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BOC-A-2013-108-3024.
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En cumplimiento de lo dispuesto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de Santa Cruz de Tenerife, en relación con el recurso nº 42/2013 interpuesto por ANPE Canarias, Sindicato Independiente de Educación, contra la Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, de 30 de enero de 2013, por la que se determinan los supuestos excepcionales que dan derecho a que se complementen las prestaciones económicas de incapacidad temporal hasta la totalidad de las retribuciones (BOC nº 22, de 1 de febrero de 2013), y dado que el acto objeto de impugnación podría afectar a una pluralidad de administrados por determinar un supuesto subsumible en lo dispuesto en el artículo 59.6.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta Inspección General de Servicios, conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
R E S U E L V E:
Primero.- Ordenar la remisión a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de Santa Cruz de Tenerife, del expediente administrativo que corresponde al procedimiento ordinario nº 42/2013, contra la Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, de 30 de enero de 2013, por la que se determinan los supuestos excepcionales que dan derecho a que se complementen las prestaciones económicas de incapacidad temporal hasta la totalidad de las retribuciones (BOC nº 22, de 1 de febrero de 2013), a instancia de ANPE Canarias, Sindicato Independiente de Educación.
Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como interesados en el recurso contencioso-administrativo que se tramita como procedimiento ordinario nº 42/2013, en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de Santa Cruz de Tenerife, para que puedan comparecer ante la mencionada Sala en el plazo de nueve días a partir de la publicación de la presente Resolución.
Santa Cruz de Tenerife, a 29 de mayo de 2013.- La Inspectora General de Servicios, Cándida Hernández Pérez.
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