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BOC Nº 146. Miércoles 31 de Julio de 2013 - 4100

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V. ANUNCIOS - Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad

4100 Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 9 de julio de 2013, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D. Said Adraoui, de la Resolución de inicio recaída en el expediente RP-2231/2012 (2012002231).

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BOC-A-2013-146-4100. Firma electrónica - Descargar

No habiéndose podido practicar la notificación en el domicilio conocido a D. Said Adraoui de la Resolución de inicio, de fecha 24 de mayo de 2013, procede la notificación por los medios previstos en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En consecuencia, a continuación se transcribe y para que sirva de notificación, extracto de la citada resolución.

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Said Adraoui, la Resolución nº 1012, de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de fecha 24 de mayo de 2013, recaída en el expediente instruido en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural por infracción de la Ley 1/1999 de Residuos de Canarias y Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, con referencia RP-2231/2012 (2012002231) y cuya parte dispositiva dice textualmente:

"Primero.- Iniciar procedimiento sancionador contra D. Said Adraoui por la presunta infracción administrativa consistente en el abandono de residuos no peligrosos (escombros), desde su vehículo GC 2541 BW, en el lugar conocido como trasera del colegio Antoñito el Farero, en el término municipal de La Oliva, conducta presuntamente constitutiva de una infracción medioambiental, tipificada y clasificada de grave el artículo 38.3.b) del mismo texto legal y que de conformidad con el artículo 42.2 del mismo Texto Legal, procede la imposición de todas o algunas de las siguientes sanciones: multa de hasta 300.506 euros, clausura temporal parcial de instalaciones.

Segundo.- A los efectos del artículo 13.2 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, la presente iniciación podrá ser considerada como propuesta de resolución y, en consecuencia, la sanción propuesta será la de multa en cuantía correspondiente para la citada infracción descrita de seis mil diez euros con doce céntimos (6.010,12 euros), sin perjuicio de su modificación de conformidad con el artículo 20.3 del citado Reglamento.

Tercero.- Requerir al denunciado para que proceda a la regularización de su actividad mediante la correcta gestión de los residuos no peligrosos generados mediante su entrega a gestor autorizado y su acreditación ante esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.

Cuarto.- Nombrar instructora a Dña. Sonia Gómez Castro y suplente a Dña. María Luisa González Sánchez y secretario a D. Fernando Cáceres Santana, quienes podrán ser recusados en los casos y formas previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Notificar la presente resolución al instructor, secretario, entidad expedientada y demás interesados, con las siguientes advertencias:

Los nombrados instructor y secretario deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento y comunicárselo a su superior inmediato, de concurrir alguno de los motivos de abstención señalados en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. De conformidad con el artículo 29 del citado cuerpo legal los interesados pueden en cualquier momento de la tramitación del procedimiento promover la recusación de aquellos en base a los citados motivos.

Tras la notificación de la presente Resolución, de acuerdo con el artículo 16 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, se abre un plazo de quince días para formular cuantas alegaciones, documentos o informaciones se estimen convenientes y, en su caso proponer prueba concretando los medios de que pretendan valerse. De no presentarse alegaciones en dicho plazo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 13.2 del mismo Texto Legal, la presente iniciación podrá considerarse como propuesta de resolución.

No obstante, de conformidad con el artículo 3 del citado reglamento, las mismas podrán presentarse en cualquier momento anterior al trámite de audiencia, aún cuando haya concluido el antedicho plazo.

El expediente administrativo se encuentra a su disposición en las oficinas de esta Agencia de 10 a 12 horas, de lunes a viernes, en orden a garantizar el principio de acceso permanente de conformidad con el artículo 3 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Asimismo, se pone en su conocimiento que la actuación mediante representante ha de ser verificada por cualquier medio válido en derecho, que deje constancia fidedigna o mediante declaración en comparecencia personal del interesado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

De conformidad con el artículo 8 del precitado Reglamento, iniciado el procedimiento sancionador, si el actor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver este con imposición de las sanciones que procedan y en su caso, ordenando el restablecimiento de la realidad física alterada. El pago voluntario de la multa implicará igualmente la terminación del procedimiento sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos procedentes.

Según preceptúa el artículo 20.6 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora y a tenor de lo dispuesto en el artículo 42.2 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el plazo máximo para resolver el presente procedimiento y notificar su resolución es de seis meses, transcurrido el cual se producirá la caducidad del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 de la precitada Ley".

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de julio de 2013.- El Director Ejecutivo, Emiliano Coello Cabrera.

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