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BOC-A-2018-146-3602.
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ANTECEDENTES
Primero.- La discapacidad y la dependencia son situaciones que pueden limitar de forma notable el desarrollo de las personas y el legítimo objetivo de alcanzar una vida plena. Crear las condiciones adecuadas para soslayar estas limitaciones debe ser un objetivo del conjunto de la sociedad, pero afecta especialmente a los poderes públicos, pues son estos los que disponen de las herramientas para crear un entorno jurídico y asistencial que permita alcanzar situaciones de igualdad real.
Progresivamente se ha ido avanzando en la consecución de una sociedad más igualitaria, a través de múltiples actuaciones sobre el entorno, la aceptación de la diversidad por el conjunto de la sociedad y un refuerzo del Estado Social que permite a las personas con discapacidad o en situación de dependencia superar parte de las barreras con que se encuentran. A pesar de ello, la participación en plano de igualdad de todas las personas en la vida social y laboral, al margen de las capacidades de que dispongan, está lejos de alcanzarse y exige grandes esfuerzos y voluntad.
Mientras se construye una sociedad estructuralmente justa e igualitaria, debe darse respuesta puntual a los numerosos retos y dificultades a los que se enfrentan las personas en situación de dependencia y discapacidad, utilizando para ello, entre otras vías, la financiación mediante subvenciones de acciones y proyectos que permitan superarlos.
En los últimos años, esta acción de fomento se ha ido realizando mediante la concesión de subvenciones directas a entidades relacionadas con la dependencia y la discapacidad, procedimiento que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, considera extraordinario, por lo que procede retomar el procedimiento ordinario de concesión, que no es otro que el de concurrencia competitiva, al menos para aquellas actuaciones en las que no se acrediten las razones de interés público, social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas, que dificulten su convocatoria pública.
Segundo.- La referencia para seleccionar las líneas de actuación objeto de subvención no puede ser otra que las previstas en el plan de acción de la estrategia española sobre discapacidad 2014-2020, pues la Comunidad Autónoma de Canarias no dispone aún de un plan de actuación para la discapacidad, que se encuentra en fase de elaboración, en el cual se concreten las necesidades específicas de la población canaria.
El plan de acción de la estrategia española sobre discapacidad 2014-2020, se ha redactado teniendo en cuenta la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (ONU 2006), el informe mundial sobre la discapacidad (OMS 2011), la estrategia europea sobre discapacidad 2010-2020, la estrategia UE 2020, adoptada por el Consejo el 17 de junio de 2010 y los Planes Nacionales de Reformas para España en el que se concretan para nuestro país los objetivos de la estrategia UE 2020.
Dentro del marco descrito, se han seleccionado las líneas de actuación cuyo desarrollo en acciones y proyectos concretos se han estimado más beneficiosas para nuestra Comunidad Autónoma, a la vista de la particular situación en que se encuentran las personas con discapacidad o en situación de dependencia en nuestro ámbito geográfico.
Por otra parte, se han tenido en cuenta las subvenciones que se han concedido en los últimos años con la misma finalidad, y se han adoptado algunas medidas cuyo objetivo es reconducir alguna de estas actuaciones al marco legal y funcional que les corresponde, y en particular:
- Integrar en el marco del modelo de atención a las personas en situación de dependencia la prestación de ciertos servicios que hasta la fecha se llevaba a cabo mediante subvenciones directas, tales como los servicios de atención residencial, de centro de día, ayuda a domicilio y teleasistencia.
- Derivar hacia el sistema sanitario, las subvenciones concedidas para programas de ámbito sanitario destinados a personas con problemas de salud.
- Evitar la duplicidad en la financiación de los servicios y prestaciones del Sistema de la Dependencia y, en general, de todas aquellas actividades y proyectos que cuenten con financiación pública. En este sentido, quedan excluidas de la convocatoria de subvenciones las actividades de los centros especiales de empleo y centros ocupacionales que se financien con cargo al Sistema de la Dependencia.
- Excluir a las Administraciones Locales como beneficiarios de estas subvenciones, al contar con un sistema propio de financiación.
También se han adoptado medidas para que los fondos disponibles se dediquen a actuaciones que redunden de forma efectiva en los destinatarios finales, las personas con discapacidad o en situación de dependencia, eliminando líneas de subvención que no garanticen esta condición finalista y limitando la subvención de gastos de mantenimiento de las entidades o los gastos corrientes que no estén directamente relacionados con el proyecto objeto de subvención.
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 1 del Decreto 124/2016, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda (BOC nº 188, de 27 de septiembre de 2016), la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda es el Departamento de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias encargado de la propuesta y ejecución de las directrices del Gobierno de Canarias y de la gestión de los servicios y competencias, entre otras, en las áreas materiales de dependencia y discapacidad.
Segundo.- En el artículo 5.4 del citado Decreto 124/2016, se atribuye a la Consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda la competencia para convocar, y en su caso, conceder subvenciones y otras prestaciones económicas destinadas a la atención de las áreas en las que funcionalmente el Departamento sea competente, de acuerdo con las consignaciones presupuestarias.
Tercero.- La tramitación de esta convocatoria se realizará al amparo de lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como por el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, y del resto de normativa de aplicación, en el marco del Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda para el periodo 2016-2018 y aprobado por Orden LOR2016CA00186, de 8 de abril de 2016, cuya última modificación se llevó a cabo mediante Orden LOR2018CA00395, de 1 de junio de 2018, publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 113, de 13 de junio de 2018.
Cuarto.- De acuerdo con el artículo 14.5.a), del citado Decreto 36/2009, de 31 de marzo, las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones, en atención a su especificidad, se podrán incluir en la propia convocatoria.
Quinto.- Con fecha 23 de marzo de 2018 se ha emitido informe favorable de la Dirección General de Asuntos con la Unión Europea.
Sexto.- Con fecha 7 de junio de 2018 se ha emitido informe favorable de legalidad por parte de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
Séptimo.- Con fecha 3 de julio de 2018 la Intervención General emite informe favorable de fiscalización previa, de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo de Gobierno de 22 de enero de 2018, por el que se suspende durante el ejercicio 2018, para determinadas actuaciones, los Acuerdos de Gobierno por los que se sustituyó la función interventora por el control financiero permanente y se adoptan para el ejercicio 2018 medidas de seguimiento sobre la ejecución del presupuesto de gastos del sector público con presupuesto limitativo para contribuir a su racionalización y al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
En virtud de lo expuesto, a iniciativa de la Dirección General de Dependencia y Discapacidad y en uso de las competencias atribuidas por la legislación vigente,
R E S U E L V O:
Primero.- Bases reguladoras.
Aprobar las bases reguladoras que figuran como Anexo I a esta Orden, que han de regir la convocatoria en concurrencia competitiva para el año 2018, de subvenciones para la ejecución de proyectos destinados a fomentar los derechos de las personas en situación de dependencia y de las personas con discapacidad.
Segundo.- Convocatoria.
Aprobar la convocatoria de subvenciones para 2018, mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, y autorizar el gasto preciso para ello, por los siguientes importes y partidas presupuestarias:
2308 231M 234G0173 "Prestaciones Sistema Dependencia" 4800000, por un importe de 408.918,00 euros.
2308 231N 234G0152 "Servicio de atención a personas con discapacidad", 4800000, por un importe de 689.634,35 euros.
2308 231N 234G0174 "Servicio de atención a personas con discapacidad", 4800000, por un importe de 1.899.286,31 euros.
No obstante, los importes podrán ampliarse en función de las disponibilidades presupuestarias, sin que sea preciso realizar una nueva convocatoria. En este supuesto, el órgano concedente deberá publicar la declaración de créditos disponibles y la distribución definitiva, respectivamente, con carácter previo a la resolución de concesión en los mismos medios que la convocatoria, sin que tal publicidad implique la apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes ni el inicio de nuevo cómputo de plazo para resolver.
Tercero.- Delegación de competencias.
Uno.- Delegar en la Directora General de Dependencia y Discapacidad la resolución de la presente convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Dos.- Se faculta a la Directora General de Dependencia y Discapacidad para adoptar cuantas medidas sean necesarias para la interpretación, aplicación y ejecución de lo dispuesto en esta Orden y dictar cuantas Resoluciones se precisen en aplicación y desarrollo de la misma conforme a lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley Territorial 14/1990, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, así como en el artículo 9 de la citada Ley 40/2015.
Cuarto.- Contra la presente resolución que agota la vía administrativa se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda en el plazo de un mes contado a partir del siguiente al de la publicación de la presente Orden o bien recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. Todo ello, sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Santa Cruz de Tenerife, a 20 de julio de 2018.
LA CONSEJERA DE EMPLEO,
POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA,
Cristina Valido García.
A N E X O I
BASES REGULADORAS QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA 2018, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DESTINADAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE FOMENTEN LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Base primera.- Objeto.
Uno. El objeto de las subvenciones que se regulan mediante estas bases es financiar la ejecución de actividades y proyectos que tengan como finalidad:
1. La promoción de los derechos de las personas con discapacidad y personas en situación de dependencia y sus familias.
2. Potenciar nuevas líneas de intervención social para promover una red de apoyo a proyectos pioneros en materia de atención a la discapacidad.
Los proyectos deberán acogerse a alguna de las líneas de actuación previstas en la base tercera.
Dos. Las subvenciones que se otorguen al amparo de las presentes bases reguladoras, serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. Sin embargo, el importe de dichas subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, en ningún caso, podrá ser de tal cuantía, que aisladamente o en concurrencia con otras, supere el coste de la actividad subvencionada.
En todo caso, la entidad beneficiaria de una subvención estará obligada a comunicar a la Dirección General de Dependencia y Discapacidad, la obtención de otros ingresos, recursos o subvenciones que tengan la misma finalidad.
Base segunda.- Entidades beneficiarias.
Uno. Podrán acogerse a las subvenciones objeto de la presente Orden, las asociaciones y fundaciones del tercer sector de acción social y sus federaciones, sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia, que desarrollen su actividad en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, y que se encuentren inscritas en el registro regional de entidades colaboradoras en la prestación de servicios sociales de Canarias.
En caso de que el proyecto para el que se solicita subvención incluya o esté relacionado con la prestación de un servicio de los previstos en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia, la entidad, centro o servicio que lo preste deberá estar acreditado de acuerdo con lo previsto en el Decreto 67/2012, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento regulador de los centros y servicios que actúen en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia en Canarias.
Se entenderá que la entidad cumple los requisitos de inscripción en el registro de entidades colaboradoras en la prestación de servicios sociales de Canarias y el requisito de acreditación exigido en el párrafo anterior, si ha iniciado los trámites para ello, exigiéndose, al menos, que haya presentado la solicitud de inscripción o acreditación.
Todas las entidades beneficiarias deberán de encontrarse de alta de terceros en el Sistema de información económica-financiera y logística de la Comunidad Autónoma de Canarias (SEFLOGIC), así como mantener actualizada la información. El alta de terceros se puede tramitar en la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/procedimientos_servicios/tramites/2147
Dos. No podrán acceder a las subvenciones quienes se encuentren incursos en alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13, apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como las que no se encuentran al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, de conformidad con lo previsto en el artº. 13.2.g) de la Ley 38/2003, en relación con lo establecido en el artº. 21 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley.
Base tercera.- Proyectos subvencionables y no subvencionables.
Uno. Los proyectos subvencionables deberán acogerse a uno de los ámbitos de actividad, dependencia o discapacidad, y dentro de estos a algunas de las siguientes líneas de actuación.
Línea 1. Promoción de la autonomía personal.
1.1. Habilitación y terapia ocupacional.
1.2. Atención temprana.
1.3. Estimulación cognitiva.
1.4. Promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional.
1.5. Habilitación psicosocial para personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual.
1.6. Apoyos personales, atención y cuidados en alojamientos de soporte a la inclusión comunitaria.
Línea 2. Integración social de personas con discapacidad o en situación de dependencia.
2.1. Actividades que tengan como finalidad la integración social de personas con discapacidad: eventos deportivos, sociales, de ocio, actividades formativas, de sensibilización, etc.
2.2. Actividades que estimulen la participación social de las personas con discapacidad o en situación de dependencia.
2.3. Actividades que estimulen la participación en la vida pública de las personas con discapacidad o en situación de dependencia.
Línea 3. Servicios de apoyo a la familia.
3.1. Respiro familiar.
3.2. Servicios que presten asesoramiento, información y orientación a las familias de personas con discapacidad, en situación de dependencia o en situaciones previas.
Línea 4. Accesibilidad a la comunicación: favorecer la comunicación de las personas con especiales dificultades para ello: personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, así como otros colectivos con problemas de accesibilidad a las comunicaciones, incluidas personas con déficit cognitivo.
Línea 5. Servicio de transporte adaptado no regular: traslado a las personas con movilidad reducida, por razones de discapacidad o dependencia, que precisen de transporte adaptado, de carácter discontinuo y garantizando el relevo de usuarios, para asistir a actividades que favorezcan su participación en la vida social. La asistencia diaria al servicio de centro de día, ocupacional, escolar o similares, queda excluida.
Dos. Si alguna solicitud contuviese una actuación integral, con proyectos que correspondiesen a distintas líneas de actuación de las previstas en esta base, la solicitud se clasificará en la línea de actuación que corresponda con el proyecto para el que se solicite mayor cuantía de subvención.
Tres. No serán subvencionables las siguientes actividades y proyectos.
1. Prestación de los siguientes servicios de la dependencia:
1.1. Servicio de Teleasistencia.
1.2. Servicio de Ayuda a domicilio.
1.3. Servicio de centro de día.
1.4. Servicio de centro de noche.
1.5. Servicio de atención residencial.
1.6. Cualquier tipo de gasto, actividad, proyecto o servicio cuya prestación se financie total o parcialmente con cargo al Sistema de la Dependencia de Canarias, articulada a través de convenios de cooperación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y los Cabildos Insulares.
2. Gastos, actividades, servicios y proyectos a realizar por los centros especiales de empleo y los centros ocupacionales, cuya financiación, total o parcial, se haga a con cargo al Sistema de la Dependencia.
3. Actividades tutelares.
4. Actividad formativas del personal de las entidades.
5. Actuaciones educativas de formación reglada.
6. Quedan expresamente excluidos los proyectos que comprendan actividades del ámbito sanitario, tales como la atención al paciente y de prevención de patologías y enfermedades, aunque de las mismas pudiera derivarse una futura discapacidad o dependencia.
7. Mantenimiento de los vehículos adaptados.
Base cuarta.- Importe de créditos por lineas de actuación.
Uno. La dotación presupuestaria para cada línea de actuación, dentro de su correspondiente área, será la siguiente:
Línea 1. Fomento de la autonomía personal: 50% de los créditos disponibles.
Línea 2. Integración social de personas con discapacidad: 18% de los créditos disponibles.
Línea 3. Servicios de apoyo a la familia: 17% del crédito disponible.
Línea 4. Promoción de la comunicación de las personas sordas: interpretación de lengua de signos y otras actividades que favorezcan la comunicación del colectivo: 5% de los créditos disponibles.
Línea 5. Servicio de transporte adaptado no regular: 10% del crédito disponible.
Base quinta.- Gastos subvencionables y no subvencionables. Cuantía individualizada de la subvención.
Uno. Las subvenciones irán destinadas a financiar los gastos de personal, gastos corrientes y de actividades derivados directamente del desarrollo de las actuaciones, sin que puedan entenderse subvencionables los gastos relativos a la adquisición de material inventariable, infraestructuras y equipamientos.
Concretamente:
1. Se consideran gastos subvencionables los contemplados en el artículo 31 de la Ley General de Subvenciones, y a los efectos previstos en la presente convocatoria, aquellos que respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, imputándose en todo caso en los mismos términos que se han consignado en el plan de financiación presentado por el beneficiario.
En ningún caso serán gastos subvencionables:
a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
c) Los gastos de procedimientos judiciales.
d) Las gratificaciones personales de carácter extraordinario.
e) Dietas y demás retribuciones condicionadas a la participación en actos y reuniones de cualquier naturaleza.
f) Cualquier tipo de gastos de transporte, manutención y alojamiento realizado por personas diferentes de los destinatarios finales de la actividad o proyecto, aun estando directamente relacionados con el objeto de la actividad subvencionada, salvo que dichos gastos sean imprescindibles para la realización del proyecto.
g) Cualquier gasto derivado de una relación contractual que supere la cantidad prevista en el convenio colectivo de aplicación para el puesto objeto de contratación.
h) La formación del personal de la entidad.
2. Los gastos generales y gastos indirectos generados como consecuencia de la ejecución del proyecto tales como amortizaciones de equipos e instalaciones, agua, luz, teléfono, etc. solo serán subvencionables si tienen relación directa con el proyecto o actividad objeto de subvención, previa acreditación y con un límite del 20% de los mismos, excepto cuando se generen de forma directa y exclusiva como consecuencia de la realización del proyecto o actividad objeto de subvención, en cuyo caso se podrá financiar hasta el 100% de su coste.
Los gastos de personal de la entidad que se dedique a la ejecución del proyecto o actividad objeto de subvención se considerarán subvencionables en la parte que corresponda a la dedicación efectiva al proyecto o actividad. En la memoria se deberá justificar adecuadamente el tiempo dedicado al proyecto.
3. Los tributos son gastos subvencionables cuando el beneficiario de la subvención los abona efectivamente. En ningún caso se considerarán gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación.
Para que se considere subvencionable, el gasto debe realizarse antes del fin del plazo otorgado para la ejecución de la actividad y ser efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del periodo de justificación.
Cuando el importe del gasto subvencionable que se pretenda subcontratar sea igual o superior a 15.000 euros para el suministro de bienes o prestación de servicios, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación de servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables, no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención. La elección entre las ofertas presentadas, se realizará conforme a criterios de eficacia y economía y las mismas han de aportarse en la justificación de la subvención, debiendo justificarse la elección de la oferta cuando esta no recaiga en la que fuera económicamente más ventajosa.
4. El límite para el pago en efectivo de facturas o de documentos justificativos del gasto se fija en 3.000 euros por expediente, acompañándose el correspondiente recibí del acreedor/proveedor.
De tal forma serán subvencionables los gastos cuyo pago se realicen en efectivo siempre que:
- No se supere el límite de 3.000,00 euros por expediente.
- No exista ninguna operación que supere los 2.500,00 euros.
5. El órgano concedente de la subvención y la Intervención General podrán comprobar el valor de mercado de los gastos subvencionables. Se entenderá como valor de mercado el que hubiera sido acordado en condiciones normales de mercado entre partes independientes. Para determinar dicho valor se podrán utilizar los siguientes métodos:
a) Precio de mercado del bien o servicio de que se trate o de otros de características similares, efectuando, en este caso, las correcciones necesarias para obtener la equivalencia, así como para considerar las particularidades de la operación.
b) Supletoriamente resultarán aplicables:
a') Precio de venta de bienes y servicios calculado mediante el incremento del valor de adquisición o coste de producción de los mismos en el margen que habitualmente se obtiene en operaciones equiparables concertadas con personas o entidades independientes o en el margen que habitualmente obtienen las empresas que operan en el mismo sector en operaciones equiparables concertadas con personas o entidades independientes.
b') Precio de reventa de bienes y servicios establecido por el comprador de los mismos, minorado en el margen que habitualmente obtiene el citado comprador en operaciones equiparables concertadas con personas o entidades independientes o en el margen que habitualmente obtienen las empresas que operan en el mismo sector en operaciones equiparables concertadas con personas o entidades independientes, considerando, en su caso, los costes en que hubiera incurrido el citado comprador para transformar los mencionados bienes y servicios.
c) Cuando no resulte aplicable ninguno de los métodos anteriores, se aplicará el precio derivado de la distribución del resultado conjunto de la operación de que se trate, teniendo en cuenta los riesgos asumidos, los activos implicados y las funciones desempeñadas por las partes relacionadas.
6. Previa autorización expresa de la Dirección General de Dependencia y Discapacidad, y siempre que se justifique suficientemente su necesidad, la entidad beneficiaria de la subvención podrá subcontratar hasta el 100% de la actividad subvencionada, sin que en ningún caso la entidad beneficiaria pueda concertar la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con:
a) Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, para ser beneficiario de una subvención.
b) Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la actividad objeto de contratación.
c) Intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje de coste.
d) Personas o entidades vinculadas con la entidad beneficiaria, sus socios, personal directivo y miembros de los órganos de gobierno, salvo que concurran las siguientes circunstancias:
1ª) Que se obtenga la previa autorización expresa del órgano concedente.
2ª) Que el importe subvencionable no exceda el coste incurrido por la entidad vinculada. La acreditación del coste se realizará en la justificación en los mismos términos establecidos para la acreditación de los gastos del beneficiario.
Se considerará que existe vinculación con aquellas personas físicas o jurídicas o agrupaciones sin personalidad en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Personas físicas unidas por relación conyugal o personas ligadas con análoga relación de afectividad, parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo.
b) Las personas físicas y jurídicas que tengan una relación laboral retribuida mediante pagos periódicos.
c) Ser miembros asociados del beneficiario a que se refiere el apartado 2 y miembros o partícipes de las entidades sin personalidad jurídica a que se refiere el apartado 3 del artículo 11 de la Ley General de Subvenciones.
d) Una sociedad y sus socios mayoritarios o sus consejeros o administradores, así como los cónyuges o personas ligadas con análoga relación de afectividad y familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o de afinidad hasta el segundo.
e) Las sociedades que, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, Reguladora del Mercado de Valores, reúnan las circunstancias requeridas para formar parte del mismo grupo.
f) Las personas jurídicas o agrupaciones sin personalidad y sus representantes legales, patronos o quienes ejerzan su administración, así como los cónyuges o personas ligadas con análoga relación de afectividad y familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o de afinidad hasta el segundo.
g) Las personas jurídicas o agrupaciones sin personalidad y las personas físicas, jurídicas o agrupaciones sin personalidad que conforme a normas legales, estatutarias o acuerdos contractuales tengan derecho a participar en más de un 50 por 100 en el beneficio de las primeras.
7. La prohibición establecida en el apartado anterior será acreditada por el beneficiario en el procedimiento de justificación de la subvención mediante una declaración responsable en la que se haga constar que no se ha concertado la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con ninguna de las personas o entidades referidas en el mismo, sin perjuicio de las actuaciones de comprobación que pueda realizar el órgano concedente, la Intervención General o cualquier otro órgano.
8. Los servicios de promoción de la autonomía personal, incluidos los gastos de transporte, regulados en el Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, solo se considerarán subvencionables en las cuantías que no superen los precios de referencia previstos en el Decreto 93/2014, de 19 de septiembre, por el que se establecen los criterios para determinar la capacidad económica de la persona beneficiaria del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y su participación económica en el coste de los servicios así como la determinación de la cuantía de las prestaciones económicas del sistema en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Dos. La cuantía individualizada de la subvención solicitada no podrá ser inferior a 10.000 euros ni alcanzar los 60.000 euros, y podrá suponer el 100% del coste total del proyecto objeto de subvención.
Se desestimarán las solicitudes que incumplan los límites del párrafo anterior.
Tres. Cada entidad no podrá recibir subvenciones por un importe global que supere los 100.000 euros, salvo que, tras efectuar el reparto entre todas las entidades que resulten beneficiarias, sobrase presupuesto.
Base sexta.- Publicidad de la convocatoria y procedimiento de concesión.
Uno. Esta convocatoria se publicará, por medio de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, en forma de extracto en el Boletín Oficial de Canarias.
El texto íntegro de la convocatoria podrá consultarse, además de en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, en la sede electrónica de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda en la dirección prevista en la base séptima.
Dos. El procedimiento de concesión se realizará mediante concurrencia competitiva y se ajustará a lo previsto en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Capítulo II del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificado por el Decreto 5/2015, de 30 de enero.
Base séptima.- Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
Uno. En atención a lo previsto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las solicitudes, acompañadas de la documentación requerida en la base octava se cumplimentarán exclusivamente a través de la sede electrónica de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, en la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/cepsv/procedimientos_servicios/tramites/5195
Las solicitudes se firmarán electrónicamente por el representante de la entidad, mediante firma electrónica de representante, utilizando alguno de los sistemas de firma electrónica relacionados en el artículo 9.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y que esté aceptado por el Gobierno de Canarias.
Los sistemas de firma electrónica aceptados por el Gobierno de Canarias se pueden consultar en https://sede.gobiernodecanarias.org/cepsv/la_sede/sistemas_firma
Una vez registrada la solicitud el solicitante obtendrá del sistema el recibo de la presentación de la solicitud que incluirá la fecha y hora de presentación.
Asimismo, toda la documentación complementaria que los interesados deban aportar en la fase procedimental correspondiente deberá estar firmada electrónicamente por el representante de la entidad, de acuerdo con lo previsto anteriormente.
Dos. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte (20) días naturales a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias.
Tres. La presentación de las solicitudes implica la aceptación incondicionada de las bases recogidas en la presente convocatoria, y de las condiciones, requisitos y obligaciones que se contienen en las mismas.
Cuatro. No se admitirán las solicitudes que se presenten por una vía diferente a la prevista en el punto uno de esta base.
Base octava.- Solicitudes.
Uno. La entidad solicitante deberá cumplimentar, para cada actividad o proyecto, una solicitud de subvención según formulario I establecido en la presente convocatoria y disponible en la sede electrónica, suscrita por quien ostente la representación legal de dicha entidad, estableciéndose un límite de 3 solicitudes de subvención por entidad con cargo a esta convocatoria.
En el caso de actuaciones integrales que incluyan diferentes actividades, estas deberán tener la adecuada conexión entre sí y con el colectivo a la que van dirigidos; si careciesen de esta naturaleza, se considerará actuaciones independientes y deberán ser objeto de solicitud diferenciada. De no hacerse así, serán desestimadas.
Las solicitudes vendrán numeradas en función de la prioridad que establezca la entidad en la solicitud, de modo que el órgano instructor disponga, en caso necesario, de un criterio para seleccionar las que eleve a la propuesta de resolución.
En la solicitud se señalará si el proyecto va dirigido a personas en situación de dependencia o en situación de discapacidad, no pudiendo optar por ambas opciones. Igualmente, especificará la línea de actuación a la que se acoge la actividad o proyecto y, en su caso el tipo de actuación, de acuerdo con lo previsto en la base tercera.
Dos. La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación, de acuerdo con los formularios normalizados establecido en la convocatoria.
- Una memoria conforme al formulario II, que deberá identificar de forma concreta y precisa el proyecto para el que se solicita la subvención, los objetivos que se pretenden alcanzar y el resto de extremos que se considerarán en la evaluación del proyecto.
La memoria contiene un epígrafe denominado "Descripción/Objeto: detallar el concreto proyecto o actividad para la que se solicita subvención" en el cual la entidad deberá exponer de forma clara, completa y precisa, la actuación que pretende abordar y el alcance de la misma. Esta descripción podrá tener una extensión máxima de dos páginas.
- El plan de financiación, conforme al formulario III, con el presupuesto detallado por partidas de los ingresos y de los gastos previstos para el desarrollo de la actividad, así como el plazo de ejecución de la misma. Si el proyecto se va a desarrollar en más de una isla, el plan de financiación se desagregará por islas. Si el proyecto incluye contratación de personal, en el plan de financiación se identificará el convenio colectivo de aplicación y la referencia suficiente para su localización. De no haber sido publicado, se adjuntará una copia del mismo.
Tres. No será válida la documentación que no se presente en documentos normalizados.
Cuatro. Además de lo anterior, en el formulario I de solicitud deberá cumplimentarse los siguientes apartados y en su caso aportar los documentos que se citan:
- Declaración responsable de que no concurre ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003.
- Compromiso de cesión de toda la documentación generada en la ejecución del proyecto, excluida la información personal susceptible de protección, para su uso y distribución libremente por la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
- Declaración responsable de que la entidad se encuentra inscrita en el registro regional de entidades colaboradoras en la prestación de servicios sociales de Canarias o que ha solicitado su inscripción.
- Si procede, declaración responsable de que la entidad está acreditada como servicio o centro de la dependencia, o que se encuentra en trámite de reconocimiento. En su caso, se especificará si la entidad está declarada asociación de utilidad pública o interés público de Canarias.
- En su caso, declaración responsable de que la entidad se haya inscrita en el registro de solicitantes de subvenciones de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, y que los datos son válidos y no han sufrido modificaciones que no hayan sido notificadas a dicho registro. En este supuesto, no será necesario aportar la documentación que consten en dicho registro.
- Fundaciones: copia de los estatutos de la fundación y de la escritura publica de constitución y sus modificaciones. Declaración responsable de que se encuentra inscrita en el registro de fundaciones.
- Asociaciones y sus federaciones: copia de los Estatutos debidamente actualizados y registrados en el registro de asociaciones de Canarias. Declaración de que se encuentra inscrita en el registro de asociaciones.
- Declaración responsable de que la entidad se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones documentales establecido en el artículo 42 de la Ley 4/2003, de 28 de febrero, de asociaciones de Canarias.
- Identificación del convenio colectivo de aplicación al personal a contratar con cargo a la subvención solicitada.
- Resto de información y documentación que permita acreditar los criterios de evaluación recogidos en la base décima.
Cinco. La Dirección General de Dependencia y Discapacidad recabará directamente de las Administraciones competentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, la siguiente documentación necesaria para la tramitación de la solicitud, siempre que el interesado lo autorice expresamente en el documento de solicitud. En caso contrario, dicha documentación deberá aportarse por la entidad solicitante:
1. Certificaciones de encontrarse al corriente en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
2. Certificación del registro de asociaciones de Canarias, donde conste la inscripción de la asociación, la identidad de los órganos de representación, y la delegación de sus facultades. También se recabará certificación sobre la declaración de utilidad pública o de interés público y su revocación.
3. Certificación del registro de fundaciones de Canarias, donde conste la inscripción de la fundación y la identidad de sus órganos de representación y gobierno.
4. Certificación de que la entidad está inscrita en el registro regional de entidades colaboradoras en la prestación de servicios sociales de Canarias, donde constará la fecha de inscripción. En su caso, certificación de la inscripción se encuentra en trámite.
5. En su caso, Certificación de que la entidad está acreditada como servicio o centro de la dependencia, o que se encuentra en trámite de acreditación.
En los supuestos de imposibilidad material de obtener la documentación, el órgano competente para la instrucción podrá requerir al solicitante la presentación de la misma o, en su defecto, la acreditación por otros medios del cumplimiento de los requisitos a que se refiere el documento, con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.
En cualquier momento del procedimiento la Dirección General de Dependencia y Discapacidad podrá solicitar que se aporten copias auténticas de cualquier de los documentos que deben acompañar a la solicitud, inclusive de aquellos que ya han sido presentados ante el registro de solicitantes de subvenciones de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
Base novena.- Procedimiento de Evaluación.
Uno. Se constituirá una Comisión de Evaluación nombrada por la persona titular de la Dirección General de Dependencia y Discapacidad, y que estará compuesta por un presidente y al menos un empleado público del área de la dependencia y otro del área de discapacidad, así como un funcionario del centro directivo que actuará como Secretario.
Dos. La Comisión de Evaluación tendrá la función de analizar las solicitudes presentadas, valorando los proyectos de conformidad con los criterios de evaluación que se establecen en la base décima de la presente Orden.
Una vez valorados, se agruparán de mayor a menor puntuación en dos bloques, uno del área de dependencia y otro del área de discapacidad, y dentro de cada bloque, por líneas de actuación.
Una vez así ordenados, se asignarán los importes solicitados hasta que se agote el presupuesto asignado a cada línea y cada bloque.
Si en alguna línea sobrasen fondos, se distribuirán entre las solicitudes del resto de líneas de su mismo bloque que hayan quedado sin subvención, comenzando por la primera solicitud no subvencionada de la línea 1 y siguiendo por las primeras solicitudes de las siguientes líneas, en orden decreciente. El proceso se reiniciará cuantas veces fuese preciso hasta que se agote el presupuesto o las solicitudes.
Tres. Una vez realizada la asignación de los fondos disponibles, se elaborará un informe donde se recoja la evaluación realizada, detallando la puntuación conseguida en cada criterio y la puntuación total de cada solicitud, así como el importe de subvención propuesto.
La Comisión de Evaluación también podrá proponer la exclusión, de forma motivada, de aquellos proyectos que carezcan notoriamente de la calidad necesaria para garantizar la consecución de los objetivos previstos.
Con el resto de solicitudes se confeccionará una lista de reserva, siguiendo el orden de mayor a menor puntuación obtenida, que serán atendidas en la forma prevista en el punto dos de esta base si se dispusiese de nuevo crédito, bien por renuncia de algún solicitante o por incrementos de cualquier naturaleza del presupuesto inicialmente disponible.
Base décima.- Criterios de evaluación de las solicitudes.
Los criterios de evaluación de las solicitudes de subvenciones presentadas serán los siguientes:
1. La entidad está declarada asociación de utilidad pública o interés público de Canarias: 2 puntos.
2. La aportación económica de la entidad a la realización del proyecto supone:
2.1. El 50% o más del coste del proyecto: 3 puntos.
2.2. Entre 30% y 49% del coste del proyecto: 2 puntos.
2.3. Igual o superior a 20% y menor a 30%: 1 punto.
3. Inserción laboral personas con discapacidad: 2 puntos.
Se considera que se produce inserción laboral de personas con discapacidad cuando las personas a contratar o destinadas a la realización del proyecto, en caso de que ya estén contratadas, sean personas con discapacidad. Se cumple el requisito si en la plantilla del proyecto más del 15% de las personas contratadas son personas con discapacidad, con un mínimo de una persona con discapacidad.
4. El proyecto es continuidad de otro subvencionado de forma directa en alguno de los últimos 5 ejercicios anteriores al de la convocatoria, por la Consejería de la Administración Pública del Gobierno de Canarias con competencias en Políticas Sociales, Dependencia y Discapacidad: 3 puntos.
5. Población afectada: si el proyecto va dirigido exclusivamente a mujeres con dependencia o discapacidad que vivan en un entorno rural: 2 puntos.
A los solos efectos de esta convocatoria, se entenderá como entorno rural aquellos núcleos de población de menos de 500 habitantes, que se encuentren a más de 5 kilómetros del centro urbano de su municipio y carezcan de servicios sociosanitarios especializados.
6. Condiciones para el acceso a los servicios objeto de subvención.
6.1. Solo los socios de la entidad: 1 punto.
6.2. Acceso universal (no se considera la condición de socio): 4 puntos.
Para que se pueda valorar este criterio se deberá reflejar en la memoria la forma en que se va a llevar a cabo la selección de los usuarios que accederán al servicio o actividad objeto de subvención, de forma que se garantice, en su caso, el acceso en condiciones de igualdad de todas las personas.
7. En caso de que el proyecto para el que se solicita subvención incluya o esté relacionado con la prestación de un servicio de los previstos en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia, se otorgarán 2 puntos a las entidades que se encuentren debidamente acreditadas en el momento de la solicitud, según lo dispuesto en el Decreto 67/2012, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento regulador de los centros y servicios que actúen en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia en Canarias. No se otorgará puntuación alguna por este concepto a las entidades que en la fecha de la solicitud se encuentren tramitando la acreditación.
8. Si la entidad está inscrita en el Registro de Entidades colaboradoras en la prestación de Servicios Sociales de Canarias, con al menos un año de antigüedad a contar desde la publicación de la presente convocatoria: 2 puntos.
9. Por la calidad técnica e interés del proyecto: 6 puntos. Para valorar la calidad e interés del proyecto se tendrán en cuenta los siguientes parámetros.
9.1. Adecuación del proyecto a los objetivos perseguidos:
9.1.1. Especialmente adecuado: 1 punto.
9.1.2. Muy adecuado: 2 puntos.
9.2. Establecimiento de indicadores idóneos que permitan medir el grado de éxito del proyecto o actividad: se entiende que los indicadores son adecuados si permiten valorar adecuadamente el efecto de la intervención, para lo cual deben ser pertinentes, medibles y disponer de fuentes de información que permitan su seguimiento y comprobación, las cuales se expondrán en la memoria.
9.2.1. Indicadores adecuados: 1 punto.
9.2.2. Buenos indicadores: 2 puntos.
9.3. Innovación de las propuestas.
9.3.1. No es innovadora: 0 puntos.
9.3.2. Introduce innovaciones valorables: 1 punto.
9.3.3. Proyectos innovadores: 2 puntos.
En caso de empate que condicione el acceso a la subvención, se priorizarán las solicitudes de acuerdo con los siguientes criterios:
1. Se primará a la solicitud de una entidad que no tenga otro proyecto propuesto para recibir subvención y, si no resolviese el empate, la de la entidad que tenga una menor cantidad de subvención propuesta.
2. Si se mantiene el empate, se priorizará el proyecto que alcance mayor puntuación en el criterio 2 y si aún así persiste, sucesivamente quien alcance mayor puntuación en los criterios 3, 5, 6, 4 y 1, hasta que se consiga desempatar.
Base undécima.- Ordenación, instrucción y desarrollo del procedimiento.
Uno. Salvo disposición en contra, la instrucción del procedimiento corresponde a la unidad designada por la persona titular de la Dirección General de Dependencia y Discapacidad, la cual actuará como órgano instructor.
Dos. Si la solicitud inicial no reuniera los requisitos previstos en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el resto de la documentación prevista en la base octava de esta convocatoria, el órgano instructor requerirá a los interesados para que en el plazo de diez (10) días subsanen la falta o acompañen los documentos preceptivos, advirtiéndoles de que si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su petición, de conformidad con lo establecido en el artículo 68.1 de la citada Ley 39/2015, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la mencionada Ley.
La notificación del requerimiento se realizará mediante comparecencia en la sede electrónica de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, en la dirección prevista en la base séptima. También podrá ser objeto de publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Los escritos mediante los cuales las entidades efectúen las subsanaciones correspondientes, así como la documentación adicional, se presentarán de forma electrónica a través del registro de la sede electrónica de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, en la dirección prevista en la base séptima.
No se admitirán a trámite y por consiguiente no existirá la posibilidad de subsanación de las solicitudes que no se presenten por el registro de la sede electrónica de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, ni las presentadas fuera de plazo.
Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento podrá instarse al solicitante para que complete los trámites necesarios, de acuerdo con lo previsto en el artículo 73 de la Ley 39/2005, concediendo a tal efecto un plazo de diez días, a partir del día siguiente al de la notificación, con expreso apercibimiento de que, de no hacerlo así, se le podrá declarar decaído en su derecho a dicho trámite.
Tres. Con carácter previo, el órgano instructor verificará que las entidades solicitantes cumplen los requisitos impuestos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para adquirir la condición de beneficiaros, así como el resto de requisitos previstos en esta convocatoria.
Cuatro. Si la propuesta de resolución coincide en todos sus términos con el contenido de las solicitudes de los beneficiarios, se podrá aprobar la resolución de concesión sin realizar los trámites de resolución provisional y aceptación.
Cinco. Antes de dictarse la resolución provisional, la Dirección General de Dependencia y Discapacidad, como órgano instructor, dará trámite de audiencia a los interesados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82.4 de la citada Ley 39/2015, en aquellos casos en los que haya de tenerse en cuenta para la resolución que pone fin al procedimiento, cualquier hecho, alegación o prueba distinta de las aducidas por los solicitantes, y concretamente en aquellos casos en los que a la vista de los datos consultados por el órgano instructor, procediera la desestimación de la subvención solicitada.
Seis. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, elevará al órgano concedente, si procede, la propuesta de resolución provisional debidamente motivada y ajustada a las disponibilidades económicas existentes. La Resolución provisional será notificada a los interesados mediante su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, para que en el plazo de diez días presenten en sede electrónica la aceptación expresa de la subvención, ajustada al modelo del formulario IV contemplado en esta convocatoria o, en su caso, presenten las alegaciones que estimen pertinentes.
En caso de que no se otorgue la aceptación dentro del referido plazo se entenderá que el interesado no acepta la subvención.
Siete. Cuando el importe de la propuesta en la resolución provisional sea inferior al que figura en la solicitud presentada, se podrá instar del beneficiario la reformulación de su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable.
En este supuesto, se podrá excepcionar del límite impuesto como importe mínimo de subvención, previsto en la base quinta, si la cantidad disponible fuese inferior a 10.000 euros.
La reformulación de solicitudes se regirá por lo previsto en el artículo 17 del citado Decreto 36/2009, de 31 de marzo.
Ocho. Si no se aceptase la subvención por alguno de los solicitantes incluidos en la resolución provisional, y se hubiera liberado crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes denegadas que siguen en orden de puntuación, el órgano instructor podrá incluir en la propuesta de resolución definitiva de concesión, sin necesidad de una nueva convocatoria, al solicitante o solicitantes por orden de puntuación que, reuniendo los requisitos establecidos en esta Orden, no hubieran resultado beneficiarios en la resolución provisional por haberse agotado la dotación presupuestaria asignada a la convocatoria, concediéndoles un plazo de diez días para que presenten la aceptación expresa de la subvención. De no ser otorgada dicha aceptación dentro del referido plazo se entenderá que el interesado no acepta la subvención.
En el caso de que en la resolución definitiva de concesión se hubiese incluido a solicitantes que no hubieran resultado beneficiarios en la resolución provisional, se les concederá un plazo de 10 días hábiles para que presenten la aceptación expresa de la subvención. Los solicitantes que hubieran aceptado la resolución provisional no tendrá que presentar nueva aceptación.
Si se presentasen alegaciones que puedan afectar a la evaluación otorgada inicialmente a los proyectos, la Comisión de Valoración examinará las mismas y emitirá el correspondiente informe para que el órgano instructor eleve la propuesta de resolución definitiva al órgano concedente. De no presentarse alegaciones, la propuesta de resolución provisional pasará a ser definitiva.
Nueve. Se llevará a cabo un procedimiento simplificado de concurrencia competitiva, sin necesidad de órgano colegiado, en cuyo caso la propuesta se formulará por el órgano instructor, cuando el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente para atender a todas las solicitudes que reúnan los requisitos establecidos, una vez finalizado el plazo de presentación, no siendo necesario establecer una prelación entre las mismas.
Diez. Las resoluciones provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto frente a la Administración, mientras que no se les haya notificado la resolución de concesión y se haya efectuado la aceptación expresa.
Base duodécima.- Resolución de concesión y notificación.
Uno. La persona titular de la Dirección General de Dependencia y Discapacidad, por delegación de la persona titular de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, dictará una resolución única de concesión para todas las solicitudes de conformidad con lo que disponen las bases reguladoras establecidas en la convocatoria y dentro de los límites del crédito destinado a la misma, haciendo constar la relación de solicitantes a los que se concede la subvención, importe concedido para cada proyecto, porcentaje que representa respecto del coste total del mismo y resultado de la evaluación, así como, en su caso, la desestimación del resto de solicitudes. Si así se estimase conveniente, la resolución de concesión podrá hacerse por áreas, una para las solicitudes acogidas al área de dependencia y otra para las solicitudes que se acojan al área de discapacidad.
Así mismo, se faculta a la persona titular de la Dirección General de Dependencia y Discapacidad para dictar cuantas resoluciones se precisen para la aplicación de la presente Orden. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de la presente delegación, habrán de hacer constar expresamente tal circunstancia.
Dos. El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento de concesión de las subvenciones, no podrá exceder de seis meses, a contar desde la fecha de publicación de la convocatoria, y, en todo caso, no podrá rebasar el plazo que pudiera ser fijado mediante acuerdo del Gobierno de Canarias para el ejercicio presupuestario de que se trate.
Transcurrido dicho plazo, el interesado debe entender desestimada su solicitud por silencio administrativo, de acuerdo con lo que prevé el artículo 152.2 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.
Tres. La resolución que ponga fin al procedimiento se notificará a los interesados de acuerdo con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mediante su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Cuatro. Contra la resolución de este procedimiento, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la misma o bien, recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. Todo ello, sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Base decimotercera.- Plazo de ejecución de la actividad subvencionada.
El plazo de realización de los proyectos subvencionados estará comprendido entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2018, excepto en el caso de que al abono de la subvención se realice de forma anticipada, en cuyo caso el plazo de finalización vencerá el 31 de diciembre del mismo año.
Dentro de los límites señalados para la realización de la actividad, el órgano concedente podrá otorgar prórroga del plazo de realización de la inversión, que no podrá superar la mitad del inicialmente concedido, siempre que con ello no se perjudiquen derechos de tercero ni, en su caso afecte al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
Base decimocuarta.- Abono de las subvenciones.
Uno. La resolución de concesión de las subvenciones conllevará el compromiso del gasto correspondiente.
Dos. Con carácter general, las subvenciones se abonarán a los beneficiarios, una vez acrediten la realización de la actividad y su coste real.
El pago de la subvención se realizará previa justificación por el beneficiario, y en la parte proporcional a la cuantía de la subvención justificada, de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el que se concedió, en los términos establecidos en la resolución de concesión.
Tres. En concordancia con el artículo 37.3 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, las subvenciones acogidas a las presentes bases podrán abonarse de forma anticipada, dada la naturaleza de las actividades o proyectos objeto de subvención, que revisten características de indudable interés público para los beneficiarios y tratando de evitar que las entidades o instituciones beneficiarias se vean en la obligación de interrumpir, por falta de recursos propios, las actividades subvencionadas.
En este supuesto, el beneficiario, en el momento de la presentación de su solicitud de subvención, estará obligado a hacer constar la imposibilidad de desarrollar y llevar a cabo la actividad, cuya subvención solicita, sin el abono anticipado de la misma.
Cuatro. De acuerdo con lo previsto en el artículo 38.8 del citado Decreto 36/2009, los beneficiarios de las subvenciones, al ser entidades sin fines de lucro que desarrollan programas de acción social, quedan exonerados de la constitución de garantías para el abono anticipado de la subvención.
Cinco. Deberá incorporarse al expediente que se tramite para el pago total o parcial de la subvención, certificación expedida por el órgano encargado del seguimiento de aquella, en la que quede de manifiesto:
a) La justificación parcial o total de la misma, según se contemple o no la posibilidad de efectuar pagos fraccionados, cuando se trate de subvenciones de pago posterior.
b) Que no ha sido dictada resolución firme de la procedencia del reintegro de la subvención o de la pérdida del derecho al cobro de la misma por alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.
c) Que no ha sido acordada por el órgano concedente de la subvención, como medida cautelar, la retención de los libramientos de pago o de las cantidades pendientes de abonar al beneficiario o entidad colaboradora, referidos a la misma subvención.
Seis. No se podrá realizar el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución firme de procedencia de reintegro. La evaluación de estos extremos se efectuará en los mismos términos que para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de acuerdo con la normativa básica y considerando que el beneficiario o la entidad colaboradora se encuentra al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado la suspensión con ocasión de la impugnación de la correspondiente resolución de reintegro.
No será necesario aportar nuevas certificaciones respecto del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social cuando las incorporadas con la solicitud o durante la tramitación del procedimiento no hayan sobrepasado su plazo de validez.
Siete. Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de las subvenciones en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.
Base decimoquinta.- Modificación de la Resolución de concesión.
Uno. Se podrá autorizar la modificación de la resolución de concesión, a petición de los interesados, cuando concurran los requisitos establecidos en el artículo 20.1 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, que se detallan a continuación, siempre que no dañe derechos de tercero:
a) Que la actividad o conducta a realizar conforme a la modificación solicitada esté comprendida dentro de la finalidad prevista en la línea de actuación o proyecto de inversión contemplado en la Ley de Presupuestos y de las actividades o conductas establecidas en las bases reguladoras, o, en su defecto, en la resolución de concesión.
b) Que las circunstancias que justifiquen la modificación no hayan dependido de la voluntad del beneficiario inicial.
c) Que los nuevos elementos o circunstancias que motivan la modificación, de haber concurrido en la concesión inicial, no hubiesen determinado la denegación o disminuido la cuantía de la subvención concedida.
Dos. Dará lugar a la modificación de la resolución de concesión por el órgano que la haya dictado, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la subvención, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, previstas en el artículo 20.2 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo:
a) La alteración de las circunstancias o de los requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de una subvención.
b) La obtención por los beneficiarios de subvenciones concedidas por otros órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y por otras Administraciones o Entes Públicos para el mismo destino o finalidad.
c) La obtención de ayudas u otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares para el mismo destino o finalidad.
d) La superación de los topes previstos por la normativa comunitaria como consecuencia de la acumulación de subvenciones en los períodos establecidos en la misma.
Tres. Tanto la solicitud de modificación prevista en el apartado 1 del presente artículo como la comunicación de las circunstancias a que hace referencia el apartado 2 deberán presentarse antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad.
Base decimosexta.- Obligaciones de los beneficiarios.
Uno. En cumplimiento del artículo 14.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la entidad beneficiaria de subvención estará sujeta a las siguientes obligaciones:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el programa, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.
b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la concesión o disfrute de la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, la Intervención General, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el Tribunal de Cuentas, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competente, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos recibidos.
e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
Así mismo, la entidad beneficiaria deberá llevar una contabilidad separada de la actividad subvencionada, bien mediante cuentas específicas dentro de su contabilidad oficial, bien mediante libros de registro abiertos al efecto.
En dichas cuentas o registros se han de reflejar una por una las facturas y demás justificantes de gasto con identificación del acreedor y del documento, su importe con separación del IGIC e impuestos indirectos que no sean subvencionables, la fecha de emisión, la fecha de pago, así como todos los recursos aplicados a la realización de la actividad. También se reflejarán todos los gastos e ingresos de la actividad aunque sólo una parte del coste estuviera subvencionada.
g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control, por un periodo no inferior a cuatro años.
h) Adoptar las medidas de difusión contempladas en el artículo 18.4 de la mencionada Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Reglamento que la desarrolla, así como el artículo 12 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo. En concreto, la entidad beneficiaria deberá informar de que la actividad está subvencionada por la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, siempre que se cite el proyecto en medios de comunicación de cualquier naturaleza, o se informe del mismo por cualquier otro medio, como carteles, placas, o cualquier otro.
Cuando el soporte en que el que se ofrezca información sobre la actividad subvencionada lo permita (soportes físicos, televisión, páginas web, etc.) la información se acompañara de la imagen corporativa gráfica del Gobierno de Canarias, de acuerdo con lo previsto con su manual de uso.
A tal fin y, atendiendo a las previsiones contenidas en el Decreto 184/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la Identidad Corporativa del Gobierno de Canarias y se establecen las Normas para su mantenimiento y utilización, actualizado mediante la Orden de 8 de marzo de 2010 (BOC nº 58, de 23.3.10) y Orden de 26 de diciembre de 2012, por el que se aprueba la revisión de los epígrafes 4.8.18 y 4.8.19 del Manual de Identidad Corporativa Gráfica del Gobierno de Canarias (BOC nº 253, de 28.12.12), la identidad corporativa que deberá tener en cuenta el beneficiario, será la siguiente:
Ver anexo en la página 24925 del documento Descargar
El beneficiario podrá descargarse este modelo de logotipos en el Manual de la Identidad Gráfica del Gobierno de Canarias, en la siguiente dirección: https://www.gobiernodecanarias.org/identidadgrafica/descargas/
i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la citada Ley General de Subvenciones.
j) Realizar y acreditar la realización de la actividad que fundamenta la concesión de la misma, en el plazo y con los medios establecidos en la presente Orden.
k) Acreditar el coste total de la actividad o conducta subvencionada así como el importe de las ayudas, subvenciones u otros auxilios económicos recibidos de cualesquiera Administraciones, Entes públicos, entidades privadas o particulares.
l) Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención.
m) Respetar las prohibiciones establecidas en el artículo 29.7.d) de la citada Ley 38/2003, en relación con el artículo 68.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que la desarrolla, en lo relativo a las personas o entidades vinculadas con el beneficiario.
n) Cumplir, en su caso, con el compromiso de asumir el coste que resulte de la diferencia entre el importe total del proyecto y la subvención que le sea concedida.
ñ) Solicitar, en su caso, cuando el importe del gasto subvencionable a subcontratar, sea igual o superior a 15.000 en el caso de bienes o servicios, al menos tres ofertas de diferentes proveedores, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 31.3 de la repetida Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
o) Cumplir, en todo momento, lo dispuesto por el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), y por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de datos de carácter personal, en lo que proceda, así como el resto de normativa de aplicación a la materia.
p) Cumplir, en todo momento, lo dispuesto por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que establece en su Título II que "los sujetos enumerados en el artículo 2.1 publicarán de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública", al ser el beneficiario un sujeto obligado según el artículo 3.1.b) de la misma Ley que incluye como otros sujetos obligados a las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.
q) Los bienes inventariables adquiridos con los fondos recibidos deberán destinarse al fin concreto para el que se concedió la subvención durante al menos los 4 años siguientes a la fecha de su adquisición, sin que puedan ser enajenados ni sometidos a cesión o gravamen durante ese periodo.
Asimismo de acuerdo con el artículo 3.2 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, las normas reguladoras de los conciertos y otras formas de participación de entidades privadas en los sistemas públicos de educación, sanidad y servicios sociales establecerán la información que deben publicar, de entre la prevista en el Título II de esta ley, estas entidades para colaborar en la prestación de los mencionados servicios financiados con fondos públicos. La relación de la información que deben publicar estas entidades se incluirá en los pliegos o documentos contractuales equivalentes que correspondan.
Dos. En cumplimiento del artículo 3.1, letra b), en relación con el artículo 13 de la ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública (BOC nº 5, de 9.1.15), las entidades privadas que hubieran percibido durante el período de un año inmediatamente anterior al momento de la solicitud de esta subvención, subvenciones públicas en una cuantía superior a 60.000 euros o cuando al menos el 30% del total de sus ingresos anuales tengan el carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros, deberán realizar una publicidad activa de las subvenciones obtenidas derivadas de esta convocatoria.
Base decimoséptima.- Plazo de justificación.
Uno. Las subvenciones concedidas se deberán justificar en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de finalización del proyecto, excepto en el caso de que el abono de la misma se haya efectuado de forma anticipada, en cuyo caso el plazo será de 2 meses para la presentación de la justificación y liquidación de los fondos recibidos en concepto de subvención.
Dos. Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma, el órgano concedente le requerirá para que sea presentada en el improrrogable plazo de quince días. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido llevará consigo la no exigibilidad de la subvención y la exigencia, en su caso, del reintegro y demás responsabilidades establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Reglamento que la desarrolla. La presentación de la justificación en el citado plazo adicional no eximirá al beneficiario de las sanciones que correspondan.
Base decimoctava.- Medios de justificación.
Uno. Conforme a lo dispuesto en el Capítulo IV del Decreto 36/2009, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias y teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 30 y 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, el beneficiario deberá justificar el cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención.
Al estar limitado el importe de la subvención a una cantidad que no alcance los 60.000,00 euros, la justificación se realizará mediante la presentación en sede electrónica de la cuenta justificativa simplificada regulada en el artículo 28 del Decreto 36/2009. La cuenta justificativa contendrá a siguiente información:
a) Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, según formulario V previsto en esta convocatoria, acompañada de los documentos que acrediten el cumplimento de las medidas de difusión y publicidad adoptadas en la ejecución del proyecto, previstas en la base decimosexta h).
En el caso de que el proyecto subvencionado estuviese dirigido a la prestación de cualquier tipo de servicio directo a personas en situación de dependencia o discapacidad, o sus familias, se incluirá en la memoria una relación de las mismas con la siguiente información:
1. Número de DNI/NIE.
2. Nombre y Apellidos.
3. Domicilio.
4. Servicios recibidos.
5. Intensidad (tiempo acumulado de recepción del servicio).
6. Incidencias.
b) Una relación clasificada de los gastos, y por cada uno de ellos, los datos siguientes de las facturas o documentos de valor probatorio: acreedor, número de factura, breve descripción del objeto, importe, fecha de emisión, fecha y medio de pago, identificación de la anotación contable e impuesto soportado. Asimismo se indicarán, en su caso, las desviaciones acaecidas en relación con el presupuesto inicial.
c) En su caso, un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada, con indicación del importe y su procedencia.
d) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.
e) En los casos en los que la actuación se efectúe en el ámbito de un centro, relación de usuarios del mismo, haciendo constar CIF.
f) En el caso de que el proyecto objeto de subvención consista en la elaboración de estudios, manuales de atención, definición de protocolos, diseño de actuaciones, y cualquier otro tipo de documentos o actuaciones susceptibles de aprovechamiento por la comunidad, deberá entregarse una copia de los mismos a la Dirección General de Dependencia y Discapacidad, en formato texto y pdf, la cual los podrá hacer públicos sin restricción alguna. Si los documentos contuviesen documentación personal susceptible de protección, se suprimirá esta antes de ser entregada.
g) En su caso, las tres ofertas de diferentes proveedores que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones el beneficiario deberá solicitar con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención.
e) Declaración responsable en la que se haga constar que no se ha concertado la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con ninguna de las personas o entidades referidas en el apartado cuarto de la base quinta de la convocatoria.
El órgano concedente comprobará, a través de técnicas de muestreo aleatorio, los justificantes que estime oportunos y que permitan obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin podrá requerir al beneficiario la remisión de los justificantes de gasto seleccionados, así como, en su caso, la acreditación de los correspondientes pagos, que incluirá, como regla general, los justificantes bancarios de la salida de fondos. De no ser posible, de una manera justificada, la presentación del justificante bancario de salida de fondos, podrá presentarse el recibí de la empresa proveedora firmado, sellado y con fecha.
Las partidas de gastos que integren el plan de financiación de la actuación objeto de subvención, podrán compensarse entre sí, a efectos de su justificación, con un límite del 20%, sin que en ningún caso dicha compensación conlleve una alteración del coste total de dicha actuación.
Dos. La justificación de las subvenciones, cuando así lo acuerde la Dirección General de Dependencia y Discapacidad, podrá efectuarse mediante comprobación directa de los hechos, documentos y demás extremos a que debe ceñirse la justificación, efectuada por un Técnico de dicha Dirección General y que deberá ser plasmada en una certificación administrativa expedida a tal fin; a estos efectos, los beneficiarios están obligados a facilitar al Técnico cuanta documentación e información les sea requerida por el mismo.
Tres. Cuando el beneficiario de la subvención ponga de manifiesto en la justificación que se han producido alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la misma, el órgano concedente de la subvención podrá aceptar la justificación presentada, siempre y cuando concurran las siguientes circunstancias:
a) El beneficiario hubiera solicitado la aprobación de la variación dentro del plazo para la realización de la actividad,
b) Las variaciones efectuadas no alteren esencialmente la naturaleza u objetivos de la subvención y
c) Su aceptación no suponga dañar derechos de terceros.
Base decimonovena.- Incumplimientos y reintegro de las subvenciones.
Conforme a lo establecido en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a esta, en los supuestos que se indican a continuación, a los que les serán de aplicación los criterios de graduación siguientes:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido. En este caso, procederá el reintegro o la pérdida de derecho al cobro de la totalidad de la cantidad percibida.
b) Incumplimiento total del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención. Se entenderá que existe un incumplimiento total cuando el porcentaje del objetivo, actividad o proyecto realizado, o el gasto o la justificación sea inferior al 70% del aprobado. En este caso se perderá el derecho al cobro de la subvención concedida o se procederá al reintegro total de la subvención, en caso de abono anticipado.
c) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 de los artículos 18 de la Ley 38/2003 y 31.3 del Reglamento que la desarrolla aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. En este caso, la cantidad a reintegrar será un 25% de lo percibido.
d) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la citada Ley 38/2003, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. En este caso, procederá el reintegro de la totalidad de la cantidad percibida.
e) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a los beneficiarios, así como de los compromisos por estos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención. En caso de incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar será un porcentaje de lo percibido equivalente al porcentaje de incumplimiento, previa valoración y motivación de la justificación presentada por el beneficiario, salvo que los incumplimientos, de haberse conocido en el momento de la evaluación de las solicitudes hubiesen condicionado el otorgamiento de la subvención, en cuyo caso el incumplimiento supondrá la obligación de reintegrar el 100% de la subvención concedida o la pérdida del derecho a su cobro.
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración, así como de los compromisos por estos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privado, nacionales de la Unión Europea o de organismos internacionales.
En caso de incumplimiento parcial, la cantidad a reintegrar será un porcentaje de lo percibido equivalente al porcentaje de incumplimiento, previa valoración y motivación de la justificación presentada por el beneficiario.
Los criterios de graduación indicados serán de aplicación, cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime, de modo significativo, al cumplimiento total y se acredite por este una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos.
En el supuesto contemplado en el apartado 3 del artículo 19 de la citada Ley 38/2003, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente.
Asimismo, no será exigible el abono o procederá el reintegro del exceso en cualquiera de los supuestos siguientes:
a) Cuando la cantidad recibida exceda del porcentaje del coste total de la actividad o conducta fijado en las bases de la convocatoria o en la resolución de concesión.
b) Cuando, por concesión de ayudas y subvenciones de otros Departamentos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, de otras Administraciones o Entes públicos, la cuantía de las ayudas y subvenciones concedidas o recibidas supere el coste del objeto de la ayuda o subvención.
c) Cuando por haber recibido cualquier ayuda o auxilio económico de entidades privadas o particulares para el mismo destino, la cuantía de las ayudas o subvenciones concedidas supere el coste del objeto de las mismas.
d) Cuando por obtención de otros ingresos propios de la actividad o conducta subvencionada o afectos a las mismas o a la situación, estado o hecho en que se encuentre o soporte el beneficiario, la cuantía de las ayudas o subvenciones concedidas supere el coste del objeto de las mismas.
e) Cuando por acumulación de ayudas o subvenciones la cantidad recibida supere la cuantía compatible con la normativa comunitaria.
En todos los supuestos de reintegro indicados anteriormente, además de la devolución, total o parcial, de los fondos públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés legal de demora devengado desde el momento de abono de los mismos, de conformidad con lo previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado que sea de aplicación.
El interés de demora a que se refiere el apartado anterior se calculará sobre el importe a reintegrar de la subvención concedida o, en su caso, sobre la cuantía del exceso del coste que deba reintegrarse.
Base vigésima.- Devoluciones.
En caso de abono anticipado de la subvención, la entidad beneficiaria podrá devolver la parte no gastada, más los intereses de demora correspondientes, mediante ingreso en cualquiera de las cuentas que el Gobierno de Canarias tiene abiertas en las entidades de depósito que actúan como colaboradoras en la gestión recaudatoria, como son Bankia, Caixa, BancaSabadell, Banca March, Popular, Bankinter, BBVA, Santander, Barclays, Novagalicia, Canarias Cajarural, Deutsche Bank, Cajasiete, Arquia o CatalunyaCaixa, cumplimentando el modelo 800 de la Administración Tributaria Canaria, aprobado por Orden de 15 de octubre de 2014 de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad (BOC nº 25, de 22 de octubre de 2014).
Asimismo, se podrá realizar el pago a través de la pasarela de pago de la sede electrónica de la Agencia Tributaria Canaria que al efecto tiene habilitada con Bankia, La Caixa y Banca March.
En caso de devolución, a la documentación justificativa prevista en la cláusula decimoctava se deberá adjuntar el justificante del ingreso "Ejemplar para la Administración" del citado modelo 800, debidamente diligenciado.
Base vigesimoprimera.- Procedimiento de reintegro.
El procedimiento de reintegro, especificado en la base decimonovena, se ajustará a lo regulado en el Capítulo II del Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Capítulo VIII del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, modificado por el Decreto 5/2015, de 30 de enero, regulador de las subvenciones de la Administración Pública de Canarias, en todo aquello que no se oponga a los preceptos, de carácter básico, que se recogen en la citada Ley General de Subvenciones.
Base vigesimosegunda.- Infracciones y sanciones.
Las entidades beneficiarias de las subvenciones quedarán sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador regulado en el Título V de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, sobre infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones, y a lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley 11/2016, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.
El procedimiento sancionador se regirá por lo dispuesto en la normativa reguladora del Procedimiento Administrativo Común.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 154 de la Ley 11/2016, de 11 de diciembre, las sanciones derivadas de infracciones cometidas en la gestión de las subvenciones reguladas en esta Orden, serán acordadas e impuestas por la persona titular de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, excepto si la sanción consiste en la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales, en la prohibición para celebrar contratos con la Administración u otros entes públicos o en la pérdida de la posibilidad de actuar como entidad colaboradora en relación con las subvenciones reguladas en esta Ley, en cuyo caso la competencia corresponderá a la persona titular del la Consejería de Hacienda.
Base vigesimotercera.- Régimen aplicable a la prescripción.
Uno. El derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro de las subvenciones que se concedan con arreglo a estas bases reguladoras prescribirá a los cuatro años, que se computará desde el momento en que venza el plazo para presentar la justificación por parte de la persona beneficiaria, o, en el supuesto de que se establezcan condiciones u obligaciones que deban ser cumplidas o mantenidas por parte de la persona beneficiaria durante un periodo determinado de tiempo, desde el momento que venza dicho plazo.
Dos. El cómputo del plazo de prescripción se interrumpirá por las causas previstas en el artículo 153.3 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.
Ver anexo en las páginas 24933-24948 del documento Descargar
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