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BOC-A-2013-038-798.
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Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Resolución en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo precisa su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a los titulares de los establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 11 de febrero de 2013.- La Directora General de Ordenación y Promoción Turística, Rita Enma Hernández Callero.
Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 91/12 instruido a Eden Travel Tenerife, S.L.U., titular de la explotación turística del establecimiento denominado "Intermediación Turística Eden Travel Tenerife".
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido al establecimiento y titular que se cita, iniciado por Resolución de la Directora General de Ordenación y Promoción Turística de 2 de agosto de 2012.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
1º) Por la Inspección de Turismo se realizaron las siguientes actuaciones: acta nº 19485, de fecha 8 de febrero de 2012, con motivo de las siguientes denuncias/reclamaciones formuladas por: Juan José Tur Torres y seguido contra la empresa expedientada Eden Travel Tenerife, S.L.U., titular del establecimiento Eden Travel Tenerife.
2º) El 2 de agosto de 2012 se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 91/12, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento.
Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento con fecha 13 de diciembre de 2012, formuló propuesta de sanción de multa en cuantía de cinco mil doscientos (5.200,00) euros.
Correspondiendo la cantidad por el:
Hecho primero: tres mil (3.000,00) euros.
Hecho segundo: dos mil doscientos (2.200,00) euros.
3º) No consta en el expediente que se hayan presentado alegaciones a la Propuesta de Resolución.
HECHOS PROBADOS:
Se consideran probados, en virtud de las inspecciones y actuaciones referidas en los antecedentes, los siguientes hechos:
Primero: incumplimiento de las normas sobre cancelación de plazas, al no haber reembolsado al cliente D. Juan José Tur Torres el importe correspondiente al viaje combinado de Asturias a Cantabria, el cual había cancelado por causa de enfermedad con ingreso hospitalario. Todo ello se desprende del acta de inspección nº 19485, de los documentos que se adjuntan a la misma y del informe de inspección de fecha 23 de marzo de 2012.
Segundo: no haber contestado al requerimiento efectuado en el acta de inspección nº 19485 de 8 de febrero de 2012. Como se desprende de informe de inspección de fecha 5 de marzo de 2012.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27 de noviembre de 1992), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14 de enero de 1999), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril de 1995), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (BOC nº 103, de 21 de agosto).
Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27 de noviembre de 1992), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14 de enero de 1999), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre (BOC nº 2, de 5 de enero de 2010), que se indicarán.
Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada. En primer lugar, como cuestión previa, manifestar que examinado el expediente de referencia, no consta, al formular la presente Resolución sancionadora, que el titular consignado haya presentado alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe los hechos imputados por la Resolución de iniciación notificada mediante publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 195, de fecha 4 de octubre de 2012, procediéndose a formular la presente Resolución Sancionadora en aplicación de lo que se prevé en el artículo 9.4 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (BOC nº 103, de 21 de agosto de 1996) el cual dispone que en la comunicación que se dirija a los interesados se les advertirá que de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la resolución de iniciación del procedimiento en el plazo previsto en el artículo 11.2 del presente Decreto, la misma podrá considerarse propuesta de resolución.
El primer hecho infractor trae causa de incumplir las normas sobre cancelación de plazas, al no haber reembolsado al Sr. Torres el importe correspondiente al viaje combinado de Asturias a Cantabria, el cual fue cancelado por este por causas de fuerza mayor, ya que como obra en el expediente un día antes de la salida del citado viaje, el Sr. Torres tuvo que ser ingresado en la UVI del hospital, siendo posteriormente trasladado a planta como así lo prueba el informe médico que obra en el expediente.
Tras lo cual, el Sr. Torres solicita la devolución del dinero aportado para el viaje, que no pudo realizar y al que tiene derecho en virtud del artº. 160 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Tal devolución no se ha producido como así se desprende del acta de inspección nº 19485 y del informe de inspección de fecha 23 de marzo de 2012 y teniendo en cuenta los recibos que se aportan en el presente expediente que demuestran el pago del Sr. Torres por el viaje que finalmente no pudo realizar.
El segundo hecho infractor trae causa de no haber contestado al requerimiento efectuado en el acta citada, como se desprende del informe de inspección de fecha 5 de marzo de 2012. Tal requerimiento trae causa de que la entidad expedientada probara las afirmaciones que había hecho en el acta de inspección citada en el sentido de que el dinero del Sr. Torres fue abonado a los prestadores del servicio del viaje de referencia.
A la hora de imponer la sanción por el primer hecho infractor se ha tenido en cuenta el lucro ilícito obtenido, al no proceder al reembolso de las cantidades abonadas por su cliente y a las que tenía derecho por causa de fuerza mayor. También se ha tenido en cuenta la modalidad de la titular expedientada al tratarse de una Agencia de Viajes. Por último se han tenido en cuenta los perjuicios económicos causados al Sr. Torres.
En cuanto al segundo hecho infractor se ha tenido en cuenta la modalidad de la titular expedientada al tratarse de una Agencia de Viajes, así como el perjuicio causado a la Administración Turística, al no colaborar con ella tras el requerimiento solicitado.
Sexta.- Los hechos imputados infringen lo preceptuado en las siguientes normas, vienen tipificados como se indica:
Normas: hecho primero: artículo 160 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (BOE nº 287, de 30 de noviembre). Hecho segundo: artículo 33 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (BOC nº 103, de 21 de agosto).
Tipificación: hecho primero: artículo 76.14 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril), modificado por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre (BOC nº 2, de 5 de enero). Hecho segundo: artículo 76.7 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril), modificado por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre (BOC nº 2, de 5 de enero).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con el artº. 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril), y el artº. 16.2.r) del Decreto 27/2012, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Presidencia del Gobierno (BOC nº 75, de 17 de abril),
R E S U E L V O:
Imponer a "Eden Travel Tenerife, S.L.U.", con C.I.F. B38963922, titular del establecimiento denominado Intermediación Turística "Eden Travel Tenerife", sanción de multa por cuantía total de 5.200,00 euros, correspondiendo la cantidad por el:
Hecho primero: tres mil (3.000,00) euros.
Hecho segundo: dos mil doscientos (2.200,00) euros.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14 de enero de 1999), y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante y no se haya acreditado dicha representación, deberá aportar Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14 de enero de 1999).
Una vez firme la presente Resolución se procederá, en su caso, a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación de la sanción y anotación en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.
Con excepción de los supuestos en que concurra el abono anticipado de las sanciones, transcurrido el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente sin que se hubiera interpuesto aquel, o desistido, se emitirá el instrumento cobratorio del importe de la sanción administrativa con mención del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecho y los recursos procedentes, en razón de lo establecido en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de 12 de julio de 2006, por la que se regulan determinadas actuaciones en relación a la recaudación de los derechos económicos de naturaleza pública exigidos por las diferentes Consejerías integrantes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.- Santa Cruz de Tenerife, a 20 de diciembre de 2012.- El Viceconsejero de Turismo, Ricardo Fernández de la Puente Armas.
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