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BOC Nº 221. Viernes 10 de noviembre de 2023 - 3600

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III. Otras Resoluciones - Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad

3600 ORDEN de 31 de octubre de 2023, por la que se amplía la aceptación de la delegación de competencias de los Ayuntamientos adheridos para las convocatorias y realización de las pruebas selectivas para la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase de Policía Local, Escala Básica, Grupo C, Subgrupo C1, de las plazas que oferte cada Ayuntamiento, en convocatoria anual unificada.

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BOC-A-2023-221-3600. Firma electrónica - Descargar

Mediante la Orden de 10 de agosto de 2022 y la Orden de 26 de mayo de 2023, de ampliación, ambas del Consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, se aceptaron la delegación de competencias de los Ayuntamientos adheridos para las convocatorias y realización de las pruebas selectivas para la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase de Policía Local, Escala Básica, Grupo C, Subgrupo C1, de las plazas que oferte cada Ayuntamiento, en convocatoria anual unificada (BOC n.º 164, de 19.8.2022, y BOC n.º 110, de 8.6.2023), de acuerdo con la cláusula tercera del Convenio de Cooperación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, y la Federación Canaria de Municipios, que instrumenta la delegación de las competencias de los municipios de Canarias en los procesos de selección para el acceso a los Cuerpos de Policía Local, de fecha 22 de junio de 2021, publicado en el Boletín Oficial de Canarias n.º 136, de 5 de julio de 2021, durante su vigencia y efectos previstos en él. Están aceptadas, en la actualidad, la delegación de los siguientes Ayuntamientos de Canarias:

San Miguel de Abona, Garachico, Arrecife, Vilaflor de Chasna, El Rosario, Barlovento, La Aldea de San Nicolás, Santa Brígida, El Sauzal, Teguise, Tacoronte, Tegueste, Tías, Icod de los Vinos, Tijarafe, Haría, Yaiza, Antigua, Puntallana, Teror, San Andrés y Sauces, San Bartolomé, Güímar, Vega de San Mateo, Agüimes, Los Llanos de Aridane, San Cristóbal de La Laguna, Agulo, San Juan de La Rambla, Vallehermoso, Arona, Agaete, Tuineje, Arucas y Valleseco.

La aceptación de tal delegación incluyó la resolución de los recursos administrativos que puedan interponerse contra los actos administrativos dictados en el ejercicio de las competencias delegadas.

Desde la publicación de las citadas Órdenes se han adherido al Convenio los siguientes cinco ayuntamientos:

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La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad es el departamento competente en materia de coordinación de Policías Locales de Canarias, conforme previene el Decreto 41/2023, de 14 de julio, del Presidente, por el que se determinan las competencias de la Presidencia y Vicepresidencia, así como el número, denominación, competencias y orden de precedencias de las Consejerías, al asumir las competencias que tenía atribuidas la extinta Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, salvo los Servicios Jurídicos del Gobierno. A través del Decreto 123/2023, de 17 de julio, por el que se determina la estructura orgánica y las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias, se establecen los órganos que componen la actual Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

Mediante la Orden de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad de 26 de octubre de 2023, por la que se modifica la Orden de 21 de agosto de 2023, por la que se determina y adecúa a la actual estructura orgánica el centro directivo al que le corresponde el ejercicio de las competencias delegadas en materia de selección del personal de los Cuerpos de Policía Local de los municipios de Canarias, es a la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública a la que le corresponde dar continuidad al ejercicio de las competencias que los municipios de Canarias deleguen en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de Policías Locales de Canarias.

Así mismo, el indicado Convenio de Cooperación de 22 de junio de 2021 establece en su cláusula tercera, apartado 3.3, que por Orden departamental de la extinta Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, actual Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, previo informe de la extinta Dirección General de Seguridad y Emergencias, ahora Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, se aceptará anualmente la delegación de cada municipio adherido respecto de los procesos de selección de la policía local objeto del presente Convenio. Atendiendo a lo expuesto en la cláusula cuarta, apartado 4.2, letra e), y la cláusula novena, este Convenio tiene una duración de cuatro años, prorrogable por otros cuatro, y, en cualquier caso, la duración de la delegación de competencias se mantendrá, en todo caso, mientras dure el proceso selectivo para el que se efectuó. Los efectos del acuerdo de revocación de la adhesión al Convenio solo habrán de producirse tras la finalización del proceso selectivo anual efectuado por delegación, en lo que pudiera afectar al Ayuntamiento que revoca la adhesión, es decir, hasta el nombramiento de las personas aspirantes propuestas por el Tribunal como personal funcionario de carrera.

Visto el informe-propuesta de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública y en el ejercicio de la competencia atribuida en la disposición adicional quinta de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de Policías Locales de Canarias, así como en el artículo 49.g) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, aprobado por Decreto 14/2021, de 14 de marzo, vigente en virtud de lo dispuesto en la disposición transitoria única del Decreto 123/2023, de 17 de julio, por el que se determina la estructura orgánica y las sedes de las consejerías del Gobierno de Canarias,

RESUELVO:

Primero.- Aceptar la ampliación de la delegación de las competencias de los procesos de selección de la policía local aprobada por la Orden de 10 de agosto de 2022 y la Orden de 26 de mayo de 2023, ambas del Consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, por la que se acepta la delegación de competencias de los Ayuntamientos adheridos para las convocatorias y realización de las pruebas selectivas para la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase de Policía Local, Escala Básica, Grupo C, Subgrupo C1, de las plazas que oferte cada Ayuntamiento, en convocatoria anual unificada a los siguientes Ayuntamientos de Canarias:

Hermigua, Los Silos, Tazacorte, Valle Gran Rey y El Paso.

La aceptación de tal delegación incluye la resolución de los recursos administrativos que puedan interponerse contra los actos administrativos dictados en el ejercicio de las competencias delegadas.

Igualmente, la aceptación de la delegación indicada anteriormente surtirá efectos a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia que corresponda del acuerdo de su órgano de gobierno de la delegación y adhesión al Convenio de referencia, en los términos de su cláusula cuarta, 4.2, letra b).

Segundo.- Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, en el plazo de un mes, desde su publicación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo que corresponda del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación, advirtiéndose que de presentar recurso potestativo de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el mismo, o se produzca su desestimación presunta, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse. Y en caso de que el recurrente sea una Administración Pública, con carácter previo a la interposición de recurso contencioso-administrativo, podrá ser objeto del requerimiento previo del artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Santa Cruz de Tenerife, a 31 de octubre de 2023.

LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,
Nieves Lady Barreto Hernández.

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