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BOC-A-2013-066-1640.
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Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Resolución en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo precisa su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a los titulares de los establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 20 de marzo de 2013.- La Directora General de Ordenación y Promoción Turística, Rita Enma Hernández Callero.
Resolución de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística, de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 101/12 instruido a Arlet Paola Cordero García, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar-Cafetería "Chiringuito El Cabezo".
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido al establecimiento y titular que se cita, iniciado por Resolución de la Directora General de Ordenación y Promoción Turística de 16 de agosto de 2012.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
1º) Por la Inspección de Turismo se realizaron las siguientes actuaciones: acta nº 19710, de fecha 7 de junio de 2012, con motivo de las siguientes denuncias/reclamaciones formuladas por: Carmen Teresa Pitti González y seguido contra la empresa expedientada Arlet Paola Cordero García titular del establecimiento Chiringuito El Cabezo.
2º) El 16 de agosto de 2012 se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 101/12, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento.
3º) Examinadas las razones esgrimidas por la representación de la empresa expedientada, el Instructor expuso los siguientes fundamentos:
Que debe estimarse su responsabilidad administrativa por los hechos infractores imputados, sobre la base del contenido del acta de inspección nº 19710, de fecha 7 de junio de 2012, sin que las razones esgrimidas desvirtúen los hechos infractores imputados.
Que respecto a los hechos que se le imputan, en momento alguno han sido desvirtuados por la titular expedientada, que a la fecha de la infracción, cuando se visita el establecimiento de referencia por el inspector de turismo actuante y se extiende el Acta de Inspección, se constató que no entregó al inspector actuante el libro de inspección y las hojas de reclamaciones, ni se encontraba expuesta la lista de precios.
Que las alegaciones realizadas no aportan documento alguno que acredite la subsanación de los hechos infractores.
En aplicación al principio de proporcionalidad que se regula en el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y el artículo 79 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, los criterios aplicados para la imposición de las sanciones, en cuantías superiores a las mínimas establecidas para las infracciones leves son: la posición del infractor en el mercado, al tratarse de un establecimiento situado en una zona turística como es El Médano en el municipio de Granadilla de Abona, donde se ejerce la actividad de Bar. La naturaleza de las infracciones, que aún teniendo reconocidas una tipificación superior a leve no se encuadran dentro de las que causan un grave riesgo para el usuario turístico, no obstante, sí repercute sobre los perjuicios que puede causar a los clientes y a los posibles competidores, con el consiguiente perjuicio para aquellos que ejercen la actividad cumpliendo la normativa. Si bien, se han analizado los otros criterios recogidos en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, que no son de aplicación a los hechos infractores presentes.
En conclusión, y tomadas en cuentas las razones expuestas, se propone mantener la cuantía para cada uno de los hechos infractores.
Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento con fecha 3 de diciembre de 2012, formuló propuesta de sanción de multa en cuantía de trescientos noventa (390,00) euros.
Correspondiendo la cantidad por el:
Hecho primero: ciento cincuenta (150,00) euros.
Hecho segundo: ciento cincuenta (150,00) euros.
Hecho tercero: noventa (90,00) euros.
4º) El expedientado en escrito de 24 de enero de 2013 recibido en esta Consejería 25 de enero de 2013 y número de registro 81630, en síntesis alega lo siguiente a la propuesta de resolución:
Primera.- Tal y como ya se manifestó en el escrito de alegaciones de agosto pasado, los hechos que son objeto del acta de infracción y que trascienden a este expediente son: la no disposición del Libro de Inspección, de Hojas de Reclamaciones y de la Lista Oficial de Precios hay que indicar que son todos de naturaleza formal y que fueron pacíficamente aceptados por mi parte en el momento de la visita del Sr. Inspector y subsanados en el ese mismo acto.
Segunda.- Por otro lado y en relación con la tipificación de los hechos hay que destacar, y como ya ha quedado expuesto anteriormente, la falta de intencionalidad por mi parte en las omisiones así como la inmediata subsanación de las deficiencias detectadas, sin que por otro lado hayan resultado afectados los derechos de los usuarios.
Tercera.- Por otro lado, estoy en total desacuerdo de la concurrencia del siguiente criterio:
"La posición del infractor en el mercado: al tratarse de un establecimiento situado en una zona turística como es El Médano en el municipio de Granadilla de Abona, donde se ejerce la actividad de Bar".
Decir a este respecto que la localización de mi actividad se encuentra a una distancia considerable del centro del pueblo verdadero centro turístico del municipio de Granadilla.
Esto, es no todo, establecimiento que se encuentra en El Médano goza per sé de una posición aparentemente privilegiada según da a entender la propia resolución.
Igualmente muestro mi total disconformidad con el argumento según el cual a que las omisiones:
"sí repercute sobre los perjuicios que puede causar a los clientes y a los posibles competidores, con el consiguiente perjuicio para aquellos que ejercen la actividad cumpliendo la normativa".
No se detalla en la resolución qué perjuicios se les puede causar tanto a uno como a otros, limitándose a citarlos de una forma genérica e indeterminada sin que por tanto pueda tener trascendencia a la hora de fijar el alcance de mi responsabilidad.
Cuarta.- La conjunción de estos datos relevantes permiten tipificar los hechos como de infracción leve tal y como dispone el artículo 77.8 de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias.
No obstante lo anterior, la resolución incurre en el error de encuadrar la infracción reflejada en el hecho segundo de la resolución de incoación (no tener a disposición de los clientes las hojas de reclamación), además de en el ya citado artículo 77.8, en el artículo 76.5 ambos de la Ley de Ordenación de Turismo de Canarias, precepto este último que hace referencia al deber de expedición de las facturas a los clientes, hecho este que ni es objeto de denuncia y desde luego nada tiene que ver con el que se recoge en la resolución notificada, motivo por el cual esta debe ser anulada en este extremo.
Quinta.- Respecto a la sanción a imponer por las infracciones detectadas, entiendo que dada la ausencia de voluntariedad en la comisión de las mismas, la inmediata rectificación y acomodamiento a la normativa vigente, la ausencia de daños a clientes y competidores y por otro lado, al ser esta la primera, y a la vez última vez que se cometen estos hechos por mi parte, ya que siendo consciente de las obligaciones formales que hay que cumplir y que han sido puestas de manifiesto por parte de esta Administración, estos hechos no se van a volver a repetir y por tanto, al no estar ante una infracción en la que sea reincidente, considero más ajustado a Derecho y al principio de proporcionalidad que inspira el procedimiento administrativo sancionador en esta materia que la sanción correcta a imponer es el mero apercibimiento sin imposición de multa económica, tal y como dispone el artículo 78.1, en relación con el 79.1 ambos de la Ley de Ordenación de Turismo de Canarias.
HECHOS PROBADOS:
Se consideran probados, en virtud de las inspecciones y actuaciones referidas en los antecedentes, los siguientes hechos:
Primero.- No tener a disposición de la Inspección de Turismo el libro de inspección.
Segundo.- No tener expuesta las lista de precios en la forma exigida reglamentariamente.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27 de noviembre de 1992), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14 de enero de 1999), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril de 1995), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (BOC nº 103, de 21 de agosto).
Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27 de noviembre de 1992), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14 de enero de 1999), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre (BOC nº 2, de 5 de enero de 2010), que se indicarán.
Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada, sobre la base del contenido del acta de inspección nº 19710 de fecha 7 de junio de 2012, cuando se visita el establecimiento de referencia por el inspector de turismo actuante y se constata que se encontraba ejerciendo la actividad turística reglamentada de restauración y carecía en dicho establecimiento del Libro de Inspección, de las hojas de reclamación y de las listas de precios expuestas en la forma exigida reglamentariamente. Circunstancia por la que habrá de tenerse en cuenta el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, donde se establece que "los hechos constatados por funcionario a los que se reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados".
Que se han estimado las alegaciones relativas al error en la tipificación del segundo de los hechos infractores, que fue incardinado en el artículo 76.5 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, en lugar del artículo 76.4 que hace referencia a carecer de las hojas de reclamación obligatorias, no facilitarlas a los clientes o no tramitarlas en tiempo y forma, quedando patente que no es acertado el artículo indicado en la Resolución de Inicio y en la Propuesta de Resolución. Por todo ello, se procede a sobreseimiento del segundo hecho infractor, considerando que dicho error es causa de indefensión e inseguridad jurídica y se procede a dejar sin efecto la sanción de multa impuesta.
Que respecto a los hechos primero y tercero no han sido desvirtuados por la entidad expedientada en las alegaciones realizadas. Que la responsabilidad administrativa imputable a la entidad expedientada es de conformidad con lo establecido en el artículo 2.1.c) de la Ley 7/1995, de 6 de abril de Ordenación del Turismo de Canarias, que establece que la citada ley será especialmente aplicable a las empresas que desarrollen actividades o que ofrezcan servicios de restaurante, cafetería, bar, terrazas de verano, discotecas ... . Que en ese mismo texto legal el artículo 73, referido a las personas responsables, establece: son responsables de las infracciones turísticas las personas físicas y jurídicas, publicas o privadas, que realicen las acciones u omisiones tipificadas por esta Ley. Que como titular responsable de la explotación deberá cumplir con los preceptos legales que la normativa en materia turística requieren, lo que es de conformidad con las ya indicadas normas sustantivas infringidas que se refieren a la tenencia de libro de inspección y a la exhibición de las listas de precios.
En aplicación al principio de proporcionalidad que se regula en el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 79 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, los criterios aplicados para la imposición de las sanciones, en cuantías superiores a las mínimas establecidas para las infracciones leves han sido ya expuestas por la instructora actuante en la Propuesta de Resolución, sin embargo, es de reseñar que no ha habido intencionalidad en la comisión de la infracción y que se ha procedido con celeridad a la subsanación de los hechos infractores por parte de la entidad expedientada. Asimismo, se ha comprobado la carencia de antecedentes, verificada por esta Dirección General, no existiendo constancia de haberse instruido expediente sancionador por los mismos hechos que se le imputan, al mismo establecimiento y mismo titular. En conclusión, y tomadas en cuenta las razones expuestas, se propone atenuar las sanciones de los hechos infractores, con una sanción de 100 euros para el primer hecho infractor y 60 euros para el segundo hecho infractor.
Sexta.- Los hechos imputados infringen lo preceptuado en las siguientes normas, vienen tipificados como se indica:
Normas: hecho primero: artículo 84 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril), en relación con el artículo 41 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (BOC nº 103, de 21 de agosto).Hecho segundo: artículo 11.1 del Decreto 90/2010, de 22 de julio, por el que se regula la actividad turística de restauración y los establecimientos donde se desarrolla (BOC nº 149, de 30 de julio).
Tipificación: hecho primero: artículo 76.9 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre (BOC nº 2, de 5 de enero de 2010), en relación con el artículo 77.8 del mismo cuerpo legal. Hecho segundo: artículo 77.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril), modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre (BOC nº 2, de 5 de enero de 2010).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con el artº. 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril), y el artº. 18.2 C).f) del Decreto 27/2012, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Presidencia del Gobierno (BOC nº 75, de 17 de abril),
R E S U E L V O:
Imponer a "Arlet Paola Cordero García", con N.I.F. 71651284M, titular del establecimiento denominado "Bar-Cafetería Chiringuito El Cabezo", sanción de multa por cuantía total de 160,00 euros, correspondiendo la cantidad por el:
Hecho primero: cien (100,00) euros.
Hecho segundo: sesenta (60,00) euros.
La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada, ante el Ilmo Sr. Viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14 de enero de 1999), y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante y no se haya acreditado dicha representación, deberá aportar Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14 de enero de 1999).
Con excepción de los supuestos en que concurra el abono anticipado de las sanciones, transcurrido el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente sin que se hubiera interpuesto aquél, o desistido, se emitirá el instrumento cobratorio del importe de la sanción administrativa con mención del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecho y los recursos procedentes, en razón de lo establecido en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de 12 de julio de 2006, por la que se regulan determinadas actuaciones en relación a la recaudación de los derechos económicos de naturaleza pública exigidos por las diferentes Consejerías integrantes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.- Santa Cruz de Tenerife, a 11 de febrero de 2013.- La Directora General de Ordenación y Promoción Turística, Rita Enma Hernández Callero.
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