Estás en:
ATENCION. La versión HTML de este documento no es oficial. Para obtener una versión oficial, debe descargar el archivo en formato PDF.
17 páginas. Formato de archivo en PDF/Adobe Acrobat.
Tamaño: 445.23 Kb.
BOC-A-2017-077-1946.
Firma electrónica
- Descargar
Mediante Orden del Consejero de Obras Públicas y Transportes, nº 44/2017, de 11 de abril de 2017, se declara la nulidad de pleno derecho del Acuerdo del Consejo de Administración de Puertos Canarios, de fecha 9 de junio de 2015, que aprueba los criterios para la tramitación de la ampliación y prórroga de las concesiones otorgadas con anterioridad a la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley de Costas, y a la Ley 9/2014, de 6 de noviembre, del Parlamento de Canarias, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias.
Esta Secretaría General Técnica, al amparo de lo establecido en el artículo 45.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ha dispuesto proceder a la publicación de la Orden citada al afectar a una pluralidad indeterminada de personas, al ostentar el Acuerdo del Consejo de Administración de Puertos Canarios, de 9 de junio de 2015, el carácter de disposición de carácter general.
Por lo que, de acuerdo con lo previsto en el artº. 45.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a transcribir el texto de la Orden del Consejero de Obras Públicas y Transportes, nº 44, de 11 de abril de 2017:
"Orden del Consejero de Obras Públicas y Transportes por la que se resuelve declarar la nulidad de pleno derecho del acuerdo del Consejo de Administración de Puertos Canarios, de fecha 9 de junio de 2015, que aprueba los criterios para la ampliación y prórroga de las concesiones otorgadas con anterioridad a la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley de Costas, y a la Ley 9/2014, de 6 de noviembre, del Parlamento de Canarias, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias.
Examinado el expediente tramitado por la Secretaría General Técnica del Departamento.
Vista la propuesta de la Secretaria General Técnica
De conformidad con el informe de la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos, de 19 de enero de 2017.
De conformidad con el Dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, nº 69/2017, de 8 de marzo.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Mediante Acuerdo del Consejo de Administración de Puertos Canarios, de 9 de junio de 2015, se aprueban los criterios para la tramitación de la ampliación y prórroga de las concesiones otorgadas con anterioridad a la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley de Costas, y de la Ley 9/2014, de 6 de noviembre, del Parlamento de Canarias, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias.
2º) Con fecha 29 de febrero de 2016, se emite informe jurídico por parte del Servicio de Régimen Jurídico de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, en el que se ponen de manifiesto una serie de consideraciones jurídicas que podrían justificar la tramitación de un expediente administrativo de revisión de oficio del Acuerdo del Consejo de Administración de Puertos Canarios, de 9 de junio de 2015.
3º) Con fecha 20 de abril de 2016, mediante Acuerdo del Consejo de Administración de la entidad Puertos Canarios, se procede a iniciar expediente de revisión de oficio del Acuerdo del Consejo de Administración de Puertos Canarios, de 9 de junio de 2015, dictándose la finalización por caducidad, mediante Acuerdo del Consejo de Administración, de 21 de julio de 2016, remitiendo el expediente a la Consejería de Obras Públicas y Transportes, por entender que es la Administración competente para la tramitación y resolución de los expedientes de revisión de oficio.
4º) Con fecha 10 de octubre de 2016, mediante Orden de la Consejera de Obras Públicas y Transportes, nº 180, se inicia expediente de revisión de oficio del Acuerdo del Consejo de Administración de Puertos Canarios, de 9 de junio de 2015, con base en el informe emitido por el Servicio de Régimen Jurídico, de 29 de febrero de 2016, que groso modo considera, en cuanto al contenido del denominado "Criterio 1º. Regularización de la cuantía de los cánones", que no se atiende a las previsiones legales al respecto, al regular mediante un acto administrativo del Consejo de Administración de Puertos Canarios, "criterios" propios de una disposición de carácter general, además de incidir en materias reservadas a ley. Así, el artículo 7 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, establece que, la creación y los elementos esenciales de las tasas se realizarán por Ley (artículo 7.1); la modificación de la cuantía podrá realizarse mediante Decreto del Gobierno de Canarias (artículo 7.3), por último, que las leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias podrán modificar las cuantías. Igualmente, el artículo 16.1 del citado texto refundido establece: "El importe de las tasas por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público se fijará tomando como referencia el valor de mercado correspondiente o el de la utilidad derivada de aquella." Asimismo, los apartados 1 y 2 del artículo 66 de la Ley de Puertos de Canarias disponen: "1. El canon por ocupación o aprovechamiento del dominio público se determinará de acuerdo con el valor del suelo e instalaciones, utilidad que represente para el puerto y a la naturaleza y beneficio de la actividad desarrollada por el concesionario o persona autorizada. 2. En los supuestos de utilización de instalaciones o del dominio público, la cuantía del canon será del seis por ciento del valor del suelo ocupado y/o del coste de las instalaciones." Por último, el apartado 2 del artículo 77 del Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de Puertos de Canarias, aprobado por Decreto 55/2005, de 12 de abril, añade que la base imponible de este canon será: "el valor de los terrenos fijado sobre la base de criterios de mercado y según las distintas áreas funcionales de usos globales portuarios en que se divide la zona de servicio, de conformidad con la legislación estatal reguladora del régimen del suelo y valoraciones."
En relación con el "Criterio 2º. Inversiones relevantes para el sistema portuario canario" y "Criterio 3º. Determinación de las obras computables como "nuevas inversiones", se tratan de "criterios" a modo de preceptos que en su caso habrían de ser objeto de Ley del Parlamento de Canarias. Así, la Ley Canaria 9/2014, de 6 de noviembre, en su Disposición transitoria tercera y en el artículo 48.bis, que introduce en la Ley de Puertos de Canarias, solo atiende a la prórroga prevista en el título de la concesión y no las extraordinarias para concesiones existentes otorgadas al amparo de la normativa anterior, a las que se refiere el artículo segundo de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de Costas.
Aun si se pretendiera salvar lo anterior invocando una pretendida aplicación de la legislación estatal para la regulación de la ampliación y prórroga de las concesiones de puertos autonómicos, posibilidad que se rechaza, resultaría que los requisitos a), b) y c) previstos en el apartado 1 del criterio 2º, relativo a las "inversiones relevantes", se habrían adoptado a modo de disposición de carácter general y prescindiendo de (suplantando) lo establecido en el artículo 82.2 y en la Disposición transitoria décima del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, que sería aplicable por remisión de la Disposición transitoria quinta de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, la cual establece que las prórrogas de las concesiones para puertos que no sean de interés general podrán otorgarse en los mismos términos y condiciones previstos en la legislación estatal de puertos de interés general. En consecuencia, se ha de entender que el acuerdo de referencia tampoco se ha dictado al amparo de la legislación estatal portuaria por remisión de la reguladora del dominio público marítimo-terrestre.
En cuanto al "Criterio 4º. Procedimiento", hay que señalar que este se refiere al procedimiento a seguir con la solicitud de "prórroga/ampliación", resultando incompleto a la vista de la normativa vigente, ya que tanto la ampliación como la prórroga de que se trata, comportan la modificación de los términos y condiciones de la concesión por lo que, de haber sido procedentes, que no lo son, se habría de dar cumplimiento a los trámites previstos en el artículo 47 del Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de Puertos de Canarias, que son: informe del Ayuntamiento correspondiente al municipio donde se ubica el puerto, informe de las Consejerías y organismos competentes por razón de la materia, información pública, informe del Consejo Asesor de Puertos Canarios y aceptación de las condiciones por el concesionario.
En cualquier caso, el otorgamiento de la "prórroga/ampliación" a solicitud del concesionario, cuando fuese procedente, resulta un acto administrativo que presenta un amplio margen de discrecionalidad, por lo que debe considerar caso a caso si resulta más beneficioso para el interés general acceder a dicha ampliación/prórroga o denegarla motivadamente e iniciar procedimiento para el otorgamiento de una nueva concesión o, si se solicita, de conformidad con lo previsto en el artículo 61 de la Ley de Puertos de Canarias, la "prolongación de la explotación".
Se está, por tanto, ante un acto administrativo con pretensiones de disposición de carácter general y de regulación incluso de materias con reserva de ley, no amparado ni ajustado a las leyes y reglamentos vigentes, por lo que incurre en los motivos de nulidad de pleno derecho de las letras e) y f) del apartado 1 del artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPACAP). En consecuencia, se trata de un acuerdo adoptado por un órgano que pretende aprobar, sin competencia ni procedimiento legal alguno, lo que en realidad, por su contenido, sería una disposición administrativa de carácter general, que infringe las leyes y reglamentos en vigor y además vulnera el principio de reserva de ley, por lo que se ha de invocar también lo establecido en el apartado 2 del citado artículo 47 de la LPACAP.
5º) En cuanto a la tramitación del procedimiento de revisión de oficio, se inicia mediante Orden de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, nº 180, de 10 de octubre de 2016, debiendo recaer resolución en el plazo de seis meses desde la citada fecha, transcurridos los cuales se producirá la caducidad del mismo. El transcurso del plazo máximo queda suspendido desde la fecha de solicitud hasta la de recepción del informe preceptivo de la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos y del Dictamen del Consejo Consultivo de Canarias (artículo 106.5 LPACAP), circunstancia esta que se comunico a los interesados.
La instrucción del procedimiento corresponde al Servicio de Régimen Jurídico de la Secretaria General Técnica, y en el mismo constan informes del señalado Servicio, de 29 de febrero de 2016, en el que se fundamenta el inicio de oficio del expediente de revisión, y de 19 de diciembre de 2016, relativo a las alegaciones presentadas en el trámite de audiencia. Asimismo, se ha llevado a cabo el trámite de audiencia a los interesados, a raíz del cual se han presentado las alegaciones siguientes:
1. D. Claudio Piernavieja Grau-Bassas, 24 de octubre de 2016, en nombre y representación Puerto Deportivo de Santa Águeda, en escrito con Registro de entrada de 24 de octubre de 2016, solicitando informes internos y/o cualquier documento relevante.
2. D. Manuel Brito García, en nombre y representación de Puerto Mogán, S.A., en escrito con Registro de entrada de 26 de octubre de 2016, en el que especifican que, han solicitado el otorgamiento de prórrogas o/y ampliaciones de su concesión portuaria, sin que haya recaído resolución expresa, oponiéndose a la nulidad de pleno derecho, solicitando que se mantengan los criterios interpretativos fijados en el Acuerdo del Consejo de Administración de Puertos Canarios, de 9 de junio de 2015, o, en su caso, fijando otros que respeten la legalidad y permitan a las empresas concesionarias conocer anticipadamente a qué atenerse en esta materia.
En cuanto a defectos formales alegan, la necesidad de obtener informe de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias y Dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Canarias; otorgan al Acuerdo del Consejo de Administración, de 9 de junio de 2015, naturaleza de instrucción, circular u órdenes de servicio, de acuerdo con el artículo 21.1 de la entonces vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, considerando que no afectan a la esfera externa de la Administración; mantienen la competencia de Puertos Canarios, basada en la obligatoriedad del cumplimiento de los preceptos del Decreto 55/2005, de 12 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de Puertos de Canarias, mientras estén en vigor.
En cuanto al importe de los cánones concesionales señalan que, el acuerdo no fija los elementos esenciales del tributo fijados por la ley, ni varía esa referencia a los criterios de mercado establecida por el reglamento, ni la concreción de su cuantía.
En relación a la no previsión expresa por la Ley Canaria 9/2014 de la figura de la prórroga/ampliación extraordinaria del plazo de las concesiones de puertos deportivos señalan, salvo que esté prevista en el título concesional, no impide la aplicación de la Disposición transitoria décima del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, en relación con la Disposición transitoria quinta de la Ley Estatal 2/2013, de 29 de mayo, que permite aplicar las prórrogas extraordinarias y la ampliación de plazo prevista en la legislación estatal, y que los criterios 2º y 3º fijados en el acuerdo permiten entender que resultan aplicables a los puertos deportivos canarios los supuestos de prórroga extraordinaria y ampliación de plazo concesional previstos en la citada Disposición transitoria quinta.
En cuanto al procedimiento, indican que entender que lo previsto en el "Criterio 4º" del Acuerdo del Consejo de Administración no es respetuoso con el procedimiento regulado en el artículo 47 del Reglamento de la Ley de Puertos de Canarias, carece de sustancia jurídica.
Por último, se procede en la alegación a evaluar los posibles defectos jurídicos del Acuerdo del Consejo de Administración de Puertos, de 9 de junio de 2015, considerando que, a lo sumo, podría resultar contrario a Derecho, como simple causa de anulabilidad en dos aspectos:
a) En primer lugar, este Acuerdo estableció la actualización de los cánones concesionales con referencia al IPC, y ese criterio resulta contrario a la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de Desindexación de la Economía Española.
b) En el Anexo I del Acuerdo se fija una valoración actualizada de las infraestructuras portuarias existentes en Canarias, usando valores catastrales actualizados, mientras que el Reglamento de la Ley de Puertos exige que la base imponible incluya el valor "sobre la base de criterios de mercado y el valor de su depreciación anual o anualidad contable de amortización", no obstante, este segundo motivo de anulabilidad resulta discutible por que la legislación catastral, exige para la determinación del valor catastral el criterio, de las circunstancias y valores del mercado, entre otros.
3. D. Pedro León Boissier, en nombre y representación de Puerto Deportivo de Puerto Rico (Puerto Base y Puerto Escala), escrito con entrada de 28 de octubre de 2016; don Raúl A. Melo Robayna, en nombre y representación de la entidad mercantil Puertos Deportivos Canarios, S.L., escrito con registro de entrada de 28 de octubre de 2016; don Tomás Azcárate Díaz de Losada, en nombre y representación de la entidad mercantil Acantilados de Los Gigantes, S.A., escrito con entrada el 2 de noviembre de 2016; doña Dolores Viera Rodríguez y doña Gabriela Esquivel Martínez-Arroyo, en nombre y representación de la entidad mercantil Puerto Deportivo Pasito Blanco Canarias, S.L.U., escrito con registro de entrada de 2 de noviembre de 2016, al que adjuntan otro de 19 de agosto de 2016; don José Juan Calero Prats, en nombre y representación de Puerto Calero Marinas, S.L., en escrito de 3 de noviembre de 2016; y don Rafael Lasso Lorenzo, en nombre y representación de la entidad mercantil Puerto Deportivo Rubicón, S.A., escrito de 4 de noviembre de 2016; y don Santiago Ara Quero, en nombre y representación de la Asociación de Puertos Deportivos de Canarias, en escrito de 22 de noviembre de 2016, han presentado alegaciones que coinciden íntegramente con las señaladas en el punto 2 anterior instadas por la representación de Puerto Mogán, S.A.
4. D. Jorge González Díaz, como Presidente del P.D. Club Náutico y Social La Galera, escrito con registro de entrada 7 de noviembre de 2016, en el que se alega, por una parte, que el Gobierno de Canarias no ha aprobado el correspondiente Decreto de transferencias en materia de puertos deportivos ni se ha suscrito con los Cabildos Insulares la correspondiente acta de recepción y entrega de los expedientes, bienes, medios personales y recursos traspasados, fecha a partir de la cual los Cabildos ejercerán efectivamente la competencia transferida, conforme a la Disposición transitoria 3ª de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, por lo que, la entidad Puertos Canarios es competente para planificar, explotar y gestionar el sistema portuario de titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias y del dominio público portuario entre las que se encuentran los puertos deportivos. Por otra, respecto a la posibilidad de prorrogar o no las concesiones otorgadas con anterioridad a la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, en su artículo 2 y Disposición transitoria segunda, establecen la posibilidad de prórroga, incluyendo en esa posibilidad los puertos que no sean considerados de interés general, que constituyendo legislación básica deben ser comunes a todo el Estado; así mismo, corresponde a Puertos Canarios otorgar las concesiones, su ampliación, prórroga y prolongación [artículos 24.1.f), 26.2.c) y 42.1 del Decreto 52/2005, de 12 de abril, dentro del marco legal previsto en los artículos 43.3 y 48.bis de la Ley de Puertos de Canarias], que contemplan tres requisitos: primero, que la prórroga esté contemplada en el título; segundo, nunca puede rebasar el límite máximo previsto legalmente para la concesión del título y tercero, que concurran los requisitos del artículo 48.bis de la LPC. El citado representante concluye que en el Acuerdo del Consejo de Administración de Puertos Canarios se reconoce expresamente que se ha añadido un nuevo artículo 48.bis, en el que se regula la posibilidad legal de prorrogar las concesiones otorgadas, pero olvida que el requisito principal es que la prórroga esté contemplada en el título. Por último, en relación al canon Puertos Canarios solo puede proponer su fijación y revisión para su aprobación.
5. D. José Francisco Galván de Urzáiz, en nombre y representación de la entidad mercantil Puerto Colón, S.A., ha presentado escrito, de 21 de noviembre de 2016, en el que se considera, en cuanto a la naturaleza del acuerdo y la forma de subsanación del mismo, que el acuerdo que se revisa constituye una norma o disposición, en ningún caso un acto administrativo o resolución administrativa; de la Exposición de motivos y del contenido de los criterios nos encontramos ante una norma dirigida a los órganos, servicios y personal de "Puertos Canarios", por lo que se trataría de una "instrucción interna"; para depurar o corregir los eventuales defectos hubiera bastado el dictado de una nueva disposición que subsane aquellos, y que, en caso contrario, se estaría cercenando o restringiendo la potestad reglamentaria de la Administración; por último que, dada la naturaleza interna de instrucción, no puede revisarse por la vía del artículo 47.2 LPACAP, al resultar imposible considerarla como una auténtica disposición administrativa de carácter general. En relación con los vicios de nulidad, alegan la inexistencia de los mismos, considerando que ninguno de los motivos jurídicos constituyen por sí solos nulidad, en el mejor de los casos de anulabilidad y en este caso, al inicio del procedimiento de lesividad por la vía del artículo 107 LPACAP, nunca por el cauce del artículo 106, considerando que el Consejo de Administración de Puertos Canarios es competente para dictar los "Criterios" al amparo de los artículos 21.1, 22.d) y 25.2 de la Ley de Puertos y 26.2 del Reglamento; la ausencia de norma previa en el ordenamiento sectorial portuario y la reserva de ley tributaria como un simple vicio de legalidad que llevaría aparejado su anulación por aplicación del artículo 48 LPACAP; en cuanto a la ausencia de procedimiento, no se explica ni fundamenta jurídicamente; no se ha cuestionado la parte relativa al apartado e) del artículo 47.1 LPACAP respecto a las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados; en cuanto a la violación del principio de reserva de ley tributaria, o el dictado sin norma previa que lo ampare, podría ser anulada mediante las correspondientes acciones o vías de recurso; no se entiende de aplicación el artículo 47.1.f) de la Ley 39/2015, referido a actos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición, porque hasta la fecha no se ha despachado u otorgado una sola ampliación de plazo o prórroga de la vigencia de la concesión, por lo que se solicita el archivo del procedimiento de revisión de oficio.
6º) Con fecha 23 de noviembre de 2016, con entrada en el Registro General de la Consejería nº 9957, de igual fecha, el Director Administrativo de Puertos Canarios remite, en formato digital, relación de puertos e instalaciones deportivas gestionados bajo concesión administrativa, y solicitudes de prórroga/ampliación de los representantes de las entidades mercantiles presentadas al amparo del Acuerdo de Administración de Puertos Canarios, de 9 de junio de 2015, siendo las siguientes: Puerto de Mogán, S.A., Puertos Deportivos Canarios, S.L., Cementos Especiales de las Islas, S.A. (Muelle y Puerto de la Bahía de Santa Águeda), Puerto Calero Marinas, S.L., Puerto Deportivo Rubicón, S.A., Puerto Colón, S.A., Acantilado de Los Gigantes, S.A., Puerto Rico, S.A., y Puerto Deportivo Pasito Blanco Canarias, S.L.U. Al respecto, el Director Administrativo de Puertos Canarios, informa, en el mismo escrito, de 23 de noviembre de 2016 que: "Puertos Canarios no ha tramitado ninguna de las solicitudes de prórroga presentadas por estar los criterios de concesión en trámite de revisión."
7º) Con fecha 19 de diciembre de 2016, se solicita informe preceptivo a la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias, siendo emitido el 19 de enero de 2017 y recibido en este Departamento el mismo día, permaneciendo suspendido el cómputo del plazo máximo para resolver del procedimiento de revisión durante el periodo de tiempo que transcurre entre la solicitud y la recepción de aquel. A raíz del contenido del informe de la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos, de 19 de enero de 2017, en esta resolución se procede a modificar en la Consideración jurídica novena la referencia al artº. 47.1.b) por 47.2 de la Ley 39/2015; en el párrafo segundo de la Consideración jurídica décima se elimina la apreciación sobre la naturaleza jurídica de acto administrativo de carácter general; y se introduce la Consideración jurídica decimotercera.
8º) Con fecha 6 de febrero de 2017, se solicita el preceptivo Dictamen al Consejo Consultivo de Canarias, que es emitido el 8 de marzo de 2017, nº 69/2017, y se recibe en este Departamento el 10 de marzo de 2017, permaneciendo igualmente suspendido el plazo máximo para resolver el procedimiento de revisión. A consecuencia del contenido del mismo se procede en esta resolución a corregir la Consideración jurídica novena, sustituyendo la referencia al artº. 47.1.b) por el artículo 47.2 de la Ley 39/2015; en el párrafo segundo de la Consideración jurídica décima se elimina la apreciación sobre la naturaleza jurídica de acto administrativo de carácter general; se introduce la Consideración jurídica decimocuarta y se rectifica el resuelvo.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Es competencia del Consejero de Obras Públicas y Transportes la incoación y resolución de los expedientes de revisión de oficio, en orden a lo dispuesto en el artículo 29.1.g) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, en relación con el artículo 11.c).1º de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que atribuye la competencia para la revisión de oficio de las disposiciones y de actos nulos y anulables a los órganos a los que estén adscritos las entidades de derecho público, respecto a los actos y disposiciones dictados por el máximo órgano rector de estos, por lo que estando adscrita la Entidad Puertos Canarios a la Consejería competente en materia de puertos, materia que se atribuye a la Consejería de Obras Públicas y Transportes, por el artículo 8.4 del Decreto 183/2015, de 21 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias (BOC nº 142, de 23 de julio de 2015).
Segunda.- Es objeto de revisión el Acuerdo del Consejo de Administración de Puertos Canarios, de fecha 9 de junio de 2015, que aprueba los criterios para la tramitación de la ampliación y prórroga de las concesiones otorgadas con anterioridad a la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley de Costas, y a la Ley 9/2014, de 6 de noviembre, del Parlamento de Canarias, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias.
Tercera.- La Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, en relación con el régimen concesional para la ocupación del dominio público marítimo terrestre y portuario, procede en el artículo primero a modificar los artículos 49.1 y 66.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, relativos a la adscripción de bienes de dominio público marítimo-terrestre a las Comunidades Autónomas y estableciendo el plazo máximo de duración de la concesión por ocupación de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en setenta y cinco (75) años, respectivamente. Asimismo, en el artículo segundo de la Ley 2/2013, se establece una prórroga extraordinaria para las concesiones existentes otorgadas al amparo de la normativa anterior. Por último, la Disposición transitoria quinta posibilita la prórroga de concesiones que amparan la ocupación en puertos que no son de interés general, en los mismos términos y condiciones que los previstos en la legislación estatal de puertos de intereses general.
La regulación en materia de dominio público marítimo-terrestre estatal sobre el que se asienta el dominio público portuario, condiciona considerablemente el margen de regulación sobre los mismos de la Comunidad Autónoma de Canarias (artículo 45.2 de la Ley 14/2003, de 8 de abril, de Puertos de Canarias), estando sometida al límite o plazo máximo fijado en cada momento por la legislación estatal reguladora del dominio público marítimo terrestre para las concesiones de dominio público portuario en los puertos de interés general, concretamente por lo contemplado en los artículos 66.2 y 49.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, en la redacción dada por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral que habilitarían a las Comunidades Autónomas a ampliar/prorrogar las concesiones de ocupación del dominio público portuario hasta el plazo máximo fijado en la normativa estatal.
Cuarta.- Sin perjuicio de lo anterior, la Comunidad Autónoma de Canarias ostenta competencias completas sobre los puertos e instalaciones portuarias de su territorio, salvo que hayan sido declarados de intereses general (Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre, por la que se reformó el Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto); por ello, con la finalidad de acomodar los plazos de las concesiones demaniales a la regulación estatal del dominio público marítimo-terrestre, se procede a la modificación de la Ley 14/2003, de 8 de abril, de Puertos de Canarias (LPC, en adelante), mediante la Ley 9/2014, de 6 de noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias, afectando a los artículos 45, 46.1, 50.2 y 56.4.e). Así, el artículo 45.2 de la Ley 14/2003, de 8 de abril, de Puertos de Canarias, se modifica y queda redactado en los siguientes términos: El plazo de duración de las concesiones de dominio público portuario no podrá exceder del plazo establecido en la legislación reguladora del dominio público marítimo-terrestre."; y el apartado 4.e) del artículo 56: "Plazo de concesión, que en ningún caso será superior al máximo establecido en la legislación reguladora del dominio público marítimo-terrestre."
No obstante, el régimen transitorio de las concesiones para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre portuario otorgadas al amparo de la normativa anterior, no se incluye en la Ley de Puertos de Canarias, sino en la Disposición transitoria tercera de la Ley 9/2014, de 6 de noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias, que cohonestado con lo que para el dominio público marítimo terrestre contempla el artículo 81 de la Ley 22/1988, de Costas modificado por la Ley 2/2013, establece:
"1. Las concesiones para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre portuario otorgadas antes de la entrada en vigor de la presente ley podrán ser prorrogadas, a petición de su titular y a juicio de Puertos Canarios, si el título de otorgamiento lo prevé expresamente, y siempre que aquel no haya sido sancionado por infracción grave y no se superen en total los plazos previstos en esta disposición. (...) 5. La posibilidad de prórroga del plazo concesional prevista en esta disposición es independiente de la facultad otorgada al concesionario para solicitar una nueva concesión en los términos previstos en la vigente normativa autonómica portuaria." Este último apartado, en clara referencia al artículo 61 LPC, que posibilita al titular de una concesión prolongar la explotación del puerto deportivo más allá del plazo de la concesión, una vez que hubieran transcurrido las dos terceras partes del plazo de la concesión, pudiendo solicitar a Puertos Canarios la adjudicación de una nueva concesión, solicitud que se somete al principio de concurrencia.
Quinta.- Otra modificación de la LPC operada por la Ley 9/2014, de 6 de noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias, se traduce en la introducción de un nuevo artículo el 48.bis que regula las prórrogas de las concesiones. El artículo 48.bis se refiere a: "podrán extender la duración de su concesión según estuviera previsto en el título concesional " con el límite máximo previsto legalmente y siempre que concurran los requisitos que se señalan en las letras a), b), c), d) y e) del mismo. Se entiende que articula una facultad, ex novo, que produciría efectos jurídicos en títulos habilitantes otorgados, a partir de la entrada en vigor de la Ley 9/2014, de 6 de noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias, el 21 de noviembre de 2014, en los que se prevea expresamente la posibilidad de extender la duración y con cumplimiento de los requisitos concretos que se imponen. Los requisitos para acceder a la extensión de la duración de la concesión con el límite máximo previsto legalmente, están fijados de forma genérica en el citado artículo 48.bis.
Sexta.- La Ley 9/2014, de 6 de noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias, además de introducir un régimen transitorio para la prórroga de las concesiones marítimo-terrestres portuarias otorgadas al amparo de la normativa anterior (Disposición transitoria tercera), como ya se ha señalado modifica la Ley 14/2003, de 8 de abril, de Puertos de Canarias, resultando afectados los artículos 45, 46.1, 50.2 y 56.4.e), que por sus contenidos no precisarían de desarrollo normativo. Sin embargo, al introducir, ex novo, el artículo 48.bis relativo a "Prórroga de las concesiones otorgadas", introduce un nuevo tipo de prórroga distinta de la contemplada en la Disposición transitoria tercera, que sí precisaría de desarrollo normativo, y que de acuerdo con la Disposición final decimosexta de la Ley tendría el carácter de disposiciones general dictada por el Gobierno de Canarias.
Por lo que, la Ley 14/2003, de 8 de abril, de Puertos de Canarias, en redacción dada por la Ley 9/2014, de 6 de noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias, contempla la ampliación del plazo de la concesión, sin que pueda entenderse que se trata de una prórroga extraordinaria similar a la que se contempla la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, que tiene como objeto concesiones existentes, otorgadas al amparo de la normativa anterior y que comenzarían a expirar en 2018, tal como lo expresa el Preámbulo de la citada Ley 2/2013, porque la LPC vincula la prórroga a la previsión en títulos concesionales otorgables a partir de la entrada en vigor de dicha Ley y su desarrollo.
Séptima.- Cabría recordar que una disposición es una acción jurídica que emana de la potestad reglamentaria del Gobierno, por la que se ejerce la función normativa, distinta a la función ejecutiva responsable de la gestión y ejecución de las políticas generales a realizar de acuerdo con las leyes que tienen que ser aplicadas, y que llegan a los interesados a través de actos administrativos de carácter individual o general (artículo 97 de la Constitución española); tanto los reglamentos como las disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución ni las leyes. Es así que el reglamento, siendo fuente del Derecho, se incorpora al ordenamiento jurídico con vocación de permanencia y no se consume con su cumplimiento, sino que por el contrario, mientras esté en vigor, es susceptible de una pluralidad de aplicaciones. El acto administrativo, sin embargo, se agota en su aplicación. Esta tesis, en cuya virtud se mantiene que el reglamento es un acto ordinamental y el acto administrativo un acto ordenado, y cuyo principal impulsor fue el Profesor García de Enterría, permite superar la tradicional confusión entre el reglamento y un tipo de acto administrativo concreto, el acto administrativo general, que afecta a una pluralidad de destinatarios y no a un sujeto específico y, con ello, la equívoca consideración de la nota de la singularidad como propia del acto administrativo, frente a la de la generalidad, se decía, propia del reglamento.
Octava.- El Acuerdo del Consejo de Administración de Puertos Canarios, de 9 de junio de 2015, establece criterios con duración indefinida susceptible de múltiples aplicaciones en el dictado de actos administrativos individuales, por lo que, desde el punto de vista material tendría naturaleza de disposición de carácter normativo. Sin embargo, "Puertos Canarios" no ostenta facultades normativas de carácter general. Así el artículo 22 LPC, relativo a "Competencias" establece: "Corresponde a "Puertos Canarios" la planificación, explotación y gestión del sistema portuario de titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias", debiendo el Consejo de Administración ajustar sus actividades en el ejercicio de las funciones de poder público que el ordenamiento le atribuya, en especial las relativas a concesiones y régimen de utilización del dominio público portuario, a lo dispuesto en esta Ley, en la legislación reguladora de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, así como por lo establecido en las normas que la desarrollen y por cuantas otras le resulte de aplicación (artículo 25.2 LPC).
Novena.- El desarrollo a través de las disposiciones precisas del artículo 48.bis, no puede auto atribuírselo el propio Acuerdo del Consejo de Administración de Puertos Canarios, de 9 de junio de 2015, cuando señala: "Por otra parte, se ha añadido un nuevo artículo 48.bis, en el que se regula la posibilidad legal de prorrogar las concesiones otorgadas, fijándose un conjunto de requisitos para ello, precepto que atribuye a Puertos Canarios un amplio margen de apreciación o discrecionalidad técnica" y en aras a ello proceder a regular los que denominan "criterios" con un contenido claramente normativo, cuando en realidad las únicas facultades que se otorgan por la Ley 2/2014, de 6 de noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales, en el artículo 48.bis a la entidad "Puertos Canarios" las constituyen la posibilidad de proponer al concesionario modificaciones en las cláusulas de la concesión (apartado d) y la facultad para "fijar obligaciones de servicio general, tales como la gestión de algún servicio portuario de su titularidad, o la explotación de dársenas e infraestructuras deficitarias" (apartado e); es decir, funciones relacionadas con la ejecución y gestión de puertos deportivos. Por lo que, el Consejo de Administración de la entidad "Puertos Canarios" ha adoptado el Acuerdo de 9 de junio de 2015, sin ostentar competencias para ello, con infracción de lo previsto en el artículo 47.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Décima.- En cuanto al procedimiento de elaboración de los Reglamentos o disposiciones administrativas en la Comunidad Autónoma de Canarias, habría de estarse a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias (BOC nº 22, de 16 de septiembre de 1991), en el Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del Presidente, por el que se establecen las normas internas para la elaboración y tramitación de las iniciativas normativas del Gobierno y se aprueban las directrices sobre su forma y estructura, que sustituye al Decreto 20/2012, del Presidente de 16 de marzo (BOC nº 64, de 30 de marzo de 2012), y demás normativa de aplicación concordante.
Por lo expuesto en las anteriores consideraciones, el Consejo de Administración de la entidad Puertos Canarios ha dictado el Acuerdo, de 9 de junio de 2015, cuyo contenido material se correspondería con una disposición normativa, sin ostentar competencias para ello, y no observado el procedimiento establecido, con vulneración, entre otros, del artículo 25.2 de la Ley 14/2003, de 8 de abril, de Puertos de Canarias, y lo dispuesto en Disposición final decimosexta de la Ley 9/2014, de 6 de noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias.
Undécima.- En cuanto a las alegaciones presentadas, se contestan transcribiendo el informe del Servicio de Régimen Jurídico, de 19 diciembre de 2016:
"Vistas las alegaciones presentadas por los representantes de las entidades citadas se informa:
I. Alegaciones de los representantes de las entidades Puerto Mogán, S.A., Puerto Deportivo de Puerto Rico, Puertos Deportivos Canarios, S.L., Acantilados de Los Gigantes, S.A., Puerto Deportivo Pasito Blanco Canarias, S.L.U., Puerto Calero Marinas, S.L., Puerto Deportivo Rubicón, S.A. y Asociación de Puertos Deportivos de Canarias.
a) Efectivamente, es necesario que el procedimiento de revisión de oficio sea informado por la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos (antes Dirección General de los Servicios Jurídicos) y ser dictaminado por el Consejo Consultivo de Canarias.
b) La naturaleza del Acuerdo del Consejo de Administración de la entidad "Puertos Canarios" se contesta en las consideraciones jurídicas anteriores.
c) En cuanto a la competencia de la entidad "Puertos Canarios" respecto a los cabildos insulares, significar que, si bien, el artículo 2.2 de la Ley 14/2003, de 8 de abril, de Puertos de Canarias establece que es competencia de los cabildos insulares la gestión de los puertos deportivos, salvo que se declaren por el Gobierno de Canarias de interés regional, es preciso que el proceso de transferencias se materialice de acuerdo con lo señalado en la Disposición transitoria 3ª de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, por lo que hasta tanto se formalicen el acta de recepción y entrega de los expedientes, bienes, medios personales y recursos traspasados, último de los trámites previstos en la citada Disposición para la determinación del inicio del ejercicio efectivo de las competencias transferidas. No obstante, las competencia a transferir serán de gestión no de carácter normativo.
d) En cuanto al importe de los cánones concesionales:
Los elementos esenciales del canon por aprovechamiento del dominio público portuario están regulados en la Ley 14/2003, de 8 de abril, de Puertos de Canarias, de manera que el hecho imponible, los sujetos pasivos y el devengo se recogen en los apartados 1, 2 y 3, respectivamente del artículo 65; y la base imponible y el tipo, en los apartados 1 y 2, respectivamente del artículo 66, y con carácter general en el Decreto Legislativo 1/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, tal como señala el informe del Servicio de Régimen Jurídico de 29 de febrero de 2016. Por lo que se entiende que la creación y determinación de los elementos esenciales del canon por aprovechamiento del dominio público portuario se ha efectuado por Leyes del Parlamento de Canarias.
Sin embargo, el Acuerdo del Consejo de Administración de Puertos Canarios vulnera el principio de legalidad en cuanto que afecta a elementos esenciales del canon de aprovechamiento del dominio público portuario, como sería la determinación de la base imponible, en cuyo cálculo no aplica los parámetros de valoración legales, dando lugar a la actualización de los cánones de las concesiones, no teniendo en cuenta que el artículo 66.1 de la Ley 14/2003, de 8 de abril, de Puertos de Canarias establece: "El canon por ocupación o aprovechamiento del dominio público se determinará de acuerdo con el valor del suelo e instalaciones, la utilidad que represente para el puerto y a la naturaleza y beneficio de la actividad desarrollada por el concesionario o persona." Siendo la base imponible y el tipo impositivo determinantes de la cuantía del canon por ocupación o aprovechamiento del dominio público, la modificación de aquella solo podrá efectuarse bien mediante las leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, o realizarse mediante Decreto del Gobierno de Canarias, de acuerdo con el artículo 7.4 y 3, respectivamente, del Decreto Legislativo 1/1994, de 29 de julio.
Se entiende que el Consejo de Administración de Puertos de Canarias no ostenta competencias para el establecimiento de la base imponible ni para aumentar tipo del canon por ocupación o aprovechamiento del dominio público, determinando ambos elementos la cuantía, pero el ordenamiento jurídico sí le atribuye la facultad para "proponer la fijación y revisión de cánones, ... para su aprobación".
e) Sobre la aplicación de la Disposición transitoria décima del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, en relación con la Disposición transitoria quinta de la Ley Estatal 2/2013, de 29 de mayo.
El artículo segundo de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, establece una prórroga para títulos concesionales existentes, otorgados al amparo de la normativa anterior, y mediante la Disposición transitoria quinta la aplicación a puertos que no sean de interés general. Por último, la Disposición transitoria décima de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante posibilita la ampliación del plazo de las concesiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficacia. Al respecto, significar que la Comunidad Autónoma de Canarias ostenta competencias completas sobre los puertos e instalaciones portuarios de su territorio, salvo que hayan sido declarados de interés general (Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre, por la que se reformó el Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto), debiendo observar las competencias exclusivas del Estado en cuanto al límite o plazo máximo fijado en cada momento por la legislación estatal reguladora del dominio público marítimo terrestre para las concesiones de dominio público portuario en los puertos de interés general. Por ello, para acomodar los plazos de las concesiones demaniales a la regulación estatal del dominio público marítimo-terrestre, se procede a la modificación de la Ley 14/2003, de 8 de abril, de Puertos de Canarias, mediante la Ley 9/2014, de 6 de noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias, afectando a los artículos 45, 46.1, 50.2 y 56.4.e) y se introduce un régimen transitorio que no se incluye en la Ley de Puertos de Canarias, sino en la Disposición transitoria tercera de la Ley 9/2014, de 6 de noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias, cohonestado con lo que para el dominio público marítimo terrestre contempla el artículo 81 de la Ley 22/1988, de Costas. Por último, se introduce un nuevo artículo, el 48.bis, que regula las prórrogas de las concesiones y, en ningún caso, se menciona la posibilidad de prórroga o ampliación aplicable a títulos habilitantes en los que no se contemple dicha posibilidad. Por lo que, contando la Comunidad Autónoma de Canarias con su propia regulación en la que queda plasmada la voluntad del legislador de forma integra, es esa y no otra la acomodación a la normativa estatal.
f) En cuanto al procedimiento fijado en el criterio 4º, entienden que no es de aplicación el supuesto regulado en el artículo 47 del Reglamento de Puertos. Habría que distinguir entre los procedimientos de prórroga prevista en los títulos habilitantes vigentes, y la prevista en el artículo 48.bis, de momento pendiente de desarrollo mediante disposición del Gobierno de Canarias, y que tendría que estar prevista igualmente en el título, de manera que, para la prórroga no sería de aplicación el procedimiento previsto en el artículo 47 del Reglamento, y sí sería de aplicación a las concesiones a otorgar en base al artículo 48.bis, una vez desarrollado y siempre que se contemple en el titulo habilitante.
g) En cuanto a la calificación de las posibles infracciones al Derecho como causa de anulabilidad, los alegantes las concretan en que, aún siendo el criterio de actualización de los cánones concesionales basado en el IPC resultando contrario a la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de Desindexación de la Economía Española, y que en el Anexo I del Acuerdo se fija una valoración actualizada de las infraestructuras portuarias usando valores catastrales actualizados. Aún entendiendo que, pudiera resultar que esa vulneración a normas jurídicas pudieran dar lugar a actos anulables, como mantiene el alegante, el conjunto del resto de las infracciones que concurren en el acuerdo del Consejo de Administración de Puertos Canarios, de 9 de junio de 2015 -como son, básicamente, la falta de competencia y la no observación del procedimiento legalmente establecido- conducirían a la consideración de que las infracciones cometidas producirían la nulidad de pleno derecho.
II. Alegación presentada por los representantes del P.D. Club Náutico y Social La Galera, consistente en considerar que las competencias en materia de puertos deportivos no han sido transferidas a los Cabildos; sobre la posibilidad de prorrogar o no las concesiones otorgadas con anterioridad, manifiesta que si bien se ha añadido un nuevo artículo 48.bis, sigue siendo requisito principal que la prórroga esté contemplada en el título concesional y, por último, respecto al canon, mantiene que Puertos Canarios solo puede proponer su fijación y revisión para su aprobación. Por lo que la alegación presentada fundamentada jurídicamente, coincide con los criterios jurídicos mantenidos al respecto por los informes emitidos por el Servicio de Régimen Jurídico de Consejería de Obras Públicas y Transportes.
III. En cuanto a la alegación presentada por el representante de la entidad mercantil Puerto Colón, S.A., en resumen toda la alegación va dirigida a derivar las posibles infracciones al ordenamiento jurídico a cuestiones que darían lugar a supuestos de anulabilidad a la que se refiere el artículo 48 LPACAP y a la posible revisión por la vía del artículo 107 de la misma norma, que regula la declaración de lesividad de actos anulables, en lugar de los motivos de nulidad de pleno derecho de las letras e) y f) del apartado 1 del artículo 47 LPACAP y su revisión por la vía del artículo 106 LPACAP, es decir, se alegan cuestiones de carácter formal, no entrando en el estudio, de las que denomina "pretendidas vulneraciones" por considerar que los "Criterios" siguen gozado de presunción de validez y eficacia (artículo 30 LPACAP).
Sin embargo, la alegación incurre en múltiples contradicciones. Así, en un primer momento, parte de la consideración de que nos encontramos ante un acto normativo para, a continuación, jerarquizarlo como instrucción de servicio, señalando jurisprudencia en la que se cuestiona dicho carácter normativo general, dado que su ámbito de aplicación está exclusivamente ceñido a la determinación de las funciones administrativas a desempeñar por los órganos y servicios. En conclusión, se parte en la alegación de atribuir al acuerdo naturaleza jurídica normativa para después de un rodeo llegar considerar que se trata de una acto administrativo que produce directamente efectos jurídicos sobre los interesados, sin que esos actos concretos se hayan dictado, como muy bien señala el alegante, cuando manifiesta que no entiende la aplicación del artículo 47.1.f) de la Ley 39/2015, que señala que son nulos de pleno derecho "Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieran facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición", porque hasta la fecha no se ha despacho u otorgado una sola ampliación de plazo o prórroga de la vigencia de la concesión, y por lo que se solicita el archivo del procedimiento de revisión oficio. Por lo que el mismo argumento habría que argüir respecto a la pretendida aplicación del artículo 48."
Duodécima.- Consta en el expediente que, al amparo del Acuerdo del Consejo de Administración de Puertos Canarios, de 9 de junio de 2015, han presentado solicitudes de prórroga/ampliación los representantes de las entidades mercantiles: Puerto de Mogán, S.A., Puertos Deportivos Canarios, S.L., Cementos Especiales de las Islas, S.A. (Muelle y Puerto de la Bahía de Santa Águeda), Puerto Calero Marinas, S.L., Puerto Deportivo Rubicón, S.A, Puerto Colón, S.A., Acantilado de Los Gigantes, S.A., Puerto Rico, S.A., y Puerto Deportivo Pasito Blanco Canarias, S.L.U., y que las mismas no han sido tramitadas, no existiendo reconocimiento de derecho alguno a los interesados. Por lo que, no procede en este acto reconocer a los interesados indemnización alguna al no concurrir las circunstancias previstas en los artículos 32.2 y 34.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Decimotercera.- De conformidad con el informe de la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias, de fecha 19 de enero de 2017, en el que atendiendo a la doctrina jurisprudencial contenida en las Sentencias del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 26 de noviembre de 2015 (RJ 2015\5945) y 30 de julio de 2013 (RJ 2013\6316), del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 11 de junio 2007 (RJCA 2007\648) y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Contencioso Administrativo) de 29 de mayo de 2013 (RJCA 2013\755), y al análisis del Acuerdo, objeto de revisión señala: "resulta que su contenido no se corresponde propiamente con una instrucción (acto administrativo), en la medida en que la determinación de los criterios, introduce requisitos que han de cumplirse por los interesados en solicitar la ampliación o prórroga del plazo inicial de la concesión (criterio 2º), así como determina un concepto jurídico indeterminado, el de obras que puedan ser computadas como "nuevas inversiones", en el criterio 3º, y especialmente establece un procedimiento (criterio 4º) que afecta a terceros, con claros efectos ad extra. Por tanto el contenido material del Acuerdo, objeto de revisión, evidencia que excede de una simple instrucción dirigida a los órganos administrativos y por ello, debía haber sido objeto de una disposición general propiamente tal (orden o decreto). Además, la propia Instrucción no se limita al establecimiento de un determinado cauce procedimental sino que, viene a establecer e imponer una serie de condicionantes a las solicitudes de ampliación o prórroga que por su propio contenido van dirigidas a los ciudadanos-interesados, por lo que, necesariamente tiene una evidente eficacia externa a los ciudadanos, creando, modificando o extinguiendo relaciones jurídicas, no agotando sus efectos jurídicos en los subordinados administrativos, y de ahí que quepa atribuir a la misma carácter normativo. Por ello ante el contenido del Acuerdo que es materialmente una disposición general, debe procederse a declarar su nulidad de pleno derecho porque no se ha seguido el procedimiento especial para la elaboración de las disposiciones normativas, no tiene competencia (potestad reglamentaria) el Consejo de Administración de la entidad Puertos Canarios para dictarlo e infringe el principio de jerarquía normativa (artº. 47.2 de la Ley 39/2015)."
Decimocuarta.- El punto 3 del Fundamento III del Dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, nº 69/2017, de 8 de marzo de 2017, recoge: "La Administración actuante fundamente la nulidad de este Acuerdo, como ya se ha señalado, en las causas previstas en los apartados b) y e) del artº. 47.1 LPACAP, en la consideración de que el referido Acuerdo tiene naturaleza de acto administrativo, si bien entiende que desde el punto de vista material ostenta carácter normativo.
El carácter normativo del Acuerdo, a la vista de su contenido y como bien expone la Propuesta de Resolución, resulta indiscutible (...).
Ahora bien, si por su contenido se trata de una disposición normativa, el criterio formal de que ha sido adoptado por el Consejo de Administración de Puertos Canarios no puede conllevar su conceptuación como acto administrativo y por ello no es posible aplicar las causas de nulidad previstas para estos en el artº. 47.1 LPACAP. La nulidad que se pretende declarar se basa precisamente en la circunstancia de que el referido Consejo de Administración ha aprobado un Acuerdo que constituye una disposición de carácter general. Por este motivo, no se compadece con este argumento, por lo demás correcto, la pretensión de que tal nulidad sea declarada invocando los motivos previstos en la LPACAP para declarar nulos los actos administrativos.
(...)
No obstante, como también la Administración ha sostenido, al menos inicialmente, sí resulta de aplicación lo dispuesto en el artº. 47.2 LPACAP, en atención precisamente al carácter normativo del Acuerdo y, por tanto, a su verdadera naturaleza. Así, en tanto que se trata de una disposición de carácter general dictada por un órgano que carece de potestad reglamentaria y sin seguir por consiguiente el procedimiento de elaboración de las disposiciones normativas e infringir el principio de jerarquía normativa, el Acuerdo sería nulo de pleno Derecho."
Por último, concluye el Dictamen del Consejo Consultivo: "2. Por las razones que se exponen en el Fundamento III de este Dictamen, procede la declaración de nulidad del Acuerdo por aplicación del artículo 47.2 LPACAP."
Por lo expuesto, el Acuerdo del Consejo de Administración de Puertos Canarios, de fecha 9 de junio de 2015, que aprueba los criterios para la tramitación de la ampliación y prórroga de las concesiones otorgadas con anterioridad a la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley de Costas, y a la Ley 9/2014, de 6 de noviembre, del Parlamento de Canarias, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias, vulnera lo establecido en el artículo 47.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, incurriendo en nulidad de pleno derecho.
En virtud de la competencia que tengo atribuida,
RESUELVO:
Declarar la nulidad de pleno derecho del Acuerdo del Consejo de Administración de Puertos Canarios, de fecha 9 de junio de 2015, que aprueba los criterios para la tramitación de la ampliación y prórroga de las concesiones otorgadas con anterioridad a la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley de Costas, y a la Ley 9/2014, de 6 de noviembre, del Parlamento de Canarias, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias.
Contra esta Orden que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, en virtud de la competencia residual establecida en el artículo 10.1.a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, debiendo estarse en cuanto a la competencia territorial, a la previsión contenida en la regla primera del artículo 14.1 de la citada Ley jurisdiccional. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Así mismo, se podrá interponer en vía administrativa el recurso potestativo de reposición ante este Órgano, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a que tenga lugar su notificación, en los términos previstos en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas."
Santa Cruz de Tenerife, a 12 de abril de 2017.- La Secretaria General Técnica, Rosa Amalia Déniz Santana.
© Gobierno de Canarias