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BOC Nº 024. Viernes 3 de febrero de 2023 - 396

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396 ANUNCIO de 13 de enero de 2023, relativo a la declaración sobre la existencia o no de prohibición en el planeamiento insular y sobre el interés público y social de la actuación denominada “Parque fotovoltaico, Línea MT y CP Llanos Pelaos II de 2 MW”, término municipal de Antigua, a instancia de Llanos Pelaos Fotovoltaica, S.L.

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ANTECEDENTES

“(…)”

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Visto el informe de la técnico del Servicio de Ordenación del Territorio, de fecha 30 de diciembre de 2022, obrante en el expediente, que en síntesis reconoce:

“(…)

2.- Cumplimiento de la normativa vigente:

2.1.- Contrastada la localización de la Planta fotovoltaica con la cartografía del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura Vigente, podemos decir que la parcela donde se desea instalar la planta solar fotovoltaica, así como la línea de evacuación se localiza en ZC-SRC-Zona C. Suelo Rústico Común, según el Texto consolidado de la normativa vigente del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura y Plan de Ordenación de los recursos Naturales (PIOF-PORN) relativo a la toma en consideración de las determinaciones urbanísticas derogadas del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, en aplicación de la disposición derogatoria única.3 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo, (publicado en el BOC de 21.9.2018), correspondiendo con arreglo al artículo 102.a) de la normativa del Plan Insular con la zonificación tipo C del Plan de Ordenación de los recursos naturales (PORN).

Con carácter particular para la categoría de suelo identificada como ZC-SRC Zona C. Suelo rústico común, se fijan las siguientes determinaciones (artículo 102 a), determinación vinculante (DV), de la normativa del PIOF:

“ZC-SRC Zona C.

Condiciones Generales:

Se podrán autorizar equipamientos, construcciones e instalaciones de interés general, entre las que se consideran, como edificación singular nueva:

• Equipamientos y dotaciones de uso público.

• Construcciones necesarias para el funcionamiento de infraestructuras de uso público.

• Explotaciones agrarias y ganaderas de entidad.

Actividades a potenciar: regeneración del paisaje, recreo concentrado, camping, agricultura innovadora (cultivos bajo malla, industrias agrarias), crecimiento de asentamientos rurales.

Actividades sometidas a limitaciones específicas: caza, circulación con vehículos todo terreno, edificaciones de uso ganadero, edificaciones anexas a las explotaciones agrarias, actividades extractivas y vertederos, urbanización, usos industriales, autovías y carreteras, líneas subterráneas, instalaciones puntuales. Las actividades extractivas en suelo C, tendrán que realizar un Estudio de Impacto Ecológico para cualquier incremento de su actividad y recuperar las condiciones topográficas y reposición de la cubierta vegetal de dicha actividad al vencimiento de los plazos establecidos.

Actividades prohibidas: tendidos aéreos y vivienda o uso residencial. (…)”

Por tanto, la actuación que se pretende no se encuentra expresamente prohibida por el planeamiento.

2.2.- En el Plan Insular se hace mención a la energía fotovoltaica en el artículo 55 DV relativo a las infraestructuras de energía eléctrica, donde se establecen las siguientes medidas vinculantes, con carácter general:

“Potenciar el uso de las energías renovables mediante la ejecución de nuevos parques eólicos, entroncados a la red general de transporte de energía eléctrica, y la incentivación de la instalación de pequeñas unidades (mixtas: eólicas-diesel, paneles solares, etc.) en actividades agrícolas y pequeñas comunidades poblacionales aisladas de la red eléctrica general. (…)”

2.3.- Visto lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, en relación con las determinaciones de ordenación de directa aplicación y de carácter subsidiario, la actuación propuesta cumple con las reglas recogidas en el apartado 1 de este artículo 58. Así mismo cumple con las reglas recogidas en el artículo 58.2 (modificado tras el Decreto ley 15/2020, de 10 de septiembre, de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias, DF9ª y por la DF 9.3 del Decreto ley 15/2020, de 10 de septiembre).

2.4.- Visto lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, en el que se establece lo siguiente:

“1. Excepcionalmente, en el suelo rústico, no categorizado de protección ambiental ni de protección agraria, podrán autorizarse usos industriales, energéticos, turísticos, dotacionales, de equipamiento y servicios, así como cualquier otro que no sea ordinario ni complementario de uso ordinario, siempre que se integren en actuaciones de interés público o social, contribuyan a la ordenación y el desarrollo rural o que deban situarse necesariamente en suelo rústico y que, además, ese uso e implantación no estuvieran expresamente prohibidos por el planeamiento. (...)”

“(…) 3. Los usos energéticos incluyen todas las instalaciones destinadas a esa actividad que lo sean de acuerdo con la legislación sectorial, salvo aquellos que tienen carácter complementario de uso ordinario.”

2.5.- Visto el proyecto remitido, se comprueba que:

- Suelo rústico, no categorizado de protección ambiental ni de protección agraria. El suelo objeto de actuación se localiza en suelo rústico común, por lo tanto, no es suelo ni de protección ambiental ni de protección agraria.

- Usos energéticos. El uso pretendido es el energético puesto que se trata de un parque solar fotovoltaico que tendrá una potencia nominal de 2,25 MW.

- Que se integren en actuaciones de interés público o social. La actuación pretendida se considera integrada dentro de actuaciones de interés público o social, puesto que como tales se recogen en el artículo 72 de la Ley 4/2017, dado el suelo rústico en el que se localiza y puesto que no se encuentra expresamente previsto ni prohibido por el plan insular, ni por el planeamiento municipal.

- Que deban situarse necesariamente en suelo rústico. Dadas las características de esta instalación que se pretende ocupa una superficie de 6,134 Ha, se hace muy difícil la instalación de esta superficie de paneles sobre cubierta en suelo urbano. En este caso además la superficie de terreno sobre la que se van a instalar los paneles tiene escasa pendiente lo que permite su mejor integración en el paisaje que si se situase en zona de mayor pendiente o en ladera de montaña.

Así mismo, la línea de evacuación será subterránea con una longitud de 2.200 m, lo cual permite su mimetización una vez cerrada la zanja para la canalización de la misma.

- Uso e implantación no estuvieran expresamente prohibidos por el planeamiento. A la vista del informe municipal, así como del Plan Insular, este uso no está expresamente prohibido.

2.6.- Visto lo dispuesto en el artículo 72 del antecitado texto legal, relativo a las instalaciones de energías renovables:

“En suelo rústico de protección económica, excepto en la subcategoría de protección agraria, y en suelo rústico común, se podrá autorizar, como uso de interés público y social, la instalación de plantas de generación de energía fotovoltaica, eólica o cualquier otra proveniente de fuentes endógenas renovables no previstas en el planeamiento, siempre que no exista prohibición expresa en el plan insular de ordenación o en el planeamiento de los espacios naturales protegidos que resulten aplicables.”

2.7.- Visto el artículo 77 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, en el que se establece lo siguiente:

“1. Cuando los actos, construcciones y usos no ordinarios carezcan de cobertura expresa en el planeamiento, o del grado suficiente de detalle, su autorización por licencia requiere de la previa declaración, por el cabildo insular, del interés público o social de la actuación y de su compatibilidad, en su caso, con el planeamiento insular, sin perjuicio de los restantes informes sectoriales que sean legalmente exigibles.

2. El procedimiento para su otorgamiento y su contenido es el previsto en el artículo 79 de esta ley.”

2.8.- Visto el artículo 79 de la antecitada Ley 4/2017, en el que se establece lo siguiente:

“1. En el caso de actuaciones que no cuenten con cobertura en el planeamiento aplicable el procedimiento se tramitará conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, procediéndose por el ayuntamiento, como trámite subsiguiente a la admisión de la solicitud, a recabar del cabildo insular la declaración sobre la existencia o no de prohibición en el planeamiento insular y sobre el interés público o social de la actuación.

2. Recibida la solicitud, el cabildo correspondiente realizará los siguientes trámites:

a) Someterá el proyecto a información pública y a la audiencia, en su caso, de las personas propietarias de suelo incluidas en el proyecto, y de los colindantes.

b) Recabará, de forma simultánea a la información pública, los informes de las administraciones afectadas en sus competencias.

3. A la vista del resultado de los anteriores trámites, el cabildo emitirá declaración en el plazo de tres meses desde la recepción de la solicitud en el registro del cabildo correspondiente. En caso de no emitirse en plazo se entenderá contraria al interés público o social del proyecto. (…)”

2.9.- Con respecto a la documentación necesaria para tramitar la solicitud de interés público y social recogida en el artículo 78 de la Ley 4/2017, y con la documentación que se establece a partir de la aprobación del Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias (BOC nº 5, de 9.1.2019), en relación con los documentos que debe contener la solicitud, se comprueba lo siguiente:

a) Proyecto técnico, cuando fuere exigible, o documentación técnica que permita analizar y materializar, en su caso, la actuación. El Ayuntamiento remite un proyecto técnico del parque de 2018, una adenda al proyecto de la planta de febrero de 2019 y otro de la línea de 2018, tal y como se expone al principio del presente informe (apartado 1.1). Con posterioridad y tras varios actualizaciones presentadas se aporta la adenda del proyecto actualizado a agosto de 2022, que junto con el reformado II del proyecto técnico “línea subterránea MT y centro de protección y medida privados para evacuación de parque fotovoltaico llanos pelaos 2” (última versión octubre de 2019), plano identificativo del parque fotovoltaico y la línea de evacuación (plano PFVLLA2 plano 03 con vallado y acceso) y la Memoria descriptiva con especificación de las obras precisas de conexión con redes generales de servicios de febrero de 2020, conforman la documentación técnica de la actuación solicitada.

b) Presupuesto de las obras o actuación a ejecutar.

El presupuesto de la planta fotovoltaica según se recoge en la Adenda de 2022 asciende a 1.500.582,88 euros.

El de la línea de evacuación de MT y el centro de protección y medida asciende a 1.840.143,11 euros.

c) Memoria descriptiva y justificativa de la solución propuesta para el funcionamiento de las instalaciones proyectadas, con especificación de las obras precisas para la eficaz conexión de aquellas con las correspondientes redes generales de servicios y comunicaciones y garantía del mantenimiento de la operatividad y calidad de servicio de las infraestructuras públicas preexistentes. Según se expone en la Memoria descriptiva con especificación de las obras precisas de conexión con redes generales de servicios, no se precisa de conexiones de abastecimiento de agua ni a la red de saneamiento. Con respecto al punto de conexión cuenta con certificado de E-distribución de fecha 27 de abril de 2022 (Anexo 5 a la adenda de proyecto de 2022), donde se recoge que comunica el cumplimiento de acceso y conexión a la red de distribución de PFV Llanos Pelaos 1MW. Además, incluye (Anexo 6 a la adenda de proyecto de 2022) la actualización de la aceptabilidad de Red Eléctrica desde la perspectiva de la operación del sistema por afección a la red de transporte en la subestación Salinas 66Kv para el acceso de generación renovable a la red de distribución. Con respecto al acceso hasta la planta, cuenta con acceso desde la FV-413 que es el acceso utilizado por la depuradora municipal.

d) Declaración responsable de asunción de los compromisos, deberes y cesiones previstos por la legislación o el planeamiento, incluido el abono del canon por aprovechamiento en suelo rústico que se devengue por el otorgamiento de la licencia, en su caso. Junto con la documentación aportada inicialmente se incluye la Declaración responsable donde asume los compromisos, deberes y cesiones previstos por la legislación o el planeamiento, incluido el abono del canon en relación al parque fotovoltaico Llanos Pelaos II de fecha 31 de octubre de 2019.

e) Compromiso de ofrecimiento de garantía, por importe del 10% del coste total de las obras proyectadas, según el presupuesto de las mismas, para cubrir los gastos que puedan derivarse de los incumplimientos o de las infracciones o de las labores de restauración de los terrenos. Junto con la documentación aportada inicialmente se adjunta la Declaración responsable abono canon y garantía de fecha 31 de octubre de 2019.

f) Acreditación de la disponibilidad jurídica del suelo, vuelo o subsuelo afectados por la actuación, en los términos previstos en el presente reglamento. Se adjunta contrato de arrendamiento de 30 de octubre de 2015, donde se recoge que de la parcela 80 del polígono 20, se arriendan 100.000 m2, para las dos plantas, modificación del dicho contrato de 25 de octubre de 2017 para aclaración de varias cuestiones. Además, se aporta también Contrato de constitución de servidumbre de paso de energía eléctrica en Parcela 80, Polígono 20 de 15 de diciembre de 2021.

2.10.- Se recuerda el cumplimiento de los siguientes artículos de la Ley 4/2017, y del Plan Insular:

- Artículo 58.1 d) No será posible la colocación y el mantenimiento de anuncios, carteles, vallas publicitarias o instalaciones de características similares, pudiendo autorizarse exclusivamente los carteles indicativos o informativos con las características que fije, en cada caso, la administración competente.

- Artículo 58.1.f) de La Ley 4/2017: “Las construcciones deberán estar en armonía con las características arquitectónicas tradicionales y de implantación paisajística del medio rural en el que se insertan y con los elementos de valor arquitectónico de su entorno cercano y que sean debidamente incorporados al planeamiento general”.

- Artículo 58.1.g) de La Ley 4/2017: “Las edificaciones deberán presentar todos sus paramentos exteriores y cubiertas totalmente terminados, empleando las formas, materiales y colores que favorezcan una mejor integración en el entorno inmediato y en el paisaje”.

- Artículo 37.3.a) Asegurar la preservación del carácter rural del suelo y la no formación de asentamientos no previstos, así como la adopción de las medidas precisas para proteger el medioambiente y mantener el nivel de calidad de las infraestructuras y los servicios públicos correspondientes.

- Artículo 37.3.b) Garantizar la restauración, a la finalización de la actividad, de las condiciones ambientales de los terrenos y de su entorno inmediato.

- Artículo 37.3.c) Asegurar la ejecución de la totalidad de los servicios que demanden las construcciones e instalaciones autorizadas en la forma que se determine reglamentariamente.

- Deberá adaptarse a las normas de mimetismo para el exterior de la edificación, indicadas en el artículo 105.DV. del PIOF, recomendándose el uso de la piedra local en forma de mampostería quedando prohibido el chapado de piedra cualquiera que sea este. Si se utiliza el color habrá de elegirse entre los existentes en la “Tabla de color” del “Estudio de color de la isla”, con la limitación de que ha de ser el más parecido al del entorno paisajístico que rodea a la edificación en cuestión. Se admite indistintamente las texturas propias de un enfoscado, revoco o monocapa.

Resultado del informe: favorable a la declaración de interés público y social para la instalación de una planta de energía fotovoltaica de 2,25MW, denominada Llanos Pelaos 2 que ocupa una superficie de 6,134 Ha aproximadamente, en la parcela 80 del polígono 20 del término municipal de Antigua, condicionado a lo dispuesto en los siguientes informes de:

- Patrimonio Cultural,

- Carreteras,

- Medio Ambiente.

Y condicionado a lo que en su caso se establezca desde la Autorización Administrativa, desde la Declaración de Impacto Ambiental y desde el Consejo Insular de Aguas en su caso.

(...)”

Segunda.- El artículo 62 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (en adelante LSENPC), señala:

“Artículo 62. Usos, actividades y construcciones de interés público o social.

1. Excepcionalmente, en el suelo rústico, no categorizado de protección ambiental ni de protección agraria, podrán autorizarse usos industriales, energéticos, turísticos, dotacionales, de equipamiento y servicios, así como cualquier otro que no sea ordinario ni complementario de uso ordinario, siempre que se integren en actuaciones de interés público o social, contribuyan a la ordenación y el desarrollo rural o que deban situarse necesariamente en suelo rústico y que, además, ese uso e implantación no estuvieran expresamente prohibidos por el planeamiento.

(…)

3. Los usos energéticos incluyen todas las instalaciones destinadas a esa actividad que lo sean de acuerdo con la legislación sectorial, salvo aquellos que tienen carácter complementario de uso ordinario.

(…)

6. Con carácter general, los usos a que se refieren los apartados anteriores comprenderán las construcciones e instalaciones que los caractericen de acuerdo con la presente ley y la legislación sectorial correspondiente.”

De la lectura del apartado primero del citado artículo 62, con carácter excepcional cabe entender que se podrán autorizar los usos energéticos, siempre que se integren en actuaciones de interés público o social, y que el uso no estuviera expresamente prohibido por el planeamiento. En el mismo sentido, el artículo 74 LSENPC, al indicar en su apartado segundo:

“Los usos, actividades o construcciones en suelo rústico, distintos de los anteriores, requerirán la determinación expresa de su interés público o social con carácter previo al otorgamiento, en su caso, de licencia municipal (...)”

Tercera.- El artículo 74 de la LSENPC, establece en el régimen de los títulos habilitantes para el otorgamiento de usos, actividades y construcciones en suelo rústico, lo siguiente:

“Artículo 74. Usos, actividades y construcciones en suelo rústico.

1. Cualquier uso, actividad o construcción ordinario en suelo rústico está sujeto a licencia municipal, o, cuando así esté previsto, a comunicación previa, salvo aquellos exceptuados de intervención administrativa por esta ley, sin perjuicio, en su caso, de la obligación de recabar los informes que sean preceptivos de acuerdo con la legislación sectorial que resulte aplicable.

2. Los usos, actividades o construcciones en suelo rústico, distintos de los anteriores, requerirán la determinación expresa de su interés público o social con carácter previo al otorgamiento, en su caso, de licencia municipal.

3. Los proyectos de interés insular o autonómico promovidos por las administraciones públicas se someterán a su régimen específico, sin que precisen de licencia municipal.”

El citado precepto diferencia los usos, actividades y construcciones con cobertura en el planeamiento (apartado 1), de los actos y usos no ordinarios en suelo rústico que carezcan de cobertura expresa en el planeamiento (apartado 2), estableciéndose en este último caso, que en estos supuestos se requiere la previa declaración por el cabildo insular del interés público o social de la actuación con carácter previo a la licencia municipal.

De conformidad con lo anterior, continúa el artículo 77 determinando la regulación de los usos, actividades y construcciones en suelo rústico no previstos en el planeamiento:

“Artículo 77. No previstos en el planeamiento.

1. Cuando los actos, construcciones y usos no ordinarios carezcan de cobertura expresa en el planeamiento, o el grado suficiente de detalle, su autorización por licencia requiere de la previa declaración, por el cabildo insular, del interés público o social de la actuación y de su compatibilidad en su caso, con el planeamiento insular sin perjuicio de los restantes informes sectoriales que sean legalmente exigibles.

2. El procedimiento para su otorgamiento y su contenido es el previsto en el artículo 79 de esta ley.”

De conformidad con el artículo 79, que a su vez remite en cuanto al procedimiento concreto a lo regulado en el artículo 78, en cuyo apartado 2.a) del mismo, se recoge en síntesis que: “el ayuntamiento emitirá informe sobre la conformidad con el planeamiento y del grado de precisión para legitimar su ejecución, en su caso”. Pues, en el presente procedimiento consta informe técnico municipal de 22 de octubre 2021, que indica que se pone de manifiesto que los informes emitidos con anterioridad desde esta oficina técnica, contenían errores u omisiones de relevancia respecto a la cobertura en planeamiento de la actuación que se pretende y en el apartado de CONCLUSIONES recoge lo siguiente:

“(…)Vista la documentación del proyecto, en cuanto a la adecuación del planeamiento, el técnico que suscribe informa que, si bien no hay prohibición expresa en planeamiento para la ejecución del parque fotovoltaico en Suelo Rústico Común, el parque fotovoltaico y la línea de MT se encuentra también en suelo con categoría Rústico Común de Reserva. Por lo anteriormente expuesto, todas las actuaciones necesarias para implantar el parque solar fotovoltaico no estarían permitidas en el planeamiento municipal. (…)”

Si bien el informe técnico municipal reconoce expresamente que “las actuaciones no estarían permitidas en el planeamiento municipal” no reconoce que sea desfavorable (dado que siendo desfavorable entonces lo que procedería por el Ayuntamiento es conforme al 78.2.a) habría sido declarar directamente inadmisible la solicitud sin más trámites). No sucediendo el citado archivo pues el mismo se remite para la continuidad de la tramitación del citado procedimiento, por lo que cabe interpretar que el mismo no es desfavorable sino que no se encuentran amparadas expresamente por la normativa municipal aplicable.

No obstante lo anterior, además hemos de tener en cuenta que la Ordenanza Provisional Municipal del suelo rústico de Antigua (publicada su aprobación definitiva en el BOP de Las Palmas el 26.10.2018) en el artículo 20 se refiere al suelo rústico común de reserva y establece los usos que considera permitidos, pero no podemos obviar que la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, entra en vigor el 1 de septiembre de 2017, reconociendo expresamente en su Disposición Transitoria 2ª apartado 1, su “aplicabilidad directa e inmediata eficacia derogatoria”, obligando a los instrumentos de ordenación vigentes a la adaptación a su contenido en la primera modificación sustancial plena (desarrollada esa idea de eficacia directa incluso en el apartado V del preámbulo de la Ley).

Al hilo de lo anterior, además la LSENPC recoge expresamente la disposición derogatoria única, la derogación de todas aquellas disposiciones del mismo o inferior rango que se opongan a lo establecido en la presente ley (apartado 2) e incluso todas aquellas determinaciones contrarias contenidas en los instrumentos de ordenación vigentes en el momento de su entrada en vigor (apartado 3).

Es por ello, que es el propio artículo 72 de la LSENPC el que regula con carácter específico el uso relativo a las instalaciones de energías renovables, permitiendo sin distinción en el suelo rústico común (pues no distingue o especifica las subcategorías establecidas en el artículo 34.c), no distingue que solo esté permitido para el común ordinario o el común de reserva; como sí lo hace con el suelo rústico de protección económica que al referirse al mismo, excluye la subcategoría de protección agraria), por lo que indistintamente se permite con carácter específico por determinación legal la instalación en el suelo rústico común, así se define en el citado apartado:

“Artículo 72. Instalaciones de energías renovables.

En suelo rústico de protección económica, excepto en la subcategoría de protección agraria, y en suelo rústico común, se podrá autorizar, como uso de interés público y social, la instalación de plantas de generación de energía fotovoltaica, eólica o cualquier otra proveniente de fuentes endógenas renovables no previstas en el planeamiento, siempre que no exista prohibición expresa en el plan insular de ordenación o en el planeamiento de los espacios naturales protegidos que resulten aplicables.

(...)”

En conclusión, se constata que el citado uso carece de cobertura expresa en el planeamiento municipal, entendida como el reconocimiento expreso del uso de energía solar/implantación de planta solar en el citado suelo, así como la falta de grado suficiente de detalle, por lo que como conclusión, para la autorización por licencia urbanística del proyecto solicitado, se precisa la previa declaración por el Cabildo Insular del interés público o social de la actuación, y de su no prohibición en el planeamiento insular, siguiendo para ello el procedimiento previsto en el citado artículo 79 LSENPC.

Cuarta.- De conformidad con lo anterior, es necesario analizar el “interés público o social del proyecto”, y para ello la vigente Ley del Suelo, no contempla una definición expresa de los términos “interés público” e “interés social”. En los distintos textos legales vigentes, las referencias a dichos términos aparecen vinculadas a aquellas actuaciones que afectan al interés general y en consecuencia redundan en beneficio de la colectividad. Ambas expresiones, “interés público” e “interés social”, forman parte del conjunto de conceptos jurídicos indeterminados que existen en nuestro Derecho, por cuanto no admiten una cuantificación o determinación, pero en todo caso, debe ser precisado en el momento de la aplicación.

La aplicación de los conceptos jurídicos indeterminados, en cada caso concreto impone una única solución correcta (existe o no existe utilidad pública, se trata o no se trata de un justo precio, o en el caso concreto que nos ocupa, existe o no existe el interés público o social).

No obstante nos encontramos además ante una potestad discrecional del órgano competente y por tanto estamos ante una valoración realizada por la Administración (el citado órgano) en el ejercicio de dicha potestad en el que necesariamente habrán mediado criterios extrajurídicos, que suponen una libertad de elección entre alternativas igualmente justas; que implica que se dispone de un cierto margen de apreciación valorativo, para elegir entre las distintas opciones de planificación, debiendo elegirse la que mejor considere que cumple los intereses generales, discrecionalidad que esencialmente debe ser racional, lógico y sobre todo respetar los límites legalmente establecidos, por ello el órgano competente deberá justificar debidamente dentro del marco de esa discrecionalidad la decisión que mejor obedece a los intereses generales afectados, confirmándose la idoneidad, eficacia, incluso la eficiencia de tal decisión.

En el caso que nos ocupa y en orden a identificar los parámetros o motivos que permiten al órgano competente declarar dicho interés, es preciso analizar el marco normativo específico que resulta de aplicación y es por ello que cabe citar nuevamente el propio artículo 72 de la LSENPC el que viene a establecer para las instalaciones de energías renovables:

“En suelo rústico de protección económica, excepto en la subcategoría de protección agraria, y en suelo rústico común se podrá autorizar, como uso de interés público y social, la instalación de plantas de generación de energía fotovoltaica, eólica o cualquier otra proveniente de fuentes endógenas renovables no previstas en el planeamiento, siempre que no exista prohibición expresa en el plan insular de ordenación o en el planeamiento de los espacios naturales protegidos que resulten aplicables. (…)”

De la lectura del citado artículo se desprende que es la propia ley, la que ya en su articulado reconoce expresamente u otorga directamente a las instalaciones de energías renovables “el interés público o social”, siempre que no exista prohibición expresa, y ello justificado además en el preámbulo (apartado VIII, intitulado: en particular, la ordenación y utilización del suelo rústico) de la LSENPC, pues establece;

“(…) La ley parte de la diferencia que formula la legislación básica entre usos ordinarios y usos de interés público y social. Los usos ordinarios son aquellos conformes con el destino o vocación natural del suelo rústico (incluyendo, claro está, su aprovechamiento agrícola y ganadero), también merecen esta calificación los usos deportivos al aire libre con instalaciones desmontables. Los usos de interés público y social se refieren a actuaciones ajenas a ese destino, aun cuando su localización en el ámbito rural sea adecuada por contribuir a su desarrollo (es el caso de las construcciones turísticas, industriales o de servicios). Se trata de usos que, en la legislación hasta ahora vigente, se califican de usos de interés general.

(…)

Por su parte, los usos de interés público y social en todo caso se someten a licencia municipal, ahora bien, dada su condición extraordinaria, su otorgamiento se condiciona a la previa declaración del interés público y social de la iniciativa o proyecto, salvo que el proyecto esté previsto con suficiente grado de detalle en el planeamiento -aunque, aun así, se exige información pública y evaluación ambiental-. De ser necesaria, esa declaración corresponde al cabildo insular, previa audiencia a las administraciones afectadas y trámite de información pública. En caso de que la declaración sea favorable, el proyecto continuará su tramitación para la obtención de la licencia, incluyendo, claro está, su evaluación ambiental. La declaración deberá ser objeto de publicación oficial. De este modo, se mantiene el objetivo de que el ejercicio de la actividad requiera un único título habilitante, si bien, por su carácter no ordinario, se imponen las garantías descritas en su tramitación.”

Pero, además pudieran identificarse “otros criterios o justificaciones” que permiten al órgano competente declarar dicho interés, como pudiera ser la referencia al marco normativo específico que resulta de aplicación; en este sentido, a nivel nacional, la energía fotovoltaica cuenta con una posición estratégica dentro del Plan Especial de Energías Renovables 2011/2020. Asimismo, la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, considera el suministro de energía eléctrica como un servicio de interés económico general y todo ello dentro del marco de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009 relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE (publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, de 5.6.2009, nº L 140/16), cuyo objeto viene definido en su artículo 1 y por el que se establece:

“La presente Directiva establece un marco común para el fomento de la energía procedente de fuentes renovables. Fija objetivos nacionales obligatorios en relación con la cuota de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de energía y con la cuota de energía procedente de fuentes renovables en el transporte. Establece normas relativas a las transferencias estadísticas entre Estados miembros, los proyectos conjuntos entre Estados miembros y con terceros países, las garantías de origen, los procedimientos administrativos, la información y la formación, y el acceso a la red eléctrica para la energía procedente de fuentes renovables. Define criterios de sostenibilidad para los biocarburantes y biolíquidos.”

Por otro lado, en el propio PIOF-PORN (artículo 55 Determinación Vinculante) con respecto a las infraestructuras de energía eléctrica, se reconoce como medidas vinculantes y con carácter general:

“Potenciar el uso de las energías renovables mediante la ejecución de nuevos parques eólicos, entroncados a la red general de transporte de energía eléctrica, y la incentivación de la instalación de pequeñas unidades (mixtas: eólicas-diesel, paneles solares, etc.) en actividades agrícolas y pequeñas comunidades poblacionales aisladas de la red eléctrica general. (…)”.

Pudiera entenderse por todo lo anterior, por el órgano competente que el presente proyecto denominado: “Parque Fotovoltaico, línea MT Y CP Llanos Pelaos II de 2 MW” pueda considerarse vinculado a un uso de infraestructuras de energía, y en concreto a una instalación de energía renovable (de las contempladas en el artículo 72 de la LSENPC) siendo este uno de los objetivos nacionales de obligado cumplimiento por la normativa europea, que contribuye a incrementar el abastecimiento energético a partir de sus recursos propios, indicadores que permiten considerar la existencia de interés público e interés social, también.

Quinta.- De conformidad con el apartado segundo del artículo 79 de LSENPC, el proyecto ha sido sometido a información pública (BOP de Las Palmas nº 142, el 25.11.2020) y audiencia de los propietarios de suelo incluidos en el proyecto y de los colindantes, recibiéndose en este trámite únicamente escrito del propietario de la parcela 115, colindante a la parcela objeto de esta actuación, por el que manifiesta que no se opone a la ejecución del proyecto siempre que sea en la ubicación planteada por el propio proyecto ( el 7.4.2021, con registro de entrada nº 8.881).

Asimismo, se han recibido los informes de los siguientes Servicios y Administraciones:

- Del Servicio de Patrimonio Cultural de este Cabildo, informe técnico emitido el 21 de septiembre de 2020, que concluye en el siguiente sentido:

“(…) Primero.- Estudiada la documentación y planos de ubicación del parque fotovoltaico “Llanos Pelaos 2” se observa que la instalación se ubica en la parcela de referencia catastral 3500A020000800000TQ, consistiendo la misma además de la propia instalación con la correspondiente adecuación del terreno, de caminos de interconexión, zanjas para la instalación de circuito de baja y media tensión y sistema de vigilancia y vallado perimetral. Fuera del vallado perimetral del parque se localiza el camino de acceso al parque, el centro de seccionamiento y la línea de evacuación, gran parte esta última discurre además por otras parcelas.

Segundo.- En las inmediaciones de la parcela catastral reseñada y dentro de dicha parcela se localizan varios bienes culturales registrados en los distintos Inventarios existentes en el Servicio de Patrimonio Cultural.

Tercero.- Dentro de la parcela catastral se localizan D. bienes culturales registrados en el Inventario de bienes de la actividad ganadera tradicional con los números de registro ANTCOR-01 y ANTCOR-01 (se adjunta ficha) y otro bien registrado en el Inventario de Hornos de Cal con el número ANT-55 (se adjunta ficha), estos bienes están bastante próximos al lugar por donde discurre la línea de evacuación por tanto, estos tres bienes, antes de comenzar las obras para llevar a cabo dicha instalación, deberán ser balizados y señalizados a fin de evitar que los mismos se vean afectados directa o indirectamente por dichas obras y se deberá informar a los encargados de la vigilancia ambiental, operarios y demás personal de la existencia de los mismos para evitar toda afección negativa. Dentro de la parcela se localizan otros dos bienes registrados en el Inventario de Arquitectura Tradicional con los números de registro ANT-130 y ANT-131 (se adjunta ficha), bienes que se han de tener en cuenta para que no se vean afectados ni directa ni indirectamente por las obras de instalación del Parque.

Cuarto.- Fuera de la parcela catastral pero relativamente próxima a la misma se localizan dos bienes culturales, registrados en el Inventario de bienes Arqueológicos con los números de registro ATA-018 y ATA- 019 (se adjunta ficha) y próximo a la línea de evacuación que discurre fuera de la parcela catastral se localiza otro bien arqueológico registrado con en número ATA-029 (se adjunta ficha). Aparentemente estos bienes no tienen que verse afectados por las obras de la instalación del parque ni de la línea de evacuación, no obstante se le informa de la existencia de los mismos por cautela y protección, ya que se encuentran en el entorno inmediato al lugar de desarrollo de las obras y con el fin de evitar cualquier incidencia, directa o indirecta, sobre dichos bienes.

Advertir que el Inventario de Bienes Arqueológicos de Fuerteventura se realizó mediante la prospección superficial del territorio, sin sondeo arqueológico, por lo que se escapa de la metodología empleada el conocimiento de la existencia de restos arqueológicos en el subsuelo, por ello, en tareas de remoción o acondicionamiento de terrenos puede que aparezcan vestigios arqueológicos. En el supuesto caso de que apareciese algún vestigio se deberán paralizar las obras y comunicarlo inmediatamente al Servicio de Patrimonio Cultural tal y como establece el artículo 94 de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, que dice lo siguiente: quienes, como consecuencia de remoción de tierra, obras de cualquier índole o azar, descubran restos arqueológicos deberán suspender de inmediato la obra o actividad y ponerlo en conocimiento de las administraciones públicas competentes en materia de patrimonio cultural, en un plazo máximo de veinticuatro horas. No se podrá hacer público el hallazgo hasta haber realizado la citada comunicación y adoptado las medidas cautelares de protección adecuadas, a fin de no poner en peligro los bienes localizados o hallados. Este informe se emite para el ámbito señalado en la documentación descriptiva y gráfica adjunta a la solicitud de informe. (…)”

- Del Servicio Medio Ambiente, Resolución CAB/2020/6700 adoptada el 18 de enero de 2021, que informa en síntesis lo siguiente:

De acuerdo a las competencias asumidas por el órgano gestor de los espacios protegidos, por cuanto antecede, se informa:

Primero.- Las actuaciones definidas en la memoria técnica referida, no se localiza en ningún espacio natural protegido, así como tampoco en espacios Red Natura 2000. El mapa de especies protegidas señala la presencia de Columba livia livia, especie cinegética objeto de caza en el marco de la legislación nacional y autonómica.

Segundo.- A la hora de ejecutar el proyecto, con el fin de minimizar las posibles afecciones sobre el medio natural, se atenderá a lo siguiente:

• Se prohíbe cualquier actuación tipificada como infracción administrativa por la antes citada Ley 42/2007, de 13 de diciembre.

• Los residuos generados se gestionarán conforme a su naturaleza y normativa reguladora.

• Queda prohibido el vertido de cualquier tipo de residuo no autorizado.

• No se abandonará en el medio natural señalización o cualquier otro material que se utilice para la ejecución de las obras, debiendo ser retirado por el promotor una vez finalicen las obras.

• Se reducirá la velocidad de circulación en pistas a fin de evitar grandes nubes de polvo.

• En el caso de levantamiento de polvo debido al movimiento de tierras, se realizarán los riegos oportunos si fuera necesario, optimizando su uso.

• Los materiales sobrantes de la ejecución del proyecto han de ser convenientemente almacenados, no quedando nunca a la intemperie e impidiendo que sean desplazados por el viento.

• Se determinarán las zonas de acopio de materiales fuera de cursos intermitentes de agua de escorrentía.

• Una vez terminadas la actuación, se restaurarán las zonas alteradas por el paso y acopio de materiales, en su caso.

• En caso de que durante la fase de instalación y funcionamiento del proyecto, se produjera alguna incidencia en relación con alguna especie de flora y/o fauna protegida, se deberá comunicar al Departamento de Medio Ambiente.

• Se recomienda seguir buenas prácticas ambientales a la hora de ejecutar el proyecto, tales como aprovechar al máximo la luz natural, apagar los equipos y luces incandescentes que no se estén utilizando, mantener en buen estado los vehículos y la maquinaria pesada para evitar sobreconsumos de combustible, uso de maquinaria y equipos acordes para cada trabajo, con bajos niveles de ruido y emisión de gases o con silenciadores acústicos, adquirir productos que no tengan efectos negativos sobre la salud y el medio ambiente (bajo consumo de energía, etc.), utilizar materiales de construcción procedentes de almacén y/o distribuidor autorizado y extraídos de zonas próximas, minimizar la compra innecesaria de material potenciando la reutilización, etc.

El presente informe se redacta en relación a aspectos ambientales en el ámbito del trazado indicado para el proyecto en los mapas que la documentación adjunta, desconociendo la repercusión que sobre el medio ambiente, flora y fauna pudiera tener otras posibles actuaciones que la ejecución del proyecto pudiera requerir fuera de este.

(…)”

- Del Servicio de Carreteras de este Cabildo, informe técnico emitido el 24 de febrero de 2021, que concluye en el sentido siguiente:

“(…) En virtud de lo expuesto y en aplicación de lo dispuesto en los Títulos I, II y III de la Ley Territorial de Carreteras de Canarias 9/1991 y su reglamento de aplicación (Decreto 131/1995), se informa lo siguiente:

Primero.- Que la ubicación del Parque Solar Fotovoltaico Llanos Pelaos II, 2 MW no afecta a carreteras titularidad de esta Administración por situarse fuera de las zonas de protección de la carretera.

Segundo.- Que la línea de evacuación de la Planta solar fotovoltaica Llanos Pelados II tampoco afecta a carreteras titularidad de esta Administración por ubicarse fuera de las zonas de protección de la carretera.

Tercero.- Que deberá recabar el pronunciamiento de las demás administraciones afectadas por la instalación como pueden ser el Ayuntamiento de Antigua, como titular de la vía FV-413 en esa zona, y el Consejo Insular de aguas a Fuerteventura entre otras competencias concurrentes..(…)”

El promotor además aporta como Anexo 12 a la memoria de conexiones del proyecto, el informe de la Dirección General de Infraestructura Viaria de 23 de noviembre de 2018, emitido en el trámite de autorización administrativa del Gobierno de Canarias, donde se concluye que:

“(…) Por lo expresado en el apartado anterior de Consideraciones, el carácter del presente informe resulta ser favorable sobre la “Solicitud de Autorización Administrativa de la Instalación Parque Fotovoltaico Llanos Pelaos II de 2 MW (Expte.: ER18/0067)”.

No obstante lo anterior, y de acuerdo con lo que se ha indicado en el apartado anterior de Consideraciones de este informe, se considera que el Promotor de la actuación deberá obtener autorización del Cabildo de Fuerteventura por cruzar la Línea de Evacuación del Parque Fotovoltaico la carretera FV-413 de su titularidad en su P.K. 1,350, y por estimarse que pudiera existir la posibilidad de que se encuentren afectados yacimientos arqueológicos existentes en dicho barranco, además de tener que efectuar consulta al Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura por existir afección al Barranco de Muley. (…)”

- Se solicita informe al Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura (14 de septiembre de 2020, con registro de salida número 13.431) y a la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias (15 de julio de 2021, con registro de salida número 13.347) sin que se haya recibido informe o contestación alguna a día de hoy.

Sexta.- Con respecto a la competencia para la declaración del interés público o social, esto es a los efectos de establecer el órgano competente, ha de determinarse con carácter previo la naturaleza del acto administrativo de la declaración de interés público o social.

En este sentido, la LSENPC dedica el Capítulo III, Sección 2ª, artículos 76 y siguientes, a los actos y usos de interés público o social, distinguiendo entre aquellos actos y usos no ordinarios en suelo rústico con cobertura en el planeamiento (artículos 76 y 78), los cuales se entenderá que cuentan con declaración de interés público o social, de aquellos otros no previstos por el planeamiento, que carezcan de cobertura expresa en el planeamiento, o del grado suficiente de detalle (artículos 77 y 79). En ambos casos, señala que la previsión en el planeamiento debe contar con informe favorable del cabildo insular.

Por tanto, en cuanto al procedimiento de las actuaciones que carezcan de cobertura expresa en el planeamiento, o del grado suficiente de detalle, que es el presente supuesto, el artículo 77 dispone que se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 79, el cual para su inicio, remite al artículo 78, que regula los procedimientos con cobertura en el planeamiento y, que de conformidad con el artículo 76.2, el procedimiento para su otorgamiento y su contenido es el propio de las licencias municipales.

De todo lo anterior se puede afirmar que la naturaleza de la declaración de interés público o social, es la de una autorización preceptiva previa al otorgamiento de la licencia por el Ayuntamiento, en base a que la corporación municipal no podrá otorgar la licencia, si se declara la existencia de incompatibilidad con el planeamiento insular, o no se considere la iniciativa de interés público o social por parte del cabildo insular.

En este sentido con respecto al Órgano competente de este Cabildo Insular para la declaración del interés público o social, debemos acudir necesariamente al artículo 62 de la Ley de Cabildos, en coherencia con el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, por el que se establece que corresponde al Consejo de Gobierno Insular, la concesión de cualquier tipo de licencia salvo que la legislación sectorial la atribuya expresamente a otro órgano.

Como quiera que la Ley del Suelo no determina en ninguno de sus preceptos el órgano competente para declarar el interés público o social, existiendo un vacío legal al respecto, cabe entender que corresponde al Consejo de Gobierno Insular por no estar expresamente atribuida a otro órgano en la normativa sectorial, conforme a la atribución de competencias conforme al artículo 127 LRBRL de Gobierno Local y no esté expresamente prohibida su delegación. (…). Por lo anterior, y atendiendo al Certificado del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de diciembre de 2022, por el que se delegan en la Presidencia las competencias del Consejo de Gobierno Insular referidas a las atribuciones del artículo 127.2 párrafo e).

Vista la Propuesta de Resolución del Servicio, en la que se manifiesta que se ha tenido en cuenta en el expediente que sirve de base al presente decreto el procedimiento legalmente establecido

RESUELVO:

Primero.- Declarar el interés público y social y su compatibilidad con el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura del proyecto denominado “Parque Fotovoltaico, línea MT Y CP Llanos Pelaos II” de 2,25 MW de potencia instalada, que ocupa una superficie de 6,134 ha aproximadamente, en la parcela 80 del polígono 20 del término municipal de Antigua, a instancia de Llanos Pelaos Fotovoltaica, S.L., y todo ello condicionado a lo obtención, en su caso, de la autorización del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura y a lo dispuesto en el informe de Patrimonio Cultural y en la Resolución de Medio Ambiente que constan en el expediente, según los siguientes condicionantes específicos siguientes:

- En el supuesto caso de que apareciesen vestigios arqueológicos, en las tareas de remoción o acondicionamiento de terrenos, se deberán paralizar las obras y comunicarlo inmediatamente al Servicio de Patrimonio Cultural de este Cabildo Insular.

- Deberán ser balizados y señalizados los bienes culturales ANTCOR-01 y ANTCOR-01 y el número ANT-55, a fin de evitar que los mismos se vean afectados directa o indirectamente por dichas obras y se deberá informar a los encargados de la vigilancia ambiental, operarios y demás personal de la existencia de los mismos para evitar toda afección negativa.

- Se prohíbe cualquier actuación tipificada como infracción administrativa por la antes citada Ley 42/2007, de 13 de diciembre.

- Los residuos generados se gestionarán conforme a su naturaleza y normativa reguladora.

- Queda prohibido el vertido de cualquier tipo de residuo no autorizado.

- No se abandonará en el medio natural señalización o cualquier otro material que se utilice para la ejecución de las obras, debiendo ser retirado por el promotor una vez finalicen las obras.

- Se reducirá la velocidad de circulación en pistas a fin de evitar grandes nubes de polvo.

- En el caso de levantamiento de polvo debido al movimiento de tierras, se realizarán los riegos oportunos si fuera necesario, optimizando su uso.

- Los materiales sobrantes de la ejecución del proyecto han de ser convenientemente almacenados, no quedando nunca a la intemperie e impidiendo que sean desplazados por el viento.

- Se determinarán las zonas de acopio de materiales fuera de cursos intermitentes de agua de escorrentía.

- Una vez terminada la actuación, se restaurarán las zonas alteradas por el paso y acopio de materiales, en su caso.

- En caso de que durante la fase de instalación y funcionamiento del proyecto, se produjera alguna incidencia en relación con alguna especie de flora y/o fauna protegida, se deberá comunicar al Departamento de Medio Ambiente.

- Se recomienda seguir buenas prácticas ambientales a la hora de ejecutar el proyecto, tales como aprovechar al máximo la luz natural, apagar los equipos y luces incandescentes que no se estén utilizando, mantener en buen estado los vehículos y la maquinaria pesada para evitar sobreconsumos de combustible, uso de maquinaria y equipos acordes para cada trabajo, con bajos niveles de ruido y emisión de gases o con silenciadores acústicos, adquirir productos que no tengan efectos negativos sobre la salud y el medio ambiente (bajo consumo de energía, etc.), utilizar materiales de construcción procedentes de almacén y/o distribuidor autorizado y extraídos de zonas próximas, minimizar la compra innecesaria de material potenciando la reutilización, etc.

Segundo.- Se deberá proceder a la publicación en el Boletín Oficial de Canarias la presente Resolución, incluyendo su motivación, de conformidad con lo previsto en el artículo 79.6 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, conforme a la Ley de protección de datos personales.

Tercero.- Dar traslado del Acuerdo al Ayuntamiento de Antigua y al interesado, a los efectos oportunos.

Contra la Resolución que declare el interés público o social de la actuación no cabe recurso alguno conforme al artículo 29 del Reglamento de Intervención y Protección de la legalidad Urbanística de Canarias, sin perjuicio del que pudiera deducirse frente al acto municipal que ponga fin al procedimiento.

Puerto del Rosario, a 13 de enero de 2023.- El Presidente, Antonio Sergio Lloret López.

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