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BOC Nº 224. Jueves 15 de Noviembre de 2012 - 5721

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V. ANUNCIOS - Cabildo Insular de Tenerife

5721 ANUNCIO de 5 de noviembre de 2012, sobre notificación del Decreto de 22 de agosto de 2012, por el que se resuelve el recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-2011-40934.

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BOC-A-2012-224-5721. Firma electrónica - Descargar

Providencia de 5 de noviembre de 2012, del Jefe de Servicio Administrativo de Movilidad, relativa al Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, de fecha 22 de agosto de 2012, resolutorio de recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-2011-40934.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sobre notificación al interesado intentada y no practicada,

D I S P O N G O:

Notificar al recurrente que se cita el Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de fecha 22 de agosto de 2012, desestimatorio del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-2011-40934.

Contra este Decreto, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

"Visto escrito presentado por D. Pablo Jesús Amaya Santos, por el que se interpone recurso de alzada contra la resolución dictada por el Director Insular de Movilidad del Área de Economía, Competitividad, Movilidad y Turismo de fecha: 21 de octubre de 2011 recaída en el expediente de referencia TF-40934-O-2011, y, teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- Que con fecha y hora: 26 de mayo de 2011, 7,15, por agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se formuló denuncia contra el vehículo matrícula: 1385-BSW, del que es titular: D. Pablo Jesús Amaya Santos por: realizar transporte público desde La Laguna (con anterioridad cargó en Güímar) en vehículo pesado, transportando escombros (palés, trozos de maderas, plásticos vacíos). Carece de carta de porte o documento de control de la mercancía.

Segundo.- Que el día 26 de septiembre de 2011 se notificó al interesado la citada denuncia y la resolución de incoación del expediente sancionador nº TF-40934-O-2011.

Tercero.- Que por el expedientado se presentó escrito de descargo alegando lo que entendió conducente a la defensa de sus intereses, en síntesis, que habiéndosele notificado la imposición de una sanción por una presunta infracción de los artículos 89.1 y 105.19 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, según consta en el expediente TF-2011-40934: en aplicación de lo dispuesto en la Orden Fom 238/2003, de 31 de enero, por la que se establecen normas de control en relación con los transportes públicos de mercancías por carretera: están exentos de documentación de control los transportes de basuras en vehículos especiales, siendo plenamente aplicable en este caso, pues tal era la naturaleza de lo transportado: papeles, trozos de maderas, botes plásticos vacíos, y tal era la naturaleza del vehículo en que se transportaban, adjuntando copia de ficha de características técnicas y permiso de circulación del vehículo denunciado, donde aparece calificado el vehículo denunciado como: "camión basculante".

Cuarto.- Que por el Director Insular de Movilidad del Área de Economía, Competitividad, Movilidad y Turismo se dictó resolución, que ahora se impugna, de fecha: 21 de octubre de 2011 que venía a sancionar a: D. Pablo Jesús Amaya Santos con multa que ascendía a: 1.001,00 euros, por infracción de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias (L.O.T.C.C.) y Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (R.O.T.T.), artículos: 105.19 y 89.1 LOTCC; artículos 198.19 y 222 ROTT; O.FOM 238/2003, de 31 de enero (BOE de 13.2) y en base al artículo 108.e) LOTCC y artº. 201.1.e) ROTT.

Quinto.- Siendo notificada la citada Resolución sancionadora a la entidad mercantil interesada en fecha: 22 de noviembre de 2011.

Sexto.- Que con fecha 20 de diciembre de 2011, D. Pablo Jesús Amaya Santos interpuso recurso de alzada, en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta, alegando, en síntesis, que: el vehículo denunciado posee todos los permisos, licencias y autorizaciones para la actividad habitual que realiza el propietario del mismo. El impuesto trasladado resulta excesivo, desproporcionado, injusto e inequitativo, al pretender, en estos tiempos tan difíciles para el sector de la construcción y el transporte de mercancías, sancionar el traslado ocasional y no mercantil de algún tipo de material con un valor económico diez veces superior a la presumible ganancia del servicio efectuado. Resulta desproporcionado porque, siendo tan importante la defensa de la seguridad vial en nuestras carreteras, se sancione a un transportista con prácticamente la ganancia neta de su mes de trabajo. Implica un trato injusto e impositivo ajeno a la equidad imponer régimen disciplinario cuando no se acredita el perjuicio producido y cuando se alega por parte del dicente la realización no mercantil del servicio. La Ley General Tributaria determina en su artículo 3 los principios de la ordenación y aplicación del sistema tributario y específicamente indica que: "1. La ordenación del sistema tributario se base en la capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad. 2. La aplicación del sistema tributario se basará en los principios de proporcionalidad, eficacia y limitación de los costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales y asegurará el respecto de los derechos y garantías de los obligados tributarios". Citando el contenido de los artículos 9.2 y 40.1 de la Constitución española.

Séptimo.- A la vista de las alegaciones y pruebas aportadas por el interesado, fue requerido informe complementario al agente denunciante, aportando escrito de fecha: 10 de abril de 2012, en el que se ratifica en los hechos denunciados, en los siguientes términos: "En referencia al informe solicitado del boletín arriba reseñado, se especifica que el vehículo transportaba escombros varios, siendo estos, palés y restos de estos, desechos de maderas, botes de plásticos varios y diversos tamaños. Referente a la documentación presentada por el conductor en el momento del control, se aportaba: - Tarjeta de transporte, en la que constaba como titular de la autorización administrativa que le habilita para realizar el servicio, en vigor. - Permiso de circulación del camión basculante en el que constaba como propietario del mismo. Siendo estos los únicos documentos aportados. El origen de la carga como el destino de la misma, es consignado en el boletín de referencia por transcripción de las respuestas aportadas por el conductor al ser preguntado por el agente controlador del transporte, del cual solo sabía que se llamaba Transportes Ramos, siendo el único cargador de la mercancía. El conductor no aporta ningún tipo de permiso o autorización redactada por ningún Ayuntamiento u órgano paralelo. Por la carencia del documento de control probatorio del cargador y obligatorio en este tipo de transporte se motiva la sanción redactada en este transporte. Del resto del contenido de la denuncia el agente actuante se ratifica".

Igualmente, fue remitido el citado informe al interesado, concediéndole un plazo de audiencia, a efectos de que pudiera presentar las alegaciones y pruebas pertinentes, de conformidad con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no siendo cumplimentado por el mismo.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I) Que el presente recurso observa los requisitos de índole objetiva determinantes de su admisión a trámite, tales como: capacitación, legitimación suficiente, e interposición en plazo.

II) La Presidencia del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife es competente para resolver el recurso de alzada de referencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6.1.r) del Reglamento Orgánico del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, que aparece publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 97, de 16 de junio de 2005, en concordancia con el Decreto 159/1994, de 21 de julio, en el que se describían entre otras de las funciones transferidas a los Cabildos Insulares: la incoación, tramitación y resolución de los expedientes sancionadores por infracción a la normativa de los transportes terrestres y por cable. Asimismo, mediante el Decreto 151/1997, de 11 de julio, se traspasaron los servicios, medios personales, materiales y recursos al Cabildo Insular de Tenerife para el ejercicio de las competencias transferidas en materia de transportes terrestres y por cable, competencias que fueron aceptadas por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en virtud del Acuerdo Corporativo de fecha 23 de diciembre de 1997, así como distribuyó las competencias transferidas y delegadas en las respectivas Áreas de Gobierno de esta Corporación; proceso de transferencia de competencias al Cabildo Insular de Tenerife en materia de transportes terrestres y por cable que se materializa a través de la suscripción del Acta de aceptación, entrega y recepción de los servicios, expedientes, bienes, personal y recursos, el día 29 de diciembre de 1997. Siendo asignadas al Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad las atribuciones de incoación y resolución de los expedientes sancionadores de transporte, previstas en el artículo 12.1.o) del Reglamento Orgánico de la Corporación, en régimen de desconcentración, prevista en el artículo 11 del citado Reglamento.

III) Del análisis de los elementos probatorios consignados en el expediente sancionador que examinamos, queda suficientemente acreditado que el vehículo matrícula: 1385-BSW realizaba en el momento de ser denunciado un servicio de transporte público de mercancías (escombros), no llevando a bordo del vehículo el documento que acompañara a las mercancías durante su desplazamiento, exigido en el artículo 1 de la Orden Fom/238/2003, de 31 de enero, por la que se establecen normas de control en relación con los transportes públicos de mercancías por carretera; tal como consignó el agente denunciante en la denuncia, que consta documentalmente en el expediente sancionador; incumpliendo la obligación determinada en el artículo 89.3 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias "Las personas que realicen los servicios y actividades previstos en esta Ley deberán cumplimentar y conservar en su domicilio empresarial, durante el plazo que se establezca, la documentación de carácter administrativo o estadístico, que, en su caso, se determine reglamentariamente".

En este mismo sentido se pronuncia el artículo 222, 4º párrafo del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, constituyendo tal hecho una infracción grave a la normativa de transportes, debidamente tipificada en los artículos 105.19 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, y 198.19 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, donde tipifican claramente como tal hecho infractor: "la carencia, falta de diligenciado o falta de datos esenciales de la documentación de control, estadística o contable cuya cumplimentación resulte obligatoria ...".

IV) Habiendo incurrido el expedientado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.1.c) de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, en responsabilidad administrativa, cuya imputación se realiza en el artículo único de la mencionada Orden de documentos de control, al establecer que "los transportistas, usuarios del transporte de mercancías y operadores de transporte estarán obligados a documentar cada uno de los envíos en que se materialicen los contratos de transporte de mercancías por carretera que celebren en el correspondiente albarán, carta de porte u otra documentación acreditativa, la cual deberá acompañar a las mercancías en su desplazamiento ...", sin que lo alegado por el recurrente constituyera causa alguna de inimputabilidad de responsabilidad en la comisión de la infracción, recogidas en el artículo 194.2 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, ni hubiera desacreditado la presunción de veracidad "iuris tantum" de los hechos infractores consignados en el boletín de denuncia (artículos 137.3 y 46.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), formulado por agente de la Guardia Civil, Agrupación de Tráfico, que, a tenor del artículo 100.2 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, y de los artículos 14.4 y 15 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, prestan la cooperación necesaria a los miembros de la inspección de transporte terrestre para un eficaz cumplimiento de sus funciones, quien, a mayor abundamiento, se ratifica en los hechos denunciados en el informe suscrito al efecto de fecha 10 de abril de 2012, y que se incorpora documentalmente a este expediente sancionador, del que se infiere, expresamente: "En referencia al informe solicitado del boletín arriba reseñado, se especifica que el vehículo transportaba escombros varios, siendo estos, palés y restos de estos, desechos de maderas, botes de plásticos varios y diversos tamaños. Referente a la documentación presentada por el conductor en el momento del control, se aportaba: - Tarjeta de transporte, en la que constaba como titular de la autorización administrativa que le habilita para realizar el servicio, en vigor. - Permiso de circulación del camión basculante en el que constaba como propietario del mismo. Siendo estos los únicos documentos aportados. El origen de la carga como el destino de la misma, es consignado en el boletín de referencia por transcripción de las respuestas aportadas por el conductor al ser preguntado por el agente controlador del transporte, del cual sólo sabía que se llamaba Transportes Ramos, siendo el único cargador de la mercancía. El conductor no aporta ningún tipo de permiso o autorización redactada por ningún Ayuntamiento u órgano paralelo. Por la carencia del documento de control probatorio del cargador y obligatorio en este tipo de transporte se motiva la sanción redactada en este transporte. Del resto del contenido de la denuncia el agente actuante se ratifica".

Habida cuenta que, a la vista de las alegaciones y pruebas aportados por el interesado, incumplió una obligación establecida en normativa de transporte vigente, residiendo el límite de la culpa, como presupuesto para determinar la responsabilidad en la comisión de la infracción denunciada, en el deber de informarse según las obligaciones de cada profesión y en la diligencia debida en su actuación.

V) Constituyendo el hecho denunciado una infracción grave a la normativa de transportes vigente, debidamente tipificada en los artículos 105.19 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, y 198.19 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, correspondiendo una sanción que asciende a mil un (1.001) euros de conformidad con lo establecido en el artículo 108.e) de la referida Ley Autonómica de Transportes, y 201.1.e) de su Reglamento; habiéndose ponderado, al imponer esa sanción, los distintos bienes jurídicos en conflicto y atendido a los criterios de graduación establecidos en el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad, también, con la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 29 de diciembre de 1987; al haberse impuesto la cuantía de sanción mínima de las previstas para ese tipo infractor dentro de los límites fijados por el artículo 108.e) de la citada Ley y 201.1.e) de ese Reglamento; al tratarse de una infracción donde se incumplen las exigencias mínimas de transparencia en la prestación del servicio previstas normativamente; para, así, poder evitar, por ejemplo, la inseguridad e indefensión en su relación con los usuarios del servicio y la competencia desleal; entorpeciendo a los órganos administrativos competentes un conocimiento suficiente de las operaciones mercantiles realizadas para alcanzar un eficaz desarrollo de las funciones de control, inspección y saneamiento del mercado; teniendo en cuenta que la potestad sancionadora de la Administración es del tipo reglada, de aplicación del tipo legal al hecho infractor, así, en la graduación de la sanción que se impone a cada tipo, el órgano administrativo debe, dentro de los criterios de graduación que concreta el legislador en las normas sancionadoras (artículo 108 de la misma Ley y 201 del citado Reglamento) buscar, en atención a las circunstancias que operan en cada caso, de entre las sanciones posibles, la más proporcionada al desvalor antijurídico del comportamiento cometido.

Por la presente, vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en base a lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en los artículos 6.1.r) y 61.2 del Reglamento Orgánico de esta Corporación Insular, vengo en desestimar el recurso de alzada interpuesto por: D. Pablo Jesús Amaya Santos, confirmando la Resolución del Director Insular de Movilidad del Área de Economía, Competitividad, Movilidad y Turismo de fecha 21 de octubre de 2011, que determinó la imposición de una sanción de mil un (1.001) euros, manteniéndose, en consecuencia, en todos sus pronunciamientos.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo".

La cuantía de la sanción deberá ser ingresada mediante el documento de pago, que se adjunta, por los medios de pago y dentro del período que se establece en el mismo, de conformidad con el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Si el interesado no efectúa el pago al vencimiento del plazo otorgado, se procederá a su cobro por vía de apremio, con el recargo correspondiente, y en su caso, los intereses de demora, de conformidad con el artículo 28 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria".

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2012.- El Jefe de Servicio, Pedro Luis Campos Albarrán.

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