Gobierno de Canarias

Comunidad Autónoma de Canarias

Boletín Oficial de Canarias

Estás en:

BOC Nº 81. Miércoles 21 de abril de 2021 - 2135

ATENCION. La versión HTML de este documento no es oficial. Para obtener una versión oficial, debe descargar el archivo en formato PDF.

III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud

2135 Secretaría General Técnica.- Resolución de 31 de marzo de 2021, por la que se ordena la publicación del Convenio entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, y la Asociación Opción 3 para la ejecución de medidas judiciales no privativas de libertad, de carácter no residencial, impuestas a personas menores de edad conforme a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de menores, especializada en violencia intrafamiliar en la isla de Gran Canaria.

34 páginas. Formato de archivo en PDF/Adobe Acrobat. Tamaño: 892.18 Kb.
BOC-A-2021-081-2135. Firma electrónica - Descargar

ANTECEDENTE DE HECHO

Único.- El 30 de marzo de 2021, se formalizó un Convenio entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, y la Asociación Opción 3 para la ejecución de medidas judiciales no privativas de libertad de carácter no residencial impuestas a personas menores de edad conforme a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de menores, especializada en violencia intrafamiliar en la isla de Gran Canaria.

Está inscrito en el Registro de Convenios del Departamento con fecha 30 de marzo de 2021 con el nº RCO2021TF00004, con una vigencia desde el día 1 de abril de 2021 hasta el día 31 de diciembre de 2022, ambos inclusive.

Al anterior, le es de aplicación el siguiente

FUNDAMENTO JURÍDICO

Único.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, y en el artículo 20 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias de Canarias, se deberán publicar los convenios en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los veinte días siguientes a su firma. En el mismo plazo también deberán publicar en el citado diario oficial los anexos, adendas, prórrogas y otros actos de modificación o extinción del convenio.

Por lo anterior, y en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 13.2.r) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, aprobado por Decreto 43/2020, de 16 de abril,

R E S U E L V O:

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Convenio entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, y la Asociación Opción 3 para la ejecución de medidas judiciales no privativas de libertad, de carácter no residencial, impuestas a personas menores de edad conforme a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de menores, especializada en violencia intrafamiliar en la isla de Gran Canaria, cuyo texto se acompaña como anexo.

Santa Cruz de Tenerife, a 31 de marzo de 2021.- La Secretaria General Técnica, Marlene Santana Rodríguez.

A N E X O

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD Y LA ASOCIACIÓN OPCIÓN 3 PARA LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD DE CARÁCTER NO RESIDENCIAL IMPUESTAS A PERSONAS MENORES DE EDAD CONFORME A LA LEY ORGÁNICA 5/2000, DE 12 DE ENERO, REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE MENORES, ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LA ISLA DE GRAN CANARIA.

En Canarias, a 30 de marzo de 2021.

INTERVIENEN

De una parte, la Excma. Sra. Noemí Santana Perera, Consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, en virtud de su nombramiento mediante el Decreto 121/2019, de 17 de julio, del Presidente, por el que se nombra a los Consejeros y a las Consejeras del Gobierno de Canarias (BOC nº 137, de 18.7.19), actuando en nombre y representación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias virtud de las competencias que le otorga el artículo 29.1, letra k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, y con arreglo a lo previsto en los artículos 5.1 y 5.6 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, aprobado por Decreto 43/2020, de 16 de abril.

De otra parte, el Sr. D. Martín Lomas Álvarez, con Documento Nacional de Identidad ****0136*, en su condición de Presidente de la Asociación Opción 3, con CIF G 84888833, actuando en nombre y representación de esta, de conformidad con las competencias y facultades que le son conferidas en el artículo 11 de sus Estatutos Sociales otorgados en Madrid el día 12 de noviembre de 2006 y autenticados notarialmente ante el Notario del Ilustre Colegio de Madrid D. José Gregorio Juncos Martínez, el día 5 de diciembre de 2006, con el protocolo nº 4531/2006, y actualmente vigentes conforme manifiesta el certificado expedido por el Secretario de la Asociación el día 26 de enero de 2021.

Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad legal para suscribir el presente Convenio y en su virtud,

EXPONEN

Primero.- Competencia administrativa.

La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores atribuye, a través de su artículo 45.1, a las Administraciones Públicas Autonómicas, la competencia administrativa para la ejecución de las medidas judiciales impuestas a personas menores de edad penalmente responsables por los juzgados de menores bajo el inexcusable control de tales órganos judiciales.

De otra parte, conforme a lo previsto en el artículo 147.2 del Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado mediante Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva en materia de protección de menores que incluye, en todo caso, la regulación del régimen de protección y de las instituciones públicas de protección y tutela de los menores desamparados, en situación de riesgo y de los menores infractores, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación civil y penal.

Segundo.- Procedencia del presente instrumento.

El citado artículo 45 de la Ley Orgánica 5/2000, establece un régimen jurídico específico para el ejercicio de la mencionada competencia administrativa en virtud del cual las Administraciones Públicas podrán suscribir convenios de colaboración con entidades de derecho público o de derecho privado sin ánimo de lucro para la ejecución material de las medidas judiciales que sean de su responsabilidad, bajo su supervisión y sin que tales instrumentos comporten cesión de la titularidad de la competencia administrativa ni de la responsabilidad en la ejecución las medidas.

Los convenios de colaboración a que se refiere la Ley Orgánica 5/2000 deben ser interpretados conforme a la tipología establecida en el artículo 47 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, en particular, respecto a su apartado 2, letra c).

Así pues el legislador estatal habilita la posibilidad de que el ejercicio de las competencias administrativas en materia de reeducación y reinserción social de las personas menores de edad penalmente responsables se lleve a cabo a través de la colaboración entre el sector público y el sector privado con entidades que pertenezcan al tejido social y no subyazca en su actividad un ánimo de lucro.

El modelo de colaboración implementado en el ámbito del sistema de justicia penal en nuestra Comunidad Autónoma ha venido desarrollándose en términos generales de forma satisfactoria por cuanto ha permitido la intervención de entidades de derecho privado carentes de ánimo de lucro que persiguen la consecución de fines sociales compartidos con esta Administración Pública y han permitido un alto grado de especialización de tales entidades y de su personal.

En lo que respecta a la normativa autonómica, el artº. 5.3 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, establece que las relaciones que se formalizan a través de los instrumentos que se indican, se rigen por su normativa específica, y únicamente deberán observar lo dispuesto en el Capítulo III de esta norma en relación con el régimen de su inscripción registral y publicidad, entre las que se encuentran los convenios que se suscriban entre la Consejería competente en materia de infancia y familia con las entidades colaboradoras de la Administración para la aplicación de medidas judiciales a menores infractores respecto de la realización de las actividades para las que dichas entidades han sido habilitadas.

Tercero.- Competencia orgánica.

La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud asume las competencias que en materia de políticas sociales tenía atribuida la extinta Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, en virtud de lo previsto en el artículo 5 del Decreto 119/2019, de 16 de julio, del Presidente, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías (BOC nº 136, de 17.7.19). En el ámbito de tales competencias en materia de políticas sociales se encuentra la competencia administrativa a la que se refiere el artículo 45 de la Ley Orgánica 5/2000, y que en adelante se denominará justicia penal juvenil.

El Reglamento Orgánico de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, por el que se aprueba el Decreto 43/2020, de 16 de abril (BOC nº 81, de 24.4.2020), atribuye, en su artículo 5.6 a la persona titular del Departamento la competencia para suscribir los convenios con entidades de derecho privado en el ámbito del sistema de justicia penal juvenil a propuesta de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, en relación con el artículo 29.1.k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, del Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas Canarias.

Cuarto.- Asociación Opción 3.

La Asociación Opción 3 es una entidad de derecho privado, sin ánimo de lucro, constituida al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar que tiene entre sus fines, la rehabilitación y la formación de menores y jóvenes, así como el desarrollo de acciones encaminadas a evitar la exclusión social de menores y jóvenes.

Además, está habilitada como Entidad Colaboradora, para ejercer en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la ejecución de medidas educativas y de carácter rehabilitador con menores sujetos a medidas judiciales y con sus familias, en virtud de la Resolución de la entonces Dirección General de Protección del Menor y la Familia de 22 de diciembre de 2010, sin que dicha habilitación haya perdido eficacia jurídica.

En virtud de dicha habilitación, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias ha venido estableciendo varios instrumentos de colaboración en los últimos años con la citada Asociación, siendo satisfactoria su ejecución y que ha permitido la consolidación de un modelo adecuado de intervención con menores y jóvenes con medida judicial penal.

La Asociación Opción 3, de ámbito nacional, cuenta con la capacidad técnica, económica y profesional, para poder asumir las obligaciones que dimanan del presente acuerdo.

Quinto.- Tratamiento de datos personales.

El cumplimiento del presente Convenio conlleva tratamiento de datos personales. Los datos personales objeto de tratamiento están registrados por el Responsable del tratamiento mediante Resolución de 9 de agosto de 2018, de la Directora General de Protección a la Infancia y la Familia, por la que se registran las actividades de tratamiento de datos personales.

Consta en el expediente declaración responsable de la Asociación Opción 3 en la que indica la ubicación geográfica de los servidores de los que se servirá para la recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión del tratamiento de datos personales correspondientes.

Sexto.- Voluntad de colaborar.

En virtud de lo expuesto anteriormente, ambas partes manifiestan su voluntad de seguir colaborando en el ámbito del llamado sistema de justicia penal juvenil en Canarias por lo que suscriben el presente Convenio con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.

1. El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones generales, a través de las cuales, la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, mediante los órganos administrativos competentes, y la Asociación Opción 3 (en adelante, entidad colaboradora) colaborarán mutuamente en la ejecución de medidas judiciales penales, previstas en el apartado 3 de esta cláusula, que se impongan a las personas menores de edad penalmente responsables conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, de forma genérica, cuando dichas medidas judiciales se establecen en virtud de la comisión de un delito de violencia intrafamiliar y, de forma prioritaria, cuando previamente las personas implicadas, los/las menores y sus familias, hayan sido intervenidos por la entidad colaboradora a través de su Programa de Prevención y Preservación Familiar, denominado Programa Rumbo, ello con el fin de mantener la intervención familiar con los/las participantes del citado Programa, toda vez que han pasado al sistema de justicia juvenil, facilitando así el mantenimiento de una misma línea estratégica y metodológica en dicha intervención.

El Programa Rumbo constituye el objeto del Convenio suscrito entre la extinta Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias y la Asociación Opción 3, para la ejecución del "Servicio de actuación con jóvenes, menores de edad, en situación de conflicto social y posible situación de desprotección".

El referido Convenio está inscrito en el Registro de Convenios del Departamento con fecha de 30 de enero de 2015, nº RCO2015TF00003 y prorrogado mediante sucesivas adendas, la última, Adenda 5ª al Convenio, con fecha de 22 de abril de 2019.

Para llevar a cabo la ejecución de estas medidas, la entidad colaboradora, dentro del ya existente Programa Ancla, aprobado por el Convenio entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud y la Asociación Opción 3, firmado a fecha de 9 de junio de 2020, actualmente en vigor, creará una sección especializada por razón de materia en violencia intrafamiliar, que se denominará Programa Ancla VIF Las Palmas.

Dicho programa ha sido aprobado por Resolución de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, con fecha de 25 de marzo de 2021.

2. En particular, la entidad colaboradora asume la obligación de ejecutar de medidas judiciales objeto del presente Convenio descritas en el siguiente apartado, bajo la supervisión y directrices de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, que en adelante, y a efectos del presente Convenio, se denominará Entidad Pública.

3. A través del presente Convenio la entidad colaboradora colaborará con la Entidad Pública en la ejecución de las medidas judiciales penales no privativas de libertad, previstas en el artículo 7.1 de la Ley Orgánica 5/2000, concretamente, de libertad vigilada y/o tratamiento ambulatorio, impuestas por delitos de violencia intrafamiliar.

La libertad vigilada, como medida no privativa de libertad de carácter no residencial, cuando no esté complementada con la medida específica de tratamiento ambulatorio o de alguna regla de conducta de carácter terapéutico, atendiendo a la tipología delictiva de la infracción, tratándose de delitos de violencia intrafamiliar, incluirá de manera inexorable, como actividad y contenido de la medida la intervención terapéutica, un Programa de Intervención Familiar y, además, podrá tener como añadido intervención psicológica, para la deshabituación de tóxicos y/o psiquiátrica, según el análisis del caso y la hipótesis delictiva que se recoja en el programa de intervención de la medida de libertad vigilada.

4. El régimen de colaboración que sustenta este Convenio no comportará en ningún caso ni la cesión de la titularidad de las competencias administrativas ni la responsabilidad legal y potestades administrativas que detenta la Entidad Pública la cual supervisará y establecerá las directrices a las que deba sujetarse la entidad colaboradora.

5. El ámbito territorial de este Convenio comprende la isla de Gran Canaria de forma que podrán derivarse a la entidad colaboradora a aquellos/as menores/jóvenes que con independencia de su lugar de residencia deban cumplir una medida judicial de las características mencionadas en el ámbito territorial de la citada isla.

Segunda.- Plazas convenidas.

1. Plazas totales y distribución.

Se acuerda entre ambas partes dimensionar el presente Convenio en ochenta y una (81) plazas, distribuidas de la siguiente forma:

Ver anexo en la página 18772 del documento Descargar

La medida de Tratamiento Ambulatorio, con independencia del fallo de la sentencia, conllevará el desarrollo de intervenciones terapéuticas especializadas en materia de violencia intrafamiliar, debido a la problemática que entrañan los hechos que motivan la imposición de la medida judicial, sin que dichas intervenciones de acompañamiento terapéutico contabilicen como plaza de Tratamiento Ambulatorio ocupada.

En caso de que fuese necesario, como consecuencia de un mayor número de medidas judiciales impuestas por los juzgados de menores, la entidad colaboradora admitirá, sin coste económico adicional para la Entidad Pública, un máximo de cinco (5) plazas adicionales para cada una de las medidas judiciales/intervención, resultando de la siguiente manera:

Ver anexo en la página 18773 del documento Descargar

2. Derivación de menores y jóvenes.

La Entidad Pública no tiene la obligación de derivar a la entidad colaboradora un número de menores y jóvenes igual al de plazas convenidas, en ningún momento de la vigencia de este Convenio, para ninguno de los recursos convenidos.

Asimismo la entidad colaboradora renuncia a la posibilidad de reclamar la ocupación total de las plazas convenidas, de forma que la Entidad Pública derivará a la entidad colaboradora aquellos casos de menores y jóvenes que estime procedentes en cada momento.

El Programa Ancla de intervención de medidas judiciales no privativas de libertad de carácter no residencial impuestas a personas menores de edad conforme a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de menores, especializada en violencia intrafamiliar en la isla de Gran Canaria, como programa especializado, asumirá la ejecución de las medidas de Libertad Vigilada y, en su caso, de las medidas e intervenciones complementarias de Tratamiento Ambulatorio y/o Programa de Intervención Familiar, impuestas por delitos de violencia intrafamiliar para su ejecución en la isla de Gran Canaria.

No obstante, la Entidad Pública priorizará la derivación a la entidad colaboradora de los casos de menores y jóvenes con los que previamente se ha llevado a cabo una intervención a través del Programa de Prevención y Preservación Familiar Rumbo de Opción 3, por violencia intrafamiliar y que, tras haber sido sentenciados o habérseles impuesto una medida cautelar por delitos en que la violencia intrafamiliar es la nota dominante, independientemente de la tipificación delictiva de los hechos, han de cumplir algunas de las medidas judiciales referidas en el apartado tercero de la primera cláusula del presente Convenio.

3. Alteración de la distribución de plazas.

La Entidad Pública podrá alterar la distribución del número de plazas asignadas a cada tipo de medida judicial en el apartado 1 de esta cláusula, cuando sea necesario adaptar dicha distribución a las medidas judiciales efectivamente impuestas, sin necesidad de proceder a modificar el presente Convenio, siempre y cuando tal redistribución no altere el crédito disponible del ejercicio presupuestario correspondiente.

4. Derivación extraordinaria de menores y jóvenes.

En los períodos en que, dentro de la vigencia del presente Convenio, pudiera ser necesario la derivación de un mayor número de medidas judiciales, que de plazas convenidas, como consecuencia de su imposición por parte de los juzgados de menores, se podrá efectuar dicha derivación por parte de la Entidad Pública, sin necesidad de proceder a la modificación de este Convenio, cuando previamente se hayan generado economías, consecuencia de un nivel de ocupación inferior al máximo convenido, y siempre y cuando, el importe de dichas economías generadas sea igual o superior al coste que comporte la derivación extraordinaria.

En tales casos la entidad colaboradora se compromete a asumir las posibles derivaciones extraordinarias, salvo que justifique ante la Entidad Pública, de forma motivada, que carece de la capacidad técnica, material y humana para ello.

Si la necesidad de derivación superior al de plazas convenidas, o la redistribución de las plazas asignadas comporta un mayor coste que el establecido en este Convenio, deberá procederse, mediante Adenda, a su modificación, al menos, en cuanto al régimen económico y de personal adscrito a los servicios.

5. Reducción de las plazas convenidas.

Procederá la modificación del presente Convenio en cuanto al número de plazas convenidas cuando por el mismo motivo que el señalado en el apartado anterior, se prevea una disminución continuada en el tiempo del número de medidas judiciales a derivar.

Tercera.- Recursos para el cumplimiento de las medidas judiciales.

Programa de Ejecución de Medidas en Medio Abierto especializado en Violencia Intrafamiliar.

La ejecución de las medidas judiciales se llevará a cabo por parte de la entidad colaboradora conforme a un programa de ejecución de medidas judiciales no privativas de libertad de carácter no residencial especializada en violencia intrafamiliar que, a efectos del presente Convenio, recibirá la denominación de Programa Ancla VIF Las Palmas, siendo el instrumento principal a través del cual se diseña la intervención educativa, social, terapéutica y familiar con menores y jóvenes con medida judicial de libertad vigilada y/o tratamiento ambulatorio.

El equipo de profesionales que conforman el Programa Ancla VIF Las Palmas, en su conjunto, será el señalado en el apartado décimo sexto de la cláusula décimo sexta del presente Convenio.

Este programa estará compuesto, a su vez, por dos recursos especializados en la materia de violencia intrafamiliar: el Servicio Terapéutico y el Centro Socioeducativo.

Servicio Terapéutico especializado en Violencia Intrafamiliar.

Para la ejecución de la medida judicial de tratamiento ambulatorio, así como para el desarrollo de las intervenciones terapéuticas complementarias especializadas, la entidad colaboradora prestará un Servicio Terapéutico especializado en violencia intrafamiliar.

El tipo de intervención terapéutica podrá ser en cualquiera y cada una de las modalidades, debiendo valorar siempre las necesidades del caso y el tipo de delito. Estas modalidades son tres (3):

- Medidas de Tratamiento Ambulatorio.

- Reglas de Conducta de la medida de Libertad Vigilada establecidas en el fallo de la sentencia.

- Intervenciones terapéuticas que, atendiendo a la tipología delictiva de maltrato intrafamiliar, se incorporen en el Programa Individualizado de Ejecución de Medida (PIEM) de la medida de Libertad Vigilada como contenido de la misma.

Este Servicio contará con un Equipo de Intervención Terapéutica compuesta por al menos tres (3) profesionales de la psicología, que deberán estar habilitados, acreditados o titulados en la correspondiente Especialidad de Salud.

Este Servicio, por lo tanto, atenderá a menores y jóvenes con intervención judicial por violencia intrafamiliar, independientemente de si están sujetos específicamente a una medida judicial de tratamiento ambulatorio, a una regla de conducta, como si no se ha especificado la intervención terapéutica en el fallo de la sentencia.

Centro Socioeducativo especializado en Violencia Intrafamiliar.

Para la ejecución de las medidas judiciales e intervenciones señaladas en el apartado anterior, la entidad colaboradora abrirá, gestionará y mantendrá en funcionamiento un Servicio Socioeducativo especializado en violencia intrafamiliar, que deberá estar ubicado en la zona metropolitana.

El Servicio Socioeducativo reunirá las condiciones que permitan, el desarrollo de actividades e intervenciones individuales y/o grupales con menores y jóvenes, tanto educativas como formativo-laborales, contando para su desarrollo con un/a (1) técnico/a educativo.

Cuarta.- Actuaciones técnicas y materiales.

La ejecución de las medidas judiciales por parte de la entidad colaboradora comportará la realización de las actuaciones técnicas y materiales establecidas en los Protocolos de Actuación para la Ejecución de Medidas Judiciales mediante Resolución de la Entidad Pública, y se llevará a cabo bajo la superior dirección y supervisión de esta.

En particular, se estará a lo establecido en la Resolución de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia nº 1490, de 5 de julio de 2016, o en su caso a las Resoluciones que la modifiquen o sustituyan.

La realización de actuaciones técnicas y materiales por parte del personal de la entidad colaboradora no podrá suponer en ningún caso el ejercicio de autoridad pública ni de potestades administrativas, las cuales en todo caso le corresponde ejercer a la Entidad Pública.

Las actuaciones técnicas y materiales realizadas por la entidad colaboradora se someterán en todo momento a la supervisión, control e inspección de la Entidad Pública.

Quinta.- Obligaciones y compromisos generales de la entidad colaboradora.

1. En el ámbito del presente Convenio, la entidad colaboradora se compromete a colaborar con la Entidad Pública en el cumplimiento de los fines de reinserción y reeducación social que comporta la ejecución de medidas judiciales penales impuestas a las personas menores de edad en materia de violencia intrafamiliar, y en particular asume las siguientes obligaciones y compromisos:

a) Llevar a cabo las actuaciones técnicas y materiales a que se refiere la cláusula anterior.

b) Incorporar en el diseño de sus programas de intervención educativa y terapéutica, así como en todas las actividades que desarrolle, el enfoque de género y de diversidad sexual.

c) Ejecutar, en tiempo y forma, y en sus exactos términos, el Programa Ancla VIF Las Palmas a que se refiere apartado primero de la cláusula tercera.

d) Cumplir las obligaciones derivadas de la apertura, mantenimiento y gestión del Servicio Terapéutico y del Centro Socioeducativo especializados en violencia intrafamiliar.

e) Cumplir de manera leal y diligente las instrucciones jurídicas, técnicas y administrativas que en el ejercicio de las potestades públicas y de sus competencias le sean dadas por la Entidad Pública.

f) Planificar y ejecutar las medidas judiciales teniendo presente en todo momento la necesidad de inserción de menores y jóvenes, según corresponda en cada caso, en los recursos de educación, formativo-laborales, mercado de trabajo, atención sanitaria, servicios sociales, cultura y juventud, deporte, así como de ser necesario, y en particular, en la red pública de atención en salud mental y drogodependencias.

g) Identificar aquellas situaciones de exclusión social o de riesgo de exclusión social, en particular, de pobreza infantil y juvenil, en la que pudieran encontrarse las personas menores de edad o jóvenes con quienes intervengan, y que por tal circunstancia pudieran tener especiales dificultades para el cumplimiento de las medidas judiciales.

Estas situaciones deberán ser puestas en conocimiento de la Entidad Pública.

La entidad colaboradora vendrá obligada a ayudar económicamente a quienes se encuentren en esta situación respecto a los gastos de expedición de títulos académicos y documentos oficiales obligatorios, así como en gastos de transporte.

h) Identificar y comunicar a la Entidad Pública aquellas situaciones de discapacidad en la que pudieran encontrarse las personas menores de edad o jóvenes con quienes intervengan.

i) Identificar y comunicar a la Entidad Pública aquellas situaciones en que las personas menores de edad pudieran encontrarse en situación de desamparo o de riesgo, así como en general cualquier situación de posible maltrato infantil, y aquellas en que las menores o las jóvenes pudieran estar siendo víctimas de violencia de género.

j) Cada doce meses de vigencia de este Convenio, la entidad colaboradora deberá presentar ante la Entidad Pública una Memoria sobre la ejecución del Convenio.

k) Las comunicaciones que deba realizar la entidad colaboradora a los órganos judiciales o al Ministerio Fiscal no podrán en ningún caso contener información cuya responsabilidad le corresponda a la Entidad Pública.

l) Suscribir un seguro específico de responsabilidad civil que responda de los daños que puedan sufrir las personas y/o sus bienes (los propios menores, el personal de la entidad colaboradora y terceras personas) por cualquier incidencia o circunstancia derivada de la gestión de las medidas judiciales convenidas, como consecuencia del funcionamiento del servicio.

Las pólizas de seguro que suscriban harán referencia en todo caso al Centro Socioeducativo especializado en violencia intrafamiliar y a las dependencias del Servicio Terapéutico especializado en violencia intrafamiliar, y en general a cuantas actividades se desarrollen por parte de los técnicos responsables de la ejecución de las medidas judiciales con los menores, así como con sus familiares, y también respecto del personal de la entidad colaboradora y de terceras personas que por razón de sus funciones, trabajos o servicios se encuentren en las referidas dependencias o actividades desarrolladas.

Las pólizas de seguro deberán tener un periodo de vigencia al menos coincidente con el periodo de vigencia de este Convenio.

La entidad colaboradora deberá entregar copia compulsada de las pólizas de seguro de responsabilidad civil suscritas a la Entidad Pública en los quince días siguientes al inicio de la vigencia del Convenio.

Asimismo deberá presentar copia compulsada del documento que acredite el pago de las primas con la periodicidad que se establezcan en las pólizas de seguro.

La entidad colaboradora deberá indemnizar a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en aquellos casos en que por incumplimiento de lo previsto en este apartado, o por insuficiencia de las coberturas aseguradas, resultase esta obligada a indemnizar a terceras personas.

m) Colaborar activamente con la Entidad Pública y el resto de entidades colaboradoras, así como participar de los mecanismos de coordinación que se establezcan, para garantizar una adecuada transición de los menores entre los distintos recursos así como en especial cuando un menor esté cumpliendo otras medidas judiciales en otras entidades colaboradoras.

Sexta.- Obligaciones de la Entidad Pública.

En virtud del presente Convenio, y conforme a la legislación que resulte de aplicación, la Entidad Pública se obliga a:

1º.- Transmitir a la entidad colaboradora toda la información y documentación de la que disponga respecto a la situación judicial, personal, familiar, educativa y social de las personas menores de edad y jóvenes que se le deriven para el cumplimiento de una medida judicial y que sea necesaria para la correcta ejecución.

2º.- Controlar, supervisar e inspeccionar, así como establecer las directrices que le corresponden en el ejercicio de las competencias legal y reglamentariamente establecidas.

3º.- Comunicar a la entidad colaboradora la identidad del personal de la unidad administrativa competente en materia de justicia penal juvenil que por razón de sus cometidos vaya a intervenir en la ejecución de las medidas judiciales.

4º.- Compensar económicamente a la entidad colaboradora conforme a lo previsto en la cláusula décima por los gastos en que esta incurre por su colaboración con la Entidad Pública y sin que, en ningún caso, lo percibido pueda suponer la obtención por parte de la entidad colaboradora de un beneficio económico.

Séptima.- Expediente personal de menores.

1. La entidad colaboradora deberá abrir, gestionar, mantener en depósito y cerrar y entregar a la Entidad Pública, un expediente único por cada menor o joven que se derive para la ejecución de una o varias medidas judiciales.

Este expediente recibirá la denominación de Expediente Único de Ejecución.

2. Corresponde a la Entidad Pública dictar las instrucciones correspondientes a la gestión documental.

Octava.- Protección de datos personales y deber de sigilo.

1. En la ejecución del Convenio deberá respetarse y aplicarse en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (RGPD), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y demás normativa aplicable en cada momento en materia de protección de datos personales.

2. Dado que la ejecución del Convenio implica el tratamiento de datos personales, la Asociación Opción 3 tendrá la condición de Encargado del tratamiento de los datos personales que vaya a tratar por cuenta de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, Responsable del tratamiento, en los términos establecidos en el encargo de tratamiento que figura en el anexo.

La Asociación Opción 3, como Encargado del tratamiento, deberá cumplir en todo momento con sus obligaciones en materia de protección de datos personales, tanto las que deriven de la legislación vigente, como las establecidas en el anexo al presente Convenio, así como lo dispuesto en las resoluciones o instrucciones que, en su caso, dicte por escrito el Responsable del tratamiento.

3. La Asociación Opción 3 se compromete, entre otros aspectos, a preservar la confidencialidad de los datos personales objeto de tratamiento. Estos datos solo podrán ser utilizados a fin de realizar las actuaciones necesarias señaladas en este Convenio.

Todo el personal de la Asociación Opción 3, adscrito o no, a la ejecución del presente Convenio, que por razón de sus cometidos o por cualquier otra circunstancia, deba tener o tenga acceso a cualquier dato personal a los que se refiere la presente cláusula, tiene el deber de guardar sigilo personal y profesional al respecto aun cuando dejare de prestar servicios para la citada entidad colaboradora.

4. La Asociación Opción 3 en su condición de Encargado del tratamiento, remitirá a la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de inicio de la vigencia del Convenio, una declaración responsable, firmada por quien ostente su representación legal, en la que señale:

- Que el personal adscrito, bajo su autoridad, a la ejecución del contrato, ha suscrito los correspondientes compromisos de confidencialidad. Indicando además en la declaración la identidad de esas personas, sus funciones y el lugar de desarrollo de las mismas.

- Que ha impartido o se propone impartir, al citado personal, formación en protección de datos, realizando en la declaración una breve descripción de la misma.

- Si le es o no exigible la obligación de contar con su propio registro de actividades de tratamiento efectuadas en su calidad de encargado, regulado en el artículo 30.2 RGPD, en relación con el artículo 31 LOPD. En caso afirmativo, adjuntará copia del referido registro. En caso negativo, justificará la existencia de alguno de los supuestos excepcionales del artículo 30.5 RGPD.

Novena.- Inspección.

La entidad colaboradora ha de sujetarse a la labor inspectora de la Entidad Pública, conforme a la legislación vigente y a las Resoluciones que protocolicen dicha labor, las cuales deberán ser previamente comunicadas.

Décima.- Compensación económica.

1. Importe máximo del Convenio.

En cumplimiento de lo previsto en el apartado cuarto de la cláusula sexta, la Entidad Pública compensará económicamente, como máximo, durante el periodo de vigencia del presente Convenio previsto en la cláusula décimo octava el importe de setecientos un mil cuatrocientos cuarenta (701.440) euros, distribuidos en las siguientes anualidades:

2021: 301.400 euros

2022: 400.040 euros

La compensación económica tendrá por finalidad compensar los costes fijos y los costes variables en que incurra la entidad colaboradora por la realización de las actuaciones convenidas.

2. Coste fijo.

El coste fijo tiene por finalidad compensar los gastos generales, incluidos los de personal, en que incurre la entidad colaboradora como consecuencia de la apertura, mantenimiento y explotación del Centro Socioeducativo especializado en violencia intrafamiliar y del Servicio Terapéutico especializado en violencia intrafamiliar.

En este sentido, dentro del coste fijo por Servicio Socioeducativo especializado en violencia intrafamiliar, se incluye el puesto de 1 técnico/a socioeducativo y formativo laboral cuya labor dará apoyo y soporte a las medidas judiciales de Libertad Vigilada.

Por otra parte, dentro del coste fijo del Servicio Terapéutico especializado en violencia intrafamiliar se incluye la intervención terapéutica de los menores/jóvenes que no tienen impuesta una medida específica de Tratamiento Ambulatorio, es decir, con intervención terapéutica incluida como regla de conducta en el fallo de la sentencia o incluida en el Programa Individualizado de Ejecución de la Medida como actividad de la libertad vigilada.

En concepto de Gasto Fijo, la Entidad Pública satisfará los siguientes importes:

Ver anexo en la página 18780 del documento Descargar

3. Coste variable.

El coste variable tiene por finalidad compensar los gastos en que incurre la entidad colaboradora como consecuencia de la efectiva ejecución de una medida judicial, derivada del desarrollo de las actuaciones técnicas y materiales.

La realización de las intervenciones terapéuticas que no sean en sí medida de Tratamiento Ambulatorio no comportará compensación alguna en concepto de gasto variable, siendo asumido el mismo dentro del Coste Fijo de Servicio Terapéutico especializado en violencia intrafamiliar. Del mismo modo, las intervenciones socioeducativas y formativo laborales no tendrán una compensación en concepto de gasto variable, siendo asumido el mismo dentro del Coste Fijo del Servicio Socioeducativo especializado en violencia intrafamiliar.

Para el resto de las medidas judiciales convenidas, se satisfarán los siguientes importes en concepto de Gasto Variable:

Ver anexo en la página 18781 del documento Descargar

4. Coste variable mínimo garantizado.

A fin de garantizar la viabilidad económica de los Centros y Servicios convenidos, con independencia del nivel de ocupación efectiva de los mismos en cada momento, la capacidad de respuesta ante las necesidades del sistema de justicia penal juvenil y la estabilidad en el empleo de los profesionales contratados, la Entidad Pública satisfará por cada día de vigencia del Convenio cinco (5) euros por cada plaza de libertad vigilada no ocupada, cuatro (4) euros por cada plaza no ocupada de tratamiento ambulatorio.

Ver anexo en la página 18781 del documento Descargar

5. Criterios para el cómputo de plaza ocupada.

La efectiva ocupación de plazas atenderá a los siguientes criterios:

a) Simultaneidad de medidas judiciales.

Cuando un mismo o una misma menor o joven deba cumplir más de una medida judicial de forma simultánea o sucesiva en el tiempo, cada medida judicial computará como plaza ocupada y en su consecuencia se compensará económicamente.

b) Periodo de ocupación de una plaza.

En la medida de libertad vigilada, la plaza se entenderá ocupada desde el día en que se celebre la entrevista de inicio hasta el día -inclusive- de finalización de la medida judicial por cualquier causa.

En las medidas de tratamiento ambulatorio, se entenderá ocupada la plaza desde que se derive formalmente la medida judicial a la entidad colaboradora hasta su finalización por cualquier causa.

La Entidad Pública se reserva expresamente la potestad de dictar instrucciones relativas a los períodos en que no deba considerarse efectivamente ocupada una plaza, siempre y cuando dichos períodos superen los siete días naturales seguidos y lo sean por causa no imputable a la Entidad Pública.

Undécima.- Cobertura presupuestaria.

La compensación económica de las actuaciones realizadas por la entidad colaboradora se imputará al Estado de Gastos del Presupuesto de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, en la aplicación presupuestaria 2317.231K.2292000 "ejecución de medidas judiciales menores infractores", existiendo crédito adecuado, suficiente y disponible en el presupuesto del ejercicio 2021 y quedando condicionada su efectividad a la existencia de crédito adecuado, suficiente y disponible, en la aplicación presupuestaria indicada, en el ejercicio 2022.

Duodécima.- Forma de pago.

1. Plazo de presentación de la factura.

En los cinco primeros días hábiles de cada mes, la entidad colaboradora presentará, a través del Registro Electrónico de Facturas, ante la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, una única factura comprensiva del coste de la totalidad de las actuaciones realizadas en el mes inmediatamente anterior.

Dicha factura deberá acompañarse de una tabla donde figuren, día a día del periodo de facturación, el número de plazas, por medida judicial, ocupadas y no ocupadas, conforme al modelo oficial que establezca la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia.

Asimismo, la factura deberá acompañarse de una declaración responsable, en los términos y a los efectos previstos en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación a la veracidad de los datos de ocupación de plazas consignados en la facturación y en la tabla anexa.

La factura deberá desglosarse por conceptos diferenciando entre el coste fijo y el coste variable.

La documentación deberá presentarse suscrita por quien ejerza la representación legal de la entidad colaboradora.

2. Actuaciones de comprobación.

Corresponde al Servicio de Justicia Juvenil llevar a cabo las actuaciones de comprobación formal y material de la documentación presentada, debiendo prestar su conformidad a la misma para que pueda procederse al pago correspondiente.

No obstante, la conformidad prestada por el Servicio de Justicia Juvenil no obstará a que la Entidad Pública lleve a cabo, en cualquier momento posterior, las actuaciones de inspección, control y comprobación que sean pertinentes, con los efectos jurídicos y económicos que correspondan en cada caso.

Décimo tercera.- Justificación económica.

1. Rendición de cuentas.

La entidad colaboradora tiene la obligación de rendir cuentas de las compensaciones económicas que ha obtenido y de los gastos en que ha incurrido como consecuencia de la colaboración articulada a través de este Convenio.

2. Conservación de documentos.

También tiene la entidad colaboradora el deber de conservar la documentación que acredite las compensaciones económicas y los gastos, durante los plazos legalmente establecidos, o en su defecto, en los cuatro años siguientes a la finalización del periodo de vigencia de este Convenio, y asimismo tiene el deber de ponerlos a disposición de la Entidad Pública cuando se le requiera para ello.

3. Cuenta Semestral.

En los quince días hábiles siguientes al vencimiento de un semestre de vigencia de este Convenio, la entidad colaboradora deberá presentar, por registro de entrada electrónico, ante la Entidad Pública una Cuenta Semestral donde refleje las compensaciones económicas obtenidas en virtud del presente Convenio y los gastos imputables a él.

La Cuenta Semestral deberá contener una declaración responsable, en los términos y a los efectos previstos en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación a la veracidad de los datos consignados.

La Cuenta Semestral deberá presentarse suscrita por quien ejerza la representación legal de la entidad colaboradora.

La Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, mediante Resolución, podrá determinar la estructura mínima en que han de reflejarse los distintos conceptos en la Cuenta Semestral.

4. Cuenta Final.

Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, la entidad colaboradora deberá presentar una Cuenta Final, donde se refleje la totalidad de las compensaciones económicas y de los gastos imputables durante todo el periodo de vigencia del presente Convenio, en el plazo de los quince días hábiles siguientes a su extinción.

Dicha Cuenta Final deberá contener una declaración responsable, en los términos y a los efectos previstos en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en virtud del cual se manifieste expresamente que la entidad colaboradora no ha obtenido como consecuencia de la colaboración prestada ningún tipo de beneficio económico.

Décimo cuarta.- Imputación de gastos.

1. Reserva de potestad.

La Entidad Pública se reserva la potestad de declarar gastos no imputables al Convenio cuando de las labores de inspección, control y comprobación se deduzca que no se corresponden con gastos derivados de la colaboración establecida, así como podrá declarar que las compensaciones económicas no han sido aplicadas en tiempo y forma a los gastos incurridos.

La declaración se efectuará mediante Resolución de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, previa audiencia de la entidad colaboradora.

La Resolución que en su caso se dicte establecerá expresamente los efectos jurídicos y económicos, que conforme a este Convenio, procedan en cada caso.

2. Gastos de personal: retribuciones.

La entidad colaboradora, en su condición de única y exclusiva empleadora de su personal, goza de plena autonomía para la fijación de toda clase de retribuciones salariales e indemnizaciones por razón del servicio que deba percibir el personal adscrito a la ejecución del presente Convenio.

No obstante lo anterior, solo será posible imputar al presente Convenio como gasto de personal, en concepto de retribuciones salariales totales en cómputo anual, y como máximo, una cantidad equivalente a las retribuciones brutas reconocidas por la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias del año correspondiente, al personal funcionario de carrera desempeñe un puesto de trabajo con complemento de destino 24 y complemento específico de 70 puntos, salvo que asuma funciones de coordinación o responsabilidad de programas, en cuyo caso el gasto máximo imputable podrá corresponderse con el que se percibe en un puesto de trabajo de personal funcionario 26,67.

La Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia comunicará a la entidad colaboradora, al inicio de la vigencia del presente Convenio, los importes a que se refiere este apartado.

En caso de que el personal de la entidad colaboradora, por decisión de esta, sea retribuido en una cuantía superior a los límites anteriores, el exceso de retribución deberá ser asumido por la entidad colaboradora con cargo a sus propios recursos económicos y no pudiendo en su consecuencia imputarse a este Convenio.

3. Indemnizaciones laborales.

En los casos en que la entidad colaboradora hubiere percibido ingresos con cargo a este Convenio con la finalidad de aprovisionar eventuales indemnizaciones por extinción de contratos laborales, deberán ser devueltos o compensados en la fase de liquidación de este Convenio cuando la entidad colaboradora no se haya visto obligada a satisfacer tales indemnizaciones como consecuencia de la subrogación del personal o por cualquier otra causa.

Tampoco podrán imputarse como gasto de este Convenio las indemnizaciones por extinción de contrato o por cualquier otra decisión unilateral de la entidad colaboradora que no derive de una orden directa de la Entidad Pública.

Décimo quinta.- Patrimonio.

1. Adquisición y propiedad de los bienes.

La Entidad Pública se reserva del derecho de propiedad plena respecto a los bienes, inmuebles y muebles, incluidos los bienes de equipo, que hayan sido adquiridos por la entidad colaboradora imputando los gastos de adquisición a este Convenio, debiendo esta ponerlos a disposición de la Entidad Pública, en fase de liquidación del Convenio, libre de cargas y gravámenes, sin perjuicio del posible acuerdo de compensación que pudiere alcanzarse entre lo adecuado a la entidad colaboradora y el valor venial de los citados bienes.

Asimismo la entidad colaboradora deberá entregar a la Entidad Pública el material fungible y educativo no consumido al tiempo de liquidación del Convenio que hubiere adquirido con cargo a este, sin perjuicio del posible acuerdo de compensación que pudiere alcanzarse entre lo adecuado a la entidad colaboradora y el valor venial de los citados bienes.

En aquellos casos en que los bienes hubieren sido adquiridos mediante cualquier fórmula que contenga una opción de compra y la entidad colaboradora no fuera a ejercer dicha opción, deberá comunicarlo con al menos un mes de antelación al vencimiento del plazo establecido para ejercer dicho derecho de opción, a efectos de que la Entidad Pública pueda acordar su ejercicio o no.

2. Inventario de bienes.

1. La entidad colaboradora viene obligada en el plazo de un mes a contar desde el inicio de la vigencia de este Convenio a entregar ante la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, un Inventario Inicial de Bienes, clasificados según tipología y título de posesión, y señalando en cada uno de ellos si los mismos son propiedad aportada por la entidad colaboradora o han sido adquiridos con cargo a este Convenio, siempre y cuando el valor unitario de cada bien supere los cien euros.

2. En los quince días hábiles siguientes a la finalización del presente Convenio, por cualquier causa, la entidad colaboradora deberá entregar ante la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, un Inventario Final de Bienes, clasificados según tipología y título de posesión, y señalando en cada uno de ellos si los mismos son propiedad aportada por la entidad colaboradora han sido adquiridos con cargo a este Convenio, siempre y cuando el valor unitario de cada bien supere los cien euros, y debiendo a su vez consignar los bienes que han causado baja y el motivo respecto del Inventario inicial.

Décimo sexta.- Personal al servicio de la entidad colaboradora.

1. Condición de empleadora de la entidad colaboradora.

La entidad colaboradora ostenta, en exclusividad y plenitud legal, las obligaciones legales y convencionales de empleadora respecto del personal que adscriba a la ejecución del presente Convenio.

En su consecuencia, corresponde a la entidad colaboradora, ejercer de forma real, efectiva, directa y permanente el poder de dirección que el ordenamiento jurídico, y en particular la legislación laboral le atribuye como empleador respecto de sus trabajadores y trabajadoras.

En particular, a la entidad colaboradora le corresponde negociar, establecer y abonar las retribuciones salariales y las indemnizaciones por razón del servicio, la concesión de los permisos, licencias y vacaciones, la gestión de las sustituciones del personal en caso de ausencia, vacancia o enfermedad, el cumplimiento de la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, la formación continua de su personal, el ejercicio de la potestad disciplinaria, y en general, el reconocimiento de los derechos laborales de su personal.

Asimismo, como empleadora, le corresponde el cumplimiento de las obligaciones en materia de protección social de sus trabajadores y trabajadoras, sea cual fuere el régimen jurídico de aplicación, y en particular, asume la obligación, en tiempo y forma, de afiliación, alta y baja en el régimen correspondiente y de pago, en tiempo y forma, de las cotizaciones pertinentes.

2. Prohibición de discriminación.

La entidad colaboradora se compromete a no adoptar ninguna decisión respecto de sus trabajadores y trabajadoras que constituya discriminación laboral de tipo sexual, por razón de sexo o por identidad u orientación sexual, así como se compromete a cumplir las obligaciones que en materia de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres establece la legislación estatal y autonómica vigente.

3. Dependencia del personal de la entidad colaboradora.

Los trabajadores y las trabajadoras de la entidad colaboradora dependerán exclusivamente de esta, de forma que la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, será en todo momento absolutamente ajena a la relación jurídico-laboral.

El personal de la entidad colaboradora, al inicio de la vigencia del presente Convenio, así como personal que se incorpore en cualquier momento, deberá ser informado de este extremo, debiendo suscribir al efecto un documento por el que manifieste expresamente haber obtenido la información respecto, el cual deberá ser igualmente firmado por quien ejerza la representación legal de la entidad colaboradora.

Este documento informativo deberá ser remitido a la Entidad Pública en los quince días hábiles siguientes a la incorporación del trabajador o de la trabajadora.

4. Personal al servicio de la Entidad Pública: prohibición de ejercer facultades de empleador.

El personal al servicio de la Entidad Pública se abstendrá en todo momento de emitir instrucciones, órdenes o indicaciones a los trabajadores o trabajadoras de la entidad colaboradora que tengan que ver con los poderes de dirección que como empleadora exclusiva tiene la entidad colaboradora.

En su consecuencia, las instrucciones que en su caso emita el personal al servicio de la Entidad Pública se circunscribirán exclusivamente en todo momento al poder de dirección, supervisión, inspección y control de las medidas judiciales.

5. Personal de Coordinación de Programas, Centros, Recursos y Servicios.

El personal de la entidad colaboradora que ejerza funciones de coordinación o de responsabilidad en la dirección de centros, recursos o programas, y que por tal motivo deban relacionarse directamente con personal al servicio de la Entidad Pública, deberán suscribir además del documento previsto en el apartado anterior, una manifestación expresa de haber sido informados de que las comunicaciones, reuniones e indicaciones que reciban del personal al servicio de la Entidad Pública lo son exclusivamente en el ejercicio de las funciones de dirección, supervisión, control e inspección de la ejecución de las medidas judiciales convenidas.

6. Dependencias públicas.

El personal al servicio de las entidades colaboradoras limitará su presencia y uso de las dependencias de la Entidad Pública al desarrollo de aquellas actuaciones, que bajo la dirección del personal al servicio de la Entidad Pública, deban realizarse en tales dependencias para la celebración de reuniones con las personas menores de edad o jóvenes que cumplen medida judicial, sus familiares o terceros profesionales que intervengan, así como en su caso, para celebrar reuniones de coordinación.

7. Incumplimiento de las obligaciones derivadas de la condición de empleadora.

En los casos en que la entidad colaboradora incumpla sus obligaciones derivadas de su condición de empleadora exclusiva, y como consecuencia de ello, la Entidad Pública resulte ser sancionada o condenada judicialmente, la entidad colaboradora asume la obligación de indemnizar a la Entidad Pública, por los daños y perjuicios económicos que se le ocasione como consecuencia tanto del incumplimiento de sus obligaciones como empleadora exclusiva como por los actos realizados por su personal.

De esta eventual responsabilidad responderán en primer lugar los derechos de crédito que en el marco del presente Convenio se hubieren devengado a favor de la entidad colaboradora y estuvieren pendientes de abono, y de no existir estos o no ser suficientes, mediante el reingreso de la cantidad correspondiente.

8. Subrogación de personal.

Siendo la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias ajena totalmente a las relaciones jurídico-laborales que mantiene la entidad colaboradora con sus trabajadores y trabajadoras, al finalizar la vigencia de este Convenio, por cualquier causa, no se producirá una subrogación empresarial de la Administración Pública, en los términos de la Ley vigente del Estatuto de los Trabajadores.

9. Cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección a la infancia.

Quienes trabajen en los recursos, programas y servicios convenidos, con independencia del trato con menores y jóvenes, deberán cumplir lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección a la infancia, y en particular, en cuanto a la inexistencia de antecedentes penales.

El personal al servicio de la entidad colaboradora deberá acreditar el cumplimiento de este requisito conforme a lo establecido legal y/o reglamentariamente.

De conformidad con lo exigido en el artículo 2.5.b) de la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificado por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la Infancia y a la adolescencia, se deberá garantizar la intervención en el proceso de profesionales cualificados o expertos. En caso necesario, estos profesionales han de contar con la formación suficiente para determinar las específicas necesidades de los menores con discapacidad.

Asimismo, se deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.5 de la citada Ley, que establece que no podrán adscribirse a este proyecto profesionales que hayan sido condenados por sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual.

Para acreditar esta circunstancia la entidad aportará a esta Dirección General la certificación negativa de estos antecedentes penales. A tales efectos se estará a lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre (BOE nº 312, de 30 de diciembre), por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales, pudiéndose obtener información en el apartado trámites y gestiones personales del ciudadano del Ministerio competente en materia de justicia.

El cumplimiento de esta obligación debe garantizarse por parte de la entidad colaboradora, en todo momento, tanto al inicio de la relación laboral como en cualquier momento posterior.

10. Deber de información en materia de personal.

La entidad colaboradora deberá comunicar a la Entidad Pública un listado nominal del personal a su servicio adscrito a la ejecución del presente Convenio, debiendo contener dicha comunicación la identidad (nombre y apellidos), el documento oficial de identidad, el número de filiación al sistema de protección social que corresponda, la titulación académica, el puesto que desempeña y las funciones atribuidas.

Para cumplir con las obligaciones de información previstas en este Convenio en materia de personal, la entidad colaboradora deberá cumplir las obligaciones de información y autorización en materia de protección de datos de carácter personal.

La Entidad Pública limitará la gestión de estos datos de carácter personal al ejercicio de las potestades de control del cumplimiento de las obligaciones derivadas de este Convenio.

11. Ratio de personal.

La entidad colaboradora deberá disponer en todo momento de un número suficiente de trabajadores y trabajadoras que permita el cumplimiento de las ratios establecidas en este Convenio o por Resolución de la Entidad Pública.

Las ratios técnicas deberán cumplirse en todas las situaciones de ausencia del trabajador o trabajadora superen los tres días consecutivos de forma que la entidad colaboradora deberá proceder a su sustitución.

12. Ausencias del personal.

La entidad colaboradora tiene el deber de comunicar a la Entidad Pública las ausencias, incluidas las vacaciones, de sus trabajadores y trabajadoras con funciones de ejecución de medidas judiciales, que superen los cinco días consecutivos, así como identificar a la persona que sustituya.

Asimismo deberá comunicar a la Entidad Pública las contrataciones y extinciones.

13. Formación del personal.

La obligación de formación continua del personal que asume en este Convenio la entidad colaboradora deberá articularse a través de un Plan Anual de Formación.

El Plan Anual de Formación deberá aprobarse por la entidad colaboradora y comunicarse a la Entidad Pública antes del vencimiento del primer trimestre de vigencia del presente Convenio.

14. Selección del personal.

La entidad colaboradora deberá seleccionar al personal adscrito a la ejecución del presente Convenio a través de procedimientos selectivos, públicos y abiertos, basados en el mérito y la capacidad de quienes aspiren a su contratación, adoptando en tales procesos selectivos las medidas que garanticen un trato de igualdad entre mujeres y hombres, y en particular garantizando una representación equitativa en todas las categorías profesionales, así como promoviendo el acceso al empleo de personas con discapacidad.

15. Coordinación.

La entidad colaboradora designará a una persona que asumirá la función de Coordinación técnica del Programa Ancla VIF.

El Coordinador o la Coordinadora deberá organizar, supervisar y coordinar la labor de los Equipos Técnicos, así como del Servicio Terapéutico especializado en violencia intrafamiliar y del Centro Socioeducativo especializado en violencia intrafamiliar.

Corresponde al Coordinador o a la Coordinadora velar porque el personal técnico encargado de la ejecución de las medidas judiciales, o de la intervención con menores y sus familias, cumplan con sus cometidos e implementen de forma real, efectiva y continuada los programas individualizados de ejecución de medidas judiciales con arreglo a su contenido y a los programas educativos y/o terapéuticos implementados.

16. Equipo de profesionales del Programa Ancla VIF.

El Programa Ancla VIF Las Palmas contará con un equipo de profesionales conformado por ocho (8) trabajadores y trabajadoras, incluida la persona que asuma la coordinación técnica del programa descrita en el apartado anterior, con las siguientes categorías profesionales:

- 1 coordinador/a técnico/a del programa.

- 3 técnicos/as para la ejecución de medida de libertad vigilada.

- 3 psicólogos/as para la ejecución de medida de tratamiento ambulatorio y para las intervenciones terapéuticas, independientemente de que estas estén establecidas como Reglas de Conducta de la Libertad Vigilada en el fallo de la sentencia o que se incorporen en el PIEM de la medida de Libertad Vigilada atendiendo a la tipología delictiva de maltrato intrafamiliar.

- 1 técnico/a para el desarrollo de tareas de carácter socioeducativo, de inserción formativo-laboral y apoyo a la ejecución de medidas de libertad vigilada en actividades específicas.

Décimo séptima.- Comisión de Seguimiento.

1. Ambas partes acuerdan constituir una Comisión de Seguimiento con la finalidad de llevar a cabo una evaluación, técnica y económica, de la ejecución del Convenio, y en su caso para elaborar propuestas de modificación a las partes firmantes que adapten el contenido del Convenio al devenir de las necesidades del sistema de justicia penal juvenil en Canarias.

2. La Comisión de Seguimiento estará compuesta por cuatro miembros, dos en presentación de la Entidad Pública y dos en representación de la entidad colaboradora.

3. Ejercerá la presidencia de la Comisión una de las personas que actúe en representación de la Entidad Pública.

4. Podrán asistir a las sesiones de la Comisión, en calidad de invitados o invitadas, personal al servicio de la Entidad Pública y/o de la entidad colaboradora, que por razón de los asuntos a tratar se estime procedente.

5. Con carácter ordinario, la Comisión se reunirá cada seis meses.

6. Esta Comisión no constituye un órgano administrativo y por ende carece de competencias de carácter resolutorio sobre el presente Convenio.

Décimo octava.- Vigencia del Convenio.

1. Este Convenio tendrá una vigencia desde el día 1 de abril de 2021 hasta el día 31 de diciembre de 2022, ambos inclusive.

2. Si ambas partes, antes de la fecha prevista de vencimiento, lo acuerdan expresamente, podrá prorrogarse la vigencia, mediante la firma de la correspondiente Adenda de prórroga, por el periodo que se acuerde, siempre y cuando la duración máxima de este Convenio, con sus prórrogas incluidas, no supere los cuatro años, y siempre y cuando las prórrogas se formalicen antes del vencimiento del plazo objeto de prórroga.

3. La vigencia inicial de este Convenio y sus posibles prórrogas estará condicionada a que en cada anualidad, los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias tengan consignados los créditos suficientes, adecuados y disponibles para hacer frente al régimen de compensación económica previsto en este Convenio.

Décimo novena.- Resolución del Convenio.

1. Este Convenio se resolverá por las causas previstas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y por las que en su caso determine la legislación autonómica que resulte de aplicación a la actividad convencional.

2. De acuerdo a lo previsto en el apartado anterior, son causas de resolución de este Convenio, las siguientes:

a) El vencimiento del plazo inicial de vigencia, o en su caso, de la prórroga acordada, así como del plazo máximo de vigencia, en los términos de la cláusula anterior.

b) El mutuo acuerdo de las partes.

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos adquiridos en este Convenio por cualquiera de las partes. Ambas partes acuerdan cumplir con el principio de buena fe negocial de forma que en el caso de que cualquiera de ellas estime que la otra parte incurre en tales incumplimientos le cursará un requerimiento previo al ejercicio de acciones legales y le concederá un plazo razonable para su contestación, convocándose además con carácter inmediato a la Comisión de Seguimiento.

d) Por decisión judicial.

e) Por cualquier causa legalmente prevista, distinta de las anteriores.

2. La resolución del Convenio, por cualquier causa, dará lugar a la tramitación del procedimiento de liquidación previsto en la cláusula vigésimo primera.

Vigésima.- Incumplimiento de las obligaciones asumidas por la entidad colaboradora.

1. La entidad colaboradora queda sujeta al régimen de penalizaciones previsto en esta cláusula cuando incurra en responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones de colaboración que asume en virtud de este Convenio con la Entidad Pública.

2. La responsabilidad prevista en esta cláusula, de naturaleza administrativa, no obstará la exigencia de otras responsabilidades jurídicas de distinta naturaleza.

3. Corresponderá a la persona titular de la Entidad Pública acordar la apertura de un periodo de información previa, en los términos previstos en el artículo 55 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando en razón de las actuaciones de supervisión, dirección, inspección y control llevadas a cabo, estime que concurren circunstancias que pudieren constituir un incumplimiento de los compromisos y obligaciones asumidos por la entidad colaboradora.

4. A la vista del resultado de las actuaciones realizadas, mediante Resolución, la Entidad Pública podrá acordar el archivo de las actuaciones o acordar el inicio de un procedimiento de penalización que se ajustará al procedimiento administrativo común y en el que deberá darse, en todo caso, trámite de audiencia a la entidad colaboradora.

5. Corresponderá a la persona titular de la Entidad Pública la imposición de penalizaciones a la entidad colaboradora, salvo que proceda la rescisión del Convenio por incumplimiento, en cuyo caso le corresponderá a la persona titular del Departamento.

6. Cuando el incumplimiento se refiera a las condiciones de apertura, mantenimiento y explotación del Servicio Terapéutico especializado en violencia intrafamiliar y/o del Centro Socioeducativo especializado en violencia intrafamiliar se podrá imponer una penalización de hasta el cincuenta por ciento (50%) del importe que en concepto de Gasto Fijo se ha de satisfacer por todo el periodo en que se determine el incumplimiento.

7. Cuando el incumplimiento se refiera a las actuaciones técnicas y materiales debidas para la ejecución de medidas judiciales, se podrá imponer una penalización de hasta el cincuenta por ciento (50%) del importe que en concepto de Gasto Fijo se ha de satisfacer por todo el periodo en que se determine el incumplimiento.

8. No obstante lo previsto en los apartados 6º y 7º anteriores, el importe de la penalización a imponer no podrá ser nunca inferior al coste económico del incumplimiento.

9. Si el incumplimiento conlleva una penalización del 50% durante tres meses consecutivos o cuatro con interrupción, o bien de más del 25% durante seis meses continuados o no, se procederá a la resolución del Convenio.

Vigésimo primera.- Liquidación.

1. La resolución del Convenio, por cualquier causa, dará lugar a un procedimiento de liquidación que tiene por finalidad identificar, concretar y cumplir por ambas partes con las obligaciones y compromisos adquiridos, en los términos previstos en esta cláusula.

2. A través de la Comisión de Seguimiento se tratará de alcanzar un acuerdo de liquidación donde se determinen los derechos y obligaciones pendientes de cumplimiento por ambas partes, así como los términos y plazos en que deban cumplirse.

De alcanzarse un acuerdo este se reflejará en un documento denominado "Acuerdo de Liquidación del Convenio" que deberá ser suscrito por la persona titular de la Entidad Pública y por quien ejerza la representación legal de la entidad colaboradora.

El Acuerdo de Liquidación del Convenio no podrá versar sobre aquellas materias o aspectos del Convenio sobre los que la Entidad Pública ejerza potestades públicas de carácter no transaccional.

En el Acuerdo de Liquidación del Convenio se concretará el inventario de bienes que han de ser puestos a disposición de la Entidad Pública por haber sido adquiridos por la entidad colaboradora con cargo al régimen de compensación económica de este Convenio o de otro inmediatamente anterior con el mismo objeto.

3. En caso de no alcanzarse un acuerdo de liquidación, corresponderá a la Entidad Pública, mediante Resolución, previa audiencia de la entidad colaboradora, determinar el contenido de la liquidación del Convenio.

Si a este respecto se determinase que los gastos soportados por la entidad colaboradora en ejecución del presente Convenio es inferior a las cantidades percibidas como compensación económica de la actividad desplegada, la entidad colaboradora deberá proceder al reintegro del excedente percibido en el plazo máximo de un mes a contar desde que se notifique la Resolución de la Entidad Pública, previa audiencia de la entidad colaboradora, por la que se determina el deber de reintegro.

Si transcurre el citado plazo sin que la entidad colaboradora hubiere reintegrado la cantidad requerida, vendrá obligada además al abono de los intereses de demora sobre la deuda principal que resulten de aplicación conforme a las normas reguladoras del gasto público y de la actividad económico-financiera del sector público.

Si por el contrario, los gastos soportados por la entidad colaboradora en ejecución del presente Convenio es superior a las cantidades percibidas como compensación económica de la actividad desplegada, la Entidad Pública deberá abonar la diferencia en el plazo de un mes desde que se notifique la Resolución por la que se determina la obligación de pago, teniendo en cuenta los límites derivados de la cláusula 10ª, y sin perjuicio en su caso de la compensación a efectuar por el valor económico del patrimonio que no fuere puesto a disposición de la Entidad Pública.

Vigésima segunda.- Régimen jurídico.

1. El presente Convenio queda sujeto a lo previsto en la legislación orgánica reguladora de la responsabilidad penal de menores, a su normativa estatal de desarrollo, legal y reglamentaria, así como a la normativa autonómica en materia de justicia penal juvenil, y en lo que proceda, a la legislación y autonómica en materia de protección a la infancia.

2. En cuanto al régimen jurídico-administrativo, este Convenio queda sujeto a la legislación, estatal y autonómica, en materia de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, así como la reguladora del régimen convencional del sector público, a las demás normas del derecho administrativo, y en su defecto, en cuanto proceda, a la legislación de derecho común.

3. Las Resoluciones y demás actos que la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canaria, en el ejercicio de las potestades públicas que le confiere la legislación anteriormente citada y este Convenio, debiendo ajustarse a las normas jurídicas citadas, se presumirán válidos y surtirán efectos en las condiciones que dichas Resoluciones y actos establezcan, siendo susceptibles de impugnación conforme a la normativa que resulte en cada caso de aplicación.

FORMALIZACIÓN

Y para que así conste, a los efectos legales oportunos, cada una de las partes, firma el presente documento, considerándose firmado el mismo en la fecha de la última de las firmas de las partes.- La Consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana Perera.- La Asociación Opción 3, Martín Lomas Álvarez.

A N E X O

ENCARGO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Primero.- Objeto del encargo.

Es objeto del presente encargo el tratamiento de datos personales por la Asociación Opción 3, que tendrá la condición de Encargado del tratamiento realizado por cuenta del Responsable la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, derivado de la ejecución de las actuaciones objeto del presente Convenio.

El Encargado del tratamiento, así como el personal que actúe bajo su autoridad y tenga acceso a datos personales en el marco de la ejecución del contrato, deberá tratar los mismos conforme a lo dispuesto en la normativa comunitaria y estatal aplicable en la materia y en el presente encargo.

Segundo.- Finalidad.

Este tratamiento de datos personales tiene por finalidad la adecuada ejecución de las actuaciones objeto del Convenio, sin que pueda tratar los datos personales para una finalidad distinta.

Si el Encargado del tratamiento destinase los datos a otra finalidad, los comunicara o los utilizara incumpliendo la normativa vigente y/o lo previsto en el presente encargo, será considerado también como Responsable del Tratamiento, respondiendo personalmente de las infracciones en que hubiera incurrido.

Tercero.- Duración.

Este encargo tendrá la misma duración que el Convenio.

Cuarto.- Destino de los datos al término de la duración del encargo.

Al finalizar el encargo, el Encargado del tratamiento, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, debe devolver al Responsable los datos personales, tanto los que fueron automatizados como los que no. La devolución debe comportar el borrado total de los datos personales, tanto los que fueran tratados de forma automatizada, borrándolos de los equipos utilizados para ello, como los que fueron tratados de forma no automatizada, destruyendo diligentemente las copias en soporte papel, en su caso.

El Encargado del tratamiento podrá conservar una copia de los datos personales, los cuales debe mantener bloqueados, para atender posibles responsabilidades administrativas o jurisdiccionales, por el plazo legalmente establecido para ello. Finalizado este, deberá proceder a la destrucción y supresión de tales datos personales.

Quinto.- Tipología de datos personales.

Los datos personales susceptibles de tratamiento por el Encargado son:

Datos de carácter identificativo: DNI, nombre y apellidos, sexo, lugar de nacimiento, estado civil, dirección, teléfono, correo electrónico, firma, firma electrónica y cualquier otro sistema de firma y de identificación admitido por las Administraciones Púbicas.

Datos de circunstancias sociales.

Datos económicos, financieros y de seguros.

Datos académicos y profesionales.

Datos expediente sanitario.

Grado de Discapacidad.

Antecedentes de justicia juvenil.

Infracciones administrativas.

Datos específicos de los expedientes de los distintos procedimientos administrativos gestionados con el sistema de información.

Sexto.- Personas afectadas.

Los colectivos de las personas físicas afectadas cuyos datos pueden ser tratados son:

Menores así como, en su caso, de los representantes legales de los menores y de los adultos de referencia de los jóvenes y su unidad familiar.

Séptimo.- Personas autorizadas para el tratamiento de los datos personales.

El Encargado del tratamiento garantizará que los datos personales se traten únicamente por el personal que, dentro de aquel adscrito a la ejecución del contrato, haya autorizado y declarado para este cometido.

Si se produjeran bajas, sustituciones o incorporaciones respecto al personal declarado, el Encargado deberá entregar al Responsable, en el plazo máximo de siete (7) días naturales, una nueva declaración responsable comunicando esta circunstancia, así como la identificación, funciones y lugar de trabajo de los trabajadores a quienes afecte, y señalando, en el caso de incorporaciones, que los nuevos trabajadores han suscrito un compromiso de confidencialidad.

Tanto el Encargado como el personal que trate los datos están sujetos a un deber de confidencialidad, que permanecerá incluso tras la finalización del encargo.

El Encargado deberá informar convenientemente a su personal de las medidas de seguridad que han de adoptar para la protección de los datos, y les garantizará la formación necesaria en la materia.

Octavo.- Tratamiento de datos personales en el territorio de la Unión Europea.

Los sistemas de información y comunicaciones para la recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión de los tratamientos de datos personales deben ubicarse y prestarse dentro del territorio de la Unión Europea.

Estos datos no podrán ser objeto de transferencia a un tercer país u organización internacional, con excepción de los que hayan sido objeto de una decisión de adecuación de la Comisión Europea o cuando así lo exija el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Reino de España.

Noveno.- Ejercicio de derechos en materia de protección de datos.

En el supuesto de que una persona afectada ejerza sus derechos (acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de datos, oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas); el Encargado debe remitir la documentación, a través del Registro Oficial correspondiente, al Responsable, en un plazo máximo de dos (2) días hábiles.

El Responsable podrá requerir al Encargado para que, en un plazo máximo de dos días hábiles, aporte la documentación adicional para contestar dicha solicitud.

Décimo.- Deber de cooperación del Encargado.

El encargado del tratamiento debe:

* Facilitar el acceso a los datos personales y a las operaciones de tratamiento del Delegado de Protección de Datos designado por el Responsable.

* Cooperar con la autoridad de control.

* Colaborar con el Responsable a solicitud de este.

* Poner a su disposición cuanta información o documentación le sea requerida para dar cumplimiento al marco normativo en materia de protección de datos.

* Comunicar de forma inmediata si advierte que una instrucción es susceptible de infringir dicho marco normativo.

Undécimo.- Medidas de seguridad del tratamiento de datos personales.

El Encargado debe aplicar las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar que las operaciones de tratamiento de datos personales se realicen en un nivel de seguridad adecuado. Como mínimo habrán de contemplar:

- La seudonimización1 (Es decir, el tratamiento de datos personales de forma que no puedan atribuirse a una persona afectada sin utilizar información adicional), y el cifrado de datos personales2 (Esto es, la conversión de los datos personales en ilegibles).

- La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.

- La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico3 (Esto es que debe impedirse el acceso a los datos personales a personas no autorizadas, para ello deberán adoptarse medidas tales como establecer perfiles individuales de acceso al personal autorizado con derechos de administración, establecer contraseñas robustas y seguras en el uso de equipos informáticos usados para el procesamiento y almacenamiento de los datos personales, así como el uso de cortafuegos y cualquier otra medida de seguridad contra ataques cibernéticos. Además, debe llevar a cabo la actualización adecuada de los equipos informáticos, disponer de sistemas antivirus que inhiba malware entre otros, sistemas de detección de intrusiones de red; realizar copias de seguridad periódicamente que se almacenará en lugar distinto a aquel en el que se encuentre la información en origen, a los fines de que en caso de pérdida, puedan recuperarse los datos personales, proceder al almacenamiento seguro tanto de los automatizados como los no automatizados, y en el caso de que fueran destruidos, asegurar que esta sea absoluta, utilizando los medios pertinentes para ello).

- El proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento4 (Es decir, las medidas técnicas adoptadas deben ser revisadas de forma periódica, lo cual incluye los análisis periódicos de seguridad de los equipos informáticos y sus servidores).

Son aplicables:

- Respecto al tratamiento no automatizado de los datos, las medidas de seguridad previstas en Capítulo IV del Título VIII del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

- Respecto al tratamiento automatizado de los datos, las medidas de seguridad del Anexo II del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

- Si el Encargado se encontrara autorizado, en su caso, para la utilización de los recursos informáticos, telefónicos o redes de comunicación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, resultaría además de aplicación el Acuerdo del Gobierno de Canarias de 25 de junio de 2018, que aprueba las instrucciones que conforman la normativa de seguridad en el uso de los recursos informáticos, telefónicos y de redes de comunicación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 127, de 3.7.18).

Duodécimo.- Notificación de violaciones de seguridad de los datos personales.

El Encargado notificará al Responsable, de manera fehaciente, cada violación de seguridad5 (Entendida como la pérdida, destrucción o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizado a dichos datos) de los datos personales, con carácter inmediato y, de ser posible, en un plazo de 48 horas desde que tenga constancia.

La notificación debe comprender como mínimo, la descripción de:

- La naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales; el número aproximado de personas afectadas, cuando sea posible; y las categorías y el número aproximado de registros de datos personales afectados.

- Las posibles consecuencias de la vulneración de la seguridad de los datos personales.

- Las medidas correctivas adoptadas para poner remedio a la violación de seguridad, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos.

Decimotercero.- Subencargados del tratamiento.

El Encargado debe contar con la autorización expresa y por escrito del Responsable para acudir a la subcontratación, así como para incorporar o sustituir a los subcontratistas (Subencargados del tratamiento).

Son requisitos imprescindibles para otorgar dicha autorización, además de los establecidos en la normativa aplicable por razón de la materia, los siguientes:

- Que el tratamiento de datos personales por parte del Subencargado se ajuste a la legalidad vigente y a las instrucciones que dicte el Responsable del tratamiento.

- Que el Encargado del tratamiento y el Subencargado formalicen un contrato u otro acto jurídico de encargo de tratamiento de datos en los términos previstos en el presente anexo, que será puesto a disposición del Responsable del tratamiento.

Corresponde al Encargado del tratamiento inicial formular dicho contrato o acto jurídico, de tal forma que el Subencargado del tratamiento quede sujeto a las mismas condiciones que él, en lo referente al adecuado tratamiento de los datos personales.

En el caso de incumplimiento por parte del Subencargado, el Encargado del tratamiento inicial seguirá siendo plenamente responsable del cumplimiento de las obligaciones correspondientes ante el Responsable del tratamiento.

Decimocuarto.- Modificaciones del presente anexo.

Si, como consecuencia de la ejecución del encargo, y siempre que se respetase la normativa aplicable, resultara necesario modificar el presente anexo, el Encargado lo requerirá razonadamente, especificando los cambios que solicita. En caso de que el Responsable manifestara su conformidad, las partes firmantes de este Convenio emitirán, mediante la correspondiente Adenda de modificación, un anexo actualizado que recoja fielmente el detalle del tratamiento.

El Responsable del tratamiento también puede instar por propia iniciativa la modificación del presente anexo, mediante Adenda suscrita por las partes, previa audiencia al Encargado del tratamiento.

© Gobierno de Canarias