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BOC Nº 85. Jueves 30 de Abril de 2020 - 1425

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III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad

1425 Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 17 de abril de 2020, por la que se clasifica el puesto de trabajo de Viceinterventor/a, creado en la Plantilla y Relación de Puestos de trabajo del Cabildo Insular de Fuerteventura, en clase segunda, como puesto de colaboración, reservado a la Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, de la Escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, y se establece como sistema para su provisión el de concurso.

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BOC-A-2020-085-1425. Firma electrónica - Descargar

Examinado el expediente tramitado a solicitud del Cabildo Insular de Fuerteventura, para la clasificación del puesto de trabajo de Viceinterventor/a, en clase segunda, con la naturaleza de puestos de colaboración, reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Vista la propuesta formulada por el Servicio de Función Pública Local.

Y teniendo en cuenta los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1º) El día 24 de febrero de 2020, se recibió en esta Dirección General, a través del Registro Electrónico General, un oficio del Consejero de Área Insular de Políticas Sociales, Formación y Recursos Humanos, del Cabildo Insular de Fuerteventura, por el que solicita la clasificación del puesto de trabajo de Viceinterventor/a, en clase segunda, puesto reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, adscrito al Servicio de Intervención.

2º) Dicha plaza/puesto figura creada en la Plantilla de la Corporación, así como en la Relación de Puestos de Trabajo, cuya modificación fue aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular, en sesión celebrada el día 10 de febrero de 2020 (BOP nº 23, de 21.2.2020).

3º) En la ficha nº 222, se detallan las funciones específicas del puesto de trabajo.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Competencia para la creación, clasificación, supresión y modificación de la clasificación de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

El artículo 92 bis, apartado 4, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, adicionado por el apartado veinticinco del artículo primero de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, dispone que el Gobierno, mediante real decreto, regulará las especialidades de la creación, clasificación y supresión de puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, así como las que puedan corresponder a su régimen disciplinario y de situaciones administrativas.

Las previsiones contenidas en el citado precepto han sido objeto de desarrollo en virtud del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional (BOE nº 67, de 17.3.18).

La Disposición adicional cuarta regula el régimen jurídico de los puestos reservados en los Municipios de Gran Población del título X de la LRBRL.

En el párrafo segundo del apartado primero, se establece que dicha regulación será de aplicación a los cabildos insulares canarios, en los términos de la Disposición adicional decimocuarta de la LRBRL. En el apartado segundo, se dispone que la clasificación de los puestos de trabajo reservados en los municipios incluidos en el ámbito de aplicación del Título X se efectuará por la Comunidad Autónoma correspondiente, de acuerdo con los criterios que allí se establecen.

El artículo 71.2.b) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, aprobado por Decreto 382/2015, de 28 de diciembre (BOC nº 252, de 30.12.15) -en la actualidad, Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, de acuerdo con el artículo 1 del Decreto 119/2019, de 16 de julio, del Presidente, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías (BOC nº 136, de 17.7.19)-, atribuye a la Dirección General de la Función Pública la competencia para la creación, clasificación, modificación de la clasificación y supresión de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, a propuesta de la corporación local respectiva, de acuerdo con lo establecido en la normativa estatal.

El Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad conserva su vigencia ex Disposición transitoria primera del Decreto 203/2019, de 1 de agosto, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias (BOC nº 149, de 5.8.19).

La eficacia de las modificaciones que se operen en la Plantilla y en la Relación de Puestos de Trabajo de la Corporación insular, en el ámbito de puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, queda condicionada, empero, al acto formal de clasificación que ha de emanar de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, trámite que, empero, omite el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo -a diferencia de la previsión del artículo 9 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio-, pero que resulta de obligado cumplimiento, al tratarse de un acto administrativo plúrimo, que trae causa en la Relación de Puestos de Trabajo (artº. 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; STS de 5 de febrero de 2014, recaída en recurso de casación nº 2986/2012).

Segunda.- Naturaleza jurídica y funciones de los denominados "Puestos de colaboración".

El derogado artículo 165.1 del texto refundido de Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, en la redacción dada por el apartado 1 del artículo 2.5 del Real Decreto Legislativo 2/1994, de 25 de junio, dispuso que, con independencia de los puestos de trabajo mínimos reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional a que se refieren los artículos anteriores, las Corporaciones locales, en los términos que reglamentariamente se determinaran por la Administración del Estado, podrían crear otros puestos de trabajo reservados igualmente a funcionarios que posean dicha habilitación, cuya clasificación correspondería a las Comunidades Autónomas.

El desarrollo reglamentario se efectuó en virtud del referido Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio. Así, el artículo 2.g) definía los puestos de colaboración como aquellos que las Corporaciones locales pueden crear discrecionalmente para el ejercicio de las funciones de colaboración inmediata a las de Secretaría, Intervención o Tesorería, y los que corresponde la sustitución de sus titulares en caso de vacante, ausencia, enfermedad o abstención legal o reglamentaria, así como para el ejercicio de las respectivas funciones reservadas que, previa autorización de la Alcaldía o Presidencia, les sean encomendadas por dichos funcionarios titulares. Y añade que estos puestos serán clasificados a propuesta de la Corporación y estarán reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional de la subescala y categoría que proceda.

El artículo 15 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, que derogó el Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, permite, asimismo, que las entidades locales puedan crean otros puestos de trabajo que tengan atribuidas las funciones de colaboración inmediata y auxilio a las de Secretaría, Intervención y Tesorería. Dichos puestos quedan reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, y ejercerán sus funciones bajo la dependencia funcional y jerárquica del titular de la Secretaría, Intervención o Tesorería, respectivamente. Les corresponderán las funciones reservadas que, previa autorización del Alcalde o Presidente de la Corporación, les sean encomendadas por los titulares de los puestos reservados de Secretaría, Intervención y Tesorería; y, asimismo, les corresponderá la sustitución de los titulares de los puestos de Secretaría, Intervención y Tesorería, en los casos de vacante, ausencia, enfermedad o concurrencia de causa de abstención o recusación legal o reglamentaria de los mismos.

El artículo 15.3.b) dispone que, en las Entidades Locales cuyos puestos de Secretaría e Intervención estén clasificados en clase primera, los puestos de colaboración a las funciones de secretaría podrán ser clasificados en primera, segunda o tercera clase, y ser adscritos, respectivamente, a las subescalas de Secretaría, categoría superior, Secretaría, categoría de entrada y a la subescala de Secretaría-Intervención. Los puestos de colaboración a las funciones de intervención podrán ser clasificados en primera, segunda o tercera clase, y ser adscritos, respectivamente, a las subescalas de Intervención-Tesorería, categoría superior, Intervención-Tesorería, categoría de entrada y a la subescala de Secretaría-Intervención.

La creación y supresión de estos puestos de colaboración constituye, pues, la manifestación del ejercicio de una potestad discrecional que la normativa señalada atribuye a las entidades locales, y que se exterioriza a través del acto de modificación de la Plantilla y de la Relación de Puestos de Trabajo. En todo caso, el acto habrá de ser motivado, por exigencia del artículo 35.1.i) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Tercera.- Motivos aducidos por la Corporación para la creación del puesto de Viceinterventor/a.

En el informe propuesta de resolución evacuado por el Consejero de Área Insular de Políticas Sociales, Formación y Recursos Humanos, de la Corporación insular, de fecha 6 de febrero de 2020, se aduce la necesidad de incorporar determinadas modificaciones en la estructura orgánica, como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley territorial 2/2019, de 30 de enero, para la Aplicación del Régimen Especial de Organización de los Cabildos Insulares Canarios previsto en la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, al Cabildo Insular de Fuerteventura (BOC nº 27, de 8.2.19; BOE nº 50, de 27.2.19). Entre dichas modificaciones, figura la creación de un puesto de colaboración, en el Servicio de Intervención, reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en el ejercicio de las potestades de autoorganización de la Corporación insular. El puesto de trabajo de Viceinterventor/a se configura, así, como un puesto de colaboración inmediata y auxilio a la Intervención General en las funciones que esta tiene asignadas, asumiendo su titular las funciones que le sean encomendadas por el Interventor General y su suplencia, en caso de ausencia reglada. Desempeñará, asimismo, las funciones que, por delegación, le encomiende el Interventor General y su sustitución, en los casos de vacancia, enfermedad, así como la concurrencia de causa legal de abstención o recusación.

Cuarta.- Características y requisitos para el desempeño del puesto de trabajo de Viceinterventor/a. Funciones específicas.

El puesto de trabajo de Viceinterventor/a tiene asignado nivel 28 de complemento de destino y 650 puntos de complemento específico. Tiene como forma de provisión la de concurso y, en cuanto a la jornada, régimen de dedicación exclusiva.

En la ficha nº 222, se señalan como funciones específicas: a) coordinar las actuaciones que correspondan al órgano directivo en las que concurran funciones o competencias de varias unidades; b) elaborar, a propuesta del resto de las unidades, los proyectos de disposiciones que afecten a materias de la competencia del centro; c) gestionar, mantener y explotar las bases de datos informatizadas desarrolladas como consecuencia de las funciones de coordinación; d) promover y mantener las relaciones que se consideren precisas con los órganos de otras Administraciones que desarrollen funciones contables o de control; e) realizar estudios y elaborar informes, planes y normas relativas a la organización del órgano directivo y de sus Intervenciones delegadas; f) planificar, programar y proponer la cobertura de los medios personales necesarios para el ejercicio de las funciones públicas atribuidas a la Intervención General; g) controlar y efectuar el seguimiento de la organización, procedimientos y otros medios utilizados por las Intervenciones Delegadas en el ejercicio de sus funciones, con vistas a la elaboración de propuestas para su ordenación y mejora; h) gestionar y tramitar las propuestas de adquisición de los recursos materiales necesarios para el ejercicio de las funciones atribuidas a la Intervención General, a propuesta de las otras unidades del órgano directivo o de las Intervenciones Delegadas, y mantener, a estos efectos, las relaciones oportunas con los órganos competentes en la materia; i) elaborar, proponer y gestionar el Presupuesto de la Intervención General; j) realizar las actuaciones oportunas en relación con la formación y perfeccionamiento de los funcionarios vinculados a la Intervención General y mantener, a estos efectos, las relaciones oportunas con los centros competentes; k) coordinar las relaciones de los órganos y entidades correspondientes de la Comunidad Autónoma en las actuaciones del Tribunal de Cuentas en el procedimiento de fiscalización de las cuentas anuales, con la excepción de la contratación administrativa; l) cualesquiera otra que le encomiende el Interventor General y su suplencia, así como las funciones que le delegue aquel.

Quinta.- Título habilitante para el dictado de la presente Resolución, durante la vigencia del estado de alarma.

En virtud de Orden de 7 de abril de 2020, de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, se acuerda el inicio y/o continuación de la tramitación de determinados procedimientos en el ámbito del Departamento durante la vigencia del estado de alarma (BOC nº 73, de 14.4.2020).

En el anexo, se detallan, motivadamente, dichos procedimientos. En el ámbito competencial de la Dirección General de la Función Pública, figuran, entre otros, el procedimiento de clasificación de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Además, el apartado dispositivo tercero de la Orden exige que, en los actos administrativos que se dicten en los procedimientos cuyo inicio o continuación se haya acordado, se deberá hacer mención a la misma, la cual, además, deberá ser notificada por el órgano gestor a las personas interesadas en tales procedimientos.

En su virtud, esta Dirección General, de acuerdo con la propuesta formulada por la Corporación insular, en el ejercicio de la competencia atribuida y en virtud de la autorización contenida en la Orden de 7 de abril de 2020, de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad,

R E S U E L VE:

1. Clasificar el puesto de trabajo denominado Viceinterventor/a, creado en la Plantilla y Relación de Puestos de Trabajo del Cabildo Insular de Fuerteventura, en clase segunda, con la naturaleza de puesto de colaboración, y disponer su reserva a la Escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada.

2. Establecer como forma de provisión del puesto de trabajo la de concurso.

3. Inscribir el puesto de trabajo en el Registro Integrado de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

4. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias y comunicarla al Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, los interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas podrán interponer con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo de un mes ante esta Dirección General, de conformidad con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o, directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, bien ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga el demandante su domicilio, bien ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife.

Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, bien ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en cuya circunscripción tengan su sede, bien ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Los plazos serán contados desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.

No obstante, de conformidad con la Disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el plazo para la presentación del recurso contencioso-administrativo se encuentra suspendido y se reanudará una vez finalice la vigencia del citado Real Decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo. Asimismo, de conformidad con lo previsto en la Disposición adicional octava del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, el plazo para interponer recurso de reposición se computará desde el día hábil siguiente a la fecha de finalización de la declaración del estado de alarma, con independencia del tiempo que hubiera transcurrido desde la notificación de la actuación administrativa objeto de recurso.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de abril de 2020.- La Directora General de la Función Pública, Laura María Martín Pérez.

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