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BOC-A-2013-159-4426.
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Habiéndose intentado la notificación al interesado por los cauces previstos a tal efecto en el artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de la comunicación del procedimiento administrativo iniciado en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 42 de la citada Ley, y no pudiéndose practicar por encontrarse ausente, procede, conforme al artículo 59.5 de la misma, la notificación de dicha comunicación a través de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, cuyo tenor literal es el siguiente:
"Con exclusivos efectos informativos, y en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, le informo de lo siguiente:
a) Con fecha 18 de julio de 2013, ha tenido entrada en el registro de esta Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, su escrito de fecha 17 de julio de 2013, mediante el cual solicita se revise de oficio la Resolución de 7 de junio de 2013, de este Centro Directivo, por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra las Resoluciones de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural nº 1.070 y nº 1.071, ambas de 5 de marzo de 2013, por la que se pone fin al procedimiento de reintegro de subvención destinada a la instalación de jóvenes agricultores y a la modernización de las explotaciones agrícolas, y se declaran los derechos económicos de naturaleza pública no tributarios a favor de esta Administración Pública, respectivamente, calificado como recurso extraordinario de revisión.
b) Que el procedimiento administrativo que se ha iniciado tras recibir su escrito es el correspondiente al del recurso extraordinario de revisión, regulado en la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
c) El número asignado al expediente relativo a su recurso es el PA 164/2013 (R.E.R. 164/13).
d) El plazo máximo para resolver y notificar la resolución mediante la que finalizará el citado procedimiento administrativo será de 3 meses a contar desde la reseñada fecha de entrada de su escrito en esta Consejería. Dicho plazo podrá suspenderse en los casos previstos en el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
e) Vencido el mencionado plazo de tres meses sin haber recaído resolución final expresa en el procedimiento administrativo ya iniciado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 119.3 de la referida Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el efecto del silencio administrativo que operará en este supuesto será de carácter desestimatorio, a los solos efectos de que, si lo estima conveniente, pueda interponer recurso contencioso-administrativo ante la instancia judicial de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que resulte competente, en el plazo de seis meses, contados a partir del día en que se produzca el referido vencimiento, tal y como dispone el apartado primero del artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Todo ello sin perjuicio de la obligación legal que tiene esta Administración Pública de dictar resolución expresa en dicho procedimiento, así como a notificarla.- En Santa Cruz de Tenerife.- El Jefe de Recursos, Disposiciones e Informes, Fernando J. Giralda Brito."
Santa Cruz de Tenerife, a 12 de agosto de 2013.- El Secretario General Técnico, p.s., la Jefa de Servicio de Régimen Jurídico (Orden de 24.7.13), Ana Isabel Barrera Cabrera.
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