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BOC Nº 12. Martes 20 de Enero de 2015 - 193

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V. ANUNCIOS - Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad

193 Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 7 de enero de 2015, del Director Ejecutivo, que notifica a D. Carlos Enrique Remedios San Juan, la Resolución de 3 de diciembre de 2014.- Expte. RP-220/2014 (2014000220).

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BOC-A-2015-012-193. Firma electrónica - Descargar

No habiéndose podido practicar la notificación a D. Carlos Enrique Remedios San Juan de la Resolución del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, nº 1889, de fecha 3 de diciembre de 2014, en los términos fijados en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de conformidad con el apartado quinto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Carlos Enrique Remedios San Juan la Resolución del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, nº 1889, de fecha 3 de diciembre de 2014, recaída en el expediente seguido en esta Agencia por infracción a la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, con referencia RP-220/2014 (2014000220), que dice textualmente:

"R E S U E L V O:

Primero.- Incoar procedimiento sancionador a D. Carlos Enrique Remedios San Juan, en calidad de gestor no autorizado de residuos (gestión consistente en el almacenamiento y desguace de vehículos fuera de uso) en el lugar conocido como Camino La Era, del término municipal de El Paso, como presunto responsable por la comisión de una infracción administrativa tipificada y calificada de grave en el artículo 38.3.a) de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias "Ejercer cualquier actividad sin la preceptiva autorización prevista en las normas legales sobre residuos, o el incumplimiento de las condiciones impuestas en las autorizaciones, y ejercer cualquier actividad de forma contraria a lo establecido en esta Ley, sin que se haya producido un daño grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la salud de las personas", y sancionada en el artículo 42.2 de la Ley de Residuos de Canarias, con multa de seis mil diez con trece céntimos (6.010,13 euros) hasta trescientos mil quinientos seis euros con cinco céntimos (300.506,05 euros), siendo en el presente caso la sanción que corresponde de cuarenta y cinco mil (45.000,00) euros, en atención a las circunstancias que concurren al caso, y de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 43 de la Ley de Residuos de Canarias, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.

Segundo.- Requerir a D. Carlos Enrique Remedios San Juan, para que proceda a corregir la situación ilegal creada como consecuencia de la presunta comisión de la infracción, debiendo presentar como primer trámite para ello, en el plazo de un mes, proyecto de restauración visado por el correspondiente colegio profesional o, en su caso, mediante la obtención de la preceptiva autorización para el ejercicio de la actividad, advirtiéndole que de no cumplimentar el antedicho requerimiento no podrá ser tenida en cuenta como circunstancia atenuante de conformidad con el artículo 43.3 de la Ley de Residuos de Canarias.

Tercero.- Nombrar instructora a Dña. Carmen Pradas Montilla y suplente a Dña. María Ojeda González y secretaria a Dña. María del Carmen Báez Cejas, quienes podrán ser recusadas en los casos y formas previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Cuarto.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 3.2 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, los interesados tienen derecho a formular alegaciones y a aportar los documentos que consideren convenientes en cualquier momento del procedimiento a partir de la notificación del presente acuerdo y con anterioridad al trámite de audiencia.

a) Al amparo de lo dispuesto en el artículo 16.1 del citado Reglamento, los interesados disponen de un plazo de quince días, a contar desde la notificación del presente acuerdo, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer pruebas concretando los medios de que pretendan valerse. De no presentarse alegaciones en dicho plazo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 13.2 del mismo Texto Legal, el presente acuerdo de iniciación podrá considerarse como propuesta de resolución, toda vez que contiene un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.

b) De conformidad con el artículo 8.1 del Real Decreto 1398/1993, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento, con la imposición de la sanción que proceda, y ello sin perjuicio de la reposición de la realidad física alterada prevista en el artículo 179 del citado Texto Refundido. Asimismo, según dispone el apartado segundo del precitado artículo el pago voluntario por el imputado en cualquier momento anterior a la resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento sin perjuicio de interponer los recursos procedentes.

c) Una vez notificada la propuesta de resolución, los interesados dispondrán de un plazo de Audiencia de quince días para formular alegaciones, así como para presentar los documentos e informaciones que estimen pertinentes, según lo dispuesto en el artículo 19 del mismo Reglamento.

d) El presente procedimiento sancionador se desarrolla de acuerdo con el principio de acceso permanente. Por tanto, el expediente administrativo se encuentra a disposición de los interesados en las oficinas de esta Agencia, sito en la Rambla de Santa Cruz, 149, Edificio Mónaco, en Santa Cruz de Tenerife, en horario de 10 a 12 horas, de lunes a viernes.

e) Según preceptúa el artículo 20.6 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora y a tenor de lo dispuesto en el artículo 42.2 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el plazo máximo para resolver el presente procedimiento y notificar su resolución es de seis meses, transcurrido el cual se producirá la caducidad del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 de la precitada Ley.

Comuníquese la presente Resolución a las nombradas instructora y secretaria, así como al denunciado, demás interesados y el Ayuntamiento".

Lo que comunico para su conocimiento y efectos oportunos.

Remitir la presente Resolución para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias y al Ayuntamiento que figura como último domicilio conocido, para su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de enero de 2015.- El Director Ejecutivo, Emiliano Coello Cabrera.

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