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BOC Nº 22. Viernes 1 de Febrero de 2019 - 453

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III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda

453 Secretaría General Técnica.- Resolución de 21 de enero de 2019, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y la Fundación Tutelar Canaria Sagrada Familia para la realización de actuaciones asignadas a la comisión tutelar del mayor legalmente incapacitado.

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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El 20 de diciembre de 2018 se formalizó un Convenio de Colaboración entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y la Fundación Tutelar Canaria Sagrada Familia para la realización de actuaciones asignadas a la Comisión Tutelar del Mayor Legalmente Incapacitado.

Está inscrito en el Registro de Convenios del Departamento con fecha 21 de diciembre de 2018 y nº RCO2018TF00109.

Al anterior, le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, y en el artículo 13 del Decreto 74/2014, de 26 de junio, por el que se regula la actividad convencional del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, en su redacción dada por el Decreto 89/2015, de 22 de mayo, los convenios que se celebren por los órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de los organismos y entidades vinculadas o dependientes de la misma, con otras administraciones públicas y otros sujetos, públicos o privados, así como las modificaciones, prórrogas y anexos o adendas a los mismos, deberán publicarse, en el Boletín Oficial de Canarias, dentro de los veinte días siguientes a su firma.

Segundo.- Por lo anterior, considerando que, en virtud del artº. 3 del Decreto 103/2015, de 9 de julio, del Presidente, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías, la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda asume las competencias que legal y reglamentariamente tenía atribuidas la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda en materia de políticas sociales y vivienda, así como las relativas a la materia de empleo, que tenía asignada la Consejería de Empleo, Industria y Comercio; y en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 12.2.r) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, aprobado por Decreto 124/2016, de 19 de septiembre,

R E S U E L V O:

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Convenio de Colaboración entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y la Fundación Tutelar Canaria Sagrada Familia para la realización de actuaciones asignadas a la Comisión Tutelar del Mayor Legalmente Incapacitado, cuyo texto se acompaña como anexo.

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de enero de 2019.- La Secretaria General Técnica, Natalia Escuder y Gutiérrez de Salamanca.

A N E X O

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA Y LA FUNDACIÓN TUTELAR CANARIA SAGRADA FAMILIA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES ASIGNADAS A LA COMISIÓN TUTELAR DEL MAYOR LEGALMENTE INCAPACITADO.

En Santa Cruz de Tenerife, a 20 de diciembre de 2018.

REUNIDAS

De una parte la Excma. Sra. Dña. Cristina Valido García, Consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, en virtud del Decreto 2/2017, de 4 de enero, del Presidente, actuando en nombre y representación de la Administración Pública de Canarias, en virtud de las competencias que le otorga el artículo 29.1.k) de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, el Decreto 183/2015, de 21 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias y el Decreto 103/2015, de 9 de julio, del Presidente, por que se determinan el numero, denominación y competencias de las Consejerías.

Y de otra parte, Dña. Inmaculada Esther Díaz Ojeda, mayor de edad, con DNI nº 42849096G, que interviene en nombre y representación de la Fundación Tutelar Canaria Sagrada Familia, domiciliada en la calle Goya, 6, Tafira, en Las Palmas de Gran Canaria, con CIF G35405836, en su calidad de Directora Gerente, según consta en la escritura de poder otorgada en su favor, con fecha 25 de abril de 2003, en el protocolo nº 1780 del notario D. Juan Alfonso Cabello Cascajo, del Ilustre Colegio de Notarios de Las Palmas.

Las partes, reconociéndose mutua capacidad para la suscripción del presente Convenio de Colaboración,

MANIFIESTAN

Primero.- La Comunidad Autónoma de Canarias, en virtud del artículo 142 del Estatuto de Autonomía de Canarias, tiene competencia exclusiva en materia de servicios sociales.

Segundo.- La Ley 3/1996, de 11 de julio, de participación de las personas mayores y de la solidaridad entre generaciones, en su artículo 34, crea la Comisión Tutelar del Mayor legalmente incapacitado, adscrita a la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, para el ejercicio de las competencias que a esta pudieran corresponder cuando por sentencia le sea asignada la tutela legal de mayores incapacitados. El cumplimiento de los deberes tutelares de los mayores se ejerce conforme a lo dispuesto en el Título X del Código Civil y todas las medidas que se adoptan están dirigidas, tanto a la guarda y protección de la persona y bienes de la persona mayor tutelada o sometida a curatela, como a propiciarle la integración y normalización en su propio medio social o, alternativamente, facilitarle los recursos sociales idóneos para su desarrollo y bienestar personal.

Tercero.- De conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, aprobado por Decreto 124/2016, de 19 de septiembre (BOC nº 188, de 27.9.16), se atribuye a este Departamento, la propuesta y ejecución de las directrices generales del Gobierno de Canarias y de la gestión de los servicios y competencias en materia de políticas sociales y, específicamente, en sus artículos 3.g) y 30, se integra en la misma, como órgano colegiado, a la Comisión Tutelar del Mayor Legalmente Incapacitado, cuyo funcionamiento está regulado en el Decreto 100/1998, de 26 de junio.

Cuarto.- La Comisión Tutelar del Mayor legalmente incapacitado precisa para el cumplimiento de los deberes tutelares hacia los mayores tutelados o curatelados, del apoyo para la realización de determinadas actividades al no disponer de medios personales y técnicos idóneos para ello, dado que en su creación, si bien se determinó desde el punto de vista institucional los miembros que la conforman, no se previó su dotación de personal administrativo y técnico que asumieran las tareas de campo a realizar una vez asumidas las tutelas judiciales; lo que a fecha de hoy y dado el escenario presupuestario de contención del gasto en materia de personal, es altamente difícil abordar esta dotación.

Quinto.- El artículo 14 de la Ley Territorial 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales de Canarias establece que el sector privado podrá integrarse en el sistema de servicios sociales mediante la colaboración de fundaciones, asociaciones y otras entidades para la realización de los objetivos de aquel. La citada colaboración se formalizará mediante convenios y acuerdos, de conformidad con lo que, por norma, se establezca al efecto. En todo caso, por los citados conciertos, las entidades se comprometerán a cumplir la normativa pública que afecte al objetivo concertado y asimismo, a permitir la inspección y control de la autoridad pública concertante sobre los servicios y actividades afectados en cada caso.

Sexto.- Conforme establece el artículo 3.1 del Decreto 74/2014, de 26 de junio, la actividad convencional del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias refleja un acuerdo de voluntades, formalizado por escrito, que se concierta con cualquiera de las personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada, previstas en dicha norma para la consecución de fines comunes de interés público, en el marco de sus respectivas competencias y en igualdad de condiciones.

Séptimo.- La Fundación Tutelar Canaria Sagrada Familia es una fundación pública de carácter benéfico social y de tutela que no persigue fin lucrativo alguno, de duración indefinida, constituida por un patrimonio destinado a los fines previstos en sus Estatutos.

La citada Fundación, conforme a lo recogido en el apartado segundo del artículo 8.1 de sus Estatutos, tiene como una de sus finalidades el realizar actuaciones tendentes a promocionar el bienestar jurídico y social de personas adultas que presenten necesidades sociales, que por cualquier motivo hayan sido declaradas con capacidad judicialmente modificada, con vecindad civil en la Comunidad Autónoma de Canarias y carezcan de parientes o allegados idóneos para el ejercicio de la tutela, curatela u otra figura análoga de protección jurídica otorgada por la Autoridad Judicial.

Octavo.- La Fundación Tutelar Canaria Sagrada Familia se encuentra inscrita en el Registro de Entidades Colaboradoras en la Prestación de Servicios Sociales de Canarias, regulado por el Decreto 63/1986, de 4 de abril, mediante Resolución de fecha 14 de diciembre de 1995, y con el número LP GC 03 360.

Por todo ello, en virtud del marco legal que determina el artículo 142 del Estatuto de Autonomía de Canarias, el artículo 14 de la Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, aprobado por Decreto 124/2016, de 19 de septiembre (BOC nº 188, de 27.9.16), y demás normativa de vigente aplicación, ambas partes,

ACUERDAN

La suscripción del presente Convenio de colaboración, conforme a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio.

El objeto del presente Convenio es establecer una colaboración, entre las entidades que representan las partes firmantes, para la realización de determinadas actividades tendentes al cumplimiento de los deberes tutelares hacia las personas mayores incapacitadas legalmente, total o parcialmente, y cuya tutela o curatela actualmente tiene atribuida la Comisión Tutelar del Mayor legalmente incapacitado, así como las que pudieran devenir.

Segunda.-Actuaciones a realizar.

Las actuaciones a desarrollar están dirigidas tanto a la guarda y protección de la persona y bienes de la persona mayor tutelada o sometida a curatela como a propiciarle la integración y normalización en su propio medio social o, alternativamente, facilitarle los recursos sociales idóneos para su desarrollo y bienestar personal.

Con carácter específico, las actuaciones objeto del presente Convenio se recogen en el Anexo I del presente Convenio.

Tercera.- Obligaciones de las partes.

La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda se compromete, para la consecución de los fines del presente Convenio, a las siguientes obligaciones:

a) A su financiación de acuerdo con lo establecido en la cláusula quinta del mismo.

b) Realizar los actos jurídicos con sustantividad propia, y ejercer las potestades públicas que le correspondan en virtud de la tutela o curatela asignada por sentencia judicial.

c) Observar las directrices y criterios que ambas partes acuerden.

d) Ostentar las funciones de planificación, control y seguimiento de todas las actuaciones objeto de la presente colaboración.

Por su parte la Fundación Tutelar Canaria Sagrada Familia se compromete a las siguientes obligaciones:

a) A aportar los medios humanos, materiales y técnicos, así como la logística necesaria, para el desempeño de las actuaciones que se describen en el Anexo I del presente Convenio.

b) Dar cuenta mensualmente a la Comisión Tutelar del Mayor legalmente incapacitado de las actuaciones realizadas, a efectos de su control y ratificación posterior, en su caso.

c) Comunicar a la Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración, cualquier alteración que se produzca en las circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la formalización del presente Convenio.

d) Facilitar cuanta información le sea requerida por parte de la Comisión Tutelar del Mayor legalmente incapacitado y de la Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración, relativa a la ejecución de las actuaciones convenidas.

e) Cumplir, con el personal y en el ejercicio de las actuaciones convenidas, todas las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad y de higiene; asimismo en la selección del personal que se precise para la ejecución del objeto del presente Convenio, la Fundación Tutelar Canaria Sagrada Familia deberá sujetarse a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en la correspondiente convocatoria.

f) Ajustarse a los principios previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por el que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el supuesto de que sea necesario efectuar cualquier tipo de contratación dentro del ámbito de desarrollo del presente Convenio.

g) Someterse a las actuaciones de comprobación y control que se practiquen por la Comisión Tutelar de Mayor legalmente incapacitado, la Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración y/o la Audiencia de Canarias, en relación con el desarrollo del presente Convenio.

Cuarta.- Del personal colaborador.

Para la correcta ejecución de las actuaciones acordadas la Fundación Tutelar Canaria Sagrada Familia deberá designar al menos un coordinador o responsable, perteneciente a su plantilla, que será el único interlocutor con la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, siendo responsable de dirigir la realización de las actuaciones convenidas y de impartir directamente las órdenes e instrucciones de trabajo a los trabajadores de la citada Fundación.

Cualquier comunicación que deba mantener el personal de la Fundación Tutelar Canaria Sagrada Familia con los responsables de la citada Consejería habrá de hacerse en todo caso a través del coordinador técnico o interlocutor designado al efecto por la misma, quien será también el responsable de controlar la asistencia del personal al lugar de trabajo, del cumplimiento de las normas laborales de la Fundación Tutelar Canaria Sagrada Familia, y de la distribución de las vacaciones de manera que las actuaciones a realizar no se vean afectadas.

El citado coordinador técnico o interlocutor será también encargado de informar al responsable designado por la Consejería de aquellas personas de la Fundación Tutelar Canaria Sagrada Familia que dejen de estar adscritas a la ejecución del Convenio.

La realización de la presente colaboración se ejecutará bajo la dirección del/la titular de la Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración, o persona en quien delegue.

Quinta.- Régimen económico.

Para el desarrollo del objeto del presente Convenio, la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, aporta un crédito por importe de 169.769,26 euros del presupuesto de gastos para 2018, quedando desglosado el mismo en función de la aportación económica de las Direcciones Generales de Políticas Sociales e Inmigración y de Dependencia y Discapacidad, y ello conforme a la siguiente distribución:

A) Aportación económica de la Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración por importe de 84.884,63 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 23 07 231B 2270900.

B) Aportación económica de la Dirección General de Dependencia y Discapacidad por importe de 84.884,63 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 23 08 231N 2270900.

El desglose por conceptos del importe consignado se especifica en el Anexo II del presente Convenio

Sexta.- Forma de pago.

Para el abono de dicho importe la Fundación Tutelar Canaria Sagrada Familia remitirá tanto a la Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración como a la Dirección General de Dependencia y Discapacidad, informe sobre las actuaciones correspondientes al período realizado, adjuntando las correspondientes facturas, en función del crédito aportado por cada una de las citadas Direcciones Generales, cuyo importe se determinará atendiendo a costes reales, tanto directos como indirectos, necesarios para el cumplimiento del objeto del presente Convenio.

Facturas que serán supervisadas en los citados centros directivos, por la persona que se designe al efecto y deberán llevar la conformidad del/la titular del citado centro directivo o persona en quien delegue.

Séptima.- Contratación de personal.

La contratación de personal que realice la Fundación Tutelar Canaria Sagrada Familia para el desarrollo del objeto del presente Convenio, se llevará a cabo como empresa propia, siendo a su solo cargo todas las obligaciones laborales. Dicho personal no tendrá vinculación jurídica alguna, laboral o administrativa, con la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.

La Fundación Tutelar Canaria Sagrada Familia, a todos los efectos, ostentará la condición de empresario respecto al personal a su cargo, ejerciendo de modo real, efectivo y periódico el poder de dirección inherente a todo empresario en relación con sus trabajadores, asumiendo la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias, vacaciones, sustituciones, obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, y la imposición de las sanciones disciplinarias que fueran procedentes.

Igualmente, la Fundación Tutelar Canaria Sagrada Familia asume como empleadora, el cumplimiento de todas sus obligaciones con la Seguridad Social respecto a los trabajadores con los que va a realizar las actuaciones que constituyen el objeto del Convenio, en particular del abono de las cotizaciones del pago de las prestaciones, y cuantos otros derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual como empleado y empleador.

El personal que se disponga para la realización de las acciones del presente Convenio se relacionará y dependerá exclusivamente de la Fundación Tutelar Canaria Sagrada Familia siendo la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda ajena a cualquier relación laboral que por tal motivo se pudieran generar. En cualquier caso estos profesionales no asumirán, en ningún caso, funciones o responsabilidades propias del personal funcionario o laboral de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, siendo exclusivamente su relación contractual con la Fundación Tutelar Canaria Sagrada Familia.

La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda será totalmente ajena y no asumirá ninguna responsabilidad relativa a cualquier relación laboral que con motivo de este Convenio pudiera generarse o sobrevenir y no se producirá al finalizar la vigencia del mismo una subrogación empresarial de la Consejería en los términos previstos en el artículo 44.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y legislación complementaria.

La citada Consejería tampoco asumirá responsabilidad alguna relativa a cualquier sanción o condena que se imponga a la Fundación Tutelar Canaria Sagrada Familia por incumplimiento de las obligaciones asumidas por dicha entidad en relación con su personal, ni por acciones de la citada Fundación o de sus trabajadores.

Asimismo, respecto a este personal le será de aplicación las siguientes previsiones:

a) Deberán utilizar uniformes o distintivos que le identifiquen como trabajador externo.

b) Se evitará la confusión de actuaciones o tareas compartidas con los empleados públicos destinados en el centro de trabajo y este personal. Asimismo, habrá de dotarse de espacios de trabajo diferenciados de aquellos que ocupan los trabajadores públicos.

c) En ningún caso participarán en los turnos de vacaciones o días de permiso que se establezcan para los empleados públicos del centro de trabajo donde se realizan las actuaciones convenidas.

d) No podrán tener acceso a los siguientes servicios, contenidos en la Instrucción 3.10 del Acuerdo de Gobierno adoptado en sesión celebrada el día 12 de septiembre de 2013 (modificado por Acuerdo de Gobierno de 17 de septiembre de 2018):

1. Cursos de formación, salvo los que pudieran ser obligatorios, en su caso, en materia de prevención de riesgos laborales.

2. Realización de reconocimientos médicos de carácter periódico, y uso del servicio médico de que disponga el órgano o ente contratante, salvo en casos de urgencia debidamente justificados.

3. Uso de gimnasios o instalaciones similares y de centros de guardería o educación infantil de que disponga el personal del órgano o ente contratante.

4. Aparcamientos y zonas de estacionamiento reservado a los empleados públicos.

5. Programas socio-culturales, o prestaciones de acción social destinados a los empleados públicos.

6. Medios de transporte dispuestos para los empleados públicos.

7. Acceso al correo electrónico corporativo. En caso de que la realización las actuaciones convenidas requiera la asignación de una cuenta de correo electrónico, en la dirección de correo deberá dejarse constancia de que se trata de personal externo.

8. Tarjetas de control de acceso de empleados públicos. Al personal de la Fundación Tutelar Canaria Sagrada Familia se le dotará, en su caso, de una autorización especial de entrada. En ningún supuesto, el control de acceso a las instalaciones podrá suponer un control horario del personal de la citada Fundación.

9. Tarjetas de visita.

10. Acceso a la Intranet corporativa, salvo en aquellos casos que resulte estrictamente necesario para el desarrollo del Convenio, y sin que este acceso pueda tener lugar en las mismas condiciones que para el personal de la Administración. En su caso, se podrá habilitar una intranet específica para uso de la Fundación Tutelar Canaria Sagrada Familia y para las comunicaciones con su propio personal.

11. Uso de material de la Administración, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2.6 de las presentes instrucciones.

12. Acceso a economatos, comedores, farmacia, etc., destinados exclusivamente a empleados públicos.

13. Cualquier otro servicio, beneficio o ventaja social análoga reconocida a los empleados públicos. En este sentido, la utilización de los servicios de cafetería o comedor de que disponga la Administración se realizará en las mismas condiciones que las que se hayan establecido para el público en general.

e) Deberá constar compromiso de la Fundación Tutelar Canaria Sagrada Familia de ejercer de modo real, efectivo y periódico el poder de dirección inherente a todo empresario en relación con sus trabajadores, asumiendo la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, sustituciones, obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, y la imposición de las sanciones disciplinarias que fueran procedentes. Igualmente, en dicho compromiso la citada Fundación hará manifestación expresa de responsabilizarse, como empleadora, del cumplimiento de todas sus obligaciones con la Seguridad Social respecto a los trabajadores con los que va a realizar las actuaciones que comportan el presente Convenio, en particular del abono de las cotizaciones y del pago de prestaciones, y cuantos otros derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador.

En todo lo demás que afecte a este ámbito será de aplicación lo dispuesto en el ya citado Acuerdo de Gobierno adoptado en sesión celebrada el día 12 de septiembre de 2013 (modificado por Acuerdo de Gobierno de 17 de septiembre de 2018).

Octava.- Deber de sigilo.

La Fundación Tutelar Canaria Sagrada Familia, prestará especial observancia al deber de sigilo, que estará obligada a guardar sigilo sobre la persona y el patrimonio de quienes se encuentran incapacitados, no pudiendo, además de las prohibiciones establecidas en el Código Civil, participar, por sí o a través de otra persona en beneficio propio o de un tercero, en negocios jurídicos que, directamente o indirectamente, pudieran ser objeto de información privilegiada.

Novena.- Reserva de datos.

Para el caso de utilización de medios informáticos u otros medios de tratamiento automatizados de datos de carácter personal de las personas mayores legalmente incapacitadas, la Fundación Tutelar Canaria Sagrada Familia se compromete a dar cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y demás disposiciones concordantes, así como al Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Datos).

Asimismo, la Fundación Tutelar Canaria Sagrada Familia se compromete a:

a) Respetar, en lo que le pueda atañer, lo preceptuado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respecto al acceso limitado a los propios interesados con relación a los documentos que contengan información referente a la intimidad de las personas; de igual forma, habrá de mantener el debido respeto de los derechos reconocidos en la Constitución y en la normativa de aplicación.

b) Observar lo preceptuado en el artículo 7.4 de la Ley Orgánica 1/1982, de Protección del Derecho Fundamental al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y la Propia Imagen.

Décima.- Vigencia y modificación.

El presente Convenio tendrá vigencia desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2018.

No obstante la vigencia del presente Convenio el mismo podrá prorrogarse, con la conformidad de las partes, de forma expresa por el plazo que así se acuerde, sin que los mismos superen períodos anuales; y ello teniendo en cuenta los límites previstos en el artículo 49.h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, previa tramitación del correspondiente procedimiento en el que deberá acreditarse la existencia de crédito suficiente y adecuado. Dicha prórroga deberá plasmarse en la correspondiente Adenda.

Asimismo, dentro de su vigencia, el contenido del Convenio podrá ser modificado con la conformidad de las partes. Dicha modificación deberá plasmarse en la correspondiente Adenda.

Decimoprimera.- Extinción del Convenio.

Asimismo, además del plazo de vigencia fijado, se establecen como otras causas de extinción del presente Convenio las siguientes:

a) Por acuerdo unánime de las partes.

b) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes. En este caso la extinción se realizará mediante resolución motivada de la Administración, otorgando previamente trámite de audiencia a la Fundación Tutelar Canaria Sagrada Familia, que deberá restituir la parte proporcional del crédito transferido, correspondiente al periodo comprendido desde que se declare el incumplimiento hasta la fecha de la finalización del plazo de vigencia acordado.

c) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.

d) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes.

En el supuesto de extinción anticipada del presente Convenio la misma se realizará mediante resolución motivada de la Administración, otorgando previamente trámite de audiencia a la Fundación Tutelar Canaria Sagrada Familia, que deberá restituir la parte proporcional del crédito transferido, correspondiente al periodo comprendido desde que se declare la extinción anticipada hasta la fecha de la finalización del plazo de vigencia acordado.

Decimosegunda.- Justificación de los fondos.

La Fundación Tutelar Canaria Sagrada Familia justificará, con certificación expedida por su órgano competente, el haber destinado los fondos recibidos a la realización del objeto del Convenio, dentro de los tres meses siguientes a la vigencia del mismo, o de sus posibles prórrogas.

Decimotercera.- Control financiero.

La Fundación Tutelar Canaria Sagrada Familia se obliga expresamente a someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero de la Intervención General, de conformidad con lo previsto en la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y en el Decreto 4/2009, de 27 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Intervención General.

Asimismo, cuando en el ejercicio del control financiero o de auditoría pública, la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias detectase el abono a la Fundación Tutelar Canaria Sagrada Familia de cantidades que excedan de los gastos, directos o indirectos, del objeto del presente Convenio, o no se hubiera cumplido con el mismo, esta emitirá un informe dirigido al órgano que gestionó su suscripción para que proceda al inicio del oportuno expediente de reintegro o manifieste la discrepancia con su incoación.

El procedimiento de reintegro, en su caso, se regirá por las disposiciones generales sobre procedimientos administrativos contenidas en el Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según lo establecido en la Ley 4/2012, de 25 de junio, de Medidas Administrativas y Fiscales.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de Derecho Público, siéndoles aplicables las normas sobre recaudación contenidas en la legislación tributaria.

Decimocuarta.- Comisión de Seguimiento del Convenio.

Al objeto de evaluar los resultados del Convenio y de coordinar la colaboración se creará, antes del 31 de diciembre de 2018, una Comisión de Seguimiento que estará integrada por un representante de cada una de las partes, que en el caso de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda deberá ser la persona que ostente la presidencia de la Comisión Tutelar del Mayor legalmente incapacitado, o persona en quien delegue y por Fundación Tutelar Canaria Sagrada Familia quien se designe por la misma.

Asimismo, la Comisión de seguimiento tiene atribuidas las funciones de interpretación y desarrollo del Convenio, velar por el correcto cumplimiento del objeto del mismo, dar respuesta a consultas o dirimir cuantos desacuerdos entre las partes se produzcan en el transcurso de su ejecución, así como de poner en conocimiento de las partes la existencia de alguna causa de resolución del Convenio.

La Comisión de Seguimiento, una vez constituida, establecerá los protocolos de funcionamiento y fijará la periodicidad de sus reuniones, debiendo constituirse en el plazo de dos meses tras la suscripción del presente Convenio.

A la Comisión de Seguimiento le será de aplicación las disposiciones contenidas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público para los órganos colegiados.

Decimoquinta.- Régimen jurídico.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se regirá por lo dispuesto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, quedando excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por el que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, si bien podrán aplicarse con carácter supletorio, los principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.

Decimosexta.- Jurisdicción.

Respecto a la competencia jurisdiccional se establece que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias es competente para conocer de los recursos que se deduzcan en relación con el presente Convenio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.

Y en prueba de conformidad y aceptación de las estipulaciones precedentes se firma el presente Convenio de Colaboración en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.- La Consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido García.- Representante Legal de la Fundación Tutelar Canaria Sagrada Familia, Inmaculada Esther Díaz Ojeda.

ANEXO I AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA Y LA FUNDACIÓN TUTELAR CANARIA SAGRADA FAMILIA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES ASIGNADAS A LA COMISIÓN TUTELAR DEL MAYOR LEGALMENTE INCAPACITADO.

De conformidad con lo señalado en la cláusula segunda del Convenio de referencia, con carácter específico las actuaciones a desarrollar en beneficio de las personas mayores tuteladas o sometidas a curatela por la Comisión Tutelar del Mayor Legalmente Incapacitado son las siguientes:

A.- Apoyo en las actividades de la vida diaria y realización de tareas de atención doméstica en sus domicilios.

B.- Acompañamiento en actividades en el exterior del domicilio, tales como realización de compras, asistencia a consultas médicas, etc.

C.- Proponer la adopción de las medidas precisas para la guarda y protección de sus personas y bienes.

D.- Propiciar la integración y normalización de las mismas en su propio medio social y facilitarle los recursos sociales idóneos para su desarrollo y bienestar personal, su cuidado, rehabilitación o recuperación.

E.- Fomentar la integración y normalización social a través de su participación en actividades socioculturales.

F.- Seguimiento individual de cada persona y elaboración de informes de seguimiento periódico.

G.- Prevenir o disminuir el riego de deterioro psicosocial, marginalización o institucionalización.

H.- Mejorar sus condiciones de vida en todos los ámbitos de la salud y favorecer su actividad y participación en la comunidad.

I.-Actuaciones en el área jurídica:

- Intervención en el procedimiento judicial sobre la capacidad de las personas.

- Coordinación con los órganos judiciales y Ministerio Fiscal.

- Solicitud de adopción de medidas cautelares, según el caso.

- Actuaciones durante el procedimiento hasta la aceptación del cargo.

- Comunicaciones y/o comparecencias en los juzgados.

- Presentación de cuentas e informes de situación personal.

- Informar al Juzgado de cambios de residencia, necesidades concretas, etc.

- Presentación de la información/documentación requerida por los Juzgados.

- Protección de la persona mayor tutelada o sometida a curatela en los aspectos civil, penal, administrativo y social.

- Intervenir en los procedimientos en los que se requieran autorización judicial:

* Internamiento en centros.

* Enajenación o gravar bienes inmuebles, valores mobiliarios, establecimientos mercantiles.

* Realizar gastos extraordinarios de los bienes.

* Dar o tomar dinero a préstamo.

* Disponer a título gratuito de bienes y derechos del tutelado.

- Reintegración de la capacidad de obrar.

- Modificación del alcance de la figura de protección.

- Excusa del cargo.

- Representación en juicio mediante poder notarial de la Directora General de Políticas Sociales, en su calidad de Presidenta de la Comisión Tutelar del mayor legalmente incapacitado.

- Presentación de escritos, inventarios y rendición de cuentas e informes de situación personal.

J.- Actuaciones en el área administrativo-contable.

- Presentación de inventarios.

- Gestión económica y patrimonial de las personas mayores incapacitadas o sometidas a curatela y/o incorporación de la Fundación Tutelar Canaria Sagrada Familia en la cuenta de las mismas.

- Apertura, gestión, transferencias y cierre de cuentas bancarias.

- Petición de Certificados ante diferentes organismos: Seguridad Social, INSS, Dirección General de Dependencia y Discapacidad, Hacienda, Registro de la Propiedad, ayuntamientos, cabildos, ...

- Control mensual de gastos e ingresos. Comprobación de movimientos bancarios.

- Actualizaciones y supervisión de rentas, en caso de arrendamientos.

- Rendición de cuentas anuales.

- Contabilización y archivo de la documentación justificativa de gastos e ingresos.

- Presentación de impuestos.

ANEXO II AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA Y LA FUNDACIÓN TUTELAR CANARIA SAGRADA FAMILIA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES ASIGNADAS A LA COMISIÓN TUTELAR DEL MAYOR LEGALMENTE INCAPACITADO.

De conformidad con lo señalado en la cláusula quinta del Convenio de referencia el crédito destinado para el desarrollo del mismo se desglosa de la siguiente forma:

A) Aportación económica de la Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración por importe de 84.884,63 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 2307 231B 2270900, distribuido en los siguientes conceptos:

Ver anexo en la página 4407 del documento Descargar

B) Aportación económica de la Dirección General de Dependencia y Discapacidad por importe de 84.884,63 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 2308 231N 2270900, distribuido en los siguientes conceptos:

Ver anexo en la página 4408 del documento Descargar

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