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BOC-A-2016-250-4862.
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Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Por escrito de fecha 7 de agosto de 2015 se inicia el expediente de control financiero a la entidad Explotación Agrícola y Ganadera Guiniguada, S.L. (CIF B35803998) con motivo de las ayudas percibidas durante el ejercicio financiero de 2014 (16 de octubre de 2013 a 15 de octubre de 2014), financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), por importe de 174.971,29 euros relativas al "Consumo humano de productos de leche de vaca de origen local" (Ayuda a la industria láctea) y por importe de 2.018,63 euros relativas al "Consumo de productos lácteos elaborados con leche de cabra y oveja de origen local" (Ayuda a la industria láctea y queserías artesanales).
2º) Intentada la notificación del acuerdo de inicio del expediente de control financiero al beneficiario, con arreglo al artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJPAC) -entonces vigente- sin haberse podido practicar por causas no imputables a la Administración, se procede, conforme a lo establecido en el artículo 59.5 de la LRJPAC, a la publicación en el Boletín Oficial del Estado, en el de la Comunidad Autónoma y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del último domicilio del beneficiario sito en Las Palmas de Gran Canaria.
3º) El beneficiario no comparece en la Intervención General por lo que no aporta ningún documento de los requeridos que permita realizar el control financiero sobre el mismo.
4º) Con carácter previo al inicio del procedimiento, por escrito de fecha 22 de abril de 2015, se solicita a la Viceconsejería de Agricultura y Ganadería, Organismo Gestor y Pagador de la ayuda objeto de control, toda la documentación que obra en su poder necesaria para realizar las labores de control sobre el beneficiario antes indicado.
5º) La Viceconsejería de Agricultura y Ganadería aporta toda la información y documentación del expediente requerido y con estas se realizan todas las labores de control inherentes a la misma.
6º) Ha transcurrido el plazo máximo establecido por la norma para que esta Intervención General concluya las actuaciones de control, sin que esta lo haya concluido.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- La Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias es competente para realizar el control sobre beneficiarios de subvenciones y ayudas financiadas con cargo a fondos comunitarios en virtud de las facultades conferidas por los artículos 52.1 y 53.2 del Decreto 76/2015, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias y por el artículo 125.1 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.
Segunda.- El procedimiento de control financiero sobre beneficiarios tiene una duración máxima de doce meses a contar desde la fecha de notificación a aquellos del inicio de las mismas al amparo de lo establecido en el artículo 65.1 del Decreto 76/2015, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias y artículo 125.2 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.
Tercera.- La Intervención General ha realizado actuaciones de control con la información y documentación aportada por el Organismo Gestor y Pagador de la ayuda objeto de control, sin haber concluido las mismas en el plazo máximo de doce meses referido en el párrafo anterior, produciéndose así la caducidad del procedimiento a que se refiere el artículo 66.1 del Decreto 76/2015, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias, que establece que: "si transcurre el plazo sin que se haya concluido el control, se producirá la caducidad del procedimiento y las actuaciones de control no habrán interrumpido el plazo de prescripción establecido para que la Administración pueda reconocer el reintegro".
Cuarta.- A los efectos de lo previsto en el artículo 66, apartados 2 y 3, del Decreto 76/2015, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias, no ha prescrito el plazo para exigir el reintegro que pudiera derivarse de las actuaciones de control realizadas por esta Intervención General pudiendo acordarse el inicio de un nuevo procedimiento de control, disponiendo la conservación de todas las actuaciones de control desarrolladas en el procedimiento caducado.
El plazo de prescripción de las diligencias está regulado en el Reglamento nº 2988/95, del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas aplicable según la previsión establecida en el artículo 6.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
De conformidad con lo establecido en el artículo 3.1 del mencionado Reglamento:
"El plazo de prescripción de las diligencias será de cuatro años a partir de la realización de la irregularidad prevista en el apartado 1 del artículo 1. No obstante, las normativas sectoriales podrán establecer un plazo inferior que no podrá ser menor de tres años.
Para las irregularidades continuas o reiteradas, el plazo de prescripción se contará a partir del día en que se haya puesto fin a la irregularidad. Para los programas plurianuales, el plazo de prescripción se extenderá en todo caso hasta el cierre definitivo del programa.
La prescripción de las diligencias quedará interrumpida por cualquier acto, puesto en conocimiento de la persona en cuestión, que emane de la autoridad competente y destinado a instruir la irregularidad o a ejecutar la acción contra la misma. El plazo de prescripción se contará de nuevo a partir de cada interrupción.
No obstante, la prescripción se obtendrá como máximo el día en que expire un plazo de tiempo igual al doble del plazo de prescripción sin que la autoridad competente haya pronunciado sanción alguna, menos en aquellos casos en que el procedimiento administrativo se haya suspendido de acuerdo con el apartado 1 del artículo 6".
A la vista de lo anteriormente expuesto y en el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,
R E S U E L V O:
1.- Declarar caducado el procedimiento de control financiero iniciado por escrito de fecha 7 de agosto de 2015, a la entidad Explotación Agrícola y Ganadera Guiniguada, S.L. (CIF B35803998) con motivo de las ayudas percibidas durante el ejercicio financiero de 2014 (16 de octubre de 2013 a 15 de octubre de 2014), financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), por importe de 174.971,29 euros relativas al "Consumo humano de productos de leche de vaca de origen local" (Ayuda a la industria láctea) y por importe de 2.018,63 euros relativas al "Consumo de productos lácteos elaborados con leche de cabra y oveja de origen local" (Ayuda a la industria láctea y queserías artesanales).
2.- Acordar el inicio de un nuevo procedimiento de control, conservando todas las actuaciones de control desarrolladas en el procedimiento caducado.
3.- Notificar esta Resolución al interesado y publicar la misma en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, así como en el Boletín Oficial de Canarias y en el Boletín Oficial del Estado.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Consejera de Hacienda en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo previsto en los artículos 114 y 115, en relación con el artº. 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro que estime procedente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de diciembre de 2016.- La Interventora General, María del Pino Martínez Santana.
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