Estás en:
ATENCION. La versión HTML de este documento no es oficial. Para obtener una versión oficial, debe descargar el archivo en formato PDF.
5 páginas. Formato de archivo en PDF/Adobe Acrobat.
Tamaño: 692.01 Kb.
BOC-A-2013-027-523.
Firma electrónica
- Descargar
Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Resolución en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo precisa su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a los titulares de los establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 22 de enero de 2013.- La Directora General de Ordenación y Promoción Turística, Rita Enma Hernández Callero.
Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 85/12 instruido a Grupo-Network 21, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado "Hotel Señorío del Valle".
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido al establecimiento y titular que se cita, iniciado por Resolución de la Directora General de Ordenación y Promoción Turística de 16 de julio de 2012.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
1º) Por la Inspección de Turismo se realizaron las siguientes actuaciones: acta nº 19084, de fecha 17 de noviembre de 2011, con motivo de las siguientes denuncias/reclamaciones formuladas por: María Lourdes Afonso Martín y seguido contra la empresa expedientada Grupo-Network 21, S.L. titular del establecimiento Señorío del Valle.
2º) El 16 de julio de 2012 se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el número 85/12, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento.
Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento con fecha 4 de diciembre de 2012, formuló Propuesta de Sanción de multa en cuantía de cuatro mil seiscientos noventa (4.690,00) euros.
Correspondiendo la cantidad por el:
Hecho primero: setecientos cincuenta (750,00) euros.
Hecho segundo: tres mil setecientos (3.700,00) euros.
Hecho tercero: doscientos cuarenta (240,00) euros.
3º) No consta en el expediente que se hayan presentado alegaciones a la Propuesta de Resolución.
HECHOS PROBADOS:
Se considera probado, en virtud de las inspecciones y actuaciones referidas en los antecedentes, los siguientes hechos
Primero.- No tener a disposición de la Inspección de Turismo el correspondiente libro de inspección. Todo ello se desprende del acta de inspección nº 19084.
Segundo.- No contestar al requerimiento efectuado mediante el acta de inspección nº 19084, de 17 de noviembre 2011. Como se desprende del informe del Jefe de Sección de Inspección de fecha 19 de diciembre del 2011.
Tercero.- No rellenar en la hoja de reclamación nº 0009991, el recuadro de datos a cumplimentar por la empresa.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27 de noviembre de 1992), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14 de enero de 1999), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril de 1995), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (BOC nº 103, de 21 de agosto).
Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27 de noviembre de 1992), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14 de enero de 1999), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre (BOC nº 2, de 5 de enero de 2010), que se indicarán.
Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada. En primer lugar, como cuestión previa, manifestar que examinado el expediente de referencia, no consta, al formular la presente Resolución sancionadora, que el titular consignado haya presentado alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe los hechos imputados por la Resolución de iniciación notificada mediante publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 170, de fecha 30 de agosto de 2012, procediéndose a formular la presente Resolución Sancionadora en aplicación de lo que se prevé en el artículo 9.4 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (BOC n° 103, de 21 de agosto de 1996) el cual dispone que en la comunicación que se dirija a los interesados se les advertirá que de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la resolución de iniciación del procedimiento en el plazo previsto en el artículo 11.2 del presente Decreto, la misma podrá considerarse propuesta de resolución.
El presente expediente sancionador se ha iniciado conforme al Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (BOC nº 103, de 21 de agosto), que reconoce en su artículo 9.1.b) la iniciativa propia del órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador cuando tenga conocimiento directo o indirecto de las conductas o hechos tipificados como infracción turística. En este sentido, se ha constatado por la Inspección de Turismo el primer hecho, que trae causa de no tener a disposición de la inspección de Turismo el correspondiente libro de inspección. El segundo hecho infractor trae causa de no contestar al requerimiento efectuado mediante el acta de inspección nº 19084, tal hecho se desprende del informe del Jefe de Sección de inspección de fecha 19 de diciembre del 2011. Por último el tercer hecho infractor, trae causa de no rellenar en la hoja de reclamación nº 0009991, el recuadro de datos a cumplimentar por la empresa, como se desprende de la citada hoja de reclamación que se acompaña al expediente.
A la hora de imponer la sanción por el primer hecho infractor, se ha tenido en cuenta el criterio de los perjuicios causados a la Administración, ya que supone un quebranto a las actuaciones del inspector actuante y por ende a la Administración, al no poder realizar con normalidad sus actuaciones inspectoras, constituyendo el libro de inspección un instrumento fundamental para su actuación.
En cuanto al segundo hecho infractor, se han tenido en cuenta los perjuicios causados a la Administración, debido a que la entidad expedientada no solo vulnera la obligación de colaborar con la Administración, sino supone un perjuicio grave para la eficaz actuación de la misma, todo ello teniendo en cuenta que se requería información sobre un evento como es la boda de la reclamante, con la trascendencia que la misma conlleva para la Sra. Afonso Martín.
En cuanto al tercer hecho infractor se han tenido en cuenta, los perjuicios causados a la Administración, ya que no rellenar los datos señalados en rojo en la hoja de reclamación dificulta determinar el establecimiento contra quién se reclama y su localización.
No obstante teniendo en cuenta la carencia de antecedentes por los mismos hechos infractores, se impone una sanción de 600 euros por el primer hecho infractor, de 3.000 euros por el segundo hecho infractor, y 180 euros por el tercer hecho infractor.
Si bien, se han analizado los demás criterios recogidos en el artº. 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, no son de aplicación a los presentes hechos infractores, por no tener constatación de los mismos.
Sexta.- Los hechos imputados, infringen lo preceptuado en las siguientes normas, vienen tipificados como se indica:
Normas: hecho primero: artículo 41 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (BOC nº 103, de 21 de agosto). Hecho segundo: artículo 33 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (BOC nº 103, de 21 de agosto). Hecho tercero: artículo 12 del Decreto 168/1996, de 4 de julio, por el que se regulan las características de las hojas de reclamaciones y el procedimiento de tramitación de las reclamaciones (BOC nº 88, de 22 de julio).
Tipificación: hecho primero: artículo 76.9, en relación con el artº. 77.8 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril), modificado por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre (BOC nº 2, de 5 de enero). Hecho segundo: artículo 76.9 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril). Hecho tercero: artículo 76.4, en relación con el artº. 77.8 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con el artº. 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril), y el artº. 16.2.r) del Decreto 27/2012, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Presidencia del Gobierno (BOC nº 75, de 17 de abril),
R E S U E L V O:
Imponer a Grupo-Network 21, S.L., con C.I.F. B98122641, titular del establecimiento denominado "Hotel Señorío del Valle" sanción de multa por cuantía total de 3.780,00 euros, correspondiendo la cantidad por el:
Hecho primero: seiscientos (600,00) euros.
Hecho segundo: tres mil (3.000,00) euros.
Hecho tercero: ciento ochenta (180,00) euros.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14 de enero de 1999), y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante y no se haya acreditado dicha representación, deberá aportar Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14 de enero de 1999).
Una vez firme la presente Resolución se procederá, en su caso, a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación de la sanción y anotación en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.
Con excepción de los supuestos en que concurra el abono anticipado de las sanciones, transcurrido el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente sin que se hubiera interpuesto aquel, o desistido, se emitirá el instrumento cobratorio del importe de la sanción administrativa con mención del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecho y los recursos procedentes, en razón de lo establecido en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de 12 de julio de 2006, por la que se regulan determinadas actuaciones en relación a la recaudación de los derechos económicos de naturaleza pública exigidos por las diferentes Consejerías integrantes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.- Santa Cruz de Tenerife, a 12 de diciembre de 2012.- El Viceconsejero de Turismo, Ricardo Fernández de la Puente Armas.
© Gobierno de Canarias