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BOC-A-2021-075-2001.
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La Excma. Sra. Presidenta del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote,
HACE SABER:
Que transcurrido el período de exposición pública de la aprobación inicial de las "Bases reguladoras de las prestaciones económicas de emergencia social destinadas a garantizar el derecho a la protección social de personal y/o unidades familiares en situación de vulnerabilidad socioeconómica" (BOP Las Palmas nº 18, de 10.2.2021), sin que se hayan presentado reclamaciones ni sugerencias; en armonía con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y a la de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno Corporativo en sesión ordinaria celebrada el día 29 de enero de 2021, se entienden aprobadas definitivamente, en los términos siguientes:
"ÍNDICE
1. Introducción.
2. Objeto.
3. Beneficiarios y requisitos.
4. Tipo de ayuda, cuantía y periodicidad.
5. Procedimiento de concesión.
6. Plazo, forma y lugar de presentación de las solicitudes.
7. Documentación básica y complementaria.
8. Justificación del gasto.
9. Causas de denegación/extinción.
10. Causas de reintegro.
11. Procedimiento de reintegro.
12. Crédito presupuestario.
13. Compatibilidad con otras ayudas.
14. Procedimientos de control de subvenciones.
15. Infracciones.
16. Sanciones.
17. Disposición derogatoria.
18. Entrada en vigor.
BASES REGULADORAS DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL DESTINADAS A GARANTIZAR EL DERECHO A LA PROTECCIÓN SOCIAL DE PERSONAS Y/O UNIDADES FAMILIARES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA.
1.- Introducción.
La situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 se ha transmitido a la economía y a la sociedad a una velocidad inusitada, afectando tanto a la actividad productiva como a la demanda y al bienestar de la ciudadanía.
Las restricciones impuestas en la libre circulación de las personas para evitar la propagación del virus y contener la enfermedad se tradujeron inexorablemente en una perturbación evidente para la economía que por ende afectó, y está afectando de manera muy significativa, a las familias más vulnerables.
La prioridad absoluta de las administraciones en materia social radica en proteger y dar soporte al conjunto de la ciudadanía, pero especialmente a quienes se encuentra en situación de vulnerabilidad social.
La pérdida de puestos de empleo pone en peligro la subsistencia de gran número de familias canarias, cuando muchas de ellas aún no habían superado las consecuencias sociales de la anterior crisis, como lo pone de manifiesto la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadísticas, según la cual Canarias es una de las comunidades autónomas con mayor riesgo de pobreza y exclusión social. A ello podemos añadir otros indicadores como los ingresos medios de la población que son de los más bajos del territorio español y que el 51,8% de los hogares de Canarias no tenían capacidad para afrontar gastos imprevistos.
La evolución de la situación de emergencia ocasionada por el COVID-19 exige la adopción de nuevas medidas dirigidas a paliar el impacto social en la población.
Una de las situaciones más preocupantes es la de los hogares que se han quedado sin ingresos se forma súbita, hogares que no perciben ingresos ni por la vía del mercado de trabajo ni por la vía de los mecanismos prestacionales de protección social.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, establece que las bases reguladoras de subvenciones de las corporaciones locales se deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones, o mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones. La Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, fue aprobada definitivamente por el Pleno Corporativo el 25 de marzo de 2010 y publicado su texto íntegro definitivo en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas el 21 de mayo del mismo año.
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece el deber de colaboración entre las Administraciones Públicas, en el artículo 141.3 "Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, y Entidades Locales deberán colaborar y auxiliarse para la ejecución de sus actos que hayan de realizarse o tengan efectos fuera de sus respectivos ámbitos territoriales".
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece el deber de colaboración entre las Administraciones Públicas, en el artículo 141.3 "Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales deberán colaborar y auxiliarse para la ejecución de sus actos que hayan de realizarse o tengan efectos fuera de sus respectivos ámbitos territoriales".
El Cabildo Insular de Lanzarote, como institución que vela por los intereses de la población que reside en la isla, y en base a las competencias que le son atribuidas en el artº. 49 de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, ejerce su potestad reglamentaria para la organización y prestación de los servicios propios, en los términos previstos en la normativa vigente y coopera con los ayuntamientos en la atención integral de las situaciones de riesgo o exclusión social, a través de la regulación de las siguientes bases de regulación de prestaciones económicas de emergencia social destinadas a garantizar el derecho a la protección social de personas y/o unidades familiares en situación de vulnerabilidad socioeconómica.
2.- Objeto.
Las presentes bases tienen por objeto regular el procedimiento para la valoración y concesión de prestaciones económicas de Emergencia social destinadas a garantizar el derecho a la protección social de todos los residentes y transeúntes de la isla de Lanzarote, que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica.
3.- Beneficiarios y sus requisitos.
Pueden ser perceptores de las ayudas:
a) Los propios solicitantes y beneficiarios de las ayudas.
b) Las entidades o personas designadas para su percepción, así como, los proveedores de los bienes o servicios para los que se conceda la ayuda.
Los solicitantes de estas ayudas deberán cumplir los siguientes requisitos para la obtención de estas prestaciones económicas de emergencia social en situación de vulnerabilidad socioeconómica:
1. Ser mayor de edad o menor emancipado.
2. Estar empadronados en alguno de los municipios de la isla de Lanzarote, así como aquellos transeúntes (personas que viven en un pueblo o ciudad de forma transitoria o que solo están de paso) que cumpla con los requisitos establecidos.
3. El/la solicitante y/o su unidad familiar de convivencia deberá acreditar que se encuentra en Situación de vulnerabilidad socioeconómica, con la aportación de documentación que acompañe a la solicitud.
4. Haber justificado debidamente en tiempo y forma las ayudas recibidas con anterioridad, y en su caso, haber devuelto las cuantías reclamadas.
Los beneficiarios, dada la naturaleza de la subvención, quedarán exentos del requisito de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social de acuerdo a lo establecido en el artículo 13.2, letra e), de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
A los efectos de las presentes ayudas, se computarán dentro de la unidad familiar de convivencia: "La madre y/o padre, tutor legal o persona encargada de la guarda, el solicitante y los hermanos y hermanas que no tengan ingresos propios que justifiquen su residencia en el mismo domicilio. Los y las ascendientes o descendientes con discapacidad y/o dependencia o mayores de 65 años serán computables como miembros de la unidad familiar de convivencia, pero no se tendrán en cuenta sus ingresos, si son perceptores de prestaciones no contributivas".
Son también miembros computables, la persona a la que se halle unido cualquiera de los progenitores por análoga relación de afectividad, así como los hijos si los hubiera, siempre que convivían en el mismo domicilio.
La concesión de la prestación económica quedará sujeta a la previa comprobación de la existencia de situación de vulnerabilidad socioeconómica. Esta información quedará reflejada en un Informe Técnico emitido por el Trabajador/a Social del Área de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote que valora el caso y emitirá una propuesta considerando favorable o desfavorable la concesión de dicha ayuda fundamentando las razones y la cuantía concedida.
Situación de vulnerabilidad socioeconómica:
El indicador AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social es un indicador que se construye con la población que se encuentra en riesgo de pobreza, o con carencia material o con baja intensidad en el empleo.
En riesgo de pobreza: ingresos por unidad de consumo por debajo del 60% de la mediana, el ingreso medio por persona en Canarias en 2018, 9.487 euros al año (790 euros mensuales). Una persona viviendo sola constituye una unidad de consumo, dado que afronta todos los gastos del hogar. Se asigna el peso de 0.5 a los demás adultos y un peso de 0.3 a los menores de 14 años.
Dos adultos y dos menores 1.5+0.3+0.3 = 2.1 2.1x9487 euros = 19.922 euros el 60% sería 11.953.20 euros los ingresos anuales (996 euros mensuales).
En hogares sin empleo o con baja intensidad en el empleo: hogares en los que sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su potencial de trabajo durante el año de referencia de los ingresos.
En carencia material severa: de al menos cuatro conceptos de los nueve de la lista siguiente:
_ No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año.
_ No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días.
_ No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada.
_ No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (de 650 euros).
_ Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda habitual (hipoteca o alquiler, recibos de suministro de agua, luz, gas, telefonía ...).
_ No puede permitirse disponer de automóvil.
_ No puede permitirse disponer de teléfono.
_ No puede permitirse disponer de TV.
_ No puede permitirse disponer de una lavadora.
Empleo: tener en cuenta varias condiciones de la definición de empleo:
_ La búsqueda de empleo.
_ La disponibilidad para trabajar.
_ Teletrabajo, horarios atípicos.
_ Empleo, paro, paro de larga duración, empleo involuntario a tiempo parcial (expresa la intención de trabajar más horas y la incapacidad para encontrar empleo a tiempo completo).
_ Salarios bajos, trabajo temporal, conciliación de la vida laboral y familiar, jornadas largas.
En la situación de alarma, en la que se ha producido el cese de muchas actividades y el confinamiento de la población, muchos trabajadores que han perdido su empleo han visto reducidas significativamente o extinguidas sus posibilidades de acceso a otra actividad laboral; las empresas que podrían contratarles o imposibilitados de ejercer su actividad como autónomos han mermado o cerrado, o bien no han podido incorporarse a un hipotético trabajo que les fuera ofrecido por tener que permanecer en casa cuidando de las personas dependientes de la familia (niños, ancianos, personas con discapacidad, etc.)
Señalar que dentro de las circunstancias que agravan la exclusión social es además de la persistente y elevada tasa de desempleo general es "el factor de salud", los procesos de enfermedad que no conllevan derecho a prestación económica son muy prevalentes.
Formación: la educación es una de las herramientas clave en el proceso de igualdad de oportunidades que disponemos en los estados de bienestar. En los ámbitos de exclusión social es un instrumento eficaz para evitar la transmisión intergeneracional de la pobreza. Durante el estado de alarma las acciones formativas, los itinerarios de búsqueda activa de empleo y las acciones de intermediación con las empresas, se han visto afectadas o interrumpidas, tanto por la imposibilidad de la realización de gran parte de ellas como por la brecha digital.
La brecha digital: muchas familias no cuentan con conexión a internet y de los que disponen de dicha conexión una parte no tienen habilidades o capacidades para hacer trámites administrativos online. Los procesos de digitalización en todos los ámbitos de la vida hacen imprescindible contar con un mínimo de habilidades. Acceder al conocimiento para optar a un empleo, para mantener una formación continua para la simple realización de trámites administrativos, afecta a más de la mitad de la población en situación de exclusión social y constituye una barrera hacia la integración.
Vivienda: en cuanto a las condiciones de la vivienda señalar que el pago de la vivienda y de los suministros asociados a ella supone un gran desembolso de la economía de cualquier hogar, y cuanto menores son los ingresos, mayor es el porcentaje de los mismos que se dedican a esta. Peligrosa decisión puesto que la vivienda es una necesidad básica y por tanto un gasto irrenunciable.
Las familias se ven obligadas o se lo plantean como opción futura, mudarse a una vivienda más barata, sin embargo, con la problemática existente en la isla (precios muy elevados, escasa oferta derivada de las denominadas vivienda vacacionales ...) viven con una inminente amenaza de expulsión o desahucio.
Aunque la dimensión del empleo es la más determinante para el conjunto de la población como factor para alcanzar la exclusión social, cuando nos referimos (exclusivamente) a las personas y a los hogares que están en exclusión más grave, la dimensión de la vivienda es la más determinante (tanto por su alto coste generalizado como por el impacto que genera en otros ámbitos de la vida cotidiana), convirtiéndose en uno de los factores más exclusógenos de nuestra sociedad.
Analizaremos los siguientes indicadores:
_ El gasto elevado de la vivienda.
_ Problemas estructurales en la vivienda (goteras, humedades, techos ...).
_ Problemas de falta de espacio (vivienda sobreocupada).
_ Vivienda insegura, sin garantías jurídicas (cesión, alquiler sin contrato, ocupación ...).
Seguridad económica: que reflejan los riesgos económicos y la vulnerabilidad de los hogares e individuos, así como su capacidad de reacción y resistencia para hacer frente a situaciones económicas adversas.
_ Retrasos en los pagos.
_ Incapacidad para hacer frente a gastos económicos imprevistos.
Salud: la salud ha ido adquiriendo mayor relevancia como factor de exclusión por las diferentes razones; aumento de la esperanza de vida, cambios epidemiológicos, consecuencias sociales de la enfermedad crónica, la no existencia de apoyos suficientes ante deteriores en la salud que impiden trabajar pero que no dan derecho a prestaciones sociales periódicas, los déficits de cuidados en los entornos informales, el escaso reconocimiento de los cuidadores familiares, ...
Existe un conjunto de servicios sanitarios de gran importancia que no están disponibles para toda la población, existiendo un porcentaje significativo de la misma que no tiene acceso por motivos socioeconómicos (gafas, audífonos, prótesis dentales, ayudas técnicas, medicamentos, tratamientos especializados, pagos producidos por hospitalización ...).
Se puede considerar la salud como un indicador de situación de exclusión, pero también como causa de la misma (elemento exclusógeno) con la aparición y desarrollo de determinadas enfermedades, lo que incrementa el riesgo de aislamiento y exclusión. A lo que debemos sumar los efectos en la salud mental, las tensiones provocadas por la pérdida de empleo o la ansiedad creada por las dificultades económicas.
Redes de apoyo: las redes de apoyo con capacidad de brindar ayuda en determinados supuestos son cada vez menos efectivas. La familia y los entornos cercanos siguen ayudando, pero cada vez menos, ya que han visto reducidos sus ingresos y su capacidad de dar respuesta ante la necesidad de otros.
Las características familiares: tienen una especial vulnerabilidad las familias monoparentales y monomarentales, familias numerosas, familias con personas a su cargo con discapacidad o dependencia, familias con miembros de nacionalidad extracomunitarios y las personas sin estudios o con bajo nivel de formación.
4.- Tipo de ayuda, cuantía y periodicidad.
La ayuda irá destinada a reducir o paliar la situación de vulnerabilidad social en la que se encuentra el solicitante y/o la unidad familiar de convivencia según los indicadores a los que se hace referencia en el apartado anterior.
Dichas ayudas deberán ser solicitadas (previa o paralela) a otras esferas de la Administración Pública competente en la materia. El Cabildo Insular de Lanzarote podrá valorar las solicitudes que no tengan acceso o lo hagan parcialmente a las ayudas de dichas Administraciones, por falta de respuesta de urgencia o por incumplimiento de los criterios establecidos, para ello los solicitantes y/o las unidades familiares de convivencia deben cumplir con los criterios establecidos en las presentes bases.
Dos modalidades de ayudas.
Modalidad A:
Vales o tarjetas prepago de establecimientos dirigidas a la adquisición de productos de primera necesidad (alimentación, higiene personal y limpieza así como a medicamentos).
Modalidad B:
Prestaciones económicas:
Necesidades primarias/básicas:
* Alimentación.
* Higiene.
* Vestido.
* Limpieza.
* Suministros: agua, luz, comunicaciones.
* Otras Ayudas de Emergencia Social o de atención de situaciones de urgente y grave necesidad.
Necesidades Alojativas:
* Alquiler.
* Hipoteca.
* Estancias Temporales fuera de la vivienda habitual.
* Recurso alojativo.
* Otras Ayudas de Emergencia Social o de atención de situaciones de urgente y grave necesidad.
Necesidades de Transporte o desplazamientos:
* Aéreo.
* Marítimo.
* Terrestre.
* Otras Ayudas de Emergencia Social o de atención de situaciones de urgente y grave necesidad.
Necesidades sanitarias:
* Medicamentos y/o material sanitario.
* Tratamientos médicos.
* Dietas especiales.
* Adquisición, reparación y adaptación de elementos por prescripción facultativa.
* Otras Ayudas de Emergencia Social o de atención de situaciones de urgente y grave necesidad.
Necesidades formativo-laborales:
* Matrículas.
* Cursos.
* Tasas de tramites de documentación.
* Uniformes.
* Otras Ayudas de Emergencia Social o de atención de situaciones de urgente y grave necesidad.
Necesidades escolares:
* Adquisición de uniformes.
* Material escolar y/o educativo.
* Guardería.
* Otras Ayudas de Emergencia Social o de atención de situaciones de urgente y grave necesidad.
Necesidades de carácter extraordinario:
* Problemas estructurales de la vivienda (ejemplo: desatascos).
* Adquisición de equipamiento básico de primera necesidad para la vivienda (termo, nevera ...).
* Cortes de suministro, enganches ...
* Adaptación de vehículo u otros medios.
* Otras ayudas técnicas: gastos derivados de tratamientos de psicoterapia, fisioterapia, tratamientos psicopedagógicos, logopedia, recuperación médico-funcional, estimulación precoz, ayudas para adquisición, reparación y adaptación de elementos por prescripción facultativa (gafas, prótesis).
* Adaptación de la vivienda habitual.
* Otras Ayudas de Emergencia Social o de atención de situaciones de urgente y grave necesidad.
CRITERIOS GENERALES PARA LA CONCESIÓN DE LAS AYUDAS Y BAREMACIÓN.
El dictamen técnico responderá al diagnóstico social: situación deficitaria coyuntural, situación deficitaria de larga duración, desventaja social, exclusión social y marginación (Maite Martín Muñoz, Manual de Indicadores para el Diagnóstico Social) derivado del estudio exhaustivo de las condiciones socioeconómicas descritas en el punto 3 de las presentes bases. Además se caracterizan por dar respuesta cercana, rápida, temporal y transitoria, a:
Sucesos que afectan y comprometen las capacidades, los recursos y los medios de subsistencia, así como las relaciones o redes familiares y sociales.
Situaciones de vulnerabilidad, fragilidad, impotencia, desamparo.
Situaciones gravemente deficitarias relacionadas con necesidades básicas para la supervivencia o para el normal desenvolvimiento en el entorno habitual.
Carencias básicas en las áreas de educación y salud, siempre que se trate de supuestos excluidos de las prestaciones normalizadas. Carencias básicas en las necesidades relacionadas con el alojamiento.
Estas situaciones deben de ir debidamente recogidas y detalladas en el informe social que se emita y firme con número de colegiado el profesional diplomado o grado en trabajo social. Tal y como se recoge en el apartado anterior el informe social debe de describir las circunstancias en las que se encuentra la persona o unidad familiar, las circunstancias por las que se diagnostica que se encuentra en una situación de vulnerabilidad así como la motivación de la ayuda económica (cuantía y tipología) y pronóstico tras la intervención.
La concesión se realizará atendiendo a los siguientes Criterios de Valoración:
Situación Deficitaria Coyuntural.- Pueden estar afectadas entre una y cinco Necesidades Básicas. Normalmente la persona tiene una buena red relacional, buena estructuración del conjunto de las Necesidades Básicas que permiten que el sujeto, por sus propios medios, supere los handicaps o conflictos, con apoyos y relaciones adecuadas. Normalmente solucionan sus problemas dentro de las redes informales del propio tejido social.
Aplicación de Prestaciones o Servicios de baja intensidad. la cuantía será la propuesta por la trabajadora social debiendo pasar por la comisión de valoración e irá comprendida entre 1 y los 1.800 euros. El importe hará referencia a retrasos en el pago de facturas o adquisición de alguno de los conceptos recogidos en el apartado 4.
Situación Deficitaria de Larga Duración.- En este supuesto, pueden estar afectadas en situación muy deficitaria entre una y cuatro necesidades básicas, del bloque siguiente. Si la situación deficitaria se prolongara más en el tiempo, su repercusión se reflejaría en la afectación de otras necesidades distintas de las primeras, derivando hacia diagnósticos de más comprometida o delicada situación.
Aplicación de Prestaciones o Servicios de Intensidad Moderada, la cuantía de será la propuesta por la trabajadora social debiendo pasar por la comisión de valoración e irá comprendida entre 1 y los 2.000 euros. El importe hará referencia a retrasos en el pago de facturas o adquisición de alguno de los conceptos recogidos en el apartado 4.
Desventaja Social.- Los indicadores de este diagnóstico reflejan una situación muy deficitaria en la necesidad básica de integración y normalización. La no cobertura de recursos, tales como la educación, la protección parental, la legalidad personal, las ayudas técnicas, origina discriminación, imposibilidad o prohibición en el uso y disfrute de derechos sociales generales, y por tanto aumenta el riego de derivar en situación de exclusión o marginación.
Aplicación de Prestaciones o Servicios de Intensidad Moderada, la cuantía de será la propuesta por la trabajadora social debiendo pasar por la comisión de valoración e irá comprendida entre 1 y los 3.000 euros. El importe hará referencia a retrasos en el pago de facturas o adquisición de alguno de los conceptos recogidos en el apartado 4.
Exclusión Social.- Las necesidades básicas afectadas se encuentran en situación muy deficitaria. La cronificación de la esta situación comienza a deteriorar otras necesidades, como por ejemplo las de relación convivencial, autonomía personal, etc.
Aplicación de Prestaciones o Servicios de Intensidad Intensiva, la cuantía de será la propuesta por la trabajadora social debiendo pasar por la comisión de valoración e irá comprendida entre 1 y los 2.500 euros. El importe hará referencia a retrasos en el pago de facturas o adquisición de alguno de los conceptos recogidos en el apartado 4.
Marginación.- Las personas incluidas en este diagnóstico, tienen afectadas más de siete necesidades básicas con intensidad muy deficitaria, ha permanecido largo tiempo en situación de desventaja o de exclusión social, lo que ha permitido que los indicadores de las necesidades básicas fueran degradándose hasta llegar a tener graves carencias en todas las necesidades.
Aplicación de Prestaciones o Servicios de Intensidad Notable, la cuantía de será la propuesta por la trabajadora social debiendo pasar por la comisión de valoración e irá comprendida entre 1 y los 3.000 euros. El importe hará referencia a retrasos en el pago de facturas o adquisición de alguno de los conceptos recogidos en el apartado 4.
La cuantía máxima anual a percibir por el Cabildo de Lanzarote en estos conceptos, será de 3.000 euros por unidad familiar de convivencia. Las subvenciones concedidas nunca superaran el importe total de la necesidad a cubrir. Solo se podrá superar esta cantidad en el caso de que se soliciten ayudas de cobertura de salud de diferentes miembros de la unidad familiar. La persona usuaria podrá solicitar una o dos ayudas durante el año fiscal. El importe de la ayuda no podrá superar los 3.000 euros anuales, pudiendo recibir el importe máximo en un solo pago o en dos pagos.
Por la tipología de ayudas no se solicitará garantías. Las ayudas concedidas se podrán abonar de forma anticipada, mediante ingreso en la cuenta corriente cuyo titular sea el/la interesado/a. En caso de ayuda de alquiler se podrá realizar el abono en la cuenta del/la propietario/a de la vivienda o de la empresa prestadora del servicio, previa autorización de la persona beneficiaria de la ayuda, mediante endoso.
5.- Procedimiento de concesión.
El procedimiento se iniciará con la derivación de la solicitud, informe social y documentación que acredite la situación de vulnerabilidad que conste en las dependencias de los servicios sociales de su municipio u otro servicio especializado previa comunicación/coordinación con el ayuntamiento de referencia.
El/la solicitante debe mantener una entrevista con el/la trabajador/a social que llevará el caso (instructor/a del expediente), se asesora, obtiene información y se indican los requisitos para acceder a ella y la documentación necesaria para su tramitación.
Posteriormente el solicitante presentará a través del registro, el anexo de la solicitud con la documentación básica y la documentación complementaria indicada durante la entrevista, documentación que se expone a continuación en el siguiente apartado.
En caso de que concurran circunstancias extraordinarias que así lo requieran, el procedimiento podrá iniciarse de oficio. Corresponderá al trabajador social (instructor/a del expediente) de referencia determinar la prescripción o conveniencia de la prestación económica o de emergencia en estos casos.
Los solicitantes que presenten documentación incompleta o errónea, serán requeridos para que presentes la documentación necesaria en el plazo de 15 días naturales, pasados los cuales se procederá a archivar el expediente considerándose que el solicitante desiste o renuncia a su solicitud.
Durante la tramitación del expediente, el trabajador social (instructor/a del expediente) realizará las entrevistas individuales o familiares y las visitas domiciliarias que considere necesarias. El procedimiento de concesión de estas ayudas se tramitará en régimen de concurrencia no competitiva.
El trabajador social (instructor/a del expediente) emitirá un informe con la valoración del caso y la propuesta de la prestación para su aprobación, en el que se hará constar, necesariamente, el diagnóstico social y la cuantía total de la ayuda. El órgano competente para la instrucción deberá evacuar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.
Las propuestas serán elevadas a la Comisión de Valoración, que estará constituida por la Sra. Consejera del Área de Bienestar Social, la persona responsable del servicio o en quien delegue, un secretario/secretaria y un técnico técnica trabajador social. Su función principal será la valoración y emisión de dictamen de aquellas solicitudes propuestas por el/la Trabajador/a Social. Además tendrá la potestad de emitir dictamen de situación excepcional respecto al cumplimiento de los requisitos generales y específicos, y a la valoración de la temporalidad de las ayudas respecto al incremento de las mismas.
6.- Plazo, forma y lugar de presentación de las solicitudes.
El plazo de solicitud coincidirá con el año natural y la convocatoria será aprobada por la Presidencia debiendo presentarse la solicitud adjunta en el (Anexo I).
Las solicitudes se dirigirán a la Presidencia del Cabildo de Lanzarote y se presentarán referiblemente a través del registro propio de Prestaciones y/o Bienestar Social o en el registro Central, o a través de la sede electrónica.
7.- Documentación acreditativa básica y complementaria.
La documentación de solicitud se presentará preferentemente en el registro del Servicio de Prestaciones, pudiendo presentarse también en cualquier otro registro del Cabildo Insular o a través del registro electrónico.
La solicitud irá acompañada de la siguiente documentación:
Documentación básica:
_ DNI, NIE o PASAPORTE de la persona solicitante.
_ DNI, NIE o PASAPORTE de los demás miembros de la unidad familiar de convivencia.
_ Declaración responsable de los ingresos y patrimonio de todos los miembros de la unidad familiar de convivencia.
_ Certificado acreditativo de los ingresos que perciban los miembros de la unidad familiar de convivencia.
_ Certificado de convivencia en el que aparezcan todos los miembros de la unidad familiar de convivencia.
_ Presupuesto detallado de la ayuda que solicita, que contemple la finalidad y el importe.
_ Solicitud de Alta/modificación de datos a terceros.
Autorización para acceder a la plataforma de datos y verificar los datos aportados por el solicitante y la unidad familiar de convivencia.
La documentación de solicitud se presentará preferentemente en el registro del Servicio de Prestaciones, pudiendo presentarse también en cualquier otro registro del Cabildo Insular o a través del registro electrónico.
Documentación complementaria, la documentación será determinada en cada caso por el trabajador social de referencia, en función de la situación sociofamiliar, la demanda y el proceso de intervención social. El Cabildo podrá solicitar toda la documentación complementaria que considere necesaria para evaluar correctamente la solicitud.
No se solicitará documentación que conste en el expediente. Además, se posibilitará la autorización para la consulta directa de la documentación de otras Administraciones Públicas en todos los casos en que sea posible y de todos los miembros de la unidad familiar a través de la Plataforma de Intermediación de Datos, eximiendo en este caso a la persona solicitante de la presentación de los mismos.
En función de la prestación solicitada, podrá requerirse documentación complementaria.
Con carácter excepcional y en aquellos supuestos en que la situación del beneficiario presente extrema urgencia y gravedad, el presidente o persona en quién delegue, mediante decreto, podrá resolver el expediente en un plazo máximo de tres días hábiles, a contar desde la presentación de la solicitud con todos los documentos preceptivos. Posteriormente, el expediente continuará el trámite habitual. Si tras esta tramitación, y tras informe del Trabajador Social municipal, no se confirma la urgencia, se procederá a la revocación de la ayuda y reclamación del importe percibido.
8.- Justificación del gasto.
En las ayudas concedidas a través de vales, tarjetas prepago de establecimientos, o pago directo a proveedores, la justificación del gasto se realizará de oficio, con la comprobación de las facturas emitidas.
La justificación del gasto en el caso del resto de las ayudas directas se realizará ante el personal administrativo de prestaciones que le requerirá los pagos y gastos realizados (facturas u otros justificantes válidos), posteriormente el trabajador social de referencia comprobará que se ha cumplido con el objeto de la concesión.
La persona beneficiaria deberá someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
9.- Causas de denegación.
* No reunir los requisitos exigidos en las presentes bases.
* Falseamiento u ocultación de datos para obtener, conservar o aumentar la prestación económica.
* Desaparición de las circunstancias que dieron origen a su concesión.
* Incumplimiento del plazo de duración de la prestación económica.
* Traslado de domicilio fuera de la isla.
* Renuncia del beneficiario a la prestación económica.
* No utilizar la prestación para el fin para el que fue concedida.
* No constituir la ayuda económica un recurso idóneo técnicamente indicado.
* Negarse a suscribir acuerdos durante el proceso de intervención social o incumplimiento de los compromisos acordados en el diseño de intervención social.
* No haber justificado la subvención recibida o no haber realizado el reintegro de la cuantía excedida al requerimiento de la Administración Local.
* Otras causas de carácter grave imputables al beneficiario no contempladas en los apartados anteriores.
* Fallecimiento del beneficiario. Cuando la ayuda se ha concedido a una unidad de convivencia, el órgano colegiado que ha elevado la propuesta favorable a la ayuda, evaluará si es pertinente o no su continuidad.
10.- Causas de reintegro.
* Obtención de la prestación falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.
* Incumplimiento total o parcial de los acuerdos que figuren en el diseño de intervención social.
* Utilización de la prestación para una finalidad distinta a la que se concedió.
* Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos en la base anterior.
11.- Procedimiento de reintegro.
El procedimiento de reintegro de subvenciones se iniciará de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa, bien como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia. También se iniciará a consecuencia del informe de control financiero emitido por la Intervención General.
En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro será de 12 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación. Si transcurriese ese plazo máximo para resolver sin que se haya notificado la resolución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento, sin perjuicio de continuar las actuaciones hasta su terminación y sin que se considere interrumpida la prescripción por las actuaciones realizadas hasta la finalización del citado plazo.
La resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin a la vía administrativa.
12.- Crédito presupuestario.
La concesión de las subvenciones de cada convocatoria será limitada a las disponibilidades presupuestarias del ejercicio correspondiente. No obstante, se podrá acordar el incremento de la dotación presupuestaria destinado a la convocatoria, condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente.
13.- Compatibilidad con otras ayudas.
Esta subvención es compatible con otras subvenciones destinadas a la misma finalidad, procedentes de cualquier administración o ente público o privado, siempre que no superen el cien por cien del gasto subvencionable.
Las personas beneficiarias se comprometen a comunicar cuantas solicitudes de subvención trámite en cualquier organismo público o privado y relacionado con la actividad subvencionadas en este documento.
14.- Procedimientos de control de subvenciones.
14.1.- Objeto y competencia.
1. El control de subvenciones se ejercerá sobre los beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras, por las subvenciones concedidas con cargo a los Presupuestos del Cabildo Insular de Lanzarote, Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles, o a los fondos de la Unión Europea, en la modalidad dispuesta por el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y de acuerdo a lo previsto en la legislación vigente en materia de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo.
2. En todo caso, el control de las subvenciones tendrá como objeto verificar los elementos recogidos en LGS.
3. La competencia para el ejercicio del control de subvenciones corresponde a la Intervención General, ello sin perjuicio de las competencias que el ordenamiento jurídico atribuye a la Audiencia de Cuentas de Canarias y Tribunal de Cuentas.
4. El control podrá extenderse a las personas físicas o jurídicas a las que se encuentren asociados los beneficiarios, así como a cualquier otra persona susceptible de presentar un interés en la consecución de los objetivos, en la realización de las actividades, en la ejecución de los proyectos o en la adopción de los comportamientos.
14.2. Obligación de colaboración.
1. Los solicitantes, beneficiarios, las entidades colaboradoras y los terceros relacionados con el objeto de la subvención o su justificación, estarán obligados a prestar colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida en el ejercicio de las funciones de control financiero por la Intervención General, así como a los órganos que, de acuerdo con la normativa comunitaria, tengan atribuidas funciones de control financiero, a cuyo fin tendrán las siguientes facultades y derechos:
a) El libre acceso a toda la documentación objeto de comprobación, incluidos libros y registros contables, programas y archivos en soportes informáticos.
b) El libre acceso a los locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se desarrolle la actividad subvencionada o se permita verificar la realidad y regularidad de las operaciones financiadas con cargo a la subvención.
c) La obtención de copia o la retención de las facturas, documentos equivalentes o sustitutivos y de cualquier otro documento relativo a las operaciones en las que se deduzcan indicios de la incorrecta obtención, disfrute o destino de la subvención.
d) El libre acceso a información de las cuentas bancarias en las entidades financieras donde se pueda haber efectuado el cobro de las subvenciones o con cargo a las cuales se puedan haber realizado las disposiciones de los fondos.
2. La negativa al cumplimiento de esta obligación se considerará resistencia, excusa, obstrucción o negativa a los efectos del articulo 60 de esta ordenanza, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, pudieran corresponder.
14.3.- Derechos y deberes del personal controlador.
1. En el ejercicio de sus funciones, los funcionarios de la Intervención General y a los que específicamente se les pueda asignar este cometido, de acuerdo con la normativa comunitaria, serán considerados agentes de la autoridad.
2. Los funcionarios y auditores que ejecuten los trabajos, bien individualmente o formando parte de equipos de auditoría, deben poseer la cualificación profesional necesaria, mantener una posición de independencia y objetividad, actuar con la debida diligencia profesional, responder de su trabajo y observar la confidencialidad y el secreto respecto de la información obtenida en el curso de las actuaciones.
3. Los datos, informes o antecedentes obtenidos en el ejercicio de dicho control solamente podrán utilizarse para los fines asignados al mismo, servir de fundamento para la exigencia de reintegro y, en su caso, para poner en conocimiento de los órganos competentes los hechos que puedan ser constitutivos de infracción administrativa, responsabilidad contable o penal.
4. Cuando en la práctica de un control sobre subvenciones el funcionario encargado aprecie que los hechos acreditados en el expediente pudieran ser susceptibles de constituir una infracción administrativa o de responsabilidades contables o penales lo deberá poner en conocimiento de la Intervención General para que, si procede, remita lo actuado al órgano competente para la iniciación de los oportunos procedimientos.
14.4.- Procedimientos de control de subvenciones.
El ejercicio del control de subvenciones se adecuará a la modalidad a aplicar, sea función interventora o control financiero, establecida por las normas al efecto vigentes en el Cabildo Insular de Lanzarote.
14.5.- Función interventora.
El ejercicio de la función interventora sobre las subvenciones reguladas en esta ordenanza, podrá consistir en la intervención previa plena, de los expedientes en la tramitación de las diferentes fases de autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación, o en la intervención previa de requisitos esenciales, que se completará con el control posterior, bien a través de la fiscalización plena posterior, bien mediante técnicas de auditoría, de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales.
El control posterior efectuado a través de técnicas de auditoría se someterá, en lo correspondiente a su procedimiento y formalización, a lo determinado en los artículos siguientes.
14.6.- Control financiero.
El control financiero se ejercerá por la Intervención General del Cabildo Insular de Lanzarote, respecto de los beneficiarios.
El control financiero tendrá por objeto verificar:
a) La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte del beneficiario.
b) El cumplimiento por parte de beneficiarios de sus obligaciones en la gestión y aplicación de la subvención.
c) La adecuada y correcta justificación de la subvención por parte del beneficiario.
d) La realidad y la regularidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificación presentada por beneficiarios, han sido financiadas con la subvención.
e) La adecuada y correcta financiación de las actividades subvencionadas, en los términos establecidos en el apartado 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
f) La existencia de hechos, circunstancias o situaciones no declaradas a la Administración por beneficiarios y que pudieran afectar a la financiación de las actividades subvencionadas, a la adecuada y correcta obtención, utilización, disfrute o justificación de la subvención, así como a la realidad y regularidad de las operaciones con ella financiadas.
15.- Infracciones.
1. Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y omisiones tipificadas en la normativa de subvenciones, así como en las presentes bases.
2. Las infracciones administrativas en materia de subvenciones serán sancionables incluso a título de simple negligencia.
3. Los sujetos responsables y supuestos de exención de responsabilidad serán los previstos en la LGS.
15.1.- Clases de infracciones.
15.1.1. Infracciones leves.
Constituyen infracciones leves los incumplimientos de las obligaciones recogidas en esta ley y en las bases reguladoras de subvenciones cuando no constituyan infracciones graves o muy graves y no operen como elemento de graduación de la sanción.
En particular, constituyen infracciones leves las siguientes conductas:
a) La presentación fuera de plazo de las cuentas justificativas de la aplicación dada a los fondos percibidos.
b) La presentación de cuentas justificativas inexactas o incompletas.
c) El incumplimiento de las obligaciones formales que, no estando previstas de forma expresa en el resto de párrafos de este artículo, sean asumidas como consecuencia de la concesión de la subvención, en los términos establecidos reglamentariamente.
d) El incumplimiento de obligaciones de índole contable o registral, en particular:
1º. La inexactitud u omisión de una o varias operaciones en la contabilidad y registros legalmente exigidos.
2º. El incumplimiento de la obligación de llevar o conservar la contabilidad, los registros legalmente establecidos, los programas y archivos informáticos que les sirvan de soporte y los sistemas de codificación utilizados.
3º. La llevanza de contabilidades diversas que, referidas a una misma actividad y ejercicio económico, no permitan conocer la verdadera situación de la entidad.
4º. La utilización de cuentas con significado distinto del que les corresponde, según su naturaleza, que dificulte la comprobación de la realidad de las actividades subvencionadas.
e) El incumplimiento de las obligaciones de conservación de justificantes o documentos equivalentes.
f) El incumplimiento por parte de las entidades colaboradoras de las obligaciones establecidas en el artículo 15 de esta ley que no se prevean de forma expresa en el resto de apartados de este artículo.
g) La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de control financiero. Se entiende que existen estas circunstancias cuando el responsable de las infracciones administrativas en materia de subvenciones, debidamente notificado al efecto, haya realizado actuaciones tendentes a dilatar, entorpecer o impedir las actuaciones de los funcionarios de la Intervención General de la Administración del Estado o de las comunidades autónomas en el ejercicio de las funciones de control financiero. Entre otras, constituyen resistencia, obstrucción, excusa o negativa las siguientes conductas:
1ª. No aportar o no facilitar el examen de documentos, informes, antecedentes, libros, registros, ficheros, justificantes, asientos de contabilidad, programas y archivos informáticos, sistemas operativos y de control y cualquier otro dato objeto de comprobación.
2ª. No atender algún requerimiento.
3ª. La incomparecencia, salvo causa justificada, en el lugar y tiempo señalado.
4ª. Negar o impedir indebidamente la entrada o permanencia en locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que existan indicios probatorios para la correcta justificación de los fondos recibidos por el beneficiario o la entidad colaboradora o de la realidad y regularidad de la actividad subvencionada.
5ª. Las coacciones al personal controlador que realice el control financiero.
h) El incumplimiento de la obligación de colaboración por parte de las personas o entidades a que se refiere el artículo 46 de esta ley, cuando de ello se derive la imposibilidad de contrastar la información facilitada por el beneficiario o la entidad colaboradora.
i) Las demás conductas tipificadas como infracciones leves en la normativa de la Unión Europea en materia de subvenciones.
15.1.2. Infracciones graves.
Constituyen infracciones graves las siguientes conductas:
a) El incumplimiento de la obligación de comunicar al órgano concedente o a la entidad colaboradora la obtención de subvenciones, ayudas públicas, ingresos o recursos para la misma finalidad, a que se refiere el párrafo d) del apartado 1 del artículo 14 de esta ley.
b) El incumplimiento de las condiciones establecidas alterando sustancialmente los fines para los que la subvención fue concedida.
c) La falta de justificación del empleo dado a los fondos recibidos una vez transcurrido el plazo establecido para su presentación.
d) La obtención de la condición de entidad colaboradora falseando los requisitos requeridos en las bases reguladoras de la subvención u ocultando los que la hubiesen impedido.
e) El incumplimiento por parte de la entidad colaboradora de la obligación de verificar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos determinantes para el otorgamiento de las subvenciones, cuando de ello se derive la obligación de reintegro.
f) La falta de suministro de información por parte de las administraciones, organismos y demás entidades obligados a suministrar información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
g) Las demás conductas tipificadas como
15.1.3. Infracciones muy graves.
Constituyen infracciones muy graves las siguientes conductas:
a) La obtención de una subvención falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido o limitado.
b) La no aplicación, en todo o en parte, de las cantidades recibidas a los fines para los que la subvención fue concedida.
c) La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de control previstas, respectivamente, en el párrafo c) del apartado 1 del artículo 14 y en el párrafo d) del apartado 1 del artículo 15 de esta ley, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, o el cumplimiento de la finalidad y de la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
d) La falta de entrega, por parte de las entidades colaboradoras, cuando así se establezca, a los beneficiarios de los fondos recibidos de acuerdo con los criterios previstos en las bases reguladoras de la subvención.
e) Las demás conductas tipificadas como infracciones muy graves en la normativa de la Unión Europea en materia de subvenciones.
16.- Sanciones.
1. La competencia para imponer sanciones corresponde al Consejo de Gobierno Insular.
2. Las infracciones en materia de subvenciones se sancionarán mediante la imposición de sanciones pecuniarias y, cuando proceda, de sanciones no pecuniarias.
3. Las sanciones, su graduación y cuantías se establecerán de acuerdo con lo previsto en la LGS.
4. La instrucción de los procedimientos sancionadores corresponderá en virtud de las bases de Ejecución del Presupuesto 25.3ª al Servicio Gestor de Subvenciones.
5. La imposición de las sanciones en materia de subvenciones se efectuará mediante expediente administrativo en el que, en todo caso, se dará audiencia al interesado antes de dictarse el acuerdo correspondiente y que será tramitado conforme lo previsto en la legislación vigente en materia de procedimiento administrativo.
6. El procedimiento se iniciará de oficio, como consecuencia de la actuación de comprobación desarrollada por el órgano concedente o por la entidad colaboradora, así como de las actuaciones de control financiero.
7. Los acuerdos de imposición de sanciones pondrán fin a la vía administrativa.
17.- Disposición derogatoria.
Con la aprobación y entrada en vigor de estas bases quedan derogadas las bases publicadas con anterioridad y todas aquellas disposiciones que contradigan a las presentes bases.
18.- Entrada en vigor.
Las presentes normas entrarán en vigor continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación, tras su aprobación por la Presidenta de la Corporación, el día de su publicación en la página web del Cabildo www.cabildodelanzarote.com.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Arrecife, a 29 de marzo de marzo de 2021.- La Presidenta, p.d. (Decreto 0109, de 14.1.2021), la Consejera Delegada Accidental, Isabel María Martín Tenorio.
Ver anexo en las páginas 18008-18012 del documento Descargar
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