaración responsable del centro o entidad de formación donde conste que existe el compromiso con empresas suficientes para que todos los participantes del proyecto puedan suscribir los correspondientes contratos de formación para la alternancia. En cualquier caso, los convenios de cooperación deberán estar firmados por ambas partes antes del inicio de la formación prevista en el proyecto.

6.5. La duración de los proyectos será de un máximo de 12 meses y, en todo caso, su finalización deberá ser como máximo en diciembre del año 2024; debiendo en todo caso, ajustarse a este límite la duración de la formación prevista en el proyecto.

6.6. La modalidad de contrato de trabajo a utilizar será la de contrato para la formación en alternancia prevista en el artículo 11.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

6.7. La duración de la jornada de trabajo efectivo de las personas participantes será como máximo del 65%, en la que se incluyen horas de formación práctica. El resto de la jornada será de formación teórico-práctica, no siendo esta inferior al 35% de la jornada total.

6.8. La duración de dichos contratos de trabajo no podrá ser inferior a 3 meses ni exceder de la fecha de finalización del proyecto.

6.9. Asimismo, los proyectos podrán incluir un servicio de tutorización del aprendizaje y, en su caso, un servicio de gestión del proyecto cuando resulte necesario.

Base séptima.- Certificación de la formación.

A la finalización del proceso formativo, la entidad beneficiaria emitirá, en su caso, un diploma acreditativo de haber superado la formación recibida en la que constará la duración en horas de cada especialidad.

Asimismo, las personas participantes aptas en la totalidad o en parte de los módulos formativos del o de los certificados profesionales correspondientes a la acción formativa, podrán solicitar la expedición del o de los certificados profesionales o la acreditación parcial de las unidades de competencia; para lo cual el centro o entidad de formación deberá prestar la colaboración necesaria.

Base octava.- Normas generales de selección.

Tanto para la selección de las personas destinatarias de los proyectos como para la selección de las personas específicamente contratadas para la ejecución del proyecto, la entidad beneficiaria deberá seguir criterios y procedimientos que garanticen la objetividad de la selección.

Base novena.- Procedimiento de selección de las personas destinatarias de los proyectos.

10.1. La selección irá precedida por la presentación ante la oficina de empleo de la oferta por parte de la entidad beneficiaria, conforme al perfil establecido en los proyectos presentados, o bien, la entidad beneficiaria podrá proponer a la oficina de empleo personas destinatarias de acuerdo con lo previsto en las bases reguladoras, que la oficina una vez comprobado estos extremos los incorporará al listado de personas preseleccionadas.

10.2. La oficina de empleo enviará a la entidad beneficiaria información del proceso de selección, que recogerá la lista de personas desempleadas preseleccionadas que cumplen los requisitos establecidos.

10.3. La entidad beneficiaria realizará la selección entre las personas desempleadas incluidas en la relación confeccionada por la oficina de empleo, procurando en todo caso, la mayor adaptabilidad de las personas preseleccionadas a las ocupaciones y trabajos a realizar en la acción concreta, así como a las exigencias formativas previstas en las presentes bases reguladoras.

10.4. Con el resultado de la selección realizada se formalizará el acta de selección, en la que se harán constar los nombres de las personas seleccionadas, pudiendo constituirse, en caso de que existan candidaturas adecuadas, una lista de reserva para la cobertura de las futuras vacantes que pudieran producirse.

10.5. De producirse la baja de alguna persona destinataria durante la duración del proyecto, deberá ser sustituida por otra de la lista de reserva, y en caso de no existir lista de reserva que haya sido seleccionada según el procedimiento establecido y siempre que en el momento de su inclusión en el proyecto cumpla con los requisitos establecidos en las presentes bases reguladoras.

10.6. Si se produjese alguna una baja a lo largo del proyecto, esta se deberá cubrir en un plazo máximo de 20 días lectivos. En el caso de proyectos que incluyan formación conducente a certificados profesionales, la obligación de sustitución de una baja existirá siempre y cuando las personas participantes en el proyecto tuvieran la posibilidad de recibir formación en uno o en varios de los módulos del certificado y pudiera solicitar la acreditación parcial por los mismos.

10.7. Si una sustitución no se pudiera realizar en el plazo de 20 días lectivos, por causas ajenas a la entidad, esta deberá emitir un informe al respecto, comprensivo de las causas que han impedido realizar la sustitución en plazo.

Base décima.- Contratación.

12.1. La entidad beneficiaria podrá contratar para el desarrollo del proyecto los siguientes profesionales con cargo a la subvención, entre otros:

• Una persona directora-docente, responsable de la gestión del proyecto y de impartir formación en la materia que le corresponda, que tendrá carácter permanente durante todo el desarrollo del proyecto.

• Una persona coordinadora de formación/orientadora de empleo responsable de coordinar los aspectos relacionados con el diseño y desarrollo del proceso formativo (programación, seguimiento del proceso formativo, evaluación, etc.). También será responsable, en su caso, del seguimiento del Plan de Formación e Inserción laboral, así como de impartir la formación necesaria para el desarrollo de las habilidades personales/motivación para el empleo.

• Docentes responsables del proceso formativo (programación, impartición de la formación, seguimiento, evaluación, etc.). En el caso de que existan dificultades para completar el equipo con dos o más docentes, por no existir candidatos suficientes que cumplan los requisitos exigidos para impartir la formación y siempre que las características del proyecto lo permiten, se podrá contratar un solo docente.

• Personal de tutorización del aprendizaje en el periodo de ejecución del contrato para la formación en alternancia. Este personal podrá ser alguno de los docentes encargados de la impartición de la formación o cualquier otra siempre que cuente con un perfil profesional y conocimientos que permita desarrollar adecuadamente esta labor.

• Personal de gestión del proyecto.

Base decimoprimera.- Procedimiento de selección de personal específicamente contratado para la ejecución del proyecto.

En todo caso, el personal contratado deberá tener un perfil profesional que se ajustará, en todo caso, a las características de las labores a desarrollar en la ejecución del proyecto. En el caso de contratarse docentes para la impartición de la formación prevista en el proyecto, el perfil profesional deberá ajustarse en todo caso a los requisitos establecidos en los certificados de profesionales o especialidades de Catálogo de la formación que se vaya a impartir.

Base decimosegunda.- Gastos subvencionables.

Tendrán la consideración de subvencionables aquellos gastos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios para el desarrollo de la acción formativa, a los incentivos a las empresas, se produzcan durante el desarrollo del proyecto, y sean abonados con anterioridad a la finalización del periodo de justificación. Asimismo teniendo en cuenta que la jornada laboral máxima del contrato para la formación en alternancia es del 65% de la ordinaria y atendiendo a los importes establecidos en el artículo 39 del Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, serán subvencionables los siguientes gastos hasta la cuantía que se indica en cada caso:

12.1. Financiación de los costes salariales y de Seguridad Social por todos los conceptos derivados de las personas trabajadoras participantes, con las siguientes cuantías:

• Por cada persona trabajadora contratada en los Grupos de Cotización a la Seguridad Social 1 y 2, ambos inclusive: 21.612,50 euros/año. En caso de que el contrato suscrito sea de duración inferior se aplicará la parte proporcional.

• Por cada persona trabajadora contratada en los Grupos de Cotización a la Seguridad Social 3 al 7, ambos inclusive: 17.290,00 euros/año. En caso de que el contrato suscrito sea de duración inferior se aplicará la parte proporcional.

• Por cada persona trabajadora contratada en los Grupos de Cotización a la Seguridad Social 8 al 11, ambos inclusive: 12.967,50 euros/año. En caso de que el contrato suscrito sea de duración inferior se aplicará la parte proporcional.

12.2. Financiación de las acciones de formación para el empleo mediante un módulo económico por participante y hora de formación, de acuerdo con los importes previstos en los módulos aprobados por los diferentes servicios públicos de empleo considerando los módulos económicos genéricos máximos previstos en la normativa vigente de formación profesional para el empleo, excepto para aquellas especialidades del Catálogo de Especialidades Formativas cuyos programas formativos recojan módulos máximos diferentes.

El SCE ha determinado unos módulos económicos aplicables a esta formación a través de un estudio de costes, para la determinación de módulos económicos aplicables a la justificación de las acciones de formación profesional para el empleo en la Comunidad Autónoma de Canarias realizado por la entidad Auditores Arquímedes en 2019, que garantiza su adecuación a los precios de mercado, de acuerdo con el artículo 76 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

12.3. En caso de que los programas incluyan tutorización del aprendizaje o de gestión del proyecto, la subvención a conceder contemplará la financiación de los costes salariales y de Seguridad Social por todos los conceptos derivados de la contratación del personal necesario para la prestación de tales servicios, con una cuantía de 39.900 euros/año, o la parte proporcional en caso de que la duración del proyecto sea inferior.

Base decimotercera.- Régimen e inicio del procedimiento de concesión de subvenciones.

El procedimiento de concesión de subvenciones en concurrencia no competitiva se iniciará de oficio, mediante convocatoria pública realizada por resolución de la Presidencia del SCE que se publicará en la forma establecida en la normativa de subvenciones.

La convocatoria se realizará de acuerdo con estas bases reguladoras y con el contenido señalado en el artículo 14.5 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo. En todo caso en la convocatoria se determinará el plazo durante el cual se podrán presentar las solicitudes.

El SCE comunicará a la Base de Datos Nacional de Subvenciones la información sobre la convocatoria y la concesión de ayudas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.

En la convocatoria de subvenciones se determinarán los créditos a los que se imputa y la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas.

Las resoluciones de concesión se dictarán teniendo en cuenta el orden de presentación de solicitudes, una vez realizadas las comprobaciones de concurrencia de la actuación subvencionable y el cumplimiento del resto de requisitos exigidos, hasta el agotamiento del crédito presupuestario asignado en la convocatoria.

Base decimocuarta .- Designación de entidad colaboradora.

De conformidad con lo previsto en los artículos 12, 15 y 16 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, en relación directa con los artículos 4 y 5 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, se prevé que la gestión de la presente subvención, así como el abono de las subvenciones a las entidades beneficiarias, sea efectuada por medio de la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA), designada a tal fin previa la firma del oportuno Convenio de Colaboración, y en cumplimiento de los requisitos jurídico-formales que se exigen en la normativa de aplicación.

Dicho Convenio estará sujeto a la función interventora de acuerdo con lo establecido en el punto 2 del Acuerdo de Gobierno de 19 de enero de 2023.

Base decimoquinta.- Solicitudes de subvención, forma y plazo de presentación.

15.1. Las entidades que, cumpliendo los requisitos previstos en las presentes bases reguladoras, deseen solicitar la financiación de proyectos de formación y empleo y obtener una de las subvenciones reguladas en esta Resolución, deberán presentar la correspondiente solicitud dirigida a la Dirección del SCE, conforme al modelo que establezca la convocatoria, que recoja la memoria del proyecto y el plan de financiación y la previsión de gastos e ingresos de la entidad. Asimismo, se aportará la siguiente documentación general y específica:

15.1.1. En caso de que la entidad solicitante no esté inscrita en el Registro de Solicitantes de Subvenciones del SCE, regulado por Orden de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, de 21 de julio de 2008, por el que se crea el Registro de Solicitantes de Subvenciones de este Organismo, circunstancia que deberá constar en la solicitud, se deberá aportar también:

a) Documento de identificación fiscal de la organización solicitante y de los representantes legales que actúen en nombre de la misma.

b) Diligencia de poder bastanteado por los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias, que acredite las facultades de representación del o los firmantes de la solicitud para actuar en nombre de la organización solicitante.

c) Escritura de constitución y estatutos en vigor de la organización solicitante, debidamente legalizados e inscritos en el Registro correspondiente, en el caso de entidades que no sean Administraciones Públicas.

15.2. Las entidades interesadas no estarán obligadas a aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración, con independencia de que la presentación de los citados documentos tenga carácter preceptivo o facultativo en el procedimiento de que se trate, siempre que el interesado haya expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados dichos documentos. Se presumirá que la consulta u obtención es autorizada por las entidades interesadas salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso.

En ausencia de oposición del interesado, las Administraciones Públicas recabarán los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.

En caso de no autorizarse la consulta, se deberá aportar certificado relativo al cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias y con la Seguridad Social.

15.3. Las entidades interesadas se responsabilizarán de la veracidad de los documentos aportados, según lo establecido en el artículo 28.7 de la citada Ley 39/2015.

15.4. Los documentos contenidos en la declaración responsable del solicitante, que acrediten la realidad de los datos recogidos en la misma, podrán ser requeridos, conforme a lo establecido en el artículo 15.2 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, y artículo 68.1 de la Ley 39/2015.

15.5. La presentación de solicitudes y documentación complementaria se realizará de forma obligatoria a través de medios electrónicos en la sede electrónica del Gobierno de Canarias: https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/8665

Las solicitudes se firmarán por el representante legal de la entidad solicitante, mediante los sistemas de firma electrónica relacionados en el artículo 10 de la Ley 39/2015. Asimismo, toda la documentación complementaria que las personas interesadas deban aportar en la fase procedimental correspondiente deberá venir firmada electrónicamente por una persona que ostente poder bastante en el seno de la entidad que representa.

15.6. La presentación de la solicitud permitirá el acceso, con el mismo certificado, a la sede electrónica del Gobierno de Canarias, donde se podrán consultar los documentos presentados y el estado de tramitación del expediente. Asimismo, conllevará la aceptación para recibir todas las comunicaciones y notificaciones que se realicen a lo largo de la tramitación del expediente electrónico a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias.

15.7. La presentación de la solicitud supone la aceptación incondicional de las bases reguladoras contenidas en la presente Resolución y de las condiciones, requisitos y obligaciones que contemplan las mismas.

Base decimosexta.- Requisitos del proyecto.

Los requisitos, que deberá cumplir el proyecto, serán los siguientes:

16.1. Que la formación propuesta se corresponda preferentemente con un certificado profesional completo relacionada con la ocupación a desarrollar en el tiempo de trabajo efectivo, pudiendo también tratarse de itinerarios formativos que incluyan módulos de distintos certificados profesionales y/o especialidades del Catálogo del Sistema Nacional de Empleo y/o formación en competencias transversales siempre que toda la formación del itinerario esté relacionada con la ocupación a desarrollar en el tiempo de trabajo efectivo. La duración máxima de la formación en competencias transversales no podrá superar las 150 horas.

16.2. Que el ámbito territorial, tanto de impartición de la formación como para el desarrollo del trabajo efectivo, sea la isla de La Palma

16.3. Que la totalidad de las actuaciones previstas dispongan en el momento de la solicitud con las autorizaciones y permisos requeridos y necesarios para el desarrollo del proyecto, salvo en lo referente a los requisitos para la suscripción de la modalidad contrato más acorde con la actividad laboral a realizar de trabajo que se prevea suscribir con los participantes, que deberán reunirse justo antes de su celebración, sin perjuicio de lo que pueda establecer la normativa que lo regula que será siempre de aplicación preferente.

16.4. Que en el momento de presentación de la solicitud, la entidad o centro de formación solicitante acredite la disponibilidad de todos los medios necesarios para llevar a cabo la ejecución de las acciones formativas previstas a la fecha de inicio de la misma. En el caso de uso compartido de las instalaciones se indicará el horario en que se desarrollará el proyecto, para poder determinar la viabilidad del mismo para su aprobación.

16.5. Que en el momento de presentación de la solicitud, la entidad o centro de formación solicitante acredite la existencia de los correspondientes acuerdos con empresas cuya actividad este relacionadas con ocupaciones relacionadas con la formación que se vaya a impartir en el proyecto según el modelo de Convenio que figura en el Anexo IV de la convocatoria. Deberá acreditar acuerdos que incluyan a la totalidad de participantes previstos en el proyecto. En caso de no haberse firmado el Convenio en el momento de presentación de la solicitud, dicha acreditación se podrá hacer mediante una declaración responsable, según el modelo que figura como Anexo III de la convocatoria, y que figurará como anexo al proyecto.

16.6. Que la formación teórico práctica prevista en el proyecto, en aras de favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar, sea preferentemente en turno de mañana. En caso de plantear el proyecto en un turno diferente, se deberá adjuntar al proyecto un informe expresando las razones que hacen imposible o no conveniente un turno de mañana, el cual será valorado por el SCE y, en caso de no considerarse suficientemente justificado un turno distinto al de mañana, la solicitud podría desestimarse.

16.7. El proyecto debe recoger un número de participantes en el proyecto, incluyendo también la parte de trabajo efectivo en las empresas, que no podrá ser inferior a 8.

16.8. Deberá tener adjunto el Convenio de Cooperación previsto en las presentes bases o, en su defecto, la declaración responsable de contar con los compromisos con las empresas para la suscripción de los respectivos convenios de cooperación previstos en la normativa los contratos de formación para la alternancia antes de que se inicie la formación prevista en el proyecto.

Base decimoséptima.- Instrucción y tramitación.

17.1. El órgano competente para la instrucción del procedimiento de concesión será la Subdirección de Formación, de acuerdo con las competencias atribuidas a dicho órgano ejecutivo en el artículo 11 del Decreto 118/2004, de 29 de julio, por el que se aprueba la estructura orgánica y de funcionamiento del Servicio Canario de Empleo, que recibida la solicitud, la entidad colaboradora examinará si reúne los requisitos exigidos, y si se acompaña a la misma la preceptiva documentación, de acuerdo con las presentes bases reguladoras.

17.2. En el supuesto de que la solicitud no cumpla los requisitos exigidos o la documentación aportada contuviera errores o fuera insuficiente, la Subdirección de Formación requerirá a la entidad solicitante para que, en el plazo de diez (10) días hábiles, subsane la falta o aporte los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida en su petición, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15.4 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, y artículo 68.1 de la Ley 39/2015.

En el caso de que no se presente la solicitud electrónicamente, se requerirá a la persona interesada para que la subsane a través de su presentación electrónica, considerándose como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación, de acuerdo con el artículo 68.4 de la Ley 39/2015.

17.3. Los requerimientos que se dirijan a las personas interesadas para subsanar defectos en la documentación aportada con las solicitudes serán objeto de publicación, estableciéndose en la correspondiente convocatoria el medio donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015.

17.4. No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas fuera de plazo.

17.5. A la vista del expediente, la Subdirección de Formación elevará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada al órgano concedente, que adoptará la resolución. La resolución provisional deberá notificarse a las personas interesadas en la forma que establezca la convocatoria, concediéndoles un plazo de 10 días para que presenten la aceptación expresa de la subvención. En caso de que no se otorgue la aceptación dentro del referido plazo se entenderá que la entidad beneficiaria no acepta la subvención.

17.6. Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura en la solicitud presentada, se podrá instar del beneficiario la reformulación de su solicitud en los términos establecidos en el artículo 17 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo.

17.7. Las solicitudes se instruirán teniendo en cuenta el orden de presentación.

Base decimoctava.- Examen de las solicitudes y determinación del importe máximo de la subvención a conceder.

18.1. La Subdirección de Formación contará con el apoyo de la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (en adelante, FUNCATRA), en la instrucción de los expedientes, en las tareas de seguimiento, control y liquidación de las subvenciones concedidas y en el mantenimiento y protección de las bases de datos, como entidad colaboradora del SCE en virtud del convenio de colaboración a que hace referencia la base decimocuarta.

18.2. FUNCATRA, como entidad colaboradora del SCE en virtud del convenio de colaboración a que se hace referencia en la base reguladora decimocuarta, será la encargada de evaluar las solicitudes presentadas y emitir los informes previos a la propuesta de resolución, comprobando el cumplimiento de los siguientes requisitos:

18.2.1. Que la entidad solicitante cumpla los requisitos establecidos en las presentes bases reguladoras.

18.2.2. Que la totalidad de las actuaciones previstas dispongan, en el momento de la solicitud, de las autorizaciones y permisos necesarios para el desarrollo de las mismas, salvo en lo referente a la formalización del contrato temporal para la formación en alternancia, que se estará a lo dispuesto en la normativa de aplicación a los mismos.

18.2.3. Disponibilidad de todos los medios necesarios para llevar a cabo la actuación prevista a la fecha de inicio del proyecto, incluyendo la existencia de los Acuerdos a que hace referencia el artículo 11.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, o, al menos, un compromiso de suscripción de dichos acuerdos suscrito por las entidades y centros de formación y las empresas cuya actividad esté relacionada con la formación a impartir en el proyecto, que incluyan a la formalización de contratos para la formación en alternancia con la totalidad de participantes establecidos en el proyecto, que de acuerdo con las presentes bases reguladoras no podrá ser inferior 8.

El incumplimiento de dichos acuerdos, o compromisos en su caso, dará lugar al reintegro de la subvención concedida que corresponda según los criterios establecidos en las presentes bases reguladoras.

También analizará los motivos alegados por la entidad solicitante sobre la imposibilidad o no conveniencia de impartir la formación teórico práctica prevista en el proyecto en turno de mañana, en orden a determinar si se encuentra suficientemente justificado un turno distinto.

18.2.4. Que el plan formativo refleje la formación adecuada y se corresponda preferentemente con un certificado profesional completo que esté relacionado con las actividades a desarrollar en el periodo de trabajo efectivo en la empresa con la que el participante suscriba el correspondiente contrato para la formación en alternancia y/o itinerarios formativos combinados con especialidades de catálogo del Sistema Nacional de Empleo y/o formación transversal, con los límites establecidos en las presentes bases reguladoras. Esta comprobación se realizará para toda la formación del itinerario

18.2.5. Que el número de participantes previstos en el proyecto al menos alcance el mínimo establecido en las presentes bases reguladoras.

18.2.6. Disponer de la acreditación/inscripción correspondiente para impartir la formación reflejados en el plan formativo del proyecto presentado.

18.3. La cuantía máxima de subvención a conceder por entidad no superará los 300.000,00 euros.

Base decimonovena.- Resolución de concesión.

19.1. La Subdirección de Formación a la vista del expediente y del informe de la entidad colaboradora elevará la propuesta de resolución de concesión.

19.2. Conforme a lo establecido en el artículo 16.6 del Decreto 36/2009, cuando la resolución de concesión propuesta coincida en todos sus términos con el contenido de la solicitud de la entidad beneficiaria y así se prevea en las bases reguladoras, el órgano concedente podrá aprobar la resolución de concesión sin realizar los trámites de resolución provisional y aceptación.

Con el resto de las solicitudes que cumplan los requisitos establecidos en las presentes bases reguladoras, pero que no puedan ser atendidas por falta de crédito, se conformará por una lista de reserva por orden de registro de entrada de la solicitud presentada correctamente sin que haya sido necesario realizar ningún requerimiento de subsanación; en caso de existir este requerimiento, se tendría en cuenta la fecha de registro de entrada de la documentación que subsane el mismo. Estas solicitudes se atenderán con cargo a los créditos que se puedan liberar por las posibles renuncias de subvenciones concedidas, por los incumplimientos de inicio de proyectos en los plazos previstos o por nuevas incorporaciones de créditos. La inclusión en la lista de reserva no genera ningún tipo de derecho.

19.3. En la propuesta de resolución de concesión figurará la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención y su cuantía máxima, los inadmitidos por fuera de plazo, los desistidos y los denegados con motivación de su causa; así como, en su caso, las solicitudes que no han podido ser atendidas por falta de crédito presupuestario.

19.4. La propuesta de resolución no crea derecho alguno a favor de las entidades beneficiarias propuestas frente a la Administración.

19.5. La Dirección del SCE dictará la resolución de concesión, de conformidad con la competencia que le atribuye el artículo 9.2.c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo.

19.6. La resolución contendrá, como mínimo, los siguientes extremos:

19.6.1. La aplicación presupuestaria del gasto.

19.6.2. La relación de solicitantes a los que se le concede la subvención y su cuantía máxima, especificando los importes adicionales recibidos.

19.6.3. El respectivo Proyecto de Empleo-Formación.

19.6.4. Las solicitudes que vayan a constituir la lista de reserva y orden de prelación en función del orden de registro de entrada de la solicitud presentada correctamente sin que haya sido necesario realizar ningún requerimiento de subsanación; en caso de existir este requerimiento, se tendría en cuenta la fecha de registro de entrada de la documentación que subsane el mismo.

19.6.5. En su caso, las solicitudes denegadas o inadmitidas con expresión sucinta de su causa y las solicitudes desistidas.

La resolución de concesión será notificada a las entidades beneficiarias en la forma que se establezca en la convocatoria, de conformidad con lo previsto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

19.7. La Resolución de concesión será objeto de publicidad a través de su publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), así como en el Portal de Transparencia del Gobierno de Canarias.

Base vigésima.- Modificación de la resolución de concesión.

20.1. Una vez recaída la resolución de concesión, la entidad beneficiara podrá solicitar la modificación de su contenido si concurren las circunstancias previstas a tales efectos en las presentes bases reguladoras, que se podrá autorizar siempre que no dañe derechos de tercero y se cumplan los siguientes requisitos:

20.1.1. Que la actividad o conducta a realizar conforme a la modificación solicitada esté comprendida dentro de la finalidad prevista en la línea de actuación o proyecto de inversión contemplado en la Ley de Presupuestos y de las actividades o conductas establecidas en las bases reguladoras, o, en su defecto, en la resolución de concesión.

20.1.2. Que las circunstancias que justifiquen la modificación no hayan dependido de la voluntad de la entidad beneficiaria inicial.

20.1.3. Que los nuevos elementos o circunstancias que motivan la modificación, de haber concurrido en la concesión inicial, no hubiesen determinado la denegación o disminuido la cuantía de la subvención concedida.

20.2. Dará lugar a la modificación de la resolución de concesión por el órgano concedente, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la subvención, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

20.2.1. La alteración de las circunstancias o de los requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención.

20.2.2. La obtención por la entidad beneficiaria de subvenciones concedidas por otros órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma o por otras Administraciones o Entes públicos para el mismo destino o finalidad.

20.2.3. La obtención de ayudas u otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares para el mismo destino o finalidad.

20.2.4. La superación de los topes previstos por la normativa comunitaria como consecuencia de la acumulación de subvenciones en los periodos establecidos en la misma.

20.3. Tanto la solicitud de modificación prevista en el apartado 1 de la presente base como la comunicación de las circunstancias a que hace referencia el apartado 2 deberán presentarse antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad, a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias: https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/8665

20.4. Para el cambio de puesto de trabajo a desarrollar, la formación a impartir del proyecto propuesto, así como para la ampliación del mismo, se presentará solicitud de autorización, acompañada de informe justificativo de la necesidad del cambio.

20.5. En caso de que haya de modificarse el contenido formativo del proyecto para que finalice en la fecha fin que determine la convocatoria, se presentará solicitud de autorización, acompañada del nuevo proyecto formativo, y no supondrá modificación de la resolución de concesión.

Base vigésima primera.- Abono de la subvención.

21.1. Se podrá efectuar el abono del 100% del importe de la subvención con carácter anticipado, de acuerdo con la solicitud de la entidad y de acuerdo a lo previsto en el Acuerdo de Gobierno de 25 de mayo de 2023, de modificación séptima del Acuerdo de Gobierno de 26 de marzo de 2020, por el que se autorizan las condiciones de los abonos anticipados de subvenciones, aportaciones dinerarias, encargos y encomiendas de gestión.

En virtud de este Acuerdo se ha obtenido informe de la Dirección General de Planificación y Presupuestos de fecha 25 de septiembre de 2023, autorizando el abono anticipado, e indicando que las resoluciones de concesión a las diferentes entidades deberán ser asimismo informadas por parte de ese centro directivo.

21.2. La tramitación para el pago de las subvenciones a las entidades beneficiarias se realizará por la entidad colaboradora, previa solicitud, según modelo que se establezca en la resolución de concesión. El plazo para presentar la solicitud de abono anticipado será de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación de la resolución de concesión.

21.3. En ningún caso podrán realizarse pagos anticipados a entidades beneficiarias cuando se haya solicitado la declaración de concurso, hayan sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, se hallen declaradas en concurso, estén sujetas a intervención judicial o hayan sido inhabilitadas conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso, hayan sido declaradas en quiebra, en concurso de acreedores, insolvente fallido en cualquier procedimiento o sujeto a intervención judicial, haber iniciado expediente de quita y espera o de suspensión de pagos o presentado solicitud judicial de quiebra o de concurso de acreedores, mientras, en su caso, no fueran rehabilitadas.

21.4. Igualmente, no podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la entidad beneficiaria:

• No se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

• No tenga otras subvenciones, aportaciones dinerarias, encargos o encomiendas con abono anticipado pendientes de justificación en los dos ejercicios inmediatos anteriores al que ahora se concede.

21.5. Teniendo en cuenta que estamos ante una actuación tendente a paliar la grave crisis económica producida en la isla de La Palma como consecuencia de la erupción volcánica y que se realiza como puesta en práctica de las medidas de carácter extraordinario que se plasman en el Plan Integral de Empleo de la isla de La Palma y teniendo en cuanta también lo dispuesto en la Declaración institucional del Pacto por la Reactivación Social y Económica de Canarias, firmado el 30 de mayo de 2020, que pone de relieve la grave situación de desempleo que sufre Canarias y la necesidad de desarrollar unas políticas de empleo que favorezcan la cualificación de las personas trabajadoras desempleadas, como medio para incrementar sus posibilidades de encontrar empleo, las entidades beneficiarias estarán exentas de prestar garantías.

21.6. Una vez dictada la resolución de concesión, la entidad colaboradora procederá
al pago anticipado del importe de la subvención si así lo ha solicitado la entidad
beneficiaria.

Base vigésima segunda.- Becas y ayudas de las personas participantes en los proyectos

22.1. Las personas participantes en el proyecto durante el periodo de formación en el que no estén contratadas por las empresas tendrán derecho a las becas y ayudas previstas en la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, en relación con la oferta formativa de las administraciones competentes y su financiación, y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación.

22.2. Las solicitudes de becas y ayudas que se presenten serán examinadas por FUNCATRA, quien elaborá el listado de personas e importes que correspondan emitiendo el oportuno informe al SCE para que este proceda a su abono.

Base vigésima tercera.- Plazo y forma de justificación de la subvención.

23.1. Plazo de justificación.

La entidad beneficiaria dispone de dos meses, contados a partir de la fecha de finalización del proyecto, para la presentación de la justificación de los fondos recibidos en concepto de subvención. La Dirección del SCE podrá otorgar una ampliación del plazo establecido para la presentación de la justificación, que no exceda de la mitad de mismo, siempre que se solicite antes de la finalización del plazo de justificación y que con ello no se perjudiquen derechos de terceros, ni afecte al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

Transcurrido el plazo establecido para la justificación sin haberse presentado la misma, se requerirá a la entidad beneficiaria para que en el plazo improrrogable de 15 días sea presentada a los efectos de la justificación de la subvención. La falta de presentación de la justificación conllevará la exigencia del reintegro y demás responsabilidades establecidas en la Ley General de Subvenciones.

23.2. Forma de justificación.

Para la justificación, se aportará a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias: https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/8665 la siguiente documentación:

Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, y en el plazo establecido para ello, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, incluyendo las medidas de información o comunicación de la actuación.

Memoria del alumnado. Se emitirá certificado de la entidad beneficiaria que contenga la relación del alumnado participante en la acción formativa, indicando de cada uno de ellos, el número de horas lectivas efectivamente realizadas, las faltas de asistencia justificadas y no justificadas, en concordancia con las hojas de asistencia firmadas por los participantes y los justificantes de las faltas de asistencia que deberán ser presentados mensualmente para su validación ante el SCE, conteniendo como mínimo la siguiente información:

I. Relación nominal del alumnado seleccionado.

II. Partes diarios de asistencia donde conste el número de horas de formación, firmados por las personas participantes al inicio y al final de cada jornada formativa, el personal formador y la persona responsable de la entidad beneficiaria. En dichos partes se deberán identificar de manera veraz las personas participantes y expresar las horas realizadas diariamente por cada una de ellas, reflejando expresamente las horas de ausencia del alumnado.

III. Resultado final de las actividades realizadas de evaluación y seguimiento del alumnado. Acta de las evaluaciones del alumnado.

IV. En su caso, documentación explicativa de los abandonos producidos.

Memoria relativa a la contratación de las personas participantes en el proyecto que contendrá, como mínimo, la siguiente información:

1. Contratos para la formación en alternancia suscritos y altas y bajas en la Seguridad Social que se hayan producido en los mismos.

2. Certificado de la entidad beneficiaria que contenga la relación de personas participantes en el proyecto, indicando de cada uno de ellas, el periodo de permanencia en el proyecto emitido por SISPECAN-Subvenciones.

3. Certificado de Fin de Proyecto emitido por SISPECAN-Subvenciones.

4. En su caso, informe comprensivo de las causas que han impedido realizar la sustitución de las bajas de las personas participantes en el plazo de 20 días lectivos.

5. Los Planes Individuales previstos en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de los Trabajadores.

Memoria relativa al personal contratado para el proyecto: que contendrá como mínimo
la siguiente información:

I. Relación nominal de la plantilla de personas formadoras que participan en la acción formativa.

II. Cuadro horario del personal formador.

III. Nómina y justificante de su pago al personal docente contratado (documento bancario que acredite la transferencia de la nómina abonada).

IV. Contrato de las personas docentes y las cotizaciones a la Seguridad Social (recibo de liquidación de cotizaciones y documento bancario que acredite su pago).

V. Modelo 111, correspondientes a los trimestres durante los cuales se desarrolló la acción formativa.

VI. En el caso de que la persona docente esté contratada con bonificaciones, se deberá especificar.

VII. En el caso de personal contratado mediante contrato mercantil, se deberá presentar:

a) Contrato realizado en el que figure el objeto del mismo, impartición de la acción formativa de la que se trate y su duración.

b) Factura correspondiente a la acción formativa como justificante de gasto, en la que se incluya la denominación de la acción formativa, la actividad realizada, el número de horas impartidas, el coste por hora y modalidad, la retención efectuada por el/la profesional y el importe total correspondiente.

c) Justificante de pago.

VIII. Declaración responsable de que los salarios del profesorado cumplen con la legislación y demás normativa aplicable, incluida la que se deriva del convenio colectivo de enseñanza y formación no reglada, o pactos aplicables, y que se han pagado todos los gastos inherentes a la acción formativa subvencionada con anterioridad a la presentación de la justificación.

IX. En el caso de personal que conste como socio o socia de la entidad beneficiaria, se deberá presentar:

a) Factura que recoja la denominación de la acción formativa, número de horas impartidas, coste por horas y modalidad e importe a percibir.

b) Justificante de pago de la factura.

c) Alta de socio o socia en el IAE.

d) Recibo de liquidación de cotización al régimen especial de trabajadores autónomos del periodo de ejecución de la acción formativa.

e) En caso de cotizar en el régimen general de la Seguridad Social, deberá presentar las nóminas percibidas en el periodo formativo y los documentos de la Seguridad Social: recibo de liquidaciones de cotizaciones, así como sus correspondientes justificantes de pago.

X. En el caso de persona autónoma titular de la entidad de formación, se deberá presentar:

a) Declaración responsable en la que conste para cada acción formativa: el importe imputado, los días de dedicación, así como las horas empleadas en cada uno de ellos, concretándose con suficiente detalle las tareas realizadas para el programa de formación. Igualmente deberá constar el detalle del cálculo realizado para la fijación del coste/hora y el desglose por conceptos del coste imputado.

Esta declaración responsable deberá respetar el contenido que establece el artículo 69 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

b) Alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

c) Recibos de liquidación de cotización al régimen especial de trabajadores autónomos relativos al periodo de ejecución de las acciones formativas.

XI. La justificación del pago de las retribuciones a la tutorización del personal docente con la empresa contratante deberá hacerse en todo caso mediante anotación bancaria.

En caso de que se trate de personal interno de la entidad beneficiaria o contratado para la formación, deberán remitir, además, certificado firmado por la persona que ostente la representación legal de la entidad beneficiaria en el que conste, por cada uno de los conceptos de cada persona trabajadora cuyo gasto se haya imputado: el cargo que ocupa, la actividad desarrollada para el programa de formación, las fechas de dedicación a este y el número de horas empleadas, con una descripción de la actividad concreta realizada o criterios de imputación de costes.

Dicho certificado se acompañará de una declaración firmada por cada una de las personas trabajadoras incluidas en él, que especifique los días de dedicación, identifique las horas empleadas y describa las tareas realizadas en cada una de ellas.

a) Declaración responsable donde se indique que la entidad beneficiaria cumple con las obligaciones de información y publicidad establecidas en el resuelvo trigésimo quinto de la presente convocatoria.

b) Justificante de haber ingresado el importe correspondiente a la diferencia entre la cantidad recibida en concepto de anticipo y la cantidad justificada, en su caso.

Sin perjuicio de lo establecido con carácter general para la formación financiada en el marco de la presente convocatoria, en la ejecución y justificación de las acciones formativas, se tendrá en cuenta que:

a) Las entidades beneficiarias estarán dispensadas de la obligación de presentación de los libros, registros y documentos de trascendencia contable o mercantil, o cualquier otra documentación justificativa de los gastos realizados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones, sin perjuicio de la obligación de la entidad beneficiaria de conservar, al menos durante un plazo de 4 años, considerando, en su caso, la interrupción del plazo de prescripción del derecho de la administración a reconocer o liquidar el reintegro de la subvención concedida, los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto que puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control, según se dispone en el artículo 14.1.g) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como de cualquier otra obligación legal que así lo exija. El citado plazo se computará a partir del momento en que finalice el periodo establecido para presentar la citada justificación por parte de la entidad beneficiaria.

b) La entidad deberá haber realizado la selección del alumnado y haber publicitado las acciones formativas, de conformidad con lo dispuesto en las presentes bases reguladoras.

c) Toda persona participante en el proyecto objeto de subvención deberá estar cubierto por un seguro de accidentes.

d) Los salarios pagados al personal docente deberán cumplir los requisitos legales establecidos en los convenios que los regulan y que se ha realizado la cotización correspondiente. El abono de la remuneración del personal formador se realizará mensualmente a través de transferencia bancaria, no eximiendo de esta obligación el hecho de que el centro o entidad de formación no hubiese percibido los anticipos establecidos en esta convocatoria. En el caso de contratación a través de personal autónomo el pago se realizará igualmente con carácter mensual y a través de transferencia bancaria.

e) Que no se ha subcontratado la ejecución de las acciones formativas con terceros. La contratación del personal docente para la impartición de la formación subvencionada y la contratación de personal autónomo a nivel individual por parte de la entidad beneficiaria, no se considerará subcontratación. La contratación será solo de personas físicas.

f) Que cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la normativa reguladora de la contratación pública para el contrato menor, se hayan solicitado tres ofertas de diferentes proveedores con carácter previo a la prestación del servicio, conforme al artículo 31.3. de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

g) Que todos los gastos realizados con cargo a la subvención se encuentran debidamente contabilizados y han sido efectivamente pagados con anterioridad a la presentación de la justificación.

h) Someterse a las actuaciones de supervisión y control que, en cualquier momento, puedan acordar los servicios competentes de Empleo, tanto en lo relativo al desarrollo de las acciones formativas, como a su gestión y tramitación administrativa, así como a las actuaciones de evaluación, seguimiento y control, internas y externas, según el Plan anual de evaluación contemplado en el artículo 18.2 del Real decreto 34/2008, que regula los certificados de profesionalidad.

i) La entidad beneficiaria deberá colaborar en la gestión de las subvenciones en concepto de becas y ayudas de las personas participantes en las acciones formativas correspondientes.

Si la documentación presentada fuese insuficiente para considerar correctamente justificada la subvención concedida, se pondrán en conocimiento de la entidad beneficiaria las insuficiencias observadas para que en el plazo de 10 días sean subsanadas. La documentación para subsanar deberá presentarse en la sede electrónica a través del siguiente enlace: https://sede.gobiernodecanarias.org/empleo/tramites/8665

Memoria económica justificativa que contendrá, como mínimo los siguientes extremos:

- Acreditación o, en su defecto, declaración por la entidad beneficiaria del número de módulos impartidos.

- Cuantía de la subvención justificada según el sistema de cálculo y cuantificación establecido en la convocatoria, de acuerdo con lo que conste en la memoria de actuación presentada y los módulos contemplados en la convocatoria. Esta forma de justificación atenderá a sistemas de coste unitario por alumnado.

- Cuantía del coste del tutor/a del centro o entidad de formación.

- Incentivos a la contratación de acuerdo con el proyecto presentado.

- Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

Se aportará también documento acreditativo del reintegro efectuado de los fondos subvencionados no justificados, con los intereses que procedan.

23.3. Resolución de justificación.

23.3.1. La entidad colaboradora realizará la correspondiente comprobación técnico-económica, de cuyo resultado dará traslado al órgano instructor del SCE: la Subdirección de Formación, y este realizará las labores de comprobación que correspondan antes de emitir el informe de justificación, previo a la elaboración de resolución por la que se declare justificada total o parcialmente la subvención concedida.

En el supuesto de que la documentación presentada no cumpla con los requisitos señalados en la convocatoria, contenga errores o sea insuficiente, se requerirá a la entidad beneficiaria para que subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días hábiles de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

23.3.2. Si como resultado de dicha comprobación se dedujera se han incumplido, total o parcialmente, los fines para los que fue concedida la subvención, las obligaciones relacionadas en las presentes bases reguladoras o los requisitos establecidos para la justificación, se comunicará tal circunstancia a la entidad interesada junto a los resultados de la comprobación técnico-económica y se iniciará, en su caso, el procedimiento de reintegro total o parcial de la subvención.

23.3.3. Emitido informe de comprobación favorable de la justificación, la dirección del SCE dictará resolución por la que se declare justificada total o parcialmente la subvención concedida. En el caso de que no se haya anticipado el 100% de la subvención concedida, se abonarán los importes que se deduzcan de la liquidación practicada en dicha resolución de justificación.

Base vigésima cuarta.- Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Con carácter general las entidades beneficiarias están sometidas a las obligaciones establecidas en el artículo 10 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, y en el artículo 14 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y, en concreto:

24.1. Realizar la actividad para la que se concede la subvención en el plazo establecido en la presentes bases reguladoras, en la convocatoria y en la Resolución de concesión. Las entidades no podrán subcontratar con terceros la ejecución de la actividad formativa. A estos efectos, la contratación del personal docente para la impartición de la formación no se considerará subcontratación, tal y como se establece en el artículo 14 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre.

24.2. Formar a las personas participantes en los aspectos teóricos y prácticos de las acciones formativas contenidas en el plan formativo y realizar junto con la empresa que contrata al participante el Plan individual previsto en el artículo 11.2 por el que se regula el contrato para la formación en alternancia y expedir a su finalización certificación, según lo establecido en las presentes bases reguladoras. Las entidades deberán verificar que las personas participantes, una vez seleccionadas, cumplen con los requisitos de acceso.

24.3. Remitir al SCE la documentación correspondiente de las personas participantes en los proyectos para la obtención de los certificados profesionales o acreditación de los módulos debidamente ordenada y revisada y en su caso de las especialidades de catálogo cursadas a efectos de emitir la certificación correspondiente.

24.4. Justificar ante el organismo que concede la subvención, la realización efectiva de la actividad, así como el cumplimiento de los requisitos exigidos para la concesión de la subvención. Esto se realizará mediante la aportación de cuanta información y documentación se requiera durante la fase de seguimiento del proyecto y justificación de la subvención. La falta de aportación de esta documentación en los plazos establecidos implicará que la acción objeto de subvención se considere no realizada a efectos de la justificación de la subvención, salvo que la no comunicación en plazo se deba a causas imprevistas, debidamente justificadas y comunicadas en el momento en que se produzcan.

24.5. Someterse a las actuaciones de comprobación efectuadas por el SCE, la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social y a las de control financiero que correspondan a la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias.

24.6. Disponer de los libros contables, registros diferenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la entidad beneficiaria, de modo que permitan identificar de forma diferenciada las partidas o gastos concretos en que se han materializado las subvenciones concedidas así como los demás ingresos propios o afectos a la actividad subvencionada, incluyendo las ayudas y subvenciones concedidas con el mismo objeto y que, por diferencia, permitan obtener un estado de rendición de cuentas de las cantidades o fondos percibidos en concepto de subvención, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

24.7. Designar un tutor que actuará en colaboración con el tutor designado por la empresa con la que el participante suscribe el contrato de trabajo.

24.8. La entidad o centro de formación como entidad beneficiaria de la subvención será la responsable ante el SCE del correcto desarrollo de la impartición de la formación teórico práctica, y del control del tiempo de trabajo efectivo que se desarrolla en la empresa. A tal efecto, el tutor/a designado por la misma deberá realizar un adecuado seguimiento de las actividades que el participante en el proyecto realiza en la empresa a fin de comprobar que se estén desarrollando actividades acordes con la formación recibida. En caso de tener conocimiento de que estas actividades no lo son o que se ha producido un incumplimiento de las condiciones establecidas para el contrato para la formación en alternancia o en la normativa de aplicación, deben adoptar, dentro de sus posibilidades, las medidas oportunas para corregir esta situación y al mismo tiempo poner en conocimiento del SCE lo antes posible las mismas para que este si así lo considera lo comunique a la Inspección de Trabajo por si fueran constitutivas de infracción laboral sancionable.

24.9. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en lo supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

24.10. Las entidades deberán introducir en la aplicación SISPECAN-Subvenciones del SCE, los datos del proyecto subvencionado, en relación con los entidades beneficiarias del proyecto, número de personas participantes desglosados por sexo, edad, nivel académico, situación laboral, pertenencia a grupos vulnerables, o cualquier otro indicador que se prevea, así como cuantos datos sean requeridos en relación con las acciones realizadas, y cualquier otro que pueda cumplimentarse en dicha aplicación, rellenando todos los campos de carácter obligatorio. La introducción de dicha información deberá estar actualizada con una periodicidad mensual.

24.11. Las entidades estarán obligadas a colaborar en el desarrollo de actuaciones o planes de evaluación de la satisfacción de las personas participantes que se diseñen y ejecuten por el SCE, en los términos que en los que los mismos se determinen.

24.12. Emitir obligatoriamente los informes denominados “Fin de proyecto” que se obtienen desde la aplicación SISPECAN de referencia. Los mismos serán firmados por el representante de la entidad beneficiaria, y en los que se acredita con respecto a las personas destinatarias finales de las actividades incluidas en la presente Resolución los siguientes aspectos:

1.º) Que la entidad beneficiaria cumple con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, Reglamento general de protección de datos (en adelante RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y demás normativa que sea de aplicación.

La entidad beneficiaria, como responsable del tratamiento de los datos de las personas destinatarias finales de las actividades desarrolladas al amparo del proyecto, debe acreditar que ha facilitado la información establecida en el artículo 13 del RGPD:

1. Que ha recabado el consentimiento de las personas interesadas para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines.

2. Que ha cumplido con el deber de informar sobre la finalidad del tratamiento, su legitimidad, cesiones y transferencias de datos, los derechos que les asisten (de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición, y a no ser objeto de decisiones individualizadas de los datos de carácter personal contenidos en el tratamiento), y como ejercer esos derechos (artículo 15 del RGPD).

3. Que ha informado sobre la cesión de datos personales al SCE durante la prestación del servicio, con el objeto de su tratamiento en la medida en que sea necesario para el desarrollo de las funciones que el SCE tiene encomendadas en virtud de la Ley 12/2003, de 4 de abril.

2.º) Que la entidad beneficiaria, en relación a la introducción de datos en el Sistema de Información del Servicio Público de Empleo de Canarias (SISPECAN), de las personas destinatarias finales de las actividades desarrolladas al amparo del proyecto:

1. Ha procedido a cumplimentar todos los campos de carácter obligatorio.

2. Posee toda la documentación que acredita la veracidad de los datos introducidos, salvo que se trate de datos suministrados por dicho sistema antes de iniciarse la actividad subvencionada.

24.13. Garantizar en sus actuaciones el principio de igualdad de oportunidades para todos, sin discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, mediante la integración del principio de no discriminación. Asimismo las actuaciones estarán encaminadas a mejorar la participación sostenible y promover la incorporación de las mujeres al empleo, luchar contra la feminización de la pobreza, reducir la segregación por motivos de sexo, combatir los estereotipos de género en el mercado de trabajo, y en la educación y la formación y promover la conciliación de la vida laboral y la vida privada de todas las personas, así como el reparto equitativo de las responsabilidades familiares entre mujeres y hombres.

24.14. Respeto del principio de accesibilidad. Lo que supone que las entidades solicitantes de las subvenciones que se convoquen, deberán contar con instalaciones accesibles para asegurar la participación de personas con discapacidad en condiciones de igualdad, disponiendo de las condiciones apropiadas para el acceso, la circulación y la comunicación de las mismas.

24.15. Cumplir las disposiciones, políticas y acciones comunitarias, incluidas las correspondientes a condiciones de elegibilidad de gastos, normas de competencia, contratación pública, protección y mejora del medio ambiente, eliminación de desigualdades y fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, durante todo el periodo de realización, de conformidad con lo establecido en los correspondientes Reglamentos comunitarios en los que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales.

24.16. Identificar convenientemente a los efectos de difusión pública las actividades, obras o servicios que se realicen.

24.17. Respeto al principio de desarrollo sostenible.

24.18. Mantener las exigencias técnico-pedagógicas, de instalaciones, equipamiento y medios humanos tenidas en cuenta para la acreditación para impartir el correspondiente certificado profesional o las especialidades de catálogo así como impartir la formación con los medios didácticos adecuados.

24.19. Comunicar a la Administración pública competente para mantener la inscripción como entidad de formación cualquier cambio de titularidad o de forma jurídica de la misma.

24.20. Comunicar al SCE las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención.

24.21. Comunicar al SCE la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

24.22. En relación con las medidas de difusión y publicidad y de acuerdo con la Recomendación 1/2023, de 17 de marzo, sobre las bases reguladoras de concesión de ayudas y subvenciones públicas: transparencia en obligaciones informativas de las entidades subvencionadas, las entidades deben dar publicidad de las subvenciones y ayudas percibidas en la página web de la entidad beneficiaria, especificando las informaciones a las que se refieren los artículos 6 y 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en el supuesto de que la cuantía de la subvención o ayuda percibida sea superior a 60.000 euros, o bien igual o superior a 5.000 euros y represente al menos el 30 por 100 del total de los ingresos anuales de la entidad beneficiaria, de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública.

24.23. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

24.4. Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

Base vigésima quinta.- Reintegro.

25.1. Serán causas de reintegro de la subvención concedida el incumplimiento de los requisitos establecidos en las presentes bases reguladoras, en la convocatoria, así como de las condiciones que se hayan establecido en la Resolución de concesión y la concurrencia de alguno de los supuestos previstos en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

25.2. No obstante lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 37.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuando el cumplimiento por la entidad beneficiaria se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por este una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los criterios de graduación que se establecen en las presentes bases reguladoras.

25.3. El reintegro de la subvención se ajustará en todo caso al procedimiento previsto en Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (artículos 36 y 37 y el apartado 1 del artículo 40), y el Decreto 36/2009, de 31 de marzo.

25.4. En todos los casos de reintegro procederá, además de la devolución, total o parcial de las cantidades percibidas, la exigencia del interés de demora correspondiente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro o la fecha de ingreso en el caso de reintegro voluntario.

25.5. En el supuesto de incumplimiento parcial de las obligaciones y condiciones impuestas a las entidades beneficiarias podrá dar lugar a la perdida del derecho al cobro de la subvención o al reintegro parcial de la subvención concedida.

Base vigésima sexta.- Criterios de graduación de los posibles incumplimientos.

Los criterios de graduación para determinar la cantidad que finalmente haya de percibir la entidad beneficiaria o, en su caso, el importe a reintegrar, por los incumplimientos de las obligaciones y condiciones establecidas en las presentes bases reguladoras y demás normas aplicables responderán al principio de proporcionalidad en función de los costes justificados y las actuaciones acreditadas.

El incumplimiento total de las obligaciones y condiciones dará lugar a la pérdida del derecho al cobro de la subvención o al reintegro del cien por ciento de la subvención concedida.

Tendrán la consideración de incumplimiento total o parcial los siguientes supuestos:

26.1. Incumplimiento total de los objetivos para los que se concedió la subvención:

26.1.1. Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieren impedido. En este caso corresponderá el reintegro de la totalidad de la cantidad percibida.

26.1.2. Exigir a las personas participantes cantidad económica alguna en cualquier concepto, vulnerándose el principio de gratuidad que para estos tiene la formación profesional para el empleo. En este caso corresponderá el reintegro de la totalidad de la cantidad percibida.

26.1.3. Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos públicos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las acciones subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales. En este caso corresponderá el reintegro de la totalidad de la cantidad percibida.

26.1.4. Incumplimiento de la adopción de las medidas de difusión de la financiación pública recibida, en los términos previstos en las presentes bases reguladoras, dará lugar al reintegro del 100% del importe de la subvención de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 del Reglamento General de Subvenciones, sin perjuicio de las medidas que se pudieran adoptar de conformidad con el artículo 31.3 del citado Reglamento.

26.1.5. No formalización de más del 70% de los contratos para la formación en alternancia, previstos en el proyecto con independencia de que sea por causas no imputables a la entidad beneficiaria. En este caso corresponderá el reintegro de la totalidad de la cantidad percibida.

26.1.6. Impartición de menos del 70% de la formación prevista en el proyecto. En este caso corresponderá el reintegro de la totalidad de la cantidad percibida.

26.1.7. Es su caso, incumplimiento del 70% de los compromisos con las empresas de suscripción de los correspondientes contratos para la formación en alternancia, en sustitución de lo acuerdos previstos en la normativa, que se hubieran presentado junto con la solicitud de subvención.

26.2. Incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la subvención:

26.2.1. Impartición de la formación de mas del 70% y menos del 100% de la formación prevista en el plan formativo del proyecto subvencionado. En este caso corresponderá el reintegro del importe correspondiente a la parte proporcional de la formación no impartida.

26.2.2 Es su caso, incumplimiento de mas del 70% y menos del 100% de los compromisos con las empresas de suscripción de los correspondientes contratos para la formación en alternancia, en sustitución de lo acuerdos previstos en la normativa, que se hubieran presentado junto con la solicitud de subvención.

26.2.3. No abonar a su vencimiento las obligaciones económicas que se deriven del funcionamiento de la acción subvencionada, especialmente las de carácter salarial. El importe de la reducción se calculará aplicando el interés legal del dinero a la cuantía pendiente de abono, por cada día de retraso.

26.2.4. Incumplimiento parcial de la obligación de adoptar las medidas de difusión del carácter público de la financiación del programa, de conformidad con el apartado 4 del artículo 18 de la Ley de Subvenciones y lo previsto en las presentes bases reguladoras. En este supuesto se exigirá el reintegro de hasta un 3% del importe de la subvención.

26.2.5. Incumplimiento de la obligación de tener cubierta la plaza durante todo el proyecto, y hasta el momento en que las personas participantes en el proyecto tuvieran la posibilidad de recibir formación en uno o en varios de los módulos del certificado y pudiera solicitar la acreditación parcial por los mismos. En el caso de que no se cubra la plaza en el plazo de 20 días lectivos, sin causa justificada, se procederá a realizar una liquidación de forma proporcional al tiempo en que la misma no haya sido cubierta.

26.2.6. Formalización de menos del 30% de los contratos para la formación en alternancia, previstos en el proyecto con independencia de que sea por causas no imputables a la entidad beneficiaria se importe del reintegro se calculará en proporción a los contratos no formalizados.

26.3. Incumplimiento parcial de la obligación de justificación de la subvención:

En el supuesto de incumplimiento parcial de la obligación de justificación o en el caso de justificación insuficiente, deberán reintegrarse las cantidades no justificadas debidamente.

26.4. En caso de incumplimientos de obligaciones formales que no pudieran calcularse en términos porcentuales, como es el incumplimiento del plazo de justificación, cuando el cumplimiento por parte de la entidad beneficiaria del objeto de la subvención se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por la entidad beneficiaria una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, se exigirá el reintegro de hasta un 3% del importe de la subvención.

Base vigésima séptima.- Devolución voluntaria.

Se entiende por devolución voluntaria de las cantidades abonadas aquella que es realizada por la entidad beneficiaria sin el previo requerimiento de la Administración.

Cuando se produzca la devolución voluntaria, la Administración calculará los intereses de demora de acuerdo con lo previsto en el artículo 19 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, desde el momento de su cobro y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por parte de la entidad beneficiaria.

Esta devolución deberá ser ingresada en las siguientes entidades y cuentas corrientes, identificado el expediente, la entidad beneficiaria y el CIF:

• CAIXABANK: ES91 2100 8987 3202 0001 7727, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

• CAJAMAR: ES81 3058 6100 9427 3800 0160, en la provincia de Las Palmas.

Base vigésima octava.- Prescripción.

Es de aplicación el artículo 39 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el artículo 69.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que disponen que prescribirá a los cuatro años el derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro y establecen el cómputo de dicho plazo y su interrupción. Asimismo, es de aplicación el artículo 16.2 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, que establece que la prescripción de los derechos de la Hacienda Pública se interrumpirá conforme a lo establecido en las normas tributarias y se aplicará de oficio.

Base vigésima novena.- Incompatibilidades.

29.1. Las subvenciones concedidas en aplicación de las presentes bases reguladoras serán incompatibles con cualquier otra subvención o aportación económica otorgada para la misma finalidad por otras Administraciones Públicas o entes privados o públicos, nacionales o internacionales, por lo que en caso de percibirse darán lugar a la minoración de la subvención concedida con idéntico fin.

29.2. Si el solicitante se encuentra en la circunstancia prevista en el punto anterior deberá comunicarlo al SCE en su solicitud; caso de no hacerlo se procederá al inicio del correspondiente expediente de reintegro de la subvención concedida.

Base trigésima.- Infracciones y sanciones.

Es de aplicación el régimen de infracciones y sanciones aplicable en el ámbito de la formación profesional para el empleo regulado por el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, y, en lo no previsto se estará al contenido en los preceptos de carácter básico del Titulo IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en lo relativo a Infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones.

Asimismo, resulta de aplicación lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en lo referente a la potestad sancionadora de la Administración.

El incumplimiento de la obligación de publicar la información de publicidad activa a que estuvieran obligadas las entidades beneficiarias constituye infracción administrativa que se calificará conforme a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, pudiendo ser sancionado dicho incumplimiento con multa, y conllevar como sanción accesoria el reintegro total o parcial de la ayuda o subvención pública concedida.

Base trigésima primera.- Información y publicidad.

31.1. Las entidades beneficiarias de las subvenciones deberán informar a las personas destinatarias de los proyectos y a la opinión pública en general sobre el papel que desempeña el Plan Integral de Empleo de la isla de La Palma.

31.2. Durante la realización de una operación la entidad beneficiaria de la subvención informará a las personas destinatarias de los proyectos y al público en general del apoyo obtenido de los Fondos y del SCE:

31.2.1. Haciendo una breve descripción en su sitio de Internet, en caso de que disponga de uno, de la operación, de manera proporcionada al nivel de apoyo prestado, con sus objetivos y resultados, y destacando el apoyo financiero del Ministerio de Trabajo y Economía Social, del Plan Integral de Empleo de la isla de La Palma y del SCE.

31.2.2. Colocando, al menos, un cartel con información sobre el proyecto de un tamaño mínimo A3, en el que mencionará la ayuda financiera del Ministerio de Trabajo y Economía Social, del Plan Integral de Empleo de la isla de La Palma y del SCE, en un lugar bien visible para el público, por ejemplo la entrada de un edificio.

En la página web del SCE, www.gobiernodecanarias.org/empleo/sce, se publicará la ficha del cartel anunciador a utilizar.

31.3. La entidad beneficiaria se asegurará de que las partes que intervienen en las operaciones han sido informadas de la financiación por el Plan Integral de Empleo de la isla de La Palma.

31.4. Cualquier documento relacionado con la ejecución de una operación, que se destine al público o a las personas participantes, contendrá una declaración en la que se informe del programa del Plan Integral de Empleo de la isla de La Palma.

31.5. En las actividades de difusión que se desarrollen en relación con las mismas, deberá constar expresamente, en lugar visible, que se han financiado con cargo a los fondos recibidos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, del Plan Integral de Empleo de la isla de La Palma y el SCE, incorporando además de forma expresa los logos de ambos órganos y del Plan Integral de Empleo.

31.6. La entidad beneficiaria de la subvención debe comunicar al SCE, con carácter previo a su realización, las acciones de presentación y difusión pública de la acción subvencionada.

31.7. En cualquier caso, en todo lo relativo a la publicidad de la subvención por parte de la entidad beneficiaria, se dará debido cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18.3 de la Ley General de Subvenciones y el artículo 12 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo.

Según lo dispuesto en el artículo 12.2 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, la utilización de la imagen institucional del Gobierno de Canarias deberá limitarse estrictamente a la finalidad de dar a conocer el carácter subvencionado del programa, actividad, inversión o actuación y se ajustará a los criterios generales que establezca la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios.

31.8. El incumplimiento de lo previsto en los apartados anteriores supondrá el inicio del procedimiento regulado en el artículo 31 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Base trigésima segunda.- Seguimiento, control y evaluación.

32.1. Las entidades beneficiarias deberán someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el SCE, a las de la Inspección de trabajo y Seguridad Social, a las de control financiero que correspondan a la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas y la Comisión y el Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas, así como la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, la Oficina Nacional de Auditoría y, cuando proceda, la Fiscalía Europea.

32.2. El personal técnico de la entidad colaboradora que designe el Servicio Canario de Empleo para la gestión de esta convocatoria llevará a cabo actuaciones de comprobación de acuerdo con los procedimientos que establezca el mismo, que comprenderán:

- Asistencia, apoyo y asesoramiento técnico, dentro de sus competencias, a la entidad beneficiaria y al proyecto, tanto en la preparación como en el desarrollo de las actividades para las que se concede la subvención.

- Visitas de seguimiento del proyecto que estime convenientes a fin de comprobar que se desarrollan los servicios o actuaciones con arreglo a lo establecido en las presentes bases reguladoras, en la convocatoria que la desarrolle, y a las directrices e instrucciones que se dicten al efecto.

- Seguimiento de los proyectos y actuaciones, pudiendo recabar para ello la información necesaria de la persona o entidad beneficiaria.

Base trigésima tercera.- Terminología de género.

De conformidad con el artículo 14.11 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, todas las denominaciones que, en virtud del principio de economía del lenguaje, se hagan en género masculino en esta Resolución, y referidas a titulares o miembros de los órganos o colectivos de personas, se entenderán realizadas tanto en género femenino como en masculino.

Base trigésima cuarta.- Control de las obligaciones de transparencia.

Las entidades beneficiarias de las ayudas y subvenciones públicas tendrán la obligación de someterse a las actuaciones de control que en materia de transparencia corresponden al Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

ANEXO B

CONVOCATORIA POR LA QUE SE REGIRÁ LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA EL EJERCICIO 2023, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA NO COMPETITIVA, DESTINADAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE EMPLEO-FORMACIÓN A DESARROLLAR POR CENTROS Y ENTIDADES DE FORMACIÓN EN COLABORACIÓN CON EMPRESAS DE LA PALMA, DENTRO DEL PLAN INTEGRAL DE EMPLEO DE LA ISLA DE LA PALMA, PARA HACER FRENTE A LAS CONSECUENCIAS DE LA ERUPCIÓN VOLCÁNICA EN LA ISLA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTOGÉSIMA SEXTA DE LA LEY 31/2022, DE 23 DE DICIEMBRE, DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2023.

Primero.- Objeto y finalidad. Número personas destinatarias.

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de la subvenciones para la ejecución en la isla de La Palma de proyectos empleo-formación previstos en el artículo 36 y ss del Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, por el que se regulan los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo, con el fin de mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas adaptando las necesidades de formación de estas personas, a las necesidades del sistema productivo de la isla de La Palma, y así ayudar a su inserción laboral y a la recuperación económica y social de la isla.

El número de personas destinatarias de cada proyecto será como mínimo de 8 y como máximo el que permita la acreditación o inscripción correspondiente de la entidad para impartir la formación prevista en el proyecto, teniendo en cuenta la capacidad real de las aulas por desarrollarse en las mismas otra formación en el mismo periodo de tiempo.

Segundo.- Entidades beneficiarias de las subvenciones.

2.1. Podrán desarrollar los proyectos previstos en esta convocatoria de subvenciones las entidades y centros de formación con instalaciones en la isla de La Palma que se encuentren inscritas y/o acreditadas en el registro de Entidades de Formación Profesional para el Empleo de Canarias para impartir la correspondiente formación conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, para la impartición de los certificados profesionales que se impartan, las especialidades del Catálogo de especialidades del SEPE; y, en su caso, se encuentren autorizados para la impartición de la formación relacionada con las ocupaciones a desarrollar durante el periodo de trabajo efectivo que se incluya en el proyecto; en el caso de tratarse de itinerarios formativos deberán reunir los requisitos para poder impartir toda la formación de la que consta el itinerario.

2.1.2. No obstante lo anterior, las empresas con las que las entidades y centros de formación a que se refiere el párrafo anterior establezcan los acuerdos para desarrollar la parte de trabajo efectivo mediante la suscripción del correspondiente contrato para la formación en alternancia deberán disponer de la capacidad técnica y de gestión suficiente, para poder acoger a personas en esta modalidad de contrato de trabajo.

2.1.3. Las entidades solicitantes de los proyectos deberán estar dadas de alta a terceros en el Sistema Económico Financiero de la Comunidad Autónoma de Canarias.

2.1.4. No podrán acceder a las subvenciones reguladas en esta Resolución, entidades solicitantes que incurran en alguna de las prohibiciones reguladas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones.

2.1.5. Los requisitos señalados en los apartados anteriores deberán cumplirse en el momento de presentar la solicitud.

2.1.6. El incumplimiento de requisitos previstos en las bases reguladoras dará lugar a la inadmisión de la solicitud. Los requisitos deberán mantenerse durante el todo el periodo que dure la ejecución del proyecto subvencionado.

Tercero.- Dotación presupuestaria.

3.1. Las subvenciones previstas en la presente Resolución serán financiadas con fondos del Plan Integral de Empleo de la isla de La Palma, que se contemplan en el crédito presupuestario consignado en el presupuesto de gastos del SCE en la partida 2023 5001 241H 470.02.00 Línea de actuación 500G0046 Plan Integral de Empleo de la isla de La Palma, Fondo: 40V5001, por un importe de un millón quinientos mil (1.500.000) euros.

3.2. El volumen total de las subvenciones a conceder dentro de este ejercicio presupuestario no superará la citada consignación salvo que se produzca un incremento del importe del crédito presupuestario disponible como consecuencia de una generación, una ampliación o una incorporación de crédito, de conformidad con lo establecido en el artículo 14.4 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo. En este supuesto, el órgano concedente publicará la declaración de créditos disponibles y la distribución definitiva, con carácter previo a la resolución de concesión, en los mismos medios que la convocatoria, sin que tal publicidad implique la apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes ni el inicio de nuevo cómputo de plazo para resolver.

Cuarto.- Cuantía de la subvención.

4.1. Teniendo en cuenta que la jornada laboral máxima será del 65% de la ordinaria y atendiendo a los importes establecidos en el artículo 39 del Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, los conceptos y las cuantías de referencia de la subvención a conceder serán los siguientes:

4.1.1. Financiación de los costes salariales y de Seguridad Social por todos los conceptos derivados de las personas trabajadoras participantes, con las siguientes cuantías:

• Por cada persona trabajadora contratada en los Grupos de Cotización a la Seguridad Social 1 y 2, ambos inclusive: 21.612,50 euros/año. En caso de que el contrato suscrito sea de duración inferior se aplicará la parte proporcional.

• Por cada persona trabajadora contratada en los Grupos de Cotización a la Seguridad Social 3 al 7, ambos inclusive: 17.290,00 euros/año. En caso de que el contrato suscrito sea de duración inferior se aplicará la parte proporcional.

• Por cada persona trabajadora contratada en los Grupos de Cotización a la Seguridad Social 8 al 11, ambos inclusive: 12.967,50 euros/año. En caso de que el contrato suscrito sea de duración inferior se aplicará la parte proporcional.

Estos importes deberán ser transferidos por los centros y entidades de formación a las empresas colaboradoras que contraten a las personas participantes en el Proyecto.

4.1.2. Financiación de las acciones de formación para el empleo mediante un módulo económico por participante y hora de formación, establecido en el estudio para la determinación de módulos económicos aplicables a la justificación de las acciones de formación profesional para el empleo en la Comunidad Autónoma de Canarias realizado para el SCE por una entidad Auditora en 2019, con la consiguiente actualización de los importes previstos en dicho informe para adecuarlos a la tasa de variación del IPC en Canarias en el periodo 2020-2023. Esto garantiza su adecuación a los precios de mercado, de acuerdo con el artículo 76 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Estos importes actualizados figuran como Anexo V de esta convocatoria.

En el caso de que se trate de una especialidad que no figure en dicho anexo, se aplicará el módulo de la especialidad de la misma familia profesional.

4.1.3. Financiación de los costes salariales y de Seguridad Social por todos los conceptos derivados de la contratación del personal necesario para la prestación de la tutorización del aprendizaje y/o la gestion del proyecto con una cuantía de 39.900 euros/año, para 15 personas participantes y 12 meses o la parte proporcional en caso de que el número o la duración del proyecto sea menor.

Quinto.- Requisitos de las personas destinatarias de los proyectos y colectivos prioritarios.

5.1. Podrán ser personas destinatarias de los proyectos previstos en esta convocatoria las personas, residentes en la isla de La Palma, que se encuentren desempleadas, entendiéndose como tales, a los efectos de esta disposición, las personas inscritas como demandantes de empleo y/o servicios en situación laboral de no ocupadas registradas en el SCE,

5.2. Además de lo previsto en el apartado anterior deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Cumplir los requisitos requeridos para el acceso a la formación que se vaya a desarrollar, con especial atención en el caso de impartición de un certificado de profesionalidad.

b) Y cumplir con los requisitos que en su caso se exijan para la modalidad contractual que se utilice.

c) Tener las condiciones de adecuación al puesto de trabajo.

5.3. Dada la finalidad del programa de proporcionar formación a las personas carentes de ellas, se priorizará a las personas que no tengan mayor nivel de estudios que el exigido para acceder al certificado o certificados a impartir, o, en su caso, a las especialidades de catálogo propuestas en el proyecto solicitado. Salvo que no haya suficientes demandantes inscritas, en el municipio o municipios donde se vaya a realizar el proyecto, que reúnan los requisitos, más del 55% de las personas destinatarias del programa han de ser mujeres y, dentro de este colectivo, se priorizará a las mujeres que sean víctimas de violencia de género.

5.4. A fin de garantizar el acceso a la formación de personas trabajadoras desempleadas con mayor dificultad de inserción o de mantenimiento en el mercado de trabajo, se deberá tener en cuenta tanto en la fase de preselección como en la de selección de personas candidatas lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 694/2017, relativo a la solicitud, selección y obligaciones de las personas participantes. Atendiendo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, los colectivos a tener en cuenta como prioritarios serán:

• Las personas jóvenes especialmente con baja cualificación.

• Personas en desempleo de larga duración (se entiende por personas parada de larga duración al demandante inscrito un mínimo de 12 meses, continuados o no, dentro de un periodo de 18 meses, y que cumple esta condición en cualquier momento del periodo de referencia, aunque se hubiera inscrito antes).

• Personas con discapacidad. Se reconocerá como personas con discapacidad que presentan mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo: las personas con parálisis cerebral, con trastorno de la salud mental, con discapacidad intelectual o con trastorno del espectro del autismo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento; así como las personas con discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento.

• Personas LGTBI, en particular trans.

• Personas mayores de cuarenta y cinco años.

• Personas migrantes.

• Personas beneficiarias de protección internacional y solicitantes de protección internacional en los términos establecidos en la normativa específica aplicable.

• Personas víctimas de trata de seres humanos.

• Mujeres con baja cualificación.

• Mujeres víctimas de violencia de género.

• Personas en situación de exclusión social.

• Personas gitanas, o pertenecientes a otros grupos poblacionales étnicos o religiosos.

• Personas trabajadoras provenientes de sectores en reestructuración.

• Personas afectadas por drogodependencias y otras adicciones.

• Personas víctimas del terrorismo.

• Personas cuya guardia y tutela sea o haya sido asumida por las Administraciones públicas.

• Personas descendientes en primer grado de las mujeres víctimas de violencia de género.

• Personas adultas con menores de dieciséis años o mayores dependientes a cargo, especialmente si constituyen familias monomarentales y monoparentales.

• Otros colectivos de especial vulnerabilidad, que son de atención prioritaria en las políticas activas de empleo, u otros que se puedan determinar en el marco del Sistema Nacional de Empleo.

Sexto.- Contenido de los proyectos.

De acuerdo con lo establecido en las bases reguladoras, los proyectos incluirán un plan formativo que deberá reflejar preferentemente el itinerario completo de un certificado de profesionalidad, aunque podrá incluir itinerarios con módulos correspondientes a varios certificados profesionales y/o incluir formación del Catálogo de Especialidades Formativas del Sistema Nacional de Empleo, así como formación relacionada con la ocupación a desarrollar si se justifica por la entidad beneficiaria la necesidad de impartición de esa formación por responder a una demanda del sector económico correspondiente.

Séptimo.- Duración y fecha límite de finalización de los proyectos.

Los proyectos objeto de convocatoria deberán tener una duración máxima de 12 meses con fecha límite de finalización el 30 de diciembre de 2024.

Octavo.- Limitaciones a la concesión.

8.1. Solo se admitirá una solicitud de subvención por centro o entidad de formación. En caso de presentarse varias solicitudes se tendrá en cuenta la última presentada.

8.2. La cuantía máxima de subvención a conceder por entidad no superará los 300.000,00 euros.

Limitación por instalaciones acreditadas y/o inscritas.

Cuando se presenten o existan ya dos o más proyectos de la misma o similar tipología que coincidan en parte o en su totalidad en las mismas instalaciones acreditadas y/o inscritas, se deberá indicar el horario en el que se desarrollará la formación prevista en el proyecto.

Las instalaciones deberán ser de uso exclusivo para los proyectos de formación y empleo. En cualquier caso, las entidades que tengan más de un proyecto, tendrán que adaptar sus horarios, de tal forma que no coincidan diferentes acciones en un mismo horario, debiendo presentarse la planificación horaria que permita comprobar la viabilidad de la realización de los proyectos. Igualmente, y en estos supuestos, deberán disponer de espacios y equipamiento adecuado para el desarrollo de las funciones de los equipos directivo-docente.

Noveno.- Plazo de presentación de solicitudes.

9.1. Las entidades que deseen solicitar la financiación de proyectos empleo-formación con cargo al Plan Integral de Empleo de La Palma, deberán presentar la correspondiente solicitud de acuerdo con lo establecido en la bases reguladoras, utilizando el Anexo I (solicitud) a la presente convocatoria, el Anexo II (modelo memoria proyecto), el Anexo III (modelo de declaración responsable suscripción convenios de cooperación con las empresas participantes en la ejecución del proyecto), el Anexo IV (modelo de Convenio de Cooperación entre el centro o entidad de formación y la empresa colaboradora), que estarán disponibles como formularios web en la sede electrónica del Gobierno de Canarias: https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/8665

9.2. El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días a contar a partir del día siguiente a la publicación del extracto de las bases reguladoras y convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias, con independencia de su publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Décimo.- Plazo máximo para resolver, medios de notificación y recursos.

10.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 48/2009, de 28 de abril, por el que se establecen Medidas ante la Crisis Económica y de Simplificación Administrativa en la Comunidad Autónoma de Canarias, el plazo para dictar y notificar la correspondiente resolución de concesión será de tres meses a contar a partir de la finalización del plazo de presentación de solicitudes, si bien este plazo se entenderá suspendido al amparo del artículo 22.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre ya citada, por el tiempo que medie entre los requerimientos para que se subsane o complete la documentación y su efectivo cumplimiento por el destinatario o, en su defecto, el transcurso del plazo concedido, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 68 de la citada Ley. Superada dicha fecha sin haberse notificado resolución expresa, podrán entenderse desestimadas por silencio administrativo las solicitudes presentadas.

10.2. No obstante, atendiendo a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre ya mencionada, la Dirección del SCE podrá ampliar el plazo para resolver, a propuesta de la subdirección de Formación.

10.3. La notificación del requerimiento de subsanación de solicitudes y de la resolución de concesión se realizará mediante publicación de la relación de entidades con los defectos a subsanar, en el tablón de anuncios electrónico del SCE: https://sede.gobiernodecanarias.org/empleo/sce/menú_lateral/tablón_anuncios, concediendo a los interesados un plazo de 10 días, a contar desde el día siguiente de su notificación.

Los escritos mediante los cuales las entidades efectúen las subsanaciones correspondientes, se presentarán de forma electrónica, a través de medios electrónicos en la sede electrónica del Gobierno de Canarias: https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/8665

10.4. La publicación en el tablón de anuncios electrónico del SCE de la resolución de concesión y sus posibles modificaciones ulteriores y de los demás actos del procedimiento surtirá todos los efectos de la notificación practicada realizándose en los términos de los artículos 40 al 46 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, en relación con los procedimientos de concurrencia competitiva.

10.5. Contra la resolución de concesión podrá interponerse recurso de alzada ante la Presidencia del Servicio Canario de Empleo, en el plazo de un mes, en la forma y supuesto previstos en la Ley 39/2015 ya mencionada. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de que las entidades interesadas puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.

Decimoprimero.- Abono de la subvención.

11.1. La Dirección General de Planificación y Presupuesto ha emitido informe de fecha 25 de septiembre de 2023, autorizando con carácter general el abono anticipado de las subvenciones objeto de esta convocatoria, pero el abono a cada beneficiario de la subvención se circunscribirá al análisis de las respectivas resoluciones de concesión, por lo que las mismas deberán ser informadas previamente por parte de ese centro directivo.

11.2. Asimismo para el abono anticipado de la subvención se estará a lo dispuesto en la base vigésima primera de las bases reguladoras de las subvenciones objeto de esta convocatoria.

Decimosegundo.- Información sobre protección de datos de carácter personal.

12.1. En aplicación del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD); y en aplicación de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Se informa de lo siguiente:

- La persona responsable del tratamiento “AYUDAS Y SUBVENCIONES”, creado por Resolución de n.º 2761, de 25 de mayo de 2018, por la que se registran las actividades de tratamiento de datos personales gestionados por el SCE y modificada por Resolución n.º 3210, de 18 de junio de 2018, es la persona titular de la dirección del SCE.

- Finalidad del tratamiento: gestión de ayudas y subvenciones.

- Legitimación:

• Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable a la persona responsable del tratamiento, artículo 6.1.c) del Reglamento UE 2016/679, General de Protección de Datos, y artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

• Por obligación legal, artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

• Identificación y firma de las personas interesadas en el procedimiento administrativo, artículos 9 y 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

• Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo.

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

• Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

• Normativa reguladora de las bases reguladoras y la convocatoria.

- Destinatarios de cesiones o transferencias:

• Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

• Otros Servicios Públicos de Empleo Autonómicos.

• Consejería de Turismo y Empleo.

• Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes.

• Fundación Canaria para el Fomento del Empleo (FUNCATRA).

• Instituto Canario de Estadística (ISTAC), con fines estadísticos.

No hay transferencias internacionales previstas.

- Derechos de las personas interesadas: de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas de los datos de carácter personal contenidos en tratamientos de la titularidad de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

- Ejercicio del derecho para la protección de datos personales: https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/5211

Procedencia de los datos: personas interesadas, personas representantes legales, otras personas físicas o jurídicas, administraciones públicas.

Información adicional: https://www.gobiernodecanarias.org/administracionespublicas/tratamientodedatos/tratamientos/turic/sce/

12.2. El SCE permitirá el acceso al personal designado por la entidad beneficiaria de la subvención a las aplicaciones SISPECAN que correspondan. Para ello se facilitará a la entidad cuantos usuarios sean necesarios para el correcto desarrollo de la actividad encomendada. Las autorizaciones asignadas en dicho sistema de información son personales e intransferibles, y los titulares de las mismas están obligados al secreto profesional.

Una vez concluida la prestación del servicio objeto de la presente convocatoria, la entidad deberá destruir o devolver al SCE, según le sea indicado por este, la información y datos de carácter personal de los que se haya tenido acceso, así como cualquier otra información consecuencia de la prestación del servicio, además de cualquier soporte o documento en que conste algún dato personal facilitado por el Servicio Canario de Empleo. La entidad podrá mantener parte de la información únicamente para el cumplimiento de las obligaciones legales y en acreditación de la correcta prestación del servicio, debiendo mantener las medidas de seguridad que sobre los mismos se hayan de aplicar, así como comunicarlo al SCE.

Desde el punto de vista tecnológico, la entidad se sujetará a las indicaciones que le haga el SCE, responsable del fichero.

La Entidad tratará los datos únicamente para el ejercicio de las funciones descritas para esta convocatoria y no los aplicará o utilizará con fin distinto, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas, salvo autorización expresa del SCE.

El acceso de la entidad al fichero señalado, en momento alguno, se entenderá ni será considerado como cesión de datos de carácter personal por parte del SCE.

Los datos de carácter personal que obtenga la entidad como consecuencia de la prestación del servicio solo podrán ser utilizados para el cumplimiento de las funciones directamente relacionadas con el mismo, no pudiendo ser cedidos a terceros por título alguno.

Asimismo, la entidad adoptará las medidas procedentes en orden a garantizar la seguridad de los citados datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida o tratamiento no autorizado, de acuerdo con lo previsto en la legislación sobre protección de datos y las directrices que al respecto establezca el SCE.

Las personas participantes en las acciones autorizará a la entidad beneficiaria para introducir sus datos personales, académicos y profesionales en la aplicación SISPECAN-SUBVENCIONES, a obtener la información obrante en los ficheros de la Tesorería General de la Seguridad Social, de la Administración Tributaria Canaria y Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

Ver anexo en las páginas 57579-57594 del documento Descargar

© Gobierno de Canarias