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BOC Nº 9. Martes 15 de Enero de 2019 - 193

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V. ANUNCIOS - Cabildo Insular de Gran Canaria

193 ANUNCIO de 17 de diciembre de 2018, relativo a la aprobación definitiva del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana.

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Habiendo sido aprobado el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del Excmo. Cabildo de Gran Canaria, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de septiembre de 2018, y finalizado el período de información pública de 30 días hábiles, a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas (BOP nº 128, de 24 de octubre de 2018), sin que en dicho período se tenga la constancia de alegaciones, reclamaciones o sugerencias presentadas, el Reglamento se entiende definitivamente aprobado.

El Reglamento definitivamente aprobado será objeto de publicación íntegra.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de diciembre de 2018.- El Presidente del Pleno, p.d. (Decreto nº 17/17, de 6.3.17), la Consejera de Gobierno de Igualdad y Participación Ciudadana, María Jesús Nebot Cabrera.

REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA

PREÁMBULO

I

1. En un contexto político y social complejo, en el que la política, los políticos y las instituciones sufren un descrédito importante por parte de la ciudadanía, y se reclama la necesaria regeneración democrática, la participación ciudadana supone un reto y una demanda que debe atenderse con prontitud para recuperar la confianza y el proyecto colectivo. En clave democrática, el reto radica precisamente en cómo fomentar y canalizar la participación ciudadana, que necesariamente va mucho más allá de los dispositivos electorales o de representatividad política partidista. Esta palpable desafección de la política, de las instituciones y partidos con el que entramos en el siglo XXI, ha motivado una reclamación de la ciudadanía cada vez más insistente para que se les tome verdaderamente en cuenta en la acción y el control del gobierno local.

2. El Cabildo de Gran Canaria asume la inversión en democracia como una opción estratégica y estructural, apostando de lleno por hacer del protagonismo ciudadano un elemento del Gobierno Abierto de la isla. Con ello además quiere contribuir decididamente a una nueva forma de gobernar que asegure la eficacia y calidad de las políticas públicas, avanzando hacia una gobernanza insular que esté basada fundamentalmente en la interacción entre la institución, la sociedad civil y las organizaciones privadas.

3. Invertir en democracia supone en primera instancia apostar por la participación ciudadana, que se asume de manera general como aquellas prácticas políticas y sociales a través de las cuales la ciudadanía pretende informarse, participar en el debate público con pleno conocimiento, e influir en la toma de decisiones públicas y en el funcionamiento de las instituciones.

4. Ya la Constitución española especifica en sus artículos 23 y 9 que la ciudadanía tiene derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes, y que corresponde a los poderes públicos facilitar la participación de la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social. La Ley 5/2010, de 21 de junio, Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana en su Exposición de Motivos afirma que la participación ciudadana es uno de los pilares básicos sobre los que se asientan los sistemas democráticos, lo que, en el marco de la sociedad democrática avanzada a la que se refiere el Preámbulo de la Constitución, implica la participación de la ciudadanía en el ejercicio del poder para coadyuvar a la construcción de una identidad colectiva y a la conformación de un espacio público avanzado, fomentando una ciudadanía activa, participativa y responsable que, como sociedad civil organizada y estructurada pueda formular propuestas, incidiendo en la elaboración y evaluación de las políticas públicas, y colaborar en su aplicación con todas las instituciones públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias.

5. En nuestro sistema institucional, la participación ciudadana en los asuntos públicos se ejerce fundamentalmente de tres formas: 1) mediante representantes, 2) directamente o 3) incidiendo e interviniendo en los procesos de elaboración de las políticas y toma de decisiones públicas. Estando la elección de representantes regulada por ley electoral, su función representativa tiene que ser transparente, debe facilitar la información necesaria para saber qué se hace con el poder delegado por el pueblo y debe rendir cuentas de las acciones realizadas. La dimensión directa de la participación ciudadana consiste en la posibilidad de decidir, sin intermediarios, una determinada actuación pública, siendo el referéndum el mecanismo institucional que lo canaliza, aunque por imperativo legal no permite una vinculación directa sobre los poderes públicos, ya que sus resultados siempre tienen carácter consultivo, lo que no quiere decir que los y las representantes no se sientan vinculados políticamente y tengan en cuenta sus resultados. Finalmente, la participación ciudadana se articula mediante canales y mecanismos que facilitan la interacción, intervención y en definitiva colaboración de los diferentes actores (ciudadanía, colectivos y organizaciones sociales, económicas o profesionales) con las instituciones de gobierno. Estos canales y mecanismos de participación deben permitir debatir, proponer, decidir y coproducir las actuaciones insulares.

6. De ahí la necesidad de contar, en el marco del gobierno insular, con un reglamento que recoja los mecanismos y canales de relación entre la ciudadanía y el Cabildo que faciliten la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones públicas. Aunque la participación ciudadana incluye efectivamente a cualquier acción pública que organice una asociación o un grupo informal de personas, este reglamento se ceñirá a los procesos, proyectos y mecanismos de participación ciudadana promovidos desde los poderes públicos.

7. La utilización real y regular de estos mecanismos y canales de participación debe facilitar la intervención ciudadana en los procesos de toma de decisiones políticas, mejorar el funcionamiento de los servicios públicos, a partir de la atenta y continua mirada vigilante de los ciudadanos y las ciudadanas que los utilizan, y fomentar la organización comunitaria como medio efectivo de intervención en lo colectivo. En cualquier caso, las relaciones del Gobierno insular y de sus representantes con la ciudadanía y sus asociaciones, no se encuentran únicamente en los canales establecidos en este reglamento, siendo muy dinámicas y variadas, no tratándose de limitarlas ni de condicionarlas, sino de establecer unos mínimos determinados para poder llamar canales de participación a cualquiera de estas relaciones. En realidad, la experiencia muestra la importancia de definir claramente los canales de participación, sus funciones y establecer medios que garanticen su fiabilidad y operatividad, para evitar una mala praxis que pueda afectar a la credibilidad del propio sistema de participación ciudadana.

8. Aun constatando la relevancia creciente de las tecnologías digitales para el fortalecimiento de la democracia, el sistema de participación ciudadana diseñado en este reglamento apuesta por un uso compartido de canales presenciales y los ofrecidos por la plataforma de participación ciudadana, que es un elemento clave para garantizar la transparencia, trazabilidad y operatividad de los medios de participación aquí regulados.

9. Hay que convenir que, aunque la democracia se proclame en los textos normativos, se requiere de una actitud proactiva de los poderes públicos para garantizar la existencia y práctica efectiva y real de la participación ciudadana. Se necesitan canales adecuados para poder hacerla real, ya que el sistema democrático no se completa nunca: hay que construirlo día a día, con la interacción de la ciudadanía con los poderes públicos, facilitando y asegurando los valores de libertad e igualdad que lo sustentan. Cuanto más y mejor participación ciudadana, más fuerte será la democracia y más posible será alcanzar el ideal de justicia social que garantice una vida digna a todas las personas.

10. En el ámbito de este reglamento hay que promover los canales e instrumentos aptos para la máxima y más amplia e inclusiva participación; remover los obstáculos que la dificulten o impidan, articulando medios singulares para llegar a las personas que, por sus circunstancias personales o sociales o por desigualdad de género, tienen más dificultades; y facilitar la intervención ciudadana en los procesos de toma de decisiones políticas, de modo que la utilización de estos mecanismos no dependa principalmente de la acción institucional, sino que la iniciativa ciudadana, con su autonomía y su pluralidad, pueda tener un peso importante en estos procesos.

II

La iniciativa reglamentaria se estructura en cinco Títulos que, cuando su contenido lo requiere, se organizan a su vez en Capítulos y Secciones, y consta de treinta y ocho artículos, cinco disposiciones adicionales, una disposición transitoria, y una disposición final.

En el Título preliminar se contienen las disposiciones generales, regulándose el objeto del Reglamento, su ámbito de aplicación y los objetivos que se persiguen.

En el Título primero se regulan los instrumentos de participación ciudadana, dedicándose el Capítulo Primero a los instrumentos básicos de ejercicio del derecho de participación, como son el ejercicio de los derechos de petición, de iniciativa ciudadana y de participación en las sesiones del Pleno de la Corporación.

El Capítulo segundo se dedica a la regulación de los procesos de deliberación participativa procediendo a su definición, a la delimitación de su ámbito, a la regulación del protocolo del proceso deliberativo, distinguiendo los que deben su impulso a iniciativas públicas de los que derivan de iniciativas ciudadanas, culminando con la regulación del desarrollo de los procesos de deliberación participativa.

En el Capítulo tercero se regulan las consultas a la ciudadanía y otros instrumentos de participación, dando pleno desarrollo a la habilitación contenida en el artículo 2.4 de la Ley 5/2010, de 21 de junio, Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana, para que los reglamentos de organización y funcionamiento de los Cabildos y Ayuntamientos canarios incorporen los instrumentos de participación previstos en ella.

De este modo se regulan sucesivamente las consultas a la ciudadanía, los sondeos y encuestas de opinión, los foros de consulta, y los paneles y jurados ciudadanos, sin perjuicio de la previsión de integración futura de otras modalidades participativas y de la necesaria integración y coordinación con el Gobierno de Canarias y los Ayuntamientos de la isla para la aplicación y puesta en práctica de los instrumentos de participación ciudadana.

Asimismo, se crea el Fichero de Participación Ciudadana para encauzar la participación de personas a título individual y de la ciudadanía no organizada, porque aunque sea preciso fomentar e incentivar el asociacionismo, la vitalidad de la sociedad insular no se agota ni puede limitarse a la ciudadanía organizada y a las asociaciones legalmente constituidas.

En el Título segundo se regulan las entidades de participación ciudadana, a las que se considera como sujetos de la participación ciudadana, con plena capacidad para intervenir en los procesos participativos y ejercer los derechos y utilizar los instrumentos de participación regulados en el reglamento, a partir de su inscripción en el Registro Insular de Entidades Ciudadanas y Colectivos Ciudadanos, regulándose los requisitos y el procedimiento de inscripción, previendo la facilitación de medios materiales y telemáticos a dichas entidades para fomentar el desarrollo de sus actividades y crear y consolidar una red ciudadana de participación en la isla de Gran Canaria, y contemplando la posibilidad de declaración de utilidad pública insular de dichas entidades, que requiere una norma específica.

El Título tercero se dedica a la regulación de la organización administrativa y articulación social para la participación ciudadana, destinándose el Capítulo primero a la creación de las bases para la articulación de la política pública insular de la participación ciudadana, que se residencia en la Unidad Insular de Participación Ciudadana, que no puede limitarse a una actuación pasiva de atención a las demandas de la ciudadanía, sino convertirse en un sujeto activo y motor de la creación de tejido social, a cuyos efectos se contempla la definición de una Estrategia Insular y un programa anual y la creación de una plataforma de participación ciudadana, y se regula la presentación y tramitación de iniciativas.

En el Capítulo segundo se regula la articulación social de la participación ciudadana, con una sección primera dedicada a los consejos sectoriales, y una sección segunda referida al Censo y Consejo Insular de Voluntariado que, por su complejidad jurídica, requiere un reglamento específico.

En el Título cuarto se contemplan las medidas de fomento ya que, como se ha dicho, la política de participación ciudadana no puede limitarse a una atención pasiva a las demandas de la ciudadanía, sino que requiere una intervención proactiva encaminada a crear y robustecer el tejido social. Por ello en el reglamento se contiene un pronunciamiento explícito del Cabildo Insular de Gran Canaria de reconocimiento de los derechos de las entidades de participación ciudadana, y un compromiso para el fomento del asociacionismo mediante la organización de cursos de formación, la prestación de servicios de asesoramiento y, dentro de las posibilidades presupuestarias de la Corporación, la concesión de ayudas y subvenciones y otras formas de colaboración y apoyo.

Asimismo, se contempla la necesidad de realizar actividades encaminadas a la formación y sensibilización del personal al servicio del Cabildo Insular y de los Ayuntamientos de la isla, para dar a conocer los instrumentos y mecanismos de participación previstos en las leyes y en el propio reglamento, y fomentar la cultura de participación ciudadana y la cooperación y cercanía entre la Administración y la ciudadanía.

Con respecto a las Disposiciones adicionales, en la primera se especifican las normas de aplicación supletoria, en la segunda se remite a una norma específica la regulación del régimen de organización y funcionamiento del Consejo Social de Gran Canaria, en la tercera se remite la regulación de los consejos sectoriales existentes a su propia normativa, y en la cuarta se contempla la posibilidad de que el Pleno de la Corporación pueda establecer directrices y criterios de aplicación de las normas reguladoras de los instrumentos de participación ciudadana.

En la Disposición transitoria única se establece un plazo de seis meses para la adaptación de los portales tecnológicos del Cabildo para garantizar su efectividad y su adecuación a lo dispuesto en el reglamento.

Por último, en la Disposición final se regulan los términos de la publicación y entrada en vigor del reglamento.

TÍTULO PRELIMINAR: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto.

El presente Reglamento tiene por objeto regular las diferentes formas, medios y procedimientos de participación de la ciudadanía de la isla de Gran Canaria en el ejercicio por el Cabildo Insular de la función de gobierno, administración y representación de la isla, con la voluntad de promover el desarrollo de la democracia participativa y la buena gobernanza de la isla.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.

1. El ámbito objetivo de aplicación del Reglamento abarca el ejercicio de las competencias propias del Cabildo Insular de Gran Canaria, así como la colaboración con las restantes entidades locales de la isla en el fomento de la participación ciudadana.

2. El ámbito subjetivo de aplicación incluye a las personas físicas empadronadas en cualquiera de los municipios de la isla de Gran Canaria y a las entidades ciudadanas, según definición del artículo 13 de la Ley 5/2010, de 21 de junio, Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana, y a los colectivos ciudadanos, con domicilio social en la isla de Gran Canaria y acreditadas ante el Cabildo Insular, sin perjuicio de los requisitos específicos que puedan ser exigibles para el ejercicio de determinados derechos de participación.

Artículo 3.- Objetivos.

El presente Reglamento Orgánico tiene los siguientes objetivos:

a) Fomentar la más amplia participación democrática, facilitar la intervención activa de los ciudadanos y las ciudadanas en la planificación, diseño y evaluación de las políticas públicas, y profundizar en el acercamiento de las instituciones a la ciudadanía, tratando de involucrarla en la gestión pública.

b) Facilitar el acceso a la información sobre los procedimientos de decisión en cualquiera de las áreas de gobierno y administración para garantizar el ejercicio pleno y eficaz del derecho de participación.

c) Convertir la participación ciudadana en un elemento intrínseco a la acción de gobierno insular, favoreciendo su ejercicio en igualdad, sin discriminación y de forma transversal, y prestando especial atención a los colectivos desfavorecidos o vulnerables, a los intereses con menor capacidad representativa y a la integración de los inmigrantes, de conformidad con la normativa estatal vigente.

d) Proporcionar a las personas con discapacidad los medios de apoyo, llevar a cabo los ajustes necesarios en los procesos e instrumentos de participación ciudadana y suprimir las barreras físicas, sensoriales y de la comunicación para garantizar la accesibilidad y el derecho a la participación en condiciones de igualdad.

e) Fortalecer el asociacionismo y las redes colaborativas como canalizadores de la participación social y fomentar la intervención en los asuntos públicos de la ciudadanía organizada y no organizada.

f) Incrementar la eficacia de la acción política y administrativa a través de la colaboración social, de forma que la planificación, diseño y evaluación de las políticas públicas se beneficien de los conocimientos y experiencia de la ciudadanía.

g) Contribuir a la mejora de las competencias y capacidades municipales en el fortalecimiento de la participación local y la cultura participativa.

h) Establecer mecanismos de evaluación de las políticas públicas locales y de investigación del estado de la opinión pública.

TÍTULO PRIMERO: INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Capítulo Primero: Instrumentos básicos de ejercicio del derecho de participación

Artículo 4.- Ejercicio del derecho de petición.

1. Tanto las personas jurídicas como las personas físicas mayores de dieciséis años, empadronadas en cualquiera de los municipios de la isla de Gran Canaria podrán ejercer el derecho de petición ante los órganos del Cabildo Insular, así como formular sugerencias o solicitar aclaraciones sobre los asuntos de su competencia, de forma individual o colectiva. Este derecho se podrá ejercer mediante cualquier medio válido que permita dejar constancia fehaciente de la identidad del solicitante y el objeto de la petición. En el caso de peticiones colectivas, serán firmadas por todas las personas solicitantes, debiendo figurar junto a la firma el nombre y apellidos de cada una de ellas y el número del documento acreditativo de su identidad.

2. Las peticiones se presentarán ante la Oficina de Información y Atención al Ciudadano y Ciudadana o utilizando los medios electrónicos o telemáticos establecidos por el Cabildo, que la admitirá a trámite y acusará recibo de la petición en el plazo máximo de quince días hábiles, salvo que concurra cualquiera de las circunstancias siguientes:

a) Insuficiencia de la acreditación de la identidad del y la solicitante, en cuyo caso se concederá trámite de subsanación por plazo de diez días hábiles, transcurrido el cual se entenderá desistida la petición.

b) Incompetencia del Cabildo Insular, en cuyo caso remitirá la petición en el plazo de quince días hábiles al órgano competente, comunicando al solicitante la institución o entidad a la que ha sido remitida y la fecha de remisión.

c) Existencia de un trámite específico para la petición de que se trate, en cuyo caso se comunicará al y la solicitante la información necesaria para que pueda hacer uso de su derecho.

La inadmisión por cualquier otra causa será objeto de resolución motivada en el plazo de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir del siguiente a la fecha de su presentación.

3. En los demás casos se entenderá que la petición ha sido admitida a trámite, y el Cabildo Insular deberá resolverla y contestar al y la solicitante en el plazo de tres meses, informando de las actuaciones o medidas adoptadas respecto de la petición formulada. Transcurrido dicho plazo, se entenderá que la solicitud ha sido desestimada, al tratarse de procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, de conformidad con el artículo 24.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4. La ciudadanía de Gran Canaria ejercerá su derecho al acceso a la información consagrado en la Constitución Española y desarrollado en el Reglamento Regulador de la Información y Atención al Ciudadano en el Cabildo de Gran Canaria. Las solicitudes de información se efectuarán por escrito de forma que se pueda acreditar la autenticidad de la misma, mediante la identificación del o la solicitante y con la exposición precisa de la información que se pretende obtener. Las peticiones deben ser contestadas en el plazo máximo de treinta días.

Artículo 5.- Ejercicio del derecho a la iniciativa ciudadana.

1. Todas las personas físicas mayores de 16 años empadronadas en cualquiera de los municipios de la isla de Gran Canaria que cumplan los requisitos previstos en la legislación vigente y en el presente Reglamento, y las entidades ciudadanas inscritas en el Registro, podrán formular y respaldar iniciativas o propuestas para que el Cabildo Insular, en asuntos o materias propias de su competencia y en los términos legalmente pertinentes, decida realizar las siguientes actuaciones:

a) Elaboración y aprobación de proyectos o reglamentos.

b) Ejercicio por el Cabildo de la iniciativa legislativa prevista en los artículos 18 y 19 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares.

c) Inclusión de asuntos en el orden del día del Pleno de la Corporación, siempre que se trate de asuntos de su competencia, dentro del régimen de distribución de competencias insular.

d) Realización de actuaciones o actividades de interés público insular.

e) Definición de prioridades de inversión de un porcentaje determinado del presupuesto insular.

2. Para formular la iniciativa ciudadana sobre propuestas de aprobación de disposiciones de carácter general, o de ejercicio por el Cabildo de su iniciativa legislativa, las propuestas deberán venir respaldadas por al menos una entidad ciudadana y por un número de firmas de ciudadanos y ciudadanas no inferior a cinco mil. Estas iniciativas podrán llevar incorporada una propuesta de consulta a la ciudadanía. Para formular la iniciativa ciudadana sobre realización de actuaciones o actividades de interés público insular o definición de prioridades de inversión de un porcentaje determinado del presupuesto insular, las propuestas ciudadanas deberán venir respaldadas por al menos un 1% de las personas físicas mayores de 16 años empadronadas en Gran Canaria, sin menoscabo de que se establezcan límites menores de apoyo o respaldo. En ningún caso podrán formularse iniciativas sobre normas reguladoras de tributos o precios públicos.

Dichas iniciativas deberán ser sometidas a debate y votación en el Pleno de la Corporación, sin perjuicio de que sean resueltas por el órgano competente por razón de la materia, requiriendo en todo caso, por un lado, el informe de legalidad de la Asesoría Jurídica o, según el asunto de que se trate, de la Secretaría General del Pleno y, por otro, de la Intervención General y del Órgano de Contabilidad y Presupuestos cuando la iniciativa afecte, respectivamente, a derechos y obligaciones de contenido económico y a los Presupuestos presentes o futuros del Cabildo de Gran Canaria.

3. Para realizar propuestas sobre inclusión de asuntos en el orden del día del Pleno de la Corporación, la propuesta deberá venir respaldada por un mínimo del veinticinco por ciento de las entidades inscritas en el Registro Insular, que deberán acreditar su voluntad mediante certificación del acuerdo de los órganos rectores en el que se haya adoptado la decisión.

Asimismo, podrá formular dicha propuesta cualquier persona física mayor de dieciséis años empadronadas en cualquiera de los municipios de la isla de Gran Canaria con el respaldo de al menos un 1% de las personas físicas mayores de 16 años empadronadas en Gran Canaria.

4. La solicitud para que el Cabildo realice una determinada actuación o actividad de interés público insular podrá ser formulada por cualquier persona o grupo de personas empadronadas en la isla, indicando, en su caso, los recursos económicos o medios personales que se comprometen a aportar quienes formulen la solicitud para colaborar en su realización.

La solicitud será objeto de contestación en el plazo máximo de cuarenta y cinco días hábiles, indicando en caso afirmativo las actuaciones o medidas a realizar y, en su caso, la aceptación o rechazo de los medios y recursos que el solicitante se haya comprometido a aportar.

5. La participación en la definición de prioridades de inversión de un porcentaje determinado del presupuesto insular se ejercerá de modo que no afecte a los compromisos asumidos por la Corporación, a cuyos efectos las bases de ejecución del presupuesto podrán concretar para cada ejercicio económico la cuantía respecto de la cual podrían formularse propuestas por las personas y entidades interesadas y, en su caso, las normas y plazos concretos para su ejercicio. En todo caso, para la aceptación de las propuestas será preceptivo el informe del Órgano de Contabilidad y Presupuestos.

6. El ejercicio del derecho de iniciativa a través de la plataforma de participación ciudadana del Cabildo Insular de Gran Canaria se realizará en los términos y condiciones regulados en los artículos 31 y 32 del presente Reglamento.

Artículo 6.- Ejercicio del derecho a participar en las sesiones del Pleno.

1. Todas las personas empadronadas en la isla de Gran Canaria mayores de dieciséis años tienen derecho a intervenir en las sesiones ordinarias o extraordinarias del Pleno de la Corporación, de acuerdo con las reglas siguientes:

a) El asunto objeto de la intervención deberá estar directamente relacionado con otro u otros incluidos en el orden del día de la sesión.

b) La intervención tendrá que ser solicitada por escrito al menos 24 horas antes de la hora fijada para la celebración, en primera convocatoria, de la sesión plenaria de que se trate.

c) La Presidencia del Cabildo podrá denegar la intervención cuando se trata de un asunto en el que el Cabildo no tenga competencias, cuando no figure en el orden del día o cuando se haya presentado en otra sesión del Pleno dentro del año precedente.

d) La persona solicitante dispondrá de un tiempo máximo de cinco minutos para hacer su exposición antes de la intervención de los grupos políticos de la Corporación y podrá ser contestada por la Presidencia o, en su caso, por el órgano de gobierno que por aquella se designe. La persona solicitante dispondrá de derecho de réplica por tiempo de tres minutos, cerrándose el turno de intervenciones tras la correspondiente contrarréplica.

e) No se admitirán intervenciones en las sesiones que hayan sido convocadas por el trámite de urgencia.

f) No podrán incluirse más de tres intervenciones por sesión plenaria, aplicándose, en su caso, para verificar dicha limitación, por un lado el criterio de adecuación con los temas a tratar en dicho Pleno, y por otro lado el criterio de prioridad temporal en su presentación.

2. Cuando en el orden del día del Pleno de la Corporación se hayan incluido asuntos derivados de la aceptación de las iniciativas reguladas en el artículo 5 del presente Reglamento, dicha inclusión comportará automáticamente el derecho de intervención de la persona o entidad proponente en la sesión plenaria, computándose a efectos del límite máximo establecido en el apartado precedente.

3. Las entidades y colectivos ciudadanos inscritos en el Registro Insular de Entidades y Colectivos Ciudadanos declarados de interés público insular podrán solicitar la inclusión en el orden del día del Pleno de un punto en materia de su competencia y en un número máximo de dos en cada sesión plenaria. Deberá presentarse al menos 10 días antes de la celebración de la sesión. Cuando sea inadmitida la solicitud, esta deberá ser motivada y será comunicada a la entidad o colectivo solicitante.

Capítulo Segundo: De los procesos de deliberación participativa

Artículo 7.- Procesos de deliberación participativa.

Se denomina proceso de deliberación participativa el conjunto de actos que se integran en un procedimiento de adopción de decisiones o de elaboración de una política pública, cuyo contenido consiste en un debate público sobre el análisis y diagnóstico de un determinado asunto o materia, las alternativas existentes para su resolución, y las decisiones que deben adoptarse para su más adecuada resolución, y en el que intervienen las personas residentes o las entidades ciudadanas que actúan en el ámbito territorial o material al que pertenece la decisión o política pública a adoptar.

Artículo 8.- Ámbito de los procesos de deliberación participativa.

1. Los procesos de deliberación participativa podrán realizarse en el ámbito de los procedimientos de elaboración de las políticas públicas de competencia insular o de adopción de decisiones de especial relevancia y trascendencia en el ámbito insular, y deberán activarse en una fase suficientemente temprana para permitir una influencia real en la adopción de decisiones o en la definición de las políticas públicas. Asimismo, se podrán realizar procesos participativos para la evaluación de políticas públicas o de propuestas o intervenciones del gobierno insular.

2. Los procesos de deliberación participativa se realizarán en la fase inicial del procedimiento, que se abrirá con la adopción del acuerdo que ordene la iniciación del expediente administrativo correspondiente y defina las líneas generales y las características básicas de la política pública que se pretenda elaborar. Excepcionalmente, podrán realizarse en momentos ulteriores del procedimiento cuando el proyecto o política pública haya adquirido durante su tramitación una trascendencia imprevista o cuando se haya producido una modificación sustancial de sus características.

Artículo 9.- Protocolo de los procesos de deliberación participativa.

1. La deliberación participativa adoptará las formas y las características que resulten más adecuadas a la naturaleza del proyecto o política pública, y que serán definidas en cada caso por la unidad administrativa competente en materia de participación ciudadana y el área de gobierno relacionada con el asunto en cuestión, previa consulta a las organizaciones o asociaciones inscritas en el Registro Insular de Entidades y Colectivos Ciudadanos interesadas por razón del territorio o de la materia.

2. A tales efectos, el órgano competente aprobará para cada proceso un protocolo del proceso de deliberación participativa, determinando su naturaleza y características, su estructura y objetivos, las reglas que lo regirán, el procedimiento de elaboración de conclusiones, las cuestiones que serán objeto de deliberación, el procedimiento de selección y el número máximo de participantes, la duración máxima del proceso de deliberación y la persona responsable de la dirección del proceso, así como cualesquiera otros elementos o circunstancias que sirvan para precisar los términos y condiciones en que ha de desarrollarse el proceso.

3. La deliberación participativa exigirá la invitación a participar en el proceso a las entidades ciudadanas que intervengan en el ámbito territorial o material correspondiente a la decisión o política pública a adoptar, de acuerdo con los datos que consten en su inscripción en el Registro Insular de Entidades y Colectivos Ciudadanos o en el registro de Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como a las personas físicas inscritas en el Fichero de Participación Ciudadana regulado en el artículo 19 del presente Reglamento.

4. En cualquier caso, la unidad administrativa que ejercite las competencias del Cabildo en materia de Participación Ciudadana habilitará un período de inscripción, nunca inferior a 10 días hábiles, para las entidades ciudadanas que no estén inscritas en el Registro Insular y para las personas físicas o jurídicas que estén interesadas en intervenir en el proceso participativo. Transcurrido dicho período, determinará motivadamente el número máximo de representantes de dichas entidades o de personas que habrán de participar en el proceso.

5. Previa consulta a las entidades ciudadanas inscritas en el Registro Insular, el órgano competente en materia de Participación Ciudadana podrá decidir la incorporación al proceso de deliberación de personas expertas en la materia de que se trate, con la finalidad de garantizar que quienes participen en el proceso puedan contar con el asesoramiento y el soporte técnico adecuado.

Artículo 10.- Iniciativa pública de los procesos de deliberación participativa.

1. La Presidencia del Cabildo y los y las titulares de las Consejerías de Área y de Gobierno dispondrán de la iniciativa para promover los procesos de deliberación participativa en las materias propias de su competencia.

2. Los Ayuntamientos podrán proponer al Cabildo su colaboración para la realización conjunta de procesos de deliberación participativa y de actos insertos en dichos procesos cuando la decisión o la política pública de que se trate afecte de modo singular o tenga especial trascendencia para sus municipios.

Artículo 11.- Iniciativa ciudadana de los procesos de deliberación participativa.

1. Las entidades ciudadanas inscritas en el Registro Insular podrán promover la realización de un proceso de deliberación participativa en los procedimientos de decisión de cualquiera de las Consejerías de Área y de Gobierno que afecten a su ámbito material o territorial de interés, de acuerdo con los datos que consten en su inscripción en el citado Registro. En cualquier caso, no se podrá formular un proceso deliberativo que interfiera en el procedimiento de aprobación de una ordenanza, reglamento o instrumento de intervención mientras se esté tramitando.

2. Asimismo, podrán proponer la realización de procesos de deliberación participativa las personas residentes en la isla que cuenten con el respaldo de al menos un 1% de las personas físicas mayores de 16 años empadronadas de los municipios de la isla de Gran Canaria, sin menoscabo de que se establezcan límites menores de apoyo o respaldo a las iniciativas de procesos participativos. Los promotores comunicarán al órgano competente en materia de Participación Ciudadana su propósito de promover la iniciativa, disponiendo de un plazo de dos meses a partir de dicha notificación para su formalización, mediante la correspondiente solicitud acompañada de memoria justificativa de la conveniencia y oportunidad de la realización de un proceso de deliberación participativa y la correspondiente acreditación documental del respaldo con que cuente la iniciativa. En el plazo máximo de un mes, el Cabildo Insular resolverá sobre dicha iniciativa de forma motivada.

Artículo 12.- Desarrollo de los procesos de deliberación participativa.

1. La Consejería de Área y de Gobierno competente determinará el momento en el que se proceda a la apertura del proceso de deliberación participativa, suspenderá cualquier actuación que pueda condicionar la decisión final, sin perjuicio de los actos de trámite, y concertará con el órgano competente en materia de participación ciudadana la elaboración del protocolo del proceso participativo, que deberá ser aprobado en el plazo máximo de un mes. En todo caso, se procederá a la publicación de la resolución de aprobación del protocolo del proceso participativo en el Boletín Oficial de la Provincia y en la sede electrónica del Cabildo Insular.

2. Concluido el proceso de deliberación participativa, la persona responsable del proceso, conforme al protocolo aprobado, remitirá al órgano competente en materia de participación ciudadana las actas del proceso, especificando las propuestas formuladas, el resultado de la deliberación y las conclusiones obtenidas. El órgano competente elaborará el correspondiente informe, lo remitirá a la Consejería de Área competente, y procederá a su publicación, dándole la máxima difusión a través de la sede electrónica del Cabildo Insular. Asimismo, procederá a su notificación a las entidades ciudadanas inscritas en el registro Insular y, en su caso, a las personas o entidades que hayan participado en el proceso o manifestado su interés en el mismo.

3. En el plazo máximo de tres meses, el Cabildo Insular, previo informe de la Consejería de Área competente por razón de la materia, adoptará las decisiones que correspondan determinando la forma en que las conclusiones obtenidas en el proceso participativo afectan a la decisión a adoptar o a la política pública en curso de elaboración, precisando el grado de aceptación o rechazo de dichas conclusiones, y las razones por las que el proyecto se mantiene en los mismos términos en que fue originariamente formulado o, en su caso, se desecha, modifica o revisa. El acuerdo por el que se pone fin al proceso de deliberación participativa permite continuar con la tramitación del procedimiento de adopción de la decisión o de elaboración de la política pública de que se trate.

Capítulo Tercero: Consultas a la ciudadanía y otros instrumentos de participación

Artículo 13.- Consultas a la ciudadanía.

1. La consulta a la ciudadanía es un instrumento participativo que permite al Cabildo conocer la opinión de la ciudadanía en materias de su competencia, la cual se expresa mediante el voto directo, libre, igual y secreto en las urnas presenciales o electrónicas establecidas al efecto, en el marco de la normativa insular, autonómica y estatal vigente.

2. Corresponde proponer la iniciativa para convocar la consulta:

a) A la presidencia del Cabildo y al menos tres grupos políticos que integren como mínimo a un tercio de miembros del Pleno, sometiéndose en última instancia al Pleno de la Corporación para su aprobación.

b) A las personas mayores de dieciséis años empadronadas en la isla y cuenten con el respaldo de diez mil firmas válidas, correspondiendo la decisión, en cualquier caso, al Pleno de la Corporación.

Artículo 14.- Sondeos y encuestas de opinión.

1. El Pleno del Cabildo Insular podrá acordar, a instancias del Presidente, la realización de sondeos, encuestas, estudios de opinión o cualquier otro instrumento basado en técnicas demoscópicas, que sirva para recabar y conocer la opinión de la ciudadanía acerca de las decisiones o políticas públicas que pretenda adoptar la Corporación en el ámbito de sus competencias propias.

2. El acuerdo por el que se disponga la realización de sondeos y encuestas deberá recoger los siguientes extremos:

a) La decisión o política pública sobre la que versará el sondeo o la encuesta.

b) La justificación de la necesidad o conveniencia de realizar el sondeo o la encuesta.

c) La competencia del Cabildo Insular en la materia de que se trate.

d) La realización del sondeo o encuesta por los servicios propios de la Corporación o mediante contrato administrativo.

e) El ámbito geográfico del sondeo o encuesta.

f) El tamaño mínimo de la muestra.

g) El método de recogida de la información.

Artículo 15.- Foros de consulta.

1. El Cabildo Insular podrá crear foros de consulta que consisten en espacios de debate y análisis de las políticas públicas insulares, con el objetivo de obtener de forma dinámica y actualizada opiniones, propuestas o críticas a las diferentes iniciativas de actuación pública, y que sirvan para facilitar la adopción de decisiones y para contribuir a la elaboración y evaluación de las políticas públicas.

2. La unidad administrativa competente en materia de participación ciudadana, junto al área o áreas de gobierno relacionadas con la materia, seleccionará y designará las personas físicas y representantes de entidades ciudadanas inscritas en el Registro Insular, que aseguren la máxima diversidad y representatividad en su composición, incorporando personas expertas en la materia objeto del foro, con la finalidad de dotarlos del máximo rigor técnico y objetividad, y valorando la eficiencia, calidad e impacto del funcionamiento del foro en los procesos que se someten a su consulta.

Artículo 16.- Paneles ciudadanos.

1. Los paneles ciudadanos son espacios de información constante e inmediata que se crean con carácter temporal, con una duración máxima de un año, mediante los cuales la Corporación informa o realiza consultas relacionadas con cualquier asunto de interés público, dentro del ámbito de sus competencias, evaluando, cuando proceda, la productividad y calidad de los resultados obtenidos a través de los paneles de consulta.

2. Los paneles estarán formados por ciudadanos y ciudadanas e incluirán, siempre que sea posible, un mínimo de tres entidades ciudadanas inscritas en el Registro Insular de Entidades y Colectivos Ciudadanos y, en su caso, personas expertas en el área correspondiente a la materia objeto del panel. Los miembros de cada panel serán seleccionados por la Consejería de Área que promueva la iniciativa o programa de actuación, consultando si así lo considera a los consejos sectoriales relacionados con la materia si los hubiese, y previo informe de la unidad administrativa competente en la política pública de Participación Ciudadana.

Artículo 17.- Jurados ciudadanos.

1. El Cabildo Insular podrá crear jurados ciudadanos como instrumentos de participación ciudadana que tienen por objeto conocer y evaluar la eficacia y el resultado de una iniciativa concreta o un programa de actuación llevada a cabo por la Corporación.

2. Los jurados ciudadanos estarán compuestos por diez personas, como muestra representativa de la sociedad, seleccionadas mediante sorteo, entre los inscritos en el Registro Insular de Entidades y Colectivos Ciudadanos y en el Fichero de Participación Ciudadana, por la Consejería de Área correspondiente, previo informe del órgano competente en materia de participación ciudadana, y por un número de expertos en la materia objeto de evaluación que no podrá exceder de un tercio de sus miembros.

3. El informe resultado de la evaluación de los jurados ciudadanos deberá tener reflejo en los informes o memorias anuales de gestión del Cabildo Insular.

Artículo 18.- Audiencia Pública.

1. La audiencia pública podrá ser convocada por el Presidente para asuntos de especial trascendencia, por tratarse de cuestiones especialmente significativas de la acción de gobierno insular, en los que convenga desarrollar una deliberación participativa y siempre que el asunto afecte a toda la isla o a más de un municipio.

Los titulares de las distintas áreas de gobierno podrán solicitar al Presidente la convocatoria de audiencia pública sobre aquellas materias en las que ostente competencias.

2. Las convocatorias de las audiencias públicas se realizarán a través de la plataforma de participación ciudadana, y mediante los restantes medios de comunicación y difusión de los que disponga el Cabildo. La participación se realizará a través de la web de gobierno abierto, a través de los canales y espacios que dispongan los ayuntamientos de la isla o presencialmente, mediante la asistencia del personal de las oficinas de Atención al Ciudadano, que procederán a su publicación en la citada plataforma digital.

3. Con carácter previo a la convocatoria de la audiencia pública, el Presidente solicitará al titular del Área de Participación Ciudadana la creación de un grupo de trabajo integrado por dicho titular o persona en quien delegue, representantes de las áreas de gobierno competentes por razón de la materia y, en su caso, por representantes de organizaciones, asociaciones y demás personas físicas y jurídicas que pudieran resultar afectadas por cada actuación en particular.

El grupo de trabajo elaborará en el plazo máximo de 30 días naturales una memoria sobre la actuación a realizar y un cuestionario para el desarrollo del debate durante la audiencia pública, pudiendo abrir un espacio de debate de participación ciudadana que sirva para enriquecer la labor que realiza, así como la de la fase de respuestas a las preguntas que se mencionan en el cuestionario.

4. El Presidente convocará la audiencia pública con una duración máxima de sesenta (60) días naturales. Durante dicho plazo, las personas físicas mayores de 16 años empadronadas en alguno de los municipios de la isla de Gran Canaria podrán responder al cuestionario y debatirán respecto de las distintas cuestiones planteadas.

Finalizada la audiencia pública, a la vista de las contestaciones al cuestionario y del debate habido, el grupo de trabajo elaborará en los dos (2) meses siguientes uno (1) o más planes de ejecución de la actuación sometida a audiencia, pudiendo solicitar del resto de órganos, organismos y empresas insulares toda la información técnica, económica o jurídica que pudiera ser relevante.

Cuando la audiencia pública hubiera sido convocada a instancia de un área de gobierno, el grupo de trabajo podrá requerir a dicha área que convoque un concurso público de proyectos que sirva para configurar los planes de ejecución, cuando lo considerase procedente para su mejor diseño. En tal caso, el plazo de dos (2) meses será prorrogado, por otro de igual duración, para que el grupo de trabajo seleccione uno (1) o más planes de ejecución de entre los presentados a concurso, una vez concluido el plazo de presentación de proyectos al mismo.

5. Los planes de ejecución, junto con la memoria y el resultado de las contestaciones al cuestionario, serán publicados en la web de gobierno abierto. Tras su publicación, durante un plazo máximo de quince (15) días naturales, las personas físicas mayores de 16 años empadronadas en algún municipio de la isla de Gran Canaria, podrán manifestar su preferencia por los distintos planes de ejecución. Transcurrido dicho plazo, en la plataforma de participación ciudadana se indicará cuál ha sido el plan de ejecución seleccionado por haber obtenido un mayor respaldo.

El plan seleccionado será remitido por el Área de Participación Ciudadana al órgano o área de gobierno competente para su adopción, que comunicará en el plazo máximo de treinta (30) días las medidas que han de adaptarse para la ejecución del plan o las razones que impidan su ejecución, y las publicará en la plataforma de participación ciudadana en el espacio correspondiente a la audiencia pública de que se trate.

6. En el caso de audiencia pública que tenga por objeto la selección de preguntas que puedan ser expuestas presencialmente al Pleno del Cabildo, se abrirá un plazo para la selección de un número de preguntas a determinar en cada ocasión, que deberán responder a cuestiones diferentes. En dicho plazo las personas físicas mayores de 16 años empadronadas en alguno de los municipios de la isla de Gran Canaria propondrán y manifestarán sus preferencias.

7. La plataforma de participación ciudadana dispondrá de las medidas precisas para garantizar la protección de los datos personales de las personas físicas intervinientes en las audiencias públicas en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y para garantizar que las comunicaciones electrónicas realizadas durante la tramitación de las audiencias públicas posibiliten la constancia de la transmisión y recepción de las comunicaciones, de sus horas y fechas y de su contenido íntegro. Asimismo, la web de gobierno abierto deberá permitir identificar fidedignamente a los participantes en las audiencias públicas, en los términos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 19.- Fichero de Participación Ciudadana.

1. Con el objeto de promover y fomentar la participación de personas a título individual y de la ciudadanía no organizada, el órgano competente en materia de participación ciudadana creará un fichero organizado por áreas temáticas en el que podrán inscribirse las personas que lo soliciten, haciendo constar su identidad, su domicilio, sus datos de contacto y las áreas temáticas de su interés.

2. Las personas incluidas en dicho fichero recibirán información periódica de las iniciativas, actuaciones y publicaciones de la Corporación insular relacionadas con sus actividades e intereses, así como las correspondientes comunicaciones sobre la apertura de procesos de deliberación participativa relativas a las áreas temáticas de su interés, según la información que conste en el referido Fichero.

3. La creación, gestión y mantenimiento del mismo se efectuará de conformidad con la legislación de aplicación en materia de protección de datos de carácter personal.

Artículo 20.- Integración y coordinación de instrumentos de participación.

La aplicación y puesta en práctica de los instrumentos de participación previstos y regulados en el presente Reglamento se regirá por los principios de coordinación y colaboración con el Gobierno de Canarias y con los Ayuntamientos de la isla.

Artículo 21.- Otras modalidades participativas.

Los instrumentos de participación regulados en el presente Reglamento no tendrán en ningún caso carácter excluyente de otras posibilidades de expresión y formas de presencia de las entidades ciudadanas y de la ciudadanía en la gestión de los asuntos públicos. Los órganos competentes del Cabildo decidirán en cada caso, y a la vista de la evolución tecnológica, sobre las modalidades y términos de articulación de dicha presencia.

TÍTULO SEGUNDO: ENTIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Artículo 22.- Entidades de participación ciudadana.

1. A efectos de lo dispuesto en el presente Reglamento, se consideran entidades de participación ciudadana, las personas jurídicas, sin ánimo de lucro, cualquiera que sea su forma jurídica, su naturaleza y el objeto de su actividad, que tengan como finalidad la defensa de intereses colectivos, de carácter general o sectorial, y desarrollen todas o parte de sus actividades en el ámbito insular. No obstante, a los efectos del presente Reglamento se excluyen de dicha definición los partidos políticos.

2. Dichas entidades tendrán la consideración de sujetos de la participación ciudadana, con plena capacidad para intervenir en los procesos participativos, y ejercer los derechos y utilizar los instrumentos de participación regulados en el presente Reglamento cuando sean reconocidos por el Cabildo Insular mediante su inscripción en el Registro Insular de Entidades y Colectivos Ciudadanos, y cumplan todos los requisitos materiales y formales previstos en el presente Reglamento.

No obstante, la plenitud en el ejercicio de los derechos y en el otorgamiento de los beneficios previstos en las Leyes o regulados en el presente Reglamento, únicamente será conferida a las asociaciones que tengan personalidad jurídica propia.

Artículo 23.- Registro Insular de Entidades Ciudadanas.

1. Se crea el Registro Insular de Entidades Ciudadanas como registro público administrativo dependiente del Cabildo Insular, que tendrá validez a los solos efectos del reconocimiento de la condición de sujeto de ejercicio de los derechos de participación ciudadana regulados por el presente Reglamento.

2. Dicho Registro es completamente independiente del Registro de Asociaciones y del Registro de Participación Ciudadana dependientes del Gobierno de Canarias, sin perjuicio del establecimiento de mecanismos de coordinación, colaboración e intercambio de información. La inscripción en el mismo no producirá en ningún caso efectos jurídicos fuera de su propio ámbito.

Artículo 24.- Requisitos y procedimiento de inscripción en el Registro.

1. La inscripción en el registro se producirá a instancia de las entidades mediante solicitud suscrita por su representante legal o, cuando no tenga personalidad jurídica propia, por todas las personas que integren la agrupación.

A dicho escrito se acompañará la siguiente documentación:

a) Cuando se trate de entidades con personalidad jurídica propia, copia de sus estatutos y acta fundacional que permitan la acreditación de las siguientes circunstancias:

* Fecha de constitución y denominación social.

* Domicilio social.

* Ámbito territorial de desarrollo de sus actividades.

* Objeto social.

* Órganos rectores de la entidad, composición y reglas de funcionamiento.

b) Cuando se trate de entidades sin personalidad jurídica, deberá aportarse junto con la solicitud documento firmado por todas las personas integrantes de la agrupación, con expresión de su identidad y domicilio, especificando el ámbito territorial de desarrollo de sus actividades y su objeto y finalidad, con indicación expresa de la identidad de la persona física que asuma la representación y de su domicilio a efectos de notificaciones.

2. Si se observaran defectos o insuficiencias en la documentación presentada, se requerirá su subsanación, con suspensión del plazo para la inscripción. Si la documentación cumple los requisitos señalados o se produce la subsanación, en el plazo de dos meses desde la presentación de la solicitud habrá de producirse la inscripción en el Registro o, en su caso, la denegación por incumplimiento de los requisitos legal o reglamentariamente establecidos.

Artículo 25.- Contenido de la inscripción y depósito de la documentación.

1. El Registro Insular de Entidades Ciudadanas funcionará mediante soporte informático de modo que garantice, a través de las anotaciones practicadas, la constancia de los datos siguientes:

a) Denominación de la entidad y copia de sus Estatutos.

b) Número de inscripción en el Registro de Asociaciones.

c) Domicilio social y datos de interés (teléfono, correo electrónico, etc.) que permitan el acceso y contacto permanente con la entidad.

d) Identidad de la persona o personas que ostenten la representación de la entidad, así como los datos de contacto de las personas que ocupan cargos directivos.

e) Certificado emitido por quien ostente las funciones de secretaría en el que conste el número de asociados.

f) Presupuesto de la entidad.

Para las asociaciones y agrupaciones que no tengan personalidad jurídica se dispondrá una sección específica, en la que se harán constar todos los datos disponibles para su identificación y para mantener contacto permanente con sus representantes.

2. Las entidades inscritas están obligadas a comunicar al Registro cualquier modificación de los datos referidos en el apartado precedente, dentro del mes siguiente a la fecha en que se produzca, actualizando la documentación que lo requiera.

3. En los servicios administrativos del Registro deberá quedar depositada copia de toda la documentación aportada por las entidades que haya servido de base para la inscripción y, en su caso, de las modificaciones que se produzcan.

4. El incumplimiento de las disposiciones previstas en el presente Reglamento podrá conllevar la baja en el Registro, de forma motivada y previo trámite de audiencia a la entidad interesada.

Artículo 26.- Utilización de medios públicos por las entidades ciudadanas.

El Cabildo Insular facilitará a las entidades ciudadanas la utilización de aquellos medios materiales propios, como locales, mobiliario y otros elementos o instalaciones que puedan servir para el mejor desarrollo de sus actividades, siempre que no comprometa o perturbe la prestación de otros servicios públicos. Asimismo, pondrá a disposición de dichas entidades los medios telemáticos que mejoren su presencia en Internet y favorezcan el uso de las tecnologías de información y comunicación para crear y consolidar una red ciudadana de participación virtual en la isla de Gran Canaria, siempre de conformidad con la legislación de patrimonio de las Administraciones Públicas y previa tramitación por el Servicio de Patrimonio Insular.

Artículo 27.- Declaración de utilidad pública insular.

El Cabildo Insular podrá declarar de utilidad pública insular aquellas entidades ciudadanas cuya actividad tenga especial relevancia para los intereses públicos insulares, y que se comprometan al cumplimiento de determinados principios y objetivos comunes. A tales efectos, regulará el procedimiento para la obtención de la declaración de utilidad pública insular y las características inherentes a dicha declaración, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública, todo ello de conformidad con el artículo 38.3 de la Ley 4/2003, de asociaciones de Canarias y su normativa de desarrollo: de "interés público".

TÍTULO TERCERO: ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Y ARTICULACIÓN SOCIAL PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Capítulo Primero: Organización administrativa para la participación ciudadana

Artículo 28.- Unidad Insular de Participación Ciudadana.

Un servicio o unidad administrativa insular, adscrita a la Consejería que designe el Presidente de la Corporación, impulsará y coordinará la política pública del Cabildo Insular en materia de Participación Ciudadana, velando por la correcta aplicación del presente Reglamento y asumiendo las siguientes funciones:

a) Diseño, gestión y evaluación de los instrumentos y mecanismos de participación ciudadana regulados por el presente Reglamento.

b) Elaboración de propuestas de medidas de participación ciudadana a las Consejerías de Área.

c) Fomento, apoyo y asesoramiento a las iniciativas de participación ciudadana de las entidades locales.

d) Elaboración de los protocolos, informes y memorias de los procesos de deliberación participativa y de los restantes instrumentos y mecanismos de participación ciudadana.

e) Impulso de los programas y actuaciones de formación y sensibilización en materia de participación ciudadana.

f) Elaboración y actualización de la Estrategia Insular y del Programa Anual de Participación Ciudadana.

g) Gestión y actualización del Registro Insular y del Fichero de Participación Ciudadana.

h) Cualesquiera otras competencias y funciones relacionadas con su ámbito material de actuación que le asigne el Presidente de la Corporación.

Artículo 29.- Estrategia Insular y Programa Anual de Participación Ciudadana.

1. La Estrategia Insular de Participación Ciudadana es el instrumento de planificación que define los objetivos estratégicos que guían la actuación del Cabildo Insular en materia de participación ciudadana y las acciones estructurantes encaminadas a su consecución.

2. El Programa Anual de Participación Ciudadana es el documento que contiene los proyectos, planes o programas derivados de las políticas públicas a los que habrán de aplicarse los instrumentos y mecanismos de participación regulados en el presente Reglamento, así como las medidas y actuaciones destinadas a fomentar la participación ciudadana.

3. El Presupuesto Anual de Participación Ciudadana y su Programa Anual, se publicará en la Plataforma de Participación Ciudadana dentro de los dos primeros meses de cada ejercicio y se comunicará a las entidades y personas inscritas en el Registro y en el Fichero de Participación Ciudadana.

4. La Unidad de Participación Ciudadana elaborará un informe anual sobre el grado de implantación de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el presente Reglamento, de cuyo contenido se dará cuenta en sesión extraordinaria del Pleno de la Corporación dedicada al Gobierno Abierto, Transparencia y Participación Ciudadana.

Artículo 30.- Plataforma de Participación Ciudadana.

1. El Cabildo impulsará la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación para promover y facilitar la participación ciudadana, y como medio de ejercicio de los derechos establecidos en la legislación vigente y en el presente Reglamento, pudiendo a tales efectos crear o hacer uso de redes sociales digitales, aplicaciones y plataformas virtuales.

2. En la sede electrónica oficial del Cabildo se constituirá una Plataforma de Participación Ciudadana como plataforma electrónica destinada a promover la participación ciudadana en las políticas públicas de la Corporación y a facilitar el diálogo y establecer un canal de comunicación interactivo y bidireccional entre la Administración y la ciudadanía.

3. La Plataforma de Participación Ciudadana facilitará información sobre los procesos de deliberación participativa y los restantes instrumentos y mecanismos de participación ciudadana e impulsará espacios para la presentación de opiniones, aportaciones y propuestas, y para la formación de foros de debate.

4. Asociada a esta plataforma se creará una red de participación ciudadana virtual que tendrá las siguientes funciones:

a) Constituirse como plataforma informativa, de intercambio de recursos y experiencias y de trabajo conjunto y fomentar la transferencia de conocimiento y de experiencias entre el Cabildo Insular, los Ayuntamientos, las entidades ciudadanas y la ciudadanía no organizada.

b) Constituirse como un nodo o punto de encuentro en Internet para garantizar la cooperación entre las entidades ciudadanas y la ciudadanía mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

c) Desarrollar a través de la red encuestas y foros de opinión, y todas aquellas iniciativas que fomenten la participación de las entidades ciudadanas y la ciudadanía no organizada en las políticas públicas insulares.

5. Se podrán establecer mecanismos que permitan tomar en consideración las propuestas e iniciativas planteadas por las entidades y la ciudadanía a través de estos cauces, de modo que puedan ser contestadas por la Corporación o debatidas en el Pleno.

Artículo 31.- Presentación y tramitación previa de iniciativas ciudadanas.

1. Cualquier persona física mayor de dieciséis años empadronada en cualquiera de los municipios de la isla de Gran Canaria y las entidades ciudadanas inscritas en el Registro podrán presentar iniciativas de actuación en asuntos de competencia insular, directamente a través de la plataforma de participación ciudadana; presencialmente a través de la Oficina de Información y Atención Ciudadana, que deberá incorporar la propuesta recibida a la plataforma de participación ciudadana; o a través de hojas de firmas convenientemente verificadas, en modelo establecido, cuyos apoyos serán igualmente sumados a los ya existentes en la citada plataforma. En cualquier caso, se asegurará la identificación fehaciente y fidedigna de las personas intervinientes en la presentación de iniciativas.

2. La iniciativa de actuación contendrá la siguiente información:

a) Nombre de usuario en la plataforma de participación ciudadana.

b) Exposición y motivación de la iniciativa realizada.

c) Las personas proponentes indicarán su nombre, apellidos y datos de contacto. Estos datos recibirán el tratamiento exigido por la normativa de protección de datos.

d) Alguna otra información que se considere pertinente en relación a la relevancia y alcance de la iniciativa.

3. Una vez presentada una iniciativa en la plataforma de participación ciudadana, quedará abierta a la recepción de apoyos por un total de seis meses entre las dos fases del proceso (selección inicial y apoyo final). El derecho de apoyo a las iniciativas podrá ser ejercitado por las personas físicas mayores de 16 años empadronadas en cualquiera de los municipios de la isla de Gran Canaria, y se podrá ejercitar directamente a través de la plataforma de participación ciudadana o mediante la asistencia del personal de las Oficinas de Información y Atención Ciudadana, que procederá a su publicación en la plataforma. El apoyo consistirá en la manifestación de la conformidad con la iniciativa de actuación planteada.

4. El Titular de la Consejería competente en materia de Participación Ciudadana denegará las iniciativas presentadas en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

- Las que incluyan contenidos o propagandas de carácter racista, sexista, xenófobo, de apología del terrorismo o que atenten contra los derechos humanos o la dignidad de las personas.

- Las que tengan fines delictivos.

- Las que utilicen lenguaje insultante.

- Aquellas cuyo contenido atente contra la legislación vigente en materia de derechos fundamentales y libertades públicas, especialmente en lo concerniente al derecho al honor, la intimidad y la propia imagen.

- Las que tengan carácter reiterativo o puedan considerarse como "spam".

Artículo 32.- Tramitación de iniciativas ciudadanas aceptadas.

1. Cuando una iniciativa alcance en un periodo de tres meses un número de apoyos equivalente a la mitad de la cantidad mínima de respaldos establecidos de personas mayores de dieciséis años empadronadas en cualquiera de los municipios de la isla de Gran Canaria, será objeto de estudio por el Cabildo de Gran Canaria, que realizará un informe técnico preliminar. Con tal informe se redactará una propuesta de actuación para someterla a una segunda fase si así lo considera la persona o colectivo proponente. La unidad administrativa competente en materia de Participación Ciudadana será el órgano que impulse, coordine y emita este informe con las otras áreas de gobierno del Cabildo que sean competentes por razón de la materia, solicitando del resto de órganos, organismos y empresas insulares toda la información técnica, económica o jurídica que pudiera ser relevante.

2. Aquellas iniciativas planteadas en una segunda fase serán sometidas nuevamente durante un plazo máximo de tres meses al debate y apoyo ciudadano. Las iniciativas que recaben un número de apoyos equivalente a la mitad de la cantidad mínima establecida, distintos a los expresados en la primera fase, tendrán la posibilidad de que sean llevadas y defendidas en el Pleno del Cabildo de Gran Canaria, por parte de su proponente. Para ello, la unidad administrativa de Participación Ciudadana recabará los oportunos informes sobre la legalidad, viabilidad, coste económico y medidas que han de adoptarse o razones que impidan su ejecución, teniendo en cuenta a los sectores afectados y a la persona o colectivo promotor de la iniciativa, participando en su elaboración el área u organismo que resulte competente para su adopción.

En cualquier caso, la unidad administrativa de Participación Ciudadana establecerá las condiciones para que en distintos momentos del año se someta al debate y apoyo ciudadano a un número de iniciativas que hayan sido las más apoyadas, aunque no hayan superado el porcentaje de respaldos establecido.

Alternativamente, cuando la relevancia de la iniciativa ciudadana así lo aconseje, el área de Participación Ciudadana, informada por el titular del área de gobierno competente por razón de la materia, podrá proponer al autor de la misma que dicha propuesta sea asumida como acción de gobierno para ser sometida al Pleno del Cabildo, haya o no superado los apoyos en la primera o segunda fase del proceso.

3. Serán objeto de informe negativo preliminar, con propuesta alternativa si procediese, aquellas propuestas de actuación referidas a asuntos que no sean de competencia insular, que sean contrarias a la normativa de aplicación, o inviables técnicamente, o cuyo coste no pueda ser financiado. El área administrativa de Participación Ciudadana comunicará al proponente el informe emitido en el plazo de 30 días hábiles.

La información sobre el proceso seguido por cada una de las iniciativas (número de apoyos recibidos, los informes técnicos preliminar y final y las medidas a adoptar o las razones que impiden la ejecución) serán publicadas en la plataforma de participación ciudadana.

4. La plataforma de participación ciudadana dispondrá de las medidas precisas para garantizar la protección de los datos personales de las personas físicas intervinientes en la tramitación de las iniciativas ciudadanas en los términos previstos en la legislación vigente en materia protección de datos de carácter personal, para garantizar que las comunicaciones electrónicas realizadas durante la tramitación de las propuestas ciudadanas posibiliten la constancia de la transmisión y recepción de las comunicaciones, de sus horas y fechas y de su contenido íntegro. Asimismo, la plataforma deberá permitir identificar fidedigna y fehacientemente al remitente de las propuestas de actuación y a las personas que manifiestan su apoyo o disconformidad con las propuestas, en los términos previstos en la normativa reguladora del acceso electrónico de los ciudadanos y ciudadanas a los servicios públicos.

5. Las propuestas o iniciativas ciudadanas podrán ser sometidas a consulta popular conforme a lo previsto en el artículo 71 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

La iniciativa de consulta popular irá acompañada de una memoria en la que se motivará la legalidad, viabilidad técnica, coste económico y, en su caso, posible financiación de la propuesta objeto de consulta.

La iniciativa incluirá en todo caso:

a) Una o varias preguntas concretas, claras y concisas.

b) Dos únicas opciones de respuesta: SÍ y NO.

La iniciativa de consulta popular deberá ser aprobada por acuerdo de la mayoría absoluta del Pleno. Una vez aprobada, se dará traslado a la Comunidad Autónoma de Canarias, para su remisión al Gobierno de España, al que corresponde autorizar la consulta, conforme a las preguntas y respuestas previamente aprobadas por el Cabildo. Una vez autorizada la consulta por el Gobierno de España, corresponde al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias formalizar la convocatoria mediante Decreto, que contendrá, de conformidad con el acuerdo plenario del Cabildo, el objeto de la consulta así como el lugar y fecha de la misma.

Sin perjuicio de la publicación del Decreto de convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias, la convocatoria de la consulta también será objeto de publicación y divulgación en el Boletín Oficial de la Provincia, en la sede electrónica y en la página web insular.

El resultado de la consulta popular no será vinculante para el gobierno insular, sin perjuicio de los compromisos políticos que pudieran haberse adoptado por el Presidente y los Consejeros y Consejeras con responsabilidades de gobierno en orden a llevar a la práctica el resultado de la consulta ciudadana, en el marco de sus atribuciones y dentro de las competencias insulares.

6. El ejercicio de democracia digital a través de la plataforma de participación ciudadana se complementará con espacios presenciales de debate y propuesta a los que se invitarán a vecinos, vecinas y colectivos de Gran Canaria. Para ello se publicarán las convocatorias y se aportarán los documentos relevantes al respecto.

Capítulo Segundo: Articulación social de la participación ciudadana

Sección Primera: Consejos Sectoriales

Artículo 33.- Consejos Sectoriales.

1. Los Consejos Sectoriales son órganos colegiados de carácter deliberante y consultivo destinados a facilitar e integrar la participación de los ciudadanos y las ciudadanas en relación con un determinado ámbito territorial o un concreto sector de actividad material relacionado con las competencias propias del Cabildo Insular.

2. Los Consejos Sectoriales se constituyen a iniciativa de la Presidencia del Cabildo o de las Consejerías de Área competentes por razón de la materia, con la finalidad de constituir un espacio de debate y consulta entre la administración insular, las entidades locales, los agentes económicos y sociales y la sociedad civil, y un foro de concertación de las políticas sectoriales del Cabildo Insular.

3. En su respectivo ámbito territorial o sectorial, desempeñarán las siguientes funciones:

a) Realizar un análisis y diagnóstico de la problemática económica y social en su respectivo ámbito territorial o sectorial.

b) Proponer al Cabildo Insular los criterios, las prioridades o las actuaciones que consideren adecuadas para mejorar las políticas sectoriales relativas a su respectivo ámbito de trabajo.

c) Realizar el seguimiento coordinado y la evaluación de las políticas sectoriales de las administraciones públicas en el ámbito insular.

d) Elaborar informes, a petición del Cabildo Insular o de los Ayuntamientos o a iniciativa propia, respecto de asuntos insulares relacionados con su ámbito de actuación.

e) Proponer al Cabildo Insular la realización de estudios sectoriales, acciones de promoción y programas de formación.

f) Realizar cualesquiera otras tareas o funciones de finalidad similar que se correspondan con la naturaleza deliberante y consultiva de los consejos sectoriales.

4. Mediante Reglamento Orgánico se procederá a la regulación detallada del régimen de organización y funcionamiento de cada uno de los Consejos Sectoriales.

Sección Segunda: Consejo Insular de Voluntariado

Artículo 34.- Censo y Consejo Insular de Voluntariado.

1. El Cabildo podrá impulsar la creación de un Censo del Voluntariado de Gran Canaria, en el que podrán inscribirse las entidades interesadas en colaborar con el Cabildo y con las entidades que forman parte de su sector público en el diseño, elaboración, ejecución y evaluación de sus políticas, actividades y proyectos. Dicho Censo será objeto de actualización periódica.

2. Mediante Reglamento Orgánico se procederá a la regulación detallada del régimen de organización y funcionamiento del Consejo Insular del Voluntariado.

TÍTULO CUARTO: MEDIDAS DE FOMENTO

Artículo 35.- Fomento del asociacionismo.

1. El Cabildo Insular fomentará y apoyará el asociacionismo y el voluntariado como expresión colectiva del compromiso de la ciudadanía con los principios democráticos y con los valores solidarios, promoviendo el desarrollo y la formación y capacitación de las asociaciones, entidades y agrupaciones y de los ciudadanos y ciudadanas residentes en la isla.

2. Para ello, el Cabildo Insular garantiza el derecho de dichas asociaciones, entidades, colectivos y agrupaciones a:

a) Recibir información sobre las iniciativas, actuaciones y publicaciones de la Corporación Insular relacionadas con sus actividades y con las áreas temáticas de su interés de acuerdo con lo que conste en el Registro de Entidades y Colectivos Ciudadanos y en el Fichero de Participación Ciudadana.

b) Utilizar los instrumentos y mecanismos de participación previstos en las leyes y regulados en el presente Reglamento para hacer efectiva su intervención en la gestión de los intereses públicos insulares.

c) Acceder a los programas de formación y capacitación y a los servicios de asesoramiento que permitan mejorar su capacidad de actuación e intervención en los procesos participativos.

d) Acceder al uso de instalaciones disponibles para realizar actuaciones de interés social y vocación pública.

3. La actuación del Cabildo Insular en relación con las entidades ciudadanas y asociaciones se guiará por las siguientes orientaciones:

a) Favorecer su participación en la elaboración de planes y programas y en la realización de actuaciones que afecten al ámbito de sus objetivos e intereses.

b) Extender su conocimiento entre la población ofreciendo información sobre sus actividades, a cuyos efectos elaborará, con la colaboración de las entidades y asociaciones, una guía de recursos ciudadanos que informe detalladamente sobre el ámbito de actuación y el objeto de cada entidad, y difundirá a través de los medios establecidos en el presente Reglamento las actividades de interés público que realicen las entidades en forma de una agenda de actividades ciudadanas.

c) Fomentar la realización de estudios, seminarios, jornadas y otras actividades que ayuden a ampliar y dar mayor consistencia al tejido asociativo insular.

d) Promover la declaración de utilidad pública de las asociaciones y entidades que cumplan los requisitos establecidos en la legislación vigente en materia de asociaciones, de conformidad con el artículo 38.3 de la Ley 4/2003, de asociaciones de Canarias y su normativa de desarrollo: de "interés público".

Artículo 36.- Subvenciones y ayudas públicas.

El Cabildo Insular adoptará, dentro de sus posibilidades presupuestarias, medidas económicas de fomento como ayudas, subvenciones, convenios de colaboración, cursos de formación y capacitación, servicios de asesoramiento y cualesquiera otras formas de colaboración y apoyo a las asociaciones y entidades de voluntariado para el fomento adecuado de la participación ciudadana, fortaleciendo la cooperación con los ayuntamientos para acercar a los municipios los instrumentos de fomento de la participación ciudadana.

Artículo 37.- Formación para la participación ciudadana.

1. Con la finalidad de fomentar la participación ciudadana responsable, el Cabildo Insular promoverá el diseño y la realización de programas de formación para las entidades ciudadanas y para los ciudadanos y las ciudadanas que incluyan entre sus objetivos la defensa y promoción de los intereses generales y sectoriales, el conocimiento de las instituciones públicas y de sus reglas de funcionamiento democrático y los valores del ordenamiento jurídico comunitario, estatal autonómico y local.

2. Además de las señaladas en el apartado precedente, los programas de formación para la participación ciudadana tendrán como finalidades principales:

a) Divulgar el régimen de participación ciudadana establecido en la legislación vigente y en el presente Reglamento.

b) Formar a las entidades ciudadanas y a la ciudadanía no organizada en la utilización de los instrumentos y mecanismos de participación establecidos en la legislación vigente y en el presente Reglamento.

c) Formar adecuadamente en el uso de metodologías participativas a los agentes de la participación ciudadana (entidades, ciudadanía, profesionales).

d) Formar a las entidades ciudadanas en el régimen legal de constitución y funcionamiento de las asociaciones y en los aspectos relativos a su gestión interna para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones legales y reglamentarias.

e) Formar a las entidades ciudadanas en el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y en la utilización de los medios materiales y económicos de que disponen para una mayor eficacia en el cumplimiento de sus objetivos.

Artículo 38.- Formación y sensibilización del personal al servicio del Cabildo Insular y de los Ayuntamientos.

1. El Cabildo Insular promoverá, en colaboración con el Gobierno de Canarias y los Ayuntamientos de la isla, la realización de cursos de formación para el personal al servicio de las Administraciones Públicas, con el objetivo de dar a conocer los instrumentos y mecanismos de participación ciudadana regulados en la legislación vigente y en el presente Reglamento, fomentando su aplicación y promoción en las instituciones públicas.

2. Dichos cursos de formación deberán fomentar la cultura de participación ciudadana en las instituciones públicas y la cooperación y cercanía entre la Administración y la ciudadanía.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- En todos los aspectos no previstos o insuficientemente regulados en el presente Reglamento serán de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en particular la regulación de los órganos colegiados contenida en la Sección Tercera del Capítulo Segundo del Título Preliminar; la Ley 5/2010, de 21 de junio, de Fomento a la Participación Ciudadana; el Decreto 95/2014, de 25 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de consultas a la ciudadanía; el Reglamento Orgánico del Pleno del Cabildo Insular de Gran Canaria aprobado por el Pleno en sesión de 30 de noviembre de 2016; el Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Cabildo Insular de Gran Canaria, aprobado por el Pleno en sesión de 30 de noviembre de 2016; el Reglamento regulador del proceso de sugerencias y reclamaciones en el Cabildo de Gran Canaria, aprobado por el Pleno en sesión de 5 de abril de 2013; y el Reglamento regulador de la Información y Atención al Ciudadano en el Cabildo de Gran Canaria, aprobado por el Pleno en sesión de 10 de diciembre de 2015.

Segunda.- El Cabildo procederá a la regulación del régimen de organización y funcionamiento del Consejo Social de Gran Canaria.

Tercera.- Los Consejos Sectoriales existentes, en particular el Consejo Insular de Deportes, el Consejo Insular de la Juventud, el Consejo Insular de Caza, el Consejo Insular de Solidaridad y el Consejo Insular del Sector Primario se regirán por su normativa específica.

Cuarta.- En desarrollo de lo dispuesto en el presente Reglamento, la Consejería competente en materia de Hacienda, con la supervisión técnica de la Unidad Insular de Participación Ciudadana, podrá establecer directrices y criterios de aplicación e interpretación de las normas reguladoras y aspectos de tramitación administrativa de los instrumentos de participación ciudadana.

Quinta.- Todos los instrumentos y órganos de participación ciudadana recogidos en el presente reglamento atenderán al principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres según lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, sin menoscabo de la promoción de una mayor presencia de mujeres si el tema lo requiere o el órgano competente lo considera oportuno.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del presente Reglamento el Cabildo deberá adaptar sus portales tecnológicos para garantizar su efectividad y su adecuación a lo dispuesto en este Reglamento, previo informe de viabilidad del Servicio Insular de Nuevas Tecnologías.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 56.1, 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local la publicación y entrada en vigor del presente Reglamento se producirá de la siguiente forma:

a) El acuerdo de aprobación definitiva se comunicará a la Administración General del Estado y a la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.

b) Transcurrido el plazo de 15 días desde la recepción de la comunicación, el acuerdo y el Reglamento se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.

c) El presente Reglamento entrará en vigor a los quince días hábiles de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, sin perjuicio de su completa publicación en el Boletín Oficial de Canarias y en la web corporativa insular.

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de septiembre de 2018.

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