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BOC Nº 147. Martes 31 de Julio de 2018 - 3640

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V. ANUNCIOS - Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad

3640 Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana.- Anuncio de 20 de julio de 2018, por el que se hace pública la modificación de los Estatutos del Consejo Canario de Colegios de Administradores de Fincas.

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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 del Decreto 277/1990, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Colegios Profesionales de Canarias, se procede a la publicación de los estatutos del Consejo Canario de Colegios de Administradores de Fincas, inscritos en el Registro de Colegios Profesionales de Canarias con fecha 25 de junio de 2018, en los términos del anexo.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de julio de 2018.- La Directora General de Transparencia y Participación Ciudadana, Ascensión Toledo Hernández.

A N E X O

ESTATUTOS DEL CONSEJO CANARIO DE COLEGIOS DE ADMINISTRADORES DE FINCAS.

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES.

CAPÍTULO I. NATURALEZA, PERSONALIDAD JURÍDICA Y DOMICILIO.

Artículos 1, 2, 3.

CAPÍTULO II. FINES, FUNCIONES Y COMPETENCIAS.

Artículos 4, 5.

CAPÍTULO III. ORGANIZACIÓN INTERNA.

Artículos 6. Órganos de Gobierno. Composición.

Artículos 7 a 12. El Pleno.

Artículos 13 a 16. La Junta de Gobierno.

Artículos 17 a 20. De las sesiones.

Artículo 21. De las votaciones.

CAPÍTULO IV. LOS CARGOS DEL CONSEJO Y SUS FUNCIONES.

Artículos 22. El Presidente.

Artículo 23. El Vicepresidente.

Artículo 24. El Secretario.

Artículo 25. El Tesorero.

Artículo 26. El Contador-Censor.

Artículo 27. Los Consejeros.

CAPÍTULO V. RECURSOS ECONÓMICOS.

Artículo 28.

CAPÍTULO VI. RÉGIMEN JURÍDICO DISCIPLINARIO DEL CONSEJO.

Artículo 29 a 34.

SECCIÓN PRIMERA. De las infracciones o faltas.

Artículos 35 a 38.

SECCIÓN SEGUNDA. De las sanciones.

Artículos 39 a 48.

CAPÍTULO VII. RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ACTOS.

Artículos 49 a 5.

Artículos 52 a 54. De los recursos.

TÍTULO II. PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS.

Artículos 55, 56.

TÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE EXTINCIÓN DEL CONSEJO.

Artículos 57, 58.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.

DISPOSICIÓN FINAL.

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO PRIMERO

Artículo 1.- Personalidad jurídica y ámbito de actuación.

El Consejo Canario de Colegios de Administradores de Fincas, es una Corporación de Derecho Público, amparada por la Ley y reconocida por el estado, con personalidad jurídica propia, independiente y plena de capacidad para obrar para la consecuencia de sus fines y ejercicio de las facultades que le son propias, que aglutina a los Colegios Profesionales Territoriales de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas.

Su ámbito de actuación es el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Podrá adquirir y poseer toda clase de bienes, enajenarlos, administrarlos y darles el destino que más convenga a sus intereses profesionales y económicos.

Asimismo, podrá comparecer ante los Tribunales y Autoridades de las distintas órdenes y grados de jerarquía, con el fin de ejercitar cuantas acciones, excepciones y peticiones estime procedentes, en defensa de la profesión, de su patrimonio y, en general, de los derechos dimanantes de los presentes Estatutos y disposiciones concordantes y complementarias.

Artículo 2.- Regulación.

El Consejo Canario de Colegios de Administradores de Fincas se regirá por los presentes Estatutos y por su Reglamento de Régimen Interior válidamente aprobados.

En todo aquello no establecido especialmente, con carácter supletorio y, en su caso, como norma de obligado cumplimiento, se regirá por las disposiciones contenidas en la correspondiente regulación autonómica sobre Colegios Profesionales de Canarias, regulación estatal sobre Colegios profesionales y Estatutos Generales de la Profesión, así como cualquier otra disposición legal que le sea de aplicación.

Artículo 3.- Domicilio.

El domicilio del Consejo Canario de Colegios de Administradores de Fincas, tendrá en principio su sede compartida, aunque podrá alternarse en su caso, entre Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, estando constituida por el mismo domicilio que corresponda en cada caso, al Colegio Territorial de Administradores de fincas de cada Provincia.

Cualquier variación al respecto, podrá ser adoptada mediante acuerdo del propio Consejo, aprobado por la mayoría simple de sus miembros, todo ello sin perjuicio de la regulación reglamentaria correspondiente a estos efectos.

CAPÍTULO II

FINES Y FUNCIONES

Artículo 4.- Son fines esenciales del Consejo los recogidos en los presentes Estatutos y generales de la profesión, la ordenación del ejercicio de la profesión en el ámbito de su competencia, la adopción de cuantas medidas considere necesarias para ello y la ejecución de las funciones que le son propias conforme a la legislación vigente, la defensa de los intereses de los Colegios Profesionales que lo componen y sus colegiados ante el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canaria y demás administraciones públicas autonómica, la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de los mismo, coordinando lo intereses de los respectivos Colegios y sus afiliados, con el posible servicio a la sociedad. Todo ello con absoluto respeto a la autonomía e independencia de los mismos y sin injerencia en las funciones que a estos son propias.

Artículo 5.- Corresponde al Consejo Canario de Colegios de Administradores de Fincas las siguientes funciones:

1. Coordinar la actuación de los Colegios que lo integran.

2. Representar y defender a la profesión y sus intereses en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias y ante los correspondientes Consejos Generales, siempre que lo permitan las normas reguladoras de estos.

3. Resolver los conflictos que se susciten entre los Colegios que la componen.

4. Elaborar, aprobar y modificar sus propios Estatutos, así como reglamentos de régimen interior.

5. Promover y proponer la modificación, de forma fundamentada, de los estatutos de los Colegios profesionales que lo integran cuando así lo considere necesario para la defensa de sus fines y los intereses que le son propios.

6. Resolver, si así se prevé en los respectivos Estatutos, los recursos de alzada que se interpongan contra los actos de los órganos de gobierno de los Colegios miembros.

7. Asimismo, podrá resolver en alzada, si así se prevé en los respectivos Estatutos, los recursos que se interpongan contra las resoluciones que pongan fin al procedimiento disciplinario o a su no incoación.

8. Ejercer las funciones disciplinarias sobre los miembros de las Juntas de Gobierno de los Colegios del Consejo.

9. Acordar la convocatoria de elecciones en cualquiera de los colegios que lo componen, en el supuesto de quedar vacantes la totalidad de los cargos de la Junta de Gobierno. Y si una vez celebradas, quedaran vacantes la mayoría de los cargos, proceder a completarlos mediante sorteo entre los colegiados.

10. Elaborar las normas deontológicas comunes al ámbito profesional que representa y velar por su cumplimiento sin perjuicio de las competencias de cada Colegio miembro.

11. Aprobar sus presupuestos, balances del año anterior y liquidación de las cuentas anuales, así como las cuotas de contribución de los respectivos colegios que la forman.

12. Fijar proporcionalmente la aportación económica da los Colegios al presupuesto de ingresos del Consejo.

13. Velar porque la actividad de los Colegios y de sus miembros se dirija a la satisfacción de los intereses generales de la sociedad.

14. Realizar cuantas actuaciones y actividades considere necesarias para la defensa de los intereses que le son propios y de los profesionales a los que representa.

15. Ejercer las funciones delegadas por las Administraciones Públicas de Canarias o las que sean objeto de convenios de colaboración con las mismas.

16. Informar con carácter preceptivo, no vinculante, los proyectos normativos de la Comunidad Autónoma de Canaria o del Gobierno de Canarias que afecten a los Colegios Profesionales de Administradores de Fincas, al ejercicio de la profesión, o intereses de los mismos en los términos legalmente establecidos.

17. Informar con carácter preceptivo, No Vinculante los proyectos de fusión, absorción, segregación, cambio de denominación y disolución de los Colegios Profesionales de Administradores de Fincas de la Comunidad Autónoma de Canaria.

18. Elegir representantes de los Colegios Profesionales de Administradores de Fincas que lo componen, o del propio Consejo para participar en los Consejos y Órganos Consultivos de la Comunidad Autónoma Canaria cuando estuviere así establecido o fuere requerido para ello.

19. Cualquier otra recogida en los presentes Estatutos y los propios de los Colegios que la componen, así como las atribuidas por la legislación vigente que le sea aplicable, siempre que no interfieran la autonomía y competencia propias de cada Colegio.

CAPÍTULO III

ORGANIZACIÓN INTERNA

Artículo 6.- Composición.

El Consejo Canario de Colegios de Administradores de Fincas estará compuesto, como mínimo, por los siguientes órganos:

1. Pleno y la Junta de Gobierno (como órganos colegiados).

2. El Presidente, el Vicepresidente, el Secretario, el Tesorero, el Contador-Censor y los Vocales (como órganos unipersonales).

Ambos con las atribuciones que para cada uno de ellos se establecen en los presentes Estatutos.

Artículo 7.- El Pleno.

1. El Pleno es el órgano supremo de expresión de la voluntad del Consejo Canario de Colegios de Administradores de Fincas. Sus acuerdos son de obligado cumplimiento para todos los Colegios Territoriales que lo componen.

2. El Pleno está compuesto:

- Por los Presidentes de cada uno de los Colegios Territoriales que integran el Consejo Canario como Consejeros natos con derecho a voz y voto.

- Por diez consejeros designados según corresponda, por cada uno de los colegios que integran el Consejo. Para su designación se computará el número total de colegiados que forman los colegios integrantes del Consejo en cada momento, tomando como referencia para ello los existentes al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, procediendo en base a ello al reparto proporcional de los mismos. A cada entero corresponderá un consejero y el/los restantes serán adjudicados a las fracciones mayores resultantes de la operación anterior.

Artículo 8.- El Pleno del Consejo elegirá de entre sus miembros, de conformidad con lo establecido en los presentes Estatutos, un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y un Contador-Censor.

El Presidente y Vicepresidente deberán ser necesariamente Presidentes de sus respectivos colegios. Perdiendo tal consideración, así como la de Consejero, si dejan de serlo. En el caso de los consejeros, también dejarán de serlo si pierden su condición de colegiado en el Colegio profesional por el que fueron designados.

Artículo 9.- De producirse empate para la designación de los cargos citados, se celebrará una nueva votación en la que solo serán elegibles quienes hayan obtenido igual número de votos. En caso de igualdad tras esta segunda votación resultará elegido el candidato de mayor antigüedad de colegiación en cualquiera de los Colegios profesionales que componen el Consejo.

La duración del cargo será de dos años a contar desde el momento de la elección, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes.

En caso de producirse el cese de alguno de los miembros del Consejo, habrá de ser convocado el Pleno en el plazo de los 30 días hábiles siguientes a que se produzca dicha baja para proceder a su sustitución.

De tratarse del cargo de presidente, si dejara de serlo del colegio al que representa dentro del plazo de los dos años del mandato correspondiente al mismo, el nuevo presidente de dicho colegio, ocupará el cargo automáticamente, y durante el periodo de tiempo que restare por cumplir

Artículo 10.- No podrán formar parte del pleno del Consejo:

- Los colegiados que hayan sido condenados por sentencia firme que lleve aparejada la inhabilitación o suspensión para cargos públicos en tanto esta subsista.

- Los colegiados a quienes se haya impuesto sanciones disciplinarias por faltas graves o muy graves mientras no hayan sido canceladas.

- Los que no se encuentre dados de alta como ejercientes en el Colegio profesional que lo designa.

- Y los que no se encuentran al corriente de las cuotas y derramas colegiales con excepción de los colegiados que hayan acordado con sus respectivos colegios, y de forma expresa el pago fraccionado de la deuda. En caso de incumplimiento de pago de la deuda se perderá de forma automática la condición de consejero.

Artículo 11.- Los miembros del Consejo cesaran por las siguientes causas:

- Expiración del plazo para el que fueron designados, siendo sustituidos por quienes les sucedan en el cargo.

- Incumplimiento sobrevenido de los requisitos estatutarios para desempeñar el cargo, previa audiencia del interesado.

- Revocación de su cargo acordada por las dos terceras partes de la Junta de Gobierno del Colegio que lo designó, la cual entrará en vigor desde el mismo momento en que sea comunicada al Consejo junto con la designación de sus sustituto.

- El voto de censura favorable de las tres cuartas partes del Pleno del Consejo.

- Renuncia del interesado.

Artículo 12.- La identificación de las personas que ostentan los cargos de los órganos de gobierno y sus renovaciones, se comunicará al Registro de Colegios y Consejos de Colegios de Canarias, conforme a lo establecido en la Ley Territorial 10/1990, de 23 de mayo y disposiciones concordantes vigentes en cada momento.

Artículo 13.- La Junta de Gobierno del Consejo.

Constituirán la Junta de Gobierno del Consejo, que funcionará como Comisión Permanente del mismo: el Presidente, el Vicepresidente, el Secretario, el Tesorero y el Contador-Censor.

Artículo 14.- La Junta de Gobierno del Consejo adoptará decisiones ejecutivas en todas las materias competencia del Pleno y cualquier contemplada en los presentes estatutos. En todo caso, corresponde a la misma, el cumplimiento y la ejecución de los acuerdos del Pleno, la preparación de sus sesiones y el despacho de los asuntos que no requieren quórum especial y sean de urgencia. Sus acuerdos se tomarán por mayoría de sus miembros salvo que por los presentes estatutos se establezca otra cosa.

Artículo 15.- Los Consejeros elegidos para ostentar los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Contador-Censor, ejercerán las funciones propias de los mismos durante un periodo de dos años, a partir de la fecha de su nombramiento y siempre y cuando conserven su mandato y los requisitos necesarios para el mantenimiento de dicho cargo.

Artículo 16.- Las vacantes que por causas distinta de la renovación reglamentaria se produzcan serán cubiertas dentro de los treinta días hábiles siguientes. En Consejo adoptará las medidas pertinentes para que no se interrumpa el buen servicio de la Corporación, mientras se provee la vacante.

Artículo 17.- De las sesiones.

El Pleno del Consejo se reunirá obligatoriamente en sesión ordinaria una vez al año, alternando la celebración de sus sesiones entre las sedes de los respectivos colegios que lo componen.

También se podrá reunir, en sesión extraordinaria cuando las circunstancias lo aconsejen, a convocatoria del Presidente por decisión propia o a petición de un cincuenta por ciento de los Consejeros que lo integran.

Ambas sesiones se podrán celebrar utilizando la tecnología de la videoconferencia para evitar los desplazamientos.

Artículo 18.- Las convocatorias se realizarán, como mínimo, con quince días naturales de antelación para las sesiones ordinarias y con siete días naturales para las extraordinarias, haciendo constar en la misma el Orden del día y el lugar fecha y hora en que empezará la sesión en primera y segunda convocatoria. Todo ello salvo en los casos de urgencia, en que podrá reducirse el plazo a juicio del Presidente.

En el orden del día podrán incluirse toda clase de asuntos que se estimen convenientes y necesariamente para la primera de las sesiones ordinarias del año, los puntos relativos a la aprobación de cuentas del ejercicio anterior, los presupuestos del año corriente, memoria anual y la gestión de la Junta de Gobierno, así como un apartado para ruegos, preguntas y proposiciones.

Los consejeros podrán proponer la inclusión de otras cuestiones en el orden del día, haciendo la petición por escrito, que deberá presentarse en la sede del Consejo y a la atención de su Presidente con la suficiente antelación a la fecha de convocatoria de la Junta como para adoptar su decisión de inclusión.

El Pleno del Consejo quedará válidamente constituido si concurren la mitad mas uno de sus consejeros a la primera convocatoria y con cualquier número de miembros que concurran en segunda, debiendo transcurrir entre ambas un periodo mínimo de media hora.

Artículo 19.- La Junta de Gobierno se reunirá cuando la convoque el Presidente o lo soliciten al menos tres de sus miembros, debiendo ser convocada la reunión al menos con siete días naturales de antelación como mínimo, excepto en los casos en que exista motivos de urgencia y haciendo constar en el orden del día los asuntos que hayan de tratarse.

Dichas reuniones se podrán celebrar a través de videoconferencias.

Artículo 20.- La asistencia a las sesiones ordinarias y extraordinarias, tanto del Pleno del Consejo, como de la Junta de Gobierno del mismo será obligatoria, pudiendo ser personal o por representación escrita a favor de otro consejero con independencia del cargo que este ocupe, adjuntando a la misma la identificación correspondiente de quien la otorga.

Sin perjuicio de lo anterior, la falta de asistencia o la delegación de la misma a dos o más sesiones sin justificación suficiente y dentro del mismo año, será sancionada reglamentariamente.

Artículo 21.- De las votaciones.

Los acuerdos del Pleno del Consejo se adoptarán por mayoría simple de votos del total de los componentes del mismo reunidos en primera convocatoria y de los asistentes en segunda. Todo ello salvo que para el acuerdo tuviera expresamente señalado un quórum superior para su aprobación como es el caso de aquellos que afecten a la regulación estatutaria o reglamentaria propia o de los respectivos colegios que la conforman.

Los casos de empate serán resueltos por el voto de calidad del Presidente.

Los acuerdos así adoptados son inmediatamente ejecutivos y de obligado cumplimiento para la totalidad de sus miembros, incluyendo los ausentes o disidentes y sin perjuicio de las acciones legales o administrativas que pudieran corresponderles.

Se levantará acta de los acuerdos de la reunión, cuya redacción será aprobada por la Junta de Gobierno y extendida en un Libro de Actas, foliado y sellado, con la firma del Secretario y el visto bueno del Presidente o quienes les hubieren sustituido en sus funciones.

De los acuerdos adoptados se dará conocimiento a la totalidad de los consejeros en la forma que determine el Reglamente o en su caso, y a través de su Presidente a la Junta de Gobierno de cada Colegio.

CAPÍTULO IV

DE LOS CARGOS DEL CONSEJO Y SUS FUNCIONES

Artículo 22.- Corresponde al Presidente:

1. Ostentar la representación del Consejo en todas sus relaciones con la Administración, Autoridades, Corporaciones, Tribunales y personas tanto físicas como jurídicas, así como la dirección del mismo, supervisando el buen funcionamiento de sus servicios y la decisión sobre actuaciones urgentes, dando cuenta posteriormente a la Junta de Gobierno. Asimismo, promoverá y coordinará cuantas acciones y tareas sean necesarias en orden al mejor cumplimiento y obtención de los fines del consejo y en última instancia de los colegios que lo componen y sus colegiados.

2. Convocar y presidir las sesiones del Pleno del Consejo y de la Junta de Gobierno, y dirigir los debates, abriendo, suspendiendo y cerrando la sesión y utilizando cuando sea necesario con el voto de calidad.

3. Cursar y ordenar la ejecución de los acuerdos que adopte el Pleno, o la Junta de Gobierno en el ámbito de su competencia.

4. Realizar toda clase de operaciones bancarias, conjuntamente con el Secretario o Tesorero, tales como apertura de cuenta, disposición de fondos, libramiento y aceptación de letras de cambio, depósitos de valores y en general, cuanto admita la práctica bancaria, sin excepción.

5. Visar y ordenar los documentos de pago y cobro en relación con los fondos del Consejo.

6. Visar y/o autorizar con su firma los informes, certificados y comunicaciones que sean precisos. Así como firmar cuantos documentos públicos o privados conlleven la representación del Colegio.

7. Nombrar de entre los Consejeros las Comisiones o Ponencias, cuando dicha facultad le haya sido delegada expresamente por el Pleno.

8. Representar al Colegio en juicio y ante toda clase de Tribunales, pudiendo otorgar poderes de representación, con todas las facultades que fueren necesarias.

9. Y en general, ejercitar cuantas facultades le atribuyan los presentes Estatutos, y o legislación vigente no previstas en los apartados anteriores.

Artículo 23.- Corresponde al Vicepresidente la realización de las funciones encomendadas por el Presidente, así como sustituirle en los casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal.

Artículo 24.- Corresponde al Secretario:

1. Redactar las actas de las sesiones del Consejo y de la Junta de Gobierno.

2. Llevar los libros de Actas, Registros y Archivos que sean necesarios, extender y autorizar y emitir las certificaciones, que procedan, así como las comunicaciones y circulares que hayan sido, en su caso, autorizadas por el Pleno de la Junta de Gobierno o el Presidente teniendo a su cargo la custodia de los mismos.

3. Dar cuenta a la Junta y al Pleno, de los expedientes y asuntos que sea preciso tratar.

4. Llevar el censo de todos los Administradores de Fincas de Canarias, llevando un fichero-registro de todos ellos.

5. Intervenir cuando se le indique conjuntamente con el Presidente en toda clase de operaciones bancarias, tales como apertura de cuenta, disposición de fondos, libramiento y aceptación de letras de cambio, depósitos de valores y en general, cuanto admita la práctica bancaria sin excepción.

6. Como tal Secretario, intervendrá en todos los expediente disciplinarios que sean instruidos con el consejero que se designe como instructor de los mismos y llevará el Registro de Sanciones.

7. Elaborar la memoria anual, que deberá someter a la aprobación al Pleno en el primer semestre de cada año.

8. Asumir la jefatura del personal administrativo del Consejo, así como proponer y gestionar cuantos extremos sean conducentes a la buena marcha administrativa.

9. Auxiliar en sus funciones al Presidente.

10. Cuantas otras le sean encomendadas por los presentes estatutos y la legislación vigente.

Artículo 25.- Corresponde al Tesorero:

1. Recaudar y custodiar, bajo su responsabilidad, los caudales pertenecientes al Consejo, manteniendo la reserva aprobada por el Pleno.

2. Llevar, con las debidas formalidades, los libros de cuentas y contabilidad del Consejo, conservando los justificantes correspondientes.

3. Intervenir cuando se le indique conjuntamente con el Presidente en toda clase de operaciones bancarias, tales como apertura de cuenta, disposición de fondos, libramiento y aceptación de letras de cambio, depósitos de valores y en general de cuanto admita la práctica bancaria, sin excepción.

4. Elaborar y presentar las cuentas anuales, la memoria económica y el presupuesto de ingresos y gastos del Consejo, que se someterán a la consideración y aprobación del Pleno del mismo.

5. Autorizar los documentos para pagos, con el visto bueno del Presidente.

6. Llevar el inventario detallado de los bienes propiedad del Consejo y poner de manifiesto a este del estado económico y financiero.

7. Proponer y gestionar cuantas actuaciones sean conducentes a la buena marcha contable y de inversión de fondos del Consejo.

Artículo 26.- Corresponde al Contador-Censor.

1. Inspeccionar e intervenir la contabilidad y la caja del Consejo y en las operaciones relacionadas con las cuentas corrientes y las órdenes de pago, quedando facultado para tomas en cualquier momento las medidas que estime necesarias para salvaguardar los fondos de esta Corporación dando inmediatamente cuenta a la Junta de Gobierno.

2. Controlar el inventario detallado de los bienes propiedad del Consejo presentados por el Tesorero y poner de manifiesto al Pleno del mismo el estado económico y financiero de los mismos.

3. Supervisar conjuntamente con el tesorero los fondos y recursos económicos del Consejo

Artículo 27.- Corresponde a los Consejeros:

1. A) Colaborar en cuantos asuntos del Consejo en General y de la Junta en particular que les fueran encomendados.

2. B) Participar con voz y voto en las decisiones del pleno.

3. C) Proponer asuntos o acciones que fueran de interés para los fines del Consejo y profesionales que representa.

4. D) Sustituir al Secretario, Tesorero y Contador-Censor, así como formar parte de las Comisiones y emitir informes que les haya confiado el Presidente, el Pleno o la Junta. Estas sustituciones se harán por designación de la Junta del Consejo, con la salvedad de la del Secretario cuando esta sea con carácter provisional y para la redacción del acta ante la ausencia del mismo en alguna sesión, en cuyo caso podrá ser designado por el Presidente.

5. Cuantas demás funciones se contemplen en los presentes estatutos o legislación aplicable.

CAPÍTULO V

RECURSOS ECONÓMICOS

Artículo 28.- Para atender a los gastos que se originen para el cumplimiento de los fines y funciones señaladas, el Consejo contará con los siguientes recursos.

a) Con la cuota de aportación de cada Colegio que lo integre, establecida mediante el acuerdo por mayoría simple del propio Consejo y siempre en proporción al número de colegiados que en cada momento figuren dados de alta en cada Colegio.

A tal fin cada Colegio viene obligado a presentar relación de sus colegiados, ante este Consejo, cada trimestre natural.

b) Con los derechos por la expedición de certificaciones, informes y dictámenes

c) Con las cuotas extraordinarias aprobadas por el Pleno del Consejo.

d) Con los frutos, rentas y demás productos del patrimonio.

e) Con cualquier otro que legalmente proceda.

CAPÍTULO VI

RÉGIMEN JURÍDICO DISCIPLINARIO DEL CONSEJO

Artículo 29.- El Pleno del Consejo Canario de Colegios de Administradores de Fincas es competente para ejercer en vía administrativa la potestad disciplinaria en el orden profesional y colegial en los siguientes supuestos:

1. En primera y única instancia, para sancionar las infracciones cometidas por los miembros del propio Consejo. En este caso la persona afectada por el expediente disciplinario no podrá tomar parte en las deliberaciones ni votar dentro del Consejo.

2. En primera y única instancia para sancionar las infracciones cometidas por los componentes de las Juntas de Gobierno de los Colegios que integren el Consejo. En este caso, si la persona afectada por el expediente disciplinario forma parte del Consejo, no podrá tomar parte en las deliberaciones ni votar dentro del Consejo.

3. En segunda y última instancia, en la resolución de los recursos interpuestos contra los acuerdos adoptados por los Colegios.

Artículo 30.- Asimismo es competente para conocer y resolver los recursos que con carácter potestativo se interpongan contra los actos y acuerdos de los órganos de gobierno de los colegios que lo integran.

Cuando se tratare de actos y acuerdos adoptados por los órganos de gobierno del consejo, que considere el perjudicado sean causa de nulidad, le produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, cabe interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el propio consejo en el plazo de un mes desde que el acto o acuerdo se produzca.

El interesado podrá, sin necesidad de interponer recurso previsto en el apartado anterior impugnar el mismo ante la jurisdicción contencioso-administrativa conforme lo previsto en la ley reguladora de la misma.

Lo establecido en los apartados anteriores, se entiende sin perjuicio de la competencia que corresponda a la administración de la Comunidad Autónoma Canaria para conocer de los recursos que se interpongan, contra los actos y resoluciones dictadas por el Consejo en el ejercicio de funciones administrativas delegadas por dicha administración.

Los actos y resoluciones del consejo en cuanto que están sujetos al derecho administrativo, una vez agotados los recursos corporativos, ponen fin a la vía administrativa, siendo directamente impugnables ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa de acuerdo con lo establecido por la misma.

Son nulos de pleno derecho los actos de los órganos colegiales en los que se den algunos de los siguientes supuestos: los manifiestamente contrarios a la Ley; los adoptados careciendo de la competencia estatutaria necesaria para dictarlos; aquellos cuyo contenido sea imposible o constitutivo de delito; los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.

La Junta de Gobierno deberá suspender la ejecución de los actos nulos de pleno derecho y proceder en el recurso contra los mismos.

Los anulables son todos aquellos actos o acuerdos de los Órganos de Gobierno de los Colegios que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico. El defecto de forma solo determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.

La Junta de Gobierno podrá convalidad los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan y producirá efectos desde esa fecha, salvo que se exprese su retroactividad y sea admitida por los interesados.

Artículo 31.- El régimen disciplinario y de los miembros del Consejo y sus Órganos de Gobierno, así como el procedimiento a seguir se regirá por lo dispuesto en los presentes Estatutos y por los normas procedimentales que los desarrollen. Con carácter supletorio y en todo lo no previsto por el mismo por Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Solo tendrán la consideración de faltas disciplinarias las infracciones de los deberes profesionales, colegiales y deontológicos expresamente tipificadas en estos Estatutos y demás normas aplicables.

No podrá imponerse sanción alguna que no esté debidamente tipificada en estos Estatutos sin la previa tramitación de expediente disciplinario.

En la imposición de sanciones se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho y la sanción a aplicar, considerándose especialmente, los criterios de: existencia de intencionalidad; naturaleza de los perjuicios causados a los clientes, al Colegio, a los demás colegiados y al prestigio de la profesión de Administradores de Fincas y la reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción y que haya sido declarada por resolución firme a no ser que la misma implique la apreciación de una infracción de naturaleza de mayor gravedad.

Artículo 32.- El procedimiento disciplinario se impulsará de oficio en todo sus trámites.

El procedimiento regulador de la potestad sancionadora establecerá la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora que estarán encomendadas a órganos distintos.

Artículo 33.- La Junta de Gobierno del Consejo nombrará un instructor que tramitará el procedimiento y formulará la propuesta de resolución. No podrá recaer el nombramiento instructor sobre personas que formen parte de la misma. Pudiéndose elegir entre los consejeros que no estén adscritos al mismo Colegio de la persona que se pretenda expedientar.

Artículo 34.- En los expedientes disciplinarios que el Consejo instruya se dará audiencia a los afectados por aquellos, concediéndoles vistas de las actuaciones al objeto de que puedan formular las alegaciones en su defensa y proponer y presentar las pruebas que estimen oportunas.

Sección Primera

De las infracciones o faltas

Artículo 35.- Las infracciones o faltas en las que pueden incurrir los miembros del Consejo y sus Órganos, se clasifican en leves, graves y muy graves.

Artículo 36.- Son infracciones leves:

1. La demora, inobservancia o simples o de escasa trascendencia en el desempeño de su actividad y funciones inherentes al cargo, así como la obstrucción simple o de escasa transcendencia, de las funciones propias de otros miembros de los Órganos de Gobierno del Consejo o del propio Consejo, siempre que las mismas no constituyan falta grave.

2. Las inconveniencias, falta de respeto o consideración de menor importancia con sus compañeros de profesión o componentes de los Órganos del Consejo cuando actúen en el ejercicio de su cargo.

3. El rechazo o falta de interés en el cumplimiento de los cometidos que le sean encomendados por los órganos del Consejo.

4. Los actos leves de indisciplina corporativa, así como aquellos que públicamente dañen el decoro o el prestigio de la profesión.

5. El retraso no justificativo a reuniones, Comisiones, Juntas de Gobierno o Plenos del Consejo.

Artículo 37.- Son infracciones graves:

1. El incumplimiento inexcusable en el desempeño de su actividad y funciones inherentes al cargo, así como la obstrucción grave, de las funciones propias de otros miembros de los Órganos de gobierno del Consejo o del propio Consejo.

2. El incumplimiento de los acuerdos adoptados por los Órganos de Gobierno del Consejo General.

3. La falta de asistencia no justificada a reuniones, Comisiones, Juntas de Gobierno o Plenos del Consejo.

4. Los insultos o injurias hacia sus compañeros de profesión o componentes de los Órganos del Consejo.

5. La reincidencia o reiteración en la comisión de falta leves, que tendrá lugar por la imposición de dos sanciones por falta leve, en el periodo de un año o más de dos en el periodo de dos años.

6. La incomparecencia ante los Órganos de Gobierno del Consejo, cuando fuere requerido para ello.

7. La negligencia o la falta de cuidado inexcusable en el cumplimiento de sus deberes profesionales y de las obligaciones colegiales, que no sean constitutivos de delito.

8. Cualquier otro incumplimiento de los deberes profesionales y de las obligaciones colegiales que no merezcan la calificación disciplinaria de muy graves.

Artículo 38.- Son infracciones muy graves:

1. La condena por delito doloso en cualquier grado de participación.

2. Las acciones y omisiones que perjudiquen gravemente los intereses del Consejo General.

3. La desviación de poder, el abuso de derecho y la extralimitación de funciones.

4. Las faltas de asistencia no justificadas a las convocatorias de al menos dos sesiones del Pleno y tres consecutivas o cinco alternas de las comisiones, Junta de Gobierno o Pleno del Consejo.

5. La falta grave del respeto debido a compañeros o miembros de los Órganos del Consejo.

6. El incumplimiento de las sanciones que le pudieran ser impuestas por el Consejo.

7. La reincidencia en la misma falta grave o la acumulación de tres o más faltas graves aunque resulten apreciadas en un solo expediente sancionador.

Sección Segunda

De las sanciones

Artículo 39.- La comisión de los actos y omisiones tipificadas como faltas en los artículos anteriores podrán determinar la imposición de las siguientes sanciones:

5. Para las faltas leves:

3. Apercibimiento por escrito, con comunicación al Colegio al que pertenezca.

4. Amonestación privada verbal, con comunicación al Colegio al que pertenezca.

5. Multas por importe mínimo de 300 euros y máximo de 1.502 euros.

6. Por faltas graves:

1. Amonestación pública con constancia en Acta del Consejo y comunicación por escrito al Colegio al que pertenezca.

2. Suspensión en el ejercicio del cargo por un periodo máximo de seis meses.

3. Además de las anteriores se podrá imponer conjuntamente con multas por importe mínimo de 1.502 euros y máximo de 3.000.

7. Por faltas muy graves:

1. Suspensión en el ejercicio del cargo por un periodo de seis meses y un día hasta dos años y, y hasta cuatro años en la demarcación territorial del Colegio.

2. La pérdida de la condición de miembro del correspondiente Órgano de Gobierno del Consejo General.

3. Inhabilitación permanente para el ejercicio de cualquier cargo colegial, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canaria. Con la pérdida de todos los derechos inherentes al cargo que ostente, y su cese inmediato en los mismos.

4. Además de las anteriores se podrá imponer conjuntamente con multas por importe mínimo de 3.000 y máximo de 6.000 euros.

Artículo 40.- La Junta de Gobierno del Consejo podrá acordar la acumulación de dos o más expediente disciplinarios cuando éstos guarden identidad sustancial o intima conexión.

La acumulación solamente podrá acordarse en el caso de que los expedientes se encuentren en la misma fase del procedimiento y podrá ser acordada de oficio o a instancias de cualquiera de las partes interesadas. La resolución de acumulación es potestad exclusiva de la Junta de Gobierno, sin que contra ella se pueda interponer recurso alguno.

Artículo 41.- Las sanciones impuestas llevarán implicadas su anotación en el expediente personal del interesado.

Artículo 42.- Para la imposición de sanciones será preciso el acuerdo del Consejo, tomando por mayoría de dos tres de sus componentes. En base a lo establecido en el artº. 21 de estos Estatutos.

Artículo 43.- La resolución se notificará a los interesados o sus representantes por cualquier medio que permita tener constancia en derecho, expresando los recursos que procedan contra la misma, Órgano ante el que han de presentarse y plazos para su interposición.

Artículo 44.- De la ejecución de sanciones.

Las sanciones impuestas a los colegiados solo serán ejecutivas si no se interpone el correspondiente recurso en la forma y plazos establecidos en el presente Estatuto.

Una vez resueltos dichos recursos, las sanciones serán ejecutivas, sin perjuicio del derecho que asiste al expedientado de acudir al recurso contencioso-administrativo y solicitar del Tribunal la suspensión del acto, en cuyo caso estará a lo que resuelva el mismo.

Artículo 45.- De la prescripción de las infracciones y sanciones.

Las infracciones determinantes de sanción disciplinaria prescribirán:

1. Las muy graves a los tres años.

2. Las graves a los dos años.

3. Las leves a los seis meses.

Las sanciones a su vez prescribirán:

1. Las muy graves a los tres años.

2. Las graves a los dos años.

3. Las leves a los seis meses.

El plazo comenzará a contarse desde el día que la infracción se hubiera cometido y en el caso de la sanción, desde el siguiente a aquel en que la hubiera cometido y en el caso de la sanción, desde el siguiente a aquel en que la misma adquiriese firmeza.

Artículo 46.- De la cancelación de antecedentes.

Las responsabilidades disciplinarias derivadas de expedientes por faltas o infracciones muy graves, graves o leves se extinguirán:

1. Por cumplimiento de la sanción.

2. Por muerte del inculpado.

3. Por la baja definitiva y voluntaria del inculpado.

4. Por prescripción de la falta o de la sanción.

Artículo 47.- Los sancionados podrán solicitar la cancelación de sus antecedentes en los siguientes plazos, contados desde el cumplimiento de la sanción o prescripción de la misma.

1. Si fuere por infracción muy grave a los tres años.

2. Si fuere por infracción grave al año.

3. Si fuere por infracción leve a los tres meses.

Los anteriores plazos regirán siempre que los sancionados plazos regirán siempre que el sancionado no hubiere incurrido en una falta sancionada y firme, en un expediente incoado en los últimos cinco años contados desde la fecha de solicitud de la cancelación de los antecedentes.

Artículo 48.- La cancelación de antecedentes obrantes en el expediente personal se solicitará por el interesado al Consejo, para que la Junta de Gobierno del mismo, previo estudio de la solicitud y del expediente disciplinario, resuelva lo procedente, notificando la decisión tanto al interesado como a su Colegio de pertenencia.

CAPÍTULO VII

RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ACTOS

Artículo 49.- Son nulos de pleno derecho los actos de los órganos del Consejo en que se den algunos de los siguientes supuestos:

a) Los manifiestamente contrarios a la Ley.

b) Los adoptados con notoria incompetencia.

c) Aquellos cuyo contenido sea imposible o sean constitutivos de delito.

d) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello, o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiales.

Son anulables los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.

Artículo 50.- En su organización y funcionamiento el Consejo se rige por las siguientes normas:

a) La legislación básica estatal y la autonómica Canaria en materia de Colegios Profesionales.

b) Los presentes Estatutos y el Reglamento de Régimen Interior que, en su caso, se apruebe para el desarrollo de aquellos.

c) La Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como demás legislación legalmente aplicable.

Artículo 51.- Los acuerdos y resoluciones de los órganos del Consejo se considerarán ejecutivos desde su adopción, sin más requisito que su notificación o publicación cuando proceda, salvo que en aquellos se disponga otra cosa o la exija en contenido del acto.

Artículo 52.- De los recursos.

La tramitación de recursos e impugnaciones se someterá a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y a lo establecido en los siguientes artículos.

Artículo 53.- Contra las resoluciones de los recursos y contra los actos y resoluciones del Consejo que pongan fin a la vía administrativa, se podrá recurrir ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de acuerdo con lo que establece la Ley reguladora de esta jurisdicción.

Artículo 54.- El plazo para formular recurso ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se contará desde la notificación de la misma, y será de dos meses salvo que por la misma se establezca otro plazo.

TÍTULO II

PROCEDIMIENTO, APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS

Artículo 55.- La aprobación de los Estatutos del Consejo, deberá ser acordada por la mayoría de los Colegios integrantes del mismo, siempre que la suma de los profesionales miembros de los Colegios que hayan votado a favor constituya mayoría respecto al total de los profesionales colegiados en Canarias, de conformidad con lo previsto en el artículo 25 de la Ley 10/1990, de 23 de mayo, de Colegios Profesionales de Canarias.

La propuesta de reforma o modificación de los Estatutos, podrá hacerse a petición de la Junta de Gobierno o a petición de la tercera parte de los miembros del Pleno del Consejo. Dicha propuesta deberá contener en detalle la reforma o modificación que se pretende y la explicación sobre los motivos que llevan a tal solicitud no siendo admitida en caso contrario. Dicha propuesta deberá someterse a la ratificación de las Juntas Generales de los respectivos Colegios.

TÍTULO III

PROCEDIMIENTO DE EXTINCIÓN DEL CONSEJO

Artículo 56.- El Consejo Canario de Colegios de Administradores de Fincas, se extinguirá mediante Decreto del Gobierno de Canarias, u Órgano Administrativo a quien competa tal declaración conforme a la legislación vigente, a propuesta de la Consejería de Justicia y Administración Pública, previa audiencia de los Colegios afectados siempre previo acuerdo del mismo adoptado por mayoría de las tres cuartas partes de sus miembros en Junta General especialmente convocada al efecto y que comprenderá además un proyecto de liquidación patrimonial.

Todo ello sin perjuicio de que por la legislación vigente se establezca la competencia a tales efectos de otros Órganos Administrativos, así como un procedimiento distinto para ello, en cuyo caso se estará a lo legalmente establecido.

Artículo 57.- En caso de extinción el patrimonio que restare del Consejo, será entregado a los Colegios en proporción a su participación en la misma y previa liquidación de sus deudas.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Corresponde al Consejo Canario de Administradores de Fincas la interpretación, reglamentación y desarrollo de este Estatuto, así como velar por su cumplimiento.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

En el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este Estatuto se procederá a la designación y toma de posesión de los nuevos Consejeros y dentro del mes siguiente, se procederá a la elección del Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Contador Censor

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Estatuto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias.

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