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BOC-A-2019-238-5846.
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La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad tiene la competencia y por tanto la responsabilidad de ejercer la «supervisión del cumplimiento de las normas generales, en materia de personal, asegurando que la organización y funcionamiento de la función pública de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma se atenga a los principios establecidos en la normativa reguladora de la función pública canaria».
Y por ello, entre otras razones, con dicha finalidad se atribuye a la Dirección General de la Función Pública, centro directivo dependiente de la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia, el concreto cometido de efectuar «el establecimiento, con carácter vinculante, de los criterios de actuación a que han de ajustarse los procedimientos de gestión de los recursos humanos al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma, excepto respecto del personal docente y del estatutario».
El artículo 68 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, aprobado por Decreto 382/2015, de 28 de diciembre, en cuanto relaciona las competencias de la Dirección General de la Función Pública en materia de selección, provisión de puestos de trabajo y promoción interna, en su apartado primero letra e), le atribuye «la convocatoria de provisión de puestos de trabajo».
Por su parte, el artículo 17 del Decreto 48/1998, de 17 de abril, por el que se regula la provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias confiere la facultad para proveer los puestos de libre designación a las personas titulares de cada Departamento, previo informe de la Dirección General de la Función Pública sobre el cumplimiento por las personas solicitantes de los requisitos exigidos para el desempeño de los puestos convocados (cfr. artículo 20 del citado Decreto 48/1998, de 17 de abril).
La Resolución de 26 de junio de 2017, de la Dirección General de la Función Pública, había delegado la competencia para la convocatoria de los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, mediante libre designación, en las Secretarías Generales Técnicas y en la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, respecto de los puestos de trabajo de sus correspondientes Departamentos y Organismos Públicos y Entidades de Derecho Público adscritos a los mismos (BOC nº 130, de 7.7.17), lo que, si permitió agilizar el procedimiento, pudo poner en riesgo la homogeneidad en la aplicación de algunos criterios de actuación, en particular y entre otros los criterios de equivalencia a que se refiere el artículo 31, segundo párrafo, de la Ley 2/1987, de 30 de marzo.
Es objetivo de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad el establecimiento de un adecuado sistema de provisión de puestos de trabajo mediante libre designación que responda a la agilidad que permite su gestión delegada, sin perjuicio de la necesaria homogeneidad en los criterios de aplicación, especialmente los derivados de la doctrina jurisprudencial y practica judicial. Así, por la presente resolución se renueva y mantiene la delegación, aunque en los términos que se dirán, para la convocatoria de los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, mediante libre designación, en favor de las Secretarías Generales Técnicas y en la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, respecto de los puestos de trabajo de sus correspondientes Departamentos y Organismos Públicos y Entidades de Derecho Público adscritos a los mismos, pero se excluyen de ella para su ejercicio directo por la propia Dirección General de Función Pública los procedimientos en los que participen aspirantes procedentes de administraciones distintas de la autonómica, como se dice a continuación.
Es decir, en general la delegación comprenderá también la competencia relativa al informe de cumplimiento de requisitos de las personas participantes, contenida en el citado artículo 20 del también referido Decreto 48/1998, de 17 de abril, salvo que participen personas funcionarias de carrera pertenecientes a otra Administración, en cuyo caso el informe corresponderá a esta Dirección General y comprenderá la determinación de la equivalencia a que se refiere el artículo 31, segundo párrafo, de la Ley 2/1987, de 30 de marzo.
Y todo ello, en cualquier caso, con sujeción a los criterios que con carácter vinculante establezca el órgano delegante y bajo la supervisión del departamento de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
Por lo cual, en uso de las atribuciones que legalmente me están conferidas y de lo dispuesto en la legislación,
R E S U E L V O:
Primero.- Delegar, en las personas titulares de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno y de las Secretarías Generales Técnicas Departamentales, el ejercicio de la competencia de la Dirección General de la Función Pública, prevista en el artículo 68.1.e) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, aprobado por Decreto 328/2015, de 28 de diciembre, para convocar los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, mediante libre designación, de los puestos de trabajo de sus correspondientes Departamentos, así como de los Organismos Públicos y Entidades de Derecho Público adscritos a los mismos, y proceder a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Asimismo, delegar también en los mismos órganos señalados anteriormente la competencia prevista en el artículo 20 del Decreto 48/1998, de 17 de abril, por el que se regula la provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, respecto a la emisión del informe relativo al cumplimiento por parte de las personas participantes en la convocatoria de los requisitos exigidos para la provisión del puesto convocado, salvo que a la convocatoria concurran y participen en ella personas funcionarias de carrera pertenecientes a otra Administración, en cuyo caso el informe corresponderá a esta Dirección General y comprenderá la determinación de la equivalencia a que se refiere el artículo 31, segundo párrafo, de la Ley 2/1987, de 30 de marzo.
Segundo.- Los actos que se dicten por parte de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno y de las Secretarías Generales Técnicas departamentales, por delegación, harán expresa referencia a dicha circunstancia.
Tercero.- Se dejan sin efecto las Resoluciones de 26 de junio de 2017, de esta Dirección General, por la que se delega la competencia para la convocatoria de los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, mediante libre designación, en las Secretarías Generales Técnicas y en la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, respecto de los puestos de trabajo de sus correspondientes Departamentos y Organismos Públicos y Entidades de Derecho Público adscritos a los mismos (BOC nº 130, de 7.7.17) y la de 20 de noviembre de 2019, por la que acuerda la revocación parcial de la delegación de competencias para la convocatoria de los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, mediante libre designación, en favor de las Secretarías Generales Técnicas y en la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, respecto de los puestos de trabajo de sus correspondientes Departamentos y Organismos Públicos y Entidades de Derecho Público adscritos a los mismos, acordada mediante Resolución de 26 de junio de 2017 (BOC nº 236, de 5.12.19).
Cuarto.- Los actos de ejercicio de las competencias delegadas deberán sujetarse a los criterios vinculantes que establezca para ello, la Dirección General de Función Pública, y quedarán sujetos a la supervisión de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
Quinto.- La presente Resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Santa Cruz de Tenerife, a 9 de diciembre de 2019.- La Directora General de la Función Pública, Laura María Martín Pérez.
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