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BOC Nº 241. Jueves 13 de Diciembre de 2018 - 5761

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III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda

5761 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 30 de noviembre de 2018, del Director, por la que se ordena la publicación del Convenio marco de Colaboración entre el Servicio Canario de Empleo, la Confederación Canaria de Empresarios, la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife, y la Unión General de los Trabajadores Canarias, para la realización de procedimientos de reconocimiento de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación como medida de la mejora de la calidad y la eficiencia del mercado laboral canario.

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BOC-A-2018-241-5761. Firma electrónica - Descargar

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29, apartado 2, de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, y en el artículo 13, apartado 1, del Decreto 74/2014, de 26 de junio, por el que se regula la actividad convencional del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, los convenios que se celebren por los órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de los organismos y entidades vinculadas o dependientes de la misma, con otras administraciones públicas y otros sujetos, públicos o privados, así como las modificaciones, prórrogas y anexos o adendas a los mismos, deberán publicarse en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los veinte días siguientes a su firma.

En su virtud, y en el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,

R E S U E L V O:

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Convenio marco de Colaboración entre el Servicio Canario de Empleo, la Confederación Canaria de Empresarios, la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife, y la Unión General de los Trabajadores Canarias, para la realización de procedimientos de reconocimiento de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación como medida de la mejora de la calidad y la eficiencia del mercado laboral canario, suscrito el 9 de abril de 2015, cuyo texto se acompaña como anexo.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de noviembre de 2018.- El Director, Sergio Fernando Alonso Rodríguez.

A N E X O

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO, LA CONFEDERACIÓN CANARIA DE EMPRESARIOS, LA CONFEDERACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE Y LA UNIÓN GENERAL DE LOS TRABAJADORES CANARIAS, PARA LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE RECONOCIMIENTO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES ADQUIRIDAS A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA LABORAL O DE VÍAS NO FORMALES DE FORMACIÓN COMO MEDIDA DE MEJORA DE LA CALIDAD Y LA EFICIENCIA DEL MERCADO LABORAL CANARIO.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de abril de 2015.

REUNIDOS

De una parte la Excma. Sra. Consejera de Empleo, Industria y Comercio, Dña. Francisca Luengo Orol, actuando en representación del Servicio Canario de Empleo, en adelante SCE, con capacidad y competencia para la suscripción del presente acuerdo en calidad de Presidenta del Servicio Canario de Empleo, en virtud de las competencias que le atribuye el artículo 7.1.e) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del SCE y conforme al nombramiento realizado por Decreto 2/2013, de 3 de enero, del Presidente, por el que se nombra a los Consejeros del Gobierno de Canarias (BOC nº 3, de 4.1.13).

De otra parte, D. José Cristóbal García García, con DNI 42800090B, actuando como Secretario General y en representación de la Confederación Canaria de Empresarios, con CIF G35057595, con domicilio social en Las Palmas de Gran Canaria, calle León y Castillo, nº 54, 2ª planta, con capacidad suficiente para representar a la entidad otorgada mediante escritura pública por el Notario de Las Palmas de Gran Canaria D. Francisco Barrios Fernández, de fecha 26 de febrero de 2002 con nº de protocolo 744.

De otra parte, D. Pedro Alfonso Martín, con DNI 42050823S, actuando como Secretario General y en representación de la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife, en adelante CEOE de Santa Cruz de Tenerife, con CIF G38025151, con domicilio social en Santa Cruz de Tenerife, calle Rambla Santa Cruz, nº 147, con capacidad suficiente para representar a la entidad otorgada mediante escritura pública por el Notario de Santa Cruz de Tenerife D. José María Delgado Bello, de fecha 6 de mayo de 1998 con nº de protocolo 1781.

De otra parte, D. Gustavo Adolfo Santana Martel, con DNI 42287293M, actuando como Secretario General y en representación de la Unión General de Trabajadores Canarias, en adelante UGT Canarias, con CIF G35408681, con domicilio social en Las Palmas de Gran Canaria, Avenida Primero de Mayo, 21, 1ª planta, con capacidad suficiente para representar a la entidad otorgada mediante escritura publica por el Notario de Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 8 de agosto de 2013 con nº de protocolo 1491.

Las partes intervinientes, que actúan en razón de sus respectivos cargos y en la representación que ostentan, se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad legal necesaria para la formalización del presente Convenio y, en su mérito,

EXPONEN

Primero.- Tal y como se establece en el Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo, existen una serie de objetivos compartidos por todos los actores que intervienen en el mercado de trabajo como son el de adaptar estas políticas a la realidad del mercado laboral y a las características del territorio, aumentando su eficacia en la mejora de la empleabilidad de la población activa, en una mejor respuesta a las necesidades de las empresas para la mejora de su competitividad, y en definitiva la generación de un modelo económico y productivo, así como un mercado de trabajo más eficiente y de más calidad.

Segundo.- El subsistema de formación profesional para el empleo está constituido por un conjunto de iniciativas, medidas e instrumentos que pretenden, a través de la formación de los trabajadores y de la acreditación de su cualificación, dar respuesta a estas necesidades personales y profesionales de inserción y reinserción en el sistema productivo y contribuir a la mejora de la competitividad de las empresas. Dicho subsistema, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/2002, de las Cualificaciones y la Formación Profesional, se desarrollará en el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional y del Sistema Nacional de Empleo, de acuerdo con sus principios, fines y objetivos.

La oferta de acciones de formación profesional para el empleo referida al Catálogo Nacional de Cualificaciones permite el reconocimiento y capitalización de aprendizajes con la acreditación de la experiencia profesional y la formación profesional del sistema educativo, vinculada con el desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional. Así, las acciones formativas del subsistema de formación para el empleo permiten la adquisición, mejora y actualización permanente de las competencias y cualificaciones profesionales, favoreciendo la formación a lo largo de toda la vida de la población activa, y conjugando las necesidades de las personas, de las empresas, de los territorios y de los sectores productivos.

Tercero.- El artículo 4.1.b) de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y la Formación Profesional, establece que el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional está formado por varios instrumentos y acciones, siendo uno de ellos «un procedimiento de reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de las cualificaciones profesionales».

Esta Ley Orgánica define en su artículo 7.2 los términos de cualificación profesional y de competencia profesional. En su artículo 8.1 determina que los títulos de formación profesional y los certificados de profesionalidad son los que acreditan las cualificaciones profesionales. En su artículo 8.2 establece que la evaluación y la acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, tendrá como referente el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, contemplando además en su artículo 8.3 la posibilidad de realizar acreditaciones parciales acumulables.

Cuarto.- El subsistema de formación profesional para el empleo tiene como uno de sus principios fundamentales la vinculación con el diálogo social como instrumento más eficaz, para dar respuesta a los cambios y requerimientos del sistema productivo. Se entiende así la participación de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas como marco natural para el desarrollo de iniciativas y medidas que conduzcan a una mayor cualificación de las personas trabajadoras. En este sentido el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, establece en su artículo 10.5 del Capítulo IV lo siguiente: "Las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, en cada ámbito territorial, podrán solicitar, a la Administración General del Estado o a la administración competente en cada Comunidad Autónoma, la realización de convocatorias específicas para dar respuesta tanto a las necesidades de determinadas empresas, sectores profesionales y productivos, como las de colectivos con especiales dificultades de inserción y/o integración social".

Quinto.- En la Comunidad Autónoma de Canarias, el Decreto 43/2003, de 7 de abril, por el que se crea y regula el Instituto Canario de las Cualificaciones Profesionales, crea el citado Instituto como unidad administrativa dependiente orgánicamente del Servicio Canario de Empleo y con dependencia funcional de este y de la Consejería competente en materia de educación, y le atribuye, entre sus fines, el de gestionar los procedimientos de reconocimiento, evaluación y certificación de las competencias profesionales.

Sexto.- A través del presente Convenio marco se establecen los términos y condiciones en los que se van a desarrollar las distintas convocatorias específicas del procedimiento de acreditación de experiencia profesional para la mejora de la calidad y la eficiencia del mercado laboral de canarias, fijando un marco general de derechos y obligaciones al que puedan adherirse todas aquellas empresas interesadas mediante una declaración expresa de adhesión.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, ambas partes

ACUERDAN

Suscribir el presente Convenio para establecer el marco dentro del cual se deberán realizar las convocatorias específicas del procedimiento de reconocimiento, evaluación y certificación de las competencias profesionales. Todas las empresas que desean participar en dichos procedimientos, podrán adherirse a este Convenio, cuyas cláusulas se especifican a continuación, mediante una declaración expresa de su voluntad de adhesión que se anexa al presente Convenio.

Primera.- Objeto.

El objeto del presente Convenio es establecer los términos y condiciones en las que se realizarán las distintas convocatorias específicas del procedimiento de reconocimiento, evaluación y acreditación de las competencias profesionales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, promovidos por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y siguiendo criterios que garanticen la fiabilidad, objetividad y rigor técnico de la evaluación para dar respuesta tanto a las necesidades de determinadas empresas, sectores profesionales y productivos, como las de colectivos con especiales dificultades de inserción y/o integración laboral.

Segunda.- Procedimiento de adhesión de empresas al Convenio.

1. El Servicio Canario de Empleo, las organizaciones sindicales y empresariales invitan a adherirse al presente Convenio a todas aquellas empresas y entidades cuyos trabajadores cumplan los requisitos establecidos en el Real Decreto 1224/2009 y deseen realizar procedimientos de reconocimiento, evaluación y certificación de las competencias profesionales.

2. La adhesión deberá formalizarse mediante la firma, por representante con facultades para el efecto, de la declaración que se adjunta como anexo del presente Convenio.

3. El Servicio Canario de Empleo en el plazo de un mes desde la entrada de la solicitud por el Registro del Servicio Canario de Empleo emitirá el visto bueno a la solicitud tras verificar el cumplimiento de requisitos por parte de la empresa o entidad solicitante o denegará motivadamente la adhesión al Convenio si la empresa o entidad solicitante no cumpliese con los requisitos.

4. El Servicio Canario de Empleo publicará en su página web la relación de empresas o entidades adheridas al Convenio y lo actualizará conforme se vayan produciendo nuevas adhesiones.

5. Las adhesiones al Convenio tendrán la consideración de convenios instrumentales.

Tercera.- Obligaciones de las partes.

Para el logro del objeto expresado en el apartado primero las partes Intervinientes, en el ámbitos de sus competencias y la representación en la que actúan se comprometen, en el ejercicio de las mismas, a establecer y mantener un sistema de coordinación e información, que facilite un modelo integrado de ordenación y gestión de procedimientos de reconocimiento, evaluación y acreditación de las competencias profesionales y de manera específica a desarrollar en siguiente Plan de acciones,

Por parte del SCE:

a) Convocar los procedimientos de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral para la empresa o empresas solicitantes.

b) Desarrollar los procedimientos de reconocimiento y evaluación de las competencias profesionales, coordinando y supervisando las distintas fases del mismo, según lo establecido en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral y con los efectos dispuestos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normas de desarrollo.

c) Proponer, de entre aquellos profesionales que cumplan con los requisitos previstos en el Real Decreto 1224/2009, aquellos que van a asumir las funciones de asesoramiento y evaluación, así como la constitución de las comisiones de evaluación y el nombramiento de los presidentes y los secretarios de las mismas.

d) Establecer la/s sede/s en la que se desarrollarán los procedimientos, oída la propuesta de las empresas participantes. A dichos efectos, los Centros integrados públicos de formación profesional, los Centros integrados privados concertados, que cuenten con la correspondiente autorización administrativa, y los Centros de Referencia Nacional serán autorizados preferentemente por la administración competente en cada ámbito territorial para desarrollar las distintas fases, de conformidad con el artículo 29.1 del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio.

e) Expedir las acreditaciones de reconocimiento de las unidades de competencia demostradas por los candidatos.

f) Facilitar, a través del Instituto Canario de las Cualificaciones Profesionales, la información y asesoramiento preciso sobre los procedimientos a desarrollar.

Por parte de los Organizaciones Empresariales y Sindicales:

a) Facilitar información a los empresarios y trabajadores sobre la adhesión al presente Convenio de Colaboración, la naturaleza y las fases de los procedimientos, el acceso a los mismos, sus derechos y obligaciones, las acreditaciones oficiales que se pueden obtener y los efectos de las mismas.

b) Invitar a adherirse a este Convenio a todas las empresas y entidades privadas que deseen realizar un procedimiento de reconocimiento, evaluación y certificación de las competencias profesionales para sus trabajadores. La adhesión deberá formalizarse mediante documento anexo al presente Convenio.

c) Realizar cuantas otras acciones de colaboración en el procedimiento sean necesarias para el buen desarrollo del mismo.

Por parte de las empresas y entidades que se adhieran al Convenio:

a) Haber consensuado con los representantes legales de los trabajadores de la empresa, si los hubiera, la declaración de adhesión al citado Convenio.

b) Facilitar información y orientación a sus trabajadores sobre la naturaleza y las fases de los procedimientos, el acceso a los mismos, sus derechos y obligaciones, las acreditaciones oficiales que pueden obtener y los efectos de las mismas.

c) Proponer al SCE las cualificaciones profesionales que deben ofertarse para su reconocimiento y acreditación en su organización.

d) Comunicar a todos los trabajadores que cumplan con los requisitos previstos en el Real Decreto 1224/2009, la información sobre el procedimiento de reconocimiento y acreditación de la competencia profesional.

e) Introducir los datos del Historial Profesional y Formativo de los candidatos participantes en la plataforma informática propuesta por el SCE para la gestión del procedimiento.

f) Remitir al SCE la documentación perteneciente al Historial Profesional y Formativo aportado por los candidatos participantes para el inicio del procedimiento.

g) Facilitar la relación de los candidatos con los asesores y evaluadores durante la realización de las distintas fases del procedimiento.

h) Incluir dentro de su Plan de formación, las acciones necesarias para que se cubran las necesidades que surjan como consecuencia de los resultados del procedimiento propuesto y que permitan a los candidatos la obtención de la acreditación de la/s cualificación/es profesional/es solicitada/s.

i) Hacerse cargo de la financiación de los gastos que se deriven de los compromisos asumidos por su parte.

j) Realizar cuantas otras acciones de colaboración en el procedimiento sean necesarias para el buen desarrollo del mismo.

Cuarta.- Financiación.

En cada convocatoria específica de reconocimiento y evaluación de las competencias profesionales se establecerá la financiación en función de la disponibilidad presupuestaria del capítulo II de gastos corrientes del Instituto Canario de las Cualificaciones Profesionales (ICCP) para cada anualidad y de la contribución de la empresa solicitante.

Las solicitudes se atenderán por orden de presentación, pudiéndose establecer un orden de prioridad de acuerdo con los siguientes criterios:

* Cualificaciones profesionales que estén sujetas para el ejercicio profesional de requisitos administrativos.

* Contribución de recursos (humanos, materiales) de la empresa o grupos de empresas al desarrollo del dispositivo de acreditación de las competencias profesionales.

* Que puedan beneficiarse el mayor número de personas con experiencia laboral pero sin reconocimiento de la misma.

* Que las cualificaciones afecten a ocupaciones relacionadas con los Nuevos Yacimientos de Empleo.

Quinta.- Seguimiento del Convenio.

Con el objetivo de coordinar la implementación y el desarrollo del procedimiento y velar por su adecuado funcionamiento, se constituirá una Comisión Mixta de Seguimiento integrada por representantes de cada una de las partes suscribientes del Convenio, que se ajustará a lo establecido en el artículo 22 del Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992. Esta Comisión tendrá las siguientes facultades:

- Impulsar el desarrollo del Convenio.

- Resolver las dudas que suscite su cumplimiento.

- Facilitar la colaboración de las partes.

- Resolver las controversias que pudieran plantearse con carácter previo al recurso a la vía contencioso-administrativa.

Los acuerdos adoptados en la Comisión de Seguimiento tendrán carácter vinculante para las partes.

Sexta.- Modificación del Convenio.

Durante el periodo de vigencia del Convenio, cualquiera de las partes firmantes podrá instar la modificación de las cláusulas del mismo, mediante solicitud motivada, comprensiva de las necesidades y beneficios de la misma, dirigida de forma escrita a las otras partes en el Convenio. A la vista de los argumentos esgrimidos, las partes intervinientes podrán iniciar los trámites de modificación, que culminarán con la suscripción de una adenda que se incorporará al Convenio, como parte integrante del mismo.

Séptima.- Causas de extinción.

Son causas de extinción del presente Convenio las siguientes:

a) El incumplimiento cualificado por alguna de las partes de cualquiera de las cláusulas del Convenio.

b) El mutuo acuerdo expreso de las partes.

c) Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades programadas.

d) Por denuncia de cualquiera de las partes, sin indemnización, comunicada por escrito con un mes de antelación a la fecha en que se desee dar por finalizado en Convenio.

Octava.- Naturaleza jurídica y jurisdicción.

El presente Convenio de Colaboración tiene naturaleza jurídica administrativa, rigiéndose por sus propias cláusulas y supletoriamente por las normas generales de Derecho Administrativo.

El presente Convenio queda excluido del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4.1.d) del mismo, sin perjuicio de la aplicación de los principios y criterios del mismo para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.

El conocimiento de las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio competerá a los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos en los términos previstos en el artículo 8.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y conforme a los criterios de competencia territorial y objetiva previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Novena.- Resolución de controversias.

En virtud de lo establecido en el artículo 6.3 de la LRJAP, la resolución de las controversias que pudieran plantearse sobre la interpretación, aplicación, modificación, resolución y efectos del presente Convenio deberán de solventarse de mutuo acuerdo entre las partes, a través de los acuerdos que se adopten en la Comisión de Seguimiento prevista en el presente Convenio.

Agotada dicha vía y para el supuesto de que dicho acuerdo no hubieran podido alcanzarse, las posibles controversias deberán ser resueltas por el Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.

Décima.- Vigencia.

Este Convenio entrará en vigor y surtirá efectos desde la fecha de su firma con una vigencia de 3 años, prorrogable tácitamente por períodos equivalentes salvo denuncia de las partes.

Y estando todas las partes conformes con el contenido de este Convenio, y para que así conste, se firma por quintuplicado, a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.- Por el Servicio Canario de Empleo, Francisca Luengo Orol.- Por la Confederación Canaria de Empresarios, José Cristóbal García García.- Por la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Alfonso Martín.- Por Unión General de los Trabajadores, Gustavo Adolfo Santana Martel.

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