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BOC Nº 172. Jueves 31 de agosto de 2023 - 2993

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III. Otras Resoluciones - Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad

2993 ORDEN de 21 de agosto de 2023, por la que se determina y adecúa a la actual estructura orgánica el centro directivo al que le corresponde el ejercicio de las competencias delegadas en materia de selección del personal de los Cuerpos de Policía Local de los municipios de Canarias.

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BOC-A-2023-172-2993. Firma electrónica - Descargar

Por Orden de la extinta Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad de 27 de mayo de 2021 (BOC n.º 117, de 8.6.2021), se determinó que la Dirección General de Seguridad y Emergencias es el centro directivo al que corresponde el ejercicio de las competencias que los municipios de Canarias deleguen en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, para la selección del personal funcionario de los Cuerpos de Policía Local, en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de Policías Locales de Canarias.

Por el Decreto 41/2023, de 14 de julio, del Presidente, por el que se determinan las competencias de la Presidencia y Vicepresidencia, así como el número, denominación, competencias y orden de precedencias de las Consejerías, el Decreto 47/2023, de 17 de julio, del Presidente, por el que se modifica el anterior, y, en particular, el Decreto 123/2023, de 17 de julio, por el que se determina la estructura orgánica y las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias, se incluye en la estructura de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad a la Viceconsejería de Administraciones y Transparencia y la Dirección General de Seguridad, mientras que la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas incluye en su estructura la Dirección General de Emergencias. En la disposición adicional primera del Decreto 123/2023, de 17 de julio, se determina que se suprime la Dirección General de Seguridad y Emergencias, cuyas competencias en materia de seguridad se atribuyen a la Dirección General de Seguridad, y en materia de emergencias a la Dirección General de Emergencias, estableciendo la disposición transitoria única de este que, en tanto se lleve a efecto lo previsto en la disposición final segunda de dicho Decreto, y siempre que no se opongan o resulten incompatibles con lo previsto en el mismo Decreto, conservarán su vigencia las normas orgánicas que determinan la estructura y funciones de las extintas Consejerías.

Así, la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de Policías Locales de Canarias, prevé, en el apartado 1 de la disposición adicional quinta, añadida por el Decreto ley 4/2019, de 8 de abril, que los Ayuntamientos de Canarias, por acuerdo del órgano competente, podrán delegar en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias el ejercicio de sus competencias para la selección, incluyendo la promoción interna, del personal de sus Cuerpos de Policía Local, respecto de las plazas previstas en sus respectivas ofertas de empleo público, estableciendo, en el apartado segundo de la referida disposición adicional quinta, que será la persona titular de la Consejería competente en materia de coordinación de policías locales, la que determine el centro directivo u organismo al que le corresponde el ejercicio de tales competencias que los Ayuntamientos podrán delegar en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. En similar sentido, se pronuncia el artículo 49.g) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, aprobado por Decreto 14/2021, de 18 de marzo, que atribuiría, ahora, a la persona titular de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad la determinación del centro directivo u organismo que ejercerá la competencia en los casos en que los municipios de Canarias acuerden la delegación de competencias para la selección del personal de sus policías locales.

En tanto, en concordancia con la disposición adicional primera y la disposición transitoria única del Decreto 123/2023, de 17 de julio, el artículo 120 del citado Reglamento Orgánico atribuiría a la Dirección General de Seguridad, bajo la dependencia directa de la persona titular de la Consejería, la responsabilidad de la gestión de las competencias en materia de seguridad, incluidas la ordenación y coordinación supramunicipal de las policías locales de Canarias. Por lo que se considera que esta Dirección General es la que debe dar continuidad al ejercicio de estas competencias delegadas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la presente Orden será publicada en el Boletín Oficial de Canarias para general conocimiento.

Por lo anterior, en ejercicio de la competencia atribuida en la disposición adicional quinta de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de Policías Locales de Canarias, así como en el artículo 49.g) del Reglamento Orgánico de este Departamento, y a propuesta conjunta de la Viceconsejería de Administraciones y Transparencia y la Dirección General de Seguridad,

RESUELVO:

Primero.- Determinar que la Dirección General de Seguridad es el centro directivo al que corresponde dar continuidad al ejercicio de las competencias que los municipios de Canarias deleguen en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, para la selección del personal funcionario de los Cuerpos de Policía Local, en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de Policías Locales de Canarias.

Segundo.- Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la propia Consejera en el plazo de un mes desde su publicación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo que corresponda del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación, advirtiéndose que de presentar recurso potestativo de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el mismo, o se produzca su desestimación presunta y, todo ello, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse. Y en caso de que el recurrente sea una Administración Pública, con carácter previo a la interposición del recurso contencioso-administrativo, podrá ser objeto del requerimiento previo del artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de agosto de 2023.

LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS,
JUSTICIA Y SEGURIDAD,
Nieves Lady Barreto Hernández.

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