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BOC-A-2013-109-3036.
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Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Resolución en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo precisa su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a los titulares de los establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 28 de mayo de 2013.- La Directora General de Ordenación y Promoción Turística, Rita Enma Hernández Callero.
Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 353/11 instruido a Graeme Heins, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamento "Royal Tenerife Country Club (Villa 32)".
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido al establecimiento y titular que se cita, iniciado por Resolución de la Directora General de Ordenación y Promoción Turística de 12 de noviembre de 2012.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
1º) Por la Inspección de Turismo se realizaron las siguientes actuaciones:
2º) El 12 de noviembre de 2012 se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 353/11, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento.
3º) Examinadas las razones esgrimidas por la representación de la empresa expedientada, el Instructor expuso los siguientes fundamentos:
Que se estima su responsabilidad administrativa, sin que las razones esgrimidas en las alegaciones realizadas por la expedientada tengan virtualidad alguna, sobre la base del contenido del certificado del Servicio de Inspección de Turismo, de fecha 20 de octubre de 2011, y del documento del que se desprende la publicidad de oferta alojativa del apartamento "Royal Tenerife Country Club" (Villa 32) que se corresponde con la referencia "2 Finca Casa Rural San Andrés ID5", realizada a través de la página web www.sanandrestenerife.co.uk.
Que la iniciación del procedimiento es conforme al Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (BOC nº 103, de 21 de agosto), que reconoce en su artículo 9.1.b) la iniciativa propia del órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador cuando tenga conocimiento directo o indirecto de las conductas o hechos tipificados como infracción turística.
Que respecto a la responsabilidad de los hechos infractores se considera responsable de los mismos a la titular de la propiedad del apartamento que se indica, conforme a los argumentos que se exponen a continuación:
Que se ha constatado la existencia del anuncio que figura en la página web www.sanandrestenerife.co.uk referido a "2 Finca Casa Rural San Andrés ID5" que se corresponde con el apartamento "Royal Tenerife Country Club" (Villa 32), que constituye una prueba manifiesta y directa de que dicho apartamento se oferta en alquiler mediante precio en euros, indicando su situación geográfica, características de la propiedad y de los servicios incluidos, datos todos ellos que revelan que el indicado alojamiento se explota turísticamente.
Que respecto de la responsabilidad del anuncio en las páginas web el artículo 13.1 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (BOE nº 166, de 12.7.02), establece: "Los prestadores de servicios de la sociedad de la información están sujetos a la responsabilidad civil, penal y administrativa establecida con carácter general en el ordenamiento jurídico, sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley". Estos prestadores de servicios están plenamente sujetos a responsabilidades civil, penal o administrativa establecidas en el ordenamiento jurídico con carácter general para quienes realizan actividades ilícitas y, por supuesto, la ilicitud comprende también los actos que lesionan derechos de terceros. La responsabilidad de los prestadores de servicios se extiende en sentido estricto, a quienes generan la información y los datos y realizan las actuaciones necesarias para su difusión en las redes informativas. Por tanto, y sobre la base de lo fundamentado en la referida normativa, el prestador del servicio que en este supuesto es el titular del establecimiento alojativo, al ofrecer sus servicios a quienes deseen adquirirlos a través de la página web, actúa a modo de escaparate o de página publicitaria o de promoción de ventas del servicio, con la posibilidad de que quien acceda a ella a través de la red contrate su adquisición, formulando su pedido por los medios informáticos previstos en la propia página Web, siendo responsable de la actividad que realiza. Por consiguiente, y de conformidad con lo establecido en el artículo 2.1.b) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, que establece que la citada ley será especialmente aplicable a las empresas que desarrollen actividades o que ofrezcan servicios de alojamiento turístico de cualquier tipo, así como los establecimientos donde los realicen. Que ese mismo texto legal el artículo 73, referido a las personas responsables, establece: "Son responsables de las infracciones turísticas las personas físicas y jurídicas, publicas o privadas, que realicen las acciones u omisiones tipificadas por esta Ley". Que como titular responsable de la explotación deberá cumplir con los preceptos legales que la normativa en materia turística requieren, lo que es de conformidad con las ya indicadas normas sustantivas infringidas que se refieren a la tenencia de libro de inspección y hoja de reclamaciones.
Que la Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico en sus artículos 14 a 17 parte de un principio general tomado de la Directiva Comunitaria 2000/31 CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, artículos 12 a 15, según el cual no puede haber responsabilidad del prestador de servicios de intermediación operativa que se limita a transmitir o almacenar datos o informaciones facilitados por el tercero que ha contratado con él, o a almacenar de forma automática, provisional o temporal la información con la única finalidad de hacer más eficaz la transmisión ulterior de la información a otros destinatarios, o a facilitar enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda. No puede haber en tales casos responsabilidad del prestador de servicios de intermediación por la ilicitud de las informaciones, que él no ha generado, y que se ha limitado a trasmitir, a almacenar o a buscar. Es decir, que los prestadores de servicios de intermediación operativa no tienen una obligación general de supervisar los datos o informaciones que transmitan, almacenen o enlacen, ni una obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen la existencia de actividades ilícitas a cuya difusión estén contribuyendo.
Que por otra parte, se ha comprobado, mediante consulta efectuada en el programa de información turística Turidata, que el apartamento no figura registrado como establecimiento turístico por lo que carece de la documentación exigida para su explotación turística, que se requieren de conformidad con las ya indicadas normas sustantivas infringidas, y que se refieren a la tenencia de libro de inspección y hoja de reclamaciones, desprendiéndose de todo ello los hechos infractores concretos y determinados en el artículo 76.9 y 76.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre.
Que en razón de lo expuesto, queda demostrado que el titular expedientado es responsable administrativo de la comisión de la infracción.
En aplicación al principio de proporcionalidad que se regula en el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y el artículo 79 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, los criterios aplicados para la imposición de las sanciones, en cuantías superiores a las mínimas establecidas para las infracciones graves son: en relación con la posición del infractor en el mercado, al tratarse de un establecimiento situado en una zona eminentemente turística del municipio de San Miguel de Abona que ejerce la actividad turística de alojamiento en la modalidad extrahotelera de apartamento. La naturaleza de las infracciones, que aún teniendo reconocidas unas tipificaciones calificadas como graves no se encuadra dentro de las que causan un grave riesgo para el usuario turístico, no obstante, sí repercute sobre los perjuicios que puede causar a los clientes. El desarrollo de una actividad con violación de normas relativas a la competencia desleal. El artículo 15 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal, modificada por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, señala desleal prevalerse en el mercado de una ventaja competitiva adquirida mediante la infracción de las leyes. La ventaja ha de ser significativa. En este sentido la libre competencia en el mercado parte de la base según la cual todos los competidores deben cumplir las obligaciones legales que les corresponde. Por ello, quien compite violando las normas legales que debería cumplir se sitúa en una posición ventajosa frente al resto de los participantes en el mercado que compiten con él. Ello justifica que el incumplimiento de norma, en especial las que rigen para la actividad económica competitiva en el mercado, constituya un supuesto concreto de competencia desleal. La deslealtad se integra cuando el infractor obtiene provecho efectivo del ahorro de costes que por razones legales ha de satisfacer y a efectos de diferenciarse y hacer frente de esta manera y con ventaja a la competencia, presentándose significativa cuando se produce desviación acreditada de la clientela de los competidores a su favor con tal práctica que la Ley sanciona.
La no existencia de antecedentes, verificada mediante la consulta efectuada a los archivos correspondientes de esta Viceconsejería, donde no existe constancia de haberse instruido expediente sancionador por los mismos hechos que se le imputan, al mismo establecimiento y mismo titular. En conclusión, y tomadas en cuentas las razones expuestas, se propone la reducción de las sanciones en las siguientes cuantías: 6.900 euros por el primer hecho infractor y 6.900 euros por el segundo hecho infractor.
Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento con fecha 30 de enero de 2013, formuló propuesta de sanción de multa en cuantía de trece mil ochocientos (13.800,00) euros.
Correspondiendo la cantidad por el:
Hecho primero: seis mil novecientos (6.900,00) euros.
Hecho segundo: seis mil novecientos (6.900,00) euros.
4º) El expedientado en escrito de 15 de marzo de 2013 recibido en esta Consejería el 10 de abril de 2013 y número de registro 377718, en síntesis alega lo siguiente a la propuesta de resolución:
Primera.- Sobre la no comisión de los hechos que se me imputan.
Insisto en que no exploto apartamento alguno, en que niego que el apartamento que se ofrecía en la página web fuera mío y en que si la mercantil "San Andrés Property Services, S.L." estuviera ofreciendo mi apartamento lo estaría haciendo en contra de mi voluntad.
Adjunto a este escrito "como anexo 1" copia del fax enviado por mí a "San Andrés Property Services, S.L. (SAPS)" en junio de 2009 (aunque por error escribí julio en dicho fax), en el que comuniqué a dicha mercantil la decisión de no arrendar más el apartamento. El 26 de junio de 2009 "San Andrés Property Services, S.L." me confirmó la resolución del contrato y que eliminarían mi apartamento su página web, así como que me limpiarían la villa cuando yo fuera a ocuparla (anexo 2). El 3 de octubre de 2009 (anexo 3) comuniqué a Nicola, de "San Andrés Property Services, S.L.", que visitaría mi villa en noviembre y le pedí que hicieran una limpieza para entonces; también pedí que reconfirmaran la resolución del contrato que me habían comunicado en la carta de 26 de junio de 2009. En carta de 8 de octubre de 2009 (anexo 4), desde "San Andrés Property Services, S.L." me comunicaron que harían la limpieza solicitada; me confirmaron que habían dejado de alquilar mi villa y que habían eliminado toda referencia a ella de su página web, especificando que mi acuerdo con "San Andrés Property Services, S.L." se limitaba a la limpieza, supervisión y mantenimiento de la villa, y que el contrato de cesión de la villa para su alquiler había terminado en julio de 2009.
La documentación aportada deja absolutamente claro que no exploto turísticamente el apartamento, y que "San Andrés Property Services, S.L.", desde julio de 2009, únicamente ha tenido acceso a mi propiedad para hacer la limpieza y mantenimiento precisos para tenerla a punto cuando la visitamos mi esposa y yo. Resulta así que si se estuviera explotando turísticamente mi apartamento "circunstancia que vuelvo a negar expresamente" "San Andrés Property Services, S.L." lo estaría haciendo en contra de mis instrucciones expresas "pudiendo ser dicha actuación incluso constitutiva de delito" y que la obligación de contar con el libro de inspección y las hojas de reclamaciones correspondería a dicha explotadora, y en ningún caso a mí, puesto que sería aquella quien prestaría a sus clientes los servicios que ofrece en su página web (pese a que en cartas de 26 de junio y 8 de octubre de 2009 me había comunicado que había eliminado mi villa de su página web).
Señalo además que "según la propia propuesta de resolución frente a la que formulo alegaciones" lo que se ha constatado es la existencia del anuncio que figura en la página web www.sanandrestenerife.co.uk referido a "2 Finca Casa Rural San Andrés ID5", pero a continuación y de una forma absolutamente infundada se sostiene que dicha "2 Finca Casa Rural San Andrés ID5" se corresponde con el apartamento "Royal Tenerife Country Club (Villa 32)", lo que vuelvo a negar expresamente.
Resulta así que no he cometido las infracciones que se me imputan infundadamente y que la propuesta de resolución vulnera el principio de tipicidad y el derecho a la presunción de inocencia proclamados en los artículos 129 y 137.1 de la Ley 30/1992 y en el artº. 24.2 de la Constitución; en tanto que esa Administración no ha desplegado actividad probatoria alguna de la que resulte que haya cometido las infracciones que se me imputan "por el simple hecho de que no las he cometido y que al no explotar turísticamente apartamento alguno no tengo la obligación de disponer de libro de inspección ni de hojas de reclamaciones" y pretende hacer recaer sobre mí la carga de probar mi inocencia, cuando la carga de probar la comisión de las infracciones administrativas recae sobre la Administración sancionadora.
Procede, en consecuencia, que se archive el procedimiento sancionador.
Segunda.- Sobre la inaplicabilidad a "San Andrés Property Services, S.L." de la exención de responsabilidad invocada en la propuesta de resolución.
En contra de lo sostenido en la propuesta de resolución frente a la que formulo alegaciones, "San Andrés Property Services, S.L." no tiene la condición de prestadora de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos, sino que simplemente es una empresa que realiza contratos on y que es quien efectivamente lleva a cabo la explotación turística "en este caso de una "Rural" que no es mía". Resulta así que no es de aplicación la exención de responsabilidad establecida en el artº. 16.1 de la Ley 34/2002 para "los prestadores de un servicio de intermediación consistente en albergar datos proporcionados por el destinatario de este servicio".
Tercera.- Subsidiariamente, sobre la calificación de las infracciones imputadas.
Con carácter subsidiario a lo anterior, vuelvo a poner de manifiesto que si hubiera cometido los hechos que se me imputan "y que niego expresamente" merecerían ser tipificados como infracción leve (artº. 77.8 de la Ley 7/1995) y habrían prescrito al haber transcurrido el plazo establecido en el artº. 74.1.c) de la Ley 7/1995.
En el sentido de calificar las infracciones como leves, señalo que la propia Administración sancionadora ha otorgado tal carácter sin invocar para ello circunstancias excepcionales a los hechos de carecer de hojas de reclamaciones y de libro de inspección de turismo, entre otros, en los siguientes expedientes sancionadores:
"Expediente sancionador 151/12, en el que ha recaído resolución sancionadora publicada en el Boletín Oficial de Canarias del pasado 16 de octubre (acompaño copia como anexo 5).
"Expediente sancionador 105/12, en el que ha recaído resolución sancionadora publicada en el Boletín Oficial de Canarias del pasado 27 de septiembre (acompaño copia como anexo 6).
"Expediente sancionador 382/11, cuya resolución de iniciación ha sido publicada en el Boletín Oficial de Canarias del pasado 24 de septiembre (acompaño copia como anexo 7).
"Expediente sancionador 237/12, en el que ha recaído resolución sancionadora publicada en el Boletín Oficial de Canarias de 21 de noviembre de 2012 (acompaño copia como anexo 8).
Cuarta.- Subsidiariamente, sobre la desproporcionalidad de las sanciones propuestas.
Con carácter subsidiario a lo anterior, pongo de manifiesto que el importe de las sanciones propuestas es desproporcionado y contradice el criterio seguido por esa Administración en otros procedimientos sancionadores tramitados por los mismos hechos. Así:
"En el expediente 126/12 seguido por explotar turísticamente ocho apartamentos careciendo del libro de inspección de Turismo y de hojas de reclamaciones se impone una sanción de multa de 9.100 euros por el hecho primero y de otros 9.100 por el hecho segundo, lo que supone una sanción de multa de 1.137,50 euros por cada apartamento y hecho infractor; frente a los 6.900 euros que se proponen como sanción por cada hecho infractor en la propuesta frente a la que formulo alegaciones, relativa a la explotación de un solo apartamento (acompaño como anexo 9 resolución recaída en el expediente 126/12, publicada en el Boletín Oficial de Canarias de 6 de marzo de 2013).
"En el expediente 20/12 seguido por explotar turísticamente dos apartamentos careciendo del libro de inspección de Turismo y de hojas de reclamaciones se propone una sanción de multa de 7.200 euros por el hecho primero y de otros 7.200 por el hecho segundo, lo que supone una sanción de multa de 3.600 euros por cada apartamento y hecho infractor; frente a los 6.900 euros que se proponen como sanción por cada hecho infractor en la propuesta de resolución frente a la que formulo alegaciones, relativa a la explotación de un solo apartamento (acompaño como anexo 10 copia de la resolución recaída en el expediente 20/12, publicada en el Boletín Oficial de Canarias de 25 de septiembre de 2012).
"En el expediente 269/12 seguido por explotar turísticamente cuatro apartamentos careciendo del libro de inspección de Turismo y de hojas de reclamaciones se propone una sanción de multa de 13.500 euros por el hecho primero y de otros 13.500 por el hecho segundo, lo que supone una sanción de multa de 3.375 euros por cada apartamento y hecho infractor; frente a los 6.900 euros que se proponen como sanción por cada hecho infractor en la propuesta de resolución frente a la que formulo alegaciones, relativa a la explotación de un solo apartamento (acompaño, como anexo 11, copia de la resolución de iniciación recaída en el expediente 269/12 publicada en el Boletín Oficial de Canarias de 11 de febrero de 2013).
"En el expediente 272/12 seguido por explotar turísticamente seis villas careciendo del libro de inspección de Turismo y de hojas de reclamaciones se impone una sanción de multa de 7.512 euros por el hecho primero y de otros 7.512 por el hecho segundo, lo que supone una sanción de multa de 1.252 euros por cada villa y hecho infractor; frente a los 6.900 euros que se proponen como sanción por cada hecho infractor en la propuesta frente a la que formulo alegaciones, relativa a la explotación de un solo apartamento (acompaño como anexo 12 resolución recaída en el expediente 272/12, publicada en el Boletín Oficial de Canarias de 1 de marzo de 2013).
Frente a ello, la propuesta de resolución no explica cuáles son las circunstancias agravantes que concurren en el presente caso que determinan que el importe de las sanciones sea proporcionalmente superior en el expediente que nos ocupa respecto a los antes reseñados, limitándose a consignar una fórmula estereotipada que bien podría ser utilizada en este como en cualquier otro procedimiento sancionador.
HECHOS PROBADOS:
Se consideran probados, en virtud de las inspecciones y actuaciones referidas en los antecedentes, los siguientes hechos:
Primero: explotar turísticamente el apartamento nº 32 del Complejo denominado "Royal Tenerife Country Club" careciendo del libro de inspección de Turismo.
Segundo: explotar turísticamente el apartamento nº 32 del Complejo denominado "Royal Tenerife Country Club" careciendo de las hojas de reclamaciones.
Los hechos anteriormente reseñados se desprenden de la publicidad e información contenida en la correspondiente página web y del certificado emitido por el Servicio de Inspección y Sanciones de Turismo de fecha 20 de octubre de 2011.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27 de noviembre de 1992), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14 de enero de 1999), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril de 1995), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (BOC nº 103, de 21 de agosto).
Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27 de noviembre de 1992), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14 de enero de 1999), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre (BOC nº 2, de 5 de enero de 2010), que se indicarán.
Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada, y se dan por reproducidos los fundamentos y los criterios recogidos por la instructora actuante en la propuesta de resolución.
Que lo aducido por el expedientado, a los efectos de combatir los actos administrativos impugnados, no modifica en nada los hechos y preceptos infringidos señalados en la resolución de inicio. Que la documentación obrante en el expediente deja constancia de que se han producido los hechos que se imputan, sin que las alegaciones realizadas por el expedientado los desvirtúen.
Por otra parte, respecto a la cuantía de las sanciones cabe señalar que se ha considerado el contenido del artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pues las sanciones se han ponderado e impuesto conforme a la gravedad de las mismas y, al tratarse de unas infracciones con calificación de graves, las cuantías se han determinado de acuerdo a su calificación y de conformidad con la escala recogida en el artículo 79.2 de la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, que modifica la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, que establece en el apartado b) para las infracciones graves una escala entre 1.501 euros y 30.000 euros. A la vista de lo expuesto y conforme a la gravedad de las infracciones cometidas queda demostrado que el importe de las sanciones propuestas no es desproporcionado ya que las cuantías de multas están encuadradas en el tramo inicial del baremo establecido, habiéndose tenido en cuenta para la graduación de la sanción la posición del infractor en el mercado, criterio recogido en el citado artículo 79.2. Reseñar que no se pueden establecer elementos comparativos con otros expedientes sancionadores a la hora de establecer los criterios sancionadores, como se refiere el expedientado en su escrito de alegaciones. Todos los expedientes sancionadores no son exactamente iguales, no tienen porque conducir a idénticos resultados, sino que en cada uno de ellos son distintas las circunstancias a tener en cuenta para atenuar o agravar la responsabilidad y la graduación de la sanción, ya que son muchos los componentes que se tienen que tener en cuenta a la hora de establecer un criterio sancionador, como son la modalidad la actividad del establecimiento, el número de plazas alojativas, la carencia de antecedentes, el grado de culpabilidad del infractor, en definitiva una serie de elementos que se tienen que valorar individualizadamente y atendiendo al hecho concreto. El desconocimiento exhaustivo de los otros expedientes sancionadores puede conllevar a efectuar alegaciones no ajustadas a la realidad.
Por todo lo anteriormente expuesto, y al considerarse que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad administrativa generada, esta Viceconsejería de Turismo se ratifica en los fundamentos jurídicos de la Propuesta de Resolución de 30 de enero de 2013, y acuerda mantener la sanción de multa propuesta en la cuantía de 6.900 euros por el primer hecho infractor y 6.900 euros por el segundo hecho infractor, cuantías que, como se expuso en la citada Propuesta de Resolución, fueron aminoradas en relación con la multa inicialmente propuesta al haberse comprobado la carencia de antecedente por la comisión de los mismos hechos infractores. Como ya se ha indicado, se ha tenido en cuenta para su graduación el contenido normativo del artículo 79.2 de la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, que modifica la Ley 7/1995, de 6 de abril, y el artículo 3.2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, referido a criterios como la actividad turística que ejerce de alojamiento en la modalidad extrahotelera de apartamento y que se comercializa a través de internet, lo que implica que afecta a una pluralidad de posibles turistas, la situación geográfica del apartamento, que está ubicado en Golf del Sur, una zona eminentemente turística en el municipio de San Miguel de Abona, la repercusión para el resto del sector, ya que la oferta turística incontrolada de estos apartamentos supone un deterioro del sector productivo, toda vez que el incremento de plazas alojativas en el mercado puede suponer una bajada de los precios del producto turístico, con el consiguiente perjuicio para aquellos que ejercen la actividad cumpliendo la normativa exigida y obteniendo por ello un menor beneficio. Además ha tenerse en cuenta que, aunque sea una actividad empresarial libre, debe cumplir con las limitaciones establecidas por Ley, y no debe permitirse porque la imagen que de este modo se proyecta fuera del archipiélago canario, ni es limpia, ni es sólida y crea incertidumbre, al dejar al usuario turístico desprovisto de la garantía que supone el control por parte de la Administración en el funcionamiento de la actividad turística.
Sexta.- Los hechos imputados infringen lo preceptuado en las siguientes normas, vienen tipificados como se indica:
Normas: hecho primero: artículo 84 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril), en relación con el artículo 41 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (BOC nº 103, de 21 de agosto). Hecho segundo: artículo 20.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril), en relación con el artículo 8 del Decreto 168/1996, de 4 de julio, por el que se regulan las características de las hojas de reclamaciones y el procedimiento de tramitación de las reclamaciones (BOC nº 88, de 22 de julio).
Tipificación: hecho primero: artículo 76.9 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril), modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre (BOC nº 2, de 5 de enero de 2010). Hecho segundo: artículo 76.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril), modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre (BOC nº 2, de 5 de enero de 2010).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con el artº. 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril), y el artº. 16.2.r) del Decreto 27/2012, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Presidencia del Gobierno (BOC nº 75, de 17 de abril),
R E S U E L V O:
Imponer a Graeme Heins, con N.I.E. X3139247T, titular del establecimiento denominado Apartamento "Royal Tenerife Country Club" (Villa 32), sanción de multa por cuantía total de 13.800,00 euros, correspondiendo la cantidad por el:
Hecho primero: seis mil novecientos (6.900,00) euros.
Hecho segundo: seis mil novecientos (6.900,00) euros.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14 de enero de 1999), y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse
En el caso de que el recurrente sea un representante y no se haya acreditado dicha representación, deberá aportar Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14 de enero de 1999).
Una vez firme la presente Resolución se procederá, en su caso, a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación de la sanción y anotación en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.
Con excepción de los supuestos en que concurra el abono anticipado de las sanciones, transcurrido el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente sin que se hubiera interpuesto aquel, o desistido, se emitirá el instrumento cobratorio del importe de la sanción administrativa con mención del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecho y los recursos procedentes, en razón de lo establecido en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de 12 de julio de 2006, por la que se regulan determinadas actuaciones en relación a la recaudación de los derechos económicos de naturaleza pública exigidos por las diferentes Consejerías integrantes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.- Santa Cruz de Tenerife, a 24 de abril de 2013.- El Viceconsejero de Turismo, Ricardo Fernández de la Puente Armas.
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