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BOC Nº 139. Lunes 22 de Julio de 2013 - 3911

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V. ANUNCIOS - Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad

3911 Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 5 de julio de 2013, del Director Ejecutivo, sobre notificación a la entidad Lanzarotrans, José Luis Rodríguez, S.L., de la Resolución de incoación recaída en el expediente RP-668/2012 (2012000668).

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BOC-A-2013-139-3911. Firma electrónica - Descargar

No habiéndose podido practicar la notificación a la entidad Lanzarotrans, José Luis Rodríguez, S.L. de la Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 1005, de fecha 23 de mayo de 2013, en los términos fijados en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; de conformidad con el apartado quinto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a la entidad Lanzarotrans, José Luis Rodríguez, S.L. la Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 1005, de fecha 23 de mayo de 2013, recaída en el expediente instruido en esta Agencia por infracción de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, con referencia RP-668/2012 (2012000668), que dice textualmente:

Primero.- Incoar procedimiento sancionador a la entidad Lanzarotrans, José Luis Rodríguez, S.L. como presunta responsable de la comisión de las siguientes infracciones:

A) Infracción administrativa tipificada y calificada de leve en el artículo 38.4.c) de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, en relación con el artículo 38.3.d) y los artículos 19 del mismo texto legal, y el artº. 5 del Decreto 51/1995, de 24 de marzo, por el que se regula el Registro de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos generados en las Islas Canarias respectivamente y sancionada conforme preceptúa el artículo 42.3 de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, con multa de 300,51 hasta 6.010,12 euros, clausura temporal parcial de instalaciones y apercibimiento público, siendo en el presente caso la sanción que corresponde de tres mil ciento cincuenta y cinco (3.155,00) euros, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.

B) Infracción administrativa tipificada y calificada de grave en el artículo 38.3.b) de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, consistente en el vertido incontrolado de residuos no peligrosos (aceites vegetales), y sancionada conforme preceptúa el artículo 42.2 del mismo Texto Legal con la imposición de todas o algunas de las siguientes sanciones: multa de 6.010,13 hasta 300.506,05 euros; cese temporal, total o parcial de las actividades y suspensión de la autorización, en su caso; clausura temporal, total o parcial de las instalaciones e inhabilitación profesional temporal como gestor de residuos, siendo en el presente caso la sanción que corresponde de treinta mil (30.000,00) euros, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.

C) Infracción administrativa tipificada y calificada de grave en el artículo 38.3.a) de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, consistente en el ejercicio de una actividad de gestión de residuos (almacenamiento de neumáticos usados) sin contar con la preceptiva autorización, y sancionada conforme preceptúa el artículo 42.2 del mismo Texto Legal, con la imposición de todas o algunas de las siguientes sanciones: multa de 6.010,13 hasta 300.506,05 euros; cese temporal, total o parcial de las actividades y suspensión de la autorización, en su caso; clausura temporal, total o parcial de las instalaciones e inhabilitación profesional temporal como gestor de residuos, siendo en el presente caso la sanción que corresponde de treinta mil (30.000,00) euros, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.

Segundo.- Ordenar como medida provisional la suspensión de la actividad de gestión de residuos llevada a cabo por la entidad expedientada, en lo que se refiere al almacenamiento de neumáticos usados en las instalaciones sitas en la calle Codornices, nº 13 (Nazaret), del término municipal de Teguise.

Tercero.- Requerir a la entidad expedientada para que, en el plazo de un mes, proceda a corregir la situación ilegal creada como consecuencia de la presunta comisión de la infracción, mediante el almacenamiento de los residuos peligrosos de acuerdo con la normativa de aplicación en la materia, la colocación de la placa distintivo de pequeño productor de residuos en lugar visible, la retirada y entrega de los residuos vegetales vertidos a gestor autorizado, debiendo acreditar dicha circunstancia mediante los justificantes correspondientes, todo ello sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones impuestas en la legislación en materia de residuos, advirtiéndole que de no cumplimentar el antedicho requerimiento no podrá ser tenida en cuenta como circunstancia atenuante, de conformidad con el artículo 43.3 de la Ley de Residuos de Canarias.

Cuarto.- Acordar la acumulación de los expedientes con referencias RP 1618/2012 y RP 0668/2012 en uno solo bajo la referencia RP 0668/2012.

Quinto.- Nombrar instructora a Dña. Sonia Gómez Castro y suplente a Dña. María Luisa González Sánchez y secretario a D. Fernando Cáceres Santana y suplente a Dña. María Soledad González Castellano, quienes podrán ser recusados en los casos y formas previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 3.2 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, los interesados tienen derecho a formular alegaciones y a aportar los documentos que consideren convenientes en cualquier momento del procedimiento a partir de la notificación del presente acuerdo y con anterioridad al trámite de audiencia.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 16.1 del citado Reglamento, los interesados disponen de un plazo de quince días, a contar desde la notificación del presente acuerdo, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer pruebas concretando los medios de que pretendan valerse. De no presentarse alegaciones en dicho plazo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 13.2 del mismo Texto Legal, el presente acuerdo de iniciación podrá considerarse como propuesta de resolución, toda vez que contiene un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.

De conformidad con el artículo 8.1 del Real Decreto 1398/1993, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento, con la imposición de la sanción que proceda, y ello sin perjuicio de la reposición de la realidad física alterada prevista en el artículo 179 del citado Texto Refundido. Asimismo, según dispone el apartado segundo del precitado artículo el pago voluntario por el imputado en cualquier momento anterior a la resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento sin perjuicio de interponer los recursos procedentes.

Una vez notificada la propuesta de resolución, los interesados dispondrán de un plazo de audiencia de quince días para formular alegaciones, así como para presentar los documentos e informaciones que estimen pertinentes, según lo dispuesto en el artículo 19 del mismo Reglamento.

El presente procedimiento sancionador se desarrolla de acuerdo con el principio de acceso permanente. Por tanto, el expediente administrativo se encuentra a disposición de los interesados en las oficinas de esta Agencia, sitas en la calle José Franchy Roca, números 12-14, en Las Palmas de Gran Canaria, en horario de 10 a 12 horas, de lunes a viernes.

Según preceptúa el artículo 20.6 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora y a tenor de lo dispuesto en el artículo 42.2 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el plazo máximo para resolver el presente procedimiento y notificar su resolución es de seis meses, transcurrido el cual se producirá la caducidad del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 de la precitada Ley.

Comuníquese la presente Resolución a los nombrados instructor y secretario, así como a la entidad expedientada, Ayuntamiento y demás interesados.

Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias y al Ayuntamiento que figura como último domicilio conocido, para su inserción en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de julio de 2013.- El Director Ejecutivo, Emiliano Coello Cabrera.

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