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BOC-A-2013-078-2001.
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Habiéndose intentado infructuosamente la notificación de la Orden de referencia a D. Eduardo Arias Marzán, representante de D. Tomás Vagnorius, en la forma prevista en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; se procede, conforme al apartado 5 de dicho artículo, a la notificación a través de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, conforme al tenor literal que figura como anexo al presente anuncio.
Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de abril de 2013.- El Secretario General Técnico, Pedro Gómez Jiménez.
A N E X O
ORDEN Nº 611, DE 13 DE DICIEMBRE DE 2012, DEL CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y POLÍTICA TERRITORIAL POR LA QUE SE TIENE POR DESISTIDO A D. TOMÁS VAGNORIUS, REPRESENTADO POR D. EDUARDO ARIAS MARZÁN, DEL RECURSO DE ALZADA INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN Nº 180, DEL VICECONSEJERO DE ORDENACIÓN TERRITORIAL, DE 6 DE JUNIO DE 2011 (RECAÍDA EN EL EXPEDIENTE 2010/2153).
Examinado el expediente administrativo de referencia.
Vista la Propuesta formulada por el Secretario General Técnico, de fecha 26 de noviembre de 2012.
Teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
1º.- Con fecha 19 de noviembre de 2010, tiene entrada en el Registro General de la entonces Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial escrito del Alcalde de Los Silos, por el que remite copia del "Proyecto de legalización y reforma de local para 5 oficinas", presentado por D. Tomás Vagnorius, para la autorización en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre de las obras relativas a la división del Local nº 9 en cinco nuevos locales, sito en Avenida Marítima, nº 2, Urbanización Sibora, de dicho término municipal. Adjunta informe técnico emitido por la oficina técnica municipal, y documentación relativa a la titularidad de dicho Local.
El edificio donde se ubica el citado Local nº 9 se ha localizado en el territorio a partir de la Referencia catastral de dicho inmueble (2403903CS2420S0014FU).
2º.- Mediante oficio de 21 de enero de 2011, notificado el 3 de febrero de 2011, se requiere a D. Peter Martin Klostermann, con la correspondiente advertencia de desistimiento, para que aportara los siguientes documentos, conforme al Decreto 171/2006, de 21 de noviembre, por el que se regula el procedimiento para la tramitación de autorizaciones en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre: documento de ingreso de tasas; uso de locales; dos ejemplares del proyecto.
Además, debía acreditar la legalidad de la vivienda según la Disposición Adicional cuarta de la Ley de Costas mediante la aportación de los documentos siguientes: a) cualquier documento público que acredite de manera fehaciente la titularidad y antigüedad del inmueble; b) autorización exigible según la legislación de costas (Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas; y su Reglamento General, aprobado por Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre; Ley 28/1969, de 26 de abril, de Costas; y Ley de 19 de enero de 1928 sobre Puertos); c) Licencia municipal; d) Referencia catastral.
Asimismo, se suspendió el plazo máximo para resolver y notificar la resolución por el tiempo que mediase entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento.
3º.- Mediante escrito de 13 de febrero de 2011 (Registro de Entrada en la extinta Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de 15 de febrero de 2011), D. Peter Martin Klostermann, indica que no es representante de D. Tomás Vagnorius, a quien deben remitirse los requerimientos correspondientes, por su condición de propietario y representante por poder notarial del resto de propietarios.
4º.- Con fecha 14 de febrero de 2011, D. Rodolfo Rodrigo Schmidt Pech, también conocido como Rudolf Rüdiger (Registro de Entrada en la extinta Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente con fecha 17 de febrero 2011, Registro de Correos de 15 de febrero de 2011), presenta escrito en el que señala que su despacho ostenta en exclusividad la condición de apoderado de D. Tomás Vagnorius. Acredita su representación mediante copia de escritura de poder especial otorgada el 12 de marzo de 2010 (número 75 de su protocolo) por D. Manuel Hernández Gamallo, Segunda Jefatura de la Embajada de España en Vilnius (Lituania), con pasaporte diplomático nº XF006386, actuando con funciones notariales.
5º.- En consecuencia, mediante oficio de 28 de febrero de 2011 se formula el mismo requerimiento a D. Rodolfo Rodrigo Schmidt Pech (D. Rudolf Rüdiger), notificado el 11 de marzo de 2011.
6º.- Mediante escrito de 17 de marzo de 2011 (Registro de Entrada ante la extinta Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de 18 de marzo de 2011), D. Rudolf Rüdiger aporta los documentos siguientes: comprobante de ingreso por concepto de tasas, dos ejemplares de la solicitud de la licencia de apertura para cada uno de los cinco locales; y dos ejemplares del Proyecto.
7º.- El informe del Servicio Provincial de Costas en Tenerife, emitido con fecha 15 de abril de 2011, pone de manifiesto que en el tramo de costa correspondiente existe un deslinde aprobado por Orden Ministerial de 11 de julio de 2005; y que la actuación pretendida (reforma de un local para cinco oficinas) está afectada por las servidumbres de tránsito y de protección del dominio público marítimo-terrestre (una franja de 6 y 20 metros, respectivamente). Añade que el local está situado dentro de un edificio de cuya legalidad no existe constancia (se ha emitido informe por el mismo Servicio de 6 de agosto de 2008); que incumple el artículo 27 de la Ley de Costas al invadir la servidumbre de tránsito, y no queda acreditado que la Disposición Transitoria permitiera la autorización de las obras. Por último, indica que no se facilita información respecto a los usos comerciales, pues estos deben estar relacionados con el uso del dominio público marítimo-terrestre para ser conformes a lo previsto en el artículo 25.2 de dicha Ley de Costas.
8º.- Con fecha 10 de mayo de 2011, se emite informe técnico por el Servicio de Ordenación del Litoral Occidental en sentido desfavorable a la legalización solicitada (legalización y reforma de local para cinco oficinas), al invadir el edificio la servidumbre de protección (20 metros). El edificio, ubicado en suelo urbano, cuenta con licencia otorgada en 1971 por la Comisión Municipal Permanente del Ayuntamiento de Los Silos. Además, fue objeto de autorización por la extinta Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial para el arreglo de fachadas (2008/0346). Los usos pretendidos con la reforma de dichos locales son los siguientes: dos para uso de oficina comercial; uno para oficina inmobiliaria; uno para oficina de arquitectura; y el otro para oficina de arquitectura técnica.
9º.- Mediante Resolución del entonces Viceconsejero de Ordenación Territorial nº 180, de 6 de junio de 2011, se deniega "la legalización del proyecto denominado reforma de local para cinco oficinas en zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, en Edificio Sibora, Avenida Marítima, 2, término municipal de Los Silos, D. Tomás Vagnorius en representación de D. Petras Odinis y Dña. Regina Virginika Kumfert-Odinis, por los motivos que constan en los fundamentos jurídicos de dicha resolución".
Dicha Resolución es notificada a D. Rudolf Rüdiger con fecha 20 de junio de 2011.
10º.- Con fecha 20 de julio de 2011, tiene entrada en la extinta Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente recurso de alzada contra la citada Resolución, presentado por D. Eduardo Arias Marzán, en representación de D. Tomás Vagnorius, alegando, en síntesis, lo siguiente:
- La reforma de locales para cinco oficinas no suponen una nueva construcción en dominio público marítimo terrestre, pues los locales cuentan con una antigüedad de más de 50 años, y sólo se pretende la mera reforma interior de estos (obra menor) para destinarlos a oficina (actualmente el uso es de cafetería); que no aumenta volumen ni gana nuevo espacio al dominio público marítimo-terrestre. Conforme a la Disposición Transitoria cuarta de la Ley de Costas, las obras tienen como finalidad la conservación.
- Las obras de reforma y conservación (arreglo de las fachadas del edificio) fueron autorizadas por la Administración autonómica (expediente 2008/0346). La legalización de la reforma de los locales es permitida por la Ley de Costas, al ser meras obras de reforma y conservación, con independencia del destino de dichos locales. En principio, los cinco locales tienen diferentes destinos, y todos cumplen con la exigencia legal de ser convenientes y necesarios para el uso dominio público marítimo-terrestre (dos para uso de oficina comercial; uno para oficina inmobiliaria; y dos para estudios de arquitectura).
- Las obras a legalizar son meras obras de reforma que no se han proyectado en la servidumbre de tránsito, pues los locales (el edificio donde se ubican) existen desde hace más de 40 años y se trata de evitar su deterioro.
- La resolución recurrida vulnera el derecho a la propiedad privada (artículo 33 de la Constitución Española) sobre unos locales, que necesitan las obras de reforma solicitadas para destinarlas a los únicos usos que se permiten en la zona, que redundarían en una mejora socioeconómica de la zona.
Solicita la estimación del recurso, legalizando las obras solicitadas en los cinco locales, y aprobando el uso al que se va a destinar tales inmuebles.
11º.- Con fecha 16 de agosto de 2011, el Servicio Provincial de Costas en Santa Cruz de Tenerife emite informe en sentido desfavorable a la actuación pretendida.
12º.- Con fecha 5 de septiembre de 2011, se emite informe técnico por el Ayuntamiento de Los Silos.
13º.- Mediante fax registrado el 2 de diciembre de 2011, D. Rudolf-Rüdiger Schmidt aporta la escritura de poder especial otorgada a su favor por D. Tomás Vagnorius, que ya había aportado el 13 de febrero de 2011, indicando como su representante, sin más formalidades, a D. Eduardo Arias Marzán.
14º.- Con fecha 25 de abril de 2012 se emite informe-propuesta por la Viceconsejería de Política Territorial, proponiendo la desestimación del recurso de alzada interpuesto.
15º.- Mediante oficio de 6 de agosto de 2012 se requiere al interesado la presentación en el plazo de diez días de determinados documentos, a efectos de cumplimentar el artículo 3 del citado Decreto 171/2006, de 21 de noviembre, en relación con el artículo 110.1.e) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC). Ello bajo advertencia de desistimiento, en los términos del artículo 71.1 de la LRJPAC.
16º.- Tras sendos intentos infructuosos de notificación (de fechas 11 y 13 de septiembre de 2012) el citado requerimiento fue publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 208, de 23 de octubre de 2012, y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Los Silos entre los días 10 de octubre y 9 de noviembre de 2012, según certificado del Secretario-Interventor accidental emitido al efecto.
Transcurrido con creces el plazo de diez días previsto en el artículo 71.1 de la LRJPAC, no se ha aportado la documentación requerida.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Órgano competente.
El Consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial es competente para resolver el presente recurso de alzada, en virtud del artículo 12 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, y el artículo 114.1 de la LRJPAC; ambos en concordancia con lo previsto en el artículo 8 del Decreto 86/2011, de 8 de julio, del Presidente, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías, y en el artículo 8.1 del Decreto 170/2011, de 12 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias.
Segunda.- Documentación objeto de requerimiento para cumplimentar la fase de inicio en el procedimiento de recurso.
Examinada la documentación obrante en sendos expedientes 2010/2153 y 2011/1414, por parte de la Secretaría General Técnica se ha constatado la necesidad de aclaración de los siguientes extremos:
1. Respecto al Proyecto presentado:
a) Indicación en la Memoria justificativa [artículo 3.2.A).a) del Decreto 171/2006] de la extensión de la zona de servidumbre de protección de dominio público marítimo-terrestre a ocupar y utilizar. En este caso, dado que el inmueble invade también la servidumbre de tránsito, esta también debe reflejarse en la Memoria justificativa.
b) En cuanto a los Planos [artículo 3.2.A).b) de dicho Decreto], es necesario incorporar los siguientes:
- Plano de emplazamiento, con representación de deslinde y de la zona a ocupar, a escala no inferior a 1/5.000, con la clasificación y usos urbanísticos del entorno. El plano de deslinde debe integrarse en el proyecto, además de contemplar la clasificación y usos urbanísticos del entorno.
- Plano topográfico del estado actual, a escala no inferior a 1/1.000.
- Plano de planta general representativo de las instalaciones y obras proyectadas. El plano a aportar no contempla el deslinde y la superficie a ocupar o utilizar en el dominio público marítimo-terrestre, líneas de orilla, zonas de servidumbre de tránsito, protección y accesos.
c) Declaración expresa de que el Proyecto presentado cumple las disposiciones específicas de la Ley de Costas y de las normas que se dicten para su desarrollo y aplicación [artículo 3.2.B) in fine del Decreto 171/2006].
2. Aclaración del objeto de la actuación, de forma que resulte indubitado si la realización de la reforma se ha producido, y se trata de su legalización; o, por el contrario, la actuación pretendida es la legalización y la terminación de las actuaciones. Acreditación, además, de la demolición de los elementos no susceptibles de legalización y la erradicación del uso de vivienda.
3. Aportación de certificado urbanístico municipal, especificativo de la fecha de aprobación del planeamiento vigente y su estado de ejecución, así como de la calificación del suelo y los usos permitidos conforme a dicho planeamiento y condiciones de edificación en su caso [artículo 3.C) del Decreto 171/2006]. Ello toda vez que únicamente se ha aportado un informe del arquitecto técnico municipal del Ayuntamiento de Los Silos, emitido con fecha 5 de noviembre de 2010.
4. Acreditación de la conformidad de D. Vladas Arzanauskas y Dña. Reda Arzanauskiene con la actuación pretendida (ostentan una cuota de 35% sobre el citado inmueble), mediante la suscripción del correspondiente recurso, aportando copia de su N.I.E.; así como de que D. Tomás Vagnorius actúa en representación legal de ambos [artículos 70.1.a) y 110.1.a) de la LRJPAC, en concordancia con el artículo 3.2.D) del citado Decreto 171/2006].
5. Acreditar la legalidad urbanística del inmueble, conforme a la Disposición Transitoria cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y Disposiciones Transitorias duodécima y decimotercera de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre.
Tercera.- Consecuencias de la falta de subsanación.
Como se ha indicado, en los términos previstos en el artículo 71.1 de la LRJPAC, se requirió al interesado la aportación de los citados documentos en un plazo de diez días, con la advertencia de que, si así no lo hiciera, se le tendría por desistido de su petición, previa resolución dictada en los términos previstos en el artículo 42 de dicho texto legal.
En efecto, conforme al artículo 42.1, párrafo segundo, de la LRJPAC, en los casos de desistimiento de la solicitud, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables.
Desde la publicación del referido requerimiento en el Boletín Oficial de Canarias nº 208, de 23 de octubre de 2012, y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Los Silos, ha transcurrido con creces el plazo de diez días concedido al recurrente para subsanar la solicitud (a contar desde el día siguiente a su publicación, artículo 48, apartados 1 y 4 de la LRJPAC), sin que dicho requerimiento haya sido cumplimentado, por lo que procede tener al recurrente por desistido del recurso, poniendo fin al presente procedimiento de recurso de alzada, y ordenando el archivo de las actuaciones.
Cuarta.- Obligación de dar traslado de la Orden que se dicte a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.
El artículo 178.1 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (TRLOTENC), establece que la legalización de los actos de edificación requerirá el otorgamiento de la licencia urbanística y autorizaciones complementarias que los legitimen. Dado que no se ha aclarado por el recurrente si estamos ante un supuesto de legalización (aunque del informe técnico municipal de 5 de septiembre de 2011 así parece deducirse), resulta aplicable el artículo 178.2 del TRLOTCENC, por lo que procede el traslado de la Orden que se dicte a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.
En su virtud, y en el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,
R E S U E L V O:
Primero.- Tener por desistido a D. Tomás Vagnorius, representado por D. Eduardo Arias Marzán, del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución nº 180, del Viceconsejero de Ordenación Territorial, de 6 de junio de 2011, por la que se deniega la legalización del proyecto denominado "Reforma de local para cinco oficinas" en zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, en Edificio Sibora, Avenida Marítima, nº 2, término municipal de Los Silos.
Segundo.- Ordenar el archivo de las actuaciones.
Tercero.- Notificar la presente Orden al recurrente.
Cuarto.- Comunicar la presente Orden a la Demarcación de Costas en Santa Cruz de Tenerife, al Ayuntamiento de Los Silos y a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.
Contra el presente acto, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sede de Las Palmas de Gran Canaria, dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación.- El Consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, Domingo Berriel Martínez.
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