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BOC-A-2023-155-2773.
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ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- La Resolución de esta Dirección Gerencia n.º 2950/2022, de 13 de mayo (BOC n.º 101, de 24 de mayo), resolvió efectuar la convocatoria para la provisión, con carácter temporal, del puesto de Jefe/a de Servicio de Urgencias, incluido en la plantilla orgánica de este centro asistencial. Dicha Resolución, entre otros asuntos, además de las bases del procedimiento, estableció un plazo de un mes para la presentación, por vía telemática, del modelo normalizado de solicitud, que incluye una solicitud de participación y un historial profesional.
Segundo.- La Resolución de esta Dirección Gerencia n.º 5297/2022, de 15 de noviembre, publicada en los tablones de anuncios y en la intranet de este Complejo Hospitalario el mismo día, resolvió aprobar la designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión de Valoración para la provisión, con carácter temporal, del puesto de Jefe/a de Servicio de Urgencias en este Complejo Hospitalario.
Tercero.- La Resolución de esta Dirección Gerencia n.º 215/2023, de 25 de enero, publicada en los tablones de anuncios y en la intranet de este Complejo Hospitalario el mismo día, aprobó la relación provisional de admitidos y excluidos en el procedimiento administrativo, para la provisión, con carácter temporal, del puesto de Jefe/a de Servicio de Urgencias en este Complejo Hospitalario.
Cuarto.- La Resolución de esta Dirección Gerencia n.º 1484/2023, de 18 de abril, publicada en los tablones de anuncios y en la intranet de este Complejo Hospitalario el mismo día, aprobó la relación definitiva de admitidos y excluidos en el procedimiento administrativo, para la provisión, con carácter temporal, del puesto de Jefe/a de Servicio de Urgencias en este Complejo Hospitalario, y convocó al único aspirante de la convocatoria, a la exposición pública del proyecto técnico, el día 5 de mayo de 2023.
Quinto.- De acuerdo con el acta de la sesión de la Comisión de Valoración designada en la convocatoria, reunida el día 5 de mayo de 2023, y publicada en los tablones de anuncios y en la intranet de este Complejo Hospitalario el día 31 de mayo de 2023, entre otros asuntos, se valoró el currículum profesional del aspirante admitido, y se celebró la exposición pública del proyecto técnico relacionado con el Servicio de Urgencias, acordándose, por unanimidad, la puntuación provisional asignada al interesado, determinada por la suma de las valoraciones obtenidas en cada una de las fases anteriormente citadas, otorgando un plazo de diez días hábiles para la presentación de las reclamaciones que se consideraran convenientes frente al resultado provisional obtenido.
Sexto.- Según consta en el acta de la sesión de la Comisión de Valoración, reunida el día 5 de julio de 2023, y publicada en los tablones de anuncios y en la intranet de este Complejo Hospitalario el día 14 del mismo mes y año, se dio cuenta de formulación de reclamación, en fecha 7 de junio del año en curso, por el aspirante de la presente convocatoria, frente al resultado provisional de la puntuación que le fuera asignada.
Analizadas, en sus justos términos, las alegaciones presentadas por el aspirante, por la Comisión de Valoración se acordó, por unanimidad, mantener las valoraciones y calificaciones asignadas al aspirante, conforme al acuerdo adoptado en sesión de fecha 5 de mayo de 2023. Por otro lado, se desestima, por mayoría, dar traslado de las valoraciones y calificaciones del proyecto técnico emitidas por los miembros de la Comisión, por obrar las mismas en el expediente administrativo.
Asimismo, por la Comisión de Valoración se resolvió elevar, a esta Dirección Gerencia, el resultado final del proceso de valoración, así como proponer que el puesto de Jefe/a de Servicio de Urgencias, atendiendo a lo dispuesto en la base sexta, punto 6.4, de la convocatoria, quedara vacante, pues a juicio de dicho órgano colegiado el aspirante presentado no resulta idóneo para su desempeño.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo 78.2, establece que “la provisión de puestos de trabajo en cada Administración Pública se llevará a cabo por los procedimientos de concurso y de libre designación con convocatoria pública”.
Asimismo, el artículo 80 del texto legal citado emprende la regulación de la libre designación, con convocatoria pública, del personal funcionario de carrera, conteniendo el siguiente régimen:
“1. La libre designación con convocatoria pública consiste en la apreciación discrecional por el órgano competente de la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto.
2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto establecerán los criterios para determinar los puestos que por su especial responsabilidad y confianza puedan cubrirse por el procedimiento de libre designación con convocatoria pública.
3. El órgano competente para el nombramiento podrá recabar la intervención de especialistas que permitan apreciar la idoneidad de los candidatos.
4. Los titulares de los puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación con convocatoria pública podrán ser cesados discrecionalmente. En caso de cese, se les deberá asignar un puesto de trabajo conforme al sistema de carrera profesional propio de cada Administración Pública y con las garantías inherentes de dicho sistema.”
A su vez, la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, consagra, en su artículo 29, los criterios generales de provisión de plazas, incluyendo el siguiente tenor literal:
“1. La provisión de plazas del personal estatutario se regirá por los siguientes principios básicos:
a) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad en la selección, promoción y movilidad del personal de los servicios de salud.
b) Planificación eficiente de las necesidades de recursos y programación periódica de las convocatorias.
c) Integración en el régimen organizativo y funcional del servicio de salud y de sus instituciones y centros.
d) Movilidad del personal en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.
e) Coordinación, cooperación y mutua información entre las Administraciones sanitarias públicas.
f) Participación, a través de la negociación en las correspondientes mesas, de las organizaciones sindicales especialmente en la determinación de las condiciones y procedimientos de selección, promoción interna y movilidad, del número de las plazas convocadas y de la periodicidad de las convocatorias.”
El apartado tercero del precepto referenciado, a su vez, reza que “en cada servicio de salud se determinarán los puestos que puedan ser provistos mediante libre designación”.
Segundo.- En lo atinente a la provisión de puestos de trabajo, en el concreto ámbito del Servicio Canario de la Salud, ha de estarse a la regulación contenida en el Decreto 123/1999, de 17 de junio, sobre selección de personal estatutario y provisión de plazas básicas y puestos de trabajo en los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud (SCS) (BOC n.º 92, de 14 de julio).
La citada norma destina su disposición adicional tercera a la regulación de la provisión de puestos de jefes de servicio y de selección de carácter asistencial, incluyendo la siguiente dicción:
“1. Los puestos de Jefes de Servicio y de Sección de carácter asistencial en las unidades de asistencia especializada se proveerán por los Gerentes o Directores Gerentes respectivos mediante convocatoria pública en la que podrán participar todos los facultativos de la correspondiente especialidad que presten servicio como personal estatutario en el Sistema Nacional de Salud, mediante un proceso de provisión basado en la evaluación del currículum profesional de los aspirantes y en un proyecto técnico relacionado con la gestión de la unidad asistencial.
2. Los aspirantes seleccionados obtendrán un nombramiento temporal para el puesto. Tanto los nombrados por el sistema regulado en esta disposición adicional, como por el establecido en la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo, de 5 de febrero de 1985, serán evaluados con una periodicidad máxima de cuatro años a efectos de su continuidad en el puesto.
3. Los sistemas de selección y de evaluación serán regulados por Orden del Consejero competente en materia de sanidad.
4. Cuando sea nombrado personal estatutario fijo le será de aplicación lo previsto en el apartado 4 del artículo 43 de este Decreto.
5. Los puestos a que se refiere la presente disposición adicional podrán ser provistos provisionalmente en la forma y condiciones previstas en el artículo 44 de este Decreto. Si la provisionalidad se prolongara más de cuatro años, serán sometidos a las evaluaciones establecidas en el apartado 2 de esta disposición adicional.”
La ulterior concreción normativa, prevenida en el apartado tercero del precepto reseñado, se emprende por la Orden de la Consejería de Sanidad de 31 de octubre de 2012, por la que se regula el procedimiento para la provisión de los puestos de Jefatura de Servicio y de Sección de carácter asistencial en las unidades de asistencia especializada de los órganos de prestación de servicios sanitarios del SCS (BOC n.º 226, de 19 de noviembre); corregida, a su vez, por la Orden de la Consejería de Sanidad de 20 de noviembre de 2012 (BOC n.º 239, de 7 de diciembre), y modificada por la Orden de la Consejería de Sanidad de 23 de mayo de 2019 (BOC n.º 109, de 10 de junio).
Tercero.- Finalmente, de conformidad con las prescripciones contenidas en la normativa enumerada, el concreto proceso selectivo se rige por lo dispuesto en la Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, de 12 de mayo de 2022, por la que se efectúa la convocatoria para la provisión con carácter temporal del puesto de Jefe/a de Servicio de Urgencias, incluido en la plantilla orgánica de este centro asistencial (BOC n.º 101, de 24 de mayo).
En el apartado cuarto de su base sexta, bajo la rúbrica “valoraciones de los aspirantes”, se consagra que “resueltas las posibles reclamaciones, la Comisión de Valoración elevará a la persona titular de esta Dirección Gerencia el resultado final del proceso de valoración, así como propuesta de designación para el desempeño del puesto a favor de la persona aspirante que haya obtenido mayor puntuación o, en su caso, propuesta de que el puesto quede vacante si, a juicio de la Comisión de Valoración, ninguna de las personas aspirantes presentadas resulta idónea para su desempeño”.
Por último, su base séptima, a propósito de la resolución de la convocatoria, prescribe lo siguiente:
“Mediante Resolución de la persona titular de esta Dirección Gerencia, que será publicada en el Boletín Oficial de Canarias, se designará la persona seleccionada para el desempeño del puesto de Jefe/a de Servicio de Urgencias o, en su caso, se declarará desierta la convocatoria cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:
a) Si no se presentan solicitudes de participación en el proceso.
b) Si ninguna de las personas solicitantes reúne y mantiene a lo largo del proceso los requisitos de participación establecidos en la base segunda.
c) Si con anterioridad al proceso de valoración se produce la renuncia de todas las personas aspirantes que figuran en la relación definitiva de admitidos.
d) Si a juicio de la Comisión de Valoración ninguna de las personas aspirantes valoradas resulta idónea para el desempeño del puesto convocado.
e) Si la persona aspirante propuesta por la Comisión de Valoración renuncia al puesto convocado con anterioridad a la designación para su desempeño.”
Cuarto.- En cuanto a la discrecionalidad técnica que ampara la actuación de la Comisión de Valoración, y de que se encuentra imbuido el proceso selectivo analizado, conviene la cita de la reciente Sentencia de la Sala tercera del Tribunal Supremo, de 27 de junio de 2023 (rec. 736/2022), que a propósito del enjuiciamiento de la legalidad del acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, por el que se efectúan nombramientos de magistrados en el proceso selectivo para provisión de plazas entre juristas de reconocida competencia, incluye la siguiente síntesis, sobre el desarrollo jurisprudencial de este instituto jurídico:
Nuestra Sentencia de 16 marzo 2015 (RJ 20151933) nos dice que:
“2.- La jurisprudencia inicial de esta Sala, desde el mismo momento del reconocimiento de esa discrecionalidad técnica, ya se preocupó en señalar unos límites para la misma, que vinieron a consistir en la aplicación también a ella de las técnicas de control que significan los elementos reglados, los hechos determinantes y los principios generales del derecho. Así lo hizo la STS, de 5 de octubre de 1989, que se expresa así: “Los órganos administrativos a quienes corresponde la valoración de las pruebas de acceso a la función pública gozan de un cierto margen de discrecionalidad en la apreciación de las pruebas, que incluso merece la calificación de técnica no revisable jurisdiccionalmente en lo que se refiere a los juicios que la Administración emita acerca de la apreciación de los méritos aportados o ejercicios realizados, pero ello no excluye el que los Tribunales puedan controlar la concurrencia de los límites generales jurídicamente impuestos a la actividad discrecional no técnica de la Administración que se refieren a la competencia del órgano, procedimiento, hechos determinantes, adecuación al fin perseguido y al juego de los principios generales del derecho, entre los que, en estos casos, cobran especial interés los de mérito y capacidad expresamente señalados al efecto por el artículo 103 CE.
3.- La evolución jurisprudencial posterior, en aras de perfeccionar el control jurisdiccional y definir los espacios donde este control puede operar con normalidad, completó y aclaró esos límites inicialmente enunciados mediante la distinción, dentro de la actuación de valoración técnica, entre el “núcleo material de la decisión” y sus “aledaños”. El primero estaría representado por el estricto dictamen o juicio de valor técnico, y los segundos (los aledaños) comprenderían, de un lado, las actividades preparatorias o instrumentales que rodean a ese estricto juicio técnico para hacerlo posible y, de otro, las pautas jurídicas que también son exigibles a dichas actividades. Esas actividades preparatorias o instrumentales serían las encaminadas a delimitar la materia que vaya a ser objeto de ese juicio técnico, a fijar los criterios de calificación que vayan a ser utilizados y a aplicar individualizadamente dichos criterios a cada uno de los elementos materiales que constituyan el objeto de la valoración; esto es, serían los pasos que resultan necesarios para llegar a la estimación cualitativa finalmente contenida en el estricto juicio técnico. Y esas pautas jurídicas estarían encarnadas por el derecho a la igualdad de condiciones que asiste a todos los aspirantes, por la necesidad de que el criterio de calificación responda a los principios de mérito y capacidad y por el obligado cumplimiento también del mandato constitucional de interdicción de la arbitrariedad. La anterior distinción está presente en la STC 215/1991, de 14 de noviembre, como también en numerosas sentencias de esta Sala (entre otras, en las SSTS de 28 de enero de 1992, recurso 172671990, de 11 de diciembre de 1995 recurso 13272/1991; 15 de enero de 1996, recurso 7895/1991; y 1 de julio de 1996, recurso 7904/1990).
4.- Un punto más en esa línea evolutiva de la jurisprudencia lo representa la necesidad de motivar el juicio técnico. Como ya se ha puesto de manifiesto, uno de los aledaños de ese juicio técnico está representado por la obligación de cumplir el mandato constitucional (artículo 9.3 CE) de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y, en el criterio de este Tribunal Supremo, ese cumplimiento conlleva la necesidad de motivar el juicio cuando así sea solicitado por algún aspirante o cuando sea objeto de impugnación (…).
5.- La fase final de la evolución jurisprudencial la constituye la definición de cuál debe ser el contenido de la motivación para que, cuando sea exigible, pueda ser considerada válidamente realizada. Y a este respecto se ha declarado que ese contenido debe cumplir al menos estas principales exigencias: (a) expresar el material o las fuentes de información sobre las que va a operar el juicio técnico; (b) consignar los criterios de valoración cualitativa que se utilizarán para emitir el juicio técnico; y (c) expresar por qué la aplicación de esos criterios conduce al resultado individualizado que otorga la preferencia a un candidato frente a los demás. Son exponentes de este último criterio jurisprudencial los pronunciamientos de este Tribunal Supremo sobre nombramientos de altos cargos jurisdiccionales (STS de 27 de noviembre de 2007, recurso 407/2006), sobre concursos de personal docente universitario (STS de 19 de mayo de 2008, recurso 4049/2004), sobre convocatorias del Consejo General del Poder Judicial para puestos en sus órganos técnicos (STS de 10 de octubre de 2007, recurso 337/2004); o sobre procesos selectivos en las distintas Administraciones Públicas (STS de 18 de diciembre de 2013, casación 3760/2012).”
Finalmente, según razona el fundamento jurídico decimoprimero de la resolución reseñada, a propósito de la prueba para desvirtuar las conclusiones del Tribunal Calificador, como señala nuestro Auto de 20 de abril de 2012: “El control de la discrecionalidad técnica, en lo que hace al acierto del contenido de la decisión controvertida, según jurisprudencia de esta Sala solo es posible en los casos de errores evidentes y, por ello, la invalidación de tales decisiones no puede hacerse desde la mera discrepancia doctrinal”.
Las conclusiones alcanzadas por la Comisión de Valoración dan estricto cumplimiento a la doctrina jurisprudencial expuesta. De esta manera, en anexo al acta correspondiente a reunión de 5 de julio de 2023, continente de conclusiones alcanzadas por el órgano colegiado, se refleja lo siguiente:
“La idoneidad para el puesto la aprecia libremente el órgano competente, juicio que debe ponerse en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto, caracterizado por esa especial responsabilidad que justificó su clasificación como de libre designación, y ese libre juicio de idoneidad es lo que integra la idea de confianza en que el designado realizará un buen desempeño del puesto (…).
En el supuesto que nos ocupa, a juicio de esta Comisión de Valoración, en el marco de la discrecionalidad técnica que ampara su actuación, el aspirante presentado no resulta idóneo para su desempeño. Se estima que el proyecto expuesto no resulta adecuado, siendo insuficiente, para la gestión en el futuro del Servicio de Urgencias Hospitalarias del CHUC. No se establecen en dicho proyecto medidas adecuadas y adaptadas al entorno y realidad asistencial del servicio en cuestión, en garantía de la buena llevanza de aquel. Se insiste en la falta de propuesta alguna que pueda evitar el retraso en la atención a los pacientes que acuden a Urgencias, adaptando los mismos a los tiempos básicos del triaje.
Se trata de un proyecto técnico sin inclusión de mejora alguna con respecto a la calidad asistencial debida en un servicio de urgencias hospitalarias, y que pone de manifiesto la no idoneidad del aspirante para el desempeño del puesto. El proyecto que presenta se considera insuficiente, con fisuras esenciales, y falto de unos puntos mínimos que garanticen la buena llevanza de aquel. Se echan en falta medidas efectivas y realistas que pudieran hacer valer al paciente como centro de la actividad asistencial en el servicio de urgencias de este centro directivo, garantizando la rapidez, la calidad técnica y la humanización en la asistencia debida (..). Asimismo, de la lectura detenida del proyecto técnico presentado, así como de su exposición pública no se pueden considerar superadas ninguna de las circunstancias que fueron susceptibles de quebrantar la confianza que fue depositada en dicho aspirante en su día, y que motivaron su cese como coordinador del Servicio de Urgencias de este centro, mediante Resolución de esta Dirección Gerencia n.º 3566/2021, de 4 de octubre, la cual ha devenido firme. Así pues, no concurren nuevas razones de oportunidad basadas en la confianza e idoneidad del aspirante que pudieran llevar a su nombramiento en el momento actual.”
Por lo expuesto, en virtud de lo establecido en la disposición adicional tercera del Decreto 123/1999, de 17 de junio, sobre selección de personal estatutario y provisión de plazas básicas y puestos de trabajo en los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud (BOC n.º 92, de 14.7.1999), y en uso de las competencias atribuidas en la base séptima de la convocatoria, esta Dirección Gerencia
RESUELVE:
Primero.- Declarar desierto el proceso para la provisión, con carácter temporal, del puesto de Jefe de Servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, incluido en la plantilla orgánica de este centro asistencial, habida cuenta de que, a juicio de la Comisión de Valoración, el aspirante valorado no resulta idóneo para el desempeño del puesto convocado, con base en los argumentos dados por dicha Comisión y que se exponen en el fundamento de derecho cuarto de la presente Resolución.
Segundo.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.
Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de alzada, ante la Dirección del Servicio Canario de la Salud, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente, en los términos previstos en el artículo 121.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de julio de 2023.- La Directora Gerente, María Mercedes Cueto Serrano.
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