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BOC Nº 251. Lunes 30 de diciembre de 2019 - 6215

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II. AUTORIDADES Y PERSONAL - Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad

6215 Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 19 de diciembre de 2019, por la que se procede a ejecutar provisionalmente las sentencias dictadas por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias recaídas en los procedimientos con números 49, 70 y 74 de 2018, y se hace pública la relación de personas aspirantes en las pruebas selectivas para ingresar, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos (Grupo A, Subgrupo A1), Especialidad de Ingenieros Industriales de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, convocadas por Resolución de 21 de noviembre de 2017, y se ofertan puestos de trabajo.

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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Convocatoria de las pruebas selectivas para ingresar por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos, Especialidad Ingenieros Industriales (Grupo A, Subgrupo A1), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Con fecha de 21 de noviembre de 2017, la Dirección General de la Función Pública dictó Resolución a través de la cual se convocaron las pruebas selectivas para ingresar, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos, Especialidad Ingenieros Industriales (Grupo A, Subgrupo A1), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 231, de 30.11.17).

Dicha convocatoria queda enmarcada en la Oferta de Empleo Público de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2015, aprobada por Decreto 46/2015, de 9 de abril (BOC nº 74, de 20.4.15) y para el año 2016, aprobada por Decreto 152/2016, de 12 de diciembre (BOC nº 243, de 19.12.16).

Segundo.- Requisitos de los aspirantes que rigen en la presente convocatoria.

La base segunda prevista en la convocatoria, en su primer apartado prevé expresamente:

"2.1. Para poder participar en las pruebas selectivas, las personas aspirantes deberán reunir los requisitos recogidos en el artículo 7 de las bases generales.

Respecto al requisito de titulación académica oficial establecido en el apartado 5 del artículo 7 de las citadas bases generales, se exigirá estar en posesión o en condiciones de obtener el Título de Ingeniero Industrial o Título Universitario de Grado correspondiente."

Tercero.- Pronunciamientos judiciales dictaminados en 2019 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, recaídos en los procedimientos ordinarios números 49, 70 y 74, todos ellos del año 2018.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictó las Sentencias recaídas en los procedimientos ordinarios números 49 y 70 de 2018, con fecha de 18 de septiembre de 2019 pronunciándose en los siguientes términos en su parte dispositiva, que procedemos a reproducir:

"1. Estimar parcialmente el recurso.

2. Anular la base impugnada en cuanto admite la titulación de grado para participar en el proceso selectivo convocado.

3. Sin imposición de costas."

En sentido similar se viene a pronunciar la Sentencia dictada por el mismo órgano judicial en el Procedimiento Ordinario nº 74/2018, de fecha de 30 de julio de 2019.

En todos ellos, en concreto, es objeto de examen judicial la base específica 2.1, párrafo segundo del Anexo I, aprobado en virtud de la Resolución de 21 de noviembre de 2017, descrita en el antecedente segundo, constituyendo el objeto de la litis si el título de grado es suficiente para acceder a la plaza del Grupo A, Subgrupo A1, en aplicación del artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público.

Si bien, sostiene la Sección Segunda del Tribunal Superior de Justicia, "las competencias propias de profesiones tituladas no se identifican necesariamente con la función pública técnica relacionada con la ingeniería y la arquitectura (...), la Ley de la Función Pública de Canarias ha efectuado esta equiparación al efecto de agrupar a los funcionarios en cuerpos, escalas, [y] especialidades cuyas funciones públicas requieren la misma titulación que la exigida para determinada profesión titulada."

"Así que la función pública propia del Cuerpo Superior y la titulación necesaria para participar en el proceso selectivo está relacionada con la profesión de Ingeniería Superior y en consecuencia se exigía una licenciatura; la función pública propia del Cuerpo Técnico de Grado Medio está relacionada con la profesión de ingeniería técnica y por ello se exigía una diplomatura universitaria." (vid. Fundamento jurídico tercero de la Sentencia del procedimiento 49/2018).

"Las nuevas disposiciones reglamentarias ahora vigentes -continúa exponiendo el tribunal, vid. Fundamento Jurídico Cuarto de la Sentencia del procedimiento 49/2018- regulan las titulaciones parar el ejercicio de una profesión y no para el acceso a la función pública, pero la Ley que regula el acceso y determina el ingreso en el Cuerpo sigue refiriéndolo a la titulación propia del ejercicio profesional puesto que no ha sido modificada."

En esta línea la Sentencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo nº 221/2019, en su fundamento jurídico quinto, sostiene que aun siendo cuestiones distintas el ejercicio de una profesión regulada y la titulación necesaria para el acceso a la función pública a un cuerpo y escala, considera esta Sala que "no pueden ser disociadas cuando se trata de establecer qué requisitos de titulación se han de reunir para ingresar, precisamente, en un cuerpo funcionarial que se corresponde con esa profesión."

A tal efecto concluye el Tribunal Supremo, "Los niveles de formación que acreditan los títulos universitarios no pueden ser distintos según se trate de acceder al empleo público, en las condiciones de este caso, o del ejercicio privado de la profesión. Esa solución no parece aceptable desde los principios que proclama el artículo 103.1 y 3 de la Constitución que, más bien apuntan a que, cuando menos sean las mismas, sin perjuicio de que en los procesos selectivos se escoja a quienes, poseyendo esa titulación, demuestren mayor mérito y capacidad."

"Pues bien, sentada esa premisa, es verdad que el artículo 15.4 del Real Decreto 1393/2007 obliga al Gobierno a establecer qué títulos habilitan para el ejercicio de profesiones reguladas y que el acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 2008 incluye entre ellas la de ingeniero industrial y señala que la titulación universitaria necesaria para ejercerla es la de master con no menos de 300 créditos", fundamente el alto tribunal (cfr. apartado quinto del Anexo de la Orden CIN/311/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial).

En definitiva, no parece haber duda de que el ejercicio de la profesión regulada de ingeniero industrial requiere, conforme a las determinaciones del Derecho de la Unión Europea, una titulación que no se corresponde con la de grado.

Por ello, "la Ley de 1987 ha de ser interpretada en el sentido de mantener la dualidad de titulaciones Máster/Grado (Subgrupos A1 y A2) como equivalentes a Licenciatura/Diplomatura (Grupo A y B) a tal efecto de acceso a cuerpos diferentes cuyas funciones se determinan por referencia a dos profesiones que siguen siendo diferentes.", concluye la Sección Segunda de la Sala.

Finalmente, a la vista de la Sentencia del Tribunal Supremo 221/2019, de 21 de febrero, "lo más seguro es extender su aplicación a la Administración de la Comunidad Autónoma habida cuenta de que la Ley de la Función Pública de Canarias ha creado dos cuerpos atribuyéndoles diferentes funciones por relación a las competencias y conocimientos de diferentes profesiones (...) y, en consecuencia, esta diferencia ha de mantenerse para ingresar en uno u otro cuerpo porque de otra manera no tendría sentido la dualidad de cuerpos" (fundamento jurídico cuarto).

La Sentencia recaída en el procedimiento 70/2018 viene a reproducir los fundamentos jurídicos de las Sentencias dictadas en los procedimientos 49 y 74/2018.

Cuarto.- Propuesta de resolución del Tribunal Calificador, de personas aspirantes que han superado el proceso selectivo para ingresar por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos, Especialidad Ingenieros Industriales (Grupo A, Subgrupo A1), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El pasado día 21 de octubre de 2019, se recibió propuesta de resolución del Tribunal Calificador, de personas aspirantes que han superado el proceso selectivo para ingresar por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos, Especialidad Ingenieros Industriales (Grupo A, Subgrupo A1), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

A la vista de los anteriores antecedentes, han de tomarse en consideración los siguientes:

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1º) Ejecución provisional de las sentencias judiciales dictadas en los procedimientos 49, 70 y 74 de 2018 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

De conformidad con el artº. 103.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (en adelante, LJCA) establece:

"Las partes están obligadas a cumplir las sentencias en la forma y términos que en estas se consignen."

Para ello, el órgano que hubiera dictado el acto objeto de recurso lleve "a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo (...)" (cfr. artº. 104.1).

Dado que las Sentencias dictadas por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo referenciadas no han sido aun declaradas firmes por el órgano judicial, existiendo la posibilidad legal de interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, el artº. 91 de la LJCA, sostiene "la preparación del recurso de casación no impedirá la ejecución provisional de la sentencia recurrida".

Es por ello, que en el mismo acto y sin solución de continuidad, aun sin ser declarados judicialmente firmes los pronunciamientos judiciales antedichos, se estima necesario acordar su ejecución provisional, de forma que se procede a anular la base específica 2.1, en su segundo párrafo de la resolución de convocatoria del procedimiento selectivo, "en cuanto admite la titulación de grado para participar en el proceso selectivo convocado", exigiéndoles "a los aspirantes no solo la superación del Grado correspondiente, sino además aportación del título de Máster que acredite la equivalencia con la titulación oficial universitaria de Ingeniero Industrial, debiendo procederse a la inadmisión de las solicitudes que no cumplan con estos requisitos y exclusión del procedimiento selectivo de los aspirantes que no reúnan los mismos" (cfr. punto segundo del fallo de la Sentencia dictada en el procedimiento 74/2018).

2º) De acuerdo con la base específica 12.3 "A la vista de los resultados finales y aplicados, en su caso, los supuestos previstos en los apartados 3 y 4 de la base específica primera, el Tribunal Calificador hará pública, por orden de puntuación, la relación de las personas aspirantes seleccionadas y la elevará a la Dirección General de la Función Pública como propuesta de Resolución."

Por todo lo anterior, conforme a lo previsto en el artículo 14 de las bases generales aprobadas por Orden de la extinta Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad (actualmente Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, en virtud del Decreto 119/2019, de 16 de julio, del Presidente), de 21 de diciembre de 2016 (BOC nº 252, de 29.12.16), y la base decimotercera de la convocatoria del proceso selectivo, esta Dirección General,

R E S U E L V E:

Primero.- En ejecución provisional de las sentencias dictadas por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia recaídas en los procedimientos ordinarios números 49, 70 y 74 de 2018, procede modificar la base específica 2.1, segundo párrafo del Anexo I de la resolución de convocatoria, en cuanto admite la titulación de grado para participar en el proceso selectivo convocado, procediendo a exigir a los aspirantes no solo el título del Grado correspondiente, sino además aportación del título de Máster que acredite la equivalencia con la titulación oficial universitaria de Ingeniero Industrial, debiendo procederse a la inadmisión de las solicitudes que no cumplan con estos requisitos y exclusión del procedimiento selectivo de los aspirantes que no reúnan los mismos.

Segundo.- Hacer pública la relación de las personas aspirantes seleccionadas por orden de puntuación obtenida en el proceso selectivo, para ingresar, por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos, Especialidad Ingenieros Industriales (Grupo A, Subgrupo A1), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, convocadas por Resolución de la Dirección General de la Función Pública de 21 de noviembre de 2017 (BOC nº 231, de 30.11.17), que se contiene en el Anexo I de la presente Resolución.

Tercero.- En el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de esta Resolución, esta Dirección General de la Función Pública comprobará el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 7 y 8 de las mencionadas bases generales y en la base específica segunda de la convocatoria, conforme con los términos dictados por el Tribunal Superior de Justicia en ejecución provisional de sentencia, siempre y cuando se hubiera otorgado el consentimiento por parte de la persona aspirante seleccionada en la correspondiente solicitud de participación a las pruebas selectivas.

Asimismo, las personas seleccionadas que no hayan prestado el citado consentimiento deberán aportar la documentación señalada en el artículo 14.2 de las bases generales, a través de la Sede Electrónica del Departamento, en el punto de acceso: https://sede.gobiernodecanarias.org/cpji/.

Cuarto.- Todas las personas aspirantes seleccionadas, hayan prestado o no el consentimiento para la consulta de los requisitos, deberán presentar, en el citado plazo de 20 días hábiles, la declaración responsable a que hace referencia el artículo 14.3 de las bases generales, de acuerdo con el formulario disponible al efecto en la Sede Electrónica del Departamento, en el punto de acceso: https://sede.gobiernodecanarias.org/cpji/.

En el supuesto de que la persona seleccionada haya prestado su consentimiento, pero esta Administración no pueda comprobar el cumplimiento de alguno de los requisitos se le concederá un plazo de 10 días hábiles para que presente la acreditación documental del mismo, a contar desde el día siguiente a aquel en que se le notifique la imposibilidad de comprobación.

Quinto.- Si dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza mayor, alguna persona seleccionada no presentase la documentación exigida, o habiendo prestado el consentimiento no se hubiese podido constatar el cumplimiento de alguno de los requisitos exigidos, o bien de su examen se dedujera que carece de alguno de ellos, no podrá efectuarse el nombramiento como personal funcionario de carrera y se declarará el decaimiento en su derecho, sin perjuicio de la responsabilidad en la que hubiera podido incurrir por falsedad en la solicitud de participación o en cualquier otro documento posteriormente aportado.

No obstante, si se produjera alguno de los supuestos previstos en el apartado anterior, o si se produjera la renuncia de alguna de las personas aspirantes seleccionadas antes de su nombramiento o toma de posesión y con el fin de asegurar la cobertura de plazas, la Dirección General de la Función Pública podrá requerir del Tribunal Calificador relación complementaria de la persona aspirante que siga a las propuestas, para su posible nombramiento como personal funcionario de carrera.

Sexto.- Ofertar los puestos de trabajo que se relacionan en el Anexo II, al objeto de que las personas aspirantes seleccionadas manifiesten su preferencia en relación a los mismos, en la Sede Electrónica del Departamento en el punto de acceso: https://sede.gobiernodecanarias.org/cpji/.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a tenor de lo regulado en el artículo 10.1.a), en relación con el artículo 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

No obstante, a criterio de la persona interesada, podrá interponer en vía administrativa recurso potestativo de reposición ante esta Dirección General, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de Canarias, en los términos previstos en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En el caso de presentarse recurso potestativo de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se pudiera interponer.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de diciembre de 2019.- La Directora General de la Función Pública, Laura María Martín Pérez.

Ver anexo en las páginas 44348-44350 del documento Descargar

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