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BOC Nº 219. Martes 27 de octubre de 2020 - 3899

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III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud

3899 Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración.- Resolución de 15 de octubre de 2020, por la que se acuerda conceder nuevo plazo de subsanación de las solicitudes de Ingreso Canario de Emergencia, para todos aquellos expedientes que constan requeridos.

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Vistos los expedientes instruidos como consecuencia de las solicitudes del Ingreso Canario de Emergencia realizadas en fecha comprendida entre el 27 de abril y el 27 de mayo de 2020, y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas urgentes de carácter social dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, modificado por el Decreto ley 9/2020, de 7 de mayo, en la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción y sus modificaciones posteriores; la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias; el Decreto 136/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción y su posterior modificación, y el Decreto 43/2020, de 16 de abril, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, y teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante el Decreto ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas urgentes de carácter social dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, modificado por el Decreto ley 9/2020, de 7 de mayo, se crea una prestación económica denominada Ingreso Canario de Emergencia (ICE), como instrumento de apoyo para aquellas personas que constituyan unidades de convivencia en las que concurran circunstancias que las coloquen en un estado de extrema necesidad, como consecuencia de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Segundo.- A pesar de que para la comprobación de que las personas solicitantes cumplen con los requisitos, se han establecido convenios con las Administraciones Públicas que han permitido acceder a los datos catastrales; de identidad; de datos de vehículos; de listado de vehículos; del nivel y grado de dependencia; verificación del ámbito territorial de residencia; de las prestaciones del registro de prestaciones sociales; incapacidad temporal y maternidad; de los datos de discapacidad; del servicio de consulta de renta salario prestación social básica importes actuales; consulta de los importes de las prestaciones percibidas a fecha actual; servicio de consulta de vida laboral y la situación laboral en una fecha concreta, no se ha podido obtener la información requerida para poder realizar las comprobaciones de requisitos necesarias en algunos de los expedientes.

Tercero.- Se ha presentado por las personas interesadas la solicitud en el plazo indicado en el artículo 8.5 y 6 del Decreto ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas urgentes de carácter social dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, quedando sin embargo el trámite de subsanación de documentación pendiente en muchos casos por causas ajenas a los administrados y directamente relacionadas con la situación de alerta por el COVID-19.

Cuarto.- La persona beneficiaria vendrá obligada a:

a) Dar información veraz con respecto a la situación económica de la unidad de convivencia.

b) Comunicar cualquier modificación de las circunstancias personales o patrimoniales que puedan afectar al derecho a la prestación o el importe, en el plazo de tres días hábiles.

c) Reintegrar las cuantías percibidas por error o indebidamente cobradas si se comprueba que se carecía de los requisitos para obtener el Ingreso Canario de Emergencia.

El incumplimiento de los requisitos para ser persona beneficiaria del ICE dará lugar al régimen de reintegros que resulte de aplicación, que se realizará de acuerdo con el procedimiento previsto en la normativa reguladora de la PCI ( Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción y sus posteriores modificaciones, y Decreto 136/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción y sus posteriores modificaciones).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 29 de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias dispone, en el párrafo tercero que, <<en situaciones de urgencia y emergencia social acreditadas, cuando se requiera de un servicio o prestación, de forma extraordinaria se podrán establecer excepciones a todos o alguno de los requisitos establecidos en la legislación vigente>>.

Segundo.- Entre las medidas dirigidas a atender situaciones de extrema vulnerabilidad social, se incluye el establecimiento con carácter excepcional de un Ingreso Canario de Emergencia en la Comunidad Autónoma de Canarias (artº. 1 del Decreto ley 6/2020), siendo la prioridad absoluta proteger y dar soporte al conjunto de la ciudadanía, pero especialmente a quienes son más vulnerables.

Tercero.- De los datos obrantes en los expedientes iniciados, se desprende que las personas interesadas que presentaron sus solicitudes en plazo, no han dispuesto de tiempo suficiente para aportar toda la documentación con la que demostrar que cumplen con los requisitos recogidos en los artículos 3 y 4 del citado Decreto ley 6/2020, de 17 de abril.

Cuarto.- En atención a lo previsto en el artículo 73.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, "en cualquier momento del procedimiento, cuando la Administración considere que alguno de los actos de los interesados no reúne los requisitos necesarios, lo pondrá en conocimiento de su autor concediéndole plazo de diez días para cumplimentarlo".

Quinto.- La competencia para resolver el presente procedimiento corresponde a la Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del citado Decreto ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas urgentes de carácter social dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Vistos el Decreto ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas urgentes de carácter social dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, modificado por el Decreto ley 9/2020, de 27 de abril, la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción y sus posteriores modificaciones; el Decreto 136/2007, de 24 de mayo, que la desarrolla y su posterior modificación, así como la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y demás normativas de general aplicación,

En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder plazo de diez días hábiles a las personas identificadas en los distintos requerimientos publicados en el Boletín Oficial de Canarias, relacionados en el Anexo I a la presente Resolución, para aportar la documentación de subsanación a los procedimientos de la prestación económica denominada Ingreso Canario de Emergencia (ICE), que no hubiera podido ser aportada por los interesados a razón de las dificultades sobrevenidas en la obtención de dichos documentos por la situación de emergencia creada por el COVID (imposibilidad de obtener cita para la expedición de documentos en el plazo dado, saturación de los departamentos correspondientes, etc.).

Segundo.- La documentación requerida podrá presentarse por vía telemática a través de la sede electrónica de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, https://sede.gobiernodecanarias.org/dsidj/ dirigida a la Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración, o bien, en el caso de que la persona no disponga de medios telemáticos, podrá presentarse por escrito dirigido a esta Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración, Servicio de Gestión de Pensiones y Ayudas de Integración, adjuntando la documentación requerida en las oficinas de registro habilitadas a tal efecto, utilizando para su presentación el Modelo/Formulario que podrá descargarse en la sede electrónica. Además, si fuera a realizar la presentación de la documentación físicamente, puede utilizar el modelo de Instancia para presentación que se adjunta al presente como Anexo II.

Por otro, se encuentra habilitada, la cuenta de correo electrónico genérica corporativa derechossociales@gobiernodecanarias.org, en la que podrán presentar, vía correo electrónico, la documentación solicitada, adjunta al modelo facilitado en el antedicho Anexo II. Además, con el fin de poder dotar de todas las garantías legales, se ha elaborado un borrador de texto que debe incluirse en el cuerpo del correo, así como el Asunto que deben indicar en el mismo, Anexo III.

Y, en último caso, por las otras vías establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Tercero.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Gobierno de Canarias, así como en el Boletín Oficial de Canarias, finalizando el plazo de presentación de documentación trascurridos diez (10) días hábiles, computados a partir del día siguiente de su publicación en dicho Boletín.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Viceconsejería de Derechos Sociales (artículo 2.2 del Decreto 43/2020, de 16 de abril, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud), en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la notificación de la presente Resolución, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 y concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de octubre de 2020.- El Director General de Derechos Sociales e Inmigración, Francisco Javier Bermúdez Díaz.

Ver anexo en las páginas 29053-29060 del documento Descargar

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