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BOC Nº 142. Lunes 12 de julio de 2021 - 3398

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III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda

3398 DECRETO 71/2021, de 1 de julio, por el que se declara urgente la ocupación de los bienes y derechos que constan en el Apéndice 1 del Anejo nº 18 del Proyecto Modificado nº 1 de las obras «LP-2. Bajamar-Tajuya. Tramo: San Simón-Tajuya. Isla de La Palma», aprobado técnicamente mediante la Orden de 29 de agosto de 2019, del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.

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BOC-A-2021-142-3398. Firma electrónica - Descargar

Examinado el procedimiento instruido por la Dirección General de Infraestructura Viaria de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda respecto de la orden departamental de referencia, resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El día 29 de agosto de 2019, el Consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda dictó la Orden nº 159, mediante la que se aprobó técnicamente el proyecto modificado nº 1 de las obras «LP-2 Bajamar-Tajuya. Tramo: San Simón-Tajuya. Isla de La Palma» y se declaró la necesidad de urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la ejecución del mismo y los relaciona. Dicha Orden departamental se publicó en el Boletín Oficial de Canarias nº 194, de 8 de octubre de 2019; mediante anuncio de 20 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Infraestructura Viaria.

Segundo.- En los procedimientos ordinarios nº 206/2019 y nº 214/2019, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda en Santa Cruz de Tenerife, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictó, el día 6 de abril de 2021, sendas sentencias por las que anuló la declaración de urgente ocupación contenida en la mencionada Orden nº 159, de 29 de agosto de 2019, del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda; aduciendo que el acto administrativo recurrido se hallaba incurso en causa de anulabilidad o nulidad relativa, ex artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Se trataba de nulidad relativa porque la incompetencia apreciada por el tribunal no es manifiesta por razón de la materia o del territorio, sino de carácter jerárquico y, por lo tanto, susceptible de convalidación por el Gobierno de Canarias, en cuanto superior jerárquico del órgano que la dictó.

Tercero.- El Gobierno de Canarias, mediante el Decreto 51/2021, de 20 de mayo (BOC nº 111, de 1 de junio), delegó en la persona titular de la Consejería de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias competente en materia de carreteras, el ejercicio de la competencia para declarar la necesidad de urgente ocupación de los bienes y adquisición de derechos correspondientes, a los fines de la expropiación, de ocupación temporal o de imposición o modificación de servidumbres, derivada de la ejecución de los proyectos de carreteras o de su modificación, prevista en el artículo 13 de la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias.

A los citados hechos les son de aplicación las siguientes

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I. En el ejercicio de sus competencias, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias goza de las potestades y privilegios propios de la Administración General del Estado y, en todo caso, la potestad expropiatoria, incluida la declaración de urgente ocupación de los bienes afectados y el ejercicio de las restantes competencias de la legislación expropiatoria atribuidas a la Administración General del Estado, cuando se trate de materia de competencia de la Comunidad Autónoma, según lo dispuesto en los artículos 62.1.c), 106.2.b) y 162 del Estatuto de Autonomía de Canarias, reformado mediante la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre; en relación con lo indicado en el artículo 34.b) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.

II. De acuerdo con lo contemplado en el artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, excepcionalmente, y mediante acuerdo del Consejo de Gobierno, podrá declararse urgente, en cualquier momento, la ocupación de los bienes afectados por la expropiación a que dé lugar la realización de una obra o finalidad determinada. En el expediente que se eleve al Consejo de Gobierno deberá figurar, necesariamente, la oportuna retención de crédito, con cargo al ejercicio en que se prevea la conclusión del expediente expropiatorio y la realización efectiva del pago, por el importe a que ascendería el justiprecio calculado en virtud de las reglas previstas para su determinación en dicha Ley. Tal declaración implicará, entre otras consecuencias, que se entenderá cumplido el trámite de declaración de necesidad de la ocupación de los bienes que hayan de ser expropiados, según el proyecto y replanteo aprobados y los reformados posteriormente, y dará derecho a su ocupación inmediata.

III. El artículo 56 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, aprobado mediante el Decreto de 26 de abril de 1957, en relación con lo indicado en el artículo 83.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que el acuerdo en que se declare la urgente ocupación de bienes afectados por una expropiación deberá estar debidamente motivado, con la exposición de las circunstancias que, en su caso, justifican el excepcional procedimiento previsto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa y conteniendo referencia expresa a los bienes a que la ocupación afecta o al proyecto de obras en que se determina, así como el resultado de la información pública en la que por plazo de veinte días, se haya oído a los afectados por la expropiación de que se trate.

IV. Corresponde a la Dirección General de Infraestructura Viaria la gestión y resolución de los expedientes de expropiación forzosa del departamento, comprendiendo todas las funciones inherentes al ejercicio de dicha atribución, así como la inscripción en el Registro de la Propiedad y modificación catastral de los bienes expropiados, al amparo de lo preceptuado en el apartado A).13 del artículo 17 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, aprobado mediante el Decreto 63/2020, de 2 de julio. Por su parte, al Consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda le corresponde la aprobación de los proyectos de obras relativos a actuaciones en las materias propias de la consejería, tal y como señala el apartado 7, del artículo 6 y el artículo 1 del citado Reglamento Orgánico.

V. El artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas señala que la aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la misma. Pues bien, mediante informe de 10 de julio de 2019 del Jefe de Proyectos y Obras y la Jefa del Área de Carreteras de la Dirección General de Infraestructura Viaria se motiva la necesidad de la urgente ocupación de bienes y derechos afectados por la ejecución del proyecto, basándose en las circunstancias siguientes:

«El proyecto modificado nº 1 de las obras del acondicionamiento de la carretera LP-2. Tramo: San Simón-Tajuya. Isla de La Palma, se encuentra actualmente en avanzado estado de tramitación, siendo previsible su aprobación técnica a corto plazo. El presente documento tiene por objeto exponer la situación real del avance de las obras así como la necesidad de contar con la urgente ocupación, basada en la imposibilidad de culminar la actuación actualmente en ejecución, mientras no se dispongan de los terrenos afectados, lo que deriva en la continuidad de los graves problemas de seguridad vial y pública de la vía existente.

Las obras referenciadas en el asunto se iniciaron el 5 de mayo de 2011, tras la firma del correspondiente firma del acta de replanteo. Sin embargo, como se expondrá a continuación, las actuaciones en la vía tuvieron un precedente digno de mención.

Las obras de acondicionamiento de la carretera LP-2 recogida en el actual expediente cuenta con un inicio marcado por circunstancias de emergencia, decretada tras los daños ocasionados por un temporal de lluvia y viento que azotó la isla de La Palma entre los días 21 y 24 de diciembre de 2009.

Dicho temporal afectó de modo especial a los municipios de la Villa de Mazo y Fuencaliente de La Palma y, especialmente en este último, provocó la generación de torrenteras aleatorias con fuerte erosión del suelo que no solo invadieron con acarreos las zonas de calzada, sino que también provocaron el descalce del borde externo del terraplén, el desplazamiento y desplome de muros de sostenimiento así como graves daños por atascos a las obras de drenaje existentes.

Dada la situación que se generó, con un cierre de tráfico en la totalidad de vía, se establecieron 11 zonas prioritarias de actuación con el objetivo único de garantizar de nuevo el paso de vehículos. Dichas obras se encuentran incluidas dentro del propio trazado del acondicionamiento de la LP-2, cuyas obras dieron inicio en mayo de 2011, como se indicó, justo tras la finalización de las citadas obras de emergencias.

A las lluvias torrenciales, y como factor principal y elemento de elevado riesgo, se une que la zona sureste-sur-suroeste de la isla, debido al tipo de vegetación existente (fundamentalmente comunidades de pino canario), así como por la temperatura y condiciones geomorfológicas, es un área de elevado riesgo de incendio. Desde el año 2009 y hasta la actualidad la zona ha sufrido cuatro grandes incendios:

1. En el verano de 2009 se produjo un gran incendio que afectó a más de 3.400 Ha en la Villa de Mazo.

2. En julio de 2016, el municipio de El Paso sufrió un incendio durante 53 días que provocó más de 700 Ha arrasadas.

3. Ese mismo año, durante el mes de agosto el fuego destrozó más de 2.000 Ha en el municipio de Mazo.

4. El 3 de agosto de 2017 se declara un gran incidió que afecta a los municipios de El Paso y Villa de Mazo en torno a las 5.000 Ha de terreno, de las cuales el 90% se encuentra dentro de Espacio Natural Protegido.

Además del importante daño ecológico, estético y paisajístico, los incendios generan un importante cambio en los suelos, al perder la vegetación y materia orgánica por combustión, generando una disgregación progresiva de los mismos. La ceniza depositada provoca una impermeabilización del suelo que unida a las elevadas pendientes de la isla, genera un porcentaje de infiltración del agua de lluvia prácticamente inexistente, y por tanto, la mayor facilidad para producir escorrentías con lluvias de menor intensidad.

Todos estos incendios afectan a las áreas de cabecera y desarrollo de los barrancos y taludes que intercepta la actual carretera LP-2. Por tanto, es frecuente en la vía con episodios de lluvia de intensidad media-baja la aparición de problemas de escorrentía con transporte de acarreos y encharcamiento de la calzada.

Todas estas situaciones provocan riesgos graves para la seguridad vial. Con la ejecución de las mejoras en el drenaje recogidas en el proyecto; ejecución de cunetas para drenaje longitudinal (en la actualidad inexistentes en la vía), mejora y aumento de las obras de drenaje transversal bajo calzada, así como desmonte y excavación de los taludes próximos a la vía eliminando los materiales que conforman los acarreos más próximos se permitirá controlar de forma adecuada esta situación, o al menos mitigar la mayoría de los riesgos que se producen.

A todo ello se añade la incertidumbre existente en determinados taludes que presentan serios problemas de inestabilidad y desprendimientos que ocasionan importantes riesgos a terceros. La posibilidad de actuar en estas zonas con el nuevo trazado y dotar por un lado, de un ángulo de mayor estabilidad al talud a la vez que se realiza su limpieza y desbroce, y del otro, el aumento del ancho de plataforma y por tanto la posibilidad de vías de escape, permite un beneficio claro para la seguridad de todas los conductores que utilizan a diario la vía LP-2.

La carretera LP-2, bajo titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, está incluida dentro de la red de interés regional y constituye el eje viario básico del Sur-este y Sur-Oeste insular. Conecta el núcleo poblacional y turístico de Fuencaliente con Santa Cruz de La Palma (capital de la isla), con los principales servicios básicos como puerto, aeropuerto y hospital general y con la Comarca del Valle (Los Llanos de Aridane-Tazacorte), tratándose por tanto de una conexión imprescindible e insustituible para este municipio.

Así pues, la carretera es fundamental no solo en la estructura viaria insular, sino en este caso y muy especialmente, como eje vertebrador del municipio de Fuencaliente, que cuenta en la actualidad con una de las dotaciones más modernas para alojamiento turístico de la isla, así como puntos de interés principales y por tanto es foco emisor y destino de numerosos desplazamientos viarios con fin turístico y/o laboral, en la isla.

La vía actual fue construida alrededor de los años 50 y hasta la actualidad únicamente se han realizado pequeñas obras de mejora en correcciones de trazado y reasfaltados. El diseño de la carretera responde a parámetros y características geométricas deficientes tanto en su trazado en planta, marcado por curvas sinuosas con radios reducidos, como en sección transversal, al disponer de carriles en muchos puntos con ancho inferior a los 3 metros, sin arcenes, lo que hace que el cruce de vehículos pesados se realice con muchas dificultades.

Actualmente, y con una IMD estimada próxima a los 2.500 vehículos al día, el pavimento se encuentra completamente deteriorado, además de carecer de las necesarias y obligatorias medidas de seguridad como arcenes y defensas viales, de nuevo en este caso, elementos generadores de riesgo a la seguridad pública que pueden ser solventados mediante la ejecución del Proyecto de Acondicionamiento de la carretera.

La calidad paisajística de la zona y la permisividad de las pendientes en relación a otras vías de la isla, generan un tránsito relativamente importante de ciclistas en la vía, sin que se disponga de un espacio adecuado para ello, generando por tanto un riesgo para su integridad física así como para la seguridad vial.

La realización de las obras contempladas en el proyecto, consistentes en un acondicionamiento con características geométricas muy superiores, permitirán adecuar y resolver los problemas anteriormente expuestos con una sustancial reducción de tiempos de desplazamiento desde y hacia el municipio y fundamentalmente un aumento de la comodidad y seguridad de los viajes. Por último, la inclusión de un carril para la separación del tráfico ciclista-peatonal eliminará la peligrosidad e inseguridad actual para este tipo de usuarios.

Ante lo expuesto, cualquier incremento en el plazo de finalización de las obras del expediente de referencia, supondría el mantenimiento de la situación actual de riesgo para la seguridad de los usuarios de la infraestructura, incrementado por la propia presencia de trabajos en la vía en zonas con imposibilidad de conexión y finalización, además del aumento del aislamiento del municipio de Fuencaliente.

La falta de disponiblidad de los terrenos viene afectando de forma importante a la capacidad de trabajo de la obra, pudiendo provocar la imposibilidad de ejecutar la totalidad de la misma.

En base en todo lo anteriormente relacionado, y fundamentalmente teniendo como antecedente la dificultad en la obtención de los terrenos requeridos por las obras, así como que un retraso en la finalización de las obras conlleva la exposición de los usuarios de la vía a las situaciones de riesgo por desprendimientos de grandes magnitudes, así como a una eventual repetición de escenarios de cierres de la carretera con las graves consecuencias que supone para la isla, se propone que se inste ante el órgano competente la declaración de la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa incluidos en el correspondiente Anejo, para la inmediata ejecución de las obras del Proyecto Modificado nº 1 del "Acondicionamiento de la Carretera LP-2. Tramo: San Simón-Tajuya. Isla de La Palma", de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y, por tanto, la declaración de urgente ocupación en la Orden del Titular del Departamento que apruebe este proyecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Ley 9/1991 de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias.»

VI. La utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y la adquisición de los derechos afectados por la expropiación forzosa, resulta implícita en la aprobación del proyecto de construcción de referencia por el Consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, mediante la Orden nº 159, de 29 de agosto de 2019, a tenor de lo establecido en los artículos 13.1 de la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias y 27.1 del Reglamento de Carreteras de Canarias, aprobado por el Decreto 131/1995, de 11 de mayo.

VII. Conforme a lo indicado en los apartados 1 y 2, del artículo 13 de la citada Ley de Carreteras de Canarias, la aprobación de los proyectos de carreteras implicará la declaración de utilidad pública y, en su caso y motivadamente la necesidad de urgente ocupación de los bienes y adquisición de derechos correspondientes, a los fines de la expropiación. La declaración de utilidad pública y, en su caso y motivadamente la necesidad de urgente ocupación se referirá también a los bienes y derechos comprendidos en el replanteo del proyecto, incluyendo la denominada zona de dominio público, así como en las modificaciones de obra que puedan aprobarse posteriormente.

Ahora bien, en los fundamentos de Derecho de las sentencias nº 103/2021 y 104/2021, de 6 de abril de 2021, dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección segunda en Santa Cruz de Tenerife, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias se aduce lo siguiente:

«Primero.- La Ley 9/1991, de 8 de mayo, de carreteras de Canarias prevé en su artículo 10.Uno que corresponde a la Consejería competente: "(...) 2. Aprobar los estudios y proyectos en sus distintos niveles".

Por su parte, el Decreto 63/2020, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, en su artículo 6 establece que corresponde al Consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, entre otras competencias, "7. La aprobación de los estudios y proyectos de obras relativos a actuaciones en las materias propias de la Consejería." Pero ni este artículo 6, ni tampoco los artículos 7 (Funciones y atribuciones en materia de obras públicas) ni 8 (Funciones y atribuciones en materia de carreteras) del citado Decreto 63/2020 establecen que corresponda al titular de la Consejería la competencia para acordar la urgencia en una expropiación forzosa. Como tampoco lo prevé el artículo 10 de la Ley de Carreteras de Canarias (LCC) y estas son las normas atributivas de competencia.

La administración recurrida, sin embargo, incide en el artículo 13.1 LCC:

"La aprobación de los proyectos de carreteras implicará la declaración de utilidad pública y, en su caso y motivadamente la necesidad de urgente ocupación de los bienes y adquisición de derechos correspondientes, a los fines de la expropiación, de ocupación temporal o de imposición o modificación de servidumbres."

Nos encontramos, por tanto, ante dos cláusulas. La primera prevé el efecto necesario: "La aprobación de los proyectos de carreteras implicará la declaración de utilidad pública (...)"; la declaración de utilidad pública se produce necesariamente por la aprobación del proyecto y si nos interrogamos acerca de quién aprueba el proyecto la respuesta es que el titular de la Consejería y esa respuesta deriva del contenido de los artículos 10.Uno.2 LCC y 6.7 del Decreto 63/2020, de 2 de julio.

Segunda cláusula: "(...) y, en su caso y motivadamente la necesidad de urgente ocupación"; ya no estamos ante un efecto necesario, sino contingente ("en su caso"), y debemos preguntarnos si ese acaso lo decide quien aprueba el proyecto o si este "en su caso" implica también que debe intervenir otro órgano o autoridad. El punto de partida para interpretar la norma es que la atribución de competencias ya ha sido establecida previamente por el artículo 10 LCC y por el Decreto 63/2020, de 2 de julio y estas disposiciones no atribuyen al titular de la Consejería competencia específica para acordar la urgencia. La urgencia tiene sustantividad propia, exige un juicio propio acerca de las circunstancias y por tanto no es una consecuencia de la declaración de utilidad pública, ni tiene carácter accesorio a la misma y por ello entendemos que no cabe, sin más, entender que la competencia para declararla esté comprendida dentro de la competencia para declarar la utilidad pública, ni que se trate de una potestad implícita. Antes al contrario, entendemos que la competencia para declarar la urgencia corresponde al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma.

Interpretación coherente, desde un punto de vista sistemático, con lo previsto para el ámbito de la Administración General del Estado por el artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa, que reserva la competencia para declarar la urgencia al Consejo de Ministros.

El acto administrativo recurrido se halla incurso, por tales razones, en causa de anulabilidad o nulidad relativa, ex artº. 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP). Entendemos que se trata de nulidad relativa porque la incompetencia apreciada no es manifiesta por razón de la materia o del territorio, sino de carácter jerárquico.»

VIII. Las sentencias que, siendo susceptibles de casación, hayan sido dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia solo serán recurribles ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo si el recurso pretende fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o de la Unión Europea que sea relevante y determinante del fallo impugnado, siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora. Cuando el recurso se fundare en infracción de normas emanadas de la Comunidad Autónoma (como es el presente caso) será competente una Sección de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que tenga su sede en el Tribunal Superior de Justicia compuesta por el Presidente de dicha Sala, que la presidirá, por el Presidente o Presidentes de las demás Salas de lo Contencioso-Administrativo y, en su caso, de las Secciones de las mismas, en número no superior a dos, y por los Magistrados de la referida Sala o Salas que fueran necesarios para completar un total de cinco miembros, conforme a lo previsto en los apartados 1 y 3, del artículo 86 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Por su parte, conviene traer a colación lo indicado en el fundamento de Derecho segundo del Auto nº 63/2019, de 11 de abril, de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (JUR\2019\196936):

«Esta Sección, en Auto de 22 de junio pasado (Recurso de Casación 4161/17, también en el Auto de 5 de julio de 2017, recurso 4184/17) acogió el criterio -con cita a su vez de la doctrina que se recoge en el Auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 170/2017, y del Auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 10 de mayo de 2017- según el cual, el fundamento de la concurrencia de un interés casacional objetivo basado en que no existe jurisprudencia sobre el tema discutido, no es suficiente para admitir a trámite el recurso.

(...)

Dejando al margen el examen de cada uno de tales supuestos de interés casacional objetivo y su necesaria acomodación a la naturaleza y finalidad del recurso de casación autonómico, cumple dejar sentado que, en general, la existencia de "jurisprudencia" sobre la cuestión controvertida conlleva la ausencia de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, con las únicas salvedades de que fuera necesario matizarla, precisarla o concretarla para realidades jurídicas diferentes a las ya contempladas en esa jurisprudencia (véanse los AATS de 15 de marzo de 2017, Rec. 91/2017, de 29 de marzo de 2017, Rec. 302/2016, y de 3 de abril de 2017, Rec. 124/2016), o debiera ser reafirmada o corregida por haberse apartado la resolución recurrida de la jurisprudencia existente; salvedades ambas que, en principio, solo resultarían apreciables, tratándose del recurso de casación autonómico interpuesto contra sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo cuando, ante cuestiones sustancialmente iguales, se hubieran seguido en su seno, por la misma o diferentes Secciones, interpretaciones del Ordenamiento jurídico autonómico contradictorias entre sí, pues solo en tal caso se haría necesario un pronunciamiento de la Sección especial de casación que unificara la jurisprudencia.

En verdad, la primera de las salvedades expresadas, consistente en la necesidad de matizar, precisar o concretar la jurisprudencia existente para realidades jurídicas diferentes a las ya contempladas en esa jurisprudencia, resulta de imposible aplicación al recurso de casación autonómico, puesto que en este recurso la "jurisprudencia" se encontraría fijada precisamente por la sentencia impugnada para una concreta realidad jurídica que coincidiría, como es natural, con la realidad jurídica que subyace en el recurso de casación.

La trascendencia de estas afirmaciones reside en el hecho de que, fijado un determinado criterio sobre la interpretación y la aplicación de las normas autonómicas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, ha de concluirse que existe ya "jurisprudencia" formada sobre la cuestión litigiosa y, por ende, con la salvedad antes expresada, no podría apreciarse interés casacional para formación de jurisprudencia, aun cuando concurrieran las circunstancias que conforman los diferentes supuestos de los apartados 2 y 3 del artículo 88 LJCA.

(...)

La interpretación sistemática de los diferentes supuestos de interés casacional objetivo, enunciados en el artículo 88, junto a la propia significación de ese concepto jurídico indeterminado, por un lado, y el hecho innegable de que la "jurisprudencia" sobre Derecho autonómico se forma por las sentencias dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, por otro lado, en la medida que sobre la cuestión litigiosa exista un criterio jurisprudencial establecido por la propia Sala o cualquiera de sus Secciones, en principio, el recurso de casación no tendrá sentido desde la perspectiva del interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, justamente, porque la "jurisprudencia" ya estaría formada.

Por consiguiente, a salvo de la existencia de supuestos de interés casacional objetivo no expresamente previstos en el artículo 88 LJCA y del juicio que merezca en cada caso el supuesto de presunción de interés casacional de la letra c) del artículo 88.3 LJCA, únicamente cabría admitir la existencia de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia en el recurso de casación autonómica frente a sentencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia cuando (i) se observara contradicción entre el criterio sostenido por la sentencia impugnada, en interpretación de normas de Derecho autonómico en que se fundamenta el fallo, y el seguido por otra u otras sentencias de la misma Sala sobre cuestiones sustancialmente iguales -incardinable en el supuesto del apartado a) de artículo 88.2 LJCA-, excepción hecha de aquellos supuestos en que ello se deba a un legítimo y razonado cambio de criterio de la misma Sección o Tribunal (véanse las SSTS de 24 de mayo de 2012, rcud 99/2010, y de 13 de enero de 2014, rcud 867/2013); y (ii) la resolución recurrida se apartará deliberadamente de la "jurisprudencia" sobre Derecho autonómico existente hasta entonces subsumible en el apartado b) del artículo 88.3 LJCA- con la única salvedad de que el apartamiento lo fuera respecto del criterio sostenido con anterioridad por la misma Sección.

En verdad, este segundo supuesto conlleva la existencia interpretaciones contradictorias del ordenamiento jurídico autonómico sobre cuestiones sustancialmente iguales siendo por ello reconducible al primero de los supuestos enunciados.

En ambos casos se haría necesario un pronunciamiento de la Sección especial de casación autonómica que estableciera un criterio claro y seguro sobre la cuestión, resolviendo las contradicciones doctrinales existentes entre la sentencia recurrida y aquella o aquellas otras de la misma Sala alegadas como sentencias de contrate; sirve así el recurso de casación autonómica al principio de seguridad jurídica y, por su intermediación, al de igualdad en la aplicación de la ley (artículos 9.3 y 14 de la Constitución Española).

En los restantes supuestos de los apartados 2 y 3 del artículo 88 LJCA no cabría apreciar la presencia de interés casacional para la formación de "jurisprudencia" sobre Derecho autonómico, puesto que la existencia de esta, representada por la doctrina recogida en la propia sentencia que se pretende recurrir, haría innecesario un nuevo pronunciamiento de la Sala sobre el particular. El recurso de casación autonómica no se articula para que el Tribunal de casación -la Sección especial de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de los párrafos segundo y tercero del artículo 88.3 LJCA- someta a revisión la "jurisprudencia" sentada por la propia Sala sino para cumplir la función de formación de jurisprudencia, solo posible cuando resulta contradictoria.»

Pues bien, en el caso que nos ocupa, existen dos sentencias de una Sección de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que ya han fijado un criterio y, no constando otras sentencias de otra sección o Sala de lo Contencioso-Administrativo del mismo tribunal que hayan fijado un criterio contradictorio, huelga hacer un análisis del posible interés casacional objetivo a que se refiere el artículo 88 de la mencionada Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, puesto que ya existe «jurisprudencia» sobre el asunto en cuestión. Por consiguiente, el Gobierno de Canarias estima inoportuno interponer recurso de casación contra las indicadas sentencias, puesto que se trata de un recurso extraordinario que posee un ámbito restringido de las potestades jurisdiccionales de revisión. Además, este parecer resulta plenamente coherente con la delegación realizada por el Gobierno de Canarias en la persona titular de la consejería de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias competente en materia de carreteras, respecto del ejercicio de la competencia para declarar la necesidad de urgente ocupación de los bienes y adquisición de derechos correspondientes, a los fines de la expropiación, de ocupación temporal o de imposición o modificación de servidumbres, derivada de la ejecución de los proyectos de carreteras o de su modificación, prevista en el artículo 13 de la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias; operada mediante el Decreto 51/2021, de 20 de mayo (BOC nº 111, de 1 de junio).

IX. Según lo contemplado en artículo 48.1, en relación con lo previsto en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 52 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder, son anulables.

La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan; de modo que si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado.

El acto de convalidación producirá efecto desde su fecha, salvo lo dispuesto en el artículo 39.3 de la mencionada Ley para la retroactividad de los actos administrativos.

X. Los actos de las administraciones públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas; tal y como se prevé en los apartados 1 y 3, del artículo 39 de la referida Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Con el fin de llevar a puro y debido efecto el fallo contenido en las sentencias judiciales citadas, mediante el presente decreto se procede a convalidar la declaración de urgente ocupación de los bienes y derechos relacionados en la Orden nº 159, de 29 de agosto de 2019, del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda; por lo que resulta acertado asignar a dicho decreto efectos retroactivos desde la mencionada fecha.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, y previa deliberación del Gobierno en su reunión celebrada el día 1 de julio de 2021,

D I S P O N G O:

Primero.- Declarar urgente la ocupación de los bienes y derechos que constan en el apéndice 1 del anejo nº 18 del proyecto modificado nº 1 de las obras «LP-2. Bajamar-Tajuya. Tramo: San Simón-Tajuya. Isla de La Palma», aprobado técnicamente mediante la Orden nº 159, de 29 de agosto de 2019, del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda; convalidando así la declaración explicitada en dicha orden departamental, publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 194, de 8 de octubre de 2019, mediante anuncio de 20 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Infraestructura Viaria, que figura como anexo.

Segundo.- El presente Decreto producirá efectos desde el día 29 de agosto de 2019.

Contra este acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala competente de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación; significando que, en el caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse. No obstante, en el caso de tratarse de administraciones públicas se acudirá al requerimiento previo previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Dado en Canarias, a 1 de julio de 2021.

EL PRESIDENTE

DEL GOBIERNO,

Ángel Víctor Torres Pérez.

EL CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS,

TRANSPORTES Y VIVIENDA,

Sebastián Franquis Vera.

Ver anexo en las páginas 30379-30413 del documento Descargar

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