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BOC-A-2019-078-1998.
Firma electrónica
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La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con las adaptaciones necesarias, recoge la regulación prevista anteriormente en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, en lo relativo al funcionamiento electrónico del sector público, y algunas de las previsiones del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrollaba parcialmente dicha Ley 11/2007.
Así, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, regula en su artículo 40 los sistemas de identificación de las Administraciones Públicas, contemplando el uso de los sellos electrónicos basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados que reúnan los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.
En el ámbito autonómico, el artículo 24.2 del Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por el que se regula la utilización de los medios electrónicos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, dispone que la creación de los sellos electrónicos, con el contenido previsto en el citado precepto, se realizará por Resolución de la Secretaría General Técnica u órgano equivalente del departamento u organismo competente de la actuación automatizada, que se publicará en la sede electrónica correspondiente.
En cumplimiento de la Disposición adicional cuarta del citado Decreto 19/2011, de 10 de febrero, se dicta la Orden de 30 de abril de 2015, que define la política de identificación y autentificación en el ámbito de la administración electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, cuyo artículo 11, bajo la rúbrica «Certificados de sello electrónico», regula la creación de los certificados de sellos electrónicos y su contenido mínimo.
Por su parte, el artículo 2 del Decreto 183/2015, de 21 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias, establece la estructura de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, a la que está adscrito el Instituto Canario de la Vivienda, según se establece en el punto 6 del citado artículo. Así, se modifica la Resolución nº 28, de 25 de junio de 2013, de la Secretaria, por la que se crea el sello electrónico de este Organismo Autónomo, a efectos de contemplar la totalidad de las actuaciones administrativas automatizadas de este órgano, además de precisar las funciones de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías respecto al sello electrónico del Instituto Canario de la Vivienda.
En su virtud,
R E S U E L V O:
Primero.- Modificación de la Resolución nº 28, de 25 de junio de 2013, de la Secretaria, por la que se crea el sello electrónico del Instituto Canario de la Vivienda.
1. Se modifica el dispositivo segundo de la Resolución nº 28, de 25 de junio de 2013, de la Secretaria, por la que se crea el sello electrónico del Instituto Canario de la Vivienda, relativo al órgano responsable, en el sentido de añadir un segundo párrafo, con el literal siguiente:
En todo caso, la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías es el órgano competente para definir las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, la auditoría del sistema de información y de su código fuente.
2. Se modifica el dispositivo tercero de la Resolución nº 28, de 25 de junio de 2013, de la Secretaria, por la que se crea el sello electrónico del Instituto Canario de la Vivienda, relativo a las características técnicas, en el sentido de sustituirlo por el siguiente párrafo:
Las características técnicas generales del sistema de firma y certificado aplicable serán las derivadas del Esquema Nacional de Interoperabilidad. En todo caso, la relación de los sistemas de obtención de sellos electrónicos utilizados por este centro directivo, incluyendo las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, será pública y accesible en la sede electrónica.
3. Se modifica el Anexo de la Resolución nº 28, de 25 de junio de 2013, de la Secretaria, por la que se crea el sello electrónico del Instituto Canario de la Vivienda, relativo a las actuaciones administrativas automatizadas, eliminando el apartado c) y añadiendo los nuevos apartados c), d) y e), en los siguientes términos:
c) El acuse de recibo acreditativo de la presentación de solicitudes, escritos, comunicaciones y de los documentos que se aporten, que deberá ser emitido automáticamente por el registro electrónico de acuerdo con lo previsto en el artículo 29 del Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por el que se regula la utilización de los medios electrónicos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
d) Las acciones de validación de transferencias e ingresos en el Archivo Electrónico, así como el resellado de documentos por cambio de formato o cualquier otra actuación administrativa de gestión de archivo en cumplimiento de lo establecido en la Orden de 23 de febrero de 2015, por la que se aprueba la Política de gestión de documentos electrónicos y archivo electrónico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
e) La firma electrónica de los documentos relativos a la notificación por comparecencia en sede electrónica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.7 de la Orden de 9 de mayo de 2016, por la que se regula el sistema de notificación electrónica mediante comparecencia en sedes electrónicas en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus organismos públicos dependientes.
Segundo.- La presente resolución se publicará en la sede electrónica del Instituto Canario de la Vivienda. Además, para general conocimiento, se publicará en el Boletín Oficial de Canarias.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la ante la Directora del Instituto Canario de la Vivienda en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Santa Cruz de Tenerife, a 18 de marzo de 2019.- La Secretaria, Ana María Hernández Alonso.
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