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BOC Nº 2. Jueves 3 de Enero de 2013 - 32

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V. ANUNCIOS - Consejería de Empleo, Industria y Comercio

32 Viceconsejería de Industria y Energía.- Anuncio de 23 de noviembre de 2012, relativo a notificación de la Resolución de 24 de octubre de 2012, sobre recurso de alzada interpuesto por D. José Antonio Bethencourt Álvarez.

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BOC-A-2013-002-32. Firma electrónica - Descargar

Habiéndose intentado dos veces la notificación a D. José Antonio Bethencourt Álvarez, por los cauces previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de la Resolución de la Viceconsejería de Industria y Energía nº 1259/2012, de 24 de octubre de 2012, sobre recurso de alzada recaído en el expediente nº 85 de transmisión del derecho minero "El Pocito", sin que haya sido posible practicar la misma, por causas no imputables a la Administración, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 59.5 de la citada Ley 30/1992,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a D. José Antonio Bethencourt Álvarez la Resolución de la Viceconsejería de Industria y Energía nº 1259/2012, de fecha 24 de octubre de 2012, por la que se resuelve el recurso de alzada relativo a la transmisión del derecho minero "El Pocito" a la entidad Áridos El Pozito, S.L., que se acompaña como anexo al presente anuncio.

2.- Remitir el presente anuncio al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma para su inserción en el tablón de edictos de la citada Corporación Municipal.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de noviembre de 2012.- La Viceconsejera de Industria y Energía, Francisca Luengo Orol.

A N E X O

Resolución de la Viceconsejería de Industria y Energía por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. José Antonio Bethencourt Álvarez frente a la Resolución de la Dirección General de Industria nº Dgi 137/2012, de 27 de febrero de 2012, por la que se autoriza la transmisión a la entidad Áridos El Pozito, S.L. de la titularidad del derecho minero de explotación de recursos de la sección A), en la cantera denominada "El Pocito" situada en el Paraje Las Hoyas o Laderas del Pocito, término municipal de la Villa de Mazo, en la isla de La Palma (expediente nº 85).

Visto el recurso de alzada interpuesto por D. José Antonio Bethencourt Álvarez, frente a la citada Resolución de 27 de febrero de 2012, y teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 5 de marzo de 1980 se autorizó a D. José Luis Martín García y a D. José Antonio Bethencourt Álvarez, la explotación de una cantera de arenas volcánicas e instalación de planta de clasificación de áridos aneja, en el paraje denominado El Pocito, en el término municipal de la Villa de Mazo, en la isla de La Palma, por un período de veinte años, contados a partir de la fecha de inicio de explotación.

Segundo.- Con fecha 24 de noviembre de 2010, mediante Resolución de la Dirección General de Industria nº 1143, se otorga un plazo de quince años para la explotación de la cantera denominada "El Pocito", para el aprovechamiento de recursos de la sección A), áridos, a contar desde la fecha de esta resolución.

Tercero.- Con fecha 26 de octubre de 2010, mediante Resolución de la Dirección General de Industria nº 1449, se concede prórroga de la autorización de la explotación de la referida cantera, por un plazo de seis años.

Cuarto.- Con fecha 19 de mayo de 2011, D. José Luis Martín García, como consejero de la entidad "Áridos El Pozito, S.L." presenta solicitud de transmisión del citado derecho minero nº 85, de explotación de recursos de la sección A), cantera El Pocito, a la entidad que representa, aportando a dicha solicitud, el traspaso de la licencia municipal de explotación y venta de áridos a favor de la entidad "Áridos El Pozito, S.L.".

Quinto.- A requerimiento del Servicio de Minas, con fechas 27 de mayo de 2011 y 2 de junio de 2011, el interesado aporta el contrato de transmisión del derecho minero y acreditación de la liquidación del impuesto de transmisión patrimonial y actos jurídicos documentados, así como el pago de las tasas de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Sexto.- Con fecha 13 de diciembre de 2010, D. José Antonio Bethencourt Álvarez presentó escrito de oposición a la citada transmisión del derecho minero.

Séptimo.- En el trámite de audiencia otorgado al peticionario, este manifiesta que consta documento privado suscrito el 24 de abril de 1980 de cesión de los cotitulares del derecho minero CM-85 a favor de la sociedad "Áridos El Pozito, S.L.", documento protocolizado ante Notario con fecha 8 de septiembre de 2004, con el número 849.

Octavo.- Con fecha 27 de febrero de 2012, la Dirección General de Industria autoriza la transmisión a la entidad "Áridos El Pozito, S.L." de la titularidad del derecho minero de explotación de recursos de la sección A), en la cantera denominada "El Pocito", sobre una superficie de 98.505 m2, con el nº 85 del registro minero, situada en el paraje "Las Hoyas" o "Laderas del Pocito", término municipal de la Villa de Mazo, en la isla de La Palma.

Noveno.- Con fecha 16 de abril de 2012, D. José Antonio Bethencourt Álvarez presentó recurso de alzada frente a la citada resolución de 27 de febrero de 2012, por medio del cual viene a manifestar lo siguiente:

1. La parte recurrente alega que la resolución impugnada resulta ser nula de pleno derecho, pues ha sido dictada sin tener presente las disposiciones legales de aplicación, de conformidad con las previsiones contenidas en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, puesto que la resolución se ha dictado habiendo transcurrido más de seis meses desde la incoación del procedimiento de transmisión del derecho minero, en fecha 19 de mayo de 2011.

De conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 30/1992, el plazo para resolver el procedimiento de transmisión del derecho minero CM-85 es tres meses. Sin embargo, la resolución dictada lo es en fecha de 27 de febrero de 2012, habiendo transcurrido con creces el plazo legalmente establecido, sin que conste a esta parte que exista resolución alguna por el cual se acuerde la suspensión del plazo para resolver el procedimiento.

El recurrente alega que la resolución recurrida resulta nula de pleno derecho, de conformidad con los artículos 62 y siguientes de la Ley 30/1992, en relación con el artículo 92 del mismo texto legal relativo a la caducidad de los procedimientos.

2. El recurrente arguye que la resolución recurrida contiene errores de interpretación de los hechos y documentos aportados por la entidad peticionaria de la transmisión del derecho. De esta forma procede señalar que la petición formulada por Áridos El Pozito, S.L. no es ajustada a derecho, según los propios estatutos de la entidad que requiere que cualquier acto a realizar por el órgano de administración, requerirá la firma de dos consejeros miembros del Consejo de Administración.

A este respecto, conviene expresar que el recurrente no discute en modo alguno que en el año 1980 los titulares del derecho minero otorgaron un documento de transmisión con sujeción a ciertas condiciones.

Partiendo de esta premisa, conviene puntualizar que la elevación a documento público efectuada en el año 2004 tan solo viene a ser una prueba más del contrato otorgado en el año 1980.

Ahora bien, sujetar el derecho de transmisión minera interesado por la entidad Áridos El Pozito, S.L. en el año 2011 con sujeción a aquel documento dista mucho de la realidad jurídica que es de aplicación al presente expediente.

Entiende el recurrente que el Jefe de Servicio de Minas ha omitido la apreciación que el documento suscrito en el año 1980 no ha desplegado efecto alguno por las partes otorgantes de aquel documento hasta 30 años después, cuando la entidad Áridos El Pozito, S.L. acepta formalmente la transmisión del derecho minero, en fecha de 12 de noviembre de 2010, cuando en sesión del Consejo de Administración se acuerda aceptar la transmisión operada en el año 1980. Conviene señalar al respecto que el acuerdo es adoptado por el órgano de administración, y no por la Junta de Socios de la entidad, que es a quien le corresponde aceptar la transmisión. El órgano de administración no es el competente para la aceptación de la transmisión.

Hasta que la entidad Áridos El Pozito, S.L. no acepta formalmente la transmisión del derecho minero el documento otorgado en el año 1980 no ha desplegado efecto alguno, pues la titularidad del derecho recaía en la persona de D. José Antonio Bethencourt Álvarez, y en la persona de D. José Luis Martín García, quienes en todo momento han figurado ante la Dirección General de Minas en el expediente relativo a la cantera "El Pocito", como sus titulares.

Entiende, por tanto, el recurrente que el documento otorgado en el año 1980 nunca ha desplegado efectos, puesto que la entidad Áridos El Pozito, S.L. no había aceptado formalmente la transmisión.

3. Para el supuesto que el documento otorgado en 1980 hubiera desplegado efectos, los mismos estaban condicionados a un período de 20 años.

4. Por otra parte, el recurrente alega que el derecho de explotación no puede ser objeto de transmisión puesto que además el mismo expira en el año 2012, ya que uno de los titulares no ha solicitado prórroga del derecho de explotación minera, tal como consta en el expediente administrativo.

5. El recurrente no comparte la afirmación contenida en la resolución recurrida cuando se señala que el Servicio de Minas no entra a valorar las alegaciones en cuanto a la concesión de la prórroga de la autorización ya resuelta por la Dirección General de Industria con fecha 26 de septiembre de 2010, por no ser objeto de instrucción de este procedimiento, pero un breve examen de aquel procedimiento evidencia sin lugar género de dudas que la prórroga tan solo fue solicitada por uno de los titulares de la explotación, el Sr. Martín García, quien actuaba en su propio nombre y derecho, no lo hacía en nombre de entidad alguna, por lo que tampoco lo hacía para la entidad Áridos El Pozito que en el momento de la solicitud de prórroga ni siquiera había aceptado la transmisión.

Por todo ello, el recurrente solicita la revocación de la resolución impugnada.

Décimo.- Con fecha 24 de julio de 2012, el Jefe de Servicio de Minas emite informe desfavorable sobre el presente recurso de alzada.

Undécimo.- Con fecha 2 de agosto de 2012, el Servicio de Coordinación Administrativa remite una copia del recurso de alzada a D. José Luis Martín García a fin de que, en el plazo de diez días, pudiera formular las alegaciones que estimara convenientes en su defensa.

Duodécimo.- Con fecha 13 de septiembre de 2012, D. José Luis Martín García presentó escrito de alegaciones, por medio del cual se opone a la estimación del recurso de alzada precitado.

Décimo tercero.- Con fecha 24 de septiembre de 2012, el Letrado Habilitado del Servicio Jurídico emite informe de legalidad nº 067/2012 favorable sobre la propuesta de resolución por la que se desestima el recurso de alzada deducido.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- En cuanto a los requisitos de admisibilidad del presente recurso, no hay que formular ningún pronunciamiento en contrario, por cuanto el recurso de alzada se ha interpuesto dentro del mes previsto en el artículo 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la persona recurrente tiene legitimación activa para impugnar la citada resolución, en su condición de interesado, y el órgano competente para resolver la presente impugnación es la Viceconsejería de Industria y Energía.

Segundo.- En cuanto al recurso de alzada deducido, hay que señalar lo siguiente:

1. Por lo que se refiere al alegato de que la resolución recurrida se ha dictado habiendo transcurrido con creces el plazo legal de los tres meses que fija la Ley 30/1992, y por tanto, se debe aplicar el artículo 92 de la Ley 30/1992, de Régimen de Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sobre caducidad del expediente administrativo, cabe oponer que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos, según lo dispuesto en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992. Ahora bien, si la resolución se dicta fuera del plazo legalmente estipulado, la Administración no puede ir en contra de los efectos estimatorios del acto presunto. En este caso, no hay ningún impedimento legal para emitir la resolución recurrida, ya que la resolución es favorable, y además en el régimen minero opera el silencio administrativo negativo (artº. 43.2 de la Ley 30/1992).

Por otra parte, la pretensión del recurrente de que procede la caducidad del expediente administrativo no puede prosperar, por cuanto no se dan los presupuestos de hecho contemplados en el artículo 92 del citado texto legal, ya que en el presente caso no ha existido una paralización del procedimiento por causa imputable al peticionario. En efecto, no se aprecia en el procedimiento que haya existido una falta de interés del solicitante en la resolución final del expediente administrativo, ni ninguna circunstancia de inactividad o pasividad por parte del peticionario.

En definitiva, no se aprecia ninguna causa de nulidad o anulabilidad en materia procedimental que justifique la revocación del acto impugnado, tal como postula el recurrente, y por tanto, este motivo de impugnación debe ser desestimado.

2. El alegato del recurrente que el documento de transmisión del derecho minero suscrito en el año 1980 a favor de Áridos El Pozito, S.L. por parte de D. José Antonio Bethencourt Álvarez y D. José Luis Martín García no despliega plenos efectos jurídicos hasta la aceptación de la citada sociedad mercantil, no siendo válida la aceptación del órgano de administración, cabe oponer que existe en el expediente un documento de aceptación por el Consejo de Administración de la empresa Áridos El Pozito, S.L. de 12 de noviembre de 2010, donde claramente expresa la voluntad de la sociedad de aceptar dicha transmisión minera, sin que haya procedido a su revocación por parte de la Junta de Socios de acuerdo con los mecanismos legales existentes al efecto, de lo que se infiere la plena validez del citado acto de aceptación, salvo prueba en contrario.

En este sentido, conviene destacar el voto favorable del Consejero D. José Antonio Bethencourt Álvarez, hoy recurrente, en relación con la aceptación de la transmisión del derecho minero a favor de la sociedad Áridos El Pozito, S.L.

A este respecto, D. José Luis Martín García manifiesta en su escrito de alegaciones respecto al recurso de alzada lo siguiente: "Omite el recurso de alzada que el propio Consejo, con el voto favorable del ahora recurrente, y en cumplimiento de las facultades de delegación que legal y estatutariamente se le confieren, delegó en el Consejero, José Luis Martín García, la tramitación ante esa Dirección de la subsanación del defecto de titularidad administrativa del derecho minero, lo cual facultaba con todas las prerrogativas de la Ley y de los Estatutos de la entidad".

Finalmente, conviene traer a colación, por su relevancia, la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 17 de abril de 2009, donde señala lo siguiente: "(...) la doctrina de los actos propios no solo vincula a la Administración, sino también lo hace respecto de los interesados y administrados, en la medida en que sus compromisos anteriores no pueden eludirse".

Por tanto, la existencia del documento de transmisión del derecho minero por parte de sus titulares a favor de la sociedad Áridos El Pozito, S.L. suscrito el 24 de abril de 1980 y protocolizado ante el Notario de Santa Cruz de Tenerife D. Julio Bercedo Franquet, con fecha 8 de septiembre de 2004, y la existencia del documento de aceptación de 12 de noviembre de 2010 por parte del órgano de administración de dicha sociedad mercantil, son pruebas documentales relevantes e indubitadas para rechazar de plano la presente alegación del recurrente.

3. En cuanto al alegato del recurrente de que el documento otorgado en el año 1980 es por un período de 20 años, es decir, hasta la finalización del plazo de la autorización de explotación, y que este plazo ya ha expirado, cabe oponer que en dicho documento no se fija expresamente ninguna condición de plazo, sino que se vincula dicha transmisión a la vigencia de la explotación minera. Y en cualquier caso, antes del vencimiento del plazo, el titular del derecho minero solicitó la prórroga del plazo de la autorización explotación en los términos previstos en la legislación minera, siendo vigente la autorización hasta el año 2018.

4. Por lo que se refiere al alegato del recurrente de que la prórroga de la autorización solicitada en su día está viciada, por cuanto solo lo solicitó uno de los titulares, cabe señalar que dicho expediente de prórroga fue resuelto por la Dirección General de Industria, mediante resolución de 26 de octubre de 2010, y la misma no fue impugnada por el hoy recurrente, de lo que se infiere su aceptación tácita a dicha prórroga.

Por otra parte, la solicitud de prórroga fue formulada por D. José Luis Martín García en el año 2008 en nombre de la empresa Áridos El Pozito, S.L., por cuanto los dos titulares ya habían formalizado el documento de transmisión de la titularidad del derecho minero a favor de la sociedad Áridos El Pozito, S.L., además por el recurrente no se ha aportado ninguna prueba en derecho que acredite su oposición en el seno del Consejo de Administración a dicha prórroga.

En definitiva, a efectos administrativos y civiles en la actualidad la titularidad de la cantera corresponde a la sociedad mercantil Áridos El Pozito, S.L., y esta sociedad mercantil no ha solicitado formalmente ante la Administración ninguna revocación o renuncia a dicha prórroga.

Por todo ello, la Viceconsejera de Industria y Energía, en el ejercicio de sus competencias,

R E S U E L V E:

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. José Antonio Bethencourt Álvarez frente a la citada Resolución de la Dirección General de Industria de 27 de febrero de 2012, manteniendo la misma en todos sus términos.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de octubre de 2012.- La Viceconsejera de Industria y Energía, Francisca Luengo Orol.

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