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BOC Nº 54. Martes 19 de Marzo de 2013 - 1268

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V. ANUNCIOS - Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad

1268 Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 6 de marzo de 2013, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D. Mark John Francis, de la Resolución de incoación recaída en el expediente RP - 1077/2009 (2009001077).

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BOC-A-2013-054-1268. Firma electrónica - Descargar

No habiéndose podido practicar la notificación en el domicilio conocido a D. Mark John Francis de la Resolución de incoación, de fecha 14 de febrero de 2013, procede la notificación por los medios previstos en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En consecuencia, a continuación se transcribe y para que sirva de notificación, extracto de la citada Resolución,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Mark John Francis, la Resolución nº 295, de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de fecha 14 de febrero de 2013, recaída en el expediente instruido en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural por infracción de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, con referencia RP - 1077/2009 (2009001077) y cuya parte dispositiva dice textualmente:

"R E S U E L V O:

Primero.- Incoar procedimiento sancionador a D. Mark John Francis, en calidad de productor de residuos, como presunto responsable de las infracciones administrativas cometidas en el desempeño de su actividad ubicada en el lugar conocido como calle Arrayán, s/n, Cañadas verdes, Taller Ashro Autos, del término municipal de Arona, consistentes en:

A) Infracción tipificada y calificada como grave en el artículo 38.3.d) de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, consistente en el incumplimiento de las determinaciones legales relativas al almacenamiento inadecuado y no etiquetado de los residuos peligrosos, en concreto, la prevista en el apartado 2 del artículo 19 de la citada ley, sin que se haya producido un daño grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la salud de las personas, y sancionada en el artículo 42.2 de la citada Ley 1/1999, de 29 de enero, con multa desde seis mil diez euros con trece céntimos (6.010,13 euros) hasta trescientos mil quinientos seis euros con cinco céntimos (300.506,05 euros); cese temporal, total o parcial, de las actividades y suspensión de la autorización, en su caso; clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones e inhabilitación profesional temporal como gestor de residuo, siendo en el presente caso la sanción propuesta de treinta mil (30.000,00) euros, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.

B) Infracción tipificada y calificada como grave en el artículo 38.3.d) de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, consistente en el incumplimiento de las determinaciones legales relativas a no acreditar la entrega de los residuos peligrosos generados, a gestor autorizado, en concreto, la prevista en los apartados 1 y 3 del artículo 19 de la citada ley, sin que se haya producido un daño grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la salud de las personas, y sancionada en el artículo 42.2 de la citada Ley 1/1999, de 29 de enero, con multa desde seis mil diez euros con trece céntimos (6.010,13 euros) hasta trescientos mil quinientos seis euros con cinco céntimos (300.506,05 euros); cese temporal, total o parcial, de las actividades y suspensión de la autorización, en su caso; clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones e inhabilitación profesional temporal como gestor de residuo, siendo en el presente caso la sanción propuesta de treinta mil (30.000,00) euros, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.

Segundo.- Requerir a D. Mark John Francis, para que proceda a corregir la situación ilegal creada como consecuencia de la presunta comisión de las citadas infracciones, mediante el correcto almacenamiento de los residuos, la retirada y entrega a gestor autorizado así como la adopción de cualquier otra medida que resulte necesaria para la restauración de la zona, corrección que habrá de ser acreditada, mediante la aportación de los correspondientes justificantes de entrega de los residuos citados a gestor autorizado, durante la tramitación del expediente sancionador, de conformidad con el artículo 43.3 de la Ley 1/1999, en un plazo no superior a un mes, a contar desde la notificación de la presente resolución de iniciación, todo ello sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones impuestas en la legislación en materia de residuos.

Tercero.- Nombrar instructor de este expediente sancionador a las funcionarias Dña. Carmen Pradas Montilla y Dña. María del Carmen Báez Cejas, respectivamente y en sustitución de la instructora a Dña. Sonia Gómez Castro. Las nombradas Instructora y Secretaria deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento y comunicarlo a su superior inmediato, de concurrir alguno de los motivos de abstención señalados en el artº. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, pudiendo ejercer los interesados el derecho de recusación en cualquier momento del procedimiento por los motivos señalados en el artículo 29 de la citada Ley procedimental.

Cuarto.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 3.2 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, los interesados tienen derecho a formular alegaciones y a aportar los documentos que consideren convenientes en cualquier momento del procedimiento a partir de la notificación del presente acuerdo y con anterioridad al trámite de audiencia.

a) Al amparo de lo dispuesto en el artículo 16.1 del citado Reglamento, los interesados disponen de un plazo de quince días, a contar desde la notificación del presente acuerdo, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer pruebas concretando los medios de que pretendan valerse. De no presentarse alegaciones en dicho plazo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 13.2 del mismo Texto Legal, el presente acuerdo de iniciación podrá considerarse como propuesta de resolución, toda vez que contiene un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.

b) De conformidad con el artículo 8.1 del Real Decreto 1398/1993, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento, con la imposición de la sanción que proceda, y ello sin perjuicio de la reposición de la realidad física alterada prevista en el artículo 179 del citado Texto Refundido. Asimismo, según dispone el apartado segundo del precitado artículo el pago voluntario por el imputado en cualquier momento anterior a la resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento sin perjuicio de interponer los recursos procedentes.

c) Una vez notificada la propuesta de resolución, los interesados dispondrán de un plazo de Audiencia de quince días para formular alegaciones, así como para presentar los documentos e informaciones que estimen pertinentes, según lo dispuesto en el artículo 19 del mismo Reglamento.

d) El presente procedimiento sancionador se desarrolla de acuerdo con el principio de acceso permanente. Por tanto, el expediente administrativo se encuentra a disposición de los interesados en las oficinas de esta Agencia, sita en la Rambla de Santa Cruz, nº 149, semisótano, en Santa Cruz de Tenerife, en horario de 10 a 12 horas, de lunes a viernes.

e) Según preceptúa el artículo 20.6 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora y a tenor de lo dispuesto en el artículo 42.2 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el plazo máximo para resolver el presente procedimiento y notificar su resolución es de seis meses, transcurrido el cual se producirá la caducidad del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 de la precitada Ley.

Comuníquese la presente Resolución a las nombradas instructora y secretaria, así como al denunciado, demás interesados y el Ayuntamiento.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos oportunos.

Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias y al Ayuntamiento que figura como último domicilio conocido, para su inserción en el tablón de edictos".

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de marzo de 2013.- El Director Ejecutivo, Emiliano Coello Cabrera.

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