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BOC-A-2017-228-5603.
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La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su artículo 81, apartado 3, letra b), en la redacción dada por el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, establece que, en relación con los estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, los precios públicos por la prestación de servicios académicos y demás derechos que legalmente se establezcan, los fijará la Comunidad Autónoma dentro de los límites que establezca la Conferencia General de Política Universitaria.
La Disposición adicional séptima del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/1994, de 29 de julio, en la redacción dada por la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales, establece que las contraprestaciones a percibir por los servicios académicos de carácter universitario, tienen la consideración de precios públicos.
En el artículo 1 del Decreto 175/2017, de 10 de julio, por el que se fijan y regulan los precios públicos a satisfacer por la prestación de servicios académicos y administrativos universitarios, de las universidades públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, para el curso 2017-2018 (BOC nº 134, de 13 de julio), se establece: «El presente Decreto tiene como objeto el establecimiento de los precios públicos a satisfacer por las personas usuarias de los servicios académicos, que durante el curso académico 2017-2018 presten las universidades públicas de Canarias».
Es objeto del presente Decreto de modificación, de una parte, la introducción de una regulación preceptiva no contenida en el citado Decreto 175/2017, a la luz de la vigente normativa básica estatal y autonómica de desarrollo en materia de educación universitaria, cuya plasmación en el mismo resulta de ineludible aplicación, cual es la introducción de precio público universitario por tutela académica para la realización de tesis doctoral en programas de doctorado regulados por el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se establecen las enseñanzas oficiales de doctorado (Tarifa Primera, 1.4. "Estudios de Doctorado"); de otro lado, razones de conveniencia y oportunidad merecen la indicación expresa del alumnado del Bachillerato LOMCE (junto al Bachillerato LOE y LOGSE) que hubiese obtenido matrícula de honor global entre los supuestos de exención del pago del precio público para la realización de las pruebas generales de aptitud para el acceso a la Universidad y las pruebas específicas para acceso a centros, así como del abono de los precios públicos fijados en la tarifa primera (artículo 17); y, finalmente, la especificación del número de convocatorias respectivas de cada universidad pública canaria, atendiendo a la Normativa de progreso y permanencia de cada Universidad (artículo 7.1).
En relación al primero de los aspectos mencionados, el mismo trae causa de la regulación contenida en el artículo 11.1 del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, que preceptúa: «Los doctorandos admitidos en un programa de Doctorado se matricularán anualmente en la Universidad correspondiente, en su Escuela de Doctorado o en la Unidad responsable del programa por el concepto de tutela académica del Doctorado. Cuando se trate de programas conjuntos, el convenio determinará la forma en que deberá llevarse a cabo dicha matrícula», régimen que continúa vigente en la actualidad, lo que determina la preceptiva inclusión del correspondiente precio público por tutela académica para la realización de tesis doctoral en programas de doctorado regulados por el citado Real Decreto (ascendente a 203,80 euros), no contemplado expresamente en el apartado 1.4. "Estudios de Doctorado" de la Tarifa Primera del reseñado Decreto 175/2017, de 10 de julio.
Por lo que respecta a la regulación de los dos restantes extremos -esto es, la inclusión del alumnado del Bachillerato LOMCE que hubiesen obtenido matrícula de honor global en los supuestos de exención del pago de determinados precios públicos y la referencia al número concreto de convocatorias respectivas y diferenciadas de ambas universidades públicas canarias, atendiendo a la Normativa de progreso y permanencia de cada Universidad- se estima necesaria su introducción en aras de garantizar la seguridad jurídica y evitar lagunas o diferencias interpretativas no deseables que pudieran afectar desfavorablemente a los estudiantes.
De conformidad con el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con el presente Decreto se da cumplimiento a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Así, la disposición es respetuosa con los principios de necesidad, eficacia y proporcionalidad, en tanto que con ella se consigue el fin perseguido, básicamente la introducción de una regulación preceptiva no contenida en el citado Decreto 175/2017, de 10 de julio, a la luz de la vigente normativa básica estatal y autonómica de desarrollo en materia de educación universitaria, cuya plasmación en el mismo resulta de ineludible aplicación, cual es la introducción de precio público universitario por tutela académica para la realización de tesis doctoral en programas de doctorado regulados por el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se establecen las enseñanzas oficiales de doctorado (Tarifa Primera, 1.4. "Estudios de Doctorado").
Asimismo, se han omitido los trámites de consulta previa, audiencia e información pública al concurrir graves razones de interés público justificativas, cual es la imperiosa necesidad de tener publicada oficialmente la citada tarifa con carácter urgente, a fin de evitar perjuicios de difícil o imposible reparación en los derechos e intereses legítimos del doctorando que desconozca la existencia y la exigibilidad de dicho precio público por tutela académica de tesis doctoral.
Finalmente, la iniciativa es coherente con el resto del ordenamiento jurídico, creando un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre para toda la comunidad universitaria, evitando las cargas administrativas innecesarias o accesorias y procurando racionalizar la gestión de los recursos públicos; y su objetivo se encuentra claramente definido, cumpliendo así los principios de seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
En su virtud, a propuesta conjunta de las Consejeras de Hacienda y de Educación y Universidades, y previa deliberación del Gobierno en su reunión celebrada el día 20 de noviembre de 2017,
D I S P O N G O:
Artículo único.- Modificación del Decreto 175/2017, de 10 de julio, por el que se fijan y regulan los precios públicos a satisfacer por la prestación de servicios académicos y administrativos universitarios, de las universidades públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, para el curso 2017-2018.
Se modifica el Decreto 175/2017, de 10 de julio, por el que se fijan y regulan los precios públicos a satisfacer por la prestación de servicios académicos y administrativos universitarios, de las universidades públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, para el curso 2017-2018,
Uno. El artículo 7.1 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 7.- Derechos derivados de la matrícula.
1. En cuanto al régimen de convocatorias y prórrogas, el pago de la matrícula del curso dará derecho a dos convocatorias, incluyendo en su caso la de diciembre de 2018, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; y a tres convocatorias en la Universidad de La Laguna, atendiendo en todo caso a las circunstancias académicas contempladas en las Normas de progreso y permanencia de cada Universidad».
Dos. El artículo 17 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 17.- Alumnado con matrícula de honor en COU, en Bachillerato LOGSE, LOE o LOMCE, o en Ciclos Formativos de grado superior.
Quienes hayan obtenido matrícula de honor global en COU, en Bachillerato LOGSE, LOE o LOMCE, o en Ciclos Formativos de grado superior, estarán exentos del pago del precio público para la realización de las pruebas generales de aptitud para el acceso a la Universidad y las pruebas específicas para acceso a centros, así como, por una sola vez y para primer curso, del pago de los precios públicos establecidos en la tarifa primera».
Tres. El apartado 1.4 "Estudios de Doctorado" de la Tarifa Primera contenida en el anexo, queda redactado en los siguientes términos:
Ver anexo en la página 32167 del documento Descargar
Disposición final única.- Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias y será de aplicación para los precios públicos correspondientes al curso 2017-2018.
Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de noviembre de 2017.
EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,
Fernando Clavijo Batlle.
LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN
Y UNIVERSIDADES,
Soledad Monzón Cabrera.
LA CONSEJERA
DE HACIENDA,
Rosa Dávila Mamely.
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