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BOC Nº 41. Lunes 2 de Marzo de 2015 - 886

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V. ANUNCIOS - Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad

886 Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 18 de febrero de 2015, del Director Ejecutivo, que notifica a D. Juan Carlos Silva, la Resolución de 10 de diciembre de 2014.- Expte. RP-2054/2012 (2012002054).

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BOC-A-2015-041-886. Firma electrónica - Descargar

No habiéndose podido practicar la notificación a D. Juan Carlos Silva de la Resolución del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, nº 1927, de fecha 10 de diciembre de 2014, en los términos fijados en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de conformidad con el apartado quinto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Juan Carlos Silva la Resolución del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, nº 1927, de fecha 10 de diciembre de 2014, recaída en el expediente seguido en esta Agencia por infracción de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, con referencia RP-2054/2012 (2012002054), que dice textualmente:

"R E S U E L V O:

Primero.- Incoar procedimiento sancionador contra D. Marcos Edgardo Rosas y contra D. Juan Carlos Silva, como presuntos responsables directos y solidarios de una infracción administrativa cometida en el lugar conocido como Finca El Vivo, acceso desde la Carretera TF-66 Guaza-Buzanada, del término municipal de Arona, consistente en una infracción administrativa tipificada y calificada de grave en el artículo 38.3, letra b) "el vertido incontrolado de cualquier tipo de residuos no peligrosos, sin que se haya producido un daño grave a los recursos naturales ni sean susceptibles de producir daños graves a la salud humana" de la Ley 1/1999, de 29 de enero, consistente en el vertido incontrolado de residuos no peligrosos, y sancionada conforme preceptúa el artículo 42.2 del mismo cuerpo legal, con multa de seis mil diez euros con trece céntimos (6.010,13 euros) hasta trescientos mil quinientos seis euros con cinco céntimo (300.506,05 euros), siendo en el presente caso la sanción que corresponde de quince mil (15.000,00) euros, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.

Segundo.- Requerir a D. Marcos Edgardo Rosas y a D. Juan Carlos Silva para que en el plazo de un mes, proceda a corregir la situación ilegal creada como consecuencia de la presunta comisión de la infracción, mediante la retirada y entrega a gestor autorizado de los residuos peligrosos y no peligrosos, así como la adopción de cualquier otra medida que resulte necesaria para la restauración de la zona, corrección que habrá de ser acreditada, mediante la aportación de los correspondientes justificantes de entrega de los residuos citados a gestor autorizado, durante la tramitación del expediente sancionador, de conformidad con el artículo 43.3 de la Ley 1/1999, en un plazo no superior a un mes, a contar desde la notificación de la presente resolución de iniciación, todo ello sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones impuestas en la legislación en materia de residuos.

Tercero.- Nombrar instructora a Carmen Pradas Montilla y suplente a María Ojeda González y secretaria a María del Carmen Báez Cejas, quienes podrán ser recusadas en los casos y formas previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Cuarto.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 3.2 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, los interesados tienen derecho a formular alegaciones y a aportar los documentos que consideren convenientes en cualquier momento del procedimiento a partir de la notificación del presente acuerdo y con anterioridad al trámite de audiencia.

a) Al amparo de lo dispuesto en el artículo 16.1 del citado Reglamento, los interesados disponen de un plazo de quince días, a contar desde la notificación del presente acuerdo, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer pruebas concretando los medios de que pretendan valerse. De no presentarse alegaciones en dicho plazo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 13.2 del mismo Texto Legal, el presente acuerdo de iniciación podrá considerarse como propuesta de resolución, toda vez que contiene un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.

b) De conformidad con el artículo 8.1 del Real Decreto 1398/1993, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento, con la imposición de la sanción que proceda, y ello sin perjuicio de la reposición de la realidad física alterada prevista en el artículo 179 del citado Texto Refundido. Asimismo, según dispone el apartado segundo del precitado artículo el pago voluntario por el imputado en cualquier momento anterior a la resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento sin perjuicio de interponer los recursos procedentes.

c) Una vez notificada la propuesta de resolución, los interesados dispondrán de un plazo de audiencia de quince días para formular alegaciones, así como para presentar los documentos e informaciones que estimen pertinentes, según lo dispuesto en el artículo 19 del mismo Reglamento.

d) El presente procedimiento sancionador se desarrolla de acuerdo con el principio de acceso permanente. Por tanto, el expediente administrativo se encuentra a disposición de los interesados en las oficinas de esta Agencia, sito en la Rambla de Santa Cruz, nº 149, entresuelo, en Santa Cruz de Tenerife, en horario de 10 a 12 horas, de lunes a viernes.

e) Según preceptúa el artículo 20.6 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora y a tenor de lo dispuesto en el artículo 42.2 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el plazo máximo para resolver el presente procedimiento y notificar su resolución es de seis meses, transcurrido el cual se producirá la caducidad del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 de la precitada Ley.

Comuníquese la presente Resolución a las nombradas instructora y secretaria, así como a la denunciada, demás interesados y el Ayuntamiento".

Remitir la presente Resolución para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias y al Ayuntamiento que figura como último domicilio conocido, para su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de febrero de 2015.- El Director Ejecutivo, Emiliano Coello Cabrera.

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