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BOC Nº 144. Viernes 21 de julio de 2023 - 2535

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III. Otras Resoluciones - Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad

2535 Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios.- Resolución de 10 de julio de 2023, por la que se establecen con carácter transitorio las reglas de organización y funcionamiento del canal interno para el tratamiento en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias de las informaciones previstas en el artículo 2 de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

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BOC-A-2023-144-2535. Firma electrónica - Descargar

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, fue publicada en el Boletín Oficial del Estado n.º 44, de 21 de febrero de 2023. Esta Ley supone la transposición de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. La ley obliga a implementar sistemas de denuncias en determinados supuestos, y establece medidas de protección a las personas que informen sobre determinadas infracciones del Derecho de la Unión Europea e infracciones penales o administrativas tipificadas como graves o muy graves.

El propósito de la mencionada Ley consiste en definir un marco adecuado de protección frente a eventuales represalias para aquellas personas que informen sobre alguna de las acciones u omisiones previstas en su artículo 2, a través de los procedimientos específicos que se contemplan en dicho cuerpo legal.

El artículo 5 de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, establece que el órgano de administración u órgano de gobierno de cada entidad u organismo obligado en virtud de dicha Ley será el responsable de la implantación de un Sistema interno de información, previa consulta con la representación legal de las personas trabajadoras, asumiendo asimismo la condición de responsable del tratamiento de los datos personales de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de datos personales.

En cuanto al plazo máximo para el establecimiento de Sistemas internos de información y adaptación de los ya existentes, la disposición transitoria segunda de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, establece que las Administraciones, organismos, empresas y demás entidades obligadas a contar con un Sistema interno de información deberán implantarlo en el plazo máximo de tres meses a partir de la entrada en vigor de esta ley.

El artículo 94.1.n) del Decreto 14/2021, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, establece que corresponde a la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, la Inspección de los servicios.

En idéntico sentido, el artículo 9 del Decreto 163/2001, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Función Inspectora de la Inspección General de Servicios (la Inspección General de Servicios fue suprimida por el Decreto 183/2015, de 21 de julio, por el que se determinada la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias, asumiendo sus competencias la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios; BOC n.º 142, de 23.7.2015), establece el objeto de la actuación inspectora y en su apartado primero señala que “La actuación inspectora tiene por objeto la realización de controles internos de legalidad, eficacia y eficiencia”. En su artículo 10 en relación con el control de legalidad establece que:

“1. El control de legalidad tiene por objeto velar por el pleno sometimiento de la actividad de los servicios administrativos y del personal de la Administración autonómica de Canarias y de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de ella a las disposiciones legales vigentes.

2. Este control comprende, entre otras, las siguientes actuaciones:

a) Vigilar el cumplimiento de la normativa vigente en los términos previstos en el apartado 1.

b) Determinar las disfunciones existentes y proponer las medidas correctoras oportunas.

c) Realizar las verificaciones que se estimen precisas, ya sea por propia iniciativa o a propuesta de los órganos competentes.”

Al margen de lo anterior, el Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el pasado día 22 de junio, acordó, a propuesta del Consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, atribuir a la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios la gestión para la implantación del canal interno de comunicación que establece la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

Por todo ello, la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios es el centro directivo competente dentro de la estructura del Gobierno de Canarias para la implantación del canal interno de comunicación que establece la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

RESUELVO:

Primero.- Objeto.

Se establecen con carácter transitorio las reglas de organización y funcionamiento del canal interno para el tratamiento en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias de las informaciones previstas en el artículo 2 de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

Segundo.- Ámbito temporal de aplicación.

La presente Resolución surtirá efectos, a partir de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, hasta la aprobación del marco normativo correspondiente en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Tercero.- Derechos y obligaciones de las personas informantes.

1. El canal interno de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias integrará las medidas adecuadas para proteger a las personas informantes comprendidas en el ámbito de aplicación de la citada Ley estatal reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, hasta la aprobación de las normas autonómicas que definan el sistema propio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.

2. Las personas que presten servicios en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y resulten afectadas por las informaciones sobre posibles infracciones deberán prestar la colaboración que les sea requerida, sin perjuicio del ejercicio de los derechos que les correspondan, y sin menoscabo del desempeño ordinario de sus funciones.

Cuarto.- Órganos competentes.

De conformidad con el Acuerdo del Consejo de Gobierno del 22 de junio de 2023, corresponde a la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios (en adelante, DGMCS):

a) El diseño y puesta en marcha del canal interno para el tratamiento en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias de las informaciones previstas en el artículo 2 de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. A estos efectos, podrá realizarse la gestión del Sistema interno de información por un tercero externo atendiendo a la insuficiencia de medios propios, conforme a lo dispuesto en el artículo 116.4.f) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Esta gestión comprenderá únicamente el procedimiento para la recepción de las informaciones sobre infracciones y, en todo caso, tendrá carácter exclusivamente instrumental, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

b) La definición de los procedimientos y reglas aplicables para la organización y funcionamiento del sistema que soporta el canal interno de información.

c) La coordinación de las actuaciones necesarias en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias para la efectiva aplicación de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

d) La representación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias ante la Autoridad Administrativa Independiente de Protección del Informante, así como ante otras instituciones, administraciones u órganos de relevancia estatutaria en relación con la aplicación de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

e) La creación de un portal web a través del cual se informe a la ciudadanía sobre la existencia del canal interno de información y sobre los derechos y obligaciones previstas en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

f) La creación de un Registro de las informaciones recibidas y de las investigaciones internas a que hayan dado lugar, garantizando, con arreglo a lo previsto en el artículo 27 de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

g) La creación del correspondiente Registro de Actividades de Tratamiento.

2. La Secretaría General Técnica de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, u órgano que la sustituya, asistirá a la DGMCS en la realización de las gestiones administrativas que sean necesarias para la puesta en marcha del canal interno de protección de las personas informantes; así como del resto de medidas encomendadas a la DGMCS y previstas en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

3. También cooperarán con la DGMCS el resto de los centros directivos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en atención a las competencias que materialmente pudieran resultar afectadas.

Quinto.- Protección de datos personales.

Los tratamientos de datos personales que deriven de la aplicación de la citada Ley 2/2023, de 20 de febrero, se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, y en el presente título.

Sexto.- Desarrollo de las actuaciones de investigación.

1. La gestión del tratamiento de las informaciones sobre posibles infracciones normativas en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias se ajustará a lo dispuesto en la normativa estatal. En cualquier caso, el plazo de respuesta a la persona informante que no podrá exceder de 3 meses contado a partir de la fecha de emisión del acuse de recibo de la comunicación presentada.

2. La comunicación de información sobre eventuales infracciones normativas se podrá presentar de forma presencial, verbal o por medios electrónicos. El portal web del Gobierno de Canarias proporcionará la información adecuada para la correcta presentación de las correspondientes comunicaciones.

3. En cualquier caso, el sistema de gestión de las comunicaciones recibidas debe asegurar la seudoanonimización de las personas informantes, tratando separadamente la información personal del informante, garantizándose la confidencialidad de su identidad mediante la anonimización de sus datos identificativos, y el contenido de la información facilitada.

4. El canal interno de información remitirá un acuse de recibo de la comunicación presentada en un plazo de 7 días a partir de la recepción. Este canal permitirá la posibilidad de mantener una comunicación con la persona informante con la finalidad de solicitar información adicional o darle respuesta; garantizando en todo caso la confidencialidad de su identidad.

5. La DGMCS podrá designar a una persona, con la condición de funcionaria de carrera, como responsable del sistema interno de información.

6. La DGMCS o la persona responsable del sistema interno de información remitirá a los órganos o unidades, por razón de la materia, las informaciones recibidas sobre posibles infracciones cometidas en sus correspondientes ámbitos competenciales para que se inicien las actuaciones tendentes a la gestión de dicha información, resolviendo lo que proceda.

Evaluación de las informaciones comunicadas (o recibidas).

1. Los correspondientes centros directivos, órganos o unidades que, por razón de la materia, hayan recibido la información en relación con la existencia de posibles infracciones normativas cometidas en sus correspondientes ámbitos competenciales tramitarán y resolverán, velarán por la intimidad y privacidad de las personas que comuniquen hechos con apariencia de irregularidad o infracción, así como en relación con todas las posibles personas afectadas.

2. La iniciación de actuaciones o inadmisión de informaciones recibidas requerirá la comprobación de veracidad, que deberá realizarse en el tiempo indispensable, sin exceder el plazo de 3 meses desde la presentación de la información.

Condiciones de la inadmisión de las informaciones.

Inadmitir la comunicación, en alguno de los siguientes casos:

1.º Cuando los hechos relatados carezcan de toda verosimilitud.

2.º Cuando los hechos relatados no sean constitutivos de infracción del ordenamiento jurídico incluida en el ámbito de aplicación de esta ley.

3.º Cuando la comunicación carezca manifiestamente de fundamento o existan, a juicio del responsable del Sistema, indicios racionales de haberse obtenido mediante la comisión de un delito. En este último caso, además de la inadmisión, se remitirá al Ministerio Fiscal relación circunstanciada de los hechos que se estimen constitutivos de delito.

4.º Cuando la comunicación no contenga información nueva y significativa sobre infracciones en comparación con una comunicación anterior respecto de la cual han concluido los correspondientes procedimientos, a menos que se den nuevas circunstancias de hecho o de Derecho que justifiquen un seguimiento distinto. En estos casos, se notificará la resolución de manera motivada.

La inadmisión se comunicará al informante dentro de los siete días siguientes.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de julio de 2023.- La Directora General de Modernización y Calidad de los Servicios, Amaya Conde Martínez.

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