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BOC Nº 213. Martes 5 de Noviembre de 2013 - 5407

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III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad

5407 Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 29 de octubre de 2013, por la que se clasifica el puesto de trabajo denominado "Jefe de la Unidad de Servicios Jurídicos y Modernización Administrativa-Vicesecretaría", creado en la plantilla y en la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Güímar (provincia de Santa Cruz de Tenerife), en clase tercera, con la naturaleza de puesto de colaboración, reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal, Subescala de Secretaría-Intervención, y se establece como forma de provisión la de concurso.

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BOC-A-2013-213-5407. Firma electrónica - Descargar

Examinado el expediente tramitado a solicitud del Ayuntamiento de Güímar (provincia de Santa Cruz de Tenerife), para la clasificación del puesto de trabajo denominado "Jefe de la Unidad de Servicios Jurídicos y Modernización Administrativa-Vicesecretaría", como puesto reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal, Subescala de Secretaría-Intervención, con la naturaleza de puesto de colaboración.

Vista la propuesta formulada por el Servicio de Relaciones con la Administración Local y Habilitación Estatal.

Y teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º. La Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Güímar, mediante oficio nº 10.845, de 17 de octubre de 2013, recibido en esta Dirección General el día 21 siguiente, ha solicitado de esta Dirección General que proceda a la clasificación del puesto de trabajo denominado "Jefe de la Unidad de Servicios Jurídicos y Modernización Administrativa-Vicesecretaría", como puesto reservado a funcionarios de la Escala de Administración Local con habilitación de carácter estatal, Subescala de Secretaría-Intervención, Grupo A, Subgrupos A1/A2.

El expediente consta de los siguientes documentos:

- Propuesta de acuerdo que formula la Alcaldía-Presidencia, con fecha 23 de septiembre de 2013, en orden a la creación del puesto de trabajo, la modificación de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo, así como la solicitud dirigida al órgano competente de la Comunidad Autónoma de Canarias, para su clasificación.

- Informe favorable evacuado por la Sección de Régimen Interior y Recursos Humanos, de 24 de septiembre de 2013.

- Informes favorables de fiscalización, evacuados por la Intervención de Fondos, con fechas 18 y 24 de septiembre de 2013.

- Anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 129, de 2 de octubre de 2013, comprensivo del acuerdo adoptado por el Pleno, en sesión celebrada el día 26 de septiembre de 2013, sobre modificación de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo.

2º. El Concejal Delegado de Régimen Interior de la Corporación, mediante oficio nº 11.176, de 28 de octubre de 2013, remitió la documentación que se relaciona a continuación:

- Certificación acreditativa de la elevación a definitiva del acuerdo inicial de creación del puesto de trabajo, con la modificación de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo, al haber transcurrido el plazo de quince días de exposición pública sin que se haya efectuado reclamación alguna.

- Copia de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia nº 141, de 28 de octubre de 2013, relativo a la elevación de definitiva del acuerdo referenciado.

- Certificación comprensiva de la inclusión en el orden del día de la sesión de la Mesa de Negociación del Personal Laboral, celebrada el día 23 de septiembre de 2013, de la propuesta de la Alcaldía relativa a la creación del puesto de trabajo.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Competencia para la creación, clasificación, supresión y modificación de la clasificación de los puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación estatal.

La Disposición Adicional Segunda, apartado 3, de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE nº 89, del 13), establece que la creación, clasificación y supresión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal corresponde a cada Comunidad Autónoma, de acuerdo con los criterios básicos que se establezcan por ley.

Los expedientes de clasificación serán resueltos por el órgano competente de la Comunidad Autónoma respectiva. Las resoluciones habrán de publicarse en los diarios oficiales y remitirse al Ministerio de Administraciones Públicas -en la actualidad, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas-, para su publicación conjunta en el "Boletín Oficial del Estado", al menos con carácter trimestral, conforme determina el artículo 9º del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, por el que se regula la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional (BOE nº 189, de 9 de agosto).

En el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, el artículo 56.2.b) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, aprobado por Decreto 331/2011, de 22 de diciembre (BOC nº 252, del 27), atribuye a la Dirección General de la Función Pública la competencia para la creación, clasificación y supresión de los puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal, a propuesta de la corporación local respectiva.

Segunda.- Naturaleza jurídica y funciones de los denominados "puestos de colaboración".

El derogado artículo 165.1 del Texto Refundido de Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (BOE nº 96), en la redacción dada por el apartado 1 del artículo 2.5 del Real Decreto Legislativo 2/1994, de 25 de junio, dispuso que, con independencia de los puestos de trabajo mínimos reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional a que se refieren los artículos anteriores, las Corporaciones locales, en los términos que reglamentariamente se determinaran por la Administración del Estado, podrían crear otros puestos de trabajo reservados igualmente a funcionarios que posean dicha habilitación, cuya clasificación correspondería a las Comunidades Autónomas.

El desarrollo reglamentario se efectuó en virtud del referido Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, norma subsistente por aplicación de la disposición transitoria séptima y de la disposición final cuarta, apartado 3, del EBEP.

Así, el artículo 2º, letra g), del citado Real Decreto define los puestos de colaboración como aquellos que las Corporaciones locales pueden crear discrecionalmente para el ejercicio de las funciones de colaboración inmediata a las de Secretaría, Intervención o Tesorería, y los que corresponde la sustitución de sus titulares en caso de vacante, ausencia, enfermedad o abstención legal o reglamentaria, así como para el ejercicio de las respectivas funciones reservadas que, previa autorización de la Alcaldía o Presidencia, les sean encomendadas por dichos funcionarios titulares. Y añade que estos puestos serán clasificados a propuesta de la Corporación y estarán reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal de la subescala y categoría que proceda.

La creación y supresión de estos puestos de colaboración constituye, pues, la manifestación del ejercicio de una potestad discrecional que la normativa señalada atribuye a las Entidades locales, que se exterioriza a través del acto normativo de modificación de la Plantilla y de la Relación de Puestos de Trabajo. En todo caso, el acto habrá de ser motivado, por exigencia del artículo 54.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, del 27).

Tercera.- Motivos aducidos por la Corporación para la creación del puesto de trabajo.

En la propuesta que eleva al Pleno, la Alcaldía-Presidencia arguye como motivos para la creación del puesto de trabajo de "Jefe de la Unidad de Servicios Jurídicos y Modernización Administrativa-Vicesecretaría" los siguientes:

«Que se efectúa tras la negociación de la propuesta inicial efectuada por esta Alcaldía, en fecha 13 de septiembre del actual, en los términos que obran en el expediente, para la creación del puesto de Jefe de la Unidad de Servicios Jurídicos y Modernización Administrativo-Vicesecretaría en el Excmo. Ayuntamiento de Güímar, y como resultado del acuerdo alcanzado en los siguientes términos:

En el contexto actual de reformas en el ámbito de la Administración Local es de absoluta necesidad el que la organización al interior de los servicios municipales se preparen para un nuevo escenario y den respuestas a los cambios necesarios que esta reforma significará. La Corporación municipal requiere de una reorganización profunda, que fundamentalmente mejore la gestión operativa y los procedimientos para conseguir que la organización, compuesta por el conjunto de medios y recursos, actúe eficaz y eficientemente para lograr el objetivo perseguido de mejora continua de los servicios públicos y su adaptación a las necesidades de la ciudadanía, en un ámbito territorial en el que se cuenta con una población cercana a los 20.000 habitantes.

La calidad del servicio público ha de ser entendida como la satisfacción de los requerimientos y expectativas de los vecinos del municipio que demandan y reciben esos servicios y, por tanto, la acción del gobierno municipal se orienta a conocer esas necesidades y expectativas y a disponer los medios necesarios para darles la consiguiente satisfacción.

La modernización de la administración se configura como un elemento fundamental para hacer posible que las actuaciones de la misma en el desarrollo de las concretas políticas se lleven a cabo en las condiciones adecuadas.

Dentro de esta actuación modernizadora de la gestión municipal, esta entidad ha adquirido el compromiso de llevar a cabo las actuaciones necesarias para garantizar a todos los ciudadanos del municipio el acceso electrónico a los servicios públicos, manteniendo y asegurando los parámetros de legalidad, eficacia y eficiencia exigidos a todo procedimiento administrativo y, a tal efecto, ha dado el primer paso con la adopción de acuerdo plenario de fecha 29 de julio de 2011, por el que aprueba la denominación de la sede electrónica del Ayuntamiento de Güímar, los Convenios previos para su implantación y la Ordenanza de Administración electrónica.

La administración electrónica, se ha de entender como la consecuencia última de la necesaria e imprescindible evolución y adaptación de la administración pública tradicional, en una administración moderna que se relaciona con la sociedad utilizando tecnologías de la información y de la comunicación, posibilitando realizar cualquier trámite a cualquier hora, de cualquier día del año, con el fin de mejorar los servicios públicos.

De ello se deriva un nuevo modelo de administración orientada al ciudadano, accesible por múltiples canales ágil y eficiente, prestadora de servicios de calidad adaptados a los ciudadanos, flexible y normalizada.

Asimismo, la autonomía organizativa que esta administración tiene reconocida por el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del régimen Local, determina que pueda habilitar los propios procesos de trabajo, sujetos al procedimiento legalmente establecido, procedimientos que están sometidos a una constante actualización, debiendo la administración competente mantener el control sobre los mismos y garantizar su mejora.

Por esta entidad se pretende analizar y revisar los sistemas de trabajo actuales, detectar áreas de mejora, simplificar los trámites administrativos, reducir plazos de respuesta, mejorar los procesos, la actualización de los sistemas de información y comunicación, mediante el establecimiento de más y más fáciles canales de acceso, procedimientos más simples y tramitaciones ágiles, garantizando la seguridad jurídica y la mejora de la gestión interna, pretendiendo, igualmente, el refuerzo de los servicios jurídicos municipales.

La gestión del plan de modernización municipal y la implantación de la Administración electrónica del Ayuntamiento de Güímar se configuran como elementos esenciales y prioritarios de la acción administrativa, resultando necesario habilitar los recursos humanos y técnicos que hagan posible su desarrollo.

Resulta, por tanto, determinante del éxito de este tipo de actuación el dotarlo de la adecuada organización que facilite su ejecución y del personal necesario, con la suficiente cualificación técnico-jurídica que identifique y organice las acciones a seguir para la implantación eficaz de las medidas de modernización y que, además, desarrolle los procedimientos y trámites necesarios, su gestión, posterior seguimiento y su actualización, sin que sea posible sustraer al personal técnico de la entidad de las funciones que en la actualidad tienen asignadas en los respectivos ámbitos, encontrándose adscrito un único Técnico de Administración General por Área de gestión administrativa, encargados, tal y como se deduce de la RPT municipal, de las funciones de organización y control de todas las actividades administrativas de la sección, la tramitación de los expedientes, realización de informes, etc., en muchos casos respecto de la pluralidad de materias, sin que dispongan de margen para el desarrollo de cualquier otra actividad, y menos aún de la repercusión que se pretende, encontrándose provistos por funcionarios de carrera, solo 3 de los 7 puestos de Técnico, de la Escala de Administración General existentes en la Corporación.

Estas medidas delimitan un marco de actuación flexible cuyo seguimiento y revisión periódica resulta ineludible para garantizar su desarrollo completo, resultando preciso establecer un procedimiento de gestión que permita conocer y analizar su evolución y realizar, en su caso, los ajustes que sean convenientes, al frente del que se deberá encontrar un titulado cualificado con los conocimientos jurídicos necesarios y de la suficiente amplitud que se encargará de prestar el necesario apoyo a las distintas unidades administrativas, que, igualmente, efectuará el correspondiente apoyo jurídico en las distintas áreas municipales, con refuerzo de la actuación de los técnicos de administración general adscritos a los mismos.

Se considera imprescindible, por tanto, en esa acción de mejora de la gestión, que implica un desarrollo a largo plazo, la existencia de un responsable de dirección y coordinación de los servicios jurídicos municipales, como figura de apoyo a la Secretaría General, que será la que determine las directrices y criterios para la normalización de procedimientos, tanto en la Corporación municipal como en el Patronato Municipal de Servicios Sociales. Atendiendo a la naturaleza de los cambios precisos y los respectivos ámbitos de acción, se responsabilizará, además, de la necesaria planificación, la coordinación interna, aplicando los recursos y medios de forma óptima, disponiendo las líneas básicas de actuación necesarias para la adaptación de los procedimientos administrativos, las estructuras organizativas y la normativa reguladora.

Al mismo tiempo se le asignará, igualmente, la jefatura de los servicios jurídicos municipales y la sustitución del titular de Secretaría en caso de vacante, ausencia, enfermedad o abstención legal reglamentaria.

Por otra parte, se encuentra actualmente en proceso de constitución, la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono Industrial del Valle de Güímar, como ente urbanístico colaborador, integrada por los propietarios de los terrenos incluidos en el ámbito territorial del polígono, constituyendo una asociación privada de propietarios a las que se les confiere el ejercicio de funciones públicas de carácter administrativo referidas a la gestión urbanística, asumiendo las facultades que le confiere el ordenamiento jurídico y sus Estatutos que, debidamente aprobados, los desarrollan. Su objeto principal es la conservación de las obras de urbanización y el mantenimiento de las dotaciones e instalaciones de los servicios públicos que se encuentren dentro del ámbito territorial al que pertenecen, siendo los propios interesados los sostenedores y destinatarios de la acción administrativa, sin perjuicio de la tutela de la Administración actuante. Siendo esto así, se hace preciso disponer en el ámbito de la organización municipal de una figura que sirva de apoyo, colaboración y asesoramiento a esta Corporación en el ámbito de la entidad urbanística de conservación del Polígono Industrial del Valle de Güímar, de la que forma parte.

Conforme establece el artículo 2º.g) del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, son puestos de colaboración "aquellos que las Corporaciones locales pueden crear discrecionalmente para el ejercicio de las funciones de colaboración inmediata a la Secretaría, Intervención o Tesorería, y a los que corresponde la sustitución de sus titulares en caso de vacante, ausencia o enfermedad o abstención legal o reglamentaria, así como para el ejercicio de las respectivas funciones reservadas que, previa autorización de la Alcaldía o Presidencia, les sean encomendadas por dichos funcionarios titulares."

En la Relación de Puestos de Trabajo municipal, figura incorporado el puesto de Secretario General, con vínculo funcionarial, de la Escala de habilitación de carácter estatal, Subescala Secretaría, Categoría Superior, adscrito al Área funcional de Secretaría y Régimen Interior que, además de las funciones que le vienen atribuidas legalmente en materia de fe pública y asesoramiento legal preceptivo, tiene asignada la sustitución de los jefes de sección en caso de vacante, ausencia, enfermedad o abstención legal o reglamentaria. Registro de intereses, y la vocalía de la Mesa de Contratación. En este sentido, teniendo en cuenta el volumen de asuntos que requieren la prestación de asesoramiento jurídico específico, así como los desafíos que enfrentan los servicios municipales para satisfacer las necesidades del vecino y del personal, en este proceso de modernización, y la necesidad de apoyo jurídico y técnico que resulta preciso en el ámbito de la nueva entidad urbanística de conservación, se hace preciso crear, en el ámbito de la Secretaría General y Régimen Interior, un puesto de colaboración denominado "Jefatura de Unidad de Servicios Jurídicos y Modernización Administrativa-Vicesecretaría", reservado a Funcionarios con habilitación de carácter estatal, Subescala de Secretaría-Intervención; Grupo A1/A2; Complemento de Destino; nivel 26; y un Complemento Específico de 31.921,68 euros».

Cuarta.- Características, requisitos para su desempeño y contenido funcional del puesto que se clasifica.

A) Características y requisitos para su desempeño.

El puesto de trabajo de "Jefe de la Unidad de los Servicios Jurídicos y Modernización Administrativa-Vicesecretario/a" queda reservado a la Escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal, Subescala de Secretaría-Intervención, con nivel 26 de complemento de destino.

Su forma de provisión es la de concurso de méritos.

Las titulaciones académicas para su desempeño son las de Licenciado en Derecho, Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, Licenciado en Sociología, Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Licenciado en Economía, Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras; Diplomado universitario.

Tiene como requerimientos específicos:

- Experiencia en el desempeño de funciones de secretaría en puestos reservados a habilitados de carácter estatal.

- Especialización profesional, acreditada por haber desempeñado las funciones encomendadas a la Secretaría en Ayuntamientos que tengan sociedades mercantiles, Organismos Autónomos y Empresas Públicas.

- Alta cualificación, acreditada por estar en posesión de curso de doctorado.

- Conocimientos en materia de implantación de la plataforma electrónica.

B) Funciones.

Su contenido funcional es el siguiente:

- Jefatura de los servicios jurídicos municipales.

- Sustituye al titular de Secretaría en caso de vacante, ausencia, enfermedad o abstención legal reglamentaria, así como para el ejercicio de las funciones reservadas a Secretaría que, previa autorización de la Presidencia, le sean encomendadas por el funcionario titular.

- Se encarga de la dirección, organización, planificación, decisión, supervisión, coordinación y control del trabajo de la unidad de servicios jurídicos y modernización, responsabilizándose de la ejecución de los trabajos y de la evaluación del rendimiento del personal a su cargo, del cumplimiento del horario, autorización previa, control de horas extras, así como proponer la concesión de permisos, licencias y vacaciones.

- Se responsabiliza de normalizar criterios y procedimientos en el ámbito de la Corporación y en el del Patronato Municipal de Servicios Sociales.

- Recopila, genera y transmite las novedades legales que se hayan producido, llevando a cabo procesos periódicos formativos e informativos del personal interesado.

- Emite informes, propuestas de resolución, estudios, estadísticas, memorias, pliegos de prescripciones técnicas, asesoramiento y responsabilidad administrativa dentro de las funciones que le competan a la Unidad.

- Atiende y orienta a los usuarios del servicio.

- Asesora, colabora, emite informes y presta apoyo técnico al resto de Unidades de la entidad en aquellas materias objeto de su competencia, dentro de las funciones a desarrollar por aquellas.

- Asesora, colabora, emite informes y presta apoyo técnico a la entidad urbanística de conservación del Polígono Industrial del Valle de Güímar.

- Se responsabiliza de la presentación de propuestas de formación para el personal que tiene a su cargo, propuestas de mejora y modernización de la Unidad, de remitir y facilitar información de su Unidad a la Oficina de Atención al Ciudadano, así como cualquier otra función análoga o similar que le sea asignada por sus superiores.

- Analiza las necesidades y propuestas de modernización realizadas por las distintas áreas y centro de trabajo, así como la identificación de nuevas necesidades.

- Facilita la resolución de las cuestiones de carácter jurídico, administrativo, organizativo, funcional y tecnológico que pudieran surgir durante la ejecución de las actuaciones de modernización acordadas.

- Evalúa el grado de cumplimiento de los planes, programas y proyectos de modernización establecidos, canalizando todas las sugerencias, recomendaciones de mejora que se realicen por los distintos agentes implicados.

- Recopila y arbitra las medidas de difusión del conocimiento emanado de las acciones de modernización aprobadas.

- Fijará los procedimientos para la implantación de la administración electrónica.

- Única y última instancia para establecer normas, resolver litigios y dirimir diferencias de opiniones e interpretaciones.

Quinta.- Coste económico.

La Intervención de Fondos de la Corporación emitió informes favorables de fiscalización con fechas 18 y 24 de septiembre de 2013. Entre otros extremos, consta acreditado el cumplimiento de la limitación de los créditos del Capítulo I Gastos de Personal del Presupuesto General Municipal para 2013, mediante la amortización de dos puestos de trabajo. La limitación a la incorporación de nuevo personal establecido en el artículo 23.Uno, apartado 1, de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2013, tiene como excepción la contenida en el apartado 2, letra F), sobre fijación de la tasa de reposición de efectivos en un máximo del 10 por 100, en los ámbitos de asesoramiento jurídico, la gestión y el control de la asignación eficiente de los recursos públicos.

Sexta.- Adscripción del puesto de trabajo a grupo y subgrupo de clasificación funcionarial.

De conformidad con el artículo 22, apartado 2, del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional (BOE del 29), en la redacción dada por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio (BOE de 9 de julio), con la Disposición Adicional Única de esta última norma reglamentaria, y con lo previsto en la relación de puestos de trabajo de la Corporación, el puesto de trabajo cuya clasificación se dispone a través de la presente Resolución ha quedado adscrito, indistintamente, a los Subgrupos A1 y A2 del Grupo A -de los Grupos de clasificación profesional de funcionarios previstos en el artículo 76 del EBEP-, de forma que se garantiza el derecho a la promoción profesional, tanto de los funcionarios integrados en el Subgrupo A1, como de aquellos que quedan como categoría a extinguir en el Subgrupo A2 (STS de 26 de septiembre de 2011). El nivel de complemento de destino asignado, asimismo, por la Corporación al puesto de trabajo (nivel 26), se halla comprendido en el intervalo de niveles comunes a ambos subgrupos de clasificación, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 3º del Real Decreto 861/1986, de 28 de abril (BOE de 3 de mayo), y artículo 71.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (BOE de 10 de abril).

En el ejercicio de la competencia atribuida, esta Dirección General, de acuerdo con la propuesta formulada por la entidad local,

R E S U E L V E:

1. Clasificar el puesto de trabajo denominado "Jefe de la Unidad de Servicios Jurídicos y Modernización Administrativa-Vicesecretaría", existente en la plantilla y en la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Güímar (provincia de Santa Cruz de Tenerife), en clase tercera, con la naturaleza de puesto de colaboración.

2. Disponer su reserva a funcionarios de la Escala de Administración Local con habilitación de carácter estatal, Subescala de Secretaría-Intervención.

3. Establecer como forma de provisión la de concurso.

4. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 9º del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, los interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas podrán interponer con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo de un mes ante esta Dirección General o, directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, bien ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga el demandante su domicilio, bien ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife. Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, bien ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tengan su sede, bien ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Los plazos serán contados desde el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de octubre de 2013.- El Director General de la Función Pública, Aarón Afonso González.

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