Gobierno de Canarias

Comunidad Autónoma de Canarias

Boletín Oficial de Canarias

Estás en:

BOC Nº 234. Lunes 3 de Diciembre de 2018 - 5568

ATENCION. La versión HTML de este documento no es oficial. Para obtener una versión oficial, debe descargar el archivo en formato PDF.

III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad

5568 ORDEN de 10 de mayo de 2018, por la que se formula la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto denominado "Interconexión eléctrica cable submarino a 132 kV, simple circuito, entre la S.E. Playa Blanca (Lanzarote) y la S.E. La Oliva (Fuerteventura)" promovido por Red Eléctrica de España, en los términos municipales de La Oliva, isla de Fuerteventura, y Yaiza, isla de Lanzarote.- Expte. 2012/0628-CPIA.

13 páginas. Formato de archivo en PDF/Adobe Acrobat. Tamaño: 890.73 Kb.
BOC-A-2018-234-5568. Firma electrónica - Descargar

ANTECEDENTES

1º) Con fecha 23 de marzo de 2012, la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias remitió a la Viceconsejería de Medio Ambiente, como órgano sustantivo, el documento inicial del proyecto denominado "Interconexión eléctrica cable submarino a 132 kV, simple circuito, entre la S.E. Playa Blanca (Lanzarote) y la S.E. La Oliva (Fuerteventura)" promovido por Red Eléctrica de España (REE), en los términos municipales de La Oliva, isla de Fuerteventura, y Yaiza, isla de Lanzarote.

2º) Una vez realizado el trámite de consultas previas previsto legalmente, con fecha 23 de octubre de 2013 la Viceconsejería de Medio Ambiente comunica al promotor y a la citada Dirección General oficio por el que se determinó el alcance y contenido del Estudio de Impacto Ambiental. En relación con este trámite con fecha 9 de junio de 2014 se recibe solicitud de REE de ampliación del plazo para la presentación del Estudio de Impacto Ambiental.

3º) Posteriormente, la misma Dirección General de Industria y Energía remitió a esta Viceconsejería de Medio Ambiente solicitud con fecha 30 de diciembre de 2015 al objeto de que por parte del órgano ambiental se formulase la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental. Esta documentación se complementa con la enviada posteriormente el 13 de mayo de 2016 y el 27 de mayo de 2016. Debe señalarse que en el primero de estos escritos se invocan expresamente la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental; y la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales.

4º) La evaluación ambiental se ha tramitado teniendo en cuenta toda la documentación remitida por la Dirección General de Industria y Energía y que forma parte del correspondiente expediente administrativo, a saber:

- Documentación relativa al trámite de Información Pública y de Consultas, que incluye las certificaciones acreditativas de la fase de Información Pública. La publicación del anuncio de la información pública en el BOC se realizó con fecha 3 de noviembre de 2015.

- Proyecto técnico elaborado en junio de 2015.

- Estudio de Impacto Ambiental elaborado en junio de 2015.

5º) Asimismo se han tenido en cuenta los informes emitidos por diversas instituciones y administraciones públicas, así como la información de las unidades administrativas de este Departamento, para una mejor evaluación del proyecto.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I. En un primer momento al presente expediente se le aplicó el régimen jurídico conformado por la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico; el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero (TRLEIAP), modificado por la Ley 6/2010, de 24 de marzo; y el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, en concreto en cuanto a la realización del trámite de consultas previas a que se refieren los antecedentes 1º y 2º de esta orden.

Si bien mediante el escrito de 30 de diciembre de 2015 mencionado en el siguiente antecedente 3º, la Dirección General de Energía e Industria, como órgano sustantivo, solicitó el inicio de la evaluación ambiental invocando expresamente la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental; y la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales.

En ambas disposiciones se establece la obligación de formular Declaración de Impacto Ambiental con carácter previo a la resolución administrativa que se adopte para la realización o, en su caso, autorización de las obras, instalaciones o actividades comprendidas en los anexos de las citadas disposiciones.

Si bien en cuanto a la fase previa de consultas regulada en el artículo 34 de la norma estatal y en el artículo 36 de la norma autonómica, encontramos un tratamiento distinto por cuanto que la primera de ellas recoge dicho trámite previo a la evaluación ambiental como potestativo, al señalarse expresamente en su artículo 33.2.a) que "con carácter potestativo, el promotor podrá solicitar, de conformidad con el artículo 34, que el órgano ambiental elabore el documento de alcance del estudio de impacto ambiental", facultad que no fue contemplada por el legislador autonómico y que sin embargo sí se contempla en la Directiva 2011/92/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.

Al respecto, el informe de 3 de diciembre de 2015 de la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias, concluyó que el artículo 36 de la Ley 14/2014 parece referirse a otra fase del procedimiento, -no antes del inicio-, sino una vez iniciado, y que en cualquier caso la previsión del citado precepto no puede considerar en ningún caso una interpretación que contravenga la norma básica reguladora en cuanto al aspecto esencial del carácter potestativo para el promotor del trámite previsto en el artículo 33.2.a). La aplicación de este criterio al caso que nos ocupa supone considerar iniciado el procedimiento de evaluación ambiental a partir del escrito de 27 de mayo de 2016 dirigido por la Dirección General de Industria y Energía a la Viceconsejería de Medio Ambiente y nombrado en el antecedente 3º, dado que mediante el mismo queda completado el expediente en los términos del artículo 39 de la misma Ley 21/2013.

Procede tramitar pues el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, en aplicación de lo previsto en el artículo 7.1.a) de la citada ley estatal, al estimarse comprendido el proyecto en su Anexo I, grupo 9. Otros proyectos, letra a). Los siguientes proyectos cuando se desarrollen en espacios naturales protegidos, red natura 2000 y áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y la biodiversidad, apartado 6º. Líneas para la transmisión de energía eléctrica cuyo trazado afecte a los espacios naturales considerados en este artículo con una longitud superior a 3 km, excluidas las que atraviesen zonas urbanizadas.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias aparecía también recogido en la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales, en su Anexo I Grupo 9. Otros proyectos, letra a). Los siguientes proyectos cuando se desarrollen en los espacios naturales protegidos, Red Natura 2000 y áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, apartado 7º. Líneas para la transmisión de energía eléctrica con una longitud superior a 3 kilómetros. Si bien esta última ley territorial ha sido derogada por la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que contiene igualmente este supuesto en el apartado A de su anexo, en concreto en el Grupo 9 Otros proyectos, letra a). Los siguientes proyectos cuando se desarrollen en los espacios naturales protegidos, espacios protegidos Red Natura 2000 y áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, apartado 7º Líneas para la transmisión de energía eléctrica con una longitud superior a 3 kilómetros.

En cuanto a la Declaración de Impacto Ambiental, en aplicación del artículo 41.2 de la nombrada Ley 21/2013, tendrá naturaleza de informe preceptivo y determinante, y determinará si procede o no, a los efectos ambientales, la realización del proyecto y, en su caso, las condiciones en las que puede desarrollarse, las medidas correctoras, y las medidas compensatorias. Este mismo precepto y apartado establece además su contenido mínimo.

Respecto a la vigencia de la presente Declaración de Impacto Ambiental, procede aplicar el plazo de cuatro años, contado a partir de la publicación de la declaración de impacto ambiental, fijado en el artículo 43.1 de la misma norma estatal.

II. En cuanto al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, se solicitó informe a los Servicios de Patrimonio Histórico de los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, en relación con las actuaciones del proyecto.

III. Respecto a la competencia para actuar como órgano ambiental en la presente evaluación ambiental, la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) es el órgano competente para formular la Declaración de Impacto Ambiental, en virtud de lo previsto en el artículo 23.3 de la antes mencionada Ley 14/2014, de 26 de diciembre, en la redacción dada por la Ley 9/2015, de 27 de abril.

Posteriormente, mediante acuerdo de la COTMAC de 2 de octubre de 2015 (BOC nº 202, de 16 de octubre), se delegó en la persona titular de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad la competencia que corresponde a la COTMAC como órgano ambiental en la emisión de las declaraciones de impacto ambiental.

Al respecto debemos señalar que si bien la Disposición derogatoria de la ya nombrada Ley 4/2017, de 13 de julio, derogó con su entrada en vigor el pasado 1 de septiembre de 2017 la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, el apartado 4 de la disposición adicional primera de aquella misma norma legal establece que "A los efectos de la presente ley, el órgano ambiental será el que designe la administración competente para autorizar o aprobar el proyecto, debiendo garantizarse la debida separación funcional y orgánica respecto del órgano sustantivo en los términos previstos en la legislación estatal básica". Al tratarse de un proyecto cuya autorización compete a un órgano de la Administración autonómica, como es la Dirección General de Industria y Energía, procede aplicar lo dispuesto en la Disposición adicional vigésimo segunda de la reiterada Ley 4/2017 que señala que "En tanto el Gobierno de Canarias procede a regular la composición, la estructura y el régimen de funcionamiento del órgano que se refiere el artículo 12.5 de la presente ley, la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias asumirá el desempeño provisional de las funciones señaladas en ese precepto, así como cualquier otra competencia atribuida genéricamente a la Administración autonómica por esta ley", entre las que debemos incluir las propias del órgano ambiental para la evaluación de impacto ambiental de proyectos.

Consideramos por tanto que la COTMAC, cuyas competencias ejerce por delegación esta Consejería, sigue siendo con la entrada en vigor de la Ley 4/2017 el órgano competente para formular las declaraciones de impacto ambiental de proyectos de autorización o aprobación autonómica como el que nos ocupa.

Por su parte, la Viceconsejería de Medio Ambiente, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 11.1 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica; así como el artículo 18.1 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, aprobado por Decreto 137/2016, de 24 de octubre, ha propuesto con fecha de 4 de abril de 2018 la pertinente declaración de impacto ambiental.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Formular por delegación la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto denominado "Interconexión eléctrica cable submarino a 132 kV, simple circuito, entre la S.E. Playa Blanca (Lanzarote) y la S.E. La Oliva (Fuerteventura)", determinando, a los solos efectos ambientales, que procede su realización, con el siguiente contenido:

Ver anexo en las páginas 40977-40986 del documento Descargar

Segundo.- Notificar la presente orden a Red Eléctrica de España; a la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias; al Cabildo de Fuerteventura; al Cabildo de Lanzarote; al Ayuntamiento de La Oliva; al Ayuntamiento de Yaiza; y a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural.

Tercero.- Publicar esta declaración de impacto ambiental en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra el presente acto, por ser de trámite, no cabe recurso alguno, pudiendo no obstante interponerse el que se considere más oportuno, de entenderse que se da alguno de los supuestos excepcionales establecidos en el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de mayo de 2018.

LA CONSEJERA DE POLÍTICA TERRITORIAL,

SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD

(p.d. Acuerdo de la COTMAC de 2.10.15),

Nieves Lady Barreto Hernández.

© Gobierno de Canarias