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BOC Nº 60. Jueves 26 de Marzo de 2020 - 1188

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III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

1188 ORDEN de 11 de marzo de 2020, por la que se declara la caducidad de diversos expedientes de bien de interés cultural.

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BOC-A-2020-060-1188. Firma electrónica - Descargar

Vista la propuesta de la Directora General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias de fecha 4 de marzo de 2020, y examinada la Sentencia nº 157/2019, de 28 de noviembre, del Tribunal Constitucional recaída en la Cuestión de inconstitucionalidad nº 2908-2019, planteada por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, respecto del artº. 21.2 de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El 11 de diciembre de 2014, se publicó en el Boletín Oficial de Canarias nº 240, Decreto 111/2014, de 28 de noviembre, por el que se modificó la delimitación del bien de interés cultural, con categoría de conjunto histórico denominado "Barrio de los Hoteles Pino de Oro", en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife.

Segundo.- La entidad mercantil «Julitex, S.L.» interpuso recurso contencioso-administrativo contra el mencionado Decreto, dando lugar al procedimiento ordinario nº 14/2015, seguido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Tercero.- Mediante Auto de 29 de marzo de 2019, la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias acordó plantear cuestión de inconstitucionalidad sobre el citado artículo 21.2 de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, en adelante LPHC, por posible vulneración del artículo 149.1.18ª CE.

Cuarto.- Con fecha de 28 de noviembre de 2019, el Pleno del Tribunal Constitucional dictó Sentencia nº 157/2019, por la que falla lo siguiente:

«Estimar la cuestión de inconstitucionalidad nº 2908-2019 y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad y nulidad del artº. 21.2 de la Ley del Parlamento de Canarias 4/1999, de 15 de marzo, de patrimonio histórico de Canarias, en el inciso: "Transcurrido este plazo se podrá denunciar la mora por cualquier interesado. Una vez denunciada la mora, la Administración actuante dispondrá de dos meses para concluir el expediente y elevarlo al Gobierno de Canarias para la declaración del bien de interés cultural, la que deberá producirse en el plazo de dos meses a partir de la recepción».

Quinto.- La Sentencia citada ha sido objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado nº 5, de 6 de enero de 2020.

Sexto.- Con fecha 20 de febrero de 2020, se ha emitido por la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias, informe facultativo favorable a la declaración de caducidad de los procedimientos de declaración de bien de interés cultural incoados de oficio durante la vigencia de la LPHC 4/1999, respecto a los que haya transcurrido su plazo máximo de tramitación, sin haber sido resueltos, si bien procede, con efectos meramente declarativos, dictar la correspondiente resolución de caducidad.

Séptimo.- La Directora General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, a la vista de los anteriores antecedentes, con fecha 4 de marzo de 2020, propone declarar la caducidad de los expedientes que figuran en el anexo de la misma, es decir, de aquellos expedientes que a la fecha de la sentencia se encuentran en tramitación, y sobre los cuáles, habiendo transcurrido más de 12 meses desde la fecha de su incoación, no ha recaído resolución firme.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- En el Fundamento jurídico quinto de la Sentencia nº 157/2019, de 28 de noviembre, del Tribunal Constitucional recaída en la cuestión de inconstitucionalidad nº 2908-2019, se fundamenta la inconstitucionalidad del artículo 21.2 LPHC en los siguientes argumentos:

«El artº. 21.2 LPHC objeto de esta cuestión de inconstitucionalidad regula la denuncia de mora como exigencia previa a la caducidad de los expedientes de declaración de bienes de interés cultural. Introduce un trámite no previsto en la legislación estatal reguladora del procedimiento administrativo común (artº. 149.1.18 CE), que entraña una contradicción efectiva e insalvable con el artº. 44.2 LPC. La denuncia de mora se opone a la regla de caducidad automática, y no puede considerarse un trámite complementario o compatible con esta, en el sentido acogido por la doctrina constitucional, según la cual las reglas del procedimiento administrativo común no excluyen la competencia automática para regular trámites de procedimiento administrativo especial (antes bien la presuponen), pero "condicionan su ejercicio a fin de promover el tratamiento asimismo común de los administrados ante todas las Administraciones Públicas" [SSTC 55/2018, FJ 9b), y 227/1988, FJ 27]" (STC 110/2018, de 17 de octubre, FJ3).

Es precisamente la garantía del tratamiento común la que se ve comprometida por el régimen de denuncia de mora previsto en el precepto cuestionado. El legislador autonómico no se ha limitado a regular el plazo de un procedimiento especial en el ámbito de su competencia; ha regulado también los efectos de su incumplimiento, en contra del régimen vigente del procedimiento administrativo común, que contempla la caducidad automática. La exigencia de denuncia de mora da pie a que el incumplimiento del plazo máximo de terminación carezca de efecto alguno, pues si el interesado no denuncia la mora, el expediente quedará abierto indefinidamente, por más que se haya superado con creces el plazo de terminación. Impone con ello a los interesados una carga adicional que no están obligados a soportar alterando la estructura diseñada por el Estado en ejercicio de la competencia exclusiva que le confiere el artº. 149.1.18 CE, y que desde luego no redunda en beneficio de los interesados.

Por ello, el artº. 21.2 LPHC resulta ser inconstitucional y nulo en el siguiente inciso: "Transcurrido este plazo se podrá denunciar la mora por cualquier interesado. Una vez denunciada la mora, la Administración actuante dispondrá de dos meses para concluir el expediente y elevarlo al Gobierno de Canarias para la declaración del bien de interés cultural, la que deberá producirse en el plazo de dos meses a partir de la recepción».

Segundo.- El artículo 164 CE dispone que las sentencias del Tribunal Constitucional tienen valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos.

Tercero.- El artículo 40 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional dispone que las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley no permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos inconstitucionales, salvo en el caso de los procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad.

Cuarto.- Los expedientes de bienes de interés cultural que se relacionan en el anexo de la presente Orden son procedimientos administrativos respecto de los cuales no ha recaído resolución administrativa ni resolución judicial firme, por lo que se encuentran afectados por los pronunciamientos de la Sentencia del Tribunal Constitucional examinada, y, en consecuencia, han de considerarse caducados desde el transcurso del plazo de doce meses desde su incoación, sin haber finalizado.

Quinto.- Los procedimientos declarados caducados podrán volver a incoarse una vez transcurrido el plazo de veinticuatro meses desde que se hayan producido los efectos de la caducidad, salvo cuando medie instancia de las personas o entidades previstas en el artículo 31.2 de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias.

Sexto.- Conforme a lo dispuesto en el Decreto 359/2007, de 25 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 47/2005, de 5 de abril, que delega determinadas competencias en los titulares de los Departamentos, corresponde a la Consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias la resolución de caducidad en los expedientes de declaración de bienes de interés cultural.

Séptimo.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45.1, letra a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la presente Orden debe ser objeto de publicación en el Boletín Oficial de Canarias, por afectar a una pluralidad indeterminada de interesados.

De conformidad con lo expuesto y en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 29.1.m) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, el Decreto 359/2007, de 25 de septiembre, por el que se delega la competencia en materia de resolución de caducidad en los expedientes de declaración de bien de interés cultural en el titular de la Consejería competente en materia de Cultura, los artículos 4 y 5 del Decreto 24/2016, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la extinta Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, cuyas competencias han sido asumidas por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, en virtud del artículo 7 del Decreto 119/2019, de 16 de julio, del Presidente, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías,

R E S U E L V O:

Primero.- Declarar la caducidad de los expedientes de bien de interés cultural que se relacionan en el anexo, por el transcurso del plazo máximo de doce meses desde su incoación, sin haberse dictado resolución administrativa de terminación ni haber recaído sentencia judicial firme, en aplicación de la Sentencia nº 157/2019, de 28 de noviembre, del Tribunal Constitucional recaída en la cuestión de inconstitucionalidad nº 2908-2019, por la que se declara parcialmente la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 21.2 de la Ley del Patrimonio Histórico de Canarias.

En cumplimiento de lo anterior, los procedimientos declarados caducados no podrán volver a incoarse hasta tanto haya transcurrido el plazo de dos años desde que se hayan producido los efectos de la caducidad, salvo cuando medie instancia de alguna de las personas o entidades previstas en el artículo 31.2 de la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias.

Segundo.- Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial de Canarias.

Tercero.- Inscribir la presente Orden en el Registro Canario de Bienes de Interés Cultural.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, significando que, en el caso de interponer recurso potestativo de reposición, no se podrá acudir a la vía contencioso-administrativa hasta que aquel sea resulto expresamente o desestimado por silencio administrativo en el plazo de un mes a contar desde que hubiera sido interpuesto el citado recurso. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime necesario interponer.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de marzo de 2020.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,

UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

María José Guerra Palmero.

Ver anexo en las páginas 9472-9482 del documento Descargar

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