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BOC-A-2020-146-2386.
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El Pleno del Parlamento, en sesión celebrada los días 23 y 24 de junio de 2020, debatió el Informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias de referencia, habiéndose adoptado por la Cámara resolución al respecto.
De conformidad con lo establecido en el artículo 196.7 del Reglamento del Parlamento de Canarias, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
RESOLUCIÓN APROBADA
"I
1. El Parlamento de Canarias aprueba el informe 10L/IACG-0001 de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma Canaria, ejercicio 2018.
2. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a seguir las recomendaciones de la Audiencia de Cuentas de Canarias en el informe 10L/IACG-0001.
3. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias, para que a su vez inste al Gobierno de España, a la flexibilización de la regla de gasto para que el superávit presupuestario pueda destinarse a los servicios públicos esenciales y facilitar la creación de empleo, como se ha acordado por este Parlamento de Canarias en las propuestas de resolución sobre la cuenta general de la CAC del ejercicio 2017, y ahora con más argumentos para hacer frente a los desafíos sociales y económicos que nos deja la pandemia del coronavirus.
II
1. El Parlamento de Canarias aprueba el informe, elaborado por la Audiencia de Cuentas de Canarias, de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias, correspondiente al ejercicio 2018.
2. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a establecer, en las políticas de gasto y programas presupuestarios del sector público con presupuesto limitativo, presupuesto estimativo y los fondos carentes de personalidad jurídica, objetivos concretos y medibles e implantar un sistema de evaluación de la consecución y cumplimiento de estos objetivos, con el fin de determinar el grado de eficiencia y eficacia en el uso y destino de los recursos públicos.
3. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias, ante el bajo grado de ejecución y aplicación, a analizar, reestructurar y reformar los fondos carentes de personalidad jurídica, con el fin de que cumplan los objetivos para los que fueron creados.
4. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a mejorar el control de las cuentas de la Tesorería General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y a contar con los necesarios sistemas de control que permitan determinar el remanente de tesorería con exactitud.
5. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a llevar a cabo todas las medidas necesarias para agilizar los trámites de solicitud y comprobación de las subvenciones y ayudas otorgadas por la Comunidad Autónoma de Canarias, con el fin de mejorar su control y destino efectivo.
6. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a que todos los organismos autónomos, entidades públicas, sociedades y/o entidades empresariales dependientes y participadas por la Comunidad Autónoma de Canarias formulen y presenten sus cuentas anuales en los plazos establecidos por la legislación que les afecte.
7. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a que los distintos órganos de contratación de la comunidad autónoma, en aplicación del principio de transparencia y sometimiento a la fiscalización de la Audiencia de Cuentas, comuniquen en tiempo y forma todos los contratos realizados por estos.
8. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a que las contrataciones de personal, también en las sociedades y entidades empresariales de titularidad pública, se efectúen contando con la preceptiva autorización y cumpliendo con los requisitos de publicidad y concurrencia.
9. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a introducir medidas y criterios de evaluación, desde el punto de vista de la eficiencia, eficacia y economía del funcionamiento, de la utilización de los recursos públicos y de la consecución de los objetivos de las distintas sociedades y entidades empresariales participadas por la Comunidad Autónoma de Canarias.
10. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canaria para que exija al Gobierno de España que permita el uso de la totalidad del superávit y del remanente de tesorería, y flexibilice la regla de gasto y resto de reglas contenidas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera a la comunidad autónoma y resto de administraciones canarias, para que puedan implementar aquellos servicios, ayudas y medidas extraordinarias que permitan actuar contra los negativos efectos sanitarios, sociales y económicos derivados de la pandemia del COVID-19.
11. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a cumplir con la disposición adicional cuadragésima octava de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2018, sobre la obligación de reservar un porcentaje mínimo sobre el volumen de contratación a centros especiales de empleo, empresas de inserción y programas de empleo protegido.
III
1. El Parlamento de Canarias aprueba el informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias, ejercicio 2018.
2. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias, para que a su vez inste al Gobierno de España:
a. Al impulso definitivo en la actualización del Sistema de Financiación Autonómico, a la luz de las conclusiones del informe, que manifiesta la clara insuficiencia del actual sistema de financiación de las CA para sufragar las competencias transferidas por el Estado en materia de Sanidad, Educación y Acción Social, que la Audiencia de Cuentas de Canarias, provisionalmente para 2018, cifra en 307,76 millones de euros, recursos que aporta la comunidad autónoma.
b. A que se realicen las modificaciones normativas oportunas de la LOEPSF en lo relativo a la flexibilización de la regla de gasto y el destino del superávit para poder garantizar eficazmente el cumplimiento de las competencias, la igualdad en el acceso a los servicios públicos y la adecuada atención a las necesidades de la ciudadanía.
3. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a:
a. No continuar acumulando incumplimientos respecto de las recomendaciones que, de forma reiterada, la Audiencia de Cuentas de Canarias viene realizando, año tras año, en los sucesivos informes de la cuenta general, 33 incumplimientos en el año 2018.
b. La efectiva aplicación de un sistema de evaluación de políticas públicas a través de los programas presupuestarios, en los cuales se establezcan objetivos definidos e indicadores que permitan pronunciarse sobre el grado de consecución de los mismos, desde una perspectiva de eficacia, eficiencia y economía, lo que contribuiría, entre otros, a optimizar la racionalización temporal de la ejecución del gasto y realizar asignaciones presupuestarias a los centros gestores en función, entre otras, del nivel de cumplimiento de los objetivos.
c. La implantación de un módulo de gastos con financiación afectada, tanto para la obtenida externamente, como para la aportada por el sector público autonómico, que se encuentre integrado en los sistemas de información de gestión económico-financiera que permita un seguimiento eficaz de la configuración de la financiación afectada de los proyectos.
d. Posibilitar la identificación contable separada de la financiación de las competencias transferidas a los cabildos, al objeto de conocer el coste real de la prestación de los servicios públicos fundamentales en lo referido a acción social.
e. La depuración del criterio a seguir para la cuantificación de la dotación a la provisión sobre insolvencias, incluyendo la revisión de los porcentajes a aplicar según el criterio temporal y la inclusión de otros, tales como la recaudación y las rectificaciones y anulaciones que se vienen produciendo, con la finalidad de poder reforzar la exactitud del remanente de tesorería y la imagen fiel de la situación económico-financiera de la Comunidad Autónoma de Canarias, y que en el año 2018 supuso un incremento de dicha dotación del 1.211%, pasando de 13,2 millones de euro en 2017 a 173,1 millones de euros en 2018
f. Introducir mejoras en la integración de los sistemas de información tributaria y contable, al objeto de garantizar que todas las operaciones de gestión tributaria tengan el adecuado reflejo en la contabilidad.
g. Continuar con la adopción de los mecanismos necesarios para la depuración, regularización y, en su caso, imputación definitiva al presupuesto, de aquellos saldos en cuentas extrapresupuestarias que bien no han tenido movimiento, o cuentan con saldos con una antigüedad considerable o son partidas con signos contrarios a su naturaleza.
h. Mejorar en la presupuestación para que se reduzcan los gastos procedentes de otros ejercicios y pendientes de aplicar al presupuesto, imputándose el gasto al presupuesto del ejercicio en que se realice, siendo necesaria de especial importancia esta medida para el SCS por la cifra significativa que tiene por estas obligaciones.
i. Proceder a la revisión de los procedimientos de contratación de personal establecidos en las leyes de presupuestos, dada su escasa eficacia, y a que los centros directivos que tengan asignada la tutela de las entidades integrantes del sector público empresarial realicen un mayor control de las contrataciones de personal.
j. Exigir, por parte del ICAVI y del SCE, y de las consejerías de los que dependen, la depuración, y el reintegro, en su caso, de las subvenciones pendientes de justificar y evitar, así, la prescripción del derecho.
k. Llevar a cabo la modificación y adaptación de los acuerdos reguladores para la realización del cierre del Programa Operativo FEDER 2007-2013 respecto a los Fondos carentes de Personalidad Jurídica, e incluir en los mismos el procedimiento a seguir para la devolución a la Tesorería de la CAC de los importes no ejecutados e intereses bancarios generados y no utilizados actualmente de dichos fondos."
En la sede del Parlamento, a 3 de julio de 2020.- El Secretario General (p.d. del Presidente, Resolución de 27.6.19; BOPC nº 7, de 28.6.19), Salvador Iglesias Machado.
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