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BOC-A-2023-149-2678.
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El Consejo de Gobierno Insular adoptó por unanimidad de sus miembros asistentes, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de diciembre de 2022, el siguiente acuerdo:
“2.- Estudio, debate y acuerdo que proceda, sobre Propuesta del Consejero Insular del Área de Ordenación y Planificación del Territorio Insular del Cabildo Insular de La Gomera, relativa a declaración de interés público y social y su compatibilidad con el Plan Insular de Ordenación de La Gomera (PIOG) del proyecto denominado “Implantación de Gasolinera en parcela 234; polígono 12”, término municipal de San Sebastián de La Gomera, a instancia de “Petromix Energía, S.L.”; expediente electrónico: 762/2022.
En relación a la declaración de interés público y social y compatibilidad con el Plan Insular de Ordenación de La Gomera del proyecto “Implantación de Gasolinera en parcela 234; polígono 12”, solicitada por el Ayuntamiento de San Sebastián dentro del procedimiento regulado en el artículo 79 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (en adelante LSENPC), para aquellas actuaciones que carezcan de cobertura expresa en el planeamiento, o de grado suficiente de detalle, que deberá contar con informe favorable del cabildo insular, previo a la licencia urbanística, examinado el expediente de referencia.
ANTECEDENTES
Se ha emitido informe jurídico-técnico por el Servicio de Ordenación y Planificación del Territorio de fecha 20 de diciembre de 2022, en el que consta lo siguiente:
1.º Que en fecha 28 de febrero de 2022 (n.º registro: 2022-E-RC-1378), el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera remite documentación para la tramitación de la declaración sobre la existencia o no de prohibición en el planeamiento insular y sobre el interés público o social de la actuación denominada “Implantación de Gasolinera en parcela 234;
polígono 12” a instancia de Petromix Energía, S.L., en la que se constata que carece de cobertura en el Planeamiento Municipal. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 79.1 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (en adelante LSENPC), junto con esta solicitud la documentación aportada es la siguiente:
- Proyecto básico y de ejecución redactado por el ingeniero técnico industrial D. Daniel Contreras Castiblanques y fechado el 29 de noviembre de 2021.
- Memoria descriptiva y justificativa de la solución propuesta para el funcionamiento de la instalación proyectada: diseño y dimensionado de la red de saneamiento, tratamiento y evacuación de los vertidos que se generarán en la instalación proyectada, redactado por el ingeniero técnico industrial D. Daniel Contreras Castiblanques y fechado el 12 de febrero de 2021.
- Declaración responsable de asunción de compromisos, deberes y cesiones previstos por el planeamiento regulados en el artículo 29 Decreto 128/2018, incluido el abono del canon por aprovechamiento en suelo rústico que se devengue por el otorgamiento de la licencia, en su caso.
- Compromiso de ofrecimiento de garantía, por importe del 10% del coste total de las obras proyectadas, según el presupuestos de las mismas, para cubrir los gastos que puedan derivarse de los incumplimientos o de las infracciones o de las labores de restauración de los terrenos.
2.º Que en fecha 25 de marzo de 2022, revisada la documentación por técnico del Área de Ordenación y Planificación del Territorio (Informe de fecha 22.3.2022), se le realiza requerimiento a través del Ayuntamiento el día 23 de marzo de 2022 con registro de salida n.º 2022-S-RC-850 para que aporte y acredite las siguientes cuestiones:
“1. Acreditación suficiente de la titularidad de derechos subjetivos sobre el correspondiente terreno.
2. Acreditación del alcance y exacta concesión del uso y/o ocupación de suelo al promotor, por parte del Consejo Insular de Aguas con respecto al DPH.
3. Anexo al proyecto donde se recoja, aún de forma previa, la solución para las canalizaciones correspondientes a los servicios de agua potable, saneamiento, suministro eléctrico, telefonía, etc., que resulten necesario para su puesta en funcionamiento, con el condicionante de que no podrán tener un desarrollo superior a los 1.000 metros de longitud.”
Además se le requiere para que aporte, de conformidad con el artículo 78.1 LSENPC, en relación al inicio de solicitud de la fase de instrucción, según se establece en el artículo 342.2 LSENPC.
Informe municipal de que la actuación:
- Que no está prohibida en el planeamiento municipal.
- Que la actuación que se pretenda se localiza en suelo rústico no categorizado de protección ambiental ni de protección agraria, en el planeamiento municipal vigente.
3.º En fecha 29 de abril de 2022 con registro de entrada en esta corporación insular n.º 2022-E-RC-2780, el Ayuntamiento remite informe técnico en los siguientes términos:
“Primero.- Efectivamente el artículo 78.2.a) de la Ley del Suelo establece que el Ayuntamiento emitirá informe sobre la conformidad con el planeamiento y, asimismo, sobre la concurrencia de grado suficiente de precisión para legitimar su ejecución, en procedimientos con cobertura en el planeamiento. El oficio enviado al cabildo expresa claramente que se les remite a los efectos de recabar del Cabildo Insular la declaración sobre la existencia o no de prohibición en el planeamiento insular y sobre el interés público o social de la actuación, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 79.1 de la
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Se debe inferir, por consiguiente, un error en la petición no solo por la precisión del oficio municipal sino porque además en procedimientos con cobertura en el planeamiento, artículo 78, de forma simultánea a la información pública, se podría recabar del cabildo insular informe por considerarla administración afectada en sus competencias, pero nunca para la declaración de interés público o social de la actuación.
Segundo.- Con fecha 29 de marzo del año en curso, la entidad jurídica que impulsa la actuación territorial y urbanística, que no es el ayuntamiento, recibe la comunicación de los reparos expuestos en el comunicado del cabildo insular.
Con fecha 12 de abril la entidad promotora solicita al ayuntamiento ampliación de plazo para subsanar las deficiencias detectadas, sin considerar que la ampliación la debe otorgar el órgano que requiere y no el ayuntamiento que actúa como mero transmisor. El día 26 Petroprix Energía, S.L. aporta la documentación requerida con el fin de subsanar las deficiencias detectadas por el cabildo.
A la vista de todo lo expuesto, procede remitir únicamente la documentación aportada por el promotor para continuar con la tramitación del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 29 del Decreto 29/2018.”
4.º Vista la documentación recibida por el Ayuntamiento la misma se somete a informe del técnico para concretar si la actuación reúne los requisitos para el inicio del expediente de declaración de interés público y social, por lo que en fecha 11 de abril de 2022 se emite informe técnico de OYPT en los siguientes términos:
«En fecha de 22 de marzo de 2022 se informó, por parte del técnico que suscribe, sobre la adecuación de este proyecto a las determinaciones que pudiera establecer el PIOG para estos usos y actividades y su compatibilidad con la ordenación de los recursos naturales y en el que se recogen ciertas consideraciones a tener en cuenta por el proyectista y a completar en el expediente para su subsanación:
“Teniendo en cuenta que este informe se enmarca en el procedimiento de declaración sobre el interés público o social del proyecto de referencia, según lo dispuesto en el
artículo 79.1 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, es de informar de las siguientes necesidades o requerimientos al proyecto para su adecuada formalización y posible ejecución:
1. Acreditación suficiente de la titularidad de derechos subjetivos sobre el correspondiente terreno.
2. Acreditación del alcance y exacta concesión del uso y/o ocupación de suelo al promotor, por parte del Consejo Insular de Aguas con respecto al DPH.
3. Anexo al proyecto donde se recoja, aún de forma previa, la solución para las canalizaciones correspondientes a los servicios de agua potable, saneamiento, suministro eléctrico, telefonía, etc., que resulten necesario para su puesta en funcionamiento, con el condicionante de que no podrán tener un desarrollo superior a los 1.000 metros de longitud.”
Puesta a disposición de este técnico con fecha 12 de mayo de 2022 la documentación requerida presentada como anexo al proyecto y que consiste en:
• Memoria descriptiva y justificativa de la solución propuesta para el funcionamiento de las instalaciones proyectadas.
En esta Memoria se describen, como anexo al proyecto y con el alcance adecuado, el diseño y dimensionado de la red de los distintos servicios necesarios para el funcionamiento de la instalación: suministro de agua potable, saneamiento, suministro eléctrico y telefonía.
Modificaciones que son incorporadas al correspondiente Proyecto, por lo que serán anulados o sustituidos todos los apartados del proyecto original a los que se haga referencia en este documento.
A esta Memoria se unen otros documentos donde se amplia en mayor detalle las soluciones técnicas dadas para el tratamiento de aguas y vertidos, así como lo necesario para la conexión eléctrica en BT.
• Memoria descriptiva y de cálculo de tratamiento y vertido en gasolinera.
• Carta de contestación de E-DISTRIBUCIÓN a solicitud de Punto de Accesos y Conexión de BT.
Analizado el exacto alcance de las actuaciones y soluciones aportadas y visto que cumple con las determinaciones específicas establecidas al respecto por el PIOG, se valora quedan subsanadas las consideraciones y requerimientos técnicos realizados en informe inicial.
Por todo lo expuesto, se informa a los efectos oportunos que, las actuaciones y usos previstos en los términos recogidos en el “Proyecto de Implantación de una Gasolinera para distribución minorista de combustible” y documentación complementaria anexa a este, a ejecutar en el lugar conocido como “Curva de Los Tajinastes” en el término municipal de San Sebastián de La Gomera, resultan compatible con lo establecido por el PIOG.»
5.º Consta en el expediente análisis técnico del Área de OyPT del planeamiento municipal de fecha 18 de abril de 2022 explicando que la actuación se sitúa en suelo rústico no categorizado de protección ambiental ni de protección agraria por el PGO de San Sebastián de La Gomera, no existiendo una prohibición expresa para la implantación del uso.
6.º En fecha 19 de julio de 2022 el Sr. Consejero de OyPT comunica el inicio del expediente de declaración sobre el interés público y social de la actuación al Ayuntamiento, registro de salida n.º 2022-S-RC-2094, en base a los informes técnicos de fechas 22 de marzo de 2022; 18 de abril de 2022 y 11 de julio de 2022, por no existir prohibición o incompatibilidad con el PIOG.
7.º El 17 de agosto de 2022 se solicita informe por razón de sus competencias a los servicios de este Cabildo de Carreteras, Patrimonio Histórico y Medio Ambiente.
8.º El 17 de agosto de 2022, con registro de salida n.º 2022-S-RC-2381, se remite al Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife anuncio para la publicación del sometimiento del expediente a información pública. Y posteriormente, se remite anuncio complementario el día 5 de septiembre de 2022, con registro de salida n.º 2022-S-RC-2483.
9.º El 17 de agosto de 2022 y 5 de septiembre de 2022, con registros de salida
n.º 2022-S-RC- 2378; 2379; 2478 y 2479 respectivamente, se solicita informe en razón al Consejo Insular de Aguas de La Gomera.
10.º El 17 y 22 de agosto de 2022, con registros de salida n.º 2022-S-RC-2377 y 2398 respectivamente, se solicita informe en razón al Ayuntamiento de San Sebastián de
La Gomera.
11.º El 18 de agosto de 2022 y 1 de septiembre de 2022, con registros de salida n.º 2022-S-RC- 2383 y 2385 y 2467 respectivamente se da audiencia a los propietarios y colindantes del terreno objeto de esta actuación dado su condición de interesados.
12.º El 15 de septiembre de 2022, con registro de entrada n.º 2022-E-RC-6241, el Consejo Insular de Aguas de La Gomera presenta informe.
13.º El 16 de septiembre de 2022, con registro de entrada n.º 2022-E-RC-6337, el
Ayto de San Sebastián presenta informe.
14.º El 19 de septiembre de 2022 y 10 de octubre de 2022, con registros de entrada n.º 2022-E-RC-5228 y 5492, respectivamente, Dña. Josefina Barrera Navarro, en representación de la empresa Disa Red Servicios Petrolíferos, SAU, presenta sendos escritos de alegaciones.
15.º El 20 de septiembre de 2022, con registro de entrada n.º 2022-E-RC-5253,
D. Ibranhim Jose Faraj Abdelfataj, en representación de la empresa Suministros Insulares de Combustibles y Lubricantes Oceano, S.L., presenta escrito de alegación.
16.º El 27 de septiembre de 2022 el Servicio de Medio Ambiente remite informe técnico.
17.º El 18 de octubre de 2022 el Servicio de Carreteras remite informe técnico y, posteriormente en fecha 29 de noviembre de 2022, remite informe aclaratorio.
18.º El 28 de octubre de 2022 el Servicio de Patrimonio Histórico remite informe técnico.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
“Primera.- Los informes del Técnico del Servicio de OyPT, de fechas 22 de marzo de 2022, 11 de julio de 2022, 3 de agosto de 2022 y 7 de septiembre de 2022, así como el Informe de la Oficina Municipal de San Sebastián de fecha 15 de septiembre de 2022 obrantes en el expediente, que en síntesis reconocen:
1. Objeto y descripción del proyecto.
“Promueve: Petroprix Energía, S.L. CIF n.º B23709892.
Emplazamiento: Paraje Las Huertas. Término municipal de San Sebastián de
La Gomera. Ref. Catastral: 38036A01200234 (polígono 12 parcela 234).
(…) esta iniciativa pretende la implantación de una gasolinera para la distribución minorista de carburantes y combustibles petrolíferos a vehículos ligeros. Tendrá la particularidad de ser una “instalación desatendida” tal y como se recoge en el punto 3.17 del Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 04 “instalaciones para suministro a vehículos”:
“3.17. Instalación desatendida: es aquella que funciona sin que exista personal de la instalación que ejercite control o supervisión directa del suministro, ya sea durante todo el día o solo parte del horario, y el suministro lo realiza el cliente.”
Esta actividad se desarrollará de forma desatendida durante 24 horas al día, para lo cual la instalación contará con los sistemas automáticos necesarios para que los usuarios realicen por sí mismos el proceso completo de repostaje del combustible y pago del mismo.
Esta gasolinera se implantará en una parcela rústica, actualmente sin edificar y sin uso, localizándose junto a la carretera GM-2 en el PK 0+976. Se trata de una bolsa de suelo residual que ha quedado en el intersticio formado entre el trazado de la GM-2 y el antiguo trazado, ahora en desuso. Este espacio es cruzado por una cañada o pequeño barranco conocido como Cañada de Los Tajinastes, el cual fue canalizado y colmatada la totalidad de la hoquedad que quedó entre las carreteras, con material de residuos de construcción y demolición hasta su total nivelación, como actuación de restauración paisajística en la consideración de Área Insular Degradada, tal y como se contempla en el artículo 156 del PIOG.
Características generales de la ejecución del proyecto:
- Según se indica en el proyecto presentado, la parcela dentro de la cual se ejecutaría esta obra ocupa una superficie de 2.261,48 m², de la cual 981 m² son de la propiedad y 1.223,48 m² se adicionan como cesión del Dominio Público Hidráulico por parte del Consejo Insular de Aguas de La Gomera.
- El ámbito o espacio afectado por las actuaciones previstas, tendrá una superficie de 874 m², en la cual quedarán englobadas las marquesinas metálicas, isletas de repostaje, depósito de almacenamiento enterrado y resto de instalaciones enterradas asociadas al funcionamiento de la actividad.”
2. Planeamiento municipal. Suelos no categorizados de protección ambiental ni de protección agraria.
El Informe de la oficina municipal de San Sebastián de fecha 15 de septiembre de 2022 recoge lo siguiente:
“…../
PRIMERO: no existe acuerdo de admisión a trámite de la solicitud del promotor. No obstante, a tenor de los dispuesto en el artículo 16.1 del Reglamento Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias, se debe entender igualmente producida la admisión toda vez que el órgano competente solicitó los informes y autorizaciones preceptivos que resultan aplicables.
Si bien el proyecto no contiene un plano que refleje el planeamiento vigente, se aprecia claramente que la parcela se encuentra en suelo rústico con distintas categorías: protección territorial, protección ambiental natural y protección de infraestructuras.
SEGUNDO: el plan general establece, artículo 5.3.4.2 de las normas generales referido a las condiciones particulares de las infraestructuras en suelo rústico, que las edificaciones e instalaciones de las infraestructuras de Estaciones de Servicios para suministro de combustible, deberán desarrollarse en una parcela mínima de 3.000 m² y no superarán la superficie edificable de 300 m² construidos, con una planta y 4,00 metros de altura máxima. En la superficie construida no se computarán las pérgolas o instalaciones para los surtidores de combustible ni las instalaciones de servicios de lavado de automóviles o similares.
La superficie de la parcela es de 2.262,00 m2, inferior a la superficie mínima que establece el plan general. /….”
El informe técnico de OyPT de fecha 7 de septiembre de 2022, añade respecto al PGO de San Sebastián sobre la actuación pretendida, lo siguiente:
«(…)
La ordenación urbanística del municipio de San Sebastián de La Gomera, estructural y pormenorizada, se establece en el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobado por Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 28 de julio de 2005 (BOC n.º 213, de 31.10.2005).
La ordenación estructural se establece por el PGOU en el Plano de Ordenación O-1. CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO.
(...)
En base a esta ordenación gráfica se constata que el ámbito donde se realizará la actividad de estación de servicio (874 m2) y que sufrirá una transformación del suelo, se localiza respecto del PGOU vigente en suelo rústico categorizado como:
- Suelo Rústico de Protección Territorial [equiparado a suelo rústico común (SRC), según disposición transitoria tercera de la LSENPC].
- Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras (SRPI). Solo en el acceso a las instalaciones desde el tramo anterior y en desuso de la carretera.
- Suelo Rústico de Protección Natural (SRPN).
El PGOU de San Sebastián de La Gomera, aprobado en 2005, no recoge en cartografía alguna, ni tampoco en plan o programa de actuaciones la ejecución y ocupación del nuevo trazado de la GM-2, aunque resulta evidente su previsión o intencionalidad en cuanto reservan esa porción interna de la carretera como S.R. de protección territorial, con la absoluta sensatez y necesidad de reserva de suelo en base a lo que posteriormente supondría la transformación y potencialidad de ese suelo y que solo podría sucederse con la ejecución de esta vía.
Por otra parte el PGOU de San Sebastián de La Gomera en el Plano O.1 Clasificación y Categorización clasifica como Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras (SRPI) como zona de servidumbre de las carreteras de interés regional, como es el caso de la que nos ocupa que es la denomina GM-2, con el criterio de un ancho de 18 metros a cada lado de la carretera (8 metros de dominio público y 10 metros de servidumbre), a contar desde la arista exterior de la explanación, (que según el artículo 25 de la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias, es la intersección con el terreno natural del talud del desmonte, del terraplén o, en su caso, de los muros de contención colindantes).
Sin embargo no se ha grafiado este criterio de categorización en los tramos que trascurre dicha carretera por suelo rústico de protección ambiental.
La interpretación de este criterio y su alcance la tenemos del propio equipo redactor en el documento: “Modificaciones COTMAC 25.6.2003”, en el que se recogen las correcciones derivadas de los informes vinculantes solicitados y todo ello según acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias en sesión celebrada con fecha 25 de junio de 2003, en el que se acordó suspender la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación de San Sebastián de La Gomera a fin de que se procediera a recoger las observaciones que se señalan en el citado acuerdo.
Respondiéndose así a lo expresado por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas:
“En el plano O-1 de Clasificación y Categorización del suelo se clasifican como suelo rústico las carreteras de interés regional así como sus zonas anexas en aquellos tramos que no se sitúen en suelo urbano. Su categorización es de protección de infraestructuras en todo su trazado.
En los tramos por los que discurre por suelo rústico de protección ambiental, se ha dibujado solo el ancho de la calzada, debido a la orografía del terreno, no obviando, en ningún caso su categoría como suelo rústico de protección de infraestructura.”
En base a lo anterior y dada la situación sobrevenida al PGOU con la ejecución y ocupación de este nuevo trazado de la carretera de interés regional y la aplicación directa de lo establecido por la Ley de Carreteras y del propio criterio de clasificación y categorización del suelo seguido por el planemaiento urbanístico, se realiza una valoración más exacta y “visiblemente” concreta de la afección urbanística del ámbito ocupado por la instalación de la gasolinera.
(…) el ámbito donde se realizará la actividad de estación de servicio se localizaría respecto del PGOU vigente en suelo rústico categorizado como: Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras (SRPI) y Suelo Rústico Común (SRC) en la subcategtoría de SRC Ordinario, al no ser preservado para las necesidades de desarrollo urbano.
- El suelo del recinto de actuación correspondiente a la actividad proyectada estará pavimentado. Será un pavimento de hormigón armado rígido e impermeable y resistente a los hidrocarburos.
- La implantación de la gasolinera no supondrá la ejecución de ningún tipo de edificación. Únicamente, y para proteger de la lluvia a los usuarios de la instalación, se instalarán dos marquesinas (5,8 x 7,0 m), a base de estructura portante de acero galvanizado, con las cimentaciones que correspondan, y una cubierta del mismo material.
- Respecto al cerramiento proyectado, se proyectan dos tipos. Para el lindero sureste del área de actuación se propone un vallado de tela metálica de 2 m de alto, ya que se encuentra dentro de la zona de servidumbre de la carretera GM-2 y por tanto no pueden colocarse paramentos ciegos.
- El proyecto contempla la construcción de dos depósitos enterrados para el combustible, así como la red de saneamiento y tratamiento de aguas. El vertido de aguas pluviales se realizará al cauce del barranco de Tajinastas, el cual discurre colindante a la parcela. En cambio, el vertido de aguas hidrocarburadas se realizará a un pozo absorbente tradicional canario, tras su tratamiento y separación de hidrocarburos. (…).
(…)
El PGOU establece en su Normativa General el siguiente régimen de usos para las distintas categorías del suelo:
Artículo 5.2.6. Régimen del suelo rústico de Protección de Infraestructuras, Dotaciones y Equipamientos.
1. En el Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras solo se permiten los usos relativos a las infraestructuras, dotaciones y equipamientos públicos y privados de que se trate, definidas y delimitadas en el Plan General, o por el planeamiento especial que se redacte para la determinación de los parámetros de ordenación y condiciones para la ejecución de las mismas, en su caso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 37.2 del texto refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias. Dicho planeamiento especial podrá proponer la afección de los terrenos del entorno inmediato de dichas infraestructuras para lograr la protección y el correcto funcionamiento de las mismas.
2. El régimen urbanístico del suelo rústico destinado a las distintas infraestructuras, dotaciones y equipamientos será el que resulte de la aplicación de la legislación sectorial que las regule y del carácter público o privado de su titularidad.
3. En el suelo rústico destinado a infraestructuras, dotaciones y equipamientos se prohíbe todo tipo de construcción, reconstrucción o ampliación de cualquier edificación o construcción no relacionada con el uso característico y el específico de la infraestructura de que se trate, a excepción de las que resultasen imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las existentes, según la regulación que establezca la legislación urbanística o sectorial para el supuesto que se trate.
Artículo 5.2.8. Régimen del suelo rústico de Protección Territorial.
1. El régimen del suelo rústico de Protección Territorial es el general establecido para el suelo rústico por la legislación urbanística y por estas Normas, con las especificaciones que se realizan en los números siguientes.
2. En esta categoría de suelo rústico no se autorizará ningún uso hasta tanto se apruebe definitivamente el instrumento de planeamiento que ordene los terrenos de forma pormenorizada y regule la implantación de las posibles actividades a implantar en ellos. Quedan exceptuados de lo anterior los usos y actividades existentes que cuenten con las pertinentes autorizaciones y los de carácter provisional que se autoricen de conformidad con lo regulado en estas Normas y la legislación urbanística.
Igualmente establece con claridad la consideración y carácter de infraestructura de estas instalaciones en el artículo 5.8.2. Categorías pormenorizadas y específicas de las infraestructuras:
Los usos de infraestructuras se dividen en categorías pormenorizadas o del segundo nivel según el tipo de servicio que prestan, distinguiéndose las siguientes:
(…)
5. Estación de Servicio: instalaciones y espacios acotados, con acceso directo desde un viario, cuya función principal es el suministro de carburante a los vehículos; aunque pueden incluir servicios complementarios (lavado y reparaciones elementales de los vehículos, servicio de grúa, bar cafetería, venta al por menor de pequeños artículos, etc.), siempre que la mayor parte de la parcela esté ocupada por los surtidores de combustible y las áreas de maniobra vinculadas a estos. En cualquier caso, deberá atenderse a las condiciones establecidas en estas Normas y en la legislación sectorial aplicable.
Es notorio manifestar que el PGOU resulta bastante implícito al establecer determinaciones para la estaciones de servicio o análogas, pues de hecho solo se refiere a estas en el artículo 5.3.4. Condiciones particulares de las infraestructuras en suelo rústico:
(…)
2. Las edificaciones e instalaciones de las infraestructuras de Estaciones de Servicios para suministro de combustible, deberán desarrollarse en una parcela mínima de 3.000 m² y no superarán la superficie edificable de 300 m² construidos, con una planta y 4,00 metros de altura máxima. En la superficie construida no se computarán las pérgolas o instalaciones para los surtidores de combustible ni las instalaciones de servicios de lavado de automóviles o similares.
(…) a lo que se suma el hecho de que el PGOU no está adaptado al PIOG ni a la LSENPC.
(…)
3.- CONCLUSIONES.
1. La ejecución de este proyecto no resulta disconforme con el planeamiento urbanístico municipal, si bien la circunstancia de no estar adaptado este instrumento de ordenación a lo establecido con mayor jerarquía desde el Plan Insular de Ordenación y desde la
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, podría considerarse que el PGOU carece de la suficiente cobertura o grado de detalle para su autorización directa.
(...)»
3. Planeamiento insular. No existencia de prohibición expresa en plan insular.
El Informe técnico del Área de O.yP.T. del Cabildo, de fecha 22 de marzo de 2022, recoge lo siguiente:
«(…) según el contenido del Plan Insular de Ordenación de La Gomera (PIOG), aprobado por Decreto 97/2011, de 27 de abril, en cuanto a la Ordenación de los Recursos Naturales y según la Zonificación reflejada en el plano O.1.1 Zonificación Terrestre para el ámbito de actuación de las obras propuestas en el proyecto de referencia, se corresponde con la Zona Ba.1.2 Protección Paisajística de Lomadas y Barrancos.
(...) Y cuyo Régimen General de los Usos viene establecido en el artículo 87.
Artículo 87. Régimen General de los Usos para la Zona Ba (ND) Con carácter general, en la Zona B.a. Aptitud Natural, será de aplicación el siguiente Régimen General de Usos:
(…)
3. Usos de Infraestructura: a) Las infraestructuras que deban implantarse necesariamente en suelo rústico y sus intervenciones siempre que se ajusten a lo dispuesto en los “Sistemas Generales, Dotaciones y Equipamientos Insulares” de la Normativa del presente PIOG:
- Infraestructura Hidráulica.
- Infraestructura de Transporte y Comunicaciones Viaria.
- Infraestructura Energética.
- Uso de Infraestructuras de Telecomunicaciones, mediante la Red Insular de Estaciones Remisoras, de conformidad con lo establecido en el “usos de infraestructuras de telecomunicaciones” de la Normativa del este PIOG.
En cuanto al régimen específico de los usos en la Zona Ba1.2, este se establece en el artículo 88.4
(…)
4.2.- Usos Compatibles (Permitidos y Autorizables):
- Los mismos Usos Compatibles que el Régimen General de Usos para la Zona B.a.
(…)
- Uso de Infraestructura de Transporte y Comunicaciones Viarias, en Estaciones de Suministro de Carburantes, señaladas en el Plano de Ordenación Territorial número O.2.1. del presente PIOG bajo la denominación de ES-7 y ES-8.
(…)»
(…)
El PIOG establece determinaciones de ordenación para la implantación de este servicio, en estricta sintonía con la Legislación de Carreteras antes citadas que establece las propias, desde el punto de vista de la regulación de las Carreteras.
Estas determinaciones específicas para la instalación de estaciones de suministro de carburantes se establecen en el Tomo II. Volumen I Sistemas Generales, Dotaciones, Equipamientos Insulares.
Artículo 157. Plan Territorial Especial de Ordenación de la Infraestructura de Transportes y Comunicaciones (AOR-4/P.T.E.-4).
Artículo 160. Determinaciones para las Estaciones de Suministros de Carburantes. (NAD).
1.- Se consideran Estaciones de Suministro de Carburantes, las construcciones e instalaciones destinadas al abastecimiento de carburantes a vehículos y usuarios de la Red Viaria Insular pudiendo incluir servicios complementarios (lavado y reparaciones elementales de los vehículos, servicio de grúa, bar-cafetería, venta al por menor de pequeños artículos o análogos), siempre que la mayor parte de la parcela esté ocupada por los surtidores de combustible y las áreas de maniobra vinculadas a estos. Estas Construcciones e Instalaciones pueden ser autónomas o englobarse en las Áreas de Servicios de Carreteras.
(NAD) El presente PIOG establece como Estaciones de Suministro de Carburantes insulares, calificadas como Equipamientos Insulares, las siguientes:
Ver anexo en la página 44102 del documento Descargar
(ND) Los instrumentos de ordenación, Planes Generales de Ordenación o Planes y Normas de los Espacios Naturales Protegidos con competencia para ello, deberán clasificar y categorizar estos Equipamientos Insulares como Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras, siendo, en todo caso, su implantación sometida al artículo 66.6 del TRLotc-Lenac, a excepción de que se ubiquen en Suelo Urbano o Urbanizable, que serán calificadas de uso dotacional e igualmente afectados como Equipamientos Insulares.
Esta preservación se garantizará mediante la obligación de previsión de las mismas en los Planes Generales de Ordenación y/o Planes y Normas de los Espacios Naturales Protegidos, en su caso, mediante la clasificación, categorización, calificación o, en su caso, reserva de suelo, para el reconocimiento y ordenación de las Estaciones que conforman la Red Insular establecida, de tal manera que no se ponga en peligro la prestación del servicio.
(ND) 3.- La ordenación de las Estaciones de Servicios de Carburantes, no podrán afectar a Espacios Naturales Protegidos, Áreas de Sensibilidad Ecológica, Ámbitos Territoriales Insulares de Patrimonio Histórico (ATIPA-Arqueológico o ATIPE-Etnográfico), Ámbitos Rurales para los Usos Turísticos (TR y TA).
El emplazamiento de las Estaciones de Suministro de Carburantes se realizará con pleno respeto a la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias (artículo 23) y el Decreto 131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de Canarias, así como, el artículo 67.3.c) del TRLotc-Lenac.
En todo caso, la localización, unidad o parcela dónde se ubiquen estas Estaciones deberán contar con las siguientes condiciones:
c) El diseño de las edificaciones, construcciones e instalaciones que comprende las Estaciones se deberán ajustar a las determinaciones propias de la Arquitectura Tradicional Gomera, de conformidad con lo establecido en el presente PIOG.
d) Se deberán adoptar medidas, determinaciones, formas, materiales y colores que favorezcan la máxima mimetización con el paisaje o el medio rural dónde se localicen, prohibiéndose materiales y colores reflectantes.
Otras determinaciones a tener en cuenta son las derivadas de la adscripción de ordenación de estos equipamientos al desarrollo del Plan Territorial Especial de Ordenación de la Infraestructura de Transportes y Comunicaciones (AOR-4/P.T.E.-4) y en este caso a las determinaciones de carácter transitorio:
Artículo 157. Plan Territorial Especial de Ordenación de la Infraestructura de Transportes y Comunicaciones (AOR-4/P.T.E.-4).
(…)
C.- No se permitirá la implantación de Estaciones de Suministro de Carburantes dentro de Espacios Naturales, con la excepción de que así lo prevean sus planes y normas y siempre de conformidad con las determinaciones del presente PIOG, Áreas de Sensibilidad Ecológica, Patrimonio Histórico y zonas de Protección Arqueológica.
D.- El emplazamiento de Estaciones de Suministro de Carburantes se realizará a una distancia no superior a los 2.000 metros de un núcleo de población, y en ningún caso, las canalizaciones correspondientes a los servicios de agua potable, saneamiento, suministro eléctrico, telefonía, o análogos tendrán un desarrollo superior a los 1.000 metros de longitud.
3.- CONCLUSIONES.
Por todo lo expuesto, se informa a los efectos oportunos que, las actuaciones y usos previstos en los términos recogidos en el “Proyecto de implantación de una gasolinera para distribución minorista de combustible” a ejecutar en el lugar conocido como “Curva de
Los Tajinastes” en el término municipal de San Sebastián de La Gomera, no están prohibidos por el planeamiento insular.
Por otra parte el PIOG establece la creación de la Red Insular de Estaciones de Servicio de Carburante, en base al diagnóstico de necesidades para satisfacer este servicio con garantías, en la cual se propone la instalación de una nueva estación de suministro de carburante, denominada ES-8 en el emplazamiento y condiciones que se solicitan en el proyecto a informar. Igualmente se constata la permitividad de esta actividad en el régimen de usos establecidos para la Ordenación de los Recursos Naturales establecidos en la Zonificación Terrestre así como su adecuación a las determinaciones específicas que para su implantación establece el PIOG en su Ordenación Territorial del Sistema General Insular y Usos de Infraestructura de Transportes y Comunicaciones. Sin embargo, la total situación de compatibilidad con las determinaciones del PIOG, quedará supeditado al informe favorable del órgano competente sobre su adecuación a la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias y el Decreto 131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de Canarias.»
Segunda.- El artículo 62 de la Ley del 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (en adelante LSENPC), señala:
“1. Excepcionalmente, en el suelo rústico, no categorizado de protección ambiental ni de protección agraria, podrán autorizarse usos industriales, energéticos, turísticos, dotacionales, de equipamiento y servicios, así como cualquier otro que no sea ordinario ni complementario de uso ordinario, siempre que se integren en actuaciones de interés público o social, contribuyan a la ordenación y el desarrollo rural o que deban situarse necesariamente en suelo rústico y que, además, ese uso e implantación no estuvieran expresamente prohibidos por el planeamiento.
(…)
5. Los usos dotacionales, de equipamiento y de servicios comprenden cuantas instalaciones sean necesarias para la prestación de servicios de interés general o de interés social como las instalaciones para la seguridad y la defensa, las docentes y las científicas, las asistenciales, las funerarias y otras similares. Igualmente, las áreas y las estaciones de servicio, así como las instalaciones deportivas que no tengan carácter de uso ordinario específico.
6. Con carácter general, los usos a que se refieren los apartados anteriores comprenderán las construcciones e instalaciones que los caractericen de acuerdo con la presente ley y la legislación sectorial correspondiente.”
Tercera.- El artículo 74 de LSENPC establece en el régimen de los títulos habilitantes para el otorgamiento de usos, actividades y construcciones en suelo rústico, lo siguiente:
“1. Cualquier uso, actividad o construcción ordinario en suelo rústico está sujeto a licencia municipal, o, cuando así esté previsto, a comunicación previa, salvo aquellos exceptuados de intervención administrativa por esta ley, sin perjuicio, en su caso, de la obligación de recabar los informes que sean preceptivos de acuerdo con la legislación sectorial que resulte aplicable.
2. Los usos, actividades o construcciones en suelo rústico, distintos de los anteriores, requerirán la determinación expresa de su interés público o social con carácter previo al otorgamiento, en su caso, de licencia municipal.
3. Los proyectos de interés insular o autonómico promovidos por las administraciones públicas se someterán a su régimen específico, sin que precisen de licencia municipal.”
El citado precepto diferencia los usos, actividades y construcciones con cobertura en el planeamiento (apartado 1), de aquellos actos y usos no ordinarios en suelo rústico que carecen de cobertura expresa en el planeamiento (apartado 2), y para este último caso se requiere la previa declaración por el cabildo insular del interés público o social de la actuación con carácter previo a la licencia.
Establecido esto, el artículo 77 determina la regulación de los usos, actividades y construcciones en suelo rústico no previsto en el planeamiento:
“1. Cuando los actos, construcciones y usos no ordinarios carezcan de cobertura expresa en el planeamiento, o del grado suficiente de detalle, su autorización por licencia requiere de la previa declaración, por el cabildo insular, del interés público o social de la actuación y de su compatibilidad, en su caso, con el planeamiento insular, sin perjuicio de los restantes informes sectoriales que sean legalmente exigibles.
2. El procedimiento para su otorgamiento y su contenido es el previsto en el
artículo 79 de esta ley.”
De conformidad con el artículo 79 LSENPC, que a su vez remite en cuanto al procedimiento concreto a lo regulado en el artículo 78, en cuyo apartado 2.a) del mismo, se recoge en síntesis que:
“Emitirá informe sobre la conformidad con el planeamiento y, asimismo, sobre la concurrencia de grado suficiente de precisión para legitimar su ejecución, en su caso.”
En el presente procedimiento consta informe de la Oficina Técnica Municipal de fecha 29 de abril de 2022 y de fecha 15 de septiembre de 2022, en los siguientes términos:
- Informe OTM de fecha 29 de abril de 2022:
“PRIMERO: efectivamente el artículo 78.2.a) de la Ley del Suelo establece que el ayuntamiento emitirá informe sobre la conformidad con el planeamiento y, asimismo, sobre la concurrencia de grado suficiente de precisión para legitimar su ejecución, en procedimientos con cobertura en el planeamiento. El oficio enviado al cabildo expresa claramente que se les remite a los efectos de recabar del Cabildo Insular la declaración sobre la existencia o no de prohibición en el planeamiento insular y sobre el interés público o social de la actuación, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 79.1 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
Se debe inferir, por consiguiente, un error en la petición no solo por la precisión del oficio municipal sino porque además en procedimientos con cobertura en el planeamiento, artículo 78, de forma simultánea a la información pública, se podría recabar del cabildo insular informe por considerarla administración afectada en sus competencias, pero nunca para la declaración de interés público o social de la actuación.
SEGUNDO: con fecha 29 de marzo del año en curso, la entidad jurídica que impulsa la actuación territorial y urbanística, que no es el ayuntamiento, recibe la comunicación de los reparos expuestos en el comunicado del cabildo insular.
Con fecha 12 de abril la entidad promotora solicita al ayuntamiento ampliación de plazo para subsanar las deficiencias detectadas, sin considerar que la ampliación la debe otorgar el órgano que requiere y no el ayuntamiento que actúa como mero transmisor. El día 26 Petroprix Energía, S.L. aporta la documentación requerida con el fin de subsanar las deficiencias detectadas por el cabildo.
A la vista de todo lo expuesto, procede remitir únicamente la documentación aportada por el promotor para continuar con la tramitación del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 29 del Decreto 29/2018.”
- Informe OTM 15 de septiembre de 2022:
“PRIMERO: no existe acuerdo de admisión a trámite de la solicitud del promotor. No obstante, a tenor de los dispuesto en el artículo 16.1 del Reglamento Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias, se debe entender igualmente producida la admisión toda vez que el órgano competente solicitó los informes y autorizaciones preceptivos que resultan aplicables.
Si bien el proyecto no contiene un plano que refleje el planeamiento vigente, se aprecia claramente que la parcela se encuentra en suelo rústico con distintas categorías: protección territorial, protección ambiental natural y protección de infraestructuras.
SEGUNDO: el plan general establece, artículo 5.3.4.2 de las normas generales referido a las condiciones particulares de las infraestructuras en suelo rústico, que las edificaciones e instalaciones de las infraestructuras de Estaciones de Servicios para suministro de combustible, deberán desarrollarse en una parcela mínima de 3.000 m² y no superarán la superficie edificable de 300 m² construidos, con una planta y 4,00 metros de altura máxima. En la superficie construida no se computarán las pérgolas o instalaciones para los surtidores de combustible ni las instalaciones de servicios de lavado de automóviles o similares.
La superficie de la parcela es de 2.262,00 m2, inferior a la superficie mínima que establece el plan general. /…”
Se hace constar en los mismos y a los efectos de este procedimiento, que en los mismo se reconoce el suelo afectado por las instalación del proyecto afectan a suelo rústico de protección natural (SRPN) y a Suelo Rústico de Protección Territorial (SRPT) y a Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras (SRPI), así como que el citado uso no está expresamente prohibido en el planeamiento municipal, sin embargo no expresa una conclusión claramente definida, por lo que consta en el expediente informe técnico del servicio de OyPT, en fecha 7 de septiembre de 2022, sobre la pretendida actuación, respecto al planeamiento municipal e insular por el que se concluye y recoge los siguientes aspectos:
“2.- ANÁLISIS URBANÍSTICO
“La ordenación urbanística del municipio de San Sebastián de La Gomera, estructural y pormenorizada, se establece en el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobado por Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 28 de julio de 2005 (BOC n.º 213, de 31.10.2005).
La ordenación estructural se establece por el PGOU en el Plano de Ordenación O-1. CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO.
(...)
En base a esta ordenación gráfica se constata que el ámbito donde se realizará la actividad de estación de servicio (874 m2) y que sufrirá una transformación del suelo, se localiza respecto del PGOU vigente en suelo rústico categorizado como:
- Suelo Rústico de Protección Territorial [equiparado a suelo rústico común (SRC), según Disposición transitoria tercera de la LSENPC].
- Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras (SRPI). Solo en el acceso a las instalaciones desde el tramo anterior y en desuso de la carretera.
- Suelo Rústico de Protección Natural (SRPN). (291 m2).
El PGOU de San Sebastián de La Gomera, aprobado en 2005, no recoge en cartografía alguna, ni tampoco en plan o programa de actuaciones la ejecución y ocupación del nuevo trazado de la GM-2, aunque resulta evidente su previsión o intencionalidad en cuanto reservan esa porción interna de la carretera como S.R. de protección territorial, con la absoluta sensatez y necesidad de reserva de suelo en base a lo que posteriormente supondría la transformación y potencialidad de ese suelo y que solo podría sucederse con la ejecución de esta vía.
Por otra parte el PGOU de San Sebastián de La Gomera en el Plano O.1 Clasificación y Categorización clasifica como Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras (SRPI) como zona de servidumbre de las carreteras de interés regional, como es el caso de la que nos ocupa que es la denomina GM-2, con el criterio de un ancho de 18 metros a cada lado de la carretera (8 metros de dominio público y 10 metros de servidumbre), a contar desde la arista exterior de la explanación (que según el artículo 25 de la Ley 9/1991, de 8 de mayo de Carreteras de Canarias, es la intersección con el terreno natural del talud del desmonte, del terraplén o, en su caso, de los muros de contención colindantes).
(…)
El PIOG parece dar una total cobertura a esta iniciativa solicitada para la instalación de una gasolinera en esa localización concreta, que expresamente coincide con lo establecido en los siguientes:
Artículo 156. Determinaciones y Medidas Ambientales para la Red Insular de Infraestructura Viaria (ND).
Los instrumentos de ordenación, tales como Planes y Normas de los Espacios Naturales Protegidos, los Planes Generales de Ordenación, así como, los de desarrollo de los mismos, deberán tener en cuenta las siguientes determinaciones respecto de las infraestructuras viarias:
a) … los nuevos trazados o las intervenciones sobre la infraestructura viaria prevista por el PIOG, así como, los tramos de carreteras que queden fuera de servicio o cuyos tráficos principales se encaminen por nuevas vías y/o que dieran como resultado intersticios entre la antigua vía y la nueva, se someterá a las siguientes determinaciones:
(…)
- Este espacio, a priori, tendrá la consideración de Área Insular Degradada (AID), definidas como Áreas que ha sufrido un proceso de degradación progresiva causada por ciertas actividades con impacto sobre el medio, por lo que deberá estar sometida a restauración paisajística que se realizará de conformidad con la Normativa del presente PIOG al Tomo I, relativo a “Ordenación de los Recursos Naturales y Ambientales Insulares”. En todo caso, estas Áreas serán susceptibles de albergar Residuos de Construcción y Demolición (RCD) con el fin de restaurar el medio afectado, de conformidad con la Normativa antes citada.
- Una vez restaurada o utilizando la restauración con ese fin, se podrá destinar este espacio y, con este orden de prelación, a los siguientes usos:
- Uso de Infraestructura de Transporte y Comunicaciones, y, en concreto, Áreas de Servicio de Carreras y Estaciones de Suministro de Carburantes, así como, Infraestructura de Telecomunicaciones, Energética, Hidráulica y de Residuos, de conformidad con las determinaciones establecidas en la presente Normativa.
(...)
A este respecto, los instrumentos de ordenación (Planes Generales de Ordenación y Planes y Normas de los Espacios Naturales Protegidos) establecerán una clasificación y categorización y calificación del suelo que hagan factible la restauración del Área Insular Degrada y que no impida, en ningún caso, el uso pretendido por el PIOG y, en concreto, los citados anteriormente.
El PIOG califica las Estaciones de suministro de Carburantes como Equipamientos Insulares, proponiendo expresamente, tras el diagnóstico realizado, la posible instalación de un equipamiento de este tipo en la misma zona donde se solicita el proyecto de referencia tal como se refleja en el plano de ordenación O.2.1 Sistemas generales y equipamientos insulares y uso de infraestructuras de transporte y comunicaciones viarias, portuarias, de residuos y socio-sanitaria.
Consideración y determinaciones establecidas en el artículo 160 Determinaciones para las Estaciones de Suministros de Carburantes. (NAD), de la Normativa. Donde igualmente establece que:
Los instrumentos de ordenación, Planes Generales de Ordenación o Planes y Normas de los Espacios Naturales Protegidos con competencia para ello deberán clasificar y categorizar estos Equipamientos Insulares como Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras, siendo, en todo caso, su implantación sometida al artículo 62.5 de la LSENPC, a excepción de que se ubiquen en Suelo Urbano o Urbanizable, que serán calificadas de uso dotacional e igualmente afectados como Equipamientos Insulares.
(…)
3.- CONCLUSIONES.
1. La ejecución de este proyecto no resulta disconforme con el planeamiento urbanístico municipal, si bien la circunstancia de no estar adaptado este instrumento de ordenación a lo establecido con mayor jerarquía desde el Plan Insular de Ordenación y desde la
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, podría considerarse que el PGOU carece la de la suficiente cobertura o grado de detalle para su autorización directa.”
Se puede constatar que el Plan Insular de Ordenación de La Gomera y Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PIOG-PORN), aprobado de forma definitiva parcial, por Decreto 97/2011, de 27 de abril (BOC n.º 104, de fecha 26.5.2011), a la
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias, por Acuerdo Plenario de 31 de julio de 2020 (BOC n.º 170, de fecha 24.8.2020), en cumplimiento del apartado 3.º, de la disposición derogatoria única de la Ley 4/2017 (en adelante PIOG) como instrumento de los recursos naturales y del territorio prevalecerá sobre el PGOU de San Sebastián, en aplicación del principio de jerarquía, competencia y especialidad y, en este sentido se pronuncia el artículo 83 LSENPC, que recoge:
“1. La ordenación ambiental y territorial de Canarias está integrada por:
a) Instrumentos de ordenación general de los recursos naturales y del territorio, que incluyen las directrices de ordenación, general y sectoriales, y los planes insulares.
b) Instrumentos de ordenación ambiental, que incluyen los planes y normas de los espacios naturales protegidos.
c) Instrumentos de ordenación territorial, que incluyen los planes territoriales parciales y especiales.
2. La ordenación urbanística se llevará a cabo a través de las normas técnicas del planeamiento, de los instrumentos municipales previstos en la presente ley y de los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad turística.
3. Los instrumentos de ordenación se rigen por los principios de jerarquía, competencia y especialidad. En el caso de contradicción, prevalecerán las determinaciones ambientales sobre las territoriales y las urbanísticas.”
Añadimos, en cuanto a la vinculación de las determinaciones del plan insular a la hora de ordenar sistemas generales y equipamientos estructurantes, en este sentido el artículo 97 de la LSENPC, señala:
“1. Las determinaciones de los planes insulares serán de aplicación directa, sin perjuicio de su desarrollo por otros instrumentos de ordenación.
2. Sus determinaciones vinculan, en los términos establecidos en la presente ley y en la legislación estatal básica sobre ordenación de los recursos naturales, a los restantes instrumentos de ordenación de espacios naturales, territoriales y de ordenación urbanística.
3. Las determinaciones exigibles a los planes insulares podrán diferirse para su ejecución a otros instrumentos de ordenación territorial cuando se refieran a la ordenación de los sistemas generales y equipamientos estructurantes, así como la prevención de riesgos sísmicos, geológicos, meteorológicos u otros, incluyendo los incendios forestales. Excepcionalmente, y previa justificación detallada y específica, podrá desarrollarse mediante dichos instrumentos la ordenación de ámbitos territoriales o sectoriales cuya especial importancia y complejidad pudiesen provocar una ampliación notable del tiempo de redacción del plan insular o un contenido claramente insuficiente e ineficiente de la ordenación propuesta desde el mismo.
(...).”
Teniendo en cuenta que el PGOU de San Sebastián se aprobó en el año 2005 y, no se encuentra adaptado a la normativa PIOG (Año 2011), ni tampoco a la de la LSENPC
(Año 2017), no recoge el nuevo trazado de la GM-2 así como el intersticio que ha quedado entre ambas vías (el tramo viejo y el nuevo).
El PIOG reconoce a las estaciones de suministros como equipamientos insulares, aspecto que no reconoce el Plan General y, en este sentido el artículo 98.1 de la LSENPC que regula las determinaciones sobre los sistemas generales y equipamientos estructurantes y actuaciones para la prevención de riesgos, reconoce en su apartado b) que:
“1. A los efectos previstos en el artículo anterior, tendrán la consideración de sistemas generales y equipamientos estructurantes de interés supramunicipal:
(…)
b) Las infraestructuras de producción, transporte y distribución energética y las de abastecimiento de combustible.”
Regulando el precepto en su apartado cuarto, lo siguiente:
“4. En caso de que la implantación de alguno de los sistemas generales, equipamientos estructurantes o de prevención de riesgos a los que se refiere este artículo resulte incompatible con la clasificación y/o categorización establecida en el planeamiento general, la ordenación recogida en el plan insular de ordenación desplazará a las previsiones contenidas al respecto en el planeamiento general, determinando la que corresponda en función del uso prevalente de los mismos.”
En conclusión, se constata que el proyecto no se ubica en suelo categorizado de protección ambiental ni de protección agraria y, el citado uso no está expresamente prohibido en el planeamiento urbanístico, careciendo de cobertura expresa entendida como el reconocimiento expreso del uso de implantación de estación de carburante en el citado suelo, por lo que para la autorización por licencia urbanística del proyecto solicitado, se precisa la previa declaración por el Cabildo Insular del interés público o social de la actuación, y de su no prohibición en el planeamiento insular, siguiendo el procedimiento previsto en el citado artículo 79 LSENPC.
Cuarta.- En relación al análisis del “interés público y social” del proyecto, la LSENPC no contempla una definición expresa de los términos “interés público” e “interés social”. En los distintos textos legales vigentes, las referencias a dichos términos aparecen vinculadas a aquellas actuaciones que afectan al interés general y en consecuencia redundan en beneficio de la colectividad. Ambas expresiones, “interés público” e “interés social”, forman parte del conjunto de conceptos jurídicos indeterminados que existen en nuestro Derecho, por cuanto no admiten una cuantificación o determinación, pero en todo caso, debe ser precisado en el momento de la aplicación.
La aplicación de los conceptos jurídicos indeterminados, en cada caso concreto impone una única solución correcta (existe o no existe utilidad pública, se trata o no se trata de un justo precio, o en el caso concreto que nos ocupa, existe o no existe el interés público o social).
No obstante nos encontramos además ante una potestad discrecional del órgano competente y por tanto estamos ante una valoración realizada por la Administración (el citado órgano) en el ejercicio de dicha potestad en el que necesariamente habrán mediado criterios extrajurídicos, que suponen una libertad de elección entre alternativas igualmente justas; que implica que se dispone de un cierto margen de apreciación valorativo, para elegir entre las distintas opciones de planificación, debiendo elegirse la que mejor considere que cumple los intereses generales, discrecionalidad que esencialmente debe ser racional, lógico y sobre todo respetar los límites legalmente establecidos, por ello el órgano competente deberá justificar debidamente dentro del marco de esa discrecionalidad la decisión que mejor obedece a los intereses generales afectados, confirmándose la idoneidad, eficacia, incluso la eficiencia de tal decisión.
En el caso que nos ocupa y en orden a identificar los parámetros o motivos que permiten al órgano competente declarar dicho interés, es preciso analizar el marco normativo específico que resulta de aplicación y es por ello que cabe citar el propio artículo 62.5 de la LSENPC en que viene a considerar para las instalaciones de estaciones de servicio:
“5. Los usos dotacionales, de equipamiento y de servicios comprenden cuantas instalaciones sean necesarias para la prestación de servicios de interés general o de interés social como las instalaciones para la seguridad y la defensa, las docentes y las científicas, las asistenciales, las funerarias y otras similares. Igualmente, las áreas y las estaciones de servicio, así como las instalaciones deportivas que no tengan carácter de uso ordinario específico.”
De la lectura del citado artículo se desprende que es la propia ley, la que ya en su articulado reconoce u otorga a las estaciones de servicio “el interés público o social”. Además en el preámbulo de la ley (apartado VIII) se recoge que:
“La ley parte de la diferencia que formula la legislación básica entre usos ordinarios y usos de interés público y social. Los usos ordinarios son aquellos conformes con el destino o vocación natural del suelo rústico (incluyendo, claro está, su aprovechamiento agrícola y ganadero), también merecen esta calificación los usos deportivos al aire libre con instalaciones desmontables. Los usos de interés público y social se refieren a actuaciones ajenas a ese destino, aun cuando su localización en el ámbito rural sea adecuada por contribuir a su desarrollo (es el caso de las construcciones turísticas, industriales o de servicios). Se trata de usos que, en la legislación hasta ahora vigente, se califican de usos de interés general.”
Por otro lado el propio PIOG-PORN en su artículo 160 (determinación vinculante) recoge respecto a las estaciones de suministro de carburantes como infraestructuras insulares, se reconoce medidas vinculantes y de carácter general:
“1.- Se consideran Estaciones de Suministro de Carburantes, las construcciones e instalaciones destinadas al abastecimiento de carburantes a vehículos y usuarios de la Red Viaria Insular pudiendo incluir servicios complementarios (lavado y reparaciones elementales de los vehículos, servicio de grúa, bar-cafetería, venta al por menor de pequeños artículos o análogos), siempre que la mayor parte de la parcela esté ocupada por los surtidores de combustible y las áreas de maniobra vinculadas a estos. Estas Construcciones e Instalaciones pueden ser autónomas o englobarse en las Áreas de Servicios de Carreteras.
(…)
Los instrumentos de ordenación, Planes Generales de Ordenación o Planes y Normas de los Espacios Naturales Protegidos con competencia para ello, deberán clasificar y categorizar estos Equipamientos Insulares como Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras, siendo, en todo caso, su implantación sometida al artículo 66.6 del TRLotc-Lenac, a excepción de que se ubiquen en Suelo Urbano o Urbanizable, que serán calificadas de uso dotacional e igualmente afectados como Equipamientos Insulares.
(…)
El emplazamiento de las Estaciones de Suministro de Carburantes se realizará con pleno respeto a la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias (artículo 23) y el Decreto 131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de Canarias, así como, el artículo 67.3.c) del TRLotc-Lenac.”
El propio PIOG remite al artículo 67.3.c) del TRLOENPC, referido a las actuaciones de interés general que por equivalencia con la LSENPC se corresponde con su artículo 77,
referido para aquellos actos y usos de interés público o social, no previstos por el planeamiento.
Así en la Memoria de Ordenación del PIOG, en el Tomo II, Ordenación Territorial Insular 2.ª Parte, se establece:
“El presente PIOG articula una Red Insular de Estaciones de Suministro de Carburante, con base a lo siguiente:
A) Se establece como principio básico, de conformidad con la Legislación antes mencionada, que la existencia de las Estaciones de Servicios son servicios básicos, necesarios y esenciales para la comunicación y el transporte de la isla de La Gomera, así como para la comodidad del usuario y el buen funcionamiento de la circulación vial. Por ello, estas Estaciones serán consideradas como Equipamientos Insulares.”
Pero además, pudieran identificarse “otros criterios” que permiten al órgano competente declarar dicho interés, como puede ser la referencia al marco normativo específico que resulta de aplicación. Así la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, considera el suministro y distribución de hidrocarburo como servicios de interés general, así en su preámbulo se reconoce este interés general:
“Resulta, asimismo, necesario abordar tres aspectos genéricos de la Ley que suponen una cierta novedad en nuestro ordenamiento:
(…)
Se estima que el conjunto de las actividades reguladas en esta Ley no requieren de la presencia y responsabilidad del Estado para su desarrollo. No obstante, se ha mantenido para todas ellas la consideración de actividades de interés general que ya recogía la
Ley 34/1992, de 22 de diciembre, de ordenación del sector petrolero.
A diferencia del sector eléctrico, cuyos suministros son considerados de carácter esencial, los suministros del sector de hidrocarburos tienen una especial importancia para el desenvolvimiento de la vida económica que supone que el Estado debe velar por su seguridad y continuidad y justifica las obligaciones de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad que afectan a los productos petrolíferos y al gas.”
Estos usos, de interés público y social, se someten en todo caso a licencia municipal, pero, dada su condición extraordinaria, su otorgamiento se condiciona a la previa declaración del interés público y social del proyecto y, se exige información pública y evaluación ambiental. Esta declaración corresponde al cabildo insular, previa audiencia a las administraciones afectadas y trámite de información pública. Y en caso de que la declaración sea favorable, el proyecto continuará su tramitación para la obtención de la licencia, incluyendo, su evaluación ambiental. La declaración deberá ser objeto de publicación oficial. De este modo, se mantiene el objetivo de que el ejercicio de la actividad requiere un único título habilitante, si bien, por su carácter no ordinario, se imponen las garantías descritas en su tramitación.
Por todo lo indicado permite considerar la existencia de interés público e interés social.
Quinta.- De conformidad con el apartado segundo del artículo 79 de la LSENPC, el proyecto ha sido sometido a información pública y audiencia de los propietarios de suelo incluidos en el proyecto y de los colindantes (BOP de Santa Cruz de Tenerife n.º 101, de fecha 22.8.2022 y anuncio complementario en BOP de Santa Cruz de Tenerife n.º 109, de fecha 9.9.2022).
Se han recibido dos alegaciones:
1.º) La primera alegación se ha recibido por la empresa Suministros Insulares de Combustibles y Lubricantes Oceáno, S.L., el día 20 de septiembre de 2022, con registro de entrada n.º 2022-E-RC-5253, en su condición de interesado, que en síntesis dice que:
Primero:
“1.- No se dan las condiciones exigibles para aplicar el procedimiento del artículo 79 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
(...)
En suelo rústico de protección natural solo se autorizarán actuaciones de interés general y de relevancia territorial. Esta declaración deberá quedar condicionada a los cumplimientos de la legislación aplicable, debiendo acreditar la actuación pretendida en los términos de su excepcionabilidad y su contribución a la ordenación y desarrollo rural o la necesidad de su implantación en suelo rústico.
El emplazamiento de la gasolinera se encuentra ubicada en suelo rústico de protección ambiental:
1.- Los usos, actividades y construcciones objeto del procedimiento según el artículo 79
de la Ley 4/2017 solo podrán autorizarse en suelo rústico no categorizado de protección ambiental ni de protección agraria (artículo 62 de la Ley 4/2017).
2.- Carece de toda lógica la instalación de una gasolinera según proyecto creando un impacto paisajístico negativo.
3.- En el proyecto de implantación de gasolinera en la documentación que se somete a información pública no existe documento justificativo por parte del promotor o administración del interés general y de relevancia territorial, ni interés público y social, por técnico competente en la materia.
4.- Un elemento a tener en cuenta en la evaluación del proyecto, junto con los ambientales y sociales, si no hubiera por medio una cuestión tan importante como la desprotección y destrucción de un suelo rústico de protección natural protegido por el PGOU, para llevar adelante un negocio económico cuyo contenido y magnitud solamente para una parte interesada.”
Segundo:
“2.- Faltan informes de otras administraciones.
El emplazamiento de la instalación linda con la carretera GM-2 por lo que cualquier actuación situada en las franjas de protección de las carreteras deberá atender a lo establecido en la Ley 9/1991, de 8 de mayo, Carreteras de Canarias, así como en el Decreto 131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de carreteras de Canarias y deberá solicitarse autorización a la consejería.
El proyecto deberá ser redactado por técnico competente y cumplir la orden de accesos, las recomendaciones de glorietas y las normas técnicas correspondientes. Además tiene que incluir un estudio de posibles accesos a vías de otra titularidad, un estudio de tráfico, un estudio de influencia del nuevo acceso en la seguridad, análisis de visibilidad por desniveles y obstáculos y compatibilidad con el planeamiento urbanístico.
En el proyecto de implantación de gasolinera en la documentación que se somete a información pública:
1.- No existe documento correspondiente al estudio de viabilidad y autorización correspondiente del servicio administrativo de carreteras del Cabildo.
2.- La redacción del proyecto lo firma un ingeniero técnico industrial cuando debe firmarlo un ingeniero de caminos y de obras públicas que es el técnico competente.”
Tercero:
“3.- Falta de justificación suficiente.
El emplazamiento de la gasolinera se encuentra ubicada aproximadamente a 1 km de la gasolinera más cercana. Por lo que no se justifica la necesidad por la falta de servicio de combustible y la que se pretende construir carece de algunos combustibles como la gasolina 98
y el gas, además del resto de los servicios habituales en las gasolineras y necesarios para el público como son los baños, dispensador de agua y aire, zona de aparcamiento, punto de recarga de coche eléctrico, etc.
Por estas razones el proyecto de implantación de la gasolinera que se somete a información pública carece de interés general y obedece más a un criterio economicista y que puede ejecutarse en otra ubicación por otros medios y que constituyen una opción medioambiental significativamente mejor preservando el suelo rústico de protección ambiental para otros proyectos que lo justifiquen.”
De conformidad con lo anteriormente expuesto el alegante establece que sean tenidas en cuenta estas alegaciones en el procedimiento que aquí se está resolviendo, en este sentido se procede a resolver las mismas:
- Para la primera cuestión alegada “No se dan las condiciones exigibles para aplicar el procedimiento del artículo 79 de la Ley 4/2017”, téngase en cuenta la fundamentación recogida en las consideraciones jurídicas primera, segunda y tercera del presente informe por la que se establece que el PIOG-PORN regula las estaciones de suministro de carburantes como equipamientos insulares (artículo 160 PIOG-PORN), determinación que no recoge el PGOU de San Sebastián, ya que dicho Plan es anterior y, no se encuentra adaptado ni, al PIOG-PORN ni tampoco a la LSENPC. Y que en aplicación del artículo 98.1 de la LSENPC, que regula las determinaciones sobre los sistemas generales y equipamientos estructurantes y actuaciones para la prevención de riesgos, reconoce en su apartado b), entre otras, las infraestructuras de abastecimiento de combustible. Y en caso de que para la implantación de estas infraestructuras, la clasificación y categorización del suelo recogida en el PGO resulte incompatible, la desplazará, de conformidad con la regulación del precepto en su apartado cuarto, que establece que:
“En caso de que la implantación de alguno de los sistemas generales, equipamientos estructurantes o de prevención de riesgos a los que se refiere este artículo resulte incompatible con la clasificación y/o categorización establecida en el planeamiento general, la ordenación recogida en el plan insular de ordenación desplazará a las previsiones contenidas al respecto en el planeamiento general, determinando la que corresponda en función del uso prevalente de los mismos.”
En lo referente a la ubicación de la estación de suministro objeto del proyecto, en cuanto que existe un nuevo trazado de GM-2 (carretera de interés regional), y la misma se encontrará ubicada, en un intersticio entre la nueva y la vieja vía, y que los suelos ocupados por las infraestructuras viarias, tanto en su nuevo como en el viejo trazado, tienen la consideración de suelo rústico de protección de infraestructura, en atención a esta situación fáctica del suelo, y en aplicación de la legislación sectorial de carreteras, el artículo 33 de la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias, regula que:
“En el caso de construcción de nuevas carreteras regionales o insulares, o tramos de ellas, así como modificaciones significativas de las existentes, no recogidas en el Planeamiento Urbanístico Municipal vigente, la Administración que la promueva deberá remitir el correspondiente estudio, que permita una correcta interpretación de lo proyectado, a las Corporaciones Locales afectadas, disponiendo estas de dos meses para devolver el informe que estimen pertinente acerca del trazado, características y conveniencia de la vía prevista. Transcurrido dicho plazo sin que exista contestación, se entenderá otorgada la conformidad. En caso de existir disconformidad, resolverá el Gobierno de Canarias.
(...)
En el plazo de dos meses a partir de la aprobación definitiva del proyecto de una carretera, las Corporaciones Locales afectadas deberán proceder a iniciar el trámite de modificación de sus respectivos planeamientos urbanísticos, adaptándolos a las nuevas circunstancias.”
El informe técnico de OyPT de fecha 7 de septiembre de 2022 también se refiere a la localización concreta del presente proyecto, haciendo una referencia al artículo 156 del propio PIOG-PORN, que reconoce lo siguiente:
“Artículo 156. Determinaciones y Medidas Ambientales para la Red Insular de Infraestructura Viaria (ND).
Los instrumentos de ordenación, tales como Planes y Normas de los Espacios Naturales Protegidos, los Planes Generales de Ordenación, así como, los de desarrollo de los mismos, deberán tener en cuenta las siguientes determinaciones respecto de las infraestructuras viarias:
a) ... los nuevos trazados o las intervenciones sobre la infraestructura viaria prevista por el PIOG, así como, los tramos de carreteras que queden fuera de servicio o cuyos tráficos principales se encaminen por nuevas vías y/o que dieran como resultado intersticios entre la antigua vía y la nueva, se someterá a las siguientes determinaciones:
- Este espacio, a priori, tendrá la consideración de Área Insular Degradada (AID), definidas como Áreas que han sufrido un proceso de degradación progresiva causada por ciertas actividades con impacto sobre el medio, por lo que deberá estar sometida a restauración paisajística que se realizará de conformidad con la Normativa del presente PIOG al Tomo I, relativo a “Ordenación de los recursos Naturales y Ambiental Insular”. En todo caso, estas Áreas serán susceptibles de albergar Residuos de Construcción y Demolición (RCD) con el fin de restaurar el medio afectado, de conformidad con la Normativa antes citada.
- Una vez restaurada o utilizando la restauración con ese fin, se podrá destinar este espacio y, con este orden de prelación, a los siguientes usos:
(...)
- Uso de Infraestructura de Transporte y Comunicaciones, y, en concreto, Áreas de Servicio de Carreras y Estaciones de Suministro de Carburantes, así como, Infraestructura de Telecomunicaciones, Energética, Hidráulica y de Residuos, de conformidad con las determinaciones establecidas en la presente Normativa.
(...)
A este respecto, los instrumentos de ordenación (Planes Generales de Ordenación y Planes y Normas de los Espacios Naturales Protegidos), establecerán una clasificación y categorización y calificación del suelo que hagan factible la restauración del Área Insular Degrada y que no impida, en ningún caso, el uso pretendido por el PIOG y, en concreto, los citados anteriormente.”
El informe técnico-propuesta de OyPT de fecha 14 de noviembre de 2022 que recoge las distintas alegaciones e informes de las administraciones afectadas por razón de su competencia, tras someter el proyecto a información pública, recoge respecto a esta alegación lo siguiente:
«Es de tener en cuenta que la ejecución de ese nuevo trazado responde al proyecto “Mejora del trazado y construcción en carretera TF 713, Pk 0+200 a Pk 0+440; curva de los Tajinastes (T.M. San Sebastián de La Gomera)”, aprobado por Decreto de la Presidencia de fecha de 28 de septiembre de 2006, declarando la obra a realizar de utilidad pública y de interés regional. Esta obra se finalizó y quedó operativa para el tráfico en febrero de 2008.
Consecuencias, entre otras, que supuso que el ámbito afectado, de forma genérica con la categoría de suelo rústico de protección natural, sufriera una total transformación con los desmontes y accesos necesarios para la ejecución de la obra, la cual supuso la canalización de la cañada y la ejecución de los taludes necesarios para soportar la explanada de la calzada, que cubrieron y ocuparon toda la zona clasificada de protección ambiental que quedaría en este intersiticio entre las dos carreteras, perdiendo todo valor o existencia de elementos naturales o ecológicos a preservar. Posteriormente esta oquedad resultante entre las dos carreteras fue rellenada con materiales y residuos de la construcción, avalado y conforme al Plan Insular de Ordenación (artículo 156. Determinaciones y Medidas Ambientales para la Red Insular de Infraestructura Viaria), que determina que estas específicas áreas son susceptibles de albergar Residuos de Construcción y Demolición (RCD) con el fin de restaurar el medio afectado.»
Conforme a lo indicado se cumplen las condiciones de clasificación y categorización del suelo recogidas en el artículo 62 de la LSENPC para el establecimiento de los usos de equipamiento regulados en su apartado 5 y, de conformidad con la regulación del artículo 74.2 LSENPC, para la autorización por licencia urbanística del proyecto solicitado, se precisa la previa declaración por el Cabildo Insular del interés público o social de la actuación, y de su no prohibición en el planeamiento insular, siguiendo el procedimiento previsto en el citado artículo 79 de la Ley. Entendemos que no procede la incorporación de la alegación.
- En relación con la segunda cuestión alegada, relativa a que “Faltan informes de otras administraciones” se ha de establecer que de conformidad con el procedimiento recogido en la letra b) del artículo 79.2 de la LSENPC, para aquellos procedimientos que no tengan cobertura en el planeamiento, una vez recibida la solicitud, el Cabildo procederá a someter el proyecto a información pública y a la audiencia, en su caso, de las personas, propietarias del suelo incluidas en el proyecto, y de los colindantes, recabando, de forma simultanea a la información pública, los informes de las administraciones afectadas en sus competencias. Y así consta en el expediente que, el 17 de agosto de 2022 se solicita informe por razón de sus competencias a los servicios de este Cabildo de Carreteras, Patrimonio Histórico y Medio Ambiente. Asimismo, el 17 de agosto de 2022 y 5 de septiembre de 2022, con registros de salida n.º 2022-S-RC- 2378; 2379; 2478 y 2479 respectivamente, se solicita informe en razón al Consejo Insular de Aguas de La Gomera.
El 15 de septiembre de 2022, con registro de entrada n.º 2022-E-RC-6241, el Consejo Insular de Aguas de La Gomera presenta informe favorable condicionado; condicionantes que se ha incluido en el presente informe propuesta-resolución, en tanto que son defectos subsanables.
El 27 de septiembre de 2022 el Servicio de Medio Ambiente remite informe técnico en sentido favorable. El 28 de octubre de 2022 el Servicio de Patrimonio Histórico remite informe técnico también en sentido favorable y el 18 de octubre de 2022 el Servicio de Carreteras remite informe técnico y, posteriormente en fecha 29 de noviembre de 2022, remite informe aclaratorio, solicitando que se aporte “detalle como se pretenden realizar los accesos desde la vía GM-2 a esta estación de servicio. Aportando los correspondientes estudios de visibilidad firmados por técnico competente y adaptando estos e lo establecido en el reglamento de Carreteras de Canarias, con especial detalle en las limitaciones en giros a la izquierda si estos se pretendieran realizar”, con indicación de que deberá presentarse al departamento de carreteras, para la obtención de autorización, previa a la licencia. Condicionantes que se han incluido en el presente informe propuesta-resolución.
Todos estos informes se encuentran en el expediente y se relacionan en el siguiente apartado (fundamento jurídico sexto) del presente informe.
Se concluye que conforme al procedimiento obran en el expediente los informes de las Administraciones afectadas en sus competencias.
Por otro lado consta en el expediente informe técnico de OyPT de fecha 14 de noviembre de 2022, en relación a las alegaciones recibidas, en el que se informa que en relación a:
«5.- Instalación de puntos de recarga eléctrica.
Se manifiesta que el proyecto no cumple con la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, al no contar con la instalación de punto de recarga eléctrica tal como se establece en esta Ley,
“(...) 5. A partir de 2021, quienes ostenten la titularidad de las instalaciones nuevas de suministro de combustible y carburantes a vehículos o que acometan una reforma en su instalación que requiera una revisión del título administrativo, independientemente del volumen anual agregado de ventas de gasolina y gasóleo de la instalación, instalarán al menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 50 kW en corriente continua, que deberá prestar servicio desde la puesta en funcionamiento de la instalación o finalización de la reforma de la misma que requiera una revisión del título administrativo.”
En consecuencia deberá subsanar el siguiente requisito:
1. En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, se deberá recoger en el proyecto la instalación de al menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 50 kW en corriente continua, que deberá prestar servicio desde la puesta en funcionamiento de la instalación.»
Por lo que respecta al punto de incluir en el proyecto el cumplimiento del artículo 5 de la Ley 7/2021 se estima parcialmente esta alegación.
- En relación a la tercera alegación “Falta de justificación suficiente”.
Ya nos hemos referido al interés público y social del proyecto en el fundamento jurídico cuarto del presente informe, se desprende que es la propia Ley del Suelo de Canarias, la que ya en su articulado reconoce u otorga a las estaciones de servicio “el interés público o social” (artículo 62.5 Ley del Suelo de Canarias). Y el propio PIOG-PORN reconoce a las estaciones de suministro de carburantes como infraestructuras insulares, medidas vinculantes y de carácter general (artículo 160).
Y respecto a la legislación sectorial la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos le otorga, en su preámbulo, el carácter de interés general, en los siguientes términos:
“Resulta, asimismo, necesario abordar tres aspectos genéricos de la Ley que suponen una cierta novedad en nuestro ordenamiento:
Se suprime en el sector del gas la consideración de servicio público. Se estima que el conjunto de las actividades reguladas en esta Ley no requieren de la presencia y responsabilidad del Estado para su desarrollo. No obstante, se ha mantenido para todas ellas la consideración de actividades de interés general que ya recogía la Ley 34/1992, de 22 de diciembre, de ordenación del sector petrolero.
A diferencia del sector eléctrico, cuyos suministros son considerados de carácter esencial, los suministros del sector de hidrocarburos tienen una especial importancia para el desenvolvimiento de la vida económica que supone que el Estado debe velar por su seguridad y continuidad y justifica las obligaciones de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad que afectan a los productos petrolíferos y al gas.”
Esta ley regula el libre acceso a estas actividades desde el año 2009, en este sentido se pronuncia el artículo 8.1 y artículo 43.2 de dicha ley:
“1. Las personas jurídicas, públicas o privadas podrán realizar cualquiera de las actividades a que se refiere este Título, mediante la obtención de las correspondientes autorizaciones, permisos y concesiones.
Las autorizaciones, permisos y concesiones a que se refiere el presente artículo serán otorgados de acuerdo con los principios de objetividad, transparencia y no discriminación.”
“2. La actividad de distribución al por menor de carburante y combustibles petrolíferos podrá ser ejercida libremente por cualquier persona física o jurídica.
Las instalaciones utilizadas para el ejercicio de esta actividad deberán cumplir con los actos de control preceptivos para cada tipo de instalación, de acuerdo con las instrucciones técnicas complementarias que establezcan las condiciones técnicas y de seguridad de dichas instalaciones, así como cumplir con el resto de la normativa vigente que en cada caso sea de aplicación, en especial la referente a metrología y metrotecnia y a protección de los consumidores y usuarios.
Las administraciones autonómicas, en el ejercicio de sus competencias, deberán garantizar que los actos de control que afecten a la implantación de estas instalaciones de suministro de carburantes al por menor, se integren en un procedimiento único y ante una única instancia. A tal efecto, regularán el procedimiento y determinarán el órgano autonómico o local competente ante la que se realizará y que, en su caso, resolverá el mismo. Este procedimiento coordinará todos los trámites administrativos necesarios para la implantación de dichas instalaciones con base en un proyecto único.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de ocho meses. El transcurso de dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa tendrá efectos estimatorios, en los términos señalados en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Los instrumentos de planificación territorial o urbanística no podrán regular aspectos técnicos de las instalaciones o exigir una tecnología concreta.
Los usos del suelo para actividades comerciales individuales o agrupadas, centros comerciales, parques comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos y zonas o polígonos industriales, serán compatibles con la actividad económica de las instalaciones de suministro de combustible al por menor. Estas instalaciones serán asimismo compatibles con los usos que sean aptos para la instalación de actividades con niveles similares de peligrosidad, residuos o impacto ambiental, sin precisar expresamente la cualificación de apto para estación de servicio.
Lo establecido en los párrafos anteriores se entiende sin perjuicio de lo establecido en la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, y sus normas de desarrollo.”
Entendemos que lo expuesto por el alegante es contrario a los artículos aquí expuestos, y no da lugar a la inclusión de esta alegación.
2.º) La segunda alegación se ha recibido por la empresa Disa Red Servicios Petrolíferos, SAU, el 19 de septiembre de 2022 y 10 de octubre de 2022, con registros de entrada
n.º 2022-E-RC-5228 y 5492, respectivamente, en su condición de interesado, que en síntesis dice que:
«Primero.- Imposibilidad de ejecución, en el suelo de referencia, de la instalación prevista.
- Naturaleza del suelo.
De conformidad con lo indicado en los Antecedentes de Hecho de este escrito, el suelo de referencia se categoriza en el PGO como suelo de protección natural, resultando que la regulación actual de dicha categorización la encontramos en la Ley 4/2017 (...).
Y en cuanto a su régimen jurídico, la misma norma señala:
Artículo 64. Suelo rústico de protección ambiental.
1. En el suelo rústico de protección ambiental serán posibles los usos, actividades, construcciones e instalaciones que no estuvieran expresamente prohibidos por el plan insular, los planes y normas de espacios naturales protegidos o el plan general municipal y sean compatibles con el régimen de protección al que dicho suelo está sometido, siendo preceptivo, cuando se trate de espacio natural protegido, informe previo del órgano al que corresponda la gestión.
(…)
II.- Contenido del PGO.
En primer lugar, el régimen jurídico del suelo de protección ambiental en el PGO se encuentra en el artículo 5.2.1 de su Normativa:
5.2.1. Régimen del suelo rústico de Protección Ambiental.
1. En los Espacios Naturales Protegidos declarados legalmente, solo se permitirán los usos, actividades, e instalaciones que se determinen en el instrumento que desarrolle la ordenación y regulación de los mismos, quedando prohibidos los usos y actividades señalados expresamente en la legislación urbanística y ambiental y los que señale el instrumento de ordenación correspondiente.
2. En tanto no se redacten los instrumentos aludidos en el número anterior y se desarrolle la protección establecida por la legislación de Espacios Naturales de Canarias, los ámbitos incluidos en los Espacios Naturales se ajustarán a las disposiciones transitorias establecidas por aquella Ley y son considerados por estas Normas como espacios de protección integral de sus características naturales, geomorfológicas, ecológicas y paisajísticas.
3. En relación con lo expresado en el número anterior, en los Espacios Naturales Protegidos no se admitirá ninguna actividad que pueda poner en peligro dichas características o no esté entre las siguientes que se señalan, consideradas como las únicas permitidas hasta que se apruebe el correspondiente instrumento de ordenación o regulación:
- Las obras de conservación y adecuación paisajística de los caminos existentes, que deberán atender a la restitución de las condiciones originales del área ocupada. Si dichas obras supusieran movimientos de tierras, deberá asegurarse la restitución de las condiciones previas, incluyendo en su caso la replantación de especies características.
- Las obras de restitución paisajística, en lugares de extracciones y movimientos de tierras, debiendo devolver el paisaje a su forma original, incluyendo la repoblación según se indica en el apartado siguiente.
- Las medidas de conservación ecológica y repoblación. La repoblación se efectuará solo con especies autóctonas y deberá estar promovida por entidades públicas.
- La conservación de las actuales áreas agrícolas, siempre que dicha actividad no suponga ningún tipo de incompatibilidad con los fines de la protección, ni incurra en acciones expresamente prohibidas en estas Normas y en la legislación aplicable.
4. Salvo que los instrumentos de ordenación o regulación de los Espacios Naturales Protegidos dispongan otras determinaciones, en los mismos queda expresamente prohibido:
- La apertura de nuevas vías, caminos o canales.
- Extracciones de cualquier tipo.
- Movimientos de tierra que no respondan a medidas de conservación o adecuación paisajística.
- Cualquier otra actividad que pudiera significar peligro de erosión del suelo o poner en peligro la flora, fauna y equilibrio ecológico del lugar. Se incluyen aquí las repoblaciones desmedidas o con especies, vegetales o animales, ajenas a las del lugar, la liberación de gases y productos contaminantes o el empleo de productos químicos que puedan tener incidencia en el suelo o en el aire.
- El vertido o acumulación de cualquier tipo de material sólido o líquido.
- El pastoreo libre de animales, salvo en aquellas delimitadas por el instrumento de ordenación pertinente.
- La roturación de nuevos suelos para uso agrícola.
- Cualquier tipo de edificación que no esté relacionada con las señaladas en el
número 3 anterior.
- Los tendidos eléctricos, cables telefónicos, o instalaciones de telecomunicación excepto los ya existentes, cuya eliminación se deberá valorar -en su caso- en el instrumento de ordenación o regulación correspondiente.
- Los recreativos de esparcimiento con vehículos de motor.
5. En el resto de las categorías del suelo rústico de Protección Ambiental, será de aplicación lo establecido en los apartados 3 y 4 de este artículo permitiéndose además los usos y las actividades de carácter medioambiental y los recreativos de esparcimiento que resulten admisibles según las definiciones contenidas en las Normas del Plan Operativo, así como las construcciones e instalaciones precisas para la conservación del espacio de que se trate, y las actividades e instalaciones tradicionales existentes, siempre que sean compatibles con la preservación de los valores que se protegen y se permitan o se consideren autorizables -en su caso- por el instrumento que desarrolle su ordenación.
(...)
Consecuentemente, debe concluirse que el uso de estación de servicio no solo no se encuentra entre los permitidos, sino que, además, y de conformidad con lo previsto en el artículo 5.2.1.4, en tanto que supone “el empleo de productos químicos que puedan tener incidencia en el suelo o en el aire”, se encuentra expresamente prohibido.
En segundo lugar, la Normativa Urbanística del PGO señala, en su artículo 5.3.4 los siguientes:
5.3.4 Condiciones particulares de las infraestructuras en suelo rústico.
1. Los parámetros, condiciones, requisitos y procedimientos para autorizar las edificaciones de infraestructuras en suelo rústico serán los establecidos en la legislación urbanística y en la sectorial que corresponda, sin perjuicio del cumplimiento de lo regulado en los números siguientes y en las Normas Urbanísticas del Plan Operativo.
2. Las edificaciones e instalaciones de las infraestructuras de Estaciones de Servicios para suministro de combustible, deberán desarrollarse en una parcela mínima de 3.000 m2 y no superarán la superficie edificable de 300 m2 construidos, con una planta y 4,00 metros de altura máxima. En la superficie construida no se computarán las pérgolas o instalaciones para los surtidores de combustible ni las instalaciones de servicios de lavado de automóviles o similares.
De conformidad con el contenido del proyecto técnico sometido a información pública (“Memoria Descriptiva y de cálculo de tratamiento y vertido en gasolinera para distribución minorista de combustible”) podemos comprobar cómo se incumple con el parámetro de la superficie ya que se indica expresamente, en el apartado 3 de la Memoria, tal y como se indica en los Antecedentes de Hecho de este escrito, lo siguiente:
Concretamente, se trata de una parcela que cuenta catastralmente con una superficie de 981 m2, contando únicamente la porción de la misma que se ubica en el lindero norte del vial. A la que además se le añade una cesión del Dominio Público Hidráulico (DPH) con una superficie total de 1.223,48 m2. Por tanto, la superficie total una vez realizada la medición topográfica de la parcela y realizar la georreferenciación junto a la cesión del DPH de 2.261,48 m2.
(…)
Segundo.- Imposibilidad de ejecución de la instalación prevista mediante el instrumento en tramitación.
El procedimiento que se viene tramitando por el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera es el previsto en la Sección 2 del Capítulo III del Título II de la LSENPC, concretamente en sus artículos 77 a 79:
(…)
Tal y como se puede comprobar, existen diversos problemas, tanto de fondo como de forma, que impiden que este procedimiento pueda culminar de forma estimatoria:
I.- De fondo, en primer lugar, debe invocarse el artículo 62 LSENPC:
Artículo 62. Usos, actividades y construcciones de interés público o social 1. Excepcionalmente, en el suelo rústico, no categorizado de protección ambiental ni de protección agraria, podrán autorizarse usos industriales, energéticos, turísticos, dotacionales, de equipamiento y servicios, así como cualquier otro que no sea ordinario ni complementario de uso ordinario, siempre que se integren en actuaciones de interés público o social, contribuyan a la ordenación y el desarrollo rural o que deban situarse necesariamente en suelo rústico y que, además, ese uso e implantación no estuvieran expresamente prohibidos por el planeamiento.
Como se puede comprobar, no es posible autorizar usos en virtud de la posibilidad de declararlos de interés público o social, en suelo rústico de protección ambiental, resultando que, en nuestro caso, nos encontramos con esta situación.
En segundo lugar, y a mayor abundamiento, tal y como se ha indicado en el Fundamento Jurídico anterior, la instalación que se pretende vulnera las previsiones del PGO (artículos 5.2.1 y 5.3.4 de su Normativa), y resulta, además, contraria a la LSENPC (artículo 64), que no prevén la ejecución de este tipo de infraestructuras en un suelo de protección ambiental como de referencia.
II.- Formales.
El procedimiento de tramitación de la autorización a conceder por el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera prevé varios requisitos que no constan debidamente cumplimentados en el expediente sometido a información pública:
a) La disposición, por el promotor, de los derechos subjetivos sobre el correspondiente terreno, [artículo 78.1.e) LSENPC].
b) El Informe municipal de conformidad o disconformidad con el planeamiento.
(…)
Dicho informe municipal es preceptivo según el artículo 78.2.a) LSENPC, y el Ayuntamiento rehúsa remitirlo amparándose en que no es necesario para la declaración de interés público o social (según Informe del Arquitecto Técnico Municipal de 28 de abril de 2022).
(…)
Debe resaltarse igualmente, con relación a la disponibilidad del terreno, que de la documentación aportada al respecto, (promesa de arrendamiento de 8 de marzo de 2021 y opción de compra de 4 de mayo de 2021), se observa que: - La promesa de arrendamiento, firmada entre D. Víctor Manuel Estévez Delgado (arrendador) y la entidad PETROPRIX ENERGÍA, S.L. (arrendadora), es de fecha anterior a la suscripción de la opción de compra, con lo que no resulta conforme a Derecho este negocio jurídico dado que se está negociando con relación a algo de lo que no se dispone.
(...)
- La opción de compra suscrita con fecha 4 de mayo de 2021 entre D. Juan Ramón Castilla Armas y Dña. Asunción Josefa Castilla Gómez (propietarios), y D. Víctor Manuel Estévez Delgado (optante), indica en su estipulación segunda que la opción de compra deberá ejercitarse dentro del plazo máximo e improrrogable (palabras textuales del contrato) de diez meses desde la fecha del documento, esto es, hasta el 4 de marzo de 2022 (fecha textualmente recogida en el contrato).
(...)
A mayor abundamiento, no se ha encontrado en el proyecto técnico la necesaria inclusión de puntos de recarga eléctrica, obligación impuesta, para las instalación de suministro y carburante, por la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética.
(…)
Tercero.- Inexistencia de interés público o social en la autorización de la instalación de referencia.
A mayor abundamiento, y con independencia de que, conforme se ha acreditado, no sea viable la instalación de referencia, se entiende igualmente que no resulta sostenible la existencia de interés público o social respecto a dicha instalación, por cuanto que, a pesar de que se pueda compartir que el precio de los combustibles en la isla de La Gomera es alto, es necesario señalar que:
I.- No hay garantías de que la estación de servicio a instalar vaya a ser más barata que las actualmente existentes.
II.- No hay una situación de monopolio en la isla, ya que existen actualmente siete estaciones de servicio, de las cuales solo cuatro son titularidad de mi mandante.
III.- No se acredita en modo alguna la inexistencia de suelo urbano en el municipio de San Sebastián de la Gomera cuyo uso permita la instalación de una estación de servicio, de tal forma que la pretensión, por la entidad promotora, de instalarse en suelo rústico no solo es insostenible, sino que, además, supone una ventaja competitiva con relación al resto de los suministradores, ya que el suelo rústico tiene un precio mucho más barato que el urbano (cuanto más el suelo rústico de protección ambiental).
IV.- No se analiza el impacto medioambiental de la instalación de una estación de servicio en la categoría de suelo más protegido de nuestra Comunidad Autónoma (rústico de protección ambiental), y, por ende, tampoco se pondera con relación al interés privado.
(...).»
De conformidad con lo anteriormente expuesto el alegante establece que sean tenidas en cuenta estas alegaciones en el procedimiento que aquí se está resolviendo, en este sentido se procede a resolver las mismas:
- Respecto a la primera cuestión alegada, «Imposibilidad de ejecución, en el suelo de referencia, de la instalación prevista.
A) Naturaleza del suelo.
Remitimos a la argumentación/contestación dada, a la empresa Suministros Insulares de Combustibles y Lubricantes Oceáno, S.L. en su alegación primera del presente informe (“no se dan las condiciones exigibles para aplicar el procedimiento del artículo 79 de la Ley 4/2017”), en cuanto se trata de la misma cuestión. A mayor abundamiento, aportamos los planos realizados en informe técnico de Área de OyPT de fecha 14 de noviembre de 2022 en el que se analizan las siguientes cuestiones en relación a la clasificación y categorización del suelo objeto de la actuación:
«(…)
La totalidad del ámbito que conforma el intersticio de terreno quedado entre la antigua carretera y el nuevo trazado, dentro del cual se localiza la actuación pretendida.
(…)
El PGO vigente de San Sebastián de La Gomera (Acuerdo de la COTMAC de aprobación definitiva parcial 28 de julio de 2005; BOC n.º 213, de 31.12.2005 y aprobación de Normativa del PGO; BOP n.º 186, de 18.11.2005), gran parte de este ámbito tiene la clasificación de Suelo Rústico de Protección Territorial (equiparado a Suelo Rústico Común (SRC), según disposición transitoria tercera de la LSENPC), así como no se está teniendo en cuenta la franja de 18 m. a ambos lados de la carretera que el PGOU clasifica como Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras (SRPI).
(…) no se esta teniendo en cuenta los efectos que sobre los usos y categorización del suelo supone la ejecución del nuevo trazado de la carretera GM-2, ligeramente posterior a la aprobación del PGO. Concretamente, sobre la zona ocupada por la nueva infraestructura viaria, para lo cual debe valorarse lo dispuesto en la LSENPC en la disposición transitoria tercera sobre Equiparación de categorías de suelo rústico: “….- El suelo ocupado o reservado por infraestructuras, cualquiera que sea la categoría = suelo rústico de protección de infraestructuras (SRPI)”.
(…)
Es de tener en cuenta que la ejecución de ese nuevo trazado responde al proyecto “Mejora del trazado y construcción en carretera TF 713, Pk 0+200 a Pk 0+440; curva de los Tajinastes (término municipal de San Sebastián de La Gomera)”, aprobado por Decreto de la Presidencia de fecha de 28 de septiembre de 2006, declarando la obra a realizar de utilidad pública y de interés regional. Esta obra se finalizó y quedó operativa para el tráfico en febrero de 2008.
Consecuencias, entre otras, que supuso que el ámbito afectado, de forma genérica con la categoría de suelo rústico de protección natural, sufriera una total transformación con los desmontes y accesos necesarios para la ejecución de la obra, la cual supuso la canalización de la cañada y la ejecución de los taludes necesarios para soportar la explanada de la calzada, que cubrieron y ocuparon toda la zona clasificada de protección ambiental que quedaría en este intersiticio entre las dos carreteras, perdiendo todo valor o existencia de elementos naturales o ecológicos a preservar. Posteriormente esta oquedad resultante entre las dos carreteras fue rellenada con materiales y residuos de la construcción, avalado y conforme al Plan Insular de Ordenación (artículo 156. Determinaciones y Medidas Ambientales para la Red Insular de Infraestructura Viaria), que determina que estas específicas áreas son susceptibles de albergar Residuos de Construcción y Demolición (RCD) con el fin de restaurar el medio afectado.
(...)
b) El PIOG establece las Estaciones de suministro de Carburantes como Equipamientos Insulares, proponiendo expresamente, tras el diagnóstico territorial realizado, la instalación de un nuevo equipamiento de este tipo, al que denomina ES-8, en este lugar concreto donde solicita el proyecto de referencia, tal como se refleja en el plano de ordenación O.2.1 Sistemas generales y equipamientos insulares y uso de infraestructuras de transporte y comunicaciones viarias, portuarias, de residuos y socio-sanitaria.
(...)
Esta propuesta y norma de ordenación del PIOG, alcanza un valor realmente habilitante en el marco de lo establecido por la LSENP en su artículo 98.
Artículo 98. Determinaciones sobre sistemas generales y equipamientos estructurantes y actuaciones para la prevención de riesgos.
1. A los efectos previstos en el artículo anterior, tendrán la consideración de sistemas generales y equipamientos estructurantes de interés supramunicipal:
a) Las infraestructuras de transporte.
b) Las infraestructuras de producción, transporte y distribución energética y las de abastecimiento de combustible.
(...)
4. En el caso de que la implantación de alguno de los sistemas generales, equipamientos estructurantes o de prevención de riesgos a los que se refiere este artículo resulte incompatible con la clasificación y/o categorización establecida en el planeamiento general, la ordenación recogida en el plan insular de ordenación desplazará a las previsiones contenidas al respecto en el planeamiento general, determinando la que corresponda en función del uso prevalente de los mismos.»
Conforme a lo ya indicado tanto en la contestación de la alegación de la empresa Suministros Insulares de Combustibles y Lubricantes Oceáno, S.L. como, lo añadido a esta alegación, es de reafirmar que se cumplen las condiciones de clasificación y categorización del suelo recogidas en el artículo 62 de la LSENPC para el establecimiento de los usos de equipamiento regulados en su apartado 5 y, de conformidad con la regulación del artículo 74.2 LSENPC, para la autorización por licencia urbanística del proyecto solicitado, se precisa la previa declaración por el Cabildo Insular del interés público o social de la actuación, y de su no prohibición en el planeamiento insular, siguiendo el procedimiento previsto en el citado artículo 79 de la Ley y, al igual que ya se indicó para el anterior alegante, entendemos que no procede la incorporación de la alegación.
En relación a la segunda cuestión recogida en la alegación, relativa a:
«b) Condiciones particulares de las infraestructuras en suelo rústico del PGO»:
El informe técnico-propuesta de OYPT de fecha 14 de noviembre de 2022 informa respecto a ello lo siguiente:
«(…)
«Artículo 5.3.4. Condiciones particulares de las infraestructuras en suelo rústico.
(…)
2. Las edificaciones e instalaciones de las infraestructuras de Estaciones de Servicios para suministro de combustible, deberán desarrollarse en una parcela mínima de 3.000 m² y no superarán la superficie edificable de 300 m² construidos, con una planta y 4,00 metros de altura máxima. En la superficie construida no se computarán las pérgolas o instalaciones para los surtidores de combustible ni las instalaciones de servicios de lavado de automóviles o similares. (...).»
Según se indica en la memoria del proyecto la unidad o parcela de terreno vinculada a este proyecto se conforma por la vinculación de dos propiedades distintas, por una parte la parcela catastral 234 (únicamente parte norte) con 981 m² y parte de la parcela catastral 9010 que se corresponde con dominio público hidráulico y que anexiona por cesión del Consejo Insular de Aguas.
• Superficie catastral de la parcela 234: 981 m².
• Superficie cesión de DPH: 1.223,48 m2.
• Superficie total de parcela corregida topográficamente: 2.261,48 m².
• Área de Actuación de la gasolinera: 874 m².
Si bien corresponde a lo planes insulares de ordenación, según establece la LSENP: “Propiciar el desarrollo sostenible de la isla, a través de la distribución equilibrada de los usos y la previsión de los sistemas generales y equipamientos de transcendencia supramunicipal.” (artículo 95. Fines) así como la “Determinación y localización de los sistemas generales y equipamientos estructurantes de interés supramunicipal” (artículo 96. Contenido). Competencias y contenidos que se establecen en todo su alcance por parte del el PIOG, con la salvedad de los parámetros urbanísticos los cuales corresponden, en este caso, al planeamiento general.
Por tanto parece competencialmente adecuado considerar que la limitación de superficie o unidades aptas para la edificación vengan establecidas por el planeamiento urbanístico, máxime con el alcance derogatorio que la LSENPC ha tenido sobre el PIOG referente a la ordenación urbanística.
Dado que este requerimiento de superficie mínima puede ser subsanado con un incremento de la superficie concedida del DPH o adquisición de otras propiedaes dentro del ámbito concreto, que se conformó entre la carretera antigua y el nuevo trazado, dentro del cual el PIOG habilita expresamente la instalación de una estación de suministro de carburantes como Equipamiento Insular, debe entenderse que esta limitación no es desautorizatoria para la ejecución del proyecto, si no un condicionante a subsanar en su autorización definitiva.»
De conformidad con el procedimiento del artículo 79.4 LSENPC, así como el artículo 29.4.b) del Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias:
«La declaración podrá ser condicionada cuando sea viable la iniciativa pero con cambios en el proyecto.»
Siendo este el caso que nos ocupa:
«(...) el Ayuntamiento continuará con la tramitación de la solicitud de licencia, hasta su resolución, que estará vinculada por los condicionantes establecidos por el Cabildo. En dicha tramitación deberán someterse a la previa consideración de la persona solicitante los condicionantes establecidos por el Cabildo.»
La actuación debe estar condicionada a desarrollarse en una parcela mínima de
3.000 m². Estimando parcialmente esta alegación en lo referente al desarrollo de la actuación en parcela mínima de 3.000 m².
- En cuanto a la segunda cuestión alegada: «Imposibilidad de ejecución de la instalación prevista mediante el instrumento en tramitación:
A) «I.- De fondo, en primer lugar, debe invocarse el artículo 62 LSENPC»:
No entraremos nuevamente en esta cuestión, ya que su contestación es a través de la justificación de la clasificación y categorizacion del suelo y, como consecuencia de ello, se aplica el artículo 79 LSENPC (por carecer de cobertura en el PGO), aspectos que se argumentaron en la contestación de la alegación anterior, no siendo necesario reincidir nuevamente en la misma argumentación.
B) «II.- Formales.
El procedimiento de tramitación de la autorización a conceder por el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera prevé varios requisitos que no constan debidamente cumplimentados en el expediente sometido a información pública:
a) La disposición, por el promotor, de los derechos subjetivos sobre el correspondiente terreno [artículo 78.1.e) LSENPC].
b) El Informe municipal de conformidad o disconformidad con el planeamiento.»
En relación al apartado a), que hace referencia a la disposición, por el promotor, de los derechos subjetivos sobre el correspondiente terreno, debemos de tener en cuenta que procedimiento debemos de seguir de acuerdo con la regulación recogida en LSENPC:
La LSENPC, dedica el Capítulo III, Sección 2.ª, artículo 76 y siguientes, a los actos y usos de interés público o social, distinguiendo entre aquellos actos y usos no ordinarios en suelo rústico con cobertura en el planeamiento (artículos 76 y 78), los cuales se entenderán que cuentan con declaración de interés público o social, de aquellos otros no previstos por el planeamiento, que carezcan de cobertura expresa en el planeamiento o del grado suficiente de detalle (artículos 77 y 79). en ambos casos, señala que la previsión en el planeamiento debe contar con informe favorable del cabildo insular.
Por tanto, en cuanto al procedimiento de las actuaciones que carezcan de cobertura expresa en el planeamiento, o de grado suficiente de detalle, que es el presente supuesto, el artículo 77 dispone que se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 79. Donde el legislador a previsto un único procedimiento, que se tramita en el Ayuntamiento pero, que previo a la obtención de la licencia urbanística (cuya competencia la tiene el Ayuntamiento) es necesario declarar o reconocer el interés público y social de la actuación (cuya competencia la tiene el Cabildo).
El procedimiento que se tramita actualmente es el referido al momento de “ la declaración de interés público y social” del proyecto y, pasará nuevamente, al Ayuntamiento para que este definitivamente otorgue la licencia (artículo 76.2) (Administración competente ante la que el promotor deberá acreditar la disponibilidad jurídica del suelo, vuelo o subsuelo afectado por la actuación). Ello no implica que el Cabildo exija que, una vez haya entrado la solicitud en su Administración, requiera que se proceda a subsanar, si considera que dicha solicitud no se acompaña de la relación de documentos que exige la Ley y Reglamento, todo ello de conformidad con lo establecido en la Ley de Procedimientos de las Administraciones Públicas.
En la parte que se ha tramitado desde este Cabildo y para proceder a la iniciación del expediente de “declaración sobre el interés público y social” de la actuación, una vez que se comprueba que no existir prohibición expresa en el PIOG-PORN, se procedió a un requerimiento de documentación, en fecha 23 de marzo de 2022 y con registro de salida n.º 2022-S-RC-850, que concluyó con informe técnico de fecha 11 de abril de 2022 en el que se constata que recibida la documentación quedaba subsanada y, todo ello consta en el expediente y se describe en el antecedente 4.º del presente informe. Sin perjuicio de la continuidad del expediente en el Ayuntamiento para el otorgamiento de la correspondiente licencia municipal (artículo 76.2).
Consta además, en el expediente que con fecha 18 de agosto de 2022 y 1 de septiembre de 2022, con registros de salida n.º 2022-S-RC- 2383 y 2385 y 2467 respectivamente, se da audiencia a los propietarios y colindantes del terreno objeto de esta actuación dado su condición de interesados. No presentando alegación alguna e impedimento a la realización de la actuación.
Asimismo consta informe técnico de OyPT de fecha 14 de noviembre de 2022 por el que también se recoge a este respecto que:
“4.- Referente a los derechos subjetivos sobre el correspondiente terreno.
Los alegantes manifiestan el no cumplimiento de la disposición formal por parte del promotor de los terrenos afectos a la instalación de esta infraestructura.
Si bien, esta es una cuestión de resolución jurídica, técnicamente valoro que existe acreditación suficiente de la titularidad de los derechos subjetivos sobre el correspondiente terreno, toda vez que el legítimo propietario manifestó en el periodo de alegaciones su conformidad y visto bueno con lo que se pretende por parte del promotor, por lo que cualquier cuestión formal o que se entendiera necesaria para legitimar esta iniciativa es subsanable con anterioridad a la posible autorización municipal definitiva.”
En el procedimiento de licencia urbanísticas y autorizaciones, debemos además de considerar que conforme a la Doctrina aplicable, es de aplicación el artículo 12.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955, que establece lo siguiente:
“1. Las autorizaciones y licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.”
Además nuestra Ley del Suelo de Canarias también lo regula en su artículo 339.3:
“3. Las licencias se otorgan dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, aunque podrán denegarse si se pretende llevar a cabo una ocupación ilegal del dominio público”.
En este sentido se expresa innumerable doctrina, que se mantiene hasta la actualidad, así la Sentencia del TSJ de Madrid de 10 de marzo de 2012, Resolución n.º 430/2011; recurso n.º 801/2010, en su F.J. 5.º expone que:
“(...), pues la potestad de otorgamiento de licencias, se entiende sin perjuicio de terceros y a salvo el derecho de propiedad tanto para la realización de obras como para el ejercicio de actividades tiene un carácter eminentemente reglado sin margen alguno para la arbitrariedad como se desprende inequívocamente de los artículos 21 y 22 Reglamento de Servicios de las Corporaciones, sin que a la Administración demandada, le corresponda controlar la titularidad dominical sino que por el contrario, debe limitarse a verificar si la actuación proyectada por el administrado se ajusta o no a las exigencias del interés público urbanístico.”
Como conclusión por tanto, tales cuestiones corresponden definitivamente al Ayuntamiento, que es la Administración competente dentro del procedimiento para emitir la licencia y, actualmente nos estamos refiriendo dentro del procedimiento a “la declaración de interés público y social” y entendiendo que se ha seguido el procedimiento recogido en el artículo 79 LSENPC, ya que una vez comprobada la documentación recibida, se procedió a los trámites de:
a) Información pública.
b) Audiencia, en el caso, de las personas propietarias, del suelo incluidas en el proyecto, y de los colindantes.
c) Informes de las administraciones afectadas en sus competencias.
Entendemos que no procede la admisión de la alegación.
- En relación al apartado b) «El Informe municipal de conformidad o disconformidad con el planeamiento».
En cuanto al caracter “preceptivo” del informe municipal que alude el alegante, nada dice el artículo 79 de LSENPC, entendiendo que la remisión por el Ayuntamiento al Cabildo para la tramitación de la declaración de interés público y social, si se acompañada de la declaración: “en base a que se constata que carece de cobertura en el planeamiento municipal” es suficiente para incoar el trámite correspondiente. Y así lo reconoce el Ayuntamiento de San Sebastián en su informe de fecha 15 de septiembre de 2022.
Entendemos que no da lugar a la admisión de la alegación.
Por último respecto a lo que platea el alegante en cuanto:
«(...) no se ha encontrado en el proyecto técnico la necesaria inclusión de puntos de recarga eléctrica, obligación impuesta, para las instalación de suministro y carburante, por la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética.»
Damos por reproducido el argumento que ya se estableció en la primera cuestión alegada por la empresa Suministros Insulares de Combustibles y Lubricantes Oceáno, por tener idéntico contenido.
Concluyendo que se deberá dar cumplimiento al artículo 5 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, se deberá recoger en el proyecto la instalación de al menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 50 kW en corriente continua (Informe técnico de fecha 14.11.2022) que deberá prestar servicio desde la puesta en funcionamiento de la instalación.
Por tanto se estima parcialmente esta alegación en lo respecta al punto de incluir en el proyecto el cumplimiento del artículo 5 de la Ley 7/2021.
- En cuento a la tercera alegación «Inexistencia de interés público o social en la autorización de la instalación de referencia».
Damos por reproducidos los fundamentos jurídicos recogidos en contestación de la tercera alegación de la empresa Suministros Insulares de Combustibles y Lubricantes Océano por tener idéntico contenido.
Concluimos que no procede estimar la alegación.
Sexta.- De conformidad con la letra c) del artículo 79.2 de la LSENPC se han recibido los informes de los siguientes Servicios y Administraciones:
- Del Consejo Insular de Agua de La Gomera se ha recibido informe técnico el 15 de septiembre de 2022 con registro de entrada n.º 2022-E-RC-6241, en el que se concluye que:
“(…), se puede concluir que las obras del proyecto afectarán al Dominio Público Hidráulico. Ya que para llevar a cabo la actuación es necesario realizar una cesión del Dominio Público Hidráulico, así como está previsto realizar dos vertidos que afectan a este.
Por lo tanto, dicha actuación queda condicionada:
- A las autorizaciones administrativas que se resumen a continuación y están descritas en el punto 8 del presente informe.
Estas autorizaciones tendrán que presentarlas el peticionario ante el Consejo Insular de Aguas de La Gomera y serán de carácter preceptiva y previa para la implantación y entrada en funcionamiento de la actividad.
1.- Solicitud de Autorización para concesiones en zonas de Dominio Público Hidráulico y Servidumbre de Barrancos Públicos.
2.- Solicitud de Autorización para la ejecución de obras de cauce en Dominio Público Hidráulico.
3.- Solicitud de Autorización Vertido de aguas pluviales al subsuelo en zona de policía de un cauce público.
4.- Solicitud de Autorización Vertido de aguas pluviales al subsuelo en zona de policía de un cauce público.
Estas autorizaciones no eximen de otros trámites administrativos que tengan que realizar ante otros Organismos.
- Por otro lado, se informa que según lo especificado en el apartado de la red de aguas hidrocarburadas del “Proyecto de implantación de una gasolinera para distribución minorista de combustible”, no cumple con la normativa de vertidos (Decreto 174/1994), ni con lo descrito en el artículo 51 Infraestructuras de saneamiento del Plan Hidrológico de La Gomera ya que se plantea realizar un tratamiento primario y en la normativa expone que “para que el vertido pueda realizarse al subsuelo deberá efectuarse después de un tratamiento secundario”.
- Por último, el vertido de aguas pluviales se podrá realizar al cauce del barranco Tajinastas siempre y cuando no haya riesgo de contaminación de las aguas del Dominio Público Hidráulico.”
- Del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de La Gomera, se ha recibido informe técnico el 28 de octubre de 2022 en los siguientes términos:
«(…) Agapito Curbelo Sanz, Jefe de Servicio de Educación, Cultura, Deportes, Patrimonio Histórico y Juventud, eleva el presente informe, a petición del Sr. Consejero Insular del Área de Ordenación y Planificación del Territorio (Exp.: 762/2022), a la posible afección sobre el Patrimonio Histórico Insular con motivo de la ejecución de la actuación nominada: “Proyecto de implantación de una gasolinera para distribución minorista de combustible”, promovido por la empresa “Petroprix Energía, S.L”, con NIF: B23709892.
Que una vez analizada la documentación que consta en el expediente incoado, así como la inspección realizada, se informa que la ejecución del mencionado Proyecto no afectarán a priori, al Patrimonio Arqueológico o Etnográfico de la isla.»
- Del Servicio de Medio Ambiente del Cabildo Insular de La Gomera, se ha recibido informe técnico el 27 de septiembre de 2022 en los siguientes términos:
«(…) 2.- En la documentación se aporta el Estudio de Medio Ambiente en el Anexo 2, con el que el promotor evalúa la actuación respecto a las posibles repercusiones al medio, en el cuál concluye que la actividad en sí misma es compatible con el entorno.
3.- Una vez analizado el lugar y en base a la normativa vigente en relación a la
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, la parcela no está incluida dentro de ningún Espacio Natural Protegido de la Red Canaria ni de la Red Natura 2000, ni hay cercanía a ninguno de ellos.
4.- En las inmediaciones de las obras proyectadas no se encuentran especies protegidas que pudieran verse afectadas por dicha instalación.
5.- Teniendo en cuenta que la tipología del proyecto no se encuentra enumerada en los Anexos I y II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, y no afecta a Espacios Protegidos Red Natura 2000, las obras no deben someterse a evaluación de impacto ambiental.
6.- Se concluye por parte de esta técnico que la actuación prevista no afectara de manera significativa al lugar siempre que se cumpla con lo recogido en el estudio ambiental, con las mediadas correctoras recogidas en el mismo, así como con la gestión de residuos también recogido por el promotor en la documentación.»
- Del Servicio de Carreteras del Cabildo Insular de Carreteras se ha recibido informe técnico el 18 de octubre de 2022 y, en fecha 29 de noviembre de 2022 informe aclaratorio en los siguientes términos:
«(…) Primero:
La actuación a realizar se ubica en el en torno de la vía de Interés Regional GM-2, la cual es titularidad de la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Política Territorial del Gobierno de Canarias, transferida las competencias en materia de explotación, uso y defensa y régimen sancionador de las carreteras de interés regional a este Cabildo, según el Decreto 112/2002, de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares.
Segundo:
Decreto 112/2002, de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de explotación, uso y defensa y régimen sancionador de las carreteras de interés regional.
Artículo 2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, son funciones transferidas a los Cabildos Insulares en materia de carreteras de interés regional, las siguientes: B. Uso y defensa. B.1. Otorgamiento de autorizaciones para la realización de obras en la zona de dominio público, sin perjuicio de lo establecido en el apartado B.6.
B.2. Otorgamiento de autorizaciones para la realización de obras en la zona de servidumbre, así como utilización o autorización de la utilización de dicha zona por razones de utilidad pública o interés social.
Tercero.- Decreto 131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de Canarias. Artículo 48.
1. Es elemento funcional de una carretera toda zona permanentemente afecta a la conservación de la misma o a la explotación de servicios públicos viarios, tales como los destinados a descanso, estacionamiento, auxilio y atención médica de urgencia, pesaje, parada de guaguas y otros fines auxiliares o complementarios (artículo 25.2 L.C.C.).
2. Son también elementos funcionales de la carretera los centros operativos, parques de maquinaria, viveros, garajes, talleres, viviendas para el personal encargado de la conservación y explotación de las carreteras, áreas de servicio, estaciones de suministro de combustible de vehículos, áreas de mantenimiento y las calzadas de servicio de los propios elementos funcionales.
Conclusión:
Por lo tanto y en base a lo anteriormente expuesto, se informa que esta institución es competente en materia de carreteras para autorizar dicha actuación, si bien debe el promotor presentar al departamento de carreteras una solicitud de autorización de dicho proyecto para poder valorar los aspectos técnicos de esta (accesos, asfalto, afección durante las obras a la vía GM-2, señalización, drenajes, etc.). Entendiendo quien suscribe que dicho informe será vinculante para la obtención de la licencia.
INFORME.
Primero.
Apercibido de un error en el informe anterior se emite este para aclaración con respecto al Dominio Público en vía de Interés Regional:
Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carretera de Canarias.
Según lo dispuesto en la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de carreteras y en el Reglamento (Decreto 131/1995, de 11 de mayo) que lo desarrolla, se tiene que, según el artículo 45 de dicho Reglamento:
1. Son de Dominio público los terrenos ocupados por las carreteras y sus elementos funcionales y una franja de terreno de ocho metros de anchura a cada lado de la vía en autopistas, autovías, vías rápidas y carreteras de interés regional (que es el caso que nos ocupa principalmente), y de tres metros en el resto de las carreteras, medidos horizontal y perpendicularmente al eje de la misma desde la arista exterior de la explanación.
Se entiende por arista exterior de la explanación la intersección con el terreno natural del talud del desmonte, del terraplén o, en su caso, de los muros de contención colindantes.
Sobre este último epígrafe existe una modificación realizada en Boletín Oficial de Canarias n.º 265, de 27 de diciembre de 2021, que dice lo siguiente:
Segunda.- Modificación del artículo 25 de la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de carreteras de Canarias. Se modifica el artículo 25 de la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de carreteras de Canarias, que queda redactado en los siguientes términos:
1. Constituyen la zona de dominio público los terrenos ocupados por las propias carreteras, sus elementos funcionales y una franja de terreno a cada lado de la vía de 8 metros de anchura en autopistas y autovías, y de 3 metros en carreteras convencionales, carreteras multicarril y vías de servicio, medidos horizontalmente desde la arista exterior de la explanación y perpendicularmente a dicha arista.
Por tanto, siendo la carretera afectada por este proyecto una carretera convencional, quedan definidos los límites de dominio público a 3 metros del borde de explanación de la misma.
Además y debido a esta consideración, se requiere al solicitante aporte ampliación del proyecto presentado especificando con detalle como se pretenden realizar los accesos desde la vía GM-2 a esta estación de servicio. Aportando los correspondientes estudios de visibilidad firmados por técnico competente y adaptando estos e lo establecido en el reglamento de Carreteras de Canarias, con especial detalle en las limitaciones en giros a la izquierda si estos se pretendieran realizar.»
Séptima.- Con respecto a las competencias para la declaración del interés público o social, esto es a los efectos de establecer el órgano competente, ha de determinarse con caracter previo de la naturaleza del acto administrativo de la declaración del interés público o social.
En este sentido la LSENPC, dedica el Capítulo III, Sección 2.ª, artículo 76 y siguientes, a los actos y usos de interés público o social, distinguiendo entre aquellos actos y usos no ordinarios en suelo rústico con cobertura en el planeamiento (artículos 76 y 78), los cuales se entenderán que cuentan con declaración de interés público o social, de aquellos otros no previstos por el planeamiento, que carezcan de cobertura expresa en el planeamiento o del grado suficiente de detalle (artículos 77 y 79). En ambos casos, señala que la previsión en el planeamiento debe contar con informe favorable del cabildo insular. Por tanto, el ayuntamiento para poder otorgar la correspondiente licencia (artículo 76.2), requiere previamente informe favorable del Cabildo Insular.
De todo lo anterior se puede afirmar que la naturaleza de la declaración de interés público o social es de una autorización preceptiva previa al otorgamiento de la licencia por el Ayuntamiento, en base a que la corporación municipal no podrá otorgar licencia, si se declara la existencia de incompatibilidad con el planeamiento insular, o no se considera la iniciativa de interés público o social por parte del Cabildo Insular.
Y respecto al órgano competente por parte del Cabildo Insular para la declaración de interés público o social el artículo 62 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares, en coherencia con el artículo 35 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que:
“Corresponden al consejo de gobierno insular las siguientes atribuciones:
(...)
d) La concesión de cualquier tipo de licencia, salvo que la legislación sectorial la atribuya expresamente a otro órgano.”
La LSENPC no determina en ninguno de sus preceptos el órgano competente para declarar el interés público o social, existiendo un vacío legal al respecto, cabe entender que corresponde al mismo por no estar expresamente atribuida a otro órgano en la normativa sectorial. Por lo anterior y, atendiendo al artículo 27.1, letra h) del ROFI del Cabildo Insular de La Gomera (BOC n.º 205, de fecha 5.10.2016) es competente el Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de La Gomera, al no estar delegada en el Consejero del Área de OyPT dicha atribución.”
El Consejo de Gobierno Insular, por unanimidad,
ACUERDA
Primero.- Declarar el interés público y social y su compatibilidad con el Plan Insular de Ordenación de La Gomera del proyecto denominado: “Implantación de Gasolinera en parcela 234; polígono 12”, término municipal de San Sebastián de La Gomera, a instancia de Petromix Energía, S.L., y condicionado a lo dispuesto en el informe del Consejo Insular de Aguas, en el Informe de Carreteras, en el informe técnico de Ordenación y Planificación del Territorio y, en su caso, a la supervisión por el Órgano Sustantivo si fuera necesario someter el proyecto a Evaluación de Impacto Ambiental, así como a la oportuna licencia de parcela de 3.000 m2 en su caso, por el Ayuntamiento de referencia, según los siguientes condicionantes:
1.- Se deberá solicitar al Excmo. Cabildo Insular de La Gomera al Servicio de Carreteras, la autorización de obras (accesos, asfalto, afección a la vía GM-2 durante las obras, señalización, drenajes, etc.).
2.- Respecto a la afección producida a la carretera GM-2 deberá presentarse al Servicio de Carretera del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, proyecto especificando con detalle como se pretenden realizar los accesos desde la vía, con especial detalle en las limitaciones en giros a la izquierda, si estos se pretendieran realizar, para su autorización.
3.- Respecto a la afección producida al dominio público hidráulico deberá contar con las autorizaciones a otorgar por el Consejo Insular de Aguas de La Gomera estas son:
- Autorización para concesiones en zonas de Dominio Público Hidráulico y Servidumbre de Barrancos Públicos.
- Autorización para la ejecución de obras de cauce en Dominio Público Hidráulico.
- Autorización Vertido de aguas pluviales al subsuelo en zona de policía de un cauce público.
- Autorización Vertido de aguas pluviales al subsuelo en zona de policía de un cauce público.
4.- Deberá adaptarse a la normativa de las infraestructuras de saneamiento del Plan Hidrológico de La Gomera, incorporando al sistema de tratamiento de aguas hidrocarburadas un tratamiento secundario de estas aguas, antes del vertido al subsuelo, incorporando un estudio hidrogeológico de la zona de actuación.
5.- Deberá recoger, la instalación de suministro de carburante, de al menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 50 Kw en corriente continua.
6.- El diseño de las edificaciones, construcciones e instalaciones que comprendan la estación se deberá ajustar a las determinaciones propias de la arquitectura gomera.
7.- Se deberán adaptar medidas, determinaciones, formas, materiales y colores que favorezcan la máxima mimetización con el paisaje o medio rural donde se localice prohibiéndose materiales y colores reflectantes.
Segundo.- Se deberá proceder a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, incluyendo su motivación, de conformidad con lo previsto en el artículo 79.6 LSENPC, y conforme a la Ley de Protección de Datos Personales.
Tercero.- Dar traslado de la Resolución que declara el interés público y social de la actuación al Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera y al interesado, a los efectos oportunos.
Contra el Acuerdo que declara el interés público y social de la actuación no cabe recurso alguno conforme al artículo 29.7 del Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad de Canarias, sin perjuicio del que pudiera deducirse frente al acto municipal que ponga fin al procedimiento.”
San Sebastián de La Gomera, a 9 de enero de 2023.- El Consejero de Ordenación y Planificación del Territorio, Alfredo Herrera Castilla.
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