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BOC-A-2023-042-631.
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En cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección Primera, de Las Palmas de Gran Canaria, en el recurso que se tramita como procedimiento ordinario ORD n.º 641/2022, interpuesto por Dña. Noelia del Carmen Arencibia Pérez, contra las bases generales que han de regir las convocatorias y el proceso de estabilización de las plazas incluidas en la Oferta de Empleo Extraordinaria de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, mediante procedimiento de Estabilización de Empleo Temporal por concurso-oposición (artículo 2.1 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre), aprobadas por Resolución de la Directora General de la Administración Pública n.º 2022-38486, de 11 de octubre de 2022 (Anuncio 2833 del BOP n.º 126, de 19.10.2022); y dado que el acto objeto de la impugnación podría afectar a una pluralidad de personas por determinar, supuesto subsumible en lo dispuesto en el artículo 45.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esta Dirección General, conforme a lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa,
RESUELVE:
Primero.- Ordenar la remisión del expediente administrativo judicializado que corresponde al recurso contencioso-administrativo que se tramita como procedimiento ordinario ORD n.º 641/2022, seguido a instancia de Dña. Noelia del Carmen Arencibia Pérez.
Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como interesados en el recurso contencioso-administrativo que se tramita como procedimiento ordinario ORD n.º 641/2022 en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección Primera, de Las Palmas de Gran Canaria, para que puedan comparecer y personarse como demandados ante el mencionado Tribunal en el plazo de nueve días, a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución.
Santa Cruz de Tenerife, a 15 de febrero de 2023.- La Directora General de la Función Pública, Lucía Águeda Márquez Fuentes.
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