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BOC-A-2013-088-2299.
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Vistos los expedientes en tramitación obrantes en este Centro Directivo relacionados en el anexo, y de acuerdo con los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Los Centros de Valoración de la Discapacidad dependientes de este Centro Directivo han constatado la existencia de expedientes de discapacidad gestionados a través del sistema de información Centro Base, cuyo estado de tramitación no se corresponde con la realidad, por tratarse de expedientes de personas fallecidas que no han sido convenientemente archivados.
La comprobación de este hecho se ha realizado cruzando los datos de fallecidos del Instituto Nacional de Estadística con fecha de fallecimiento anterior al 31 de diciembre de 2008, con los datos que constan en el aplicativo de gestión de la discapacidad (Centro Base).
Segundo.- Con la finalidad de que el estado de los expedientes citados en el anexo concuerde con la realidad, se ha acordado el cierre y archivo de los expedientes afectados por la situación descrita, que cumplan la condición de referirse a personas fallecidas antes del 31 de diciembre de 2008, cualquiera que sea el estado de tramitación en que se encuentren.
A los hechos relatados les son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La determinación del grado de discapacidad de las personas, así como su revisión, se efectúa previo dictamen de los equipos de valoración y orientación, dependientes de los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas, de acuerdo con la normativa estatal básica contenida en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, con la redacción dada por el Real Decreto 1856/2009, de 4 de diciembre, y con la Orden de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda de 18 de octubre de 2012, por la que se determina el procedimiento para la valoración y calificación del grado de discapacidad de las personas en el ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de Canarias.
De acuerdo con la normativa citada, es competencia de esta Consejería determinar:
a) El reconocimiento del grado de discapacidad de las personas.
b) Aquellas otras funciones referentes al diagnóstico, valoración y orientación de situaciones de discapacidad atribuidas o que puedan atribuirse por la legislación, tanto estatal como autonómica.
Segundo.- La tramitación y resolución de estos reconocimientos e informes son competencia de este Centro Directivo respecto de aquellas solicitudes instadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, de acuerdo con el Reglamento Orgánico en vigor.
Tercero.- Según dispone el artículo 87.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. La resolución que se dicte deberá ser motivada en todo caso.
Cuarto.- En los expedientes afectados por esta Resolución tienen la condición de persona interesada quienes los hayan promovido como titulares de derechos o intereses legítimos individuales, conforme señala el artículo 31.1, letra a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que el hecho físico de su fallecimiento impide de manera indubitada continuar el procedimiento.
El reconocimiento del grado de discapacidad es un derecho personalísimo, inherente a la condición física, psíquica o sensorial de la persona interesada, de acuerdo con lo que dispone el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, anteriormente citado, y por ello, de la condición de la persona interesada no se derivan relaciones jurídicas transmisibles a una tercera persona.
Quinto.- La presente Resolución será objeto de publicación en el Boletín Oficial de Canarias, conforme a lo establecido en el artículo 60 de la Ley 30/1992, citada, por aconsejarlo razones de interés público.
En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19, apartado 1 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias,
R E S U E L V O:
Primero.- Declarar la terminación por causa sobrevenida de los procedimientos que figuran en el anexo y acordar el archivo de las actuaciones obrantes en los citados expedientes.
Segundo.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.
Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de abril de 2013.- La Directora General de Políticas Sociales e Inmigración, Ángela Nieves Fernández Acosta.
Ver anexo en las páginas 9939-9954 del documento Descargar
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