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BOC Nº 135. Lunes 6 de Julio de 2020 - 2138

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III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud

2138 Secretaría General Técnica.- Resolución de 10 de junio de 2020, por la que se ordena la publicación del Convenio entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, y la Asociación Opción 3 para la ejecución de medidas judiciales no privativas de libertad de carácter no residencial impuestas a personas menores de edad conforme a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de menores en la isla de Tenerife.

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ANTECEDENTE DE HECHO

Único.- El 9 de junio de 2020, se formalizó un Convenio entre la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud y la Asociación Opción 3, para la ejecución de medidas judiciales no privativas de libertad de carácter no residencial impuestas a personas menores de edad conforme a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de menores en la isla de Tenerife.

Está inscrito en el Registro de Convenios del Departamento con fecha 9 de junio de 2020 y con el nº RCO2020TF00003, con una vigencia desde el día 1 de julio de 2020 hasta el día 30 de junio de 2021, ambos inclusive.

Al anterior, le es de aplicación el siguiente

FUNDAMENTO JURÍDICO

Único.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, y en el artículo 20 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias de Canarias, se deberán publicar los convenios en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los veinte días siguientes a su firma. En el mismo plazo también deberán publicar en el citado diario oficial los anexos, adendas, prórrogas y otros actos de modificación o extinción del convenio.

Por lo anterior, considerando que, en virtud del artº. 5 del Decreto 119/2019, de 16 de julio, del Presidente, la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, asume las competencias que tenía atribuidas la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, salvo las relativas a empleo y vivienda. Asimismo, asume las competencias en materia de igualdad y juventud que tenía atribuidas la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad; y en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 13.2.r) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud aprobado por Decreto 43/2020, de 16 de abril.

R E S U E L V O:

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Convenio entre la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud y la Asociación Opción 3, para la ejecución de medidas judiciales no privativas de libertad de carácter no residencial impuestas a personas menores de edad conforme a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de menores en la isla de Tenerife, cuyo texto se acompaña como anexo.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de junio de 2020.- La Secretaria General Técnica, Marlene Santana Rodríguez.

A N E X O

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD Y LA ASOCIACIÓN OPCIÓN 3 PARA LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD DE CARÁCTER NO RESIDENCIAL IMPUESTAS A PERSONAS MENORES DE EDAD CONFORME A LA LEY ORGÁNICA 5/2000, DE 12 DE ENERO, REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE MENORES EN LA ISLA DE TENERIFE.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de junio de 2020.

INTERVIENEN

De una parte, la Excma. Sra. Noemí Santana Perera, Consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, en virtud de su nombramiento mediante el Decreto 121/2019, de 17 de julio, del Presidente, por el que se nombra a los Consejeros y a las Consejeras del Gobierno de Canarias (BOC nº 137, de 18.7.19), actuando en nombre y representación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en virtud de las competencias que el otorga el artículo 29.1, letra k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, y con arreglo a lo previsto en los artículos 5.1 y 5.6 del Decreto 43/2020, de 16 de abril, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.

De otra parte, D. Martín Lomas Álvarez, con Documento Nacional de Identidad ****0136*, en su condición de Presidente de la Asociación Opción 3, con CIF G84888833, actuando en nombre y representación de esta, de conformidad con las competencias y facultades que le son conferidas en el artículo 11 de sus Estatutos Sociales otorgados en Madrid el día 12 de noviembre de 2006 y autenticados notarialmente ante el Notario del Ilustre Colegio de Madrid D. José Gregorio Juncos Martínez, el día 5 de diciembre de 2006, siendo anotada en su Libro Indicar con el protocolo nº 4531/2006, y actualmente vigentes conforme manifiesta el certificado expedido por el Secretario de la Asociación el día 18 de mayo de 2020.

Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad legal para suscribir el presente Convenio y en su virtud,

EXPONEN

Primero.- Competencia administrativa.

La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores atribuye, a través de su artículo 45.1, a las Administraciones Públicas Autonómicas, la competencia administrativa para la ejecución de las medidas judiciales impuestas a personas menores de edad penalmente responsables por los juzgados de menores bajo el inexcusable control de tales órganos judiciales.

De otra parte, conforme a lo previsto en el artículo 147.2 del Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado mediante Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva en materia de protección de menores que incluye, en todo caso, la regulación del régimen de protección y de las instituciones públicas de protección y tutela de los menores desamparados, en situación de riesgo y de los menores infractores, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación civil y penal.

Segundo.- Procedencia del presente instrumento.

El citado artículo 45 de la Ley Orgánica 5/2000 establece un régimen jurídico específico para el ejercicio de la mencionada competencia administrativa, en virtud del cual las Administraciones Públicas podrán suscribir Convenios de Colaboración con entidades de derecho público o de derecho privado sin ánimo de lucro para la ejecución material de las medidas judiciales que sean de su responsabilidad, bajo su supervisión y sin que tales instrumentos comporten cesión de la titularidad de la competencia administrativa ni de la responsabilidad en la ejecución de las medidas.

Los Convenios de Colaboración a que se refiere la Ley Orgánica 5/2000 deben ser interpretados conforme a la tipología establecida en el artículo 47 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, en particular, respecto a su apartado 2, letra c).

Así pues, el legislador estatal habilita la posibilidad de que el ejercicio de las competencias administrativas en materia de reeducación y reinserción social de las personas menores de edad penalmente responsables se lleve a cabo a través de la colaboración entre el sector público y el sector privado con entidades que pertenezcan al tejido social y no subyazca en su actividad un ánimo de lucro.

El modelo de colaboración implementado en el ámbito del sistema de justicia penal en nuestra Comunidad Autónoma ha venido desarrollándose en términos generales de forma satisfactoria por cuanto ha permitido la intervención de entidades de derecho privado carentes de ánimo de lucro que persiguen la consecución de fines sociales compartidos con esta Administración Pública y han permitido un alto grado de especialización de tales entidades y de su personal.

Tercero.- Competencia orgánica.

La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud asume las competencias que en materia de políticas sociales tenía atribuida la extinta Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, en virtud de lo previsto en el artículo 5 del Decreto 119/2019, de 16 de julio, del Presidente, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías (BOC nº 136, de 17.7.19). En el ámbito de tales competencias en materia de políticas sociales se encuentra la competencia administrativa a la que se refiere el artículo 45 de la Ley Orgánica 5/2000, y que en adelante se denominará justicia penal juvenil.

El Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, fue aprobado por Decreto 43/2020, de 16 de abril (BOC nº 81, de 24.4.20), el cual atribuye, en su artículo 5.6 a la persona titular del Departamento la competencia para suscribir los Convenios con entidades de derecho privado en el ámbito del sistema de justicia penal juvenil a propuesta de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, en relación con el artículo 29.1.k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias.

Cuarto.- Asociación Opción 3.

La Asociación Opción 3 es una entidad de derecho privado, sin ánimo de lucro, constituida al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar que tiene entre sus fines, la rehabilitación y la formación de menores y jóvenes, así como el desarrollo de acciones encaminadas a evitar la exclusión social de menores y jóvenes.

De otra parte, está habilitada como Entidad Colaboradora, para ejercer en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la ejecución de medidas educativas y de carácter rehabilitador con menores sujetos a medidas judiciales y con sus familias, en virtud de la Resolución de la entonces Dirección General de Protección del Menor y la Familia de 22 de diciembre de 2010, sin que dicha habilitación haya perdido eficacia jurídica.

En virtud de dicha habilitación, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias ha venido estableciendo varios instrumentos de colaboración en los últimos años con la citada Asociación, siendo satisfactoria su ejecución y que ha permitido la consolidación de un modelo adecuado de intervención con menores y jóvenes con medida judicial penal.

La Asociación Opción 3, de ámbito nacional, cuenta con la capacidad técnica, económica y profesional, para poder asumir las obligaciones que dimanan del presente acuerdo.

Quinto.- Voluntad de colaborar.

En virtud de lo expuesto anteriormente, ambas partes manifiestan su voluntad de seguir colaborando en el ámbito del llamado sistema de justicia penal juvenil en Canarias por lo que suscriben el presente Convenio con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.

1. El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones generales, a través de las cuales, la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, mediante los órganos administrativos competentes, y la Asociación Opción 3 (en adelante, entidad colaboradora) colaborarán mutuamente en la ejecución las medidas judiciales penales, previstas en el apartado 3º de esta cláusula, que se impongan a las personas menores de edad penalmente responsables conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores y cuya competencia administrativa sea de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en los términos y bajo las condiciones previstas en este Convenio.

2. En particular, la entidad colaboradora asume la obligación de realizar el conjunto de actividades descritas en la cláusula 4ª de este Convenio, bajo la supervisión y directrices de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, que en adelante, y a efectos del presente Convenio, se denominará Entidad Pública.

3. A través del presente Convenio la entidad colaboradora colaborará con la Entidad Pública en la ejecución de las medidas judiciales penales no privativas de libertad, previstas en el artículo 7.1 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de libertad vigilada, permanencia fin de semana en domicilio, prestaciones en beneficio de la comunidad, realización de tareas socioeducativas, asistencia a Centro de Día y tratamiento ambulatorio.

4. El régimen de colaboración que sustenta este Convenio no comportará, en ningún caso, ni la cesión de la titularidad de las competencias administrativas ni la responsabilidad legal y potestades administrativas que detenta la Entidad Pública la cual supervisará y establecerá las directrices a las que deba sujetarse la entidad colaboradora.

5. El ámbito territorial de este Convenio comprende la isla de Tenerife de forma que podrán derivarse a la entidad colaboradora a aquellas personas que con independencia de su lugar de residencia deban cumplir la medida judicial en el ámbito territorial antes señalado.

Segunda.- Plazas convenidas.

1. Plazas totales y distribución.

Se acuerda entre ambas partes dimensionar el presente Convenio en doscientas sesenta y cuatro (264) plazas, distribuidas de la siguiente forma:

Ver anexo en la página 16791 del documento Descargar

En caso de que fuese necesario, como consecuencia de un mayor número de medidas judiciales impuestas por los juzgados de menores, la entidad colaboradora admitirá, sin coste económico adicional para la Entidad Pública, un máximo de quince (15) plazas adicionales para la ejecución de la medida judicial de realización de tareas socioeducativas.

2. Derivación de menores y jóvenes.

La Entidad Pública no tiene la obligación de derivar a la entidad colaboradora un número de menores y jóvenes igual al de plazas convenidas, en ningún momento de la vigencia de este Convenio, para ninguno de los recursos convenidos.

Asimismo, la entidad colaboradora renuncia a la posibilidad de reclamar la ocupación total de las plazas convenidas de forma que la Entidad Pública derivará a la entidad colaboradora aquellos menores y jóvenes que estime procedentes en cada momento.

3. Alteración de la distribución de plazas.

La Entidad Pública podrá alterar la distribución del número de plazas asignadas a cada tipo de medida judicial en el apartado 1 de esta cláusula, cuando sea necesario adaptar dicha distribución a las medidas judiciales efectivamente impuestas, sin necesidad de proceder a modificar el presente Convenio, siempre y cuando tal redistribución no altere el crédito disponible del ejercicio presupuestario correspondiente.

4. Derivación extraordinaria de menores y jóvenes.

En los períodos en que, dentro de la vigencia del presente Convenio, pudiera ser necesario la derivación de un mayor número de medidas judiciales, que de plazas convenidas, como consecuencia de su imposición por parte de los juzgados de menores, se podrá efectuar dicha derivación por parte de la Entidad Pública, sin necesidad de proceder a la modificación de este Convenio, cuando previamente se hayan generado economías, consecuencia de un nivel de ocupación inferior al máximo convenido, y siempre y cuando, el importe de dichas economías generadas sea igual o superior al coste que comporte la derivación extraordinaria.

En tales casos, la entidad colaboradora se compromete a asumir las posibles derivaciones extraordinarias, salvo que justifique ante la Entidad Pública, de forma motivada, que carece de la capacidad técnica, material y humana para ello.

Si la necesidad de derivación superior al de plazas convenidas, o la redistribución de las plazas asignadas comporta un mayor coste que el establecido en este Convenio, deberá procederse, mediante Adenda, a su modificación, al menos, en cuanto al régimen económico y de personal adscrito a los servicios.

5. Reducción de las plazas convenidas.

Procederá la modificación del presente Convenio en cuanto al número de plazas convenidas cuando por el mismo motivo que el señalado en el apartado anterior, se prevea una disminución continuada en el tiempo del número de medidas judiciales a derivar.

Tercera.- Recursos para el cumplimiento de las medidas judiciales.

1. Centros de Medio Abierto.

Para la ejecución de las medidas judiciales señaladas en el apartado 3º de la cláusula primera, salvo la de tratamiento ambulatorio, la entidad colaboradora abrirá, gestionará y mantendrá en funcionamiento tres (3) Centros de Medio Abierto, uno de los cuales deberá estar ubicado en la zona metropolitana de Santa Cruz de Tenerife, otro en el municipio de La Orotava u otro limítrofe y otro en el municipio de Arona u otro limítrofe.

La apertura o el cambio de ubicación física de los Centros de Medio requerirá la autorización previa de la Entidad Pública.

Asimismo los Centros de Medio Abierto deberán reunir las condiciones que permitan, el desarrollo de actividades individuales y/o grupales con menores y jóvenes.

2. Servicio de Atención Terapéutica Específica.

Para la ejecución de la medida judicial de tratamiento ambulatorio, la entidad colaboradora prestará un Servicio de Atención Terapéutica Específica de Medio Abierto.

Este Servicio contará con un Equipo de Intervención Terapéutica compuesta por al menos 5 profesionales de la psicología, que deberán estar habilitados, acreditados o titulados en la correspondiente Especialidad de Salud.

Este Servicio deberá contar también con al menos un profesional de la psiquiatría, en régimen de contratación laboral o de colaboración profesional, que preste sus servicios al menos quince (15) horas mensuales.

Este Servicio deberá ubicarse en unas instalaciones que garanticen la adecuada atención terapéutica tanto individual como familiar y grupal. En el caso de ubicarse en el mismo inmueble que alguno de los Centros de Medio Abierto deberá garantizarse las oportunas separaciones físicas que garanticen las óptimas condiciones de intervención y de privacidad.

Este Servicio atenderá preferentemente a menores y jóvenes sujetos a la medida judicial de tratamiento ambulatorio, si bien que, existiendo plaza vacante, podrán derivarse menores que estén cumpliendo una medida judicial de internamiento terapéutico, especialmente en fase finalista.

Excepcionalmente, la Entidad Pública podrá derivar a este Servicio, sin que computen como plaza ocupada, a menores y jóvenes que cumpliendo alguna medida judicial distinta a la de tratamiento ambulatorio, se estime necesaria una valoración psicológica y/o psiquiátrica.

Cuarta.- Condiciones generales para la ejecución de las medidas judiciales.

1. Programa de Intervención con menores y jóvenes.

La ejecución de las medidas judiciales se llevará a cabo por parte de la entidad colaboradora, conforme a un programa de ejecución de medidas judiciales no privativas de libertad de carácter no residencial que, afectos del presente Convenio, recibirá la denominación de Programa Ancla, siendo el instrumento a través del cual se diseña la intervención educativa, social, terapéutica y familiar con menores y jóvenes con medida judicial.

Dicho Programa de Medio Abierto deberá ser objeto de aprobación, mediante Resolución de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, con carácter previo a la firma del presente acuerdo.

No obstante, ambas partes acuerdan expresamente que, por Resolución de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, puedan realizarse modificaciones a su contenido con la finalidad de mejorar el citado programa, conforme a las necesidades que en cada momento deriven del sistema de justicia penal juvenil, siempre y cuando las mismas no tengan un impacto económico y de personal para la entidad colaboradora, por lo que no se requerirá para ello la modificación del presente Convenio.

2. Actuaciones técnicas y materiales.

La ejecución de las medidas judiciales por parte de la entidad colaboradora comportará la realización de las actuaciones técnicas y materiales establecidas en los Protocolos de Actuación para la Ejecución de Medidas Judiciales mediante Resolución de la Entidad Pública, y se llevará a cabo bajo la superior dirección y supervisión de esta.

En particular, se estará a lo establecido en la Resolución de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, nº 1490, de 5 de julio de 2016, o en su caso a las resoluciones que la modifiquen o sustituyan.

La realización de actuaciones técnicas y materiales por parte del personal de la entidad colaboradora no podrá suponer en ningún caso el ejercicio de autoridad pública ni de potestades administrativas, las cuales en todo caso le corresponde ejercer a la Entidad Pública.

Las actuaciones técnicas y materiales realizadas por la entidad colaboradora se someterán en todo momento a la supervisión, control e inspección de la Entidad Pública.

Quinta.- Obligaciones y compromisos generales de la entidad colaboradora.

1. En el ámbito del presente Convenio, la entidad colaboradora se compromete a colaborar con la Entidad Pública en el cumplimiento de los fines de reinserción y reeducación social que comporta la ejecución de medidas judiciales penales impuestas a las personas menores de edad, y en particular asume las siguientes obligaciones y compromisos:

a) Llevar a cabo las actuaciones técnicas y materiales a que se refiere la cláusula anterior.

b) Incorporar en el diseño de sus programas de intervención educativa y terapéutica, así como en todas las actividades que desarrolle, el enfoque de género y de diversidad sexual.

c) Ejecutar, en tiempo y forma, y en sus exactos términos, el Programa Ancla a que se refiere la cláusula anterior.

d) Cumplir las obligaciones derivadas de la apertura, mantenimiento y gestión de los Centros de Medio Abierto y del Servicio de Atención Terapéutica Específica.

e) Cumplir de manera leal y diligente las instrucciones jurídicas, técnicas y administrativas que en el ejercicio de las potestades públicas y de sus competencias le sean dadas por la Entidad Pública.

f) Integrar en todo momento en la intervención con menores y jóvenes a su entorno familiar, incluso en las medidas judiciales que no lleven aparejada la aplicación del programa de intervención familiar, haciéndole partícipe del proceso como elemento clave en la ejecución de la medida judicial, o de no ser posible esto, abordar el correspondiente proceso de emancipación.

g) Planificar y ejecutar las medidas judiciales teniendo presente en todo momento la necesidad de inserción de menores y jóvenes, según corresponda en cada caso, en los recursos de educación, formativo-laborales, mercado de trabajo, atención sanitaria, servicios sociales, cultura y juventud, deporte, así como de ser necesario, y en particular, en la red pública de atención en salud mental y drogodependencias.

h) Identificar aquellas situaciones de exclusión social o de riesgo de exclusión social, en particular, de pobreza infantil y juvenil, en la que pudieran encontrarse las personas menores de edad o jóvenes con quienes intervengan, y que por tal circunstancia pudieran tener especiales dificultades para el cumplimiento de las medidas judiciales.

Estas situaciones deberán ser puestas en conocimiento de la Entidad Pública.

La entidad colaboradora vendrá obligada a ayudar económicamente a quienes se encuentren en esta situación respecto a los gastos de expedición de títulos académicos y documentos oficiales obligatorios, así como en gastos de transporte.

i) Identificar y comunicar a la Entidad Pública aquellas situaciones de discapacidad en la que pudieran encontrarse las personas menores de edad o jóvenes con quienes intervengan.

j) Identificar y comunicar a la Entidad Pública aquellas situaciones en que las personas menores de edad pudieran encontrarse en situación de desamparo o de riesgo, así como en general cualquier situación de posible maltrato infantil, y aquellas en que las menores o las jóvenes pudieran estar siendo víctimas de violencia de género.

k) La entidad colaboradora deberá prestar un servicio de almuerzo en los Centros de Medio Abierto a quien por razón del cumplimiento de su medida judicial debiera permanecer entre las 13 y las 16 horas.

l) Cada doce meses de vigencia de este Convenio, la entidad colaboradora deberá presentar ante la Entidad Pública una Memoria sobre la ejecución del Convenio.

m) Las comunicaciones que deba realizar la entidad colaboradora a los órganos judiciales o al Ministerio Fiscal no podrán en ningún caso contener información cuya responsabilidad le corresponda a la Entidad Pública.

n) Suscribir un seguro específico de responsabilidad civil que responda de los daños que puedan sufrir las personas y/o sus bienes (los propios menores, el personal de la entidad colaboradora y terceras personas) por cualquier incidencia o circunstancia derivada de la gestión de las medidas judiciales convenidas, como consecuencia del funcionamiento del servicio.

Las pólizas de seguro que suscriban harán referencia en todo caso a los Centros de Medio Abierto y a las dependencias del Servicio de Atención Terapéutica Específica, y en general a cuantas actividades se desarrollen por parte de los técnicos responsables de la ejecución de las medidas judiciales con los menores así como en su caso sus familiares, y también respecto del personal de la entidad colaboradora y de terceras personas que por razón de sus funciones, trabajos o servicios se encuentren en las referidas dependencias o actividades desarrolladas.

Las pólizas de seguro deberán tener un período de vigencia al menos coincidente con el período de vigencia de este Convenio.

La entidad colaboradora deberá entregar copia compulsada de las pólizas de seguro de responsabilidad civil suscritas a la Entidad Pública en los quince días siguientes al inicio de la vigencia del Convenio.

Asimismo, deberá presentar copia compulsada del documento que acredite el pago de las primas con la periodicidad que se establezcan en las pólizas de seguro.

La entidad colaboradora deberá indemnizar a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en aquellos casos en que por incumplimiento de lo previsto en este apartado, o por insuficiencia de las coberturas aseguradas, resultase esta obligada a indemnizar a terceras personas.

ñ) Colaborar activamente con la Entidad Pública y el resto de entidades colaboradoras, así como participar de los mecanismos de coordinación que se establezcan, para garantizar una adecuada transición de los menores entre los distintos recursos así como en especial cuando un menor esté cumpliendo otras medidas judiciales en otras entidades colaboradoras.

Sexta.- Obligaciones de la Entidad Pública.

En virtud del presente Convenio, y conforme a la legislación que resulte de aplicación, la Entidad Pública se obliga a:

1º.- Transmitir a la entidad colaboradora toda la información y documentación de la que disponga respecto a la situación judicial, personal, familiar, educativa y social de las personas menores de edad y jóvenes que se le deriven para el cumplimiento de una medida judicial y que sea necesaria para la correcta ejecución.

2º.- Controlar, supervisar e inspeccionar, así como establecer las directrices que le corresponden en el ejercicio de las competencias legal y reglamentariamente establecidas.

3º.- Comunicar a la entidad colaboradora la identidad del personal de la unidad administrativa competente en materia de justicia penal juvenil que por razón de sus cometidos vaya a intervenir en la ejecución de las medidas judiciales.

4º.- Compensar económicamente a la entidad colaboradora conforme a lo previsto en la cláusula 10ª por los gastos en que esta incurre por su colaboración con la Entidad Pública y sin que en ningún caso lo percibido pueda suponer la obtención por parte de la entidad colaboradora de un beneficio económico.

Séptima.- Expediente personal de menores.

1. La entidad colaboradora deberá abrir, gestionar, mantener en depósito y cerrar y entregar a la Entidad Pública, un expediente único por cada menor o joven que se derive para la ejecución de una o varias medidas judiciales.

Este expediente recibirá la denominación de Expediente Único de Ejecución.

2. Corresponde a la Entidad Pública dictar las instrucciones correspondientes a la gestión documental.

Octava.- Protección de datos de carácter personal y sigilo profesional.

1. La entidad colaboradora, respecto de las personas menores de edad y jóvenes y familiares y terceras personas con las que intervenga por razón de la ejecución de las medidas judiciales, deberá cumplir en todo momento con sus obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal, tanto las que deriven de la legislación vigente como las que mediante Resolución establezca la Entidad Pública.

2. En particular, la entidad colaboradora deberá implantar y legalizar los correspondientes registros de actividades de tratamiento de datos personales que sean necesarios para el tratamiento y deberá comunicarlo a la Entidad Pública.

3. La entidad colaboradora se abstendrá de facilitar información y/o documentos relativos a menores, jóvenes, familiares y terceras personas vinculadas a la ejecución de las medidas judiciales, aun cuando sean de forma desagregada, salvo que lo soliciten las personas físicas o jurídicas o los órganos e instituciones legalmente habilitadas para acceder a tales datos, o cuando no tratándose de estas, cuenten con la autorización expresa del joven o de la joven o de quienes representen legalmente a la persona menor de edad.

4. Todo el personal de la entidad colaboradora, adscrito o no, a la ejecución del presente Convenio, que por razón de sus cometidos o por cualquier otra circunstancia, deba tener o tenga acceso a cualquier dato de carácter personal a los que se refiere la presente cláusula, tiene el deber de guardar sigilo personal y profesional al respecto aun cuando dejare de prestar servicios para la entidad colaboradora.

5. En la ejecución del Convenio deberá respetarse en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (RGPD), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, y demás normativa aplicable en cada momento en materia de protección de datos personales.

La Asociación Opción 3, se compromete, entre otros aspectos, a preservar la confidencialidad de los datos que ponga a su disposición la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Los datos objeto de tratamiento solo podrán ser utilizados a fin de realizar las actuaciones necesarias señaladas en este Convenio de Cooperación.

Dado que las actuaciones derivadas del presente Convenio de Cooperación implican el tratamiento de datos personales, de cuyo tratamiento es responsable la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, la Asociación Opción 3 tendrá la consideración de encargado del tratamiento, en los términos fijados en el encargo de tratamiento que figura en el anexo.

Novena.- Inspección.

La entidad colaboradora ha de sujetarse a la labor inspectora de la Entidad Pública, conforme a la legislación vigente y a las resoluciones que protocolicen dicha labor, las cuales deberán ser previamente comunicadas.

Décima.- Compensación económica.

1. Importe máximo del Convenio.

En cumplimiento de lo previsto en el apartado 4º de la cláusula 6ª, la Entidad Pública compensará económicamente, como máximo, durante el período de vigencia del presente Convenio previsto en la cláusula 18ª el importe de un millón doscientos setenta y seis mil ochocientos sesenta y un euros con veinticinco céntimos (1.276.861,25 euros), distribuidos en las siguientes anualidades:

2020: 643.678,00 euros.

2021: 633.183,25 euros.

La compensación económica tendrá por finalidad compensar los costes fijos y los costes variables en que incurra la entidad colaboradora por la realización de las actuaciones convenidas.

2. Coste fijo.

El coste fijo tiene por finalidad compensar los gastos generales, incluidos los de personal, en que incurre la entidad colaboradora como consecuencia de la apertura, mantenimiento y explotación de los Centros de Medio Abierto y del Servicio de Atención Terapéutica Específica.

En concepto de Gasto Fijo, la Entidad Pública satisfará los siguientes importes:

Ver anexo en la página 16798 del documento Descargar

3. Coste variable.

La entidad colaboradora incurre en una serie de los gastos como consecuencia de la efectiva ejecución de una medida judicial, derivada del desarrollo de las actuaciones técnicas y materiales. Con el importe que se abona como "coste variable" se compensan estos gastos.

La ejecución de las medidas judiciales de Asistencia a Centro de Día y de Realización de Tareas no comportará compensación alguna en concepto de gasto variable, siendo asumido el mismo dentro del coste fijo de los Centros de Medio Abierto. Para el resto de las medidas judiciales convenidas, se satisfarán los siguientes importes en concepto de gasto variable:

Ver anexo en la página 16799 del documento Descargar

4. Coste variable mínimo garantizado.

A fin de garantizar la viabilidad económica de los Centros y Servicios convenidos, independientemente al nivel de ocupación efectiva de los mismos en cada momento, la capacidad de respuesta ante las necesidades del sistema de justicia penal juvenil y la estabilidad en el empleo de los profesionales contratados, la Entidad Pública satisfará por cada día de vigencia del Convenio cinco (5) euros por cada plaza de libertad vigilada no ocupada, tres (3) euros por cada plaza de prestaciones en beneficio de la comunidad no ocupadas, cuatro (4) euros por cada plaza no ocupada de tratamiento ambulatorio, y no satisfará importe alguno respecto a las plazas no ocupadas del resto de medidas judiciales no convenidas.

Ver anexo en la página 16799 del documento Descargar

5. Criterios para el cómputo de plaza ocupada.

La efectiva ocupación de plazas atenderá a los siguientes criterios:

a) Simultaneidad de medidas judiciales.

Cuando un mismo o una misma menor o joven deba cumplir más de una medida judicial de forma simultánea o sucesiva en el tiempo, cada medida judicial computará como plaza ocupada y en su consecuencia se compensará económicamente.

No obstante, cuando una de ellas sea la de permanencia fin de semana, ésta no computará como plaza ocupada y por tanto no se compensará económicamente.

b) Período de ocupación de una plaza.

En la medida de libertad vigilada, la plaza se entenderá ocupada desde el día en que se celebre la entrevista de inicio hasta el día (inclusive) de finalización de la medida judicial por cualquier causa.

En la medida de permanencia fin de semana en domicilio se entenderá ocupada una plaza durante siete días naturales por cada fin de semana de cumplimiento.

En la medida de prestaciones en beneficio de la comunidad, se entenderá ocupada una plaza desde tres días antes que se inicien efectivamente las prestaciones hasta el día (inclusive) en que concluyan.

En las medidas de realización de tareas socioeducativas y de tratamiento ambulatorio, se entenderá ocupada la plaza desde que se derive formalmente la medida judicial a la entidad colaboradora hasta su finalización por cualquier causa.

La Entidad Pública se reserva expresamente la potestad de dictar instrucciones relativas a los períodos en que no deba considerarse efectivamente ocupada una plaza, siempre y cuando dichos períodos superen los siete días naturales seguidos y lo sean por causa no imputable a la Entidad Pública.

Décimo primera.- Cobertura presupuestaria.

1. La compensación económica de las actuaciones realizadas por la entidad colaboradora se imputará al Estado de Gastos del Presupuesto de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, en la aplicación presupuestaria 23.17.231K.2292000 denominada "Ejecución de Medidas Judiciales Menores Infractores".

2. La vigencia y eficacia del presente Convenio en lo correspondiente al año 2021 quedan condicionadas a la aprobación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2021, por el Parlamento de Canarias y a la consignación final en los mismos de crédito adecuado, suficiente y disponible para la ejecución del mismo.

Décimo segunda.- Forma de pago.

1. Plazo de presentación de la factura.

En los cinco primeros días hábiles de cada mes, la entidad colaboradora presentará, a través del Registro Electrónico de Facturas, ante la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, una única factura comprensiva del coste de la totalidad de las actuaciones realizadas en el mes inmediatamente anterior.

Dicha factura deberá acompañarse de una tabla donde figuren, día a día del período de facturación, el número de plazas, por medida judicial, ocupadas y no ocupadas, conforme al modelo oficial que establezca la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia.

Asimismo, la factura deberá acompañarse de una declaración responsable, en los términos y a los efectos previstos en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación a la veracidad de los datos de ocupación de plazas consignados en la facturación y en la tabla anexa.

La factura deberá desglosarse por conceptos diferenciando entre el coste fijo y el coste variable.

La documentación deberá presentarse suscrita por quien ejerza la representación legal de la entidad colaboradora.

2. Actuaciones de comprobación.

Corresponde al Servicio de Justicia Juvenil llevar a cabo las actuaciones de comprobación formal y material de la documentación presentada, debiendo prestar su conformidad a la misma para que pueda procederse al pago correspondiente.

No obstante, la conformidad prestada por el Servicio de Justicia Juvenil no obstará a que la Entidad Pública lleve a cabo, en cualquier momento posterior, las actuaciones de inspección, control y comprobación que sean pertinentes, con los efectos jurídicos y económicos que correspondan en cada caso.

Décimo tercera.- Justificación económica.

1. Rendición de cuentas.

La entidad colaboradora tiene la obligación de rendir cuentas de las compensaciones económicas que ha obtenido y de los gastos en que ha incurrido como consecuencia de la colaboración articulada a través de este Convenio.

2. Conservación de documentos.

También tiene la entidad colaboradora el deber de conservar la documentación que acredite las compensaciones económicas y los gastos, durante los plazos legalmente establecidos, o en su defecto, en los cuatro años siguientes a la finalización del período de vigencia de este Convenio, y asimismo tiene el deber de ponerlos a disposición de la Entidad Pública cuando se le requiera para ello.

3. Cuenta Semestral.

En los quince días hábiles siguientes al vencimiento de un semestre de vigencia de este Convenio, la entidad colaboradora deberá presentar, por registro de entrada electrónico ante la Entidad Pública, una Cuenta Semestral donde refleje las compensaciones económicas obtenidas en virtud del presente Convenio y los gastos imputables a él.

La Cuenta Semestral deberá contener una declaración responsable, en los términos y a los efectos previstos en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación a la veracidad de los datos consignados.

La Cuenta Semestral deberá presentarse suscrita por quien ejerza la representación legal de la entidad colaboradora.

La Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, mediante Resolución, podrá determinar la estructura mínima en que han de reflejarse los distintos conceptos en la Cuenta Semestral.

4. Cuenta Final.

Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, la entidad colaboradora deberá presentar una Cuenta Final, donde se refleje la totalidad de las compensaciones económicas y de los gastos imputables durante todo el período de vigencia del presente Convenio, en el plazo de los quince días hábiles siguientes a su extinción.

Dicha Cuenta Final deberá contener una declaración responsable, en los términos y a los efectos previstos en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en virtud del cual se manifieste expresamente que la entidad colaboradora no ha obtenido como consecuencia de la colaboración prestada ningún tipo de beneficio económico.

Décimo cuarta.- Imputación de gastos.

1. Reserva de potestad.

La Entidad Pública se reserva la potestad de declarar gastos no imputables al Convenio cuando de las labores de inspección, control y comprobación se deduzca que no se corresponden con gastos derivados de la colaboración establecida, así como podrá declarar que las compensaciones económicas no han sido aplicadas en tiempo y forma a los gastos incurridos.

La declaración se efectuará mediante Resolución de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, previa audiencia de la entidad colaboradora.

La Resolución que en su caso se dicte establecerá expresamente los efectos jurídicos y económicos, que conforme a este Convenio, procedan en cada caso.

2. Gastos de personal: retribuciones.

La entidad colaboradora, en su condición de única y exclusiva empleadora de su personal, goza de plena autonomía para la fijación de toda clase de retribuciones salariales e indemnizaciones por razón del servicio que deba percibir el personal adscrito a la ejecución del presente Convenio.

No obstante lo anterior, solo será posible imputar al presente Convenio como gasto de personal, en concepto de retribuciones salariales totales en cómputo anual, y como máximo, una cantidad equivalente a las retribuciones brutas reconocidas por la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias del año correspondiente, al personal funcionario de carrera que desempeñe un puesto de trabajo con complemento de destino 24 y complemento específico de 70 puntos, salvo que asuma funciones de coordinación o responsabilidad de programas, en cuyo caso el gasto máximo imputable podrá corresponderse con el que se percibe en un puesto de trabajo de personal funcionario 26,67.

La Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia comunicará a la entidad colaboradora, al inicio de la vigencia del presente Convenio, los importes a que se refiere este apartado.

En caso de que el personal de la entidad colaboradora, por decisión de esta, sea retribuido en una cuantía superior a los límites anteriores, el exceso de retribución deberá ser asumido por la entidad colaboradora con cargo a sus propios recursos económicos y no pudiendo en su consecuencia imputarse a este Convenio.

3. Indemnizaciones laborales.

En los casos en que la entidad colaboradora hubiere percibido ingresos con cargo a este Convenio con la finalidad de aprovisionar eventuales indemnizaciones por extinción de contratos laborales, deberán ser devueltos o compensados en la fase de liquidación de este Convenio cuando la entidad colaboradora no se haya visto obligada a satisfacer tales indemnizaciones como consecuencia de la subrogación del personal o por cualquier otra causa.

Tampoco podrán imputarse como gasto de este Convenio las indemnizaciones por extinción de contrato o por cualquier otra decisión unilateral de la entidad colaboradora que no derive de una orden directa de la Entidad Pública.

Décimo quinta.- Patrimonio.

1. Adquisición y propiedad de los bienes.

La Entidad Pública se reserva del derecho de propiedad plena respecto a los bienes, inmuebles y muebles, incluidos los bienes de equipo, que hayan sido adquiridos por la entidad colaboradora imputando los gastos de adquisición a este Convenio, debiendo esta ponerlos a disposición de la Entidad Pública, en fase de liquidación del Convenio, libre de cargas y gravámenes, sin perjuicio del posible acuerdo de compensación que pudiere alcanzarse entre lo adeudado a la entidad colaboradora y el valor venial de los citados bienes.

Asimismo, la entidad colaboradora deberá entregar a la Entidad Pública el material fungible y educativo no consumido al tiempo de liquidación del Convenio que hubiere adquirido con cargo a este, sin perjuicio del posible acuerdo de compensación que pudiere alcanzarse entre lo adeudado a la entidad colaboradora y el valor venial de los citados bienes.

En aquellos casos en que los bienes hubieren sido adquiridos mediante cualquier fórmula que contenga una opción de compra y la entidad colaboradora no fuera a ejercer dicha opción, deberá comunicarlo con al menos un mes de antelación al vencimiento del plazo establecido para ejercer dicho derecho de opción, a efectos de que la Entidad Pública pueda acordar su ejercicio o no.

2. Inventario de bienes.

1. La entidad colaboradora viene obligada en el plazo de un mes a contar desde el inicio de la vigencia de este Convenio a entregar ante la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, un Inventario Inicial de Bienes, clasificados según tipología y título de posesión, y señalando en cada uno de ellos si los mismos son propiedad aportada por la entidad colaboradora o han sido adquiridos con cargo a este Convenio, siempre y cuando el valor unitario de cada bien supere los cien euros.

2. En los quince días hábiles siguientes a la finalización del presente Convenio, por cualquier causa, la entidad colaboradora deberá entregar ante la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, un Inventario Final de Bienes, clasificados según tipología y título de posesión, y señalando en cada uno de ellos si los mismos son propiedad aportada por la entidad colaboradora o han sido adquiridos con cargo a este Convenio, siempre y cuando el valor unitario de cada bien supere los cien euros, y debiendo a su vez consignar los bienes que han causado bajo y el motivo respecto del Inventario inicial.

Décimo sexta.- Personal al servicio de la entidad colaboradora.

1. Condición de empleadora de la entidad colaboradora.

La entidad colaboradora ostenta, en exclusividad y plenitud legal, las obligaciones legales y convencionales de empleadora respecto del personal que adscriba a la ejecución del presente Convenio.

En su consecuencia, corresponde a la entidad colaboradora, ejercer de forma real, efectiva, directa y permanente el poder de dirección que el ordenamiento jurídico, y en particular la legislación laboral le atribuye como empleador respecto de sus trabajadores y trabajadoras.

En particular, a la entidad colaboradora le corresponde negociar, establecer y abonar las retribuciones salariales y las indemnizaciones por razón del servicio, la concesión de los permisos, licencias y vacaciones, la gestión de las sustituciones del personal en caso de ausencia, vacancia o enfermedad, el cumplimiento de la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, la formación continua de su personal, el ejercicio de la potestad disciplinaria, y en general, el reconocimiento de los derechos laborales de su personal.

Asimismo, como empleadora, le corresponde el cumplimiento de las obligaciones en materia de protección social de sus trabajadores y trabajadoras, sea cual fuere el régimen jurídico de aplicación, y en particular, asume la obligación, en tiempo y forma, de afiliación, alta y baja en el régimen correspondiente y de pago, en tiempo y forma, de las cotizaciones pertinentes.

2. Prohibición de discriminación.

La entidad colaboradora se compromete a no adoptar ninguna decisión respecto de sus trabajadores y trabajadoras que constituya discriminación laboral de tipo sexual, por razón de sexo o por identidad u orientación sexual, así como se compromete a cumplir las obligaciones que en materia de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres establece la legislación estatal y autonómica vigente.

3. Dependencia del personal de la entidad colaboradora.

Los trabajadores y las trabajadoras de la entidad colaboradora dependerán exclusivamente de esta, de forma que la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, será en todo momento absolutamente ajena a la relación jurídico-laboral.

El personal de la entidad colaboradora, al inicio de la vigencia del presente Convenio, así como el personal que se incorpore en cualquier momento, deberá ser informado de este extremo, debiendo suscribir al efecto un documento por el que manifieste expresamente haber obtenido la información al respecto, el cual deberá ser igualmente firmado por quien ejerza la representación legal de la entidad colaboradora.

Este documento informativo deberá ser remitido a la Entidad Pública en los quince días hábiles siguientes a la incorporación del trabajador o de la trabajadora.

4. Personal al servicio de la Entidad Pública: prohibición de ejercer facultades de empleador.

El personal al servicio de la Entidad Pública se abstendrá en todo momento de emitir instrucciones, órdenes o indicaciones a los trabajadores o trabajadoras de la entidad colaboradora que tengan que ver con los poderes de dirección que como empleadora exclusiva tiene la entidad colaboradora.

En su consecuencia, las instrucciones que en su caso emita el personal al servicio de la Entidad Pública se circunscribirán exclusivamente en todo momento al poder de dirección, supervisión, inspección y control de las medidas judiciales.

5. Personal de Coordinación de programas, centros, recursos y servicios.

El personal de la entidad colaboradora que ejerza funciones de coordinación o de responsabilidad en la dirección de centros, recursos o programas, y que por tal motivo deban relacionarse directamente con personal al servicio de la Entidad Pública, deberán suscribir además del documento previsto en el apartado anterior, una manifestación expresa de haber sido informados de que las comunicaciones, reuniones e indicaciones que reciban del personal al servicio de la Entidad Pública lo son exclusivamente en el ejercicio de las funciones de dirección, supervisión, control e inspección de la ejecución de las medidas judiciales convenidas.

6. Dependencias públicas.

El personal al servicio de las entidades colaboradoras limitará su presencia y uso de las dependencias de la Entidad Pública al desarrollo de aquellas actuaciones, que bajo la dirección del personal al servicio de la Entidad Pública, deban realizarse en tales dependencias para la celebración de reuniones con las personas menores de edad o jóvenes que cumplen medida judicial, sus familiares o terceros profesionales que intervengan, así como en su caso, para celebrar reuniones de coordinación.

7. Incumplimiento de las obligaciones derivadas de la condición de empleadora.

En los casos en que la entidad colaboradora incumpla sus obligaciones derivadas de su condición de empleadora exclusiva, y como consecuencia de ello, la Entidad Pública resulte ser sancionada o condenada judicialmente, la entidad colaboradora asume la obligación de indemnizar a la Entidad Pública, por los daños y perjuicios económicos que se le ocasione como consecuencia tanto del incumplimiento de sus obligaciones como empleadora exclusiva como por los actos realizados por su personal.

De esta eventual responsabilidad responderán en primer lugar los derechos de crédito que en el marco del presente Convenio se hubieren devengado a favor de la entidad colaboradora y estuvieren pendientes de abono, y de no existir estos o no ser suficientes, mediante el reingreso de la cantidad correspondiente.

8. Subrogación de personal.

Siendo la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias ajena totalmente a las relaciones jurídico-laborales que mantiene la entidad colaboradora con sus trabajadores y trabajadoras, al finalizar la vigencia de este Convenio, por cualquier causa, no se producirá una subrogación empresarial de la Administración Pública, en los términos de la Ley vigente del Estatuto de los Trabajadores.

9. Cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección a la infancia.

Quienes trabajen en los recursos, programas y servicios convenidos, con independencia del grado de trato con menores y jóvenes, deberán cumplir lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección a la infancia, y en particular, en cuanto a la inexistencia de antecedentes penales.

El personal al servicio de la entidad colaboradora deberá acreditar el cumplimiento de este requisito conforme a lo establecido legal y/o reglamentariamente.

De conformidad con lo exigido en el artículo 2.5.b) de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, modificado por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la Infancia y a la adolescencia, se deberá garantizar la intervención en el proceso de profesionales cualificados o expertos. En caso necesario, estos profesionales han de contar con la formación suficiente para determinar las específicas necesidades de los menores con discapacidad.

Asimismo, se deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.5 de la citada Ley, que establece que no podrán adscribirse a este proyecto profesionales que hayan sido condenados por sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual.

Para acreditar esta circunstancia la entidad aportará a esta Dirección General la certificación negativa de estos antecedentes penales. A tales efectos, se estará a lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre (BOE nº 312, de 30.12.15), por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales, pudiéndose obtener información en el apartado trámites y gestiones personales del ciudadano del Ministerio competente en materia de Justicia.

El cumplimiento de esta obligación debe garantizarse por parte de la entidad colaboradora, en todo momento, tanto al inicio de la relación laboral como en cualquier momento posterior.

10. Deber de información en materia de personal.

La entidad colaboradora deberá comunicar a la Entidad Pública un listado nominal del personal a su servicio adscrito a la ejecución del presente Convenio, debiendo contener dicha comunicación la identidad (nombre y apellidos), el documento oficial de identidad, el número de filiación al sistema de protección social que corresponda, la titulación académica, el puesto que desempeña y las funciones atribuidas.

Para cumplir con las obligaciones de información previstas en este Convenio en materia de personal, la entidad colaboradora deberá cumplir las obligaciones de información y autorización en materia de protección de datos de carácter personal.

La Entidad Pública limitará la gestión de estos datos de carácter personal al ejercicio de las potestades de control del cumplimiento de las obligaciones derivadas de este Convenio.

11. Ratio de personal.

1. La entidad colaboradora deberá disponer en todo momento de un número suficiente de trabajadores y trabajadoras que permita el cumplimiento de las ratio establecidas en este Convenio o por Resolución de la Entidad Pública.

Las ratios técnicas deberán cumplirse en todas las situaciones de ausencia del trabajador o trabajadora que superen los tres días consecutivos de forma que la entidad colaboradora deberá proceder a su sustitución.

12. Ausencias del personal.

La entidad colaboradora tiene el deber de comunicar a la Entidad Pública las ausencias, incluidas las vacaciones, de sus trabajadores y trabajadoras con funciones de ejecución de medidas judiciales, que superen los cinco días consecutivos, así como identificar a la persona que sustituya.

Asimismo, deberá comunicar a la Entidad Pública las contrataciones y extinciones.

13. Formación del personal.

La obligación de formación continua del personal que asume en este Convenio la entidad colaboradora deberá articularse a través de un Plan Anual de Formación.

El Plan Anual de Formación deberá aprobarse por la entidad colaboradora y comunicarse a la Entidad Pública antes del vencimiento del primer trimestre de vigencia del año 2020 y antes del 1 de marzo de 2021 para dicha anualidad.

14. Selección del personal.

La entidad colaboradora deberá seleccionar al personal adscrito a la ejecución del presente Convenio a través de procedimientos selectivos, públicos y abiertos, basados en el mérito y la capacidad de quienes aspiren a su contratación, adoptando en tales procesos selectivos las medidas que garanticen un trato de igualdad entre mujeres y hombres, y en particular garantizando una representación equitativa en todas las categorías profesionales, así como promoviendo el acceso al empleo de personas con discapacidad.

15. Coordinación.

La entidad colaboradora designará a una persona que asumirá la función de Coordinación del Programa Ancla.

El Coordinador o la Coordinadora deberá organizar, supervisar y coordinar la labor de los Equipos Técnicos, así como de los Centros de Medio Abierto y del Servicio de Atención Terapéutica Específica.

Corresponde al Coordinador o a la Coordinadora velar porque el personal técnico encargado de la ejecución de las medidas judiciales, o de la intervención con menores y sus familias, cumplan con sus cometidos e implementen de forma real, efectiva y continuada los programas individualizados de ejecución de medidas judiciales con arreglo a su contenido y a los programas educativos y/o terapéuticos implementados.

Décimo séptima.- Comisión de Seguimiento.

1. Ambas partes acuerdan constituir una Comisión de Seguimiento con la finalidad de llevar a cabo una evaluación, técnica y económica, de la ejecución del Convenio, y en su caso para elaborar propuestas de modificación a las partes firmantes que adapten el contenido del Convenio al devenir de las necesidades del sistema de justicia penal juvenil en Canarias.

2. La Comisión de Seguimiento estará compuesta por cuatro miembros, dos en representación de la Entidad Pública y dos en representación de la entidad colaboradora.

3. Ejercerá la presidencia de la Comisión una de las personas que actúe en representación de la Entidad Pública.

4. Podrán asistir a las sesiones de la Comisión, en calidad de invitados o invitadas, personal al servicio de la Entidad Pública y/o de la entidad colaboradora, que por razón de los asuntos a tratar se estime procedente.

5. Con carácter ordinario, la Comisión se reunirá cada seis meses.

6. Esta Comisión no constituye un órgano administrativo y por ende carece de competencias de carácter resolutorio sobre el presente Convenio.

Décimo octava.- Vigencia del Convenio.

1. Este Convenio tendrá una vigencia desde el día 1 de julio de 2020 hasta el día 30 de junio de 2021, ambos inclusive, comprendiendo por tanto un total de trescientos sesenta y cinco (365) días naturales.

2. Si ambas partes, antes del 1 de julio de 2021, lo acuerdan expresamente, podrá prorrogarse la vigencia, mediante la firma de la correspondiente Adenda de prórroga, por el período que se acuerde, siempre y cuando la duración máxima de este Convenio, con sus prórrogas incluidas, no supere los cuatro años, y siempre y cuando las prórrogas se formalicen antes del vencimiento del plazo objeto de prórroga.

3. La vigencia inicial de este Convenio y sus posibles prórrogas estará condicionada a que en cada anualidad, los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias tengan consignados los créditos suficientes, adecuados y disponibles para hacer frente al régimen de compensación económica previsto en este Convenio.

Décimo novena.- Resolución del Convenio.

1. Este Convenio se resolverá por las causas previstas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y por las que en su caso determine la legislación autonómica que resulte de aplicación a la actividad convencional.

2. De acuerdo a lo previsto en el apartado anterior, son causas de resolución de este Convenio, las siguientes:

a) El vencimiento del plazo inicial de vigencia, o en su caso, de la prórroga acordada, así como del plazo máximo de vigencia, en los términos de la cláusula anterior.

b) El mutuo acuerdo de las partes.

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos adquiridos en este Convenio por cualquiera de las partes. Ambas partes acuerdan cumplir con el principio de buena fe negocial de forma que, en el caso de que cualquiera de ellas estime que la otra parte incurre en tales incumplimientos le cursará un requerimiento previo al ejercicio de acciones legales y le concederá un plazo razonable para su contestación, convocándose además con carácter inmediato a la Comisión de Seguimiento.

d) Por decisión judicial.

e) Por cualquier causa legalmente prevista, distinta de las anteriores.

2. La resolución del Convenio, por cualquier causa, dará lugar a la tramitación del procedimiento de liquidación previsto en la cláusula siguiente.

Vigésima.- Incumplimiento de las obligaciones asumidas por la entidad colaboradora.

1. La entidad colaboradora queda sujeta al régimen de penalizaciones previsto en esta cláusula cuando incurra en responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones de colaboración que asume en virtud de este Convenio con la Entidad Pública.

2. La responsabilidad prevista en esta cláusula, de naturaleza administrativa, no obstará la exigencia de otras responsabilidades jurídicas de distinta naturaleza.

3. Corresponderá a la persona titular de la Entidad Pública acordar la apertura de un período de información previa, en los términos previstos en el artículo 55 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando en razón de las actuaciones de supervisión, dirección, inspección y control llevadas a cabo, estime que concurren circunstancias que pudieren constituir un incumplimiento de los compromisos y obligaciones asumidos por la entidad colaboradora.

4. A la vista del resultado de las actuaciones realizadas, mediante Resolución, la Entidad Pública podrá acordar el archivo de las actuaciones o acordar el inicio de un procedimiento de penalización que se ajustará al procedimiento administrativo común y en el que deberá darse, en todo caso, trámite de audiencia a la entidad colaboradora.

5. Corresponderá a la persona titular de la Entidad Pública la imposición de penalizaciones a la entidad colaboradora, salvo que proceda la rescisión del Convenio por incumplimiento, en cuyo caso le corresponderá a la persona titular del Departamento.

6. Cuando el incumplimiento se refiera a las condiciones de apertura, mantenimiento y explotación de los Centros de Medio Abierto y/o del Servicio de Atención Terapéutica Específica, se podrá imponer una penalización de hasta el cincuenta por ciento (50%) del importe que en concepto de Gasto Fijo se ha de satisfacer por todo el período en que se determine el incumplimiento.

7. Cuando el incumplimiento se refiera a las actuaciones técnicas y materiales debidas para la ejecución de medidas judiciales, se podrá imponer una penalización de hasta el cincuenta por ciento (50%) del importe que en concepto de Gasto Fijo se ha de satisfacer por todo el período en que se determine el incumplimiento.

8. No obstante lo previsto en los apartados 6º y 7º anteriores, el importe de la penalización a imponer no podrá ser nunca inferior al coste económico del incumplimiento.

9. Si el incumplimiento conlleva una penalización del 50% durante tres meses consecutivos o cuatro con interrupción, o bien de más del 25% durante seis meses continuados o no, se procederá a la resolución del Convenio.

Vigésimo primera.- Liquidación.

1. La resolución del Convenio, por cualquier causa, dará lugar a un procedimiento de liquidación que tiene por finalidad identificar, concretar y cumplir por ambas partes con las obligaciones y compromisos adquiridos, en los términos previstos en esta cláusula.

2. A través de la Comisión de Seguimiento se tratará de alcanzar un acuerdo de liquidación donde se determinen los derechos y obligaciones pendientes de cumplimiento por ambas partes, así como los términos y plazos en que deban cumplirse.

De alcanzarse un acuerdo este se reflejará en un documento denominado "Acuerdo de Liquidación del Convenio" que deberá ser suscrito por la persona titular de la Entidad Pública y por quien ejerza la representación legal de la entidad colaboradora.

El Acuerdo de Liquidación del Convenio no podrá versar sobre aquellas materias o aspectos del Convenio sobre los que la Entidad Pública ejerza potestades públicas de carácter no transaccional.

En el Acuerdo de Liquidación del Convenio se concretará el inventario de bienes que han de ser puestos a disposición de la Entidad Pública por haber sido adquiridos por la entidad colaboradora con cargo al régimen de compensación económica de este Convenio o de otro inmediatamente anterior con el mismo objeto.

3. En caso de no alcanzarse un acuerdo de liquidación, corresponderá a la Entidad Pública, mediante Resolución, previa audiencia de la entidad colaboradora, determinar el contenido de la liquidación del Convenio.

Si a este respecto se determinase que los gastos soportados por la entidad colaboradora en ejecución del presente Convenio es inferior a las cantidades percibidas como compensación económica de la actividad desplegada, la entidad colaboradora deberá proceder al reintegro del excedente percibido en el plazo máximo de un mes a contar desde que se notifique la Resolución de la Entidad Pública, previa audiencia de la entidad colaboradora, por la que se determina el deber de reintegro.

Si transcurre el citado plazo sin que la entidad colaboradora hubiere reintegrado la cantidad requerida, vendrá obligada además al abono de los intereses de demora sobre la deuda principal que resulten de aplicación conforme a las normas reguladoras del gasto público y de la actividad económico-financiera del sector público.

Si por el contrario, los gastos soportados por la entidad colaboradora en ejecución del presente Convenio es superior a las cantidades percibidas como compensación económica de la actividad desplegada, la Entidad Pública deberá abonar la diferencia en el plazo de un mes desde que se notifique la Resolución por la que se determina la obligación de pago, teniendo en cuenta los límites derivados de la cláusula 10ª, y sin perjuicio en su caso de la compensación a efectuar por el valor económico del patrimonio que no fuere puesto a disposición de la Entidad Pública.

Vigésima segunda.- Régimen jurídico.

1. El presente Convenio queda sujeto a lo previsto en la legislación orgánica reguladora de la responsabilidad penal de menores, a su normativa estatal de desarrollo, legal y reglamentaria, así como a la normativa autonómica en materia de justicia penal juvenil, y en lo que proceda, a la legislación estatal y autonómica en materia de protección a la infancia.

2. En cuanto al régimen jurídico-administrativo, este Convenio queda sujeto a la legislación, estatal y autonómica, en materia de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como la reguladora del régimen convencional del sector público, a las demás normas del derecho administrativo, y en su defecto, en cuanto proceda, a la legislación de derecho común.

3. Las resoluciones y demás actos que la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el ejercicio de las potestades públicas que le confiere la legislación anteriormente citada y este Convenio, debiendo ajustarse a las normas jurídicas citadas, se presumirán válidos y surtirán efectos en las condiciones que dichas resoluciones y actos establezcan, siendo susceptibles de impugnación conforme a la normativa que resulte en cada caso de aplicación.

FORMALIZACIÓN

Y para que así conste, a los efectos legales oportunos, cada una de las partes, firma el presente documento, considerándose firmado el mismo en la fecha de la última de las firmas de las partes.- La Consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana Perera.- La Asociación Opción 3, Martín Lomas Álvarez.

"A N E X O

ENCARGO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Dado que el presente Convenio implica el tratamiento, por parte de la Asociación Opción 3, de datos personales de cuyo tratamiento es responsable la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud (en adelante, el responsable del tratamiento), la Asociación Opción 3 tendrá la consideración de encargado del tratamiento.

Ello conlleva que la Asociación Opción 3 , en su condición de encargado del tratamiento, tenga el deber de cumplir con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (RGPD), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, y con la normativa vigente en cada momento en materia de protección de datos personales, tratando y protegiendo debidamente los datos personales.

Si la Asociación Opción 3 destinase los datos a otra finalidad distinta de la prevista en este encargo, los comunicara o los utilizara incumpliendo las estipulaciones del presente encargo y/o de la normativa vigente en materia de protección de datos, responderá de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente, siendo considerado también, solo a estos efectos, como responsable del tratamiento.

Asimismo, el incumplimiento, total o parcial, por causas imputables a la Asociación Opción 3, de la normativa aplicable en materia de protección de datos, así como de lo previsto en el presente encargo, se considerará como incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos en virtud del presente Convenio, a los efectos de poder considerarse como causa de resolución del mismo.

Las obligaciones en materia de protección de datos establecidas en este Anexo, constituyen el contrato de encargo de tratamiento entre el responsable del tratamiento (Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud) y el encargado del tratamiento (la Asociación Opción 3 ).

Las obligaciones y prestaciones que se contienen no son retribuibles de forma distinta de lo previsto en el presente Anexo y tendrán la misma duración que la vigencia del presente Convenio, prorrogándose en su caso por períodos iguales a este. No obstante, a la finalización del contrato, el deber de secreto continuará vigente, sin límite de tiempo, para todas las personas involucradas en la ejecución del Convenio.

A) Corresponde a la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, como responsable del tratamiento:

1) Entregar a la Asociación Opción 3 los datos personales de que disponga relacionados con las actuaciones previstas en este Convenio. En la entrega quedará garantizada la seguridad del proceso de remisión.

2) Realizar, en su caso, una evaluación del impacto en la protección de datos personales de las operaciones de tratamiento a realizar por el encargado.

3) Realizar las consultas previas que corresponda.

4) Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del RGPD por parte del encargado.

5) Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías.

B) La Asociación Opción 3, como encargado del tratamiento, tratará los datos personales por cuenta del responsable del tratamiento, en los siguientes términos:

1) Únicamente tratará los datos personales conforme a las instrucciones documentadas en el presente encargo o aquellas que reciba del responsable del tratamiento por escrito en cada momento.

No obstante, la Asociación Opción 3 informará inmediatamente al responsable del tratamiento, cuando, en su opinión, una instrucción sea contraria a la normativa de protección de datos personales aplicable en cada momento.

2) Utilizará y aplicará los datos personales única y exclusivamente para la realización de las actuaciones objeto del Convenio.

3) Tratará los datos personales de conformidad con los criterios de seguridad y el contenido previsto en el artículo 32 del RGPD, así como observará y adoptará las medidas técnicas y organizativas de seguridad necesarias o convenientes para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los datos personales a los que tenga acceso.

En particular, y sin carácter limitativo, se obliga a aplicar las medidas de protección del nivel de riesgo y seguridad detalladas en el presente anexo.

4) No facilitará ningún dato personal a terceros y mantendrá la más absoluta confidencialidad. La Asociación Opción 3 se compromete a no revelar, transferir, ceder o comunicar dichos datos o los ficheros creados con ellos, ya sea verbalmente o por escrito, por medios electrónicos, papel o mediante acceso informático, ni siquiera para su visualización, a ningún tercero.

Esta obligación se extiende a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase del tratamiento por cuenta de la Asociación Opción 3, siendo deber de la Asociación Opción 3 instruir a las personas que de dicha empresa pública dependan, de este deber de secreto, y del mantenimiento de dicho deber aún después de la terminación de la prestación del Servicio o de su desvinculación, por lo que deberá garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las personas autorizadas a su tratamiento.

5) Entregará al responsable del tratamiento antes del inicio de los trabajos, una relación de todo el personal que tenga acceso a los datos de carácter personal con funciones y lugar donde van a desarrollar el trabajo. Si durante la ejecución del Convenio fuera necesario incorporar a otras personas entregará una nueva relación en un plazo máximo de una semana desde que sucediera este hecho.

Tanto la Asociación Opción 3, como todo el personal que figure en estas relaciones deberá comprometerse formalmente por escrito a mantener el secreto profesional con respecto a los datos tratados y a cumplir con las medidas de seguridad correspondientes, de las que les debe informar convenientemente.

6) En caso de que, de acuerdo con el RGPD, sea necesario designar un delegado de protección de datos, o cuando la designación sea voluntaria, la Asociación Opción 3 comunicará al responsable del tratamiento, la identidad y datos de contacto de la(s) persona(s) física(s) designada(s) por la Asociación Opción 3 como sus representante(s) a efectos de protección de datos personales (representantes del encargado de tratamiento), responsable(s) del cumplimiento de la regulación del tratamiento de datos personales, en las vertientes legales/formales y en las de seguridad.

7) Una vez finalizadas las actuaciones objeto del presente Convenio, la Asociación Opción 3 se compromete a devolver al encargado que designe por escrito el responsable del tratamiento, los datos personales a los que se haya tenido acceso, así como los generados por la Asociación Opción 3 por causa del tratamiento, y, si procede, los soportes donde consten, una vez finalizadas las actuaciones objeto del presente Convenio. La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados por la Asociación Opción 3. No obstante, la Asociación Opción 3 puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución del Convenio.

8) El tratamiento de los datos personales se llevará a cabo en los sistemas/dispositivos de tratamiento, manuales y automatizados y en las ubicaciones que se determinen por el responsable del tratamiento, equipamiento que podrá estar bajo el control del responsable del tratamiento o bajo el control directo o indirecto del encargado u otros que hayan sido expresamente autorizados por escrito por el responsable del tratamiento, y únicamente por los profesionales o perfiles de profesionales asignados a la ejecución del objeto de este Convenio.

En el caso de alojar datos en servidores, la Asociación Opción 3 presentará, antes de comenzar las actuaciones previstas en el presente Convenio, una declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos, debiendo comunicar cualquier cambio que se produzca.

9) La Asociación Opción 3 tratará los datos personales dentro del territorio de la Unión Europea, no tratándolos fuera de este espacio ni directamente ni a través de cualesquiera subencargados autorizados conforme a lo establecido en este anexo, salvo que esté obligado a ello en virtud del derecho nacional o de la Unión Europea que le resulte de aplicación.

En el caso de que, por causa de derecho nacional o de la Unión Europea, la Asociación Opción 3 se vea obligado a llevar alguna transferencia de datos, la Asociación Opción 3 informará por escrito al responsable del tratamiento de esa exigencia legal, con antelación suficiente a efectuar el tratamiento, y garantizará el cumplimiento de cualesquiera requisitos legales que sean aplicables a la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia (responsable del tratamiento) salvo que el derecho aplicable lo prohíba por razones importantes de interés público.

10) De conformidad con el artículo 33 RGPD, la Asociación Opción 3 deberá comunicar a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), de forma inmediata y a más tardar en el plazo de 72 horas, cualquier violación de la seguridad de los datos personales a su cargo de la que tenga conocimiento, con toda la información relevante para la documentación y comunicación de la incidencia o cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestión de la información que haya tenido o pueda tener que ponga en peligro la seguridad de los datos personales, su integridad o su disponibilidad, así como cualquier posible vulneración de la confidencialidad como consecuencia de la puesta en conocimiento de terceros de los datos e informaciones obtenidos durante la ejecución del contrato.

La Asociación Opción 3 comunicará con diligencia información detallada al respecto, incluso concretando qué interesados sufrieron una pérdida de confidencialidad.

11) Cuando una persona ejerza un derecho [de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, u otros reconocidos por la normativa aplicable (conjuntamente, los "Derechos")], ante la Asociación Opción 3, como encargado del tratamiento, este debe comunicarlo con la mayor prontitud al responsable del tratamiento. La comunicación debe hacerse de forma inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción del ejercicio de derecho, juntamente, en su caso, con la documentación y otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud que obre en su poder, e incluyendo la identificación fehaciente de quien ejerce el derecho.

La Asociación Opción 3 asistirá al responsable del tratamiento, siempre que sea posible, para que éste pueda cumplir y dar respuesta a los ejercicios de derechos.

12) Colaborará con el responsable del tratamiento en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de medidas de seguridad, comunicación y/o notificación de brechas (logradas e intentadas) de medidas de seguridad a las autoridades competentes o los interesados, y colaborará en la realización de evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos personales y consultas previas al respecto a las autoridades competentes; teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información de la que disponga.

Asimismo, la Asociación Opción 3 pondrá a disposición del responsable del tratamiento toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones previstas en este anexo y demás documentos y colaborará en la realización de auditorías e inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por la AEPD.

13) En los casos en que la normativa lo exija, artículo 30.5 RGPD, la Asociación Opción 3 deberá llevar, por escrito, incluso en formato electrónico y de conformidad con lo previsto en el articulo 30.2 RGPD, un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del responsable del tratamiento, que contenga las circunstancias señaladas en el precepto citado.

14) Deberá disponer de evidencias que demuestren el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales y del deber de responsabilidad activa, que habrá de poner a disposición del responsable del tratamiento, a su requerimiento.

Así mismo, durante la vigencia del contrato pondrá a disposición del responsable del tratamiento toda información, certificaciones y auditorías realizadas en cada momento.

15) Deberá facilitar, en el momento de la recogida de los datos, la información relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar. La redacción y el formato en que se facilitará la información se debe consensuar con el responsable antes del inicio de la recogida de los datos.

16) Para el cumplimiento del objeto de este Convenio, la Asociación Opción 3 no precisa que acceda a ningún otro dato personal que no sean los especificados en el presente anexo, y por tanto no está autorizado en caso alguno al acceso o tratamiento de otro dato. Si se produjera una incidencia durante la ejecución del contrato que conllevara un acceso accidental o incidental a datos personales de cuyo tratamiento sea responsable la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, no contemplados en el presente anexo, la Asociación Opción 3 deberá ponerlo en conocimiento del responsable del tratamiento, en concreto de su delegado de protección de datos, con la mayor diligencia y, a más tardar, en el plazo de 72 horas.

17) Cuando la Asociación Opción 3 contrate o concierte con terceros la realización parcial de las actuaciones objeto del Convenio y ese tercero deba acceder a datos personales, la Asociación Opción 3 lo pondrá en conocimiento previo del responsable del tratamiento, identificando qué tratamiento de datos personales conlleva, para que el responsable del tratamiento autorice el tratamiento a realizar por parte del tercero.

Es requisito imprescindible para la citada autorización:

- Que el tratamiento de datos personales por parte del tercero se ajuste a la legalidad vigente, al presente anexo y a las instrucciones del responsable del tratamiento.

- Que la Asociación Opción 3 y ese tercero formalicen un contrato u otro acto jurídico de encargo de tratamiento de datos en los términos previstos en el presente anexo, el cual será puesto a disposición del responsable del tratamiento.

Dicho tercero, que también tendrá la condición de encargado del tratamiento (subencargado), está obligado igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este documento para el encargado del tratamiento y las instrucciones que dicte el responsable del tratamiento.

La Asociación Opción 3 informará al responsable del tratamiento de cualquier cambio en relación a la incorporación o sustitución de otros subencargados, con el fin de otorgar el responsable del tratamiento la autorización correspondiente.

Corresponde a la Asociación Opción 3, como encargado del tratamiento inicial, regular la nueva relación de forma que el nuevo encargado del tratamiento (o subencargado) quede sujeto a las mismas condiciones (instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad y resto de condiciones establecidas) y con los mismos requisitos formales que él, en lo referente al adecuado tratamiento de los datos personales y a la garantía de los derechos de las personas afectadas. En el caso de incumplimiento por parte del subencargado, la Asociación Opción 3 seguirá siendo plenamente responsable ante el responsable del tratamiento en lo referente al cumplimiento de las obligaciones.

C) Descripción general del tratamiento de datos personales a realizar:

(Según lo dispuesto apartado 12 de la Resolución, LRS2018MM01642, de 9 de agosto de 2018, de la Directora General de Protección a la Infancia y la Familia por la que se registran las actividades de tratamiento de datos personales que gestiona este Centro Directivo.)

- El tratamiento consistirá en:

Registro y seguimiento de la ejecución de las medidas impuestas a menores y jóvenes infractores por los juzgados de menores y que cumplen o han cumplido medidas judiciales.

Utilización de los datos para la gestión de los expedientes de ejecución de las medidas judiciales impuestas a menores.

- El tratamiento de datos personales comprenderá:

Recogida (captura de datos).

Registro (grabación).

Estructuración.

Modificación.

Conservación (almacenamiento).

Extracción (retrieval).

Consulta.

Cesión.

Interconexión (cruce).

Cotejo.

Supresión.

Destrucción de copias temporales.

Conservación (en sus sistemas de información).

Duplicado.

Copia (copias temporales).

Copia de seguridad.

Recuperación.

- Las categorías de datos personales objeto de tratamiento son:

Datos de carácter identificativo: DNI, nombre y apellidos, sexo, lugar de nacimiento, estado civil, dirección, teléfono, correo electrónico, firma, firma electrónica y cualquier otro sistema de firma y de identificación admitido por las Administraciones Públicas.

Datos de circunstancias sociales.

Datos económicos, financieros y de seguros.

Datos académicos y profesionales.

Datos expediente sanitario.

Grado de Discapacidad.

Antecedentes de justicia juvenil.

Infracciones administrativas.

Datos específicos de los expedientes de los distintos procedimientos administrativos gestionados con el sistema de información.

- Las categorías de personas interesadas son:

Menores así como, en su caso, de los representantes legales de los menores y de los adultos de referencia de los jóvenes y su unidad familiar.

- Las categorías de destinatarios a quienes se podrán comunicar los datos son:

Defensor del Pueblo, Diputado del Común, los Jueces de Menores competentes, Fiscalías de menores de las Audiencias Provinciales, y las personas que intervengan en la ejecución y estén autorizadas por la entidad pública de acuerdo con sus normas de organización. Asimismo, el menor, su letrado y, en su caso, su representante legal, en los términos señalados en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

- Los datos deben protegerse empleando las medidas para evitar que dichos datos pierdan su razonable confidencialidad,integridad y disponibilidad. Se deben implantar las medidas contenidas en el Anexo II del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica, correspondientes al nivel de medidas de seguridad que resulte de la evaluación de riesgos realizada, en su caso. Se aplicarán las medidas de seguridad de nivel alto.

A estos efectos, el personal de la Asociación Opción 3 deberá seguir las medidas de seguridad establecidas por el responsable del tratamiento".- La Consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana Perera.- La Asociación Opción 3, Martín Lomas Álvarez.

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