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BOC-A-2013-022-406.
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Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura a tales efectos en el correspondiente expediente, sin que haya sido recibida por la recurrente.
Visto lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a D. José Carlos García Méndez, en nombre y representación de Dña. Ruth Paul, Resolución de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno de Canarias de 30 de noviembre de 2012 (Libro nº 1, Folio 2468-2471, Número 653), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada nº 221/12, interpuesto contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 490, de fecha 30 de abril de 2012.
Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Adeje, la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 24 de enero de 2013.- La Secretaria General, Ángeles Bogas Gálvez.
A N E X O
Resolución de la Secretaría General de Presidencia de Gobierno por la que se resuelve el recurso de alzada nº 221/12 interpuesto por D. José Carlos García Méndez, en nombre y representación de Dña. Ruth Paul.
Visto el recurso de alzada nº 221/12 interpuesto por D. José Carlos García Méndez, en nombre y representación de Dña. Ruth Paul, con N.I.E. X1092109T, titular del establecimiento denominado "Apartamento Residencial El Beril (apto. 63)", sito en Urbanización El Beril, La Caleta, término municipal de Adeje, contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 490, de fecha 30 de abril de 2012, recaída en el expediente sancionador nº 288/11 y, teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- El acto impugnado se dictó en resolución de expediente sancionador iniciado con motivo de la comisión de dos infracciones administrativas a la normativa turística consistentes en:
"Primero.- Explotar turísticamente el apartamento nº 63 del complejo denominado El Beril, careciendo de libro de inspección.
Segundo.- Explotar turísticamente el apartamento nº 63 del complejo denominado El Beril, careciendo de hojas de reclamaciones".
Hechos que determinaron la imposición de sanciones, mediante Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 490, de fecha 30 de abril de 2012, de multas en cuantías de seis mil novecientos (6.900) euros, por el primer hecho infractor y seis mil novecientos (6.900) euros, por el segundo hecho infractor.
Segundo.- Contra la Resolución sancionadora recaída en el expediente nº 288/11 se promueve recurso de alzada solicitando "se anule la sanción impuesta y se archive el expediente".
Del cuerpo del escrito presentado resulta que el recurso se fundamenta, en síntesis, en los siguientes argumentos:
1º.- Se utiliza el apartamento para uso privado siendo la inmobiliaria JR Properties, en La Caleta de Adeje, quien colgó en su web el anuncio del alquiler del mismo. Hecho que se desconocía, ya que la Inmobiliaria no tenía su consentimiento por escrito para ello. Su intención era vender el apartamento. La empresa inmobiliaria reconoció en sus alegaciones no haber trabajado con la interesada desde enero de 2011.
2º.- El expediente se instruye a Paul Ruth como titular del apartamento 63 El Beril, cuando el propietario es Dña. Ruth Paul.
Tercero.- De conformidad con el artículo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que dispone que: "Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado, este deberá remitirlo al competente en el plazo de diez días, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente", con fecha 23 de octubre de 2012 se emitió, por la persona titular de la Viceconsejería de Turismo, informe del siguiente tenor literal: "En cuanto al fondo del asunto esta Viceconsejería de Turismo considera que debe estimarse las alegaciones formuladas por el recurrente, al invocar la declaración de sobreseimiento y archivo del presente procedimiento sancionador y haberse comprobado conforme a la denuncia presentada con fecha 14 de junio de 2012 ante la Subdelegación del Gobierno en representación de Dña. Ruth Margaret Paul que la inmobiliaria JR Properties anunció en Internet su propiedad sita en Urbanización el Beril, 63, en el municipio de Adeje sin su consentimiento, al haber facilitado sus datos para poner en venta su propiedad. Por lo expuesto anteriormente, esta Viceconsejería de Turismo propone que V.E. acuerde estimar el presente recurso y anular la Resolución recurrida, al no haber quedado demostrada la existencia de explotación turística".
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La Secretaría General de la Presidencia del Gobierno es competente para la resolución del presente recurso de alzada de conformidad con lo establecido en el Decreto 227/2010, de 18 de noviembre, del Presidente, por el que se delegan determinadas competencias en materia de turismo (BOC nº 231, de 23 de noviembre de 2010).
Segundo.- El recurso de alzada reúne los requisitos formales para su admisión a trámite.
Tercero.- El expediente sancionador trae causa del acta de inspección nº 18201, de fecha 24 de enero de 2011, extendida por los inspectores de turismo actuantes en el establecimiento denominado JCS Property Management, cuyo titular es D. John Sams Douglas, quien reconoce como propia la página web www.JCSPropertymanagement.com, figurando en libro de visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de fecha 1 de julio de 2010, autorizado para la actividad de limpieza, Epígrafe 922-1. La citada empresa se dedica a la mediación en la contratación de alojamientos en diversas modalidades de la isla de Tenerife, tal y como figura en las páginas que se adjuntan al acta. Se le requiere para que aporte ante las oficinas de la Inspección de Turismo, nombre y apellidos, D.N.I./N.I.E./C.I.F., así como domicilio de los propietarios de las distintas fincas que se relacionan en anexo, en el plazo de 15 días. Se anexa al acta relación de establecimientos que se publicitan en la página web de referencia, figurando entre ellos el número 63.
También obra en el expediente informe emitido el 15 de septiembre de 2010 por el Jefe de Sección de Inspección, del siguiente tenor literal: "Teniendo conocimiento de la oferta e información sobre alojamientos turísticos publicitada en Internet y consultados los datos obrantes en el programa de información turística TURIDATA, referentes al complejo de apartamentos denominado "Residencial El Beril", situado en Urbanización El Beril, en La Caleta, término municipal de Adeje, provincia de Santa Cruz de Tenerife, se comprueba que no figura registrado como establecimiento turístico, siendo ofertado turísticamente el apartamento nº 63 del citado complejo sin disponer el titular del mismo D. Paul Ruth de libro de inspección de turismo y de hojas de reclamaciones; lo que se informa a los efectos oportunos".
Con motivo de la citada acta de inspección e informe de referencia, se incoa expediente sancionador a Dña. Ruth Paul, por los dos hechos identificados en el anterior antecedente de hecho primero, consignándose como normativa sustantiva infringida, respecto del primer hecho infractor, el artículo 84 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, "A efectos de permitir el cumplimiento de la labor inspectora, las empresas turísticas dispondrán de un libro de inspección de las características que reglamentariamente se determinen, que tendrán a disposición de los inspectores en todo momento", en relación con el artículo 41 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, "Las personas físicas o jurídicas titulares de una empresa, actividad o establecimiento turístico, dispondrán obligatoriamente de un libro de inspección que tendrán a disposición de los inspectores de turismo en todo momento, en el lugar en que se desarrolle la actividad". En cuanto al segundo hecho infractor se refiere, se consignará como norma sustantiva infringida el artículo 20.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, modificada por la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, "Las empresas turísticas vienen obligadas a tener en cada establecimiento las hojas de reclamaciones a disposición de sus clientes", en relación con el artículo 8 del Decreto 168/1996, de 4 de julio, por el que se regulan las características de las hojas de reclamaciones y el procedimiento de tramitación de las reclamaciones, en cuyo apartado 1 se dispone lo siguiente: "Las hojas de reclamaciones son entregadas a las empresas turísticas en el momento en que se autoricen los establecimientos o el ejercicio de la actividad, vendrán referidas exclusivamente a los mismos y serán transferibles". Por los hechos infractores imputados, las infracciones que figuran en el expediente son las calificadas como graves, respectivamente, en el artículo 76.9 y 76.4 de la citada Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, "Carecer o no facilitar el libro de inspección cuando una norma prevea el deber de disponer del mismo" y "Carecer de las hojas de reclamación obligatorias, no facilitarlas a los clientes o no tramitarlas en tiempo y forma".
Con posterioridad a la tramitación y resolución que pone fin al procedimiento sancionador, promovido recurso de alzada, el mismo órgano que acordó sancionar a la titular expedientada propone, en su informe de fecha 23 de octubre de 2012, estimar el recurso anulando la Resolución sancionadora toda vez que resulta comprobado que conforme a la denuncia presentada con fecha 14 de junio de 2012 ante la Subdelegación del Gobierno en representación de Dña. Ruth Margaret Paul que la inmobiliaria JR Properties anunció en Internet su propiedad sita en Urbanización el Beril, 63, en el municipio de Adeje sin su consentimiento, al haber facilitado sus datos para poner en venta su propiedad, motivo por el que se propone estimar el recurso y anular las sanciones de multas impuestas.
A la vista de lo señalado en el referenciado informe, emitido con carácter preceptivo a tenor de lo establecido en el artículo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede que por el órgano competente para resolver el recurso de alzada se asuma la motivación aducida por el órgano sancionador en su informe de 23 de octubre de 2012, de la que resultará que la expedientada no es responsable de la explotación turística que de su unidad alojativa estuviera haciendo la empresa inmobiliaria, a la que facilitó los datos de dicha unidad sólo para su venta.
En consecuencia, procederá estimar el recurso de alzada promovido contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 490, de fecha 30 de abril de 2012, recaída en el expediente sancionador nº 288/11.
Visto el dictamen nº HAB.I.TUR. 192/12-C, emitido con fecha 23 de noviembre de 2012 por la letrada habilitada de la Dirección General del Servicio Jurídico.
Vista la Propuesta de Resolución emitida con fecha 28 de noviembre de 2012 por el Servicio de Régimen Jurídico de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación.
R E S U E L V O:
Estimar el recurso de alzada nº 221/12 interpuesto por D. José Carlos García Méndez, en nombre y representación de Dña. Ruth Paul, con N.I.E. X1092109T, titular del establecimiento denominado "Apartamento Residencial El Beril (apto. 63)", sito en Urbanización El Beril, La Caleta, término municipal de Adeje, y anular la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 490, de fecha 30 de abril de 2012, recaída en el expediente sancionador nº 288/11, que determinó la imposición de sanción de multa en cuantía de seis mil novecientos (6.900) euros, por el primer hecho infractor y seis mil novecientos (6.900) euros, por el segundo hecho infractor.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente o ante el Juzgado competente en función de la sede del órgano que dictó el acto impugnado (en Santa Cruz de Tenerife), a elección del recurrente, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- La Secretaria General, Ángeles Bogas Gálvez.
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