Gobierno de Canarias

Comunidad Autónoma de Canarias

Boletín Oficial de Canarias

Estás en:

BOC Nº 197. Miércoles 10 de Octubre de 2018 - 4614

ATENCION. La versión HTML de este documento no es oficial. Para obtener una versión oficial, debe descargar el archivo en formato PDF.

III. OTRAS RESOLUCIONES - Presidencia del Gobierno

4614 Secretaría General.- Resolución de 2 de octubre de 2018, por la que se dispone la publicación del Acuerdo que modifica el Acuerdo de Gobierno de 12 de septiembre de 2013, por el que se dictan instrucciones para la correcta ejecución de los servicios externos que se contraten en el ámbito del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias.

6 páginas. Formato de archivo en PDF/Adobe Acrobat. Tamaño: 332.13 Kb.
BOC-A-2018-197-4614. Firma electrónica - Descargar

Adoptado por el Gobierno de Canarias, en sesión de 17 de septiembre de 2018, el Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo de Gobierno de 12 de septiembre de 2013, por el que se dictan instrucciones para la correcta ejecución de los servicios externos que se contraten en el ámbito del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, y habiéndose incorporado al expediente la formalización pendiente de los informes de las Direcciones Generales de Planificación y Presupuesto, Modernización y Calidad de los Servicios y Junta Consultiva de Contratación y de conformidad con el apartado segundo del citado Acuerdo,

R E S U E L V O:

Disponer la publicación del Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo de Gobierno de 12 de septiembre de 2013, por el que se dictan instrucciones para la correcta ejecución de los servicios externos que se contraten en el ámbito del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, que figura como anexo.

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de octubre de 2018.- El Secretario General, Ceferino José Marrero Fariña.

A N E X O

El Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el día 17 de septiembre de 2018, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

11.- PROPUESTA DE ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL ACUERDO DE GOBIERNO DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2013, POR EL QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS EXTERNOS QUE SE CONTRATEN EN EL ÁMBITO DEL SECTOR PÚBLICO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS (CONSEJERÍAS DE HACIENDA Y DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD).

En el orden laboral, el artículo 43 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, que tiene un contenido equivalente al recogido en el artículo 43 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, dispone:

"1. La contratación de trabajadores para cederlos temporalmente a otra empresa solo podrá efectuarse a través de empresas de trabajo temporal debidamente autorizadas en los términos que legalmente se establezcan.

2. En todo caso, se entiende que se incurre en la cesión ilegal de trabajadores contemplada en este artículo cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias: que el objeto de los contratos de servicios entre las empresas se limite a una mera puesta a disposición de los trabajadores de la empresa cedente a la empresa cesionaria, o que la empresa cedente carezca de una actividad o de una organización propia y estable, o no cuente con los medios necesarios para el desarrollo de su actividad, o no ejerza las funciones inherentes a su condición de empresario.

3. Los empresarios, cedente y cesionario, que infrinjan lo señalado en los apartados anteriores responderán solidariamente de las obligaciones contraídas con los trabajadores y con la Seguridad Social, sin perjuicio de las demás responsabilidades, incluso penales, que procedan por dichos actos.

4. Los trabajadores sometidos al tráfico prohibido tendrán derecho a adquirir la condición de fijos, a su elección, en la empresa cedente o cesionaria. Los derechos y obligaciones del trabajador en la empresa cesionaria serán los que correspondan en condiciones ordinarias a un trabajador que preste servicios en el mismo o equivalente puesto de trabajo, si bien la antigüedad se computará desde el inicio de la cesión ilegal."

Sin embargo, en el ámbito del derecho administrativo, rigen los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso al empleo público, que se elevan a rango constitucional, al recogerse en los artículos 14, 23.2 y 103 de la Constitución Española. En este sentido, el artículo 19 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, establece que "las Administraciones Públicas seleccionarán su personal, ya sea funcionario, ya sea laboral, de acuerdo con su oferta de empleo público, mediante convocatoria pública y a través del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición libre, en los que se garanticen en todo caso los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad". Este precepto, que se califica en el artículo 1.3 de la citada Ley como una de las bases del régimen estatutario de la función pública, resulta aplicable, por tanto, a todas las Administraciones, y contiene un mandato de carácter imperativo. Se impone en él la aplicación al personal laboral de los criterios de selección tradicionales en la función pública y ello tiene una indudable trascendencia en orden al sistema de garantías que el propio precepto menciona y que enlazan con las previsiones constitucionales sobre la igualdad de los ciudadanos en el acceso a la función pública (artículos 14 y 23 de la Constitución), entendida aquella en sentido amplio -como empleo público- y en la aplicación para dicho acceso de los principios de mérito y capacidad (artº. 103.3 de la Constitución). Y siguiendo la misma línea el artículo 55.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, dispone que: "todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico" y añade en su apartado 2 que en los procedimientos de selección de su personal funcionario y laboral se garantizará la publicidad, la transparencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los órganos de selección, entre otros principios.

Salta a la vista que existe una contradicción entre el orden laboral y el administrativo. Mientras que el primero se construye al compás del espíritu proteccionista del legislador hacia los trabajadores que vela por la defensa de la estabilidad del empleo frente a las actuaciones que, prevaliéndose de una posición de debilidad contractual del trabajador, tratan de imponer una temporalidad no justificada. El segundo se inspira en la prevalencia del interés público.

La contradicción entre el ordenamiento jurídico administrativo y el laboral se ha salvado en los Tribunales de Justicia posicionándose a favor de los derechos de los trabajadores, lo que ha supuesto que por esta vía irregular han ingresado en el sector público un considerable número de trabajadores bajo la condición de personal laboral indefinido no fijo.

Esto supone el acceso a la Administración (al sector público en general) eludiendo los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, a través de procedimientos que no garantizan, tal como recoge el artículo 55 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, además de esos principios, la publicidad y la transparencia, así como la imparcialidad y profesionalidad de los órganos de selección. Además, afectan al mandato constitucional de realizar una programación y ejecución del gasto público con criterios de eficiencia y economía.

Con el fin de poner freno a esta situación ampliamente denunciada por el Tribunal de Cuentas, por los diversos informes de control financiero de las Intervenciones de las distintas Administraciones Públicas, así como por los diversos y respectivos órganos competentes en materia de recursos humanos, y en un contexto de claro recorte de gasto público en plena crisis económica, el Estado, a través de la Disposición adicional primera del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, estableció el mandato a los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público de acuerdo con el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, de dictar en sus respectivos ámbitos de competencias las instrucciones pertinentes para la correcta ejecución de los servicios externos que hubieran contratado, de manera que quede clarificada la relación entre los gestores de la Administración y el personal de la empresa contratada, evitando, en todo caso, actos que pudieran considerarse como determinantes para el reconocimiento de una relación laboral.

En ejecución de este mandato, diversos organismos y entidades públicas han dictado instrucciones internas de buenas prácticas en la gestión de la ejecución de los contratos, especialmente de servicios, y modelos de cláusulas a incluir en los correspondientes pliegos; así mismo ha sido objeto de análisis y recomendación por distintas Juntas Consultivas de Contratación Administrativa.

El Gobierno del Estado optó por dictar una instrucción general para todo el sector público estatal, el 28 de diciembre de 2012: Instrucciones sobre buenas prácticas para la gestión de las contrataciones de servicios y encomiendas de gestión a fin de evitar incurrir en supuestos de cesión ilegal de trabajadores, de la Subsecretaría de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

En la Comunidad Autónoma de Canarias, el Gobierno de Canarias adoptó el Acuerdo de 12 de septiembre de 2013, por el que se dictan instrucciones para la correcta ejecución de los servicios externos que se contraten en el ámbito del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, que tienen como finalidad evitar el riesgo de que los trabajadores de las empresas de servicios contratadas por la Administración, por las condiciones en que se desarrolla y organiza la actividad contratada, se conviertan en personal laboral de la Administración contratante en virtud de sentencias judiciales, eliminando los indicios por los que los Tribunales de Justicia han considerado que la externalización de los servicios por vía de los contratos administrativos esconden una cesión ilegal de trabajadores.

Dichas instrucciones, al igual que las dictadas en el ámbito estatal, no acotan su ámbito de aplicación a los contratos de servicios, sino que se extiende a las encomiendas de gestión previstas en los artículos 4.1.n) y 24.6 del derogado texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que actualmente se contemplan en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

La aplicación de dichas instrucciones durante estos años aconseja matizar su alcance por lo que se refiere a las encomiendas de gestión.

En este sentido, en la Instrucción 4 en su apartado 2, se establece que "en ningún caso los trabajadores de las empresas contratistas, ni aquellos que presten servicios en virtud de una encomienda de gestión, podrán percibir indemnizaciones por razón de servicio con cargo a los presupuestos de los órganos o entes contratantes. En los contratos de servicio y en las encomiendas no podrá figurar cláusula alguna sobre incentivos destinado a retribuir un especial rendimiento de los trabajadores adscritos por la empresa contratista a la ejecución del servicio".

La discontinuidad entre ambos sujetos (Administración y empresa contratada) obligaba con toda lógica a separar ambos presupuestos, no imputándose a la Administración los gastos ocasionados por la empresa contratada o encomendada. Dicha previsión abarca no solo a las indemnizaciones por razón de servicio, sino a cualquier gasto que genere la empresa en su normal funcionamiento.

Se trata de una previsión ordenada con toda exhaustividad y con gran similitud tanto en la Instrucción dictada para el sector público estatal como la aprobada por el referido Acuerdo del Gobierno de 12 septiembre de 2013, prohibiendo todas aquellas medidas que puedan inducir a una confusión entre los recursos humanos de ambos sujetos. Dichas medidas no solo abarcan la gestión de personal (vacaciones, permisos, órdenes de servicio ...), sino también de utilización de recursos materiales y económicos (acceso a cursos y ayudas sociales, uso de dependencias, material y aparcamientos; uso de medios de transporte, indemnizaciones por razón de servicio, ...), y, por supuesto, el régimen retributivo.

Respecto de las retribuciones, aunque parten del mismo principio de no interferencia, las reiteradas Instrucciones se diferencian, ya que en la aplicable al sector público de la Comunidad Autónoma establece una previsión para las encomiendas de gestión que no se recoge en la aplicable al sector público estatal, provocando unas consecuencias que distorsionan y dificultan el normal funcionamiento de las sociedades que son medios propios personificados de la Administración Pública autonómica.

Aunque resulta claro que ambos regímenes retributivos deben estar diferenciados y sufragarse con total distinción del presupuesto al que se imputan (Administración, por un lado; y empresa contratada o empresa encomendada, por otro), la mecánica de la dotación presupuestaria de las empresas a las que se encomienda un servicio, en su calidad de medio propio personificado de la Administración, es totalmente distinta de la de una empresa externa de carácter privado, en la que no concurre dicha condición.

Así, las empresas privadas se financian con sus propios recursos y con ellos ha de atender y prestar los servicios que se le contraten; y, por su parte, las empresas públicas del sector público autonómico, que tengan la condición de "medio propio personificado" de la Administración en los términos que prescribe el artículo 32 de la Ley de Contratos del Sector Público, no solo se nutren de sus propios recursos, sino muchas veces del crédito que les transfiere nuestra Administración para la ejecución de la encomienda de los servicios que se le hagan, incluyendo dentro de este importe el relativo a las retribuciones del personal, abarcando las mismas no solo las fijas y periódicas, sino aquellas que incentiven un especial rendimiento dentro de la empresa.

Lo que persiguen las Instrucciones dictadas por todos los entes a los que obliga la Disposición adicional primera del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, es evitar cualquier injerencia del poder adjudicador del servicio o de la encomienda en la política retributiva de la empresa contratista o encomendataria, al objeto de evitar cualquier indicio de una posible cesión ilegal de trabajadores.

Pero, ello no es óbice para que la empresa contratista o la empresa encomendataria, en el ejercicio de la autonomía de su voluntad y del derecho da la negociación colectiva, pueda fijar un complemento salarial de productividad a los trabajadores dentro de los límites del contrato de servicio y de las disponibilidades presupuestarias.

De ahí que las Instrucciones de la Administración del Estado, con acierto y a diferencia de las aprobadas por el Gobierno el 12 septiembre de 2013, solo establezcan la prohibición de los contratos de servicios de "establecer cláusulas sobre incentivos destinados a retribuir un especial rendimiento de los trabajadores adscritos por la empresa contratista a la ejecución del servicio", sin hacer mención a las encomiendas.

En consecuencia, resulta conveniente modificar el referido Acuerdo del Gobierno de 12 septiembre de 2013, por el que se dictan instrucciones para la correcta ejecución de los servicios externos que se contraten en el ámbito del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el sentido indicado.

Visto informe de la Dirección General de la Función Pública.

Visto que con fecha de 12 de septiembre de 2018 se solicitaron peticiones de informe a la Dirección General de Planificación y Presupuesto, Junta Consultiva de Contratación Administrativa y a la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios.

Visto informe de la Comisión Preparatoria de Asuntos del Gobierno del día 12 de septiembre de 2018.

En su virtud, pendiente de la formalización de los informes favorables, el Gobierno, tras deliberar, y a propuesta conjunta de la Consejera de Hacienda y del Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, acuerda:

Primero.- Modificar el apartado 2 de la Instrucción 4.- Sobre la ejecución de los contratos recogida en el anexo del Acuerdo del Gobierno de Canarias de 12 de septiembre de 2013, por el que se dictan instrucciones para la correcta ejecución de los servicios externos que se contraten en el ámbito del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, quedando redactado en los siguientes términos:

"4.2.- En ningún caso los trabajadores de las empresas contratistas, ni aquellos que presten servicios en virtud de una encomienda de gestión, podrán percibir indemnizaciones por razón de servicio con cargo a los presupuestos de los órganos o entes contratantes. En los contratos de servicio no podrá figurar cláusula alguna sobre incentivos destinados a retribuir un especial rendimiento de los trabajadores adscritos por la empresa contratista a la ejecución del servicio."

Segundo.- El presente Acuerdo se publicará en el Boletín Oficial de Canarias.

© Gobierno de Canarias