Estás en:
ATENCION. La versión HTML de este documento no es oficial. Para obtener una versión oficial, debe descargar el archivo en formato PDF.
3 páginas. Formato de archivo en PDF/Adobe Acrobat.
Tamaño: 248.88 Kb.
BOC-A-2016-044-800.
Firma electrónica
- Descargar
D./Dña. Paloma Viñas Tormo, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Arona.
DOY FE: de que en el presente procedimiento se ha dictado la sentencia del tenor literal siguiente:
SENTENCIA
En Arona, a 10 de diciembre de 2015.
Vistos por Dña. Cristina Escamilla Cabrera, juez del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Arona los presentes autos de Familia. Divorcio contencioso, nº 0000068/2010 seguido entre partes, de una como demandante Dña. María Mercedes Pacheco Machado, dirigida por el Letrado Dña. Rosa María Serrano Montesinos y representada por el Procurador D. Pedro Antonio Ledo Crespo y de otra como demandada D. Moisés Trujillo González, declarado en rebeldía procesal, se procede a dictar la presente resolución.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Por el Procurador de los Tribunales D. Pedro Ledo Crespo, en el nombre y representación antes indicada, se presentó demanda de guarda, custodia y alimentos el 7 de enero de 2010, que por turno de reparto correspondió a este Juzgado, solicitando, previa alegación de los hechos que estimó oportunos y de los fundamentos de derecho pertinentes, que se dictara sentencia estimatoria de la demanda por la cual se acuerde la disolución del matrimonio por divorcio con adopción de las medidas que en tal escrito se indicaron y, que se dan por reproducidas.
Segundo.- Fue admitida a trámite la demanda por auto de fecha 8 de marzo de 2010. Resultando infructuosos los emplazamientos del demandado, por diligencia de ordenación de 14 de mayo de 2015, se acordó efectuarlo por edictos. Por diligencia de ordenación de 31 de julio de 2015 se declaró en rebeldía procesal a la parte demandada convocándose a las partes a la vista el día 9 de diciembre de 2015 a las 10:00 horas.
Tercero.- Convocadas las partes, se celebró vista oral el día señalado, compareciendo ambas partes debidamente asistidas. No compareció el Ministerio Fiscal al ser la hija común mayor de edad. La parte actora se ratificó en su demanda interesando la disolución del matrimonio por divorcio y, como única medida definitiva a adoptar la relativa a la pensión de alimentos de la hija común mayor de edad en 300 euros mensuales. Se propuso como prueba documental por reproducida. Practicada la prueba, por la parte demandante se formuló conclusiones. Quedando los autos en poder de este Juzgador para resolver.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- Solicitado por la parte actora el divorcio, se ha de conceder el divorcio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 del Código Civil en virtud del cual se viene a disponer que "se decretará judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio, a petición de uno solo de los cónyuges, de ambos o de uno con el consentimiento del otro, cuando concurran los requisitos y circunstancias exigidos en el artículo 81". Este último artículo mencionado viene a preceptuar como requisito necesario para procederse a acordar la separación (en este caso divorcio) a petición de uno solo de los cónyuges, una vez transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio. Requisitos que se estiman cumplidos al haberse solicitado la disolución del matrimonio por uno de los cónyuges, matrimonio que fue contraído el día 16 de junio de 1990, como se desprende de la certificación literal de matrimonio del Registro Civil de La Orotava aportado como documento número 3 por la parte actora en la demanda.
Segundo.- Se interesa por la parte actora que se establezca una pensión de alimentos para la hija mayor de edad de 300 euros mensuales. La acción ejercitada por la actora, en nombre de su hija ya mayor de edad con la que parece convivir y, por tanto estando legitimada activamente para ello, se basa en la aplicación del artículo 142 y siguientes del CC, que establece el contenido de los alimentos así como las personas obligadas a ello.
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife (sección primera), en su sentencia de 16 de febrero de 2012, número 77/2012, rec. 491/2011 indica que "el derecho de alimentos entre parientes, entre los que se encuentran los hijos, bien sean mayores o menores de edad, descansa en principios de solidaridad familiar, alcanzando inclusive rango constitucional en lo concerniente a los hijos, según el artículo 39.2 y 3 de nuestra Carta Magna, que sin embargo viene a distinguir entre la asistencia debida a los hijos durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda. La determinación de la cuantía de los alimentos, proporcionada al caudal o medios de quién los da y a las necesidades de quién los recibe (artº. 146 CC), es facultad del Juzgador de instancia (SSTS 20 diciembre, 28 junio 1951, 21 diciembre 1951, 30 diciembre 1986, 18 mayo 1987 y 28 septiembre 1989), estando informada toda la normativa legal, reguladora de las medidas relativas a los hijos, por el criterio fundamental del «favor filii» (SSTS 31 diciembre 1982 y 2 mayo 1983).
A efectos de la fijación de alimentos, lo que el artº. 146 del CC tiene en cuenta no es rigurosamente el caudal de bienes de que pueda disponer el alimentante sino, simplemente, la necesidad del alimentista puesta en relación con el patrimonio de quién haya de darlos, cuya apreciación de proporcionalidad viene atribuida al prudente arbitrio del Tribunal Sentenciador de instancia (SSTS 6 febrero 1942, 24 febrero 1955, 8 marzo 1961, 20 abril 1967, 2 diciembre, 9 junio 1971 y 16 noviembre 1978).
Se cuenta en el presente proceso con escasa prueba que permita acordar la adopción de la pensión de alimentos en la cuantía interesada por la parte actora, pues tan solo se tiene conocimiento que la hija común de las partes en la actualidad cuenta con la edad de 24 años, como se desprende de la certificación literal de nacimiento unida a las actuaciones como documento número 4 de la demanda. No se ha presentado por la parte actora documental alguna que acredite que Dña. Teroura Cristina Trujillo Pacheco está cursando en la actualidad estudios superiores y, mucho menos que obtiene buenos resultados. No ha acudido al juicio Dña. Teroura Cristina aún a pesar de que la medida interesada le afecta directamente.
Es por todo lo anterior, por lo que procede la desestimación de tal petición al no haberse desplegado actividad probatoria por la parte actora que demuestre que la hija común mayor de edad es dependiente económicamente, que necesita ayuda de sus progenitores así como también la capacidad económica del Sr. Trujillo a los efectos de poder asumir tal pensión alimenticia.
Tercero.- En materia de costas, dada la especialidad de la materia, no procede pronunciamiento.
Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación en su virtud
FALLO
Que estimo parcialmente la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales D. Pedro Ledo Crespo, en nombre y representación de Dña. María Mercedes Pacheco Machado contra D. Moisés Trujillo González y, en su consecuencia, declaro la disolución del matrimonio por divorcio de Dña. María Mercedes Pacheco Machado y D. Moisés Trujillo González, con los efectos legales inherentes a tal declaración.
No se establece pensión de alimentos alguna.
No procede pronunciamiento en costas.
Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación a interponer dentro de los veinte días contados a partir del siguiente al de su notificación formalizándolo por escrito, que será resuelto por la Ilma. Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Aportando documento acreditativo del correspondiente depósito en la cuenta de consignaciones y depósitos de este Juzgado, sin cuyos requisitos no será admitido.
Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos de su razón, quedando la original en el libro de sentencias, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación.- Leída y publicada ha sido la anterior resolución por la Jueza que la suscribe estando celebrando audiencia en el día de la fecha. Doy fe.
Concuerda íntegramente con su original el cual queda incorporado al legajo de resoluciones definitivas previsto en el artículo 213-213 Bis de LEC, se expide y firma el presente testimonio para la formación de los autos en Arona, a 22 de febrero de 2016.- El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.
© Gobierno de Canarias