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BOC-A-2017-027-597.
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ANTECEDENTES DE HECHO
Único.- El 28 de diciembre de 2016, se formalizó un Convenio de Colaboración entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo Insular de La Palma, para la prestación de servicios en Centros Residenciales de Día y de Noche a personas en situación de dependencia y, en general, a personas mayores o con discapacidad.
Está inscrito en el Registro de Convenios del Departamento con fecha 13 de enero de 2017 y nº RCO2017TF00002, y tiene una vigencia desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018.
Al anterior, le son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública, y en el artículo 13 del Decreto 74/2014, de 26 de junio, por el que se regula la actividad convencional del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, en su redacción dada por el Decreto 89/2015, de 22 de mayo, los convenios que se celebren por los órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de los organismos y entidades vinculadas o dependientes de la misma, con otras administraciones públicas y otros sujetos, públicos o privados, así como las modificaciones, prórrogas y anexos o adendas a los mismos, deberán publicarse, en el Boletín Oficial de Canarias, dentro de los veinte días siguientes a su firma.
Segundo.- Por lo anterior, considerando que, en virtud del artº. 3 del Decreto 103/2015, de 9 de julio, del Presidente, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías, la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda asume las competencias que legal y reglamentariamente tenía atribuidas la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda en materia de políticas sociales y vivienda, así como las relativas a la materia de empleo, que tenía asignada la Consejería de Empleo, Industria y Comercio; y en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 12.2.r) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, aprobado por Decreto 124/2016, de 19 de septiembre.
R E S U E L V O:
Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Convenio entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a través de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y la Fundación Canaria Yrichen para la ejecución del proyecto de atención terapéutica específica en medio abierto (SATEMA) en la isla de Gran Canaria, cuyo texto se acompaña como anexo.
Santa Cruz de Tenerife, a 23 de enero de 2017.- El Secretario General Técnico, Gilberto Leandro Hernández.
A N E X O
CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA Y LA FUNDACIÓN CANARIA YRICHEN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ATENCIÓN TERAPÉUTICA ESPECÍFICA EN MEDIO ABIERTO (SATEMA) EN LA ISLA DE GRAN CANARIA.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de diciembre de 2016.
INTERVIENEN
De una parte, la Excma. Sra. Soledad Monzón Cabrera, Consejera de Educación y Universidades, actuando en calidad de Consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, del Gobierno de Canarias, en virtud de suplencia acordada por Decreto 133/2016, de 23 de diciembre, del Presidente, por el que se dispone la suplencia del titular de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda por la Consejera de Educación y Universidades, en virtud de las competencias que le otorga el artículo 29.1.k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, en relación con el artículo 10.2.b) de la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los menores que refiere la suscripción de los Convenios de Colaboración con otras Administraciones, Instituciones y entidades públicas o privadas relativos a planes, programas, servicios, actividades y medios de atención a los menores, y con arreglo a lo previsto en el Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, aprobado por Decreto 124/2016, de 19 de septiembre.
De otra parte, D. Emilio Vicente Matéu con DNI 76156211 Z, en nombre y representación, en su condición de Director Gerente del Centro, de la Fundación Canaria Yrichen, con CIF G-35739432, facultado para actuar en este acto en virtud de escritura pública otorgada ante el Notario José Ignacio González Álvarez del Ilustre Colegio de las Islas Canarias en fecha de 27 de mayo de 2014, y en número de su protocolo 642 actualmente vigente según certificación expedida por el Secretario de su Patronato, D. Manuel Sánchez Prada, con DNI nº 42866309J en fecha de 26 de diciembre de 2016. Dicha Fundación se encuentra inscrita en el Registro de Fundaciones de Canarias con el nº 177 y habilitada por la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, mediante Resolución LRS2016MM02628 de 22 de diciembre de 2016.
Ambas partes, se reconocen mutua capacidad legal para la suscripción del presente Convenio y en su virtud
EXPONEN
Primero.- La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de Responsabilidad Penal de los Menores, en su artículo 45.1, establece que la ejecución de las medidas adoptadas por los Jueces de Menores es competencia de las Comunidades Autónomas, indicando su exposición de motivos que la ejecución de las medidas judicialmente impuestas corresponde a las Entidades Públicas de protección y reforma de menores de la Comunidad Autónoma, bajo el inexcusable control del Juez de Menores.
Segundo.- Por otra parte, el apartado 3º del artículo 45 de la citada Ley Orgánica señala que las Administraciones autonómicas podrán establecer Convenios de Colaboración con otras entidades de derecho público o de derecho privado sin ánimo de lucro, para la ejecución material de las medidas judiciales de su responsabilidad y bajo su supervisión, sin que esto comporte la cesión de la titularidad ni de la responsabilidad de dicha ejecución.
Tercero.- Conforme al artículo 3 del Decreto 103/2015, de 8 de julio, del Presidente, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías, la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda asume las competencias que legal y reglamentariamente tenía atribuidas la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda en materia de políticas sociales y vivienda, dentro de las cuales se encuentra las competencias relativas a la ejecución de medidas judiciales impuestas por responsabilidad penal de menores, en adelante, lo que se denominará justicia juvenil.
Conforme al Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda aprobado por Decreto 124/2016, de 19 de septiembre, en sus artículos 1.d), 5.5 y 17.2.D) le corresponde a este Departamento, a través de su persona titular, suscribir los convenios con entidades de derecho privado en el ámbito del sistema de justicia juvenil (ejecución de medidas judiciales) a propuesta de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia.
Cuarto.- Ambas partes desean significar el hecho de que en los últimos años, el sistema canario de justicia juvenil se ha enfrentado a una realidad social cambiante en cuanto al perfil de los menores a los que se impone una medida judicial como consecuencia de la comisión de uno o varios delitos en el marco de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de menores (LORPM).
Existe un aumento significativo de perfiles de menores en los que, habiendo infringido la Ley, concurren factores de riesgo vinculados a la salud mental y al consumo de sustancias tóxicas, o en su caso, a ambos aspectos conjuntamente.
Esto ha producido no solo el aumento en el número de medidas judiciales impuestas de naturaleza terapéutica, tanto en el ámbito de las medidas privativas de libertad (internamiento terapéutico) como en el ámbito de las no privativas de libertad (tratamiento ambulatorio), sino también en la necesidad de atender aspectos de salud mental y de consumo de sustancias tóxicas en medidas judiciales que no son específicamente de contenido terapéutico, pues la falta de abordaje de estos abocaría muy presumiblemente al fracaso en el proceso de reeducación y reinserción social que justifica toda ejecución de una medida judicial.
Es evidente que esa realidad social que se traduce en una mayor complejidad de los perfiles, desde el punto de vista de su abordaje en el proceso de ejecución de las medidas judiciales, requiere una mayor esfuerzo por parte de la Administración para dar una respuesta eficaz a los procesos de reinserción y reeducación de los y las menores.
Si bien es cierto que la Entidad Pública tienen implementados en la Comunidad Autónoma de Canarias una serie de proyectos terapéuticos como son los que sustentan la Atención Terapéutica Especifica (ATE) en los Centros de Internamiento Educativo para menores infractores (CIEMI) y los que se implementan en los Convenios de Colaboración suscrito en medio abierto para la ejecución de la medida judicial de tratamiento ambulatorio, no menos cierto es que la complejidad de los perfiles de un cada vez mayor sector de la población infanto-juvenil, precisa de una respuesta adicional o complementaria que se entiende debe ser proporcionada por la Entidad Pública, de forma endógena, esto es, desde el propio sistema de justicia juvenil, teniendo en cuenta que los recursos ordinarios de las redes públicas tales como las Unidades de Salud Mental (USM) o las Unidades de Atención a las Drogodependencias (UAD) no están diseñados para abordar las necesidades criminógenas de nuestros menores y jóvenes en el contexto judicial en el que se desenvuelven los procesos de reinserción y reeducación.
Es evidente que el sistema de justicia juvenil ni debe ni puede abordar las necesidades sanitarias de quienes están cumpliendo una medida judicial, dicho de otro modo, la atención médica que en su caso se precise, como podría ser a título de ejemplo, necesidades relativas a un internamiento psiquiátrico o a un proceso de desintoxicación, pero sí debe y puede dar una respuesta específica y diferenciada en materia de salud mental y de consumo de sustancias tóxicas en lo que concierne a los factores de riesgo delincuenciales que han podido verse implicados o podrían implicarse en la comisión de un hecho delictivo pues en definitiva el sistema de justicia juvenil tiene como fin último y primordial evitar la reincidencia delictiva.
Así pues, una atención terapéutica específica en medio abierto debe construirse sobre la base de un proyecto capaz de aplicar en cada caso un abordaje individualizado basado en el análisis, y en su caso diagnóstico de la situación, mediante herramientas científicamente validadas por la evidencia, administrar tratamiento farmacológico, realizar diagnósticos, implementar un plan de tratamiento psicológico, controlar el consumo de sustancias tóxicas, trabajar con el entorno familiar y abordar las dificultades en el aprendizaje.
Y esta necesidad atiende también este Convenio, mediante el establecimiento de una respuesta adecuada y específica a las necesidades terapéuticas de los menores y jóvenes que cumplen una medida judicial no privativa de libertad, bajo la denominación de Servicio de Atención Terapéutica Específica en Medio Abierto (SATEMA) destinado a quienes se les haya impuesto una medida judicial no privativa de libertad de contenido terapéutico (tratamiento ambulatorio) por salud mental o por consumo de sustancias tóxicas y de las que se precise una intervención terapéutica de naturaleza psiquiátrica, psicológica, de control de consumo y/o familiar.
Quinto.- Justificación selección entidad colaboradora.
La Fundación Canaria Yrichen se encuentra inscrita en el Registro de Fundaciones de Canarias con número de registro 177 y de acuerdo con sus Estatutos fundacionales (artículo 8) tienen entre sus fines la prevención, promoción, asistencia y atención integral de niños y niñas y jóvenes con carencias sociales y colectivos desfavorecidos, en situación de exclusión social, especialmente derivadas de las drogodependencias y otras adicciones mediante la implementación de programas de acogida, información, prevención, atención, tratamiento y promoción.
La Fundación, mediante Resolución nº 298, de 18 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Juventud cuenta con la declaración de Buenas Prácticas en la Intervención Social con Jóvenes en relación al Programa de Atención Integral a menores y jóvenes.
Además, la Fundación se encuentra habilitada por la Dirección General de Protección a la Infancia y Familia como entidad colaboradora para la atención integral de menores mediante Resolución nº LRS2016MM02628 de 22 de diciembre de 2016.
Yrichen cuenta con una larga trayectoria en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, y en particular, en la isla de Gran Canaria, respecto a la atención en materia de inclusión social respecto de personas afectadas por una situación de uso, abuso o dependencia de sustancias tóxicas así como otras patologías de salud mental asociadas.
Además, particularmente, Yrichen se ha ido especializando en la atención a la población infanto-juvenil de la isla de Gran Canaria siendo que la mayor parte de los menores sujetos a medida judicial de tratamiento ambulatorio son derivados a esta Fundación en su condición de unidad de atención a las drogodependencias.
La favorable experiencia que se ha tenido a lo largo de estos años es lo que aconseja el cambio de modelo que a través de este Convenio se articula y en virtud del cual se formaliza la colaboración entre las partes firmantes para que sea la Fundación Yrichen quien proceda a dar ejecución material a la medida de tratamiento ambulatorio en su conjunto y no solo desde el punto de vista de la mera intervención terapéutica que pueda llevar a cabo con los menores que le sean derivados.
En virtud de lo anteriormente expuesto, ambas partes suscribir el presente Convenio con arreglo a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto y ámbito del Convenio.
1. El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones generales a través de las cuales la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y la Fundación Canaria Yrichen (en adelante, entidad colaboradora) acuerdan colaborar entre sí en el ámbito de la ejecución de medidas judiciales no privativas de libertad con contenido terapéutico.
En concreto, el presente Convenio tiene por objeto establecer un servicio de atención terapéutica específica en medio abierto bajo el acrónimo SATEMA a través del cual se ejecute la medida judicial no privativa de libertad definida en el apartado 1.e) del artículo 7 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de menores (LORPM), impuestas por los juzgados de menores.
2. Para la ejecución de la medida judicial señalada en el apartado anterior, la entidad colaboradora se compromete a realizar el conjunto de actuaciones que se describen en las siguientes cláusulas bajo las directrices y la supervisión de la Dirección General de Protección a la Infancia y Familia denominada en adelante, a efectos de este Convenio, como Entidad Pública.
3. Asimismo, la Entidad Pública podrá derivar al SATEMA a menores que estén cumpliendo una medida privativa de libertad, siempre y cuando el contenido de su medida así lo permita, y se estime que las necesidades terapéuticas del menor pueden ser atendidas de forma más adecuada en un entorno abierto.
E igualmente cabrá la derivación de menores por parte de la Entidad Pública cuando se detecte la necesidad de llevar a cabo una valoración psiquiátrica y/o psicológica de menores y jóvenes que estén cumpliendo alguna medida judicial.
4. El presente Convenio no conlleva la cesión de la titularidad ni la responsabilidad legal de las competencias y potestades que le corresponden a la Entidad Pública.
5. El ámbito territorial del presente Convenio abarca la isla de Gran Canaria.
Segunda.- Programa de Atención Terapéutica Específica en Medio Abierto.
1. El SATEMA es un servicio prestado por la entidad colaboradora en el marco del Programa de Atención Terapéutica Específica en Medio Abierto cuya aprobación deberá efectuarse por Resolución del Director General de Protección a la Infancia y la Familia, con carácter previo a la firma del presente acuerdo.
2. De conformidad con lo establecido en la citada Resolución, la Entidad Pública se reserva la potestad de revisar el programa interesando las modificaciones o adaptaciones que se estimen procedentes en aras a una más adecuada ejecución de las medidas judiciales.
La entidad colaboradora vendrá obligada a cumplir las modificaciones que se operen en el programa siempre y cuando no comporte un mayor coste económico que el convenido, siendo por tanto necesaria la modificación del régimen económico de este Convenio cuando la modificación del programa comporte un mayor coste.
Tercera.- Actuaciones técnicas y materiales a realizar por la entidad colaboradora.
1. Para la ejecución del presente Convenio, la entidad colaboradora deberá llevar a cabo las siguientes actuaciones de carácter técnico-administrativo y materiales de ejecución:
a) Actuaciones de carácter técnico:
- Apertura, gestión y custodia del expediente de ejecución de la medida judicial.
- Elaboración de los programas individualizados de ejecución de medida (PIEM) o de los modelos individualizados de intervención (MII) en el caso de medidas cautelares.
- Elaboración de los documentos que informen sobre la evolución, favorable o desfavorable, de la ejecución de las medidas judiciales con la periodicidad que se establezca conforme a la normativa aplicable así como aquellos que por motivos extraordinarios deban emitirse.
- Efectuar las comunicaciones y emitir informes de incidencias respecto a hechos y circunstancias relevantes durante la ejecución de las medidas judiciales que deban ser conocidas por la Entidad Pública y en su caso por el juzgado de menores y el Ministerio Fiscal.
- Elevar propuestas de incumplimiento de medida, de modificación de PIEM/MII, de reducción de la duración de una medida, de sustitución de medida, de dejar sin efecto la medida, y cualquier otra propuesta que se entienda deba cursarse a lo largo de la ejecución de las medidas judiciales.
- Trasladar a la Entidad Pública las solicitudes que curse el menor a lo largo de la ejecución de la medida judicial en cuanto al contenido de su medida judicial.
- Proporcionar cuanta información le sea requerida en orden a las actuaciones procesales en las que deba comparecer la Entidad Pública.
b) Actuación de carácter material:
- Intervenir con los menores en las distintas áreas establecidas en su Programa Individualizado de Ejecución de Medida (PIEM) o en su modelo individualizado de intervención (MII), en los términos en que judicialmente hayan sido aprobados y bajo las directrices que en su caso haya establecido la Entidad Pública en el ejercicio de su función de dirección técnica, llevando a cabo para ello las actividades de intervención individual y grupal que se hayan descrito en el correspondiente PIEM/MII y ajustándose a los programas o líneas de intervención específicas que hayan sido recogidas en dicho documento.
- Intervenir con los menores que cumpliendo una medida judicial privativa de libertad sean derivados al SATEMA conforme al plan de derivación que establezca la Entidad Pública.
- Llevar a cabo las valoraciones psiquiátricas y/o psicológicas que le sean solicitadas respecto de menores que cumplen medida judicial distintos de los que están siendo atendidos en el SATEMA.
2. Mediante Resolución de la Entidad Pública se establecerán los procedimientos a seguir ante la Entidad Pública para la ejecución de las medidas judiciales, en particular, respecto de los procesos de emisión, tramitación y archivo de los documentos que conformen los expedientes de ejecución.
3. En ningún caso, la realización de actuaciones técnicas y materiales por parte de la entidad colaboradora podrá suponer el ejercicio de autoridad ni de potestades administrativas que en todo caso le corresponde ejercer a la Entidad Pública.
4. La realización de las actuaciones técnicas y materiales se someterá de forma permanente a la supervisión, control e inspección de la Entidad Pública.
Cuarta.- Medios para la ejecución de las medidas judiciales.
La entidad colaboradora llevará a cabo las actuaciones convenidas a través de sus propios medios materiales y personales.
Quinta.- Recursos convenidos.
1. Para el desarrollo del objeto de este Convenio se establece el Servicio de Atención Terapéutica Específica en Medio Abierto (SATEMA) cuya configuración física, material y profesional será la definida en la Resolución a que se refiere la cláusula 2ª.
2. El SATEMA prestará el servicio al menos en dos sedes, una de las cuales estará ubicada en el área metropolitana de la isla de Gran Canaria y otra en la comarca sur, a fin de garantizar la máxima proximidad al entorno personal y social del mayor número de menores sujetos a la medida judicial de tratamiento ambulatorio.
3. La prestación del servicio se articulará a través de la conformación de un Equipo de Intervención Terapéutica Específica (EITE) compuesto por un número de profesionales suficientes en número para garantizar la debida atención psiquiátrica, familiar y psicológica, estableciéndose respecto de esta última una ratio fija de 1/15.
4. El SATEMA tendrá una capacidad de respuesta máxima de cuarenta y cinco (45) plazas.
Cada menor derivado ocupará una plaza. Quedan al margen de este criterio, y no computarán como plaza ocupada, las valoraciones psiquiátrico-psicológicas que se soliciten.
La Entidad Pública no vendrá obligada a derivar un número de menores que traiga consigo la ocupación total, en ningún momento de la vigencia de este Convenio, de las plazas convenidas.
Tampoco podrá la entidad colaboradora reclamar la ocupación total de las plazas convenidas de forma que en cada momento la Entidad Pública acordará la derivación de menores con arreglo a los criterios técnicos que considere procedentes.
Sexta.- Obligaciones que asume la entidad colaboradora.
1. En el ámbito del presente Convenio, la entidad colaboradora asume las siguientes obligaciones:
a) Realizar las actividades técnicas y materiales descritas en la cláusula 3ª en los términos y condiciones previstas en este Convenio y en las Resoluciones que en el ejercicio de sus potestades de ordenación dicte la Entidad Pública.
b) Ejecutar los contenidos del Programa convenido.
c) Cumplir de manera leal y diligente las instrucciones jurídicas, técnicas y administrativas, que con arreglo al ordenamiento jurídico, le sean dictadas por la Entidad Pública.
d) Mantener informada a la Entidad Pública de cualquier incidencia que se produzca en la atención de los menores, comunicándolo con carácter inmediato, en especial, respecto de aquellas incidencias que sean objeto de protocolo de información establecido por la Entidad Pública.
e) Auxiliar económicamente a los menores y jóvenes que por razón de su acreditada situación de escasez de recursos económicos se vean impedidos de poder llevar a cabo actuaciones esenciales en la ejecución de su medida judicial, en aspectos tales como a título de ejemplo, tasas por la expedición de documentos oficiales, fotografías, transporte, entre otros.
f) Presentar anualmente un informe-memoria sobre el grado de cumplimiento del PMA. La Entidad Pública podrá establecer el contenido mínimo al que deba ajustarse el informe-memoria.
g) Abstenerse de realizar comunicaciones oficiales a los juzgados de menores y Fiscalía de Menores en el marco del presente Convenio salvo aquellas que hayan sido previamente autorizadas por la Entidad Pública.
h) Colaborar activamente con la Entidad Pública y el resto de entidades colaboradoras, así como participar de los mecanismos de coordinación que se establezcan, para garantizar una adecuada transición de los menores entre los distintos recursos así como en los casos en que un menor derivado al SATEMA esté cumpliendo con otra entidad colaboradora otras medidas judiciales.
i) Suscribir un seguro específico de responsabilidad civil que responda de los daños que puedan sufrir las personas y/o sus bienes (los propios menores, el personal de la entidad colaboradora y terceras personas) por cualquier incidencia o circunstancia derivada de la gestión de las medidas judiciales convenidas, como consecuencia del funcionamiento del servicio.
Las pólizas de seguro que suscriban harán referencia en todo caso a las dependencias y en general a cuantas actividades se desarrollen para la ejecución de las medidas judiciales con los menores así como en su caso sus familiares, y también respecto del personal de la entidad colaboradora y de terceras personas que por razón de sus funciones, trabajos o servicios se encuentren en las referidas dependencias o actividades desarrolladas.
Las pólizas de seguro deberán tener un período de vigencia al menos coincidente con el período de vigencia de este Convenio.
La entidad colaboradora deberá entregar copia compulsada de las pólizas de seguro de responsabilidad civil suscritas a la Entidad Pública en los quince días siguientes al inicio de la prestación del servicio.
Asimismo deberá presentar copia compulsada del documento que acredite el pago de las primas con la periodicidad que se establezcan en las pólizas de seguro.
2. Respecto del personal que preste sus servicios en el ámbito del PMA, la entidad colaboradora se compromete además a dar cumplimiento de las obligaciones establecidas en la cláusula 12ª de este Convenio.
Séptima.- Obligaciones de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
Además del ejercicio de las potestades administrativas y funciones que en todo caso le corresponde ejercer a la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, conforme a la legislación vigente y este Convenio, a través de la Entidad Pública, esta deberá poner a disposición de la entidad colaboradora toda la información de la que disponga sobre cada menor y que resulte necesaria para su atención así como retribuirle por la prestación de los servicios convenidos conforme al régimen económico previsto en este Convenio.
Octava.- Régimen económico.
1. Durante la vigencia del Convenio, la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, a través de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia se compromete a satisfacer a la entidad colaboradora la cantidad máxima de quinientos sesenta y dos mil cien (562.100,00) euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 23.17.231K.229.20 "ejecución de medidas judiciales menores infractores", distribuidos en dos anualidades:
Año 2017: 281.050,00 euros.
Año 2018: 281.050,00 euros.
2. Para garantizar la viabilidad económica del servicio convenido y su continua prestación al margen de las fluctuaciones derivadas de la efectiva imposición de medidas judiciales con contenido terapéutico que puedan producirse a lo largo de la vigencia del Convenio, la entidad colaboradora será retribuida de manera fija cada día de vigencia del Convenio en la cantidad de quinientos (500) euros por lo que el importe máximo a satisfacer por este concepto durante el período inicial de vigencia del Convenio es de 365.000 euros.
Este importe estará dirigido a sufragar los gastos de apertura, mantenimiento y gestión del SATEMA en sus distintas sedes así como a que se implemente las distintas líneas de intervención individuales y grupales así como a las derivaciones que puedan producirse para la valoración de menores que por tanto no supondrán un coste económico mayor ni diferenciado.
3. De otra parte, por cada plaza efectivamente ocupada de las cuarenta y cinco (45) que se ofertan, cada día de efectiva ocupación se abonará a la entidad colaboradora la cantidad de seis (6) euros por lo que el importe máximo diario por este concepto será de 270 euros.
El importe máximo a satisfacer por este concepto durante el período inicial de vigencia del Convenio es de 197.100 euros.
4. En caso de que cada día de vigencia del Convenio no se ocupe la totalidad de las plazas ofertadas, se garantiza en todo caso el abono del sesenta por ciento (60%) del total de las plazas ofertadas, esto es, 27 plazas, por lo que por este concepto se retribuirá en todo caso el importe diario de 162 euros.
A partir de ese mínimo, se abonarán cada día el 60% de las plazas no ocupadas a razón de seis (6) euros cada una de ellas, siendo que el resto de plazas no ocupadas que supere el porcentaje indicado no se abonarán.
5. Se entenderá que una plaza está ocupada desde el día en que se celebre la entrevista de derivación en la Entidad Pública hasta el día en que conforme a la liquidación de medida esta concluya o el día en que por cualquier causa justa el menor cause baja en el servicio.
6. En los casos en que en un momento determinado de cada año de vigencia del Convenio se produjese una necesidad de derivar un mayor número de menores que de plazas ofertadas, podrá llevarse a cabo, sin necesidad de modificar el presente Convenio, siempre y cuando tratándose de una necesidad puntual, en ese mismo año se hubiesen producido economías en este Convenio como consecuencia de una ocupación menor que la pactada, y siempre y cuando en el conjunto del año no se superen las cantidades totales establecidas en el apartado 1º de esta cláusula y siempre y cuando la entidad colaboradora tenga capacidad técnica, humana y material para asumir un mayor número de menores y por el tiempo máximo en que se pueda hacer frente en base a las economías disponibles.
De producirse esta derivación extraordinaria se retribuirá a la entidad colaboradora por los importes que correspondan en concepto de plaza ocupada.
Novena.- Cobertura presupuestaria.
1. La Entidad Pública asumirá el coste económico de las actividades convenidas, con el Presupuesto de Gastos de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, que asciende a un importe máximo de quinientos sesenta y dos mil cien (562.100,00) euros (2017: 281.050,00 euros; 2018: 281.050,00 euros), en la aplicación presupuestaria 23.17.231K.229.20 "ejecución de medidas judiciales menores infractores".
2. La entrada en vigor del Convenio queda supeditada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el 2017, así como su vigencia a lo largo del año 2018, queda igualmente supeditada a que exista soporte económico en los presupuestos de ese año.
En su consecuencia, la entidad colaboradora renuncia expresamente a ejercer cualquier tipo de acción administrativa o judicial con el objeto de reclamar la satisfacción de cantidad alguna en concepto de aplicación del presente Convenio cuando el mismo no sea ejecutado por inexistencia de crédito adecuado y suficiente consignado en los correspondientes presupuestos generales de la Comunidad Autónoma en cada anualidad de vigencia de este Convenio.
Décima.- Forma de pago.
1. La entidad colaboradora en los cinco primeros días hábiles de cada mes, presentará una única factura comprensiva de todos los conceptos que en virtud del presente Convenio deban imputarse al mes inmediatamente anterior al de presentación de la factura.
La factura se ajustará al modelo establecido por Resolución de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia.
2. Además, en igual plazo, la entidad colaboradora deberá presentar un Estadillo de Ejecución de Medidas Judiciales en el que al menos consten los siguientes datos:
a) Identidad del menor.
b) Técnico de Justicia Juvenil.
c) Técnico de Ejecución de Medida Judicial.
d) Número de ejecutoria.
e) Juzgado de procedencia.
f) Fecha de derivación de la medida judicial.
g) Medida judicial o medidas judiciales facturables.
3. La entidad colaboradora, además, acompañará a la documentación anterior una declaración responsable con el siguiente contenido:
"El firmante, como representante legal de la Fundación Canaria Irychen, declara bajo su responsabilidad que la documentación presentada en concepto de facturación se sujeta al régimen económico y a las reglas de facturación establecidas en el Convenio suscrito con esa Entidad Pública así como a la normativa que le es de aplicación a esta asociación en materia de contabilidad, estando a disposición de la Entidad Pública la documentación acreditativa de los ingresos y gastos imputados".
4. Toda la documentación presentada deberá estar debidamente suscrita por el/la representante legal de la entidad colaboradora.
5. Una vez presentada la documentación, será supervisada por la unidad administrativa competente en materia de justicia juvenil, y una vez haya sido conformada se abonará conforme a los plazos y procedimientos establecidos con arreglo al régimen económico de este Convenio.
Decimoprimera.- Justificación de gastos.
1. La entidad colaboradora tiene la obligación de rendir cuentas de los ingresos y los gastos imputables a este Convenio y de conservar durante los plazos legalmente establecidos la documentación acreditativa de tales ingresos y gastos, a disposición de la Entidad Pública.
2. En los quince días hábiles siguientes al vencimiento de cada semestre de vigencia de este Convenio, deberá presentar ante la Entidad Pública un documento donde se relacionen los ingresos obtenidos por este Convenio y los gastos imputados al mismo.
Este documento que se denominará "Cuenta Semestral" servirá de base, en su caso, para la revisión del régimen económico recogido en este Convenio.
3. La Cuenta Semestral será presentada en original y suscrito por el representante legal de la entidad colaboradora y contendrá expresamente una declaración responsable de ser fiel reflejo de los ingresos y gastos en que se ha incurrido y de disponer de los documentos acreditativos de los mismos.
En particular, la Cuenta Semestral se estructurará en los tres siguientes capítulos: 1) Personal, 2) Gasto Corriente, y 3) Ejecución de Medidas Judiciales.
En el Capítulo 1, Gastos de Personal se diferenciarán al menos las partidas de retribuciones brutas, los gastos sociales, las indemnizaciones por razón del servicio y las ayudas sociales.
En el Capítulo 2, Gastos Corrientes se diferenciarán al menos las partidas de arrendamientos de inmuebles, arrendamientos financieros de bienes muebles, suministros de servicios generales, adquisición de mobiliario, seguros obligatorios derivados de este Convenio y otros legalmente exigidos.
En el Capítulo 3, Ejecución de Medidas Judiciales se diferenciarán al menos las partidas de gasto educativo para la adquisición de material didáctico, gastos derivados de la implementación de talleres, y en general, actividades colectivas e individuales para la ejecución de medidas judiciales, ayudas económicas a menores, incentivos económicos por evolución favorable, gastos derivados de actividades de ocio y tiempo libre, adquisición de equipamientos informáticos para uso de los menores, bibliografía de consulta y de entretenimiento.
4. La Entidad Pública podrá declarar que ciertos gastos no son imputables al presente Convenio o que la totalidad de los ingresos percibidos por la entidad colaboradora no han sido aplicados en tiempo y forma, previa audiencia de la entidad colaboradora que se sustanciará en el seno de la Comisión de Seguimiento.
La declaración que en su caso proceda conllevará los efectos económicos correspondientes.
5. Las cantidades percibidas por la entidad colaboradora a lo largo de la vigencia del Convenio en concepto de aprovisionamiento por extinción de contratos de trabajo deberán ser devueltas en fase de liquidación del Convenio en aquellos casos en que como consecuencia de la subrogación del personal, o por cualquier otra causa legal, la entidad colaboradora no se haya visto obligada a satisfacer la correspondiente indemnización así como tampoco serán imputables al régimen económico de este Convenio las indemnizaciones por extinción de contrato o cualquier otra que proceda respecto de su personal por decisiones unilaterales de la entidad colaboradora no imputables a la Entidad Pública ni a la modificación del contenido de este Convenio, siendo en todo caso por cuenta de la entidad colaboradora.
6. Los bienes muebles, incluidos los bienes de equipo, adquiridos por la entidad colaboradora, cuyo coste de adquisición se haya imputado a los gastos del Convenio, serán puestos a disposición de la Entidad Pública, libre de cargas y gravámenes, cuando por cualquiera de las causas consignadas en el Convenio, este expire su vigencia.
7. Igualmente será puesto a disposición de la Entidad Pública, al tiempo de la resolución del Convenio, el material fungible y el material educativo que hubiese sido adquirido y no consumido, por parte de la entidad colaboradora y cuyo coste de adquisición se haya imputado a los gastos del Convenio.
8. En el caso de que los bienes muebles y de equipo hayan sido adquiridos mediante arrendamiento financiero con opción de compra y la entidad colaboradora no ejerza tal opción, deberá comunicarlo con al menos quince días hábiles de antelación al vencimiento del plazo para ejercerla, a la Entidad Pública, a los efectos de que esta pueda o no acordar ejercer la opción de compra.
Decimosegunda.- Personal.
1. La entidad colaboradora, conforme a lo establecido en la cláusula 6ª deberá cumplir las obligaciones que como empleadora le corresponde respecto del personal a su servicio para la ejecución de este Convenio.
2. La entidad colaboradora, en el marco del presente Convenio, y a todos los efectos, ostentará la condición de empresario o empleador respecto del personal a su cargo, debiendo ejercer de modo real, efectivo y permanente el poder de dirección que el ordenamiento jurídico atribuye al empleador respecto de sus trabajadores.
En concreto asume las obligaciones del empleador en cuanto a la negociación y pago de las retribuciones, el reconocimiento de sus derechos laborales, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, la gestión de las sustituciones, así como el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales y la imposición de sanciones disciplinarias que fueran procedentes.
Igualmente asume como empleadora, el cumplimiento de todas sus obligaciones en materia de protección social, sea cual fuere el régimen legal de aplicación, y en particular, sus obligaciones relativas a la afiliación, alta e ingreso de las cotizaciones pertinentes.
3. El personal que preste sus servicios para la entidad colaboradora dependerá exclusivamente de esta la cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su condición de empleadora del mismo, siendo la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda ajena a las relaciones laborales que por tal motivo se generen.
A tal fin, el personal de la entidad colaboradora en el momento de firmar el correspondiente contrato de trabajo, deberá suscribir un documento por el que manifieste haber sido informado del contenido de este apartado.
Dicho documento que deberá ser igualmente suscrito por el/la representante legal de la entidad colaboradora será enviado a la Entidad Pública.
En particular, quienes por razón de sus funciones deban relacionarse directamente con los responsables de la Entidad Pública deberán suscribir un documento a través del cual se les informe que las comunicaciones, reuniones e instrucciones en su caso proporcionadas por la Entidad Pública lo son exclusivamente en el ejercicio de sus funciones de supervisión, control e inspección sin que en ningún caso suponga la asunción por parte de los responsables de la Entidad Pública de funciones propias de un empleador.
4. Si como consecuencia del incumplimiento por parte de la entidad colaboradora de sus obligaciones que como empleadora asume en el marco del presente Convenio así como respecto de la normativa en materia de orden social, la Entidad Pública resultase sancionada o condenada judicialmente, la entidad colaboradora se obliga a indemnizar a la Administración Pública por los daños y perjuicios que deriven de aquel incumplimiento y de la actuación del personal. De dicha responsabilidad responderán en primer término los derechos económicos que en el marco de este Convenio se hubiesen liquidado y estuvieren pendientes de pago o en su caso mediante la figura del reintegro.
5. La entidad colaboradora velará en todo momento porque el personal cumpla con las funciones que se le atribuyan en el marco de la ejecución de medidas judiciales, supeditadas a la dirección técnica ejercida por la Entidad Pública.
En su consecuencia, dicho personal no podrá ir más allá del estricto cumplimiento de sus funciones y en ningún caso podrá irrogarse aquellas que le corresponde al personal al servicio de la Entidad Pública.
6. Siendo la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda totalmente ajena a las relaciones jurídico-laborales que mantiene la entidad colaboradora con el personal adscrito a la presente Encomienda, en el momento de finalizar la vigencia de esta, no se producirá una subrogación empresarial de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en los términos del artículo 44 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre).
7. La entidad colaboradora deberá disponer en todo momento de profesionales que cumplan con los requisitos de titulación académica, formación y/o experiencia previa establecidos en la normativa de aplicación.
Asimismo, la entidad colaboradora deberá adscribir un número suficiente y constante de profesionales para dar cumplimiento a las ratios técnicas.
Las ratios técnicas deberán respetarse en los períodos de ausencia del personal, en situaciones tales como excedencias, vacaciones, incapacidades laborales transitorias, entre otras, debiendo articular la entidad colaboradora las medidas de organización de recursos humanos pertinentes.
8. Todos los profesionales deberán cumplir lo dispuesto en la legislación orgánica reguladora de protección de menores en cuanto a la inexistencia de antecedentes penales, debiendo acreditarse el cumplimiento de este requisito en la forma que reglamentariamente se haya establecido.
9. La entidad colaboradora a través del canal que establezca la Entidad Pública facilitará un listado nominal de los trabajadores contratados en el marco de este Convenio con indicación de su nombre y apellidos, documento nacional de identidad, titulación académica, puesto que desempeña y funciones atribuidas.
10. La entidad colaboradora deberá comunicar a la Entidad Pública las vacaciones u otros períodos de ausencia justificada superiores a una semana de los técnicos de ejecución así como la identificación y datos de contacto de quienes los sustituyan.
12. Las contrataciones nuevas y los ceses que se produzcan deberán ser comunicados a la Entidad Pública.
13. Las comunicaciones que respecto de su personal realice la entidad colaboradora a la Entidad Pública conforme a esta cláusula, se entenderán en todo caso efectuado, previo cumplimiento por parte de la entidad colaboradora de la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.
14. En el plazo máximo de tres meses desde el inicio de la vigencia de este Convenio, así como en el primer trimestre de cada anualidad de su vigencia, la entidad colaboradora presentará ante la Entidad Pública su Plan de Formación del personal adscrito a la ejecución de esta Encomienda.
En el proceso de elaboración, y previo a su implantación, se dará traslado a la Entidad Pública por plazo de al menos quince días hábiles, a los efectos de informar la idoneidad y suficiencia del plan de formación respecto de las exigencias derivadas de este Convenio.
15. La entidad colaboradora se obliga a llevar a cabo procesos de selección públicos y abiertos, que contengan como criterios de selección los derivados de la normativa reguladora en materia de igualdad efectiva entre mujeres y hombres y los de fomento del acceso al empleo de personas con discapacidad, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en el párrafo anterior.
La Entidad Pública se reserva la potestad de realizar actuaciones de comprobación y verificación del cumplimiento de los requisitos de los procesos de selección y del personal seleccionado sin que en ningún caso dichas actuaciones puedan suponer la intervención en los procesos de selección.
Decimotercera.- Expediente personal de los menores.
1. Por cada menor cuyas medidas judiciales se deriven a la entidad colaboradora, se abrirá por parte de esta un único expediente de ejecución.
Durante el período de ejecución de las medidas judiciales impuestas a un mismo menor, la entidad colaboradora custodiará y gestionará el expediente de ejecución y se ajustará en ello a lo dispuesto en la legislación reguladora de la protección de datos de carácter personal y a los protocolos que establezca la Entidad Pública.
2. Concluidas las medidas judiciales impuestas a un menor, la entidad colaboradora dará traslado del expediente de ejecución a la Entidad Pública, que lo consolidará con el expediente administrativo obrante en la Administración conformando el expediente definitivo único.
3. Los expedientes de ejecución que obren en poder de la entidad colaboradora al tiempo de finalización de la vigencia de este Convenio deberán ser entregados de inmediato a la Entidad Pública sin que en ningún caso aquella pueda conservar documentación alguna, en original o copia.
Respecto de tales medidas judiciales en fase de ejecución, la entidad colaboradora deberá emitir por cada una de ellas un informe extraordinario de seguimiento, o en su caso, el informe final que proceda, como máximo a la fecha de terminación del Convenio.
Decimocuarta.- Protección de datos de carácter personal y sigilo profesional.
1. La entidad colaboradora se compromete a cumplir lo dispuesto en la legislación reguladora de la protección de datos de carácter personal.
2. Los archivos de titularidad privada que la entidad colaboradora cree para el tratamiento de datos de carácter personal deberán estar legalizados e inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos. Su inscripción deberá ser comunicada a la Entidad Pública.
3. Salvo los casos en que legalmente proceda, la entidad colaboradora se abstendrá de facilitar cualquier dato de carácter personal, aun de forma desagregada, de los menores y de sus familiares o terceras personas vinculadas a la ejecución de las medidas convenidas, a las entidades públicas o privadas que lo soliciten o a personas físicas solicitantes, salvo que cuenten con la autorización previa de los titulares o de sus representantes legales, según los casos.
4. Los contratos de trabajo que suscriba la entidad colaboradora para la ejecución del presente Convenio deberá contener una cláusula expresa en virtud de la cual el trabajador asume el deber de guardar absoluto sigilo personal y profesional respecto de la información a la que acceda por razón de sus funciones, deber que persistirá una vez concluida en su caso la relación laboral con la asociación.
Decimoquinta.- Comisión de seguimiento del Convenio.
1. A los solos efectos de poder establecer un seguimiento y evaluación técnica del Convenio, elevar en su caso propuestas de mejora y/o de modificación, así como articular los poderes de dirección y supervisión de la Entidad Pública, se ha de constituir una comisión técnica de seguimiento.
2. La Comisión Técnica de Seguimiento estará compuesta por la Jefatura de Servicio de Justicia Juvenil, la Jefatura de Servicio de Planificación, Gestión y Administración, el/la representante legal de la entidad colaboradora y el/la Director/a territorial de la entidad en Canarias.
La Jefatura de Servicio de Justicia Juvenil podrá acordar la asistencia, con voz pero sin voto, de personal del Servicio con la categoría profesional de psicólogo/a.
3. Al mes de iniciarse la vigencia de este Convenio, la Comisión se reunirá, así como con carácter ordinario, una vez finalizado cada trimestre de vigencia.
Decimosexta.- Inspección y control.
La entidad colaboradora, en el marco del presente Convenio, se sujeta al Protocolo General de Actuación de la Inspección del Servicio de Justicia Juvenil en vigor, de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, así como a las Instrucciones de Servicio que en desarrollo de la citada Resolución se dicten.
Decimoséptima.- Régimen de penalizaciones.
1. Los incumplimientos en los que pueda incurrir la entidad colaboradora respecto de las obligaciones que asumen en este Convenio darán lugar, si procede, al régimen de penalizaciones previsto en esta cláusula, sin perjuicio de las demás responsabilidades que legalmente procedan en cada caso.
2. En los casos en que la Entidad Pública considere que puede haber un incumplimiento del Convenio por parte de la entidad colaboradora, convocará a la Comisión de Seguimiento a los efectos de recabar y concretar los hechos, datos y circunstancias que pudieran sustentar un incumplimiento.
3. A la vista del acta de la Comisión de Seguimiento, la persona titular del órgano administrativo competente podrá acordar la apertura de un procedimiento de penalización en el que deberá darse trámite de audiencia por al menos quince días hábiles a la entidad colaboradora.
4. La Jefatura de Servicio de Justicia Juvenil deberá evacuar informe y aportará en su caso la documentación acreditativa de las actuaciones realizadas y de los posibles incumplimientos producidos.
5. El órgano competente para instruir el procedimiento de penalización elevará propuesta de resolución en el plazo máximo de cuarenta y cinco días hábiles desde iniciado el procedimiento.
6. Las penalizaciones susceptibles de ser impuestas a la entidad colaboradora por incumplimiento del Convenio podrán consistir en:
a) Cuando el incumplimiento se produzca respecto de las condiciones del SATEMA podrá proponerse una penalización máxima del 50% del importe a satisfacer por este concepto por cada mes en que se hubiese incurrido en incumplimiento.
b) Cuando el incumplimiento se produzca respecto a la ejecución de medidas judiciales, podrá proponerse una penalización máxima del 50% del importe a satisfacer por este concepto por cada mes en que se hubiese incurrido en incumplimiento respecto del tipo de medida judicial que corresponda.
c) En el caso en que el límite máximo señalado en las letras anteriores supusiese un importe inferior al coste económico del incumplimiento, la propuesta de penalización podrá elevarse a este importe.
d) En los casos en que la entidad colaboradora incurriese en un incumplimiento cuyo valor económico fuese del 75% del importe mensual a retribuir, o bien se incurriese durante tres meses consecutivos, o cuatro meses de manera intermitente en un año natural de vigencia del Convenio, procederá la resolución del Convenio.
7. Los hechos o circunstancias determinantes de un incumplimiento susceptible de penalización son:
a) El incumplimiento de las obligaciones de la entidad colaboradora recogidas en la cláusula 6ª del presente Convenio.
El incumplimiento de la obligación de colaboración activa y coordinación con otras entidades contenido en el apartado 1.h) de la cláusula 6ª supondrá el aumento en un 10% del importe de la penalización a aplicar.
b) El incumplimiento reiterado de las resoluciones e instrucciones que dicte la Entidad Pública.
8. La Entidad Pública podrá dirigir a la entidad colaboradora informes en los que se le advierta de hechos de los que se tenga constancia y pudieran constituir un incumplimiento del Convenio.
Decimoctava.- Vigencia.
1. El presente Convenio tendrá una vigencia desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018.
2. Podrá ser objeto de prórrogas, previa conformidad expresa de las partes, que se formalizarán mediante Adenda.
En ningún caso la vigencia de este Convenio podrá prolongarse más allá del 31 de diciembre de 2020.
3. Las prórrogas de este Convenio que se suscriban con efecto a partir del 1 de enero de 2019 estarán supeditadas a la existencia de crédito suficiente, adecuado y disponible en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de cada ejercicio presupuestario que en cada momento corresponda.
Decimonovena.- Resolución del Convenio.
1. El presente Convenio se extinguirá por las siguientes causas conforme a lo previsto en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:
a) El vencimiento del plazo inicial de vigencia previsto en la cláusula anterior sin haberse acordado la prórroga del mismo, o en su caso de las prórrogas establecidas, así como del plazo máximo legal posible.
b) El mutuo acuerdo de las partes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos adquiridos por cualquiera de las partes. En este supuesto cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del Convenio y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio. La resolución del Convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en las Leyes.
2. La Resolución del Convenio dará lugar a la apertura de un período de liquidación con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes.
A tal fin se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Si de la liquidación resultara que el importe de las actuaciones ejecutadas por la entidad colaboradora fuera inferior a los fondos que la misma hubiera recibido de la Entidad Pública para financiar dicha ejecución, aquella deberá reintegrar a esta el exceso que corresponda, en el plazo máximo de un mes desde que se hubiera aprobado la liquidación.
Transcurrido el plazo máximo de un mes, mencionado en el párrafo anterior, sin que se haya producido el reintegro, se deberá abonar también en el plazo de un mes a contar desde ese momento, el interés de demora aplicable al citado reintegro, que será en todo caso el que resulte de las disposiciones de carácter general reguladoras del gasto público y de la actividad económico-financiera del sector público.
b) Si fuera superior el importe de las actuaciones ejecutadas a los fondos percibidos, en el plazo de un mes desde la aprobación de la liquidación, deberá abonar a la parte de que se trate la diferencia que corresponda con el límite máximo de las cantidades consignadas en la cláusula 8ª. En ningún caso las partes del Convenio tendrán derecho a exigir al resto cuantía alguna que supere los citados límites máximos.
3. La concurrencia de cualquier causa de Resolución dará lugar a que se deba convocar a la Comisión de Seguimiento.
En el seno de dicha Comisión se intentará alcanzar un acuerdo que determine las obligaciones pendientes de cumplimiento por ambas partes y la forma y plazo improrrogable de cumplimiento, a través de un documento denominado "programa de liquidación del Convenio" que será suscrito por la persona titular de la Entidad Pública y el/la representante legal de la entidad colaboradora. Transcurrido el plazo, procederá en todo caso la liquidación de las obligaciones pendientes.
No obstante lo anterior, no podrá ser objeto de acuerdo aquellos aspectos del presente Convenio sobre los que la Entidad Pública ejerza potestades de carácter no transaccional.
Vigésima.- Régimen jurídico y jurisdicción competente.
1. El presente Convenio queda sujeto a lo previsto en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de menores, y su normativa reglamentaria de desarrollo, así como de forma supletoria a la legislación en materia de atención integral de menores.
2. En cuanto al régimen jurídico administrativo, queda sujeto a la legislación reguladora de las Administraciones Públicas y en particular a la regulación de la actividad convencional de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
En concreto, será de aplicación la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
De forma supletoria será de aplicación el resto de las normas del derecho administrativo y en su defecto del derecho civil.
3. Las resoluciones que la Entidad Pública o cualquier otro órgano administrativo competente en el marco de este Convenio, dicte en el ejercicio de sus potestades administrativas, se ajustarán a las normas citadas en el apartado anterior por lo que se presumirán válidas y surtirán los efectos en la forma y momento en que se determine en la citada normativa, siendo susceptibles de impugnación con arreglo a esta.
4. Conforme a lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, corresponde a esta el conocimiento de las pretensiones que la entidad colaboradora deduzca frente a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en el marco de este Convenio.
Y en prueba de conformidad y aceptación de las estipulaciones procedentes, se firma el presente Convenio de Colaboración, por triplicado ejemplar, a un solo efecto y tenor, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.- Por la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, p.s. (Decreto 133/2016, de 23 de diciembre, del Presidente), Consejera de Educación y Universidades, Soledad Monzón Cabrera.- Por la Fundación Canaria Yrichen, Emilio Vicente Matéu.
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